La Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de Izquierda se movilizaron este lunes en diferentes lugares de la Argentina, con foco principal en la ciudad de Buenos Aires, en reclamo al Gobierno nacional por la falta de alimentos para comedores y merenderos.

A poco de comenzar la manifestación en Puente Pueyrredón, las fuerzas policiales que pretendían aplicar el protocolo antipiquetes se enfrentaron a los grupos presentes y comenzó el enfrentamiento con gases lacrimógenos, palos, piedrazos mientras creció la tensión en el acceso a la ciudad de Buenos Aires. Además, se sumó un tema de jurisdicción, ya que actuó la Policía de la Ciudad y los manifestantes aseguraron estar en la vereda del lado de provincia de Buenos Aires. Lo mismo ocurrió en el acceso de Puente Saavedra, donde denunciaron que hubo dos detenidos.

Se trató de un mega despliegue con más de 500 cortes y manifestaciones en todo el país. En la Capital Federal, cortaron las principales arterias de acceso como el Puente Pueyrredón; Ruta 3- General Paz y General Paz-Avenida Rivadavia, además del Puente Saavedra, donde también se vivieron momentos de tensión y hubo enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. Liniers fue otro foco de conflicto.

Entre los participantes, estuvieron el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien ya se manifestó en reiteradas oportunidades contra el Gobierno nacional. Asimismo, Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, se manifestó “angustiado y triste” por la situación “muy compleja, de crisis humanitaria” que atraviesa el país. Desde Puente Pueyrredón, el dirigente social denunció que la Policía golpeó con palos y balas de goma a los manifestantes: “Estábamos marchando hacia el puente y el Gobierno armó un operativo desmedido, con represión, y tenemos compañeros heridos con golpes de distinto tipo. La gente no puede acceder a un plato de comida, los movimientos populares ya no pueden comer porque sacaron merenderos, y nuestros pibes viven una realidad muy crítica”.

También se plegaron el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico; el Frente Darío Santillán, de Dina Sánchez; el Movimiento de Trabajadores Excluido, de Juan Grabois, y la Corriente Clasista y Combativa, de Juan Carlos Alderete.

La medida se inició de manera simultánea -en las 23 provincias y la Ciudad- a partir de las 10. Una hora después, los efectivos de la Policía de la ciudad de Buenos Aires avanzaron sobre los manifestantes con personal de Infantería y camiones hidrantes con el objetivo de despejar el corte de acuerdo a la orden del ministerio de Seguridad, que dispuso la vigencia del protocolo de orden público.

Con camiones hidrantes y gases lacrimógenos de por medio, los manifestantes se toparon con el protocolo antipiquetes que diseñó e implementó la titular de la cartera de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en tándem con el Ministerio de Seguridad porteño que conduce Waldo Wolff, en este caso, con el objetivo de no avancen por el Puente Pueyrredón.

Con información de agencia NA.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó a las fuerzas de seguridad que determinen los gastos del operativo de seguridad que llevaron a cabo el miércoles, durante la protesta convocada por la Unidad Piquetera a Plaza de Mayo, montos que deberán ser pagados por las organizaciones sociales, según adelantó en las últimas horas el vocero presidencial Manuel Adorni.

Por medio de la resolución 949/2023, publicada este viernes en el Boletín Oficial, Bullrich instruyó a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y al Servicio Penitenciario Federal a “determinar los gastos en los que hayan incurrido a causa de los operativos de seguridad federales” llevados a cabo en el marco de la implementación del protocolo de orden público, aplicado por primera vez el miércoles durante la marcha de la Unidad Piquetera.

Este jueves, Adorni había informado en rueda de prensa que las organizaciones sociales deberán pagar los costos del mencionado operativo.

“El operativo tuvo un costo importante y cuando se termine de cuantificar se le pasará la factura a las organizaciones que participaron, quienes se deberán hacer cargo del costo que a todos los argentinos nos salió lograr que el país esté en paz y con las vías de circulación liberadas para que todos podamos transitar libremente y en paz”, advirtió el funcionario.

