En medio del sacudón que envuelve al Gobierno tras las sospechas por el crecimiento del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras conocerse propiedades a su nombre y un viaje familiar a Punta del Este en avión privado que no se compatibilizan con los ingresos consignados por el funcionario libertario en la última declaración jurada prsentada, una denuncia contra el gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Mario Gutiérrez, en la que se lo acusa de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica de la creación jurada, y de aumentar casi 30 veces su patrimonio en dos años, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) encabeza este viernes una protesta desde las 12 frente a la sede del organismo, en Bartolomé Mitre 434, Ciudad de Buenos Aires.

“Todos los días aumenta la corrupción en el Gobierno. La conducta desplegada por las autoridades de la Superintendencia es inaceptable. Exigimos una explicación detallada ya que las graves irregularidades y los delitos que se están cometiendo comprometen la transparencia de la institución y deterioran la confianza pública”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente agregó: “El intento de llevar adelante un vaciamiento del organismo es un ataque directo a la capacidad que tiene el Estado de garantizar servicios esenciales. Es notoria la incapacidad de gestión que tienen en esta institución y afectan el acceso a la salud de los sectores sociales más vulnerables”.

“¿Cómo se explica que digiten controles a las obras sociales más chicas mientras miran para otro lado frente a los incumplimientos groseros de las empresas de medicina prepaga? ¿O que a algunas obras sociales les están permitiendo el cobro de coseguros, aranceles o plus diferenciados que son ilegales?”, cuestionó el gremialista. Y agregó: “La Superintendencia ha funcionado durante décadas gracias a la exclusiva responsabilidad, esfuerzo, sacrificio, vocación de servicio y profesionalidad de sus trabajadores. No vamos a permitir que la destruyan”.

“Los funcionarios actúan de manera dolosa porque le quieren favorecer los multimillonarios negocios a las empresas de medicina privada. Vinieron a saquear y destruir el sistema nacional de obras sociales y no vamos a permitir que lo hagan”, concluyó Aguiar.

El sindicato además brindará una conferencia de prensa desde las puertas del organismo a las 12 del mediodía.

La denuncia anónima fue radicada en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11 (secretaría 22), bajo el número CFP 1086/26, y también en la Oficina Anticorrupción.

El funcionario, que fue designado como gerente de Administración de la SSS a partir del 1° de agosto de 2024, luego de haberse desempeñado como subgerente de Control Prestacional de Medicina Prepaga, figura como deudor tipo 1 en el Banco Central y no puede justificar gastos de tarjeta de crédito por 60 millones de pesos. De acuerdo a la denuncia, en su DD.JJ. no se registran herencias, donaciones ni otros ingresos extraordinarios que justifiquen su evolución patrimonial.

Otro de los ejes de la denuncia apunta a la presunta falsedad en la declaración jurada. Mientras el funcionario consignó no tener deudas al cierre de 2024, los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina reflejan obligaciones superiores a los 12 millones de pesos en ese mismo período, distribuidas entre distintas entidades financieras, de acuerdo a lo que informa Infogremiales. Además, en enero de 2025, una de esas deudas se incrementó en más de 27 millones de pesos en un solo mes, sin correlato en los ingresos declarados.

La presentación judicial también detalla la adquisición de bienes de alto valor en los primeros meses de gestión: una camioneta Chevrolet TrailBlazer, una motocicleta de alta gama y un incremento de US$ 400 a más de US$11.000 en apenas siete meses, también sin origen declarado.

Como gerente de Administración de la SSS, Gutiérrez tiene intervención directa en la ejecución presupuestaria del organismo, la emisión de órdenes de pago y la supervisión de contrataciones.

Paralización del organismo y amenaza de despidos

En este marco, ATE denunció que las autoridades “ordenaron una paralización intencional del organismo cajoneando los reclamos de los usuarios, siendo este un ataque al derecho a la vida de las personas”.

Ante esta situación, el sindicato realizó el pasado viernes “paros a la japonesa” que consistieron en redoblar el esfuerzo de los trabajadores para acelerar la resolución de reclamos, con el objetivo de “mostrar el papel central que cumple el personal del organismo en la defensa del derecho a la salud”.

El gremio de estatales también acusó al superintendente Claudio Stivelman de generar “una paralización intencional del organismo cajoneando los reclamos de los usuarios, siendo este un ataque al derecho a la vida de las personas”.

