El Gobierno designó a Joaquín Ignacio Mogaburu como nuevo subsecretario de Derechos Humanos, tras la salida la semana pasada de Alberto Baños, quien presentó su renuncia al cargo tras haber negado los 30.000 desaparecidos de la dictadura militar ante el Comité de Tortura de la ONU.

“Lo convoqué porque sé que tiene la claridad y la convicción necesarias para llevar adelante los lineamientos que el presidente Javier Milei definió para esta segunda etapa del gobierno”, afirmó el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, en un comunicado sobre Mogaburu, quien durante el último año se desempeñó como director de Derechos Humanos dentro del Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri.

Amerio destacó que “durante estos dos años de gobierno del presidente Javier Milei se eliminaron 14 cargos jerárquicos (incluida la propia Secretaría de Derechos Humanos que se achicó a una Subsecretaría) y se redujo la planta de personal a la mitad, lo que implica un ahorro anual de $13.550 millones para todos los argentinos”, detalló.

Y señaló que “bajo esta nueva conducción, la Subsecretaría profundizará aún más el proceso de ordenamiento del área”.

“Estas medidas contribuyen a desideologizar las políticas públicas en el área de los Derechos Humanos y garantizar una administración más transparente y responsable, en línea con los objetivos de cambio que el Gobierno Nacional impulsa desde diciembre de 2023”, cerró.

Amerio hizo especial énfasis en que el anuncio del nuevo funcionario se hizo el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

José Ignacio Mogaburu, otro de los impulsores y defensores de “la memoria completa”, es un abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal. Cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, donde se desempeñó durante más de quince años en Tribunales Orales Federales, y hasta la fecha ocupaba el cargo de director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa.

Con información de NA

JIB

Alberto Baños dejó de ser el subsecretario de Derechos Humanos de Javier Milei. El funcioario renunció a su cargo tras una muy cuestionada gestión: días atrás llegó a negar ante la ONU la cifra histórica de los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura.

La salida de Baños la ejecutó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pudo confirmar este medio. Su salida coincide con el ascenso de Alfredo Vítolo, un abogado cercano al macrismo con claras manifestaciones en favor de liberar a los represores. El Gobierno lo nominó como Director Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos el 31 de octubre pasado.

El recambio en DDHH también ocurre días después de que un grupo de negacionistas, familiares de represores y militares retirados exigieran ante la Casa Rosada la libertad de lo que consideran “presos políticos”.

En su paso por el área, el ahora ex funcionario Baños aceptó que se degrase a subsecretaría. Hay que dejar lugar a otros que sigan el camino. Mitad de gestión“, explicaron en DDHH a elDiarioAR. ”Fue un excelente funcionario que cumplió enormes tareas“, citó P/12 de Cúneo Libarona sobre Baños.

En diciembre del año pasado vació la secretaría al despedir a empleados vía WhatsApp y días después anunció el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Estuvo en riesgo, incluso, el funcionamiento del Archivo Nacional de la Memoria.

Pero su hito como funcionario libertario llegó hace pocos días. Ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, negó la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar. Insistió con la versión negacionista de que ese número fue creado para “hacer negocios” por el accedo a subsidios económicos y acusó a los organismos de derechos humanos de intentar “cuestionar a la República Argentina”. Y buscó dar la vuelta el señalamiento de “negacionismo” y habló de que el gobierno está cumpliendo las políticas de Memoria de una manera “amplia”.

Los organismos de DDHH repudieron enérgicamente su exposición en la ONU y denunciaron que durante su gestión se “desmantelaron y atacaron políticas vinculadas al proceso de memoria, verdad y justicia que comprobó que en la Argentina hubo terrorismo de Estado y no una guerra”, según un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo.

La entidad también alerto que en lo que respecta al derecho a la identidad en particular, la gestión de Baños afectó la búsqueda de los nietos y nietas obstruyendo la tareas que lleva adelante la CoNaDI y se intentó modificar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos.

MC

“Pronto hasta el propio ministro estará en el lugar”. El secretario de Derechos Humanos del Gobierno, Alberto Baños, abrió una nueva polémica sobre la utilización que los libertarios quieren hacer del predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Luego de cerrar sorpresivamente el Centro Cultural Haroldo Conti, los libertarios quieren instalar en uno de los edificio del sitio de memoria a gran parte de la estructura del Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona.

La expresión de Baños en una entrevista durante el fin de semana al diario Ámbito fue posterior al masivo festival que se organizó en respaldo a los trabajadores despedidos y cesanteados del Conti. Según el propio funcionario será reabierto en febrero con un nuevo cronograma de actividades, pero los organismos de DDHH desconfían de esa postura oficial.

Ahora el Gobierno quiere acelerar el traslado de la cartera de Justicia al edificio de la sede de la ex-ESMA donde funcionan actualmente dependencias de la secretaría de Baños, cuya estructura también está siendo objeto de modificaciones, incluyendo algunos despidos para reducir personal.

Además de las cesantías en el Conti, la motosierra mileísta avanzó sobre el Archivo General de la Memoria, donde se conserva gran parte de la documentación histórica sobre la última dictadura, entre ella los informes de la Conadep que sirvieron para el Juicio a las Juntas.

Como parte de los cambios en Justicia, se estudia reacomodar personal del edificio de la sede la cartera, en la calle Sarmiento al 300, que seguirá funcionando, y terminar la construcción que se realiza en la ex-ESMA, denominado edificio Presidente Raúl Alfonsín, que está destinado a ser la sede del Ministerio.

En 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, ya había mudado la sede del ministerio de Justicia a la ex-ESMA.

Cúneo Libarona avanzó durante todo el año pasado con un fuerte ajuste en la cartera que incluyó la reducción de un 50 por ciento de los autos oficiales y se disminuyó entre un 20 y un 30 por ciento el gasto destinado al personal de custodia. El ministerio disminuyó un 37 por ciento su planta de personal el año pasado, lo que implicó -según el Gobierno- un ahorro mensual de 820 millones de pesos.

La motosierra abarcó la supresión del INADI y la reducción del 90% del Ministerio de la Mujer, mientras que en 2025 tiene previsto continuar suprimiendo o bajando la estructura.

El cierre del Conti y el ajuste en el Archivo General de la Memoria motivó a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a denunciar que Milei puso en marcha despidos como parte de un plan para “cerrar la ex ESMA”. Baños salió al cruce y dijo que la reconocida militante “miente”. Ahora confirmó que se quiere trasladar la cartera de Justicia al predio.

MC

Javier Milei avanzó con su motosierra sobre el Centro Cultural Haroldo Conti. Las listas en manos de la policía con los pocos autorizados para ingresar y las puertas cerradas reflejaron la peor cara libertaria en el comienzo del año nuevo. Pero mientras los trabajadores denuncian que no solo están en riesgo cientos de fuentes de ingreso, sino también el acervo cultural e histórico que existe en el edificio ubicado dentro del predio de la ex-ESMA, en el Gobierno negaron con un insólito argumento que el espacio se cierre por completo.

