Al menos 33 empresas del Estado podrían ser alcanzadas por la ola privatizadora que dejó preparada el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, de acuerdo a información oficial y un relevamiento privado. Desde Aysa y Aerolíneas Argentinas hasta Tandanor, la Casa de la Moneda, Correo Argentino, el Polo Tecnológico, Ieasa (ex Enarsa), Ferrocarriles Argentinos e Invap. La Administración General de Puerto, el Belgrano Cargas, Intercargo, Corredores Viales, la agencia estatal de noticias Télam, Radio Nacional y la TV Pública, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (Intea), Arsat, entre otras, podrían entrar en la fase de privatización, de acuerdo con lo decretado por Milei. 

El padre del DNU y de la desregulación del Estado impuesta por Milei es Federico Sturzenegger. “Hacemos que las empresas del Estado se transformen en Sociedades Anónimas. En las S.A hay un precio de una acción, si el Gobierno hace macanas, la protege. Una S.A puede quebrar, por eso tenés que decir ‘la tengo que cuidar”, dijo este jueves en una entrevista de radio Mitre.

“Hay alternativas a la privatización, como actualizar el régimen tarifario respetando la tarifa social para los sectores vulnerables, pero sin sostener subsidios para otros sectores, se trata de buscar un equilibrio” para que la empresa sea más rentable, afirmó José Luis Lingeri a elDiarioAR ante la consulta sobre el futuro de Aysa, la empresa que provee de agua potable y servicio de cloacas a millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y territorio bonaerense. Lingeri es un hombre central en Aysa, ya que es secretario general del sindicato de Obras Sanitarias, además de directo por las acciones clase B en Aysa (en representación de los trabajadores).

“Pensar en la privatización de Aysa es apresurado por parte del Gobierno. Antes, debemos realizar un análisis del estado actual de la empresa, aplicar correctivos y ver qué se podría ajustar”, propone el sindicalista, quien también ocupa una silla en la cúpula de la CGT. 

“En los años 90, las empresas del Estado estaban desmanteladas y destruidas. La situación hoy es totalmente distinta”, afirmó Lingeri. “En aquellos años, revertimos el intento de privatizar Aysa en el Parlamento aceptando que la empresa sea concesionada, pero los resultados demostraron que la concesión no funcionó -agregó-: se trabajó con un sentido mercantilista y no por la eficacia de la cobertura del servicio de un derecho humano universal, que es el agua”, sostuvo Lingeri, quien fue enfático: “Rechazo la privatización porque ya vimos que la concesión privada no dio resultado”.

La Sociedad Anónima permite que el Estado pase a vender las acciones que son de su propiedad. Esto requeriría una reforma de los estatutos de las empresas, que no es un tema sustancialmente complejo.

Alfredo Vítolo — Experto en Derecho Constitucional y Administrativo, socio del estudio Nicholson y Cano, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia.

Primer paso

En el camino hacia las privatizaciones, el DNU anunciado este miércoles por la noche por cadena nacional estableció la transformación de las Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas. 

La mayoría de las empresas públicas ya son sociedades anónimas, como la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas o Aysa, pero no todas, como los ferrocarriles, Invap, Télam, Fabricaciones Militares o la Casa de la Moneda (la ex Ciccone). 

Se decretó que “las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas”, ya sean Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria o Sociedades de Economía Mixta. 

Además, el DNU corrió a las empresas públicas de la ventaja para ser contratadas por el Estado en la provisión de servicios y bienes. Tampoco podrán como hasta el momento recibir beneficios por sobre empresas privadas. 

“Esta película ya la vimos en la época de (Raúl) Alfonsín, que finalmente logró muy poco”, aseguró a elDiarioAR Alfredo Vítolo, experto en Derecho Constitucional y Administrativo, socio del estudio Nicholson y Cano, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia. “Luego lo vimos con (Carlos) Menem, con la ley de Reforma del Estado. Ahora lo estamos viendo fuertemente con este DNU, que al transformar Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas facilita que se haga una privatización a través de la venta de acciones, sin procedimientos de transferencias de patrimonios o de otras estructuras que son más complejas”, sostuvo Vítolo.

“La Sociedad Anónima permite que el Estado pase a vender las acciones que son de su propiedad. Esto requeriría una reforma de los estatutos de las empresas, que no es un tema sustancialmente complejo”, explicó el experto.

“El proceso de venta de las acciones debería ser un proceso transparente y con algún procedimiento público de libre competencia. Podría ser un procedimiento de oferta pública de acciones, como se hizo con YPF, o de concursos públicos”, recomendó el abogado.

Las privatizaciones de las Sociedades Anónimas no deberán pasar por el Congreso, dijo Vítolo. “Salvo en casos específicos, como el de YPF, en principio, la venta de acciones de una empresa pública es un acto de gestión del Poder Ejecutivo, que deberá respetar procesos transparentes de selección, los estatutos y la legislación específica”.

“El DNU firmado por Milei no cumple los requisitos constitucionales ni pasa los mínimos controles republicanos. Es para saquear nuestros recursos naturales, para entregar la soberanía, precarizar el trabajo y restringir nuestros derechos”, afirmó Vilma Ibarra, ex secretaria Legal y Técnica de Alberto Fernández, en la red social X. “Cuando el inconstitucional DNU 70/2023 entre en vigencia, si todavía no fue declarado inconstitucional por la Justicia, se podrá realizar la conversión de las sociedades del estado y empresas con participación del estado en SA, conforme su artículo 48”, agregó más tarde Ibarra.