La resolución publicada precisa que en la evaluación de los costos se deberá tener en cuenta “las horas/hombre empleadas en cada operativo, calculadas en orden a la remuneración por jerarquía de cada uno de los efectivos que participaron, el combustible utilizado, los elementos consumidos en los operativos, y otros costos en los que hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo”.

En los considerandos, la resolución recuerda que el protocolo “tiene por finalidad dar un marco de actuación a la intervención de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal y en territorios provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El protocolo prevé que se “podrá demandar judicialmente a las organizaciones” así como a “las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos”.

“Sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables”, dice la resolución.

El texto completo de la resolución

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias dispone entre las competencias del MINISTERIO DE SEGURIDAD la de entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Nacionales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria) y provinciales.

Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 943/2023 se implementó el PROTOCOLO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO ANTE EL CORTE DE VÍAS DE CIRCULACIÓN que tiene por finalidad dar un marco de actuación a la intervención de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal y en territorios provinciales o de la CIUDAD AUTÓNOMA BUENOS AIRES en los casos y bajo las condiciones establecidas por los artículos 23 y 24 de la ley de Seguridad Interior Nº 24.059.

Que el articulo artículo 11 de la Resolución citada anteriormente prevé que el MINISTERIO DE SEGURIDAD, por medio de sus servicios jurídicos, podrá demandar judicialmente a las organizaciones a las que se refiere el artículo 8º, así como a las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos.

Que sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables.

Que no resulta justo ni equitativo que la totalidad de los contribuyentes deban soportar los mayores costos que unas pocas personas ocasionan con una actividad ilícita.

Que ante estas previsiones corresponde a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, recuperar los gastos efectuados por las diferentes tareas mencionadas, sean estas ordenadas por los órganos judiciales u obedezcan a tareas en el ejercicio de sus funciones de intervención ante la comisión de un delito flagrante reprimido en el artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina.

Que, asimismo, con el objeto de dar certeza a dicho requerimiento se deben definir los costos operativos de los elementos empleados en operativos de seguridad federales para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación.

Que la medida tiende a poner en equilibrio presupuestario a las tareas de policía como a las de policía de prevención, dado que el aumento de la asignación de recursos para una, afecta directa y proporcionalmente a la otra.

Que resulta necesario para el objetivo precedente, que las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales establezcan los costos en los que hubieran incurrido a causa de un acto ilegítimo.

Que la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, ASESORÍA Y DICTÁMENES del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le compete.

Que la suscripta resulta competente para el dictado de la presente medida, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 4°, inciso b), apartado 9°, de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificaciones.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Instrúyese a la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, a la GENDARMERÍA NACIONAL, a la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y al SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, a determinar los gastos en los que hayan incurrido a causa de los Operativos de Seguridad Federales llevados a cabo en el marco de la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 943/2023.

ARTÍCULO 2º.- La determinación del artículo anterior tomará en cuenta:

a. Las horas/hombre empleadas en cada operativo, calculadas en orden a la remuneración por jerarquía de cada uno de los efectivos que participaron.

b. El combustible utilizado.

c. Los elementos consumidos en los operativos.

d. Otros costos en los que se hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo.

Todo ello sin perjuicio de los costos de curación de los efectivos que resultares heridos, independientemente de las demandas individuales por daño físico y perjuicio moral.

ARTÍCULO 3º.- La determinación a la que se refiere el artículo 1º se llevará a cabo antes de las VEINTICUATRO (24) horas de la finalización del operativo y se remitirá a este Ministerio.

ARTÍCULO 4º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

El vocero presidencial Manuel Adorni, reveló que el Gobierno Nacional enviará la factura del costo del operativo que aplicó por primera vez el protocolo de Mantenimiento del Orden Público a las organizaciones piqueteras que movilizaron. 

Tras destacar la implementación del protocolo creado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, el funcionario planteó que el “operativo tuvo un costo importante” que cuando se termine de cuantificar “se le va a pasar la factura a cada una de las organizaciones que participaron que deberán hacerse cargo del costo”.

En la habitual conferencia de prensa matutina, el vocero aseguró además que las denuncias contra dirigentes y punteros recopilados en la línea 134 por parte de beneficiarios sociales tendrán consecuencias legales.