Desde el área que conduce Alberto Baños rechazaron ante elDiarioAR que la reestructuración de personal y de actividades que comenzó este 2 de enero implique un cambio rotundo en la política de los últimos años, pero los efectos ya están a la vista: la falta de personal pone en riesgo la difusión cultural de la memoria histórica, así como el resguardo de su documentación.

El argumento del Gobierno –que una alta fuente libertaria comentó a este diario a cambio de que se resguarde su nombre– es que ahora la Secretaría de Derechos Humanos impondrá “una visión transversal de los derechos fundamentales” a todas sus acciones. Aunque la fuente no abundó en detalles, esa línea es la que motivó el cierre durante todo enero del Haroldo Conti: “Es mentira que se cerró. En febrero arranca con esa visión”, se limitó a explicar el funcionario de alto rango consultado. 

No es la explicación que se leyó en el WhatsApp que llegó a los trabajadores el 31 de diciembre, a poco del brindis por el Año Nuevo: “El Secretario de Derechos Humanos (Alberto Baños) hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante. El personal queda EN GUARDIA PASIVA en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos. Muchas gracias”. El oficialismo promete reabrirlo en febrero, posibilidad que ponen en duda los trabajadores. 

“Nos dicen que van a revisar la programacion para que no sea solo del terrorismo de Estado. Pero en el Conti no trabajamos solo con terrorismo de Estado. También sobre migrantes, urbanismo, infancias, hasta hicimos festivales de jazz. Pero no pueden soslayar que el Conti está en la ex-ESMA, es imposible escindir eso. Por ese motivo el Conti es una obra en situación”, explicó a elDiarioAR Nana González, trabajadora del centro cultural y delegada de ATE en la Secretaría de DDHH. Y amplió: “La pregunta es porque la reestructuración no es con los trabajadores dentro. Hoy no tenemos información. El Conti tiene una gran cantidad de técnicos y trabajadores muy formados en las áreas de desempeño y seguramente nos reemplazarán por administrativos que no están preparados”.

Pese a que el centro cultural funciona en el mismo predio de la ex-ESMA donde está la sede de la Secretaría y el despacho de Baños, el funcionario de Milei nunca lo visitó. Los trabajadores le pidieron una reunión por primera vez en enero pasado, hace ya un año.

Una extrabajadora ya despedida a mitad del 2024 aseguró que el gobierno de Milei quiere impregnarle a la política de derechos humanos una visión ultraconservadora, afín al negacionismo sobre la dictadura que el propio presidente desplegó en la campaña y que permanentemente alienta Victoria Villarruel. “Hay un intento de reestructurar toda la Secretaría de Derechos Humanos para adecuarlo a esa visión de familia y propiedad privada; esa idea de los derechos humanos para todos”, comentó quien pidió resguardar su nombre por estar muy involucrada en las acciones de protesta de estos últimos días. “Que hoy cierren el Conti significa que cuando abra ya no será como antes”, apuntó.

La propia web del Conti, que aún funciona, revela la variada programación de los últimos meses, más allá de la temática propia de la memoria y los derechos humanos. En diciembre, por ejemplo, hubo un club de bordado junto con una feria y mesa de trueque; estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA presentaron fanzines de poesía, y hubo proyecciones de ficciones y documentales, además de danza y teatro. En su acervo además cuenta con exposiciones de pinturas y fotografías, muchas que suelen usarse para muestras itinerantes en escuelas de todo el país. Este sábado a las 18 habrá un festival en las inmediaciones para reclamar contra la decisión del Gobierno de cerrar sus puertas.

MC

El gobierno de Javier Milei, que celebra la euforia de los mercados, la baja de la inflación (aunque con una brutal caída de la economía y un notable aumento de la pobreza) y el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, se sentó este jueves en una suerte de banquillo internacional de los acusados, al tener que dar respuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre distintos asuntos como la desprotección de las personas más vulnerables, las mujeres y las minorías sexuales; el desmantelamiento de políticas sociales y el ataque a las políticas de memoria, verdad y justicia.

Fue en tres audiencias realizadas en la sede de la CIDH, en Washington DC, un escenario adverso para los representantes del gobierno de La Libertad Avanza, debido a que enfrente tenían a los peticionantes, que no coinciden en nada con la visión de esta gestión, dedicada con exclusividad a los resultados fiscales y al achicamiento del Estado, sin importar que como consecuencia de la falta de presupuestos no cumpla siquiera algunas de sus funciones esenciales.

Estas audiencias se realizaron el mismo día en que Milei participaba junto con Trump, en Palm Beach, Florida, de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), una convención de la derecha internacional.

Las audiencias habían sido solicitadas ante la CIDH por parte de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, que denunciaron recortes y políticas de ajuste que, según afirman, profundizan la pobreza y vulneran los derechos de los sectores más desprotegidos. Fue algo inédito porque la CIDH no suele dar tres audiencias en el mismo día a un solo país.

La denuncia de los trabajadores de la economía popular: “Nos están dejando sin nada”

La primera de las tres audiencias fue sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular en Argentina”. Entre los puntos más críticos estuvieron los recortes en la asistencia social y alimentaria, la eliminación de programas de inclusión laboral y el impacto negativo en los sectores más empobrecidos, en un país donde la pobreza alcanzó al 53% de la población en 2024. Las exposiciones, que hicieron hincapié en la falta de recursos para los sectores vulnerables, coincidieron con cuestionamientos de los comisionados de la CIDH, que pidieron explicaciones sobre los motivos detrás de estas políticas de ajuste y su impacto social.

Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), encabezó la delegación de organizaciones sociales en la audiencia. Durante su exposición, Gramajo afirmó: “Lamentablemente, tenemos que estar aquí porque nuestro país está avanzando en una pérdida sistemática de derechos sociales que afectan la vida y la dignidad humana”. Explicó que en la Argentina, la economía popular es un sector clave que representa casi la mitad de la fuerza laboral, ya que millones de personas, excluidas del mercado formal, sobreviven con trabajos informales y precarios como la venta ambulante y la agricultura familiar.

Gramajo denunció que las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Milei han congelado el Salario Social Complementario en $78.000, “una suma que apenas alcanza para 50 litros de leche”, en sus palabras, y señaló que esta medida ha dejado a miles de familias al borde de la indigencia. “El desfinanciamiento de los comedores comunitarios en un contexto de pobreza creciente es una decisión que condena a nuestros hijos al hambre”, agregó.

El secretario de la UTEP también señaló el impacto del ajuste en los barrios humildes, donde obras de infraestructura básica como el acceso a agua potable, electricidad y cloacas han sido canceladas. Estos proyectos, establecidos por leyes como la Ley de Emergencia Social y la Ley de Urbanización de Barrios Humildes, habían sido cruciales para mejorar la vida de más de 6.000 barrios populares, pero actualmente “millones de familias están otra vez sin acceso a servicios básicos”, subrayó.