“Es evidente que el superintendente y sus funcionarios están desplegando conductas delictivas. Intentan paralizar todas las tramitaciones para vaciar el organismo y evitar de esta manera controlar a las prepagas. No existen dudas acerca de que desde la Superintendencia se favorecen negocios multimillonarios a cambio de la muerte de numerosos pacientes”, denunció Rodolfo Aguiar.

La medida de fuerza se votó a través de una asamblea en la sede central del organismo, informó el gremio en un comunicado.

“Están llevando adelante un accionar de extrema gravedad como es ocultar y frenar un gran número de expedientes con reclamos y es por eso que hemos definido esta medida de fuerza a la japonesa. Vamos a atender en la puerta para ponerlos en evidencia”, agregó Aguiar.

Además, el sindicato pudo verificar que la Superintendencia maneja con discrecionalidad la aplicación de sanciones, evitando multar a las grandes empresas de medicina prepaga y actuando con dureza contra las obras sociales más chicas, las cuales pretenden extinguir.

ATE también manifestó que la gestión actual del organismo promueve un sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado “PROMESA”, que trasladará los costos al beneficiario y fomentará la judicialización de los conflictos.

Esta situación se suma al reclamo por la obra social Unión Personal, la cual aplica coseguros diferenciados a trabajadores estatales que no estén afiliados a UPCN, una práctica discriminatoria e ilegal, como así también coseguros para las intervenciones quirúrgicas, los cuales violan el Plan Médico Obligatorio.

Con información de agencias, ATE e Infogremiales.

Las principales empresas de medicina prepaga definieron los aumentos en sus cuotas a partir de agosto, con una suba promedio que está en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 1,6% registrado en junio, último dato difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Estos deben ser subidos a una página oficial de la SSS, de manera que los valores de los planes sean visibles y así los usuarios puedan chequearlos.

“Entrá, compará y elegí en libertad”, indicaron desde la Superintendencia de Servicios de Salud.

Aumentos de las principales prepagas para agosto

De esta manera, los incrementos se ubicarán en sintonía con el 1,6% de junio y algunos la superarán, luego de los aumentos aplicados entre el cuarto y el sexto mes del año, que duplicaron y hasta triplicaron el porcentaje actual de las prepagas.

En el IPC de junio, salud fue el quinto rubro con mayor incremento, con una suba de 2,2%.

Los aportes de los trabajadores al sistema de salud se derivarán directamente a la medicina privada elegida y ya no es necesaria la triangulación a través de obras sociales.

Así lo dispuso el Gobierno a través de la Resolución 1/2025 del Ministerio de Salud publicada este viernes en el Boletín Oficial y que complementa un sistema que ya había sido implementado el año pasado.

En la práctica, ya no quedará ningún empleado “triangulando”, dado que en muchos casos no conocían la forma en que se financiaba su prestación de salud y por ende no habían realizado el trámite correspondiente.

De acuerdo a las especificaciones oficiales, para los trabajadores no significa ningún cambio si tienen el beneficio cubierto por las empresas. Pero en caso de aquellos que pagan la diferencia entre el aporte y el costo del plan, debiera repercutir en una baja del costo mensual.

Lo mismo sucede con el caso de los monotributistas, que ahora podrán elegir directamente con qué prepaga atenderse (pagando la diferencia si fuera necesario) en lugar de tener que elegir una obra social como paso previo. En la página de ANSES se publica el listado de prepagas que aceptan monotributistas.

La nueva norma dispone incorporar al sistema a todos los trabajadores, dado que desde diciembre de 2024 estaba habilitada la norma para quienes querían realizar el cambio de manera voluntaria.

A partir de la resolución publicada los aportes de quienes no hubieran realizado el trámite ya no pasarán más por una obra social, sino que irán directamente a la empresa de salud que presta el servicio.

“En la resolución 1/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial se estableció que, a partir del 31 de enero, más de 1.300.000 titulares enviarán de manera directa sus aportes a su Agente del Seguro de Salud. De esta manera, los famosos ”sellos de goma“, que solo subsistían producto de la intermediación, no podrán continuar con un negocio de más de $ 30 mil millones de pesos por mes”, señaló un comunicado oficial. 