“Va a haber consecuencias. Estamos en el proceso de identificación y se procederá sobre ellos a hacer recaer el peso de la ley y en caso de que sean beneficiarios de planes, a quitárselos como se ha prometido”, sostuvo.

En la misma línea, contó que al momento se registraron más de 11 mil denuncias. 

En otro pasaje de la conferencia, el vocero habló sobre el rechazo en las calles que recibió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) al precisar que “está bien manifestarse en contra”, aunque descartó que se trate de manifestaciones..

“Mucha gente, la mayoría, coincide con lo que estamos haciendo, fueron hace 30 días las elecciones. Hay gente que no está de acuerdo con lo que hacemos, quien entienda que esto no está bien se manifieste en contra”, insistió.

Asimismo, ironizó: “Es un DNU que ha llevado horas leer, que un minuto después haya habido estas expresiones de desacuerdo… no están muy al tanto de lo que plantea”.

Para Adorni los cacerolazos en los barrios porteños y del AMBA “no fue una manifestación” sino “algunas expresiones en determinados lugares de quienes, tal vez, no llegaron a interiorizarse sobre la filosofía del decreto”.

Con información de NA.

IG

En medio de la polémica generada desde la instauración por parte del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich del “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público” y de la advertencia en boca de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que aseguró en su único discurso público que “el que corta, no cobra”, distintas organizaciones sociales denunciaron que la actitud del gobierno de Javier Milei es “anticonstitucional” e “ilegal”, y lo consideraron una “amenaza”.

Pero, ¿qué dice la normativa que creó el programa Potenciar Trabajo, plan social emblema desde su instauración en 2020? ¿Hay algún aval para quitar planes sociales a beneficiarios que participen de marchas o protestas que impliquen cortes de calle?

En la Resolución 121/2020 del que hasta hace días era el Ministerio de Desarrollo Social y que ahora está bajo la órbita de la cartera de Capital Humano, el punto 7 de los “lineamientos generales” que habla de los “criterios de ingreso, permanencia y egreso de los titulares” del Potenciar Trabajo.

A continuación, las “incompatibilidades” por las cuales los beneficiarios pueden perder su plan:

Aquellas personas que:

Nada dice específicamente de la participación en manifestaciones o de la comisión de un delito, sólo habla de “prófugos de la Justicia”. “La única forma que le puede sacar el plan es si los acusan de un delito penal. Para eso tiene que actuar la Justicia e imputarse un delito tipificado en el código penal”, explicó a elDiarioAR una fuente con conocimiento de la burocracia vinculada a las ayudas sociales. De todos modos, como la norma actual solo habla de “prófugos de la justicia” y no de imputados, se debería modificar la norma. 

En un informe publicado por Chequeado en 2022 tras una expresión del exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en sintonía con lo que ahora promueve el Gobierno de Milei, cuando el antecesor de Jorge Macri pidió “sacarles los planes sociales a quienes corten las calles y no cumplan con la ley”, el abogado Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), señaló que “ejercer el derecho constitucional a ‘peticionar ante las autoridades’, el derecho a protesta, y el derecho a la libertad de expresión no puede ser causal para revocar una ayuda del Estado”.

Por su parte, para Francisco Rodríguez, abogado y coordinador del Programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “el ejercicio de un derecho constitucional nunca podría traer aparejada una sanción que implica perder la titularidad de un derecho como es el acceso a prestaciones sociales”. 

Mientras que la abogada Natalia Volosin, doctora en Derecho por la Universidad de Yale, subrayó que si cortar una calle “es o no un delito, o es o no un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, es algo que en la Argentina debe determinarse en cada caso concreto”, ya que “no se puede determinar, a priori, que todo corte de calles es un delito”. “Habrá casos en los cuales efectivamente esto será un delito o un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, y otros casos -diría que la mayoría-, en los cuales se trata del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión”, afirmó. Y agregó: “No se puede, de manera abstracta, sacar derechos sociales o planes a quienes cortan calles, porque, tal vez, quienes cortan calles, en un caso concreto, que es algo que debe determinar un juez o una jueza, estén ejerciendo un derecho”.

