Micaela Camino es doctora en Biología e investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONICET). Sus esfuerzos para salvar de la extinción al pecarí quimilero (Catagonus wagneri) trabajando a la par de las comunidades indígenas y criollas en el Chaco Seco ya habían recibido en 2022 el afamado premio Withley.

En 2025, el National Geographic/Buffet Awards la galardonó por su liderazgo “en la gestión y protección de los recursos naturales”, calificándola como “inspiradora de un modelo a seguir”. Consultada por Mongabay Latam sobre la actual situación del ambientalismo en la Argentina de 2026 apela a una metáfora: “Estamos escalando el Everest por la pared más difícil y con muy poco equipamiento”.

La frase resume con exactitud la mirada de quienes se empeñan en sostener en pie leyes, proyectos y programas ante la renovada ofensiva en dirección contraria lanzada desde el Gobierno de Javier Milei, a partir del triunfo logrado en los comicios legislativos de octubre pasado. La presentación ante el Parlamento de una propuesta de modificación de la Ley de Glaciares para ser tratada en sesiones extraordinarias fue el 15 de diciembre la última andanada de un ataque que abarca todos los frentes. El Ejecutivo busca disminuir el área de protección de estos cuerpos de hielo para facilitar la explotación minera.

“Bajo pretextos ideológicos se obstaculizó el desarrollo del país [con una disposición] que contiene graves falencias”, expresa el comunicado oficial como argumento para reformar una ley aprobada en 2010, luego de arduos debates y sostenida por múltiples fundamentos técnicos, científicos y jurídicos, sumando voluntades desde todos los sectores políticos.

Un mes antes de la presentación del proyecto, el secretario de Energía de la Nación había declarado: “La actual ley genera un grado de incertidumbre demasiado grande para proyectos de inversión de envergadura”. El propio presidente Javier Milei afirmó: “Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo”. Una vez presentada la propuesta, desde la Mesa del Cobre, formada por cuatro provincias mineras (Mendoza, San Juan, Catamarca y Jujuy), subrayaron que la modificación permitirá destrabar inversiones extractivas por USD 35.000 millones.

La posible marcha atrás en las restricciones a la explotación minera en la Cordillera de los Andes es un excelente botón de muestra para explicar los retos que aguardan al medioambiente del país en los próximos años. El tema glaciares permite apreciar la visión general de desarrollo que expresa el Estado, el valor que se le otorga a la opinión de los científicos, la “batalla cultural” que las autoridades nacionales libran a través de sus decisiones y el respeto institucional a normas locales o internacionales.

“Esta flexibilización es un retroceso hecho y derecho, va en contra del artículo 41 de la Constitución Nacional que habla de un ‘ambiente sano’ y de tratados como el de Escazú, aprobado y ratificado por el país, que establece que no se puede ser regresivo en material ambiental”, indica sobre el último punto Agostina Rossi Sierra, bióloga y especialista en glaciares de la organización Greenpeace.

“Es imposible lograr el desarrollo de un país si no incluye las variables ambientales y sociales. La idea de que lo ambiental se opone a lo productivo ha quedado vieja. Hemos demostrado y tenemos ejemplos de que lo ambiental y lo social potencian y ordenan la verdadera producción, que es la sustentable”, señala Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Lo que ocurre con la ley de glaciares puede anticipar, además, una medida semejante con la Ley de Bosques, sobre la que presionan los lobbies de las industrias forestal y agropecuaria. “Tenemos que defender estas leyes por las que tanto hemos peleado y que, incluso sin haberse implementado del todo, han resultado positivas”, reflexiona Camino.

1. Falta de fondos, desmotivación y miedos

El presupuesto nacional para 2026 que el Poder Ejecutivo logró aprobar en el Congreso antes de Navidad expresa con claridad las ideas del Gobierno. Según un estudio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el apartado “Ecología y desarrollo sostenible” representa tan solo un 0.14 % del total de los fondos. Además, existe una reducción generalizada de los recursos asignados. Mongabay Latam intentó comunicarse con Fernando Brom, titular de la Subsecretaría de Ambiente, pero el funcionario no respondió los pedidos de entrevista.

La Subsecretaría de Ambiente recibirá un 33.8 % menos de dinero que el año pasado; el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, al que debería destinarse un 0.3 % del Producto Interior Bruto (PBI), apenas recibirá un 0.0107 %; el Servicio Nacional del Manejo del Fuego contará con un 53.6 % menos de ingresos que en 2025; y así en todos los rubros.

Mientras que en 2023 se habían programadas 5100 horas de vuelo contra los incendios —solo se concretaron poco más de 3000—, para este año se proyectan apenas 3100. También se disminuyeron los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios de 2310 informes previstos en 2025 a 1850 en 2026.

Además, el presupuesto 2026 incluye la derogación de una vía de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que afectaría directamente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), una institución internacionalmente reconocida.