El parte aclara que “en el caso que el beneficiario decida permanecer en la Obra Social de origen, tendrá 60 días para realizar el trámite en el sitio de la Superintendencia. A partir de ese momento será la Obra Social elegida quien deberá brindar las prestaciones de salud”.

El Gobierno aseguró que “esta medida histórica transparenta el sistema para siempre, permite que cada beneficiario sepa con claridad dónde destina sus aportes y deje de financiar cajas millonarias que no aportan valor y representaban el negocio de unos pocos”.

La resolución

Con información de agencias.

IG

A través de la Resolución 3934/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se estableció un nuevo marco normativo orientado a regular la presentación de planes de salud por parte de los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 23.660. De esta manera, “cada plan de salud deberá acompañarse de su cartilla prestacional en la que se detallen los profesionales, centros médicos y prestadores habilitados, así como las condiciones específicas de acceso y cobertura”. Además, en los casos de planes cerrados, las prestaciones, que incluyen prescripción de medicamentos y órdenes para estudios y tratamientos, “estarán limitadas a las indicadas por los profesionales que figuren en la cartilla del agente correspondiente”.

De acuerdo a la información difundida por la Superintendencia de Servicios de Salud, “la medida tiene como eje asegurar la claridad en la oferta de los planes abiertos o cerrados que se brindan a los beneficiarios, y reforzar la transparencia en el acceso a los servicios médicos”.

Declaraciones juradas y control de prescripciones

Uno de los puntos más relevantes de la normativa es “la obligación para los médicos prescriptores de acreditar que pertenecen a la red prestacional del Agente del Seguro de Salud”. Además, deberán presentar una declaración jurada “que asegure la inexistencia de conflictos de intereses con los proveedores de las tecnologías o medicamentos indicados”.

Para la SSS, “estos controles serán imprescindibles tanto para validar la cobertura como para solicitar subsidios o reintegros por prestaciones realizadas fuera de la cartilla. En los casos en los que los beneficiarios recurran a la vía administrativa o judicial, estas exigencias seguirán siendo aplicables”.

Transparencia y eficiencia en la administración de recursos

La Superintendencia, que depende del Ministerio de Salud, “tiene como misión garantizar un uso eficiente y equitativo de los recursos del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Con esta normativa, busca asegurar que las prestaciones se otorguen de acuerdo con la normativa vigente y en función de los servicios contratados”.

Asimismo, el comunicado de la SSS asegura que la “transparencia en la administración de recursos es clave para mantener la confianza de los beneficiarios y asegurar la igualdad en el acceso a las prestaciones. En este sentido, el nuevo marco regulatorio tiene como objetivo prevenir la proliferación de prácticas fuera de cartilla y mejorar las herramientas de control por parte de las Obras Sociales y la propia Superintendencia”.

De acuerdo a la comunicación oficial, “esta medida apunta a un equilibrio entre los derechos de los beneficiarios y la necesidad de sostenibilidad del sistema, respondiendo a las demandas de control prestacional y evitando sobrecargas en los agentes por pedidos de cobertura por fuera de los prestadores habilitados”.

La resolución

Con información oficial.

IG

El gobierno de Javier Milei emitió el Decreto 955/2024 para modificar la normativa sobre la libre elección de obra social de los pequeños contribuyentes, en una medida destinada a “ofrecer mayores opciones y transparencia”.

Con esta nueva disposición, el decreto crea un “Registro de Agentes del Seguro de Salud” en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud, donde se inscribirán las entidades de salud habilitadas para cubrir a los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado.

El Decreto dispone que los afiliados podrán ejercer su opción de obra social cada doce meses y tendrán acceso progresivo a coberturas adicionales como las brindadas por el Sistema Único de Reintegro por Gestión de Enfermedades (SURGE). La norma también determina que los cambios se harán efectivos desde el primer día del mes siguiente a la solicitud, garantizando así la estabilidad en la cobertura médica del grupo familiar del contribuyente.

El registro, que abarca todas las categorías de contribuyentes, busca “fortalecer la transparencia y la gestión en el acceso a la cobertura médico-asistencial”. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Punto por punto detalles del decreto de desregulación obras sociales

El Decreto 955/2024 establece modificaciones clave en los Decretos N° 504/1998 y N° 1/2010 para el régimen de obras sociales destinado a los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Esta medida redefine la política de libre elección de obra social y establece un registro específico para agentes de salud que ofrecen cobertura a este grupo. Entre los principales cambios:

Registro de Agentes de Salud: Se crea un “Registro de Agentes del Seguro de Salud” para entidades que presten servicios a los pequeños contribuyentes. Este registro, bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), facilita el acceso a opciones más transparentes y eficaces para los contribuyentes.