IG

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó este miércoles que las organizaciones piqueteras que marcharán este 20 de diciembre tienen “temor a que pierdan el negocio” y dijo que el Polo Obrero, una de las convocantes, “maneja una caja de 5.461 millones de pesos, siempre extorsionando o maltratando a la gente que necesita estos planes y tiene necesidades”. Asimismo, confirmó que hay “controles preventivos en las estaciones de trenes y accesos a CABA”.

“Como saben, hoy es el día de la convocatoria a una marcha de algunas organizaciones piqueteras y entendemos que el motivo de esa convocatoria es el temor a perder el negocio. Todas las organizaciones que convocan a la marcha son aquellas que actúan de intermediarios entre el plan social y el beneficiario, y entendemos que detrás de eso hay un gran negocio. Para poner un ejemplo, el Polo Obrero -cuyo referente es Eduardo Belliboni-, maneja una caja de $5.461 millones, por supuesto, siempre extorsionando y maltratando a la gente que necesita estos planes”, acusó el portavoz.

“Hasta el momento se recibieron 8.900 denuncias en la línea 134”, reveló el funcionario, al tiempo que aseguró que “buena parte de estas denuncias aportan datos relevantes de organizaciones o nombres de punteros que sirven para empezar a asignar responsabilidades en términos penales”.

“La cantidad de llamados superó nuestras expectativas de saber qué es lo que ocurre con estos intermediarios que se quedan con un negocio que no debería existir con dinero que sale del bolsillo del que a hoy le cuesta comer todos los días”, remarcó. Y agregó: “Se va a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para pulverizar este tipo de acciones de los que se quedan con el negocio de la política utilizando a los que más lo necesitan”.

Según Adorni, “esto de amenazar y no dejarte entrar a un comedor por un plato de comida, da mucha tristeza”.

“El protocolo se está desarrollando con total normalidad, con controles preventivos en estaciones de trenes y accesos a la ciudad”, indicó el vocero en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Con información de agencias.

IG

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que “hoy se terminan los cortes y empieza un camino que no tiene vuelta atrás” con la implementación del protocolo de orden público que se pondrá en práctica este miércoles por primera vez e informó que, hasta el momento, se recibieron 5.000 denuncias de beneficiarios de planes sociales en la línea 134 que serán “judicializadas” tras la jornada de protestas.

“Hoy vamos a trabajar con el objetivo de que comience una nueva era para la convivencia y la paz donde los que tengan que llegar a sus trabajos no tengan que pensar que tienen dos o tres horas más de viaje”, sostuvo la funcionaria esta mañana en declaraciones a TN, ante la movilización de la Unidad Piquetera prevista para esta tarde.

Bullrich adelantó que a los que corten las calles “se les pedirá que suban a la vereda” y que, en el caso de que haya manifestantes con menores, “habrá un aviso a las autoridades y a los organismos de la niñez, respecto de la responsabilidad de los padres sobre sus hijos”.

“Tenemos los medios para identificarlos a todos. Esta es la decisión del gobierno: Se termina el corte y los que quieran manifestar que vayan a las plazas, a los cordones, pero no se corta la calle. Hoy es un comienzo y no hay que esperar un 100 por ciento de éxito pero comienza un nuevo camino que no tiene vuelta atrás”, agregó la funcionaria.

En la misma línea, dijo que “se terminan los extorsionadores y los dueños de los planes” y explicó que ya se recibieron 5.000 denuncias en la línea 134, anunciada ayer, para recibir denuncias sobre presiones para marchar a cambio de un plan social.

“No recibimos más porque el sistema no tiene más capacidad y estuvo saturado todo el tiempo recibiendo mensajes que decían, `si no voy a la marcha me cortan el Potenciar Trabajo”, indicó Bullrich y agregó: “Yo le digo a todos los argentinos que nos están mirando que es al revés, si se queda trabajando en la cooperativa de trabajo, en el comedor o cuidando a su familia, el plan Potenciar Trabajo lo va a tener”.