El CELS denunció la “destrucción” de políticas públicas

Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destacó que las decisiones del gobierno de Milei representan una regresión en los derechos sociales. “Con recortes presupuestarios, decisiones administrativas, vías de hecho y un proceso de estigmatización de las organizaciones sociales, se deterioraron las condiciones de vida de las personas que menos tienen”, expresó Morales, al presentar los datos sobre el crecimiento de la pobreza en 2024.

Morales detalló que el presupuesto destinado a políticas alimentarias sufrió una caída real del 29%, mientras que los recursos para comedores y merenderos comunitarios fueron reducidos en un 85%.

“El Estado Nacional decidió suspender la distribución de alimentos y no renovar acuerdos con estos espacios, que cumplen un rol fundamental”, afirmó y subrayó la falta de inversión en infraestructura pública y la suspensión de proyectos de reurbanización, que dejaron sin opciones de vivienda digna a cinco millones de personas que residen en asentamientos precarios.

La respuesta del Gobierno: “Es una readecuación de políticas”

Desde la delegación oficial, encabezada por el secretario de Derechos Humanos de Milei, Alberto Baños, la estrategia fue la defensa de un modelo de “racionalización de recursos”. El funcionario insistió en que el Gobierno busca “superar los modelos asistencialistas” y crear condiciones de “autonomía” para los sectores populares, aunque no ofreció detalles sobre cómo estas políticas beneficiarían a quienes han quedado sin recursos básicos. “El objetivo es eliminar las dependencias estructurales y crear un sistema más justo”, sostuvo Baños, pero sin explicar cómo se garantizarán los derechos básicos a los sectores más vulnerables en el proceso.

A la hora de responder sobre los recortes en políticas alimentarias, el funcionario de Milei, que fue presentado por la embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Sonia Cavallo (hija del exministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa), minimizó la situación y desvió las críticas afirmando que “no hay destrucción sistemática, sino una readecuación de las políticas debido a la situación económica calamitosa heredada”.

Según Baños, el Gobierno prioriza la reducción de la inflación y la recuperación económica, aunque las consecuencias para los sectores empobrecidos de la sociedad no fueron abordadas en profundidad.

Los comisionados de la CIDH plantearon interrogantes incisivos al Gobierno argentino. Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator de derechos de personas privadas de libertad, cuestionó la falta de diálogo entre el Estado y la sociedad civil. Además, el comisionado José Luis Caballero Ochoa, al recordar un fallo de la Corte Interamericana en 2016, advirtió sobre el peligro de retrocesos en políticas públicas, enfatizando la obligación de progresividad de los Estados en derechos sociales. Ambas cuestiones quedaron sin respuestas claras por parte del Gobierno, que se limitó a comprometerse a enviar explicaciones por escrito.

La presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, insistió en la importancia de que las políticas fiscales y de austeridad no comprometan los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables, como los niños y niñas en situación de pobreza. Baños, en su respuesta, reafirmó el compromiso del gobierno de alcanzar el déficit fiscal cero, aunque no ofreció soluciones a las denuncias sobre desfinanciamiento de comedores y recortes en políticas de asistencia alimentaria.

El secretario de Derechos Humanos de Milei, un exjuez que llegó a la magistratura durante la última dictadura, adoptó un tono desafiante en defensa de las medidas de ajuste y recortes, describiéndolas como una “racionalización de recursos necesaria para corregir el sistema asistencialista”. En lugar de responder de manera directa a las críticas sobre el impacto social negativo de estas políticas, Baños se centró en un enfoque técnico, subrayando la “autonomía” como el objetivo principal del Gobierno: “Estamos generando un modelo de desarrollo para que cada ciudadano sea autosuficiente y no dependa de planes que perpetúan la pobreza”, afirmó, sosteniendo que los cambios implementados desde diciembre de 2023 buscan erradicar lo que llamó una “cultura de dependencia”.

Baños desestimó las denuncias de desfinanciamiento en políticas sociales, alegando que la “readecuación de políticas” es una respuesta necesaria a la crisis fiscal del país. Aunque admitió que el presupuesto para programas sociales y alimentarios había sido reducido, justificó esta decisión como parte de una estrategia de “eficiencia” orientada a reducir el déficit fiscal. Según Baños, el Gobierno pretende alcanzar un “déficit cero” que permita una “verdadera estabilidad macroeconómica a largo plazo” y, según sus palabras, esto “eventualmente beneficiará a todos los sectores”.

En cuanto a los programas de empleo y asistencia, Baños también defendió la sustitución del Plan Potenciar Trabajo por el programa Volver al Trabajo, una medida que ha sido criticada por las organizaciones sociales por su falta de alcance y de incentivos reales para la inclusión laboral. En su exposición, Baños insistió en que el nuevo programa permitirá a los trabajadores informales “insertarse de manera independiente en el mercado”, aunque no ofreció datos sobre los resultados de esta política ni respondió a las denuncias de que la mayoría de los beneficiarios se han quedado sin alternativas efectivas para acceder a un empleo estable.

En varios momentos de la audiencia, Baños recurrió a un discurso que deslegitimó el trabajo de las organizaciones sociales, acusándolas de fomentar el “clientelismo” y de intermediar en forma “sesgada” la asistencia pública. “Muchos de estos intermediarios han sido quienes históricamente han impedido la verdadera autonomía de los sectores populares”, manifestó, en un intento de justificar la exclusión de las organizaciones del sistema de asistencia. Baños aseguró que la “desintermediación” de los programas sociales es un paso hacia un modelo que fomente la autosuficiencia, aunque las organizaciones presentes señalaron que esta política ha dejado a miles de personas sin asistencia concreta.

Finalmente, Baños trató de minimizar las críticas sobre el impacto en los niños y en la atención de necesidades básicas, aludiendo a una “mejora” en los índices de inflación que, según afirmó, “empieza a reducir lentamente los índices de pobreza”. No obstante, evitó referirse a los datos que muestran una suba sostenida de la indigencia en 2024. Al cerrar su exposición, Baños reafirmó el compromiso del gobierno de Milei con el “desarrollo económico y la libertad individual”, pero sus declaraciones fueron recibidas con escepticismo por parte de los comisionados de la CIDH, quienes destacaron que los derechos humanos no deben ser sacrificados en nombre de la austeridad fiscal.

La intervención de Baños refleja la visión de un gobierno que prioriza la “sostenibilidad macroeconómica” sobre las necesidades de los sectores más desprotegidos, una postura que, de acuerdo con las organizaciones y los críticos presentes, continúa agravando la crisis social en Argentina.

El desfinanciamiento a las políticas de protección a las mujeres

A esa primera audiencia le seguía otra sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género en Argentina”. Por caso, en los primeros seis meses de gobierno, el gasto en las políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad de género fue un 33% más bajo que el 2023.

Según un monitoreo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), se registró una caída del 80% en la ejecución interanual del presupuesto del Programa Acompañar, que asiste psicosocial y económicamente a mujeres en situación de violencia de género. Además se redujo un 25,52% del presupuesto de la Línea 144 de atención telefónica en todo el país.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), expuso la alarmante situación de las políticas de género en Argentina durante los primeros meses de 2024. Acompañada por representantes de Amnistía Internacional Argentina, Fundeps, Mujeres por Mujeres y el CELS, Gherardi detalló el retroceso en la atención y erradicación de las violencias de género y la garantía de servicios de salud sexual y reproductiva.