“Están desarmando todas las herramientas e instituciones que los investigadores usamos para trabajar”, subraya Camino, para añadir: “La ciencia es un trabajo colectivo. Yo puedo conseguir financiación internacional para mi proyecto, pero necesito interactuar, consultar y pensar con colegas que llevan adelante otros proyectos y lo que vemos es un vaciamiento del Estado: no se abren nuevos puestos, se eliminan programas, se anulan los apoyos económicos”.

La primera consecuencia es la desmotivación. “Más allá de la técnica y la disciplina, un científico requiere poder abstraerse, imaginar, pensar, y es muy difícil hacerlo cuando las principales preocupaciones pasan a ser la financiación de tu proyecto o intentar que te alcance el sueldo hasta final de mes”, analiza Camino.

La escasez de dinero para iniciar o continuar investigaciones, programas de conservación o estudios de campo encuentra, además, dos obstáculos adicionales. “El cierre de la USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por decisión del Gobierno de Donald Trump] impacta en organizaciones de Paraguay, Bolivia, Perú o Ecuador a las que apoyaba y que ahora compiten con nosotros en la búsqueda de donantes para la defensa del ambiente”, comenta Jaramillo.

Por otro lado, el Gobierno argentino decidió no avalar pedidos de cooperación que aborden temas de género o de pueblos indígenas, lo cual complica aún más conseguir fondos. “Las agencias internacionales consideran que no se puede trabajar en asuntos ambientales o productivos sin respetar las salvaguardas sociales que incluyen temas de pueblos originarios, género, equidad, juventud o inclusión, lineamientos opuestos a la posición del Gobierno en su declarada batalla cultural”, comenta Jaramillo.

La agresividad con la que suelen exponer sus ideas las autoridades nacionales, con el presidente Milei a la cabeza, incorpora un nuevo factor: el miedo. “La gente no quiere hablar, ni siquiera escribir un paper, muchos se cuidan por prevención o temor a perder sus ingresos. Es algo que nunca había visto”, informa Camino.

“Hay una profundización de la persecución de quienes piensan distinto. Las críticas no solo van dirigidas a la oposición política sino a los medios que preguntan o cuestionan algunas de las políticas referidas a los movimientos ambientales, sociales o de pueblos indígenas”, señala a su vez Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de FARN.

Para las comunidades indígenas, en cambio, las agresiones, los desalojos, los encarcelamientos y hasta los asesinatos son parte de la vida cotidiana. “Tenemos claro que habrá represión porque ya la hubo antes. Hay una criminalización permanente de todas las luchas y el pueblo mapuche está definido como enemigo, cuando no de terrorista. Pero nosotros vamos a seguir resistiendo”, asegura Hugo Aranea, werkén de la coordinadora del Parlamento mapuche-tehuelche de la provincia patagónica de Río Negro.

2. El agua, de los Andes al Paraná

Argentina es uno de los países con mayor cantidad y diversidad de glaciares en el mundo. El Inventario Nacional elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) identificó 16 968 cuerpos de hielo que ocupan 5769 kilómetros cuadrados repartidos en doce provincias, apenas el 1 % del área cordillerana en el país. Sin embargo, su importancia como reguladores de la naciente de cuencas hídricas ha hecho que el anuncio de modificación de la Ley de Glaciares sacudiese el final de año ambiental en el país.

“Todos estamos a la defensiva, pero el Gobierno y los medios subestiman al movimiento socioambiental, que ya ha tenido grandes triunfos en el verano. Creo que no lo van a tener fácil, será voto a voto”, se ilusiona Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).

Manuel Jaramillo no comparte del todo el optimismo: “Hoy no hay una masa crítica que apoye la lucha por los recursos naturales y los espacios que benefician la calidad de vida de todos los argentinos. Un desafío para 2026 es recuperar y reforzar la licencia social que en parte se ha perdido en favor de los sectores empresariales y extractivistas”, afirma.

El proyecto contempla dos cambios fundamentales. Si para la ley original todos los glaciares y ambientes periglaciales son “reservas estratégicas de recursos hídricos” que necesitan ser conservados, la modificación solo incluiría a “los glaciares y geoformas periglaciales que constituyan una reserva estratégica de recursos hídricos o provean agua para la recarga de las cuencas hidrográficas”.

Dicho de otro modo, mientras la ley vigente prohíbe de manera genérica las actividades que “alteren de manera relevante” las funciones de glaciares y ambientes periglaciales -como la explotación minera o de hidrocarburos-, el nuevo texto deja sujeto a un estudio de impacto ambiental la relevancia de esas alteraciones. Además, se otorga a las provincias la facultad de efectuar dichos estudios.

De acuerdo con la Constitución Nacional, las 24 jurisdicciones en las que se divide el país son dueñas de sus recursos naturales. “Esta ley es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglacial. Eso será muy importante para la economía”, dijo el presidente Milei ante empresarios mineros. Paula Soneira, ex subsecretaria de Ambiente de Chaco y actual asesora de diferentes ONGs ambientalistas, enciende una alerta: “Con la coartada de la federalización nos vamos a quedar sin el gran avance que significaron las leyes de presupuestos mínimos”.