Bullrich explicó que “hay muchas denuncias que tienen identificado el líder barrial o el piquetero que los obliga a ir y también al sistema de organización paralela al Estado” en municipios como Moreno, José C. Paz y Florencio Varela“, y añadió: ”Les cobran 7000 pesos de multa al que no va a las marchas. Es un Estado paralelo. Tenemos muchísimos nombres y terminado el día de hoy estas denuncias vamos a judicializar“

“Si alguien corta la calle y acepta que tiene un señor jefe que les da el plan, lo va a perder, si toca la calle lo va a perder, y esto es sin vuelta atrás”, insistió.

Al ser consultada sobre cómo se identificará a los manifestantes, indicó que “en toda la Ciudad hay cámaras, en los ferrocarriles y en distintos lugares donde pueden hacer un piquete” y dijo que “habrá también policía con cámaras para luego generar un sistema de identificación”.

En ese marco, aseveró que se está trabajando con el Renaper: “Vamos a identificar a todos los que cortan, sepan que tenemos la forma de hacerlo y que van a perder el beneficio. Si son inteligentes, se quedarán en sus casas o en el trabajo”, completó.

Respecto de los que manifestantes que marchen con niños, la ministra sostuvo que “habrá más cuidado con las mujeres y hombres que tengan menores. Se va a anotar a las personas que estén en esta situación para avisarles a los organismos sobre el cuidado de los chicos como por ejemplo, los centros de niñez que tiene cada jurisdicción” para “realizar un aviso a las autoridades sobre la responsabilidad de esos padres”.

Finalmente, sobre la provincia de Buenos Aires -cuyas autoridades dijeron que no acompañarán la implementación del protocolo- Bullrich indicó: “El viernes próximo vamos a hablar con el ministro de (Seguridad de) la provincia de Buenos Aires y trataremos de convencerlos de que la Argentina necesita paz y orden”

“La persona que corta será detenida si no se sube a la vereda. Les pedimos que no lleven esto a una situación de violencia extrema, hoy vamos a comenzar a ordenar el país y sepan que las formas de petición cambian, no será por medio de un piquete que alguien vaya a conseguir algo. El corte en la Argentina hoy empieza a terminarse”, concluyó la funcionaria.

La Justicia rechazó un habeas corpus contra el protocolo y Bullrich festejó

Un juez rechazó el pedido de habeas corpus colectivo presentado por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, entre otras personalidades, para que se deje sin efecto el protocolo de orden público anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien celebró la medida que considera “completamente legal” su aplicación.

“Resuelvo rechazar las presentes acciones de habeas corpus”, señaló el juez de instrucción Gustavo Pierretti, en un fallo emitido este martes, en el que sostiene que en el pedido de habeas corpus no se dan “ninguno de los supuestos contemplados” en la Ley 23.098 de Procedimiento de este recurso.

La norma citada indica que “corresponderá el procedimiento de habeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique la limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente; o la agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere”

“Lo resolvió la Justicia: ¡El protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal!”, escribió Bullrich en un mensaje difundido desde su cuenta personal en la plataforma X (ex Twitter), donde publicó la resolución judicial.

En ese marco, además, la funcionaria afirmó que “solo quienes ignoran la ley y viven fuera de ella podían pensar lo contrario”.

Con información de agencias.

IG

El referente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, afirmó este miércoles que la marcha que tienen previsto hacer junto a organizaciones sociales y políticas a Plaza de Mayo pese al anunciado “protocolo antipiquetes” será una “manifestación pacífica”, y señaló que será “para conmemorar a los muertos del 19 y 20 de diciembre, pero también en el marco de un ajuste brutal que están sufriendo los trabajadores”.

En declaraciones formuladas a Radio Provincia, el dirigente dijo que le preocupa que desde el Gobierno nacional “se hable de esto como si fuera una guerra” cuando, aclaró, se trata de “una movilización que es lo más normal del mundo en este país, no sólo de los trabajadores, sino también de los sectores del campo o de los que no quieren vacunarse”.

“Defendemos el derecho de (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich a manifestarse por lo que quiera. Defiendo del derecho a movilizarse, aún del que piensa distinto a mí”, completó.