Gherardi destacó que entre enero y marzo de 2024, 2,462 mujeres solicitaron acceso al programa Acompañar, una política pública nacional que brinda ayuda económica y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, solo 434 pudieron acceder al programa, a pesar de que el 54% de ellas se encontraba en situación de grave riesgo. En comparación, en el primer trimestre de 2023, 34,000 mujeres lograron acceder al mismo programa, lo que representa una caída del 98%. “Son miles de mujeres en situación de vulnerabilidad, cuya seguridad está en riesgo mientras el Estado las deja desamparadas”, afirmó Gherardi.

Son miles de mujeres en situación de vulnerabilidad, cuya seguridad está en riesgo mientras el Estado las deja desamparadas

Natalia Gherardi — directora ejecutiva de ELA

Desde la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre de 2023, se han desmantelado políticas públicas exitosas, desacreditado instituciones sin evidencia, recortado arbitrariamente el presupuesto y reducido el personal encargado de implementar estas políticas mediante despidos masivos. Estas acciones, según Gherardi, incumplen compromisos internacionales vigentes, como la Convención de Belén do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

En respuesta, las organizaciones de la sociedad civil han iniciado una acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional en representación del colectivo de mujeres, niñas y adolescentes en situación de múltiple vulnerabilidad. Solicitan que el Ministerio de Justicia aclare cuál es el organismo responsable de cumplir las obligaciones en materia de violencia de género, qué políticas públicas están vigentes y cómo se garantizarán estas obligaciones en todo el territorio.

La CIDH, en su informe sobre violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, urgió a los Estados a implementar políticas de protección integral con recursos específicos y permanentes, incluyendo líneas de ayuda y asistencia legal. Gherardi subrayó que la situación actual en la Argentina refleja un grave retroceso que contradice estos mandatos y desafía la legitimidad de los acuerdos democráticos regionales.

La “eficiencia” en género y derechos de las minorías: más recortes, menos protección

De nuevo, Baños —junto a Javier Salgado, director del área de Contenciosos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Gonzalo Bueno, asesor legal de la misma dirección— fue el responsable de las respuestas ante la CIDH en esta segunda audiencia en nombre del Estado argentino. El funcionario intentó justificar la política de género adoptada por el gobierno, en un discurso cargado de datos sobre las “ineficiencias” de las administraciones anteriores y con promesas de una gestión más “eficiente”. Pese a sus palabras, los datos y las decisiones que destacó apuntan a recortes y traslados de competencias que, según organizaciones sociales, resultan en un debilitamiento de la protección estatal hacia las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.

Baños también se refirió a la Línea 144, asegurando que el servicio de asistencia sigue disponible “las 24 horas, los 365 días del año”, pero sin mencionar que esta línea sufrió una reducción de agentes, pasando de 140 a solo 81, lo que organizaciones señalan como un golpe a la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Según él, la coordinación con la Línea 137, también afectada por recortes, “fortaleció” el alcance del servicio, una afirmación que ha sido ampliamente cuestionada.

Intentó reforzar el supuesto compromiso del gobierno de Milei con las políticas de género, resaltando que “las políticas públicas tienen en muchos casos cara de mujer en la República Argentina,” e indicando que varios altos cargos dentro del gobierno están ocupados por mujeres.

Según Baños, el cierre de organismos y la disminución de personal “ineficiente” forman parte de una estrategia que busca el “renacimiento” económico del país. La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue presentada como una medida necesaria para enfrentar lo que calificó de “ineficiencia” en la gestión pública, aunque sin ofrecer detalles claros sobre cómo las políticas se verían beneficiadas por este cambio.

Respecto del aborto legal y la salud reproductiva, Baños utilizó los tratados internacionales y los derechos humanos para argumentar que la protección de la vida desde la concepción es un principio fundamental, citando la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta cita fue interpretada como un ataque implícito al aborto legal, al afirmar que la protección de la vida “debe ampliarse y no retroceder”, una crítica a la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada en 2020.

En su intervención, Baños también subrayó que los derechos sexuales y reproductivos, tal como se entienden en los marcos internacionales de Beijing y El Cairo, no incluyen el aborto. Esta postura se presentó como parte de una estrategia para reducir el financiamiento en áreas relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Según el funcionario, el presupuesto destinado al programa de prevención del embarazo adolescente experimentó una fuerte disminución desde 2021, lo que, según él, refleja una falta de efectividad en los programas anteriores.

En cuanto al embarazo adolescente, Baños citó datos de la CEPAL y del Fondo de Población de las Naciones Unidas que ubican a Argentina por encima del promedio regional en embarazos no deseados, especialmente en el ciclo primario. Según Baños, la implementación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) no ha logrado los resultados esperados, ya que las provincias que no implementaron el plan obtuvieron resultados similares a las que sí lo hicieron. Para Baños, este fracaso exige un “nuevo abordaje” que permita afrontar el problema, aunque su exposición careció de propuestas claras para una solución efectiva.

Tras la exposición del funcionario de Milei, el comisionado Caballero Ochoa señaló: “Lo que no se nombra no existe. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, entonces la protección del género no existe. Y cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados, como las mujeres, como el colectivo LGBTI, en violencia de género, en políticas de cuidado, si no se protege, no existe. Este es un principio básico del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos, del derecho antidiscriminatorio de la igualdad”. La sentencia, previa a preguntas que luego formuló, fue una crítica abierta y lacerante sobre la idea del gobierno de Milei y Baños sobre la protección a las mujeres y a las minorías sexuales.

“Vuelvo hoy, ya con 94 años, a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina”

La última audiencia contó como expositora Estela de Carlotto en forma remota desde el edificio del excentro clandestino de detención de la ESMA, hoy reconvertido en sitio de memoria. “Aunque lamento no poder estar en forma presencial con ustedes, es un gran honor estar nuevamente frente a esta comisión, aunque también una gran tristeza. Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Vuelvo hoy, ya con 94 años, a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Posteriormente, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, advirtió sobre lo que consideró una grave regresión en las políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina. Litvachky denunció el desfinanciamiento, la clausura de líneas de trabajo y el vaciamiento de instituciones encargadas de la defensa de derechos humanos, incluyendo la venta de sitios de memoria.

En su presentación, Litvachky señaló que las promesas de campaña del gobierno de Milei se han traducido en acciones concretas que amenazan un proceso consolidado desde la posdictadura y que ha sido modelo en la región y el mundo. “Nos enfrentamos a un programa que busca transformar el balance social condenatorio sobre la dictadura y habilitar una mayor violencia estatal en el presente”, sostuvo la directora de CELS.

Litvachky también expresó preocupación por un discurso oficial que, según afirmó, reivindica la represión clandestina y critica los juicios de lesa humanidad como una “campaña contra las Fuerzas Armadas”. Esta postura, indicó, se ve reflejada en acciones como el elogio de indultos a militares condenados y la realización de reuniones políticas con responsables de torturas y asesinatos masivos.