Este tipo de normas establecen un piso de protección que las provincias pueden complementar, pero en ningún caso perforar con sentencias regresivas. Pese a que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó en 2019 que los presupuestos mínimos no vulneran el federalismo, sino que lo ordenan, parece inevitable que el destino de los glaciares acabe dirimiéndose en la Justicia. “Vamos a dar todas las batallas necesarias para que sea anulada cualquier disposición que esté en contra de la Constitución”, anuncia Marchegiani.

El debilitamiento de la severidad y neutralidad de los estudios de impacto ambiental, así como del cumplimiento cabal de las audiencias de consulta con las poblaciones afectadas por algún proyecto productivo, son parte de la ruptura del marco institucional que denuncia el sector ambiental. “Además de desconocer el Acuerdo de Escazú, como sociedad civil dejaríamos de tener nuestra herramienta de poder, el único documento que mide lo que puedan producir la minería o las deforestaciones a nivel local. Nos quedaríamos sin opinión, sin democracia, sin nada”, explica Soneira.

Si el hielo centra la atención en los Andes, al otro lado del mapa el agua es protagonista en estado líquido. En 2026 se licitará la concesión de mantenimiento y control de la Vía Troncal Navegable Paraná-Paraguay, mal conocida como Hidrovía, arteria fluvial por donde circula el grueso de las exportaciones de granos, ganado y otros productos que exporta el país.

“Es una oportunidad para evaluar cuáles fueron los impactos socioambientales que se generaron durante los 29 años en los que el río se transformó en canal navegable”, dice Nadia Boscarol, coordinadora nacional del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales/Wetlands, quien cree imprescindible “realizar una evaluación ambiental estratégica que permita analizar este megaproyecto de manera sostenible, considerando sus aspectos ambientales, sociales y económicos”.

En el pliego técnico de la licitación se prevé la profundización del dragado del canal navegable para permitir el ingreso de buques de mayor calado y la incorporación de los brazos inferiores del río, lo que facilitará la apertura de nuevos puertos en la orilla oriental.

“Un exceso de obras puede alterar los ciclos naturales de los humedales asociados al corredor fluvial, así como la biodiversidad que albergan, la calidad del agua y la conectividad natural del sistema”, señala Boscarol, antes de repasar los daños posibles: “Aumento de sedimentos en suspensión y de turbidez del agua; mayores derrames de hidrocarburos y otras sustancias que provoquen contaminación; riesgo de introducción de especies exóticas; mayor erosión costera y desmoronamiento de barrancas; impactos en la biodiversidad que afectará a las pesquerías artesanales; y alteración del régimen hidrológico con su consecuencia de inundaciones y sequías”.

Enrique Viale, quien se opone incluso a la utilización del término “hidrovía”, resume la situación: “La pretensión del Gobierno es entregar una concesión por 30 años, sin evaluación de impacto ambiental, priorizando solo lo económico y olvidando que se trata de un río que le da vida y trabajo a 14 millones de argentinos, atraviesa algunas de las ciudades más importantes del país y genera un amor muy especial en quienes habitan su litoral. Será otro tema que dará que hablar”.

3. Multiplicar áreas protegidas, una asignatura pendiente

En diciembre de 2024, el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP) aseguraba que el 16.61 % del espacio continental y el 7.11 % del marino estaban bajo conservación. Ocho meses después, un estudio propio de la Asociación Argentina de Ecología, apoyado en una base de datos actualizada, reducía la estimación de la protección terrestre a un 10.41 % y apenas aumentaba la marina a un 8.49 %, aunque los valores caían aún más drásticamente -2.22 % y 5.76 %, respectivamente- si se tomaban en cuenta solo las categorías que la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) considera más estrictas.

En cualquiera de los tres casos, las cifras están muy alejadas del Compromiso 30x30, meta global del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (COP15), que busca conservar y proteger al menos el 30 % de las zonas terrestres y marinas del mundo en el año 2030.

“Argentina está cada vez más lejos de cumplir ese compromiso que firmó, y hoy solo la sociedad civil desde algunas ONGs vinculadas a la biodiversidad están sosteniéndolo para que no muera”, subraya Paula Soneira. La creación de parques nacionales es una de las materias que el Gobierno nacional desechó desde el primer momento. Los nuevos espacios pasan de esta manera a depender del interés de las autoridades provinciales.

“Jujuy creó en mayo el parque provincial La Reina, en las Yungas [14 000 hectáreas]; y Entre Ríos puso en funcionamiento Islas y Canales Verdes del Río Uruguay [4000 hectáreas], pero el único de estos proyectos subnacionales que se encuentra realmente vivo es el parque provincial Jaaukanigás [‘gente del agua’, en lengua abipona], un sitio Ramsar al norte de la provincia de Santa Fe que protege la planicie de inundación del río Paraná en ese sector y ayuda a mantener en pie la cadena pesquera”, resume Soneira.

La actividad para cerrar la brecha con el Compromiso 30x30 es muy escasa por fuera de estos intentos. En Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut), antigua capital del petróleo patagónico sobre el Mar Argentino, un grupo de organizaciones civiles con el apoyo de National Geographic propugna la creación de una zona protegida marina basada en la recuperación en la zona de la ballena sei (Balaenoptera borealis). Una película documental, La ballena desconocida, sirve para difundir la idea de convertir el lugar en un destino turístico.