En ese marco, Belliboni expresó: “La marcha de hoy es en conmemoración a los 39 muertos de 2001, pero también se hace en el marco de un ajuste brutal que están sufriendo los trabajadores”, y añadió que se trata de una protesta “contra el ajuste y en defensa de la libertad”.

Además, indicó que “las mamás y papás tienen la patria potestad de sus hijos, y pueden llevarlos a una manifestación que será pacífica”, luego de que el Gobierno advirtiera que quitará los planes sociales a quienes participen de la marcha.

Y remarcó que “si hay una orden de reprimir, la policía tiene el derecho de no cumplir una orden ilegal, porque no hay obediencia debida”.

También el referente del PO subrayó que “tendría que haber un paro nacional también de la CGT en contra del ajuste del presidente Javier Milei”.

En tanto, en declaraciones a radio Con vos, el referente del Polo Obrero dijo que utilizarán transporte público para llegar a la protesta.

Con información de agencias.

IG

El Ministerio de Seguridad, a cargo de su titular Patricia Bullrich, colocó en la mañana de este miércoles carteles en estaciones de trenes y en colectivos con la leyenda “El que corta no cobra” y recordó a aquellos que se movilicen hoy que en caso de ejercer el derecho a protestar “solo lo pueden hacer en lugares habilitados porque cortar una calle es un delito penado por ley”.

“El que corta no cobra. El Ministerio de Seguridad de la Nación informa: Si va a ejercer su derecho a protestar tome en cuenta que solo lo puede hacer en lugares habilitados. Recuerde que cortar una calle, avenida o una ruta es un delito penado por ley”, a través de carteles led ubicados en la terminal de trenes, colectivos y subtes. También se escuchó la misma frase en altoparlantes en estaciones de trenes. Y efectivos de la policía se suben a los transportes públicos para impedir que los manifestantes lleguen a la marcha; filman y piden documentos de identidad.

La advertencia de la cartera proviene del nuevo “protocolo” instalado por la cartera en torno a la protesta social y pretenden disuadir la protesta que tomará lugar hoy en recordatorio de trágica jornada del 20 de diciembre del 2001.

En este sentido, Seguridad también agregó que de sufrir “alguna extorsión” para concurrir a la manifestación pueden “denunciarlo anónimamente llamando al 134”.

El vocero presidencial Manuel Adorni compartió los carteles y señaló que “hay que terminar con los intermediarios en los planes sociales”.

“Hay que terminar con los intermediarios en los planes sociales: utilizan la pobreza para su propio beneficio sin importarles ni las necesidades ni la dignidad de aquellos que menos tienen. Fin”, dijo este miércoles a través de su cuenta personal de X (exTwitter).

Con información de agencias.

IG

Un juez rechazó el pedido de habeas corpus colectivo presentado por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, entre otras personalidades, para que se deje sin efecto el protocolo de orden público anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien celebró la medida que considera “completamente legal” su aplicación.

“Resuelvo rechazar las presentes acciones de habeas corpus”, señaló el juez de instrucción Gustavo Pierretti, en un fallo emitido este martes, en el que sostiene que en el pedido de habeas corpus no se dan “ninguno de los supuestos contemplados” en la Ley 23.098 de Procedimiento de este recurso.

La norma citada indica que “corresponderá el procedimiento de habeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique la limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente; o la agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere”

“Lo resolvió la Justicia: ¡El protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal!”, escribió Bullrich en un mensaje difundido desde su cuenta personal en la plataforma X (ex Twitter), donde publicó la resolución judicial.

En ese marco, además, la funcionaria afirmó que “solo quienes ignoran la ley y viven fuera de ella podían pensar lo contrario”.

Con información de agencias.

IG

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo este martes que “la decisión está tomada y es hacer cumplir la ley” en relación al protocolo de orden público que será implementado mañana por primera vez durante la movilización prevista por la Unidad Piquetera que marchará del Congreso a la Plaza de mayo.

“La decisión está tomada y es hacer cumplir la ley. Vamos a permitir la libre circulación. Tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a hacer todo para que se cumpla lo que el presidente (Javier) Milei viene pregonando desde la campaña y es el respeto absoluto por la ley”, afirmó Adorni en rueda de prensa.