Según Litvachky, estos ataques no solo ponen en riesgo la continuidad de las políticas de derechos humanos sino que también buscan minar el consenso social y político que condena las atrocidades cometidas durante la dictadura. “Estamos frente a un gobierno que promueve la regresividad y se jacta de incumplir sus obligaciones internacionales”, afirmó, alertando sobre los efectos que esto podría tener en la sociedad argentina y la región.

La directora del CELS realizó una solicitud formal a la CIDH para que inste al Estado argentino a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que incluyen el restablecimiento de las políticas desmanteladas y el abandono de posturas relativistas sobre crímenes de lesa humanidad. Litvachky pidió además que la Comisión realice una visita a Argentina para evaluar de primera mano los retrocesos denunciados y formular recomendaciones.

Luego, en una contundente intervención, el escritor Martín Kohan alertó sobre las amenazas que enfrenta la política de memoria, verdad y justicia en Argentina, argumentando que el intento de cerrar el capítulo de esta memoria viva representa, en realidad, un esfuerzo por silenciar y suprimir el trabajo colectivo de la sociedad para entender y condenar los crímenes de la última dictadura militar. “La memoria, la de memoria, verdad y justicia, es siempre una memoria abierta”, afirmó Kohan, subrayando que se trata de un proceso continuo que mira al presente y al futuro, más allá de lo sucedido en el pasado. Para Kohan, esta memoria no puede considerarse concluida ni fija, pues debe mantenerse en movimiento y en construcción para preservar la verdad y exigir justicia.

El escritor alertó que cualquier intento de “dar por completo” o dejar atrás esta memoria implica, de hecho, un esfuerzo por negarla. Kohan también denunció lo que considera una producción de “desconocimiento” por parte del Estado, ya que “pretender que ciertas cosas no se han contado cuando sí se han contado” es una forma de aplastar el conocimiento logrado a lo largo de más de 40 años de democracia. Según Kohan, la memoria argentina se ha forjado en un extenso y valioso proceso social, lleno de debates y contradicciones, que ha permitido una comprensión profunda de la historia reciente. “Pero si este vaciamiento se instrumenta a través de una política de Estado, como está ocurriendo de hecho, no puede sino implicar una amenaza concreta a la verdad y a la justicia”, sostuvo Kohan.

El escritor pidió a la CIDH que proteja los avances alcanzados, recordando que tanto las verdades como las justicias obtenidas en el pasado necesitan ser defendidas de los embates actuales. Según Kohan, los ataques a la política de memoria en Argentina ponen en riesgo no solo la comprensión y condena de la historia de violencia estatal, sino también los cimientos democráticos y los valores colectivos que han guiado a la sociedad en el proceso de “Nunca Más”. 

Negando el negacionismo

Baños, otra vez, aseguró que la administración del presidente Milei respalda plenamente los principios de memoria, verdad y justicia, y refutó las acusaciones de negacionismo que, según afirmó, no tienen fundamento real.

Baños destacó que el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) recibe más de 400 visitas diarias y 20 escuelas por semana, lo que muestra, según él, un sólido compromiso estatal con la preservación de la memoria. Además, recordó que el Estado argentino destina alrededor de $4.000 millones al año para mantener este espacio y a los organismos allí presentes, incluido el Archivo Nacional de la Memoria. Para Baños, el hecho de que estos sitios sean accesibles al público demuestra que el gobierno no ha abandonado las políticas de derechos humanos.

En cuanto a las causas por delitos de lesa humanidad, Baños señaló que se han dictado 331 sentencias desde 2006, de las cuales 9 corresponden a 2024. Asimismo, mencionó que en este año la Secretaría de Derechos Humanos ha intervenido activamente en 265 causas en las que las víctimas no cuentan con patrocinio legal propio. Según el secretario, estos datos evidencian que el Estado no ha modificado su enfoque en estos temas.

Respecto a la derogación de la Unidad Especial de Investigación de Desaparición de Niños, Baños explicó que esta decisión se tomó para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales. Indicó que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) sigue adelante con sus funciones, y que las investigaciones sobre apropiación de niños continúan a cargo de la Procuración General de la Nación y los juzgados pertinentes.

Baños también subrayó que los archivos relacionados con delitos de lesa humanidad están resguardados bajo estrictas medidas de seguridad, y desestimó cualquier preocupación por la vulnerabilidad de estos documentos. Reiteró que la política de leyes reparatorias continúa en marcha y que una auditoría reciente permitió detectar irregularidades en los expedientes, lo que ha llevado al inicio de acciones judiciales.

Para cerrar su intervención, Baños aseguró que el gobierno no cederá a lo que calificó como “presiones ideológicas” y reafirmó que el compromiso con los derechos humanos y la memoria abarca “a todas las víctimas, sin distinción de banderas”.

Anteriormente, uan Battaleme, secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, dijo que las decisiones que está tomando el gobierno de Milei responden a una “crisis económica sin precedentes” que exige optimizar recursos y suprimir estructuras duplicadas.

El secretario también abordó los cuestionamientos por la negativa de proporcionar información sensible a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Battaleme argumentó que la solicitud de acceso a legajos militares debe ser específicamente ordenada por la justicia y bajo circunstancias debidamente justificadas, en línea con la Constitución Nacional y el secreto militar establecido por decreto. “No se trata de ser más o menos colaborativos, sino de actuar bajo un marco de legalidad”, subrayó.

Sobre el final de la audiencia, se le dio la palabra al experto de Naciones Unidas Jan Jarab, quien es representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y expresó su preocupación por las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Milei en relación a la memoria, la verdad y la justicia. La exposición del funcionario de la ONU fue duramente cuestionada por Baños, quien señaló su “absoluta sorpresa y estupor la participación de este señor, relator de Naciones Unidas, no avisada, no informada”.

Las tres audiencias ante la CIDH pusieron de manifiesto las profundas preocupaciones sobre el rumbo que está tomando la política de derechos humanos en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Las críticas de organismos internacionales, junto con las denuncias de organizaciones sociales y figuras históricas como Estela de Carlotto, dan cuenta del riesgo de un retroceso en áreas fundamentales como la memoria histórica, los derechos de las mujeres y las políticas de protección a las minorías.

Mientras el Gobierno insiste en que sus reformas son necesarias para enfrentar la crisis económica, la comunidad internacional sigue vigilante, instando al Estado argentino a cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos. En este contexto, la defensa de los avances conseguidos en democracia y la preservación de los derechos fundamentales se convierten en una responsabilidad compartida, que sigue siendo crucial para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

JJD

El Gobierno busca vaciar las políticas de memoria. Justo en el marco de un nuevo aniversario del 24 de marzo, el fuerte ajuste en la administración pública que lleva adelante Javier Milei pone en riesgo el funcionamiento de los Espacios para la Memoria que funcionan en los excentros clandestinos de detención de la última dictadura cívico militar. Están en peligro un centenar de puestos de trabajo que sostienen a diario los sitios que estuvieron vinculados al terrorismo de Estado, dependientes de la secretaría de Derechos Humanos.