La efectividad de la primera experiencia de Argentina con el Fondo Verde para el Clima, por el cual el país recibió de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 83 millones de dólares por haber frenado la degradación forestal en el período 2014-2016, es otro aspecto a observar. “Las provincias son las principales interesadas en estos fondos. De hecho, están yendo a pedirlos por su cuenta a las COP [cumbres climáticas de la ONU]”, comenta Soneira.

La deforestación, de la cual el Gobierno dejó de ofrecer cifras oficiales desde hace dos años, sigue avanzando en el Gran Chaco, en menor medida en la selva paranaense de Misiones, y debido a los periódicos incendios estivales. Es un foco permanente de atención, aunque por el momento, y al menos hasta que no haya un avance concreto sobre la Ley de Bosques, no ocupa el centro de la escena.

Enero comenzó con la extensión de incendios en la Patagonia. El medio Chequeado informó que desde el lunes 5 de enero se desató un incendio forestal en las localidades de Epuyén y El Hoyo, Chubut, que arrasó viviendas y obligó a evacuar a cientos de personas. Se sumaban otros cuatro focos activos en esa región.

Los expertos locales en prevención de incendios ya alertaban en diciembre del riesgo, debido a la falta de nieve en invierno, la consecuente sequía y las altas temperaturas del verano.

Entre 2019 y 2024, en Chubut se quemaron 148 000 hectáreas, lo que ubica a la provincia en el noveno lugar del ranking nacional de superficie afectada por incendios, según datos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego analizados por Chequeado.

El 95 % de los incendios son provocados por la acción humana, de acuerdo al organismo, cuyos efectos se agravan por factores naturales y el cambio climático.

4. Unirse, la fórmula elegida para afrontar el año

La lista de desafíos a la que se enfrenta el ambientalismo argentino en 2026 impacta por su frondosidad. Los interrogantes acerca de qué hacer y cómo hacerlo sobrevuelan el aire y en la mayoría de los casos hallan en la unión y la colaboración su punto de encuentro.

“El camino es la unidad de todos los que queremos un mundo distinto. Hay que armar un gran bloque con comunidades indígenas, asambleas ambientalistas y organizaciones sociales para defender el agua y el territorio. Estamos enfrentando un modelo político, económico y jurídico diseñado para los grandes bloques, y dentro de él nosotros somos el territorio de sacrificio”, propone y denuncia Hugo Aranea.

“Las organizaciones de la sociedad civil debemos actuar como una coalición donde todas aporten contenido técnico para alcanzar posiciones comunes, aunque después cada una implemente su forma particular de trabajo”, dice Jaramillo.

“Si hay menos recursos habrá que ver cómo seguir adelante trabajando de manera colaborativa. Compartir gastos para las salidas al campo, pensar en conseguir juntos fondos en el exterior o becas para los estudiantes. Y no perder energías en pleitos y discusiones improductivas. Hay que centrarse solo en lo que resulte efectivo”, sostiene Micaela Camino.

Argentina comienza un año que se prevé muy difícil, pero el movimiento ambiental está dispuesto a dar pelea. “Hay que sostener los debates y las agendas de interés público en los temas ambientales y de derechos humanos. No podemos dejar que las soluciones vengan a través de las buenas prácticas de sectores corporativos que gozan de mucha impunidad”, afirma Pía Marchegiani.

Este 2026 amanece turbulento en el sur de América, casi tan complejo como escalar el Everest por su pared más difícil.

ED

“¿De qué nos sirve esta Ley de Bosques?”. Con esa pregunta, el gobernador de Salta, Gustavo Adolfo Ruperto Sáenz, anunció el envío a la Legislatura provincial de un proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en el cual propone habilitar desmontes en zonas protegidas por la actual legislación.

De esta manera arbitraria, pretende dotar de impunidad a los desmontadores para avanzar sobre 700.000 hectáreas de bosques, cuya ubicación real no se define en el camaleónico mapa propuesto.

El nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta permitirá el desmonte de esas 700.000 hectáreas, una superficie excesiva, teniendo en cuenta la alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y el hecho de que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow (2022) un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030.

Con esta propuesta el gobernador Saénz ignora este compromiso asumido e ignora también que la Unión Europea (UE) busca evitar la comercialización de productos provenientes de zonas deforestadas. En medio de una crisis climática y de biodiversidad, pretende habilitar el desmonte “legal” de 100.000 hectáreas por año.

La zonificación propuesta vulnera el principio de no regresión ambiental, ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I (rojo) y II (amarillo), algo prohibido por la normativa nacional. Pero, además, esta zonificación se presenta como transitoria o flexible. Esto significa que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar, sino que deja esta decisión a total arbitrio del Poder Ejecutivo provincial e impide el control de los desmontes ilegales por parte de la sociedad. 