Libre elección de obra social: El Decreto N° 504/1998, modificado ahora por el Decreto 955/2024, establece que la elección de la obra social por parte de los contribuyentes será efectiva a partir del primer día del mes siguiente a la solicitud. Se establece un periodo mínimo de permanencia de 12 meses en la obra social seleccionada antes de que el afiliado pueda optar por un cambio.

Acceso progresivo a la cobertura: Se especifican los plazos para el acceso a los beneficios del Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE) según el tiempo de adhesión al RS. Al cumplir seis meses de permanencia, los beneficiarios acceden a prestaciones adicionales a través del Sistema Único de Reintegro por Gestión de Enfermedades (SURGE), entre otros beneficios.

Transparencia y previsibilidad: Se busca optimizar la administración del sistema y garantizar el acceso equitativo y eficiente para los pequeños contribuyentes al sistema de salud. Asimismo, el decreto asegura que los derechos y obligaciones de los afiliados previos no se verán alterados.

El comunicado del Gobierno en la página de la SSS

A través de la Resolución 3934/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, se establece un nuevo marco normativo orientado a regular la presentación de planes de salud por parte de los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 23.660. La medida tiene como eje asegurar la claridad en la oferta de los planes abiertos o cerrados que se brindan a los beneficiarios, y reforzar la transparencia en el acceso a los servicios médicos.

Cada plan de salud deberá acompañarse de su cartilla prestacional, en la que se detallen los profesionales, centros médicos y prestadores habilitados, así como las condiciones específicas de acceso y cobertura. En los casos de planes cerrados, las prestaciones estarán limitadas a las indicadas por los profesionales que figuren en la cartilla del agente correspondiente.

Declaraciones juradas y control de prescripciones

Uno de los puntos más relevantes de la normativa es la obligación para los médicos prescriptores de acreditar que pertenecen a la red prestacional del Agente del Seguro de Salud. Además, deberán presentar una declaración jurada que asegure la inexistencia de conflictos de intereses con los proveedores de las tecnologías o medicamentos indicados.

Estos controles serán imprescindibles tanto para validar la cobertura como para solicitar subsidios o reintegros por prestaciones realizadas fuera de la cartilla. En los casos en los que los beneficiarios recurran a la vía administrativa o judicial, estas exigencias seguirán siendo aplicables.

Transparencia y eficiencia en la administración de recursos

La Superintendencia, que depende del Ministerio de Salud, tiene como misión garantizar un uso eficiente y equitativo de los recursos del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Con esta normativa, busca asegurar que las prestaciones se otorguen de acuerdo con la normativa vigente y en función de los servicios contratados.

La transparencia en la administración de recursos es clave para mantener la confianza de los beneficiarios y asegurar la igualdad en el acceso a las prestaciones. En este sentido, el nuevo marco regulatorio tiene como objetivo prevenir la proliferación de prácticas fuera de cartilla y mejorar las herramientas de control por parte de las Obras Sociales y la propia Superintendencia.

Esta medida apunta a un equilibrio entre los derechos de los beneficiarios y la necesidad de sostenibilidad del sistema, respondiendo a las demandas de control prestacional y evitando sobrecargas en los agentes por pedidos de cobertura por fuera de los prestadores habilitados.

Con información de NA.

IG

El Gobierno dispuso en las últimas horas los ceses del superintendente de Servicios de Salud (SSSalud), Enrique Rodríguez Chiantore, y el exgerente Nicolás Striglio, a quienes había nombrado hace poco más de un mes atrás a través de los decretos 44/2023 del 14 de diciembre y 93/23 del 19 de diciembre, y para conducir desde ahora el ente regulador de las obras sociales y las prepagas, fueron nombrados Gabriel Oriolo y Claudio Stivelman, respectivamente, como superintendente y gerente general del organismo.

En los considerandos del decreto 83/2024, publicado en el Boletín Oficial. no se especifica el motivo del desplazamiento de las autoridades, y se señala únicamente que “resulta necesario disponer el cese” de ambos.