El vaciamiento de los Espacios de Memoria fue denunciado por el gremio de ATE y el bloque del Frente de Izquierda en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura porteña, a partir de una serie de despedido y de la decisión extraoficial que circuló estos días en despachos de la Rosada de que no se renovarán el próximo 31 de marzo un sinfín de contratos precarios en la administración pública que fueron renovados por tres meses cuando recién comenzaba la gestión libertaria. 

Los excentros clandestinos de detención en todo el país que tiene comprometido su funcionamiento habitual son “ESMA”, “Automotores Orletti”, “Club Atlético”, “Virrey Cevallos” y “Olimpo”, en la Capital Federal; “La Escuelita de Famaillá”, en Tucumán; “Faro de la Memoria”, en Mar del Plata; y “Regimiento de Infantería 9”, en Corrientes.

El martes pasado la Junta Interna de ATE del ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizó una protesta en la puerta de la secretaría que depende del exjuez Alberto Baños y que tiene su despacho dentro del predio de la ex ESMA. El gremio reclamó “con urgencia” la reincorporación de 26 despedidos y la renovación de unos cien contratados, cuyo convenio laboral vence el 31 próximo. 

También la Izquierda presentó en Diputados y la Legislatura de la Ciudad sendos proyectos de resolución contra la medida que afectaría a unas 600 personas contratadas bajo la modalidad eventual que dispone el Artículo 9 de la Resolución 48/2002, que regula el empleo público nacional. Aseguran que se afectaría al 90% de los trabajadores que se desempeñan en los centros de memoria. “En vísperas de un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976, advertir que estos hechos que amenazan las fuentes de empleo atentan también contra la lucha contra la impunidad de ayer y hoy”, reza el proyecto de resolución que firmaron los diputados Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina Del Plá, al que accedió este medio.

Corrientes, un represor homenajeado y su vínculo con Villarruel

El caso singular de estos días es el del espacio de memoria “Regimiento de Infantería 9”, de Corrientes, porque recientemente fueron despedidos sus únicos tres trabajadores activos. Esa situación fue justificada a elDiarioAR desde el despacho del propio secretario Baños. “Hubo un error con personal del espacio de Corrientes que se está solucionando”, aseguró la alta fuente consultada por este medio. También fueron despedidos trabajadores del ex centro clandestino “Club Atlético”. 

El espacio “Regimiento de Infantería 9 Coronel Pagola” fue inaugurado en 2022, siendo de los más recientes. Durante la dictadura funcionó como clandestino de detención, tortura y exterminio entre marzo y diciembre de 1976, y entre febrero y julio de 1977, bajo la dependencia del Ejército Argentino. 

En ese regimiento militar operó durante la dictadura el represor Horacio Losito, condenado a prisión e inhabilitación absoluta perpetua por crímenes de lesa humanidad, quien justamente recibió la libertad condicional pocos días después de asumir Milei. Losito también fue declarado partícipe de la Masacre de Margarita Belén, en Chaco, donde fueron torturados y asesinados un grupo de detenidos desaparecidos. 

Los vínculos personales de Losito llegan a Victoria Villarruel. El represor combatió en la guerra de Malvinas junto con el padre de la vicepresidenta, con quien tuvo una estrecha relación. La segunda de Milei suele referirse a sí misma como “hija de un veterano de Malvinas”.

Luego del beneficio que le otorgó la Justicia, el 23 de febrero pasado Losito fue llamativamente homenajeado en persona por el Regimiento de Infantería de Monte, situado en la Ciudad de Apóstoles, en Misiones. Allí fue recibido por un militar con traje de fajina al grito de “¡Un veterano de guerra de Malvinas ha ingresado al regimiento!”.

La respuesta del Gobierno

“Cada uno de los trabajadores y trabajadoras cumplen tareas de conservación del patrimonio histórico; de investigación y archivo; de acompañamiento a familiares y víctimas del genocidio; de educación y formación en Derechos Humanos; de comunicación y acciones culturales comunitarias; tareas administrativas y de mantenimiento, entre otras, en estos sitios que están protegidos bajo la tutela de jueces ya que siguen aportando pruebas materiales y apoyan testimonios en los juicios de Lesa Humanidad”, afirma la iniciativa parlamentaria del FIT. 

“Cada compañero sin puesto de trabajo es una familia sin sustento”, dijo también esta semana Paula Donadio, delegada ATE. En diálogo con radio AM 530, denunció que el Gobierno “no tiene una línea de trabajo” en materia de derechos humanos, sobre todo porque a más de cien días de gestión, aún no fueron designados funcionarios más allá del secretario Baños.

Desde la cartera de Derechos Humanos negaron tajantemente a elDiarioAR que el Gobierno tenga una política de vaciamiento de los espacios de memoria. “Es mentira eso. Los espacios seguirán funcionando”, fue la contestación escueta que brindó un alto funcionario. Cuando este medio repreguntó si estaban garantizados los puestos de trabajo cuyos contratos vencen el 31 de marzo, la respuesta fue el silencio. 

La reconversión de los ex centros clandestinos como sitios de interés público está amparada por normas nacionales como la Ley 26.691, que define la “preservación, señalización y difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, y cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”. También los protege la Ley 26.935, donde se expresa el sostenimiento y deber del Gobierno de dar continuidad a sus trabajadores y estabilidad laboral. La ex ESMA, por caso, fue declarada el año pasado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

MC/JJD

El último registro que se tiene sobre Arshak Karhanyan, un policía de la Ciudad de Buenos Aires de origen armenio, proviene de imágenes que pudieron recuperarse de cámaras que el 24 de febrero de 2019 estaban operativas en el barrio porteño de Caballito. El efectivo mantuvo ese día una conversación con un compañero en la puerta del edificio en el cual vivía. Luego salió de su domicilio y se dirigió hacia Primera Junta, donde extrajo dinero de un cajero. Se trasladó más tarde a un local de Easy y compró una pala que guardó en su mochila. Su rastro se pierde en esos registros, y desde entonces, permanece desaparecido. 

Al cumplirse cinco años de la desaparición de Arshak, no se verifican avances significativos en la instrucción que inició el exjuez Jorge Baños, actualmente secretario de Derechos Humanos de la Nación, y un nuevo magistrado, Martín Yadarola, tiene ahora a cargo el expediente dispuso que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se sume a la investigación en base a un pedido formulado por la querella que sigue la familia del policía.

Pericias mal realizadas, tramites dilatorios, pruebas perdidas, imágenes borradas y un silencio infranqueable por parte de la fuerza que integraba este joven uniformado especialista en informática, componen una trama que impide conocer la suerte corrida por Arshak. 

Pericias mal realizadas, tramites dilatorios, pruebas perdidas, imágenes borradas y un silencio infranqueable por parte de la fuerza que integraba este joven especialista en informática, componen una trama que impide conocer la suerte corrida por Arshak.