Ayer, cuando el gobernador Sáenz anunció el nuevo proyecto de Ordenamiento Territorial, lo hizo poniendo a la Ley de Bosques como rehén y responsable de la pobreza en Salta; una mentira que no resiste el mínimo análisis. Si deforestar nuestros bosques fuera el camino para erradicar la pobreza, Argentina habría solucionado su pobreza estructural hace décadas. Según datos oficiales, desde fines de 2007 hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.

La Ley de Bosques sirvió y sirve para defender nuestros bosques, ya que desde su sanción disminuyó la cantidad de hectáreas que se desmontaban año tras año, pero eso no es suficiente ante una realidad de crisis climática cada vez más extrema.

Esta propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques, al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté, especie por la cual la provincia se encuentra demandada por Greenpeace ante la Suprema Corte de Justicia. Desde el Conicet, se elaboró este año el mapa de áreas prioritarias a conservar en la región chaqueña, para garantizar la supervivencia de esta especie única -POCY, Paisaje Óptimo para la Conservación del Yaguareté-, con el fin de ser tenido en cuenta en los ordenamientos, lo cual no ha sucedido.

Por último, pero no menos importante, la Ley Nacional 26.331 destaca la importancia de respetar los territorios de pueblos originarios. Por ello, resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por otra norma: la Ley 26.160. Pero en Salta, como en la mayoría de las provincias, dicho relevamiento, que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no fue concluido. Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Tampoco se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina.

En Salta, hay comunidades indígenas, cuya supervivencia se desarrolla en el monte. Muchas de estas comunidades tienen su sustento, cultura y espiritualidad ligados al monte, son los poseedores originarios -lo mismo que los pequeños productores- y son invisibilizados al momento de avanzar con la “producción dominante”. En Salta, hay pueblos como los Weenayek, que no han sido reconocidos por el gobierno y como muchos otros, sus vidas coinciden con la de los últimos relictos de bosques, hoy amenazados.

La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas.

La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que brindan a la sociedad. Sociedad, entendemos, somos todos. La Ley de Bosques sirve para asegurar nuestra propia subsistencia y para evitar la impunidad de los crímenes forestales, no para validarlos.

*Noemí Cruz es la coordinadora de la Campaña de Bosques - Greenpeace Andino.

Martes 30 de abril, 2.40 de la madrugada, Legislatura de la provincia de Chaco. De espaldas a la sociedad, diputados provinciales votaron modificar el mapa de la Ley de Bosques, habilitando que más de un 1 millón de hectáreas puedan ser desmontadas, arrasadas. Escondieron una sesión dentro de otra. Los flashes en la Capital (en el mismo momento se estaba tratando en el Congreso Nacional la Ley Bases) permitieron el camuflaje perfecto para aprobar un negociado mayúsculo. Así, en un tratamiento express, la legislatura de Chaco votó una ley que reduce dramáticamente la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, entre otros.

Y todo a medida de las grandes empresas tanineras y el agronegocio. La Mafia del Desmonte en acción.

A partir de la sanción, en el año 2007, de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, cada provincia tiene que realizar un mapa donde se pintan –de rojo, amarillo y verde– los bosques nativos para su preservación (Ordenamiento Territorial de  Bosques Nativos, OTBN). Sólo en el área verde (de bajo valor de conservación) se permite el desmonte pero dentro de los criterios establecidos en la ley. Este ordenamiento, señala la ley nacional, tiene que realizarse mediante un proceso participativo y respetando los criterios de sustentabilidad ambiental que establece la norma. 

Chaco realizó su OTBN en el año 2009. Debería haberlo actualizado cada 5 años, siempre para más protección, nunca para menos. Jamás lo hizo, hasta ahora que lo hizo en sentido inverso al espíritu y letra de la Ley de Bosques. Una carta blanca al Ecocidio. 1.250.000 hectáreas de monte nativo a merced del negocio de unos pocos.

Es que la norma votada en la madrugada es manifiestamente ilegal e inconstitucional ya que dispone un mapa regresivo, yendo contra principios reconocidos por el Acuerdo de Escazú (del cual Argentina forma parte), de la Ley General del Ambiente, de la Ley de Bosques Nativos y hasta de los laxos criterios de sustentabilidad del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA).

La organización ecologista Greenpeace advirtió que la nueva normativa forestal de Chaco “no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permitirá el desmonte en zonas actualmente clasificadas en la Categoría II (amarillo), al pasarlas a Categoría III (verde), algo prohibido por la normativa nacional. Se trata de un área de corredores de conservación y de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, la Reserva La Pirámide y la Reserva Provincial Loro Hablador. Esto pone en riesgo la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques”.

Incluso el nuevo mapa pretende “legalizar” las recategorizaciones prediales (que permitieron desmontar ilegalmente miles de hectáreas), otorgadas fundamentalmente en la gestión del exgobernador Domingo Peppo, que fueron realizadas en contra de las normas ambientales vigentes, como denunció la organización APDH. 

Por otra parte, Greenpeace destacó la falta de participación de pueblos originarios en la elaboración de la nueva zonificación. “No se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina. La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos  obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas”, apuntó. 