En el caso de Chiantore, es un abogado especializado en derecho administrativo que estuvo vinculado con las gestiones de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, siendo director general de Legal y Técnica entre 2008 y 2012, y en Nación, despeñándose como jefe de Gabinete del Ministerio de Salud entre 2015 y 2018.

Chiantore había sido presentado como “referente sanitario de Juntos por el Cambio” en la campaña presidencial de Patricia Bullrich del año pasado.

Al respecto, el funcionario saliente dio en declaraciones a radio Mitre su visión de la desvinculación a poco más de 30 días de asumir: “Yo pertenezco al PRO y entiendo que quisieron homogeneizar la cuestión con todas personas allegadas al equipo de Gabinete, no me parece mal, pero si está mal los modos”, se quejó, y argumentó: “Hablé a la tarde con Patricia Bullrich, lo dejo en el terreno de lo personal, pero la medida ya estaba tomada, ella también se enteró por el boletín oficial”, reveló.

Asimismo, Chiantore aclaró que no tiene “ningún vínculo con la CGT” y explicó que quien “se hizo cargo de los cambios fue Mario Lugones, designó a dos personas que son del equipo de él. Si había algún objetivo que no se estaba cumpliendo nadie me lo dijo ni me lo insinuó”, concluyó el exfuncionario.

Antes, en radio Rivadavia, Chiantore denunció: “Abrí el Boletín Oficial y me enteré de que me habían echado. Recibí un mensaje de Lugones (por el asesor del jefe de gabinete Nicolás Posse) que me dijo ‘hicimos cambios’. Estoy indignado, estas no son las formas, es bestial”.

Quién es Gabriel Oriolo, el reemplazo

El reemplazante de Enrique Rodríguez Chiantore es Gabriel Oriolo, licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires y tiene experiencia en el sector previsional y de seguros, además de haber realizado diversos cursos de posgrado en admiración de empresas en la Universidad de Belgrano, Escuela Argentina de Negocios, Esade, IAE Business School, UCA y Universidad de San Andrés.

Desde 1994, Oriolo se desempeñaba en OSDE, prepaga que ahora deberá regular como superintendente.

Allí inicialmente fue analista de procesos y jefe de atención al público en la ex AFJP Arauca Bit y en Binaria Seguros, para luego ser jefe de Mejora de Procesos, gerente de Operaciones de Interturis, subgerente de la Gerencia Médica de Prestaciones, gerente de Arquitectura y Obras, y, desde julio de 2018 hasta noviembre del año pasado, director de Procesos y Sistemas.

El médico Claudio Stivelman, nuevo gerente general de la superintendencia, posee una amplia experiencia en la gestión de entidades del sistema de salud, tanto financiadoras como prestadoras.

Además de despeñarse como consultor independiente en gestión de servicios de salud, fue director de Prestaciones Médicas en Modium Salud entre 2021 y 2023.

Anteriormente, ocupó ese mismo cargo en la Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles (Ospedyc) y en la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa).

Nuevo superintendente de Seguros

El Gobierno nacional designó a Guillermo Plate como nuevo superintendente de Seguros, a través del decreto 82/2024, publicado en las últimas horas en el Boletín Oficial.

Plate, a cargo de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Además, posee una Maestría de Derecho Internacional en la Escuela de Leyes de la Duke University de Estados Unidos, y el título de Magíster en Derecho Empresario de la Universidad Austral.

En el ámbito privado posee 20 años de experiencia en estudios jurídicos y empresas especializándose en temas de derecho corporativo, siendo gerente fiduciario en el Royal Bank of Canada en el exterior, y, en el ámbito doméstico, asesor en el directorio del Banco Provincia y vicepresidente de Provincia ART.

Además, se especializa en el asesoramiento en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El nuevo funcionario ya se había desempeñado como vicesuperintedente de Seguros entre 2017 y 2019, durante la administración del expresidente Mauricio Macri, respondiendo al superintendente Juan Pazo, ahora nombrado como secretario de Industria y Desarrollo Productivo.

Plate, quién ya se hizo cargo de la Superintendencia en los días posteriores a la asunción del nuevo Gobierno, reemplaza a Mirta Guida, que había renunciado al cargo en la transición presidencial.

Con información de agencias.

IG