El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez denunció en Twitter (o X) la inconstitucionalidad del decreto 780/2024, que reglamenta la ley 27.275 de acceso a la información pública, al considerar que introduce modificaciones que alteran de manera irrazonable su contenido y contravienen el artículo 28 de la Constitución y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Según Gil Domínguez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya sostuvo en el caso “CIPECC” (2014) que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental, tanto individual como colectivo, y que la información pública “no pertenece al Estado, sino que es del pueblo de la Nación Argentina”.

En esta línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) expresó en diversos fallos que la información no es propiedad del Estado y que su acceso no debe depender de una “gracia o favor” gubernamental.

El jurista argumenta que el decreto 780/2024 contradice estos principios al imponer la figura del “abuso de derecho” para quienes ejerzan el acceso a la información pública, permitiendo a los funcionarios rechazar solicitudes arbitrariamente y perseguir judicialmente a quienes consideren que actúan de “mala fe”.

Asimismo, critica que el decreto excluya información relevante al restringir el concepto de información pública y amplíe las excepciones al acceso a la información bajo pretextos de seguridad y política exterior.

Gil Domínguez concluyó que el decreto representa “un nuevo ejemplo normativo que desconoce la regla de reconocimiento constitucional y convencional argentina”, y atenta contra un derecho esencial para el sistema democrático, buscando silenciar voces divergentes y limitar el pluralismo ideológico.

El gobierno de Milei avanzó este lunes en la modificación de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, a través de la redefinición de la terminología y con la limitante al acceso de la información privada. De esta manera, a través del Decreto 780/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Presidente busca reforzar la protección de datos “privados” suyos y de sus funcionarios, además de evitar polémicas como la que tuvo lugar hace algunos meses cuando la prensa quiso saber detalles acerca de los perros que viven en Olivos.

Las restricciones implementadas por el Poder Ejecutivo ponen en jaque el espíritu de la ley de acceso a la información pública sancionada en 2016, una herramienta clave para promover la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración pública. La normativa obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a empresas, partidos políticos, universidades y gremios que reciban aportes públicos, a responder las solicitudes de información que eleve cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes.

JJD

Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible un per saltum presentado por el abogado Andrés Gil Domínguez contra el DNU 70/23, dictado por Javier Milei el 20 de diciembre de 2023, con fundamento en que no había “caso concreto”, “causa” o “controversia”.

Gil Domínguez promovió un “proceso autosatisfactivo” con el objeto de que se ordene a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación que en el plazo de 30 días hábiles se aboquen al “expreso e inmediato tratamiento” del DNU 70/23, a efectos de su aprobación o rechazo en los términos de la ley 26.122.

El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°1 desestimó el planteo por ausencia de legitimación activa y, por consiguiente, de “caso” o “controversia”.

Contra esa decisión, Gil Domínguez interpuso recurso extraordinario por salto de instancia (per saltum). Allí, el abogado planteó que el juez de primera instancia “confundió a los efectos de habilitar la legitimación procesal activa del proceso autosatisfactivo, la calidad de ‘ciudadano’ (vinculada a la aptitud de cuestionar judicialmente una norma) respecto de la calidad de ‘integrante del pueblo argentino como sujeto colectivo titular de la soberanía popular’ (vinculada con el cumplimiento de las Cámaras del Congreso de la Nación de ejercer el control político ulterior en un plazo razonable)”. 

El máximo tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, recordó que la admisibilidad del recurso extraordinario se encuentra subordinada a la existencia de un caso o controversia.  

En esa línea, apuntó que la pretensión del actor consiste en compeler a las cámaras del Congreso de la Nación a que procedan de acuerdo a las que serían las exigencias establecidas en una ley, con la invocada finalidad de evitar que “el pueblo y la soberanía popular” se transformen “en una mera entelequia o ilusión conceptual”. Es decir, el objeto de la acción implica exigir el mero cumplimiento de la legalidad, sin que se explique cuál sería la afectación concreta y particularizada que tendría el apelante. 

Tal situación, concluyó, resulta insuficiente para tener por configurado un caso o controversia, en los términos de los ya citados artículos 116 de la Constitución Nacional y 2° de la ley 27. En virtud de esas consideraciones, la Corte declaró inadmisible el per saltum interpuesto.

JJD

El penalista Andrés Gil Domínguez denunció este martes a los integrantes del Congreso, incluyendo a los presidentes de ambas cámaras legislativas, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Martín Menem, por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos debido a la falta de tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, de acuerdo con el escrito al que accedió elDiarioAR.

“El procedimiento constitucional y legal previsto establece que cumplido el plazo de 10 días hábiles sin que la Comisión Bicameral Permanente eleve el pertinente despacho o dictamen, las Cámaras del Congreso de la Nación deben abocarse de oficio al expreso e inmediato tratamiento del DNU”, afirmó el jurista en su denuncia.