Como señala la antropóloga e investigadora del Conicet Malena Castilla, y según los datos del Monitoreo de los Bosques Nativos, en Chaco, desde el año 1998 (década en la cual se aprobó la utilización de la soja transgénica) hasta el 2022 se deforestaron 859.503 hectáreas de bosques nativos. Solo en el año 2023 se desmontaron en esa provincia más de 57.000 hectáreas, de manera completamente ilegal.

Las causas del desmonte en Chaco se deben, fundamentalmente, a dos factores: 

En primer lugar, el aumento de la frontera del agronegocio (soja transgénica principalmente y pasturas para ganado) sobre monte y territorio campesino e indígena. 

Y, por otro lado, a la actividad de extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados, por parte de las poderosas empresas tanineras. El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros. Actividad netamente extractivista y colonial (recordemos la británica La Forestal hace más de un siglo) que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte. Monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria (también se da en la soja). La megaempresa Indunor S.A., del grupo Italiano Silvateam, y Unitan, también de capitales transnacionales, son las dos tanineras responsables de, al menos, la pérdida de 30.000 hectáreas anuales de masa boscosa en la provincia.

Chaco es uno de los grandes ejemplos de lo que venimos denunciando hace décadas en América Latina: las actividades extractivistas solo dejan como resultado más pobreza y exclusión. Es que a pesar del brutal retroceso de los montes chaqueños y que la producción agroganadera incrementó sus superficies cultivadas, los índices de pobreza e indigencia de la provincia no sólo no se modificaron sino que empeoraron notablemente.

Pero aquí siquiera el debate gira en torno al enfrentamiento entre “ambiente o desarrollo”. Es importante entender que detrás de la destrucción del monte chaqueño hay una concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses. A este comportamiento la sociología lo ha bautizado como “la Puerta Giratoria”. Funcionarios/Empresarios que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios. Esto no solo es indignante e inmoral sino que está previsto como un delito por nuestra legislación: “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, conforme al artículo 265 del Código Penal.

Con la organización Greenpeace iremos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a denunciar esta ilegalidad y solicitaremos que, mediante una medida cautelar, suspenda la aplicación de esta regresión normativa. Lo haremos en la causa conocida como “Yaguareté” (porque la iniciamos en nombre y representación de esa especie animal que se encuentra casi extinta como consecuencia de la pérdida de su hábitat, el monte). Iniciada en el año 2019 ante el máximo Tribunal tiene como demandadas a las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta y al Estado Nacional y Parques Nacionales en preservación de los bosques nativos en una de las zonas de mayor desmonte del mundo (el Gran Chaco Argentino). 

También acompañaremos las acciones judiciales que harán organizaciones locales, como Somos Monte o Conciencia Solidaria que histórica y valientemente le pusieron el cuerpo a la protección de los bosques. Con una justicia independiente no habría ninguna duda de la suspensión judicial del nuevo ordenamiento que permite el Ecocidio, la ilegalidad e inconstitucionalidad es tan manifiesta que no se requiere un gran proceso.

Pero no alcanzará sólo con conseguir la anulación judicial de la regresión normativa que se votó en la Legislatura chaqueña. Hay que ir más allá. Es indispensable desarticular a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado Chaqueño (en sus tres poderes). Esa organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción. Si sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas más importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) tienen solo como destino su desaparición definitiva.

EV/DTC

A menos de dos meses del cambio de gobierno, y en medio de una crisis macroeconómica desesperante, el presidente Javier Milei impulsa un paquete de cambios legislativos a través de la conocida Ley Ómnibus. Esta ley, afirman desde el oficialismo, sería la piedra angular para evitar una agudización de la crisis y desenredar el esquivo camino al desarrollo económico que tanto deseamos como sociedad. Sin embargo, muchos de los cambios que se proponen están lejos de ser relevantes para la solución de la crisis macroeconómica actual.

Un grupo de cambios muy preocupantes son todos los relacionados a leyes que protegen nuestro medio ambiente y recursos comunes, como la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques. El gobierno pretende flexibilizar la protección al medio ambiente que involucran estas dos leyes respondiendo al lobby minero y agrícola, eliminando por ejemplo los regímenes de presupuestos mínimos destinados a la preservación de glaciares y bosques y permitiendo actividades que hasta el momento se encontraban estrictamente prohibidas (como la exploración y la explotación minera e hidrocarburífera en las zonas periglaciares).

No sabemos exactamente en qué van a terminar las negociaciones, pero es importante encender la alarma ya, porque lo que sí está quedando claro es que el gobierno más que intentar abordar la crisis, la está usando para dar rienda suelta a cambios que solo van a beneficiar a grupos muy reducidos. ¿Pero por qué encender la alarma, más allá de nuestra incomodidad con las políticas dictadas por el lobby?

No vamos a ahondar en obviedades, pero si vamos a mencionar una antes de meternos en lo menos obvio. Estas dos leyes, protegen dos recursos fundamentales para sostener la vida en el planeta y para nuestra reproducción. También son recursos económicos claves. Preservarlos hoy asegura una fuente de valor única en el futuro. Los mercados ya lo ven, y se mueven en la dirección de premiar las cadenas de valor basadas en producciones que los respetan (por ejemplo, productos que se extraen sin deforestación).