Al respecto, el funcionario sostuvo que tanto Milei como otras voces del Gobierno han “repetido hasta el cansancio que no queremos que se corte la circulación en Argentina”.

“No solo en la avenida 9 de Julio que es la foto típica y donde tenemos un gran problema con los piquetes, si no con el resto del país. La libre circulación debe estar garantizada”, remarcó.

El vocero afirmó que “los argentinos vienen de una lógica de 20 años, y un poquito más también, de haberse acostumbrado a que las calles no eran suyas”.

“No eran de los que queríamos ir a trabajar o simplemente de los que queríamos pasear sin que el tránsito se interrumpa o sin que se nos impida el paso”, apuntó.

Además, dijo que “no solo se le va a quitar el plan a los que las fuerzas de seguridad detengan en virtud del incumplimiento de la ley sino a todos aquellos que se los identifique mientras se cortan las vías de circulación”.

“Mañana queremos tener una jornada en absoluta paz. La Argentina tiene que acostumbrarse a una normalidad tan simple como el del estricto cumplimiento de la ley”, insistió Adorni.

Asimismo, el vocero reafirmó los dichos de este lunes de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien anunció que todos aquellos “que hayan promovido, instigado, organizado o participado” de cortes de calles “perderán los planes sociales y todo tipo de diálogo” con la cartera que conduce. “Entendemos que venimos de una lógica de 20 años de habernos acostumbrado a que las calles no eran de los que queremos circular libremente. No queremos que se corte la libre circulación. El que corte mañana la circulación dejará de cobrar su plan social, no solo el que sea detenido sino a todos aquellos a los que se identifique mientras corte las vías de circulación”, sostuvo Adorni.

Y agregó: “Va a estar abierta la línea 134 para todo aquel que se sienta amenazado con el que les diga que si no van a la marcha les van a quitar el plan. No les crean. Si van a marchar háganlo como marca la ley”, pidió·.

La conferencia de prensa de Adorni este martes 19 de diciembre

Gobierno bonaerense no aplicará protocolo anunciado por Bullrich porque “criminaliza la protesta”

El Gobierno bonaerense no aplicará el protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este martes el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien consideró que la medida “criminaliza la protesta”.

“Sé que hay contactos entre la ministra de Seguridad de Nación y el ministro de Seguridad de la provincia (Javier Alonso). Es algo que corresponde y tiene un carácter operativo, institucional”, dijo el funcionario a radio La Red.

No obstante, aclaró: “A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo de orden público. Creemos que criminaliza la protesta”.

Además, si bien reconoció que las movilizaciones tienen que tener “cierto orden”, dijo que el conjunto de disposiciones anunciado por el Ejecutivo nacional “sobrepasa un límite establecido durante todos estos años de democracia”.

Consultado respecto de la decisión del Gobierno de Javier Milei de quitar los planes sociales a quienes cortan calles, Bianco respondió que esas prestaciones se deben hacer efectivas si los beneficiarios de los programas “cumplen con sus obligaciones”.

“Nosotros junto con los municipios y las cooperativas siempre trabajamos con estos programas que tienen un objetivo darle un ingreso a aquellas personas que cumplen una función reciban lo que corresponde”, añadió.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, consideró que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires sabe “cómo restaurar el orden en el marco del estado de derecho” sin necesidad de apelar al protocolo de mantenimiento del orden público dispuesto por la cartera de Seguridad nacional.

En declaraciones formuladas a Radio 10, el funcionario explicó que “en los últimos cuatro años la gestión trabaja con un método muy específico que dio resultados”.

“Recordemos que el exministro Sergio Berni supo cómo despejando la autopista Buenos Aires-La Plata con nuestra forma de trabajar. El protocolo atañe a las fuerzas federales y es una decisión de otro ámbito de competencia”, remarcó Alonso.

Cuando se le consultó en la entrevista sobre cuál era su opinión sobre el protocolo de orden público, el ministro respondió que primero se debe “esperar a ver qué ocurre”.