Sin embargo, la abogada agregó que “el Estado deberá conservar su paquete de acciones porque, para que pase a manos privadas, debe mediar una ley conforme establecen los artículos 8, 9 y siguientes de la ley de Reforma del Estado 23.696, que están vigentes”, es decir, la reforma impulsada por Carlos Menem. “Allí se indica que el Poder Ejecutivo Nacional puede declararlas sujetas a privatización, pero agrega que esa declaración deberá 'en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso'. La exigencia es una 'ley del Congreso'”, afirmó Ibarra.

Mapa de empresas públicas

El Ministerio de Economía de la Nación informó en su último Boletín Fiscal –del primer trimestre de 2023– que existen 33 empresas públicas. Entre las más importantes se encuentran Aerolíneas Argentinas, AySA, Correo Argentino y Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), publicó Chequeado en septiembre último.

Si se incluye a YPF y sus empresas satélites el número aumenta a 36, de acuerdo con el libro Las sociedades anónimas bajo injerencia estatal (SABIE), de Juan José Carbajales. Existe una discusión sobre si YPF debe ser incluida o no en esta lista debido a que cotiza en bolsa y su financiamiento no depende entonces del Ejecutivo, explicó a Chequeado Gonzalo Dieguez, ex director del área de Gestión Pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

“El 33% de las empresas estatales se dedican al rubro de Transporte y almacenamiento (como Aerolíneas Argentinas); mientras que el 18% son del rubro Telecomunicaciones (ARSAT); el 12% de Industria (Tandanor); otro 12% de Energía (Energía Argentina S.A.); el 9% de Intermediación Financiera (Casa de la Moneda) y el restante 16% se dedican a actividades como la Construcción (Coviara), la Enseñanza (Educ.ar) y el suministro de agua y cloacas (AySA)”, explicó Chequeado en base al informe de Cippec. 

Hay alternativas a la privatización, como actualizar el régimen tarifario respetando la tarifa social para los sectores vulnerables, pero sin sostener subsidios para otros sectores, se trata de buscar un equilibrio.

José Luis Lingeri — Aysa.

“Desde 2008 hasta 2022, el déficit operativo de las empresas públicas (es decir, cuando los ingresos por el servicio que prestan son inferiores a los gastos de operación) se multiplicó por 6 en términos reales, según datos oficiales”, informó Chequeado. 

“El pico de aportes del Estado a las empresas públicas ocurrió en 2014, cuando el Tesoro destinó el equivalente al 2,4% del PBI en recursos. En 2019 se redujeron al 0,7%, pero luego volvieron a aumentar hasta el 1,7% en 2021”, concluyó el medio especializado.

Aysa

Aysa tiene actualmente la concesión en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de la provincia; unos 7.800 empleados; casi 15 millones de usuarios y más de 25.000 kilómetros de cañerías de red de agua potable; y 18.000 kilómetros de red de desagües cloacales para casi 10 millones de personas, de acuerdo a la compañía. 

Este jueves, Aysa tendrá una asamblea de accionistas para elegir a sus nuevas autoridades, tras la salida de Malena Galmarini. El Ejecutivo puede solicitar entre tres y cinco integrantes del directorio, de acuerdo con el estatuto, explicó Lingeri, quien ya estuvo en contacto con Marcelo Papandrea, nombrado por el Gobierno como sucesor de Galmarini, y quien será clave en el futuro de la compañía: si será o no privatizada.

Pensar en la privatización de Aysa es apresurado por parte del Gobierno.

José Luis Lingeri — Aysa.

Entre las principales quejas contra los grupos privados que manejaron la compañía hasta 2006, cuando Néstor Kirchner ordenó su estatización, Lingeri remarcó que los privados sólo invirtieron en algunos sectores de Capital Federal y la zona norte del Gran Buenos Aires, abandonando todo tipo de inversión en el resto del área de cobertura de red de agua potable y cloacas: el conurbano bonaerense, los sectores menos acaudalados de la población y los más vulnerables.

Aerolíneas Argentinas

Una de las decisiones del DNU es desprenderse de la participación estatal en la aerolínea de bandera. “Que Aerolíneas Argentinas sea para los trabajadores no sé si es una decisión tomada, esto prepara el terreno legal por si Javier (Milei) quiere avanzar en ese sentido. Nosotros dijimos que los empleados pueden tener hasta 100% de las acciones (antes era 10%). Si el Presidente quiere avanzar con esa ley, antes no podía hacerlo”, dijo Sturzenegger en radio Mitre este jueves.

El DNU ordena el “rescate” de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas por el Estado Nacional y autoriza “la cesión, parcial o total, del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y de sus empresas controladas, a los empleados de las respectivas empresas de conformidad con el Programa de Propiedad Participada”.

Deroga, además, la “utilidad pública” de Aerolíneas Argentinas. La participación de los trabajadores es opcional y los empleados que participen en más de una de estas empresas deberán optar por su participación en sólo una.

Nota: este artículo fue actualizado a las 20:12 del 21 de diciembre de 2023.

ED/MG