Si las vamos a tocar, entonces, esto debería solo suceder con un amplio debate, al menos parecido al que llevó a dictarlas, no usando como excusa una crisis económica que estas leyes no causaron, ni su flexibilización va a resolver. Pero ¿por qué decimos esto?

Reglas de juego

Para muchos puede parecer razonable pensar que si desregulamos vamos a promover más actividad económica, y crecer. Después de todo, las regulaciones ambientales aumentan los costos económicos de llevar adelante ciertas actividades, o las limitan directamente. Sin embargo, con el camino ya recorrido en materia de regulación ambiental en el mundo, ya a esta altura sabemos que la proliferación de leyes y regulaciones en materia ambiental no ha sido, ni tampoco tiene porque ser, un freno a la actividad económica.

Los datos son claros, en 1972 tan sólo tres países contaban con regulaciones ambientales restrictivas, en la actualidad, al menos 176 las tienen, y 88 son los países que han consagrado el derecho a un ambiente sano como un derecho constitucional. Todos los países de ingresos altos (OCDE), y muchos de ingresos medios, han avanzado hacia una política ambiental más exigente. Es más, en comparaciones entre países con diferentes niveles de protección del medio ambiente, los que tienen políticas ambientales más rigurosas no han visto su crecimiento, inversiones, exportaciones o empleo afectados de manera significativa, pero sÍ se observa un efecto positivo relevante en variables ambientales, como las emisiones de CO2.

¿Pero por qué este resultado que para muchos puede parecer contra intuitivo? Porque las regulaciones ambientales aunque ciertamente afectan intereses económicos existentes, al establecer nuevas reglas de juego consensuadas y estables, crean nuevas oportunidades para hacer negocios dentro de los sectores afectados, y en otros sectores. En muchos casos, la respuesta del sector privado al marco regulatorio, es un incremento en la inversión en innovación para adaptarse a los requerimientos medioambientales, logrando así una mejor solución para la sociedad en su conjunto, no un retiro del mercado. Cuando Noruega impuso restricciones a la extracción de petróleo del mar, por los problemas ambientales que traía, no se redujo la actividad, se incentivó la innovación en el país.

Ahora consideremos las particularidades de los sectores afectados por las leyes que se pretenden modificar en Argentina, por ejemplo el sector de minería. Este es un sector que requiere grandes montos de inversión y compromisos de largo plazo. Un proyecto minero puede llevar hasta 15 años entre la exploración y la puesta en funcionamiento de una mina. Por lo tanto, para atraer inversiones en el sector las empresas necesitan certidumbre más que permisividad. Esto lo dice cualquier manual de negocios; los empresarios del sector lo sostienen en todos sus foros. La estabilidad en las reglas de juego es más importante que las exigencias regulatorias.

Entonces, si el objetivo es beneficiar una empresa o un grupo de empresas en particular, dando riendas sueltas a un grupo de proyectos en áreas protegidas, la desregulación es el camino. Difícil discutir esto. Pero si el objetivo es el crecimiento a mediano plazo del sector, cambiar reglas ya discutidas y consensuadas no va a ser de beneficio. Eso los representantes de nuestro bien público deberían saberlo.

Por último, no nos olvidemos de la sociedad civil y comunidades locales. Cambios que no tengan en cuenta sus visiones y preocupaciones incrementarán las protestas y acciones para bloquear la actividad. Bien sabemos que el atropello hacia los deseos de la sociedad civil ha llevado en el pasado a una mayor intensidad de los movimientos anti-minería. Tanto en América Latina como en Argentina en particular, cambios propuestos en las regulaciones para promover la actividad llevados adelante sin consensos han impulsado una ola de bloqueos al desarrollo minero impidiendo el crecimiento de la actividad. El caso Esquel es paradigmático, dando inicio a una reacción en cadena que terminó con una fuerte restricción en la actividad minera en siete de las provincias argentinas.

Cuidado entonces, todo indica que lo que se está defendiendo en nombre de las actividad empresarial y económica la va a terminar perjudicando. La ley de glaciares y de bosques fueron promulgadas luego de largos debates en los cuales diferentes tipos de actores tuvieron la posibilidad de compartir evidencia y defender diferentes posiciones. No fueron procesos fáciles, hasta tuvimos que apelar a la Corte Suprema, para que se se pronuncie sobre su validez, pero finalmente se avanzó, se logró un compromiso. No son perfectas, y el simple status quo no es motivo para evitar mejoras.

¿Cree el actual gobierno que deben ser revisadas? Hagámoslo, pero iniciemos el debate que se merecen. No repitamos nuestra historia de marchas y contramarchas. Procurar cambios en las regulaciones ambientales sin discusión ni debate puede ser un capítulo más en la historia pendular argentina. Saltear los pasos necesarios para buscar consensos y buenas regulaciones es una mala idea. Tal vez logren una victoria en el parlamento pero difícilmente sea duradera ni logre desarrollar actividades con fuertes impactos medioambientales. La desregulación no siempre es la respuesta adecuada para lograr el desarrollo económico. A veces, ni siquiera es la respuesta adecuada para impulsar el crecimiento económico.