El caso quedó a cargo del juzgado federal número 11, que subroga el juez Julián Ercolini. El DNU deroga 41 leyes y decretos-ley de manera total; deroga parcialmente 7 leyes; y modifica 33 leyes abarcando materias diversas como la reforma del Estado, la desregulación económica, el trabajo, el comercio exterior, la bioeconomía, la minería, la energía, la aerocomercial, la Justicia, el Código Civil y Comercial, la salud, la comunicación, el deportes y las sociedades, explicó el jurista en el escrito. El Congreso debe avalarlo o rechazarlo, según lo establece la Constitución. 

No se trata de cualquier DNU. La norma interviene en un total de 81 leyes que terminan transformando de manera total el sistema normativo que regula las relaciones de las personas con el Estado y las personas entre sí, explicó Gil Domínguez.

Milei dictó el DNU el 20 de diciembre último. El decreto de necesidad y urgencia se publicó al día siguiente y entró en vigencia el 29 de diciembre. El 5 de enero, la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse, comunicó a la Comisión Bicameral Permanente que la norma se había dictado. Fue recibida por la Dirección de Mesa de Entradas del Senado de la Nación y desde entonces tramita a través del expediente número 203/2023.

La normativa prevé un plazo de 10 días hábiles para que los senadores y diputados de la Comisión Bicameral dictaminen sobre la validez o invalidez del DNU. 

Sin embargo, ya transcurrieron más de meses desde el arribo del DNU a la Comisión Bicameral Permanente y los legisladores a cargo de la revisión de la norma no elevaron despacho o dictamen sobre la misma. Tampoco se han reunido las cámaras para su tratamiento. Cuando dicho plazo venció, las Cámaras deben abocarse al expreso e inmediato tratamiento del decreto.

Gil Dominguez planteó ante la Justicia que “el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público busca preservar el correcto funcionamiento de la administración pública, garantizando que los funcionarios cumplan con sus obligaciones de manera adecuada y conforme a la ley”. 

En este caso, explicó, se trata de la obligación que tienen los miembros de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de cumplir con su mandato constitucional y legal, en una premisa que es “clara y precisa”: “Abocarse de forma inmediata al tratamiento del DNU Nº 70/2023 a efectos de su rechazo o aprobación (y en dicho caso nulidad absoluta e insanable)”.

En la presentación, el jurista también denunció a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por su responsabilidad en no convocar a las sesiones legislativas.

“No cabe ninguna duda de que la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores tiene pleno conocimiento respecto de la obligación constitucional y legal que deben cumplir y que están omitiendo en relación al inmediato tratamiento del DNU”, aseguró el penalista.

La norma de Milei sufrió varios embates judiciales ante la presentación de amparos contra determinados capítulos del DNU. Además, un grupo de senadores del radicalismo, el peronismo y partidos provinciales le reclamó a Villarruel que convoque a sesión especial para debatir el DNU. El reclamo ya había sido realizado por los senadores del Frente de Todos/Unión por la Patria.

ED/JJD

El jurista Andrés Gil Domínguez solicitó a la Justicia que ordene al Congreso de la Nación tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de reforma del Estado dictado por Javier Milei con el fin de determinar su validez, de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR. La vicepresidenta Victoria Villarruel no convocó aún a una sesión especial en el Senado para el tratamiento.

Gil Domínguez realizó la presentación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, el fuero que interviene en las demandas contra el Estado. De hacer lugar a la solicitud, los jueces del tribunal deberán ordenar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores que ejerzan el control político del DNU de la reforma del Estado, también conocido como DNU 70/2023, y que se aboquen al “expreso e inmediato” tratamiento de la norma en el plazo de 30 días hábiles para su rechazo o aprobación.

“La cuestión planteada no requiere de un amplio debate ni tampoco depende de la producción de prueba compleja. Se trata de una cuestión de puro derecho constitucional de resolución inmediata y urgente”, dijo Gil Domínguez a los jueces.

El DNU deroga 41 leyes y decretos-ley de manera total; deroga parcialmente 7 leyes; y modifica 33 leyes abarcando materias diversas como la reforma del Estado, la desregulación económica, el trabajo, el comercio exterior, la bioeconomía, la minería, la energía, la aerocomercial, la Justicia, el Código Civil y Comercial, la salud, la comunicación, el deportes y las sociedades, explicó el jurista en el escrito. 

“La norma interviene en un total de 81 leyes que en su conjunto realizan una transformación total del sistema normativo que regula las relaciones de las personas con el Estado y las personas entre sí”, afirmó Gil Domínguez en su escrito ante la Justicia.

Milei dictó el DNU el 20 de diciembre último. El Decreto de Necesidad y Urgencia se publicó al día siguiente y entró en vigencia el 29 de diciembre. El 5 de enero, la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, comunicó a la Comisión Bicameral Permanente qie debe tratar los DNU en el Congreso que la norma se había dictado. Fue recibida por la Dirección de Mesa de Entradas del Senado de la Nación y desde entonces tramita a través del expediente número 203/2023.