“Quiero saber la verdad. Hay muchas manos metidas y siento que existe gente que juega con nosotros. Se supone que la Policía está proteger a los suyos, y eso acá no sucedió. Nadie se me acercó para decirme qué era lo que le había pasado a mi hijo”, señaló en diálogo con elDiarioAR, Rosita Vardush Davtyan, madre de Karhanyan.

Peluquera de profesión, Rosita llegó a Argentina en 1997 junto con sus hijos, Tigrán y Arshak, quien por entonces tenía seis años. Mientras estudiaba en la facultad tuvo la oportunidad de ingresar a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y su primer destino en la institución fue en la división de Cibercrimen.

Como integrante de esa unidad, participó en peritajes que se encargaron como parte de la investigación que se realizó en relación a la muerte del fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman, pero debido a una disidencia que tuvo con un superior en relación a una pericia sobre el caso, resultó relevado de esta división. Lo trasladaron a la división Exposiciones y más tarde a la Comisaría 7B de Caballito, su último destino.

“Creo que el nudo de lo que sucedió con Arshak tiene que estar vinculado a algo que sucedió en Exposiciones, que se dedicaba a allanamientos e incautaciones. Tal vez allí, vio algo o quisieron involucrarlo en algo. Quiso salirse y no pudo”, conjeturó el periodista Eduardo Silveyra, quien trabaja en un libro sobre esta desaparición y en noviembre del año pasado el sufrió en su domicilio el robo de una computadora en la cual recopilaba información sobre la investigación que emprendió desde hace varios meses.

El policía Leonel Herba es quien habla con Arshak en la puerta de ese edificio ubicado en avenida Directorio al 900. En las imágenes registradas, puede apreciarse que ambos mantuvieron ese día un intercambio ríspido, en el que se evidenciaban gestos de tensión. Tras finalizar la conversación con Herba, que había sido compañero de la víctima en la división de Exposiciones, Arshak volvió a su departamento, donde dejó los dos teléfonos celulares que utilizaba, pero se llevó consigo su arma reglamentaria y una tarjeta SUBE. 

En las primeras horas de la desaparición, efectivos de la comisaría en la que se desempeñaba Arshak intentaron desalentar a la familia de presentar una denuncia. “El miércoles se va a presentar porque que tiene que estar en servicio”, le dijeron a Rosita en la Comisaría 7B. Pero el policía no volvió a su trabajo y la Justicia inició una investigación que estuvo plagada de deficiencias.     

El fiscal Santiago Vismara ordenó preservar el contenido de todas las cámaras que se encontraban a cinco cuadras alrededor del departamento donde vivía Arshak y del local de Easy, con las imágenes del día en el cual el policía desapareció, pero desde la fuerza mandaron los registros correspondientes a dos días después. 

La Policía de la Ciudad hizo un primer rastrillaje para dar con Arshak con pocos efectivos. La fiscalía ordenó a la división de Cibercrimen un peritaje sobre uno de los celulares de Karhanyan y lo devolvieron reseteado. Se perdió así información sobre los últimos contactos que mantuvo la víctima antes de su desaparición.

Además, la querella denunció en su momento que se llevaron a cabo procedimientos inconducentes como citar a personas que esperaban tomarse un colectivo en una parada cercana al Easy.     

Quiero saber la verdad. Hay muchas manos metidas y siento que existe gente que juega con nosotros. En estos años, me llamó hasta el papa Francisco y nadie de la Policía me preguntó cómo estaba o qué necesitaba.

Rosita Vardush Davtyan

Herba negó al principio haber mantenido una conversación con su compañero, pero ante la evidencia de las imágenes terminó por admitir que tuvo una conversación con Karhanyan el día de su desaparición. La justicia ordenó el secuestro de su celular y se hallaron en el aparato audios de conversaciones que sostuvo con su pareja, Jazmín Soto. 

“Vos seguí con el teléfono, seguí hueveando, seguí, no sé, haciendo desaparecer a la gente”, le endilgaba la mujer a Herba en uno de esos audios. Pero el juez Baños desestimó el testimonio, al considerar que eran parte de la “relación tóxica” que mantenía la pareja. El magistrado también se negó a investigar el incremento patrimonial de Herba, que se había comprado una moto valuada en 23 mil dólares y había realizado consultas para adquirir una camioneta Amarok. “Nunca quise perjudicar ni lastimar a nadie. Pero necesito saber que le sucedió a mi hijo”, remarcó Rosita Vardush sobre las sospechas que existen sobre Herba.

A fines de 2021, el entonces presidente Alberto Fernández recibió a la familia de Arshak y la recompensa por información sobre el caso se elevó hasta los cinco millones de pesos. Además, la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en la causa y reclamó que el caso se investigue como una desaparición forzada, algo que Baños rechazó de plano.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño al momento de la desaparición, y su ministro de Seguridad, Diego Santilli, se negaron a recibir a la familia Karhanyan. En 2022, Marcelo D’Alessandro, titular de la cartera de Seguridad porteña habló con la madre de Arshak,  y según contó Rosita se comprometió a trabajar en la resolución del caso. Pero poco después, el funcionario dejó su cargo en medio de las repercusiones por el viaje que llevó a cabo junto a magistrados y funcionarios judiciales a la propiedad que el magnate británico Joe Lewis posee en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro.

El año pasado, Baños se jubiló como juez y asumió la titularidad de la Secretaría de Derechos Humanos y Yadarola se hizo cargo del expediente y aceptó recibir a la madre de Arshak, quien se mostró “esperanzada” tras el encuentro que mantuvo con el magistrado.

La fiscalía ordenó a la división de Cibercrimen un peritaje sobre uno de los celulares de Karhanyan y lo devolvieron reseteado. Se perdió así información sobre los últimos contactos que mantuvo la víctima antes de su desaparición

“Lo importante es empezar a trabajar con pruebas para que la causa avance. Esto es lo más importante. Tenemos un problema enorme y es que en las primeras horas se perdieron muchas pruebas por decisiones que tomaron Baños y la Policía de la Ciudad”, señaló a elDiarioAR el abogado Mariano Przybylski, representante de la querella que sigue la familia y exintegrante del equipo de la Secretaría de Derechos Humanos que encabezaba Horacio Pietragalla Corti que se presentó en la causa.

La querella pidió que se libre oficios a las fiscalías y juzgados de la provincia de Buenos Aires para determinar si el cuerpo de Arshak puede estar depositado en alguna morgue del distrito.

“Sabemos por la tarjeta SUBE de Arshak que tomó el colectivo 8, cuyo recorrido termina en la localidad bonaerense de Ezeiza. Por eso pedimos que el EAAF se sume a la investigación y trabaje cruzando datos de ADN para acercarnos ver si nos podemos acercar a la verdad”, apuntó el letrado.