Los autores son economistas, investigadores del Institute of Development Studies de Reino Unido. 

 AM/GP/CRM

Organizaciones ecologistas, sociales e indígenas lanzaron una petición para salvar las leyes ambientales de las modificaciones que se proponen realizar el gobierno de Javier Milei en la Ley Ómnibus. La nueva legislación libertaria complementa el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia (DNU), ya que supone una puerta de entrada a la destrucción de bosques y glaciares en Argentina, entre otros ecosistemas, y consecuentemente una regresión ambiental en materia legislativa, sostuvieron las organizaciones en un comunicado. 

Bajo la premisa “Salvá Las Leyes Ambientales”, la ciudadanía podrá suscribir su firma a través de una página web y así contribuir a detener las modificaciones planteadas en el proyecto de Ley Ómnibus. La petición puede firmarse online en salvalasleyesambientales.org. 

“Las reformas a las leyes de Bosques, Glaciares y Control de Actividades de Quema que propone el proyecto de ley representarían evidentes retrocesos a la protección ambiental”, aseguró Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “La única justificación válida para modificar estas normas es para brindar una protección mayor. Nunca para empeorarla. Cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente alcanzados es ilegal e inconstitucional”, agregó Nápoli.

“Es urgente que alcemos la voz en contra de estas modificaciones que buscan desmembrar las leyes ambientales y flexibilizar su protección”, afirmó Diego Salas, director de programas de Greenpeace Andino. “Hace más de una década, más de dos millones de personas pidieron por la sanción de las leyes de bosques y glaciares, los hitos ambientales más importantes en la historia de Argentina. Es momento de que los legisladores tomen la decisión correcta, velen por el ambiente y resguarden los avances previamente obtenidos”, agregó Salas. “Modificar estas leyes nos afecta a todos, y niega la urgencia de hacerle frente a la crisis climática y de biodiversidad en la que estamos”, aseguró.

 Las organizaciones que promueven la iniciativa son Greenpeace Argentina, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo. Además, participan Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), Confederación Mapuche de Neuquén, Organización Ecologista Piuke, Fundación Plurales y Sin Azul No Hay Verde.

También impulsan el petitorio Proyecto Quimilero, Banco de Bosques, Ambient.Arg, Isla Verde, Fundeps, Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), Consciente Colectivo, Circuito Verde, Centro Cultural Tewok, Cebil Fundación Cultural, ASOCIANA, Asociación Amigos de la Patagonia, Alianza por el Clima y Ahora Qué?, entre otras.

Ley de Bosques

Desde la sanción de la Ley de Bosques (2007) la deforestación bajó un 40% comparado a la década anterior. Gracias a la norma, en el 80% de los bosques del país se prohíben autorizar desmontes (Categorías rojo y amarillo), informaron las organizaciones en un comunicado.

Se deben hacer estudios de impacto ambiental y audiencias públicas antes de aprobar un desmonte (en Categoría verde), y no se permite deforestar en territorios indígenas. Sin embargo, la mitad de los desmontes son ilegales.

Las multas no están sirviendo para frenarlos. Ante esto, en 2023, mediante una Consulta Popular iniciativa de Greenpeace el 99% de un total de 260 mil argentinos se manifestó a favor de penalizar desmontes ilegales e incendios.

¿Cómo podría afectar el proyecto de Ley Ómnibus si se aprueba? Las modificaciones propuestas en la Ley Ómnibus permitirán que los gobiernos provinciales autoricen desmontes donde hoy está prohibido, y las topadoras podrán arrasar impunemente bosques para producción agropecuaria (soja y ganadería) y desarrollos inmobiliarios.

Además se desfinancia la ley, lo que repercutirá seriamente en los controles al desmonte ilegal y los incendios forestales, y en el fomento de actividades sustentables en los bosques. Por otra parte, se eliminarán mecanismos de acceso a información de comunidades indígenas y campesinas, explicaron las ONGs.

Ley de Glaciares

La Ley Nacional de Glaciares sancionada por el Congreso en el año 2010 tiene como objetivo la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Al definir a los glaciares como bienes de carácter público, la ley busca preservarlos como reservas estratégicas de agua, proteger la biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica y valorarlos también en su potencial turístico, afirma el comunicado de las organizaciones.

¿En qué afecta el proyecto de Ley? El proyecto ley ómnibus cambiaría los artículos 1 y 2 de la ley para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Se realizaría una modificación en la ley a fin de habilitar la actividad económica en la zona periglaciar, es decir, el entorno que se encuentra alrededor del glaciar y que permite que éste exista, sostienen los detractores de la iniciativa gubernamental.

La actual protección prohíbe la actividad minera y petrolera en zonas periglaciares. Este proyecto de ley ómnibus, elimina esa prohibición, con lo cual, no garantiza la protección de un ambiente complejo, que es resguardo de agua dulce y al que ya el calentamiento global puso en jaque, aseveraron las ONGs.

ED/JJD