La normativa prevé un plazo de 10 días hábiles para que los senadores y diputados de la Comisión Bicameral dictaminen sobre la validez o invalidez del DNU. Vencido ese plazo, las Cámaras deben abocarse al expreso e inmediato tratamiento del decreto, de acuerdo a la Constitución.

Sin embargo, ya transcurrieron 33 días hábiles desde el arribo del DNU a la Comisión Bicameral Permanente y los legisladores a cargo de la revisión de la norma no elevaron despacho o dictamen sobre la misma. Tampoco se han reunido las cámaras para su tratamiento.

En el medio, la norma sufrió varios embates judiciales ante la presentación de amparos contra determinados capítulos del DNU. Además, un grupo de senadores del radicalismo, el peronismo y partidos provinciales le reclamó recientemente a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a sesión especial para debatir el DNU. El reclamo ya había sido realizado por los senadores del Frente de Todos/Unión por la Patria.

ED/MG

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei violaría la Constitución Nacional, de acuerdo a numerosos constitucionalistas que se han manifestado en las últimas horas. La norma del nuevo gobierno avasalla premisas centrales de la vida democrática conocida hasta el momento, según expresaron los expertos en materia de derecho constitucional. elDiarioAR consultó al jurista Andrés Gil Domínguez, quien respondió que a través de la desregulación de la economía “el DNU viola el artículo 42 de la Constitución respecto de usuarios y consumidores. Este artículo establece que el Estado regula la provisión de bienes y servicios para proteger a la parte más débil: el usuario y consumidor. Lo que ha hecho el Presidente es tabula rasa con el artículo 42 y con el modelo socioeconómico que establece la Constitución”.

El artículo 42 establece que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”. Además, la Constitución plantea:  “Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.

La Carta Magna también determina: “La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.

En su artículo 2, por plantear sólo uno de ellos, el DNU de Milei decreta: “El Estado Nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”. 

Para cumplir ese fin, dice el DNU, “se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.

Un encumbrado integrante del Poder Judicial dijo a elDiarioAR que este artículo puede incluso interpretarse para avalar situaciones como la venta de cigarrillos y alcohol a menores de edad, una restricción a la oferta de bienes y servicios.

Gil Domínguez resaltó que el DNU viola el modelo socioeconómico establecido por la Constitución y los tratados sobre derechos humanos en varios artículos: “Estos establecen que el Estado cumple una función reguladora para alcanzar el desarrollo humano con justicia social, con políticas públicas para que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales puedan verse satisfechos; y para proteger a los sectores vulnerables en la economía de mercado”.

La inconstitucionalidad no se puede plantear en abstracto, explicó Gil Domínguez. Por esa razón, quienes se presenten ante la Justicia deben verse damnificados por el DNU en un caso concreto de violación de sus derechos o de manera colectiva. 

Este jueves, la Asociación Civil Observatorio de Derecho a la Ciudad, el economista Claudio Lozano y los sindicalistas Hugo Godoy (CTA) y Rodolfo Aguiar (ATE) presentaron un amparo colectivo para que la Justicia declare la “inconstitucionalidad y la nulidad absoluta” del DNU. Los amparistas sostienen que lo decidido por Milei constituye “el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público, por constituir una desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”, de acuerdo con el texto al que accedió elDiarioAR.

La presentación quedó a cargo del juez Roberto Furnari, del fuero Contencioso Administrativo Federal, donde se plantean las demandas contra decisiones del Ejecutivo. Es uno de los fueros donde el DNU puede ser rebatido, pero no el único. 

“Si el amparo es por cuestiones de materia laboral, se irá a la Justicia Nacional en lo Laboral; y si se cuestiona en materia civil será en la Justicia Nacional Civil. Lo mismo si se trata de cuestiones en materia comercial, al fuero comercial; y en caso de relacionarse con las obras sociales a la Civil y Comercial Federal”, explicó Gil Domínguez.

El jurista resaltó que existe otra posibilidad, más compleja: intentar una acción popular ante la Justicia. “Es posible, aunque la jurisprudencia de la Corte Suprema lo habilitó solamente cuando está en juego la existencia de instituciones fundamentales del sistema democrático en contadas oportunidades y los tribunales de primera instancia pueden tomar esos antecedentes para rechazar un planteo general sin invocar ningún derecho violado en concreto”.

¿Se puede llevar el DNU directamente a la Corte Suprema? “Para eso debería encontrarse en el DNU materia de competencia original de la Corte y hasta el momento eso no surge, salvo que la acción la promueva un Gobernador o Gobernadora ”, sostuvo Gil Domínguez. El máximo tribunal tiene competencia original, es decir, expedientes que deben originarse directamente en la Corte sin pasar por otras instancias inferiores cuando traten en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte.

ED/DTC