Lo importante es empezar a trabajar con pruebas para que la causa avance. Esto es lo más importante. Tenemos un problema enorme y es que en las primeras horas se perdieron muchas pruebas por decisiones que tomaron Baños y la Policía de la Ciudad

Mariano Przybylski — Abogado de la familia

La legisladora porteña de Unión por la Patria (UxP) y nieta recuperada, Victoria Montenegro, se abocó desde un principio a la causa Karhanyan desde la Comisión de Derechos Humanos del parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, y aseguró que además de “acompañar a la familia, hay que intentar abrir caminos para llegar a la verdad”

“Todo lo que pasó es desgarrador para la familia y por eso tratamos de acompañarlos. Queremos que se abran los caminos hacia la verdad y por eso le pedimos al nuevo juez que cambie la carátula de la causa y que se investigue como una desaparición forzada”, subrayó Montenegro.

Mientras tanto, Rosita Vardush sigue adelante en su lucha por conocer el destino de su hijo. “El juez (Yadarola) tiene ganas de investigar. Esperemos que se pueda avanzar. En estos años, me llamó hasta el papa Francisco y nadie de la Policía me preguntó cómo estaba o qué necesitaba. También me molestó que le hayan dado un cargo a Baños, pero tengo que seguir adelante”, puntualizó la madre de Arshak.

LC/MG

Las designaciones de funcionarios que ocuparán cargos clave en la Secretaría de Derechos Humanos han generado dudas entre sus trabajadores en relación a la continuidad de las querellas que sigue el organismo en los juicios de lesa humanidad y el mantenimiento de las políticas reparatorias con las víctimas del terrorismo de Estado.

La llegada de Siro de Martini a la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional --un antiguo asesor del exministro de Justicia Germán Garavano— y el regreso de Ramiro Badía en la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales, cargo que desempeñó durante la gestión de Claudio Avruj en la Secretaría, despiertan algunas inquietudes al respecto.     

La transición en la Secretaría de Derechos Humanos se inició el pasado 12 de dicembre con una reunión que mantuvieron el titular saliente de la dependencia, Horacio Pietragalla Corti y su sucesor, el exjuez Alberto Baños, quien asumió en el cargo “ad honorem”, según se confirmó días después en el Boletín Oficial. 

La reunión, según pudo reconstruir elDiario.AR transcurrió en un clima cordial, pese a que la gestión de Pietragalla había recusado al magistrado cuando instruía la investigación por la desaparición del policía de la Ciudad de Buenos Aires Arshak Karhanyan, cuyo paradero es desconocido desde febrero de 2019.

La Secretaría querelló en esa causa y consideró que el juez no tomó medidas concretas para que la investigación avanzara. Por ejemplo, una de las acciones reclamadas al juez era la apartar a la Policía de la Ciudad de la investigación, algo que reclamaban los familiares de Arshak, quienes siempre tuvieron sospechas sobre la participación de esa fuerza en la desaparición del joven efectivo.

Baños no aportó hipótesis para que la instrucción avanzara y nunca puso la mira en la Policía porteña. A fines del año pasado, Baños logró jubilarse y ponerle fin a una trayectoria como magistrado que se inició en 1993, cuando fue designado en el cargo por el gobierno de Carlos Saúl Menem. 

Durante años, Baños tuvo a su cargo la causa del robo de las manos de Juan Domingo Perón. En julio de 2008, Baños se llevó el expediente a su casa de Adrogué, donde pensaba elaborar un oficio para pedirle al Gobierno que levantara el secreto de inteligencia que existía sobre el tema. Pero desconocidos le robaron la totalidad de la causa, que meses después logró reconstruir, sin que se identificaran a los autores del hecho.

Fuentes de la Secretaría indicaron que Baños y sus colaboradores se mostraron sorprendidos por el nivel de organización que había en la Secretaría en las primeras reuniones que mantuvo con el personal. No obstante, los funcionarios de la nueva gestión se mostraron alarmados con la cantidad de abogados que el organismo tiene en el interior del país (cerca de 45), que se ocupan de querellar en causas de lesa humanidad. 

Fue un primer indicador que generó alarma en relación a la continuidad de una política activa que la Secretaría había tenido en los procesos sobre crímenes del terrorismo de Estado en los últimos cuatro años. “Los juicios van a seguir, pero Hay que ver qué pasa con las políticas de Memoria Verdad y Justicia y las querellas del Estado. Ese es el gran interrogante”, le confió a elDiarioAR un funcionario saliente de la Secretaría.

Sin embargo, esa no fue la única señal de alarma. Las designaciones de De Martini y Badía, generaron más preocupación entre los trabajadores del organismo.

De Martini se encargó, como asesor de Garavano, de acercar los reclamos de los familiares de los represores condenados por delitos de lesa humanidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los cuales se llevaron a cabo durante la gestión de Claudio Avruj al frente de la Secretaría. Una postura que está en línea con los reclamos de “memoria completa que desde hace años pregona la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Desde su cargo, De Martini tendrá además la misión de fijar la postura de Argentina en materia de Derechos Humanos. En tanto, Badía defendió ante la CIDH, como funcionario de Avruj, la postura que el Gobierno de Macri mantuvo en el caso de Milagro Sala.

Trabajadores de la Secretaría que hablaron con este medio señalaron que aún no hay definiciones claras sobre la continuidad del programa Verdad y Justicia, que actualmente depende de la Dirección de Asuntos Jurídicos Nacionales. Se trata de una iniciativa creada en 2007 para acompañar a las víctimas y los testigos con el propósito de garantizar el acceso a la justica y brindar reparación.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona explicó en declaraciones periodísticas que, en materia de derechos humanos, se propondrá un nuevo paradigma, orientado a la atención de las demandas de delitos comunes. Algo que difiere de la línea que mantenía la gestión de Pietragalla Corti, que se orientaba a darle visibilidad a las demandas de los grupos sociales vulnerables –como los pacientes de la salud mental—y las víctimas de la violencia institucional.

La preservación del Museo Sitio Memoria Esma es otra de las incógnitas de las políticas que aplicará el gobierno del presidente Javier Milei. En campaña, Villarruel, en línea con sus posturas negacionistas, propuso que el predio donde funcionó el centro clandestino de detención ilegal más grande de la ciudad de Buenos Aires, debía recrearse con fines educativos. No obstante, Baños reconoció que las antiguas instalaciones de la exEsma deben ser preservadas, en función de medidas cautelares de la justicia y por haber sido declarado patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco.

Autoridades del Museo Sitio Memoria ESMA consultados por elDiarioAR consideraron que “aún es muy pronto para definir expectativas” en relación a la dirección que las autoridades de la Secretaría y el Gobierno le darán a esta institución, creada para preservar la memoria sobre el terrorismo de Estado en Argentina. “Esperemos hasta marzo, ahí vamos a tener un panorama más claro”, indicaron desde el Museo.

Durante 2023, hubo 24 veredictos en juicios de lesa humanidad y se dictaron 316 condenas desde que los procesos se reanudaron en 2006. 

La reanudación de la actividad judicial en febrero, tras el receso judicial de verano, será un momento clave para analizar cuál es la política que la gestión de Baños tendrá en relación a las querellas que se siguen desde el Estado en los procesos de lesa humanidad.

LC/MG