“Nosotros nos subordinamos a las órdenes de la justicia. Cuando tenemos que despejar y actuar, la policía trabaja, llama al fiscal e informa. Somos auxiliares de la justicia. El protocolo es un curso de acción, un conjunto de reglas que establece reglas de actuación para aplicar en situaciones concretas”, describió.

Luego, dijo que a su modo de ver “el orden surge de la gestión del conflicto” y fundamentó: “Para nosotros el orden es importante, pero resolver las causas que están detrás del conflicto también lo es”.

Posteriormente, Alonso contó que conversó “con las autoridades del Ministerio de Seguridad” de la Nación, con quienes coincidieron “en que el punto más crítico” de la problemática del delito tiene que ver con lucha contra el narcotráfico y con la prevención, para evitar que maten a una persona por un celular o una cartera“.

Al respecto, sostuvo que “la preocupación de los bonaerenses pasa por la violencia que genera el narcomenudeo y la violencia lesiva, no es que tienen preocupación por los piquetes”.

Finalmente, resaltó que se trabaja y se coordina “muy bien con Nación” y ejemplificó: “Pedimos ayuda ante el temporal en Bahía Blanca y el respaldo estuvo”.

“Destaco que estamos construyendo una coordinación que nos permite trabajar juntos. Tenemos la obligación legal y el mandato popular de establecer todos los acuerdos que podamos para mitigar el delito en la provincia y es lo que vamos a hacer”, señaló y concluyó: “No podemos generar un enfrentamiento que impida fortalecer la seguridad”.

Con información de agencias.

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insistió este viernes en que las organizaciones sociales que se movilicen el próximo miércoles 20 en la ciudad de Buenos Aires lo tendrán que hacer “por la vereda”, dijo que en el ámbito porteño “se va a hacer cumplir que las vías de circulación estén liberadas” y afirmó que el protocolo de orden público anunciado horas atrás está en “vigencia en todas las áreas federales del país”.

“El nuevo protocolo está en vigencia en todas las áreas federales del país, es un protocolo que instruye a las fuerzas federales a hacerse cargo de garantizar el orden público y lograr que tanto piquetes como bloqueos se terminen”, afirmó Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

En esta línea, la ministra indicó que quienes participen de la movilización prevista para el próximo miércoles -en el aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001- deberán hacerlo “por la vereda” y remarcó que en la Ciudad de Buenos Aires “van a hacer cumplir que las vías de circulación estén liberadas”.

“Tienen toda la posibilidad de hacer la marcha del 20 de diciembre, la tienen que hacer por la vereda. Las fuerzas federales van a estar en los lugares federales, y la Ciudad de Buenos Aires tiene que cumplir el protocolo, como lo dijo (el ministro de Seguridad porteño) Waldo Wolf, que van a hacer cumplir que las vías de circulación estén liberadas”.

Para Bullrich, la jornada del miércoles “va a ser una prueba de trabajo” y sostuvo: “Queremos que haya una convivencia y nada se va a conseguir marchando. Las cosas se van a conseguir por otras vías”.

Al ser consultada sobre cuáles serían los mecanismos utilizados para frenar la protesta social, Bullrich indicó que “no van a dar información del operativo”.

“No queremos que se discuta públicamente el operativo, está bajo planificación y nuestro objetivo es que sea contundente”, aseveró la ministra.

Además, informó que conversará con los 24 ministros de Seguridad del resto de las provincias para que “las policías provinciales estén en la misma línea y logremos una paz para los argentinos”.

En cuanto a los planes sociales, ratificó que “el que corta y tiene un plan no cobra” e insistió: “Vamos a actuar para que se erradique al piquete como forma de marcha o extorsión”.

Bullrich aseguró que espera trabajar en conjunto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y dijo que, entre sus propuestas, están analizando “modificar el código de menores, el régimen penal juvenil” y anticipó que impulsará “la reforma en el mes de enero”

Finalmente, ante una consulta, la ministra aseguró que viene “muy bien” su relación con el presidente Milei y también con el expresidente Mauricio Macri.

“Para mi está bien (la relación con Macri), no estoy enojada con él, ¿por qué me voy a enojar?”, concluyó.