En los últimos tiempos, el lunfardo amplió el significado de la expresión “bondi” de colectivo a lío. En los últimos días, el bondi por la discusión del proyecto de ley ómnibus –o Bases, como la llamó Javier Milei para emular a Juan Bautista Alberdi– y por el paro general del miércoles contra esta iniciativa tapó otra realidad subyacente. Mientras la flexibilización del trabajo quedó paralizada en la Justicia, el resto del amplio contenido del DNU 70/2023, anunciado por el Presidente en cadena nacional, cumplirá este martes un mes de vigencia. Un mes en el que sobre todo los inquilinos y los afiliados de las prepagas, que ya venían castigados por el gobierno anterior, padecieron las nuevas reglas libertarias en su bolsillo. Un mes en el que los grandes grupos económicos beneficiados por las desregulaciones del DNU aún permanecieron agazapados, sin aprovechar todavía las nuevas normas, en parte porque el decreto entero corre riesgo de caerse en el Congreso o en los tribunales y, por otra, porque la Argentina sigue en una turbulencia que dificulta proyectar el horizonte.

El DNU abolió la última ley de alquileres de noviembre pasado, que ajustaba en pesos por semestre por inflación o evolución salarial, lo que aumentara menos. Ahora los contratos pueden ser en dólares o moneda nacional y los montos y la periodicidad de los incrementos se negocian en teoría entre propietarios e inquilinos. En la práctica, el dueño anuncia las condiciones y resulta ser un “tómalo o déjalo”. Si se encuentra con que el mercado no se las convalida, entonces llega el momento de resignar sus ambiciones. Aplica en este caso lo que sostiene la economista y canciller Diana Mondino, de que el bolsillo flaco de los consumidores pondrá tope a las alzas.

Con la ley de alquileres derogada por el DNU los contratos pueden ser en dólares o pesos y los montos y la periodicidad de las subas se negocian en teoría entre propietario e inquilino. En la práctica el dueño pone las condiciones y es un "tómalo o déjalo"

Sin embargo, en otros casos no se corrobora esta hipótesis. Como lo marcó en un reciente paper el exdirector del Banco Central Jorge Carrera: “Usando la teoría Mondino (ya le falló a Federico Sturzenegger en 2016) se supone que, sí los ingresos de los consumidores no suben en esa proporción, no podrán comprar los bienes y finalmente el vendedor deberá bajar los precios. Este modelo teórico de razonamiento presume un único consumidor representativo y no que una parte de los consumidores tienen activos y/o ingresos dolarizados y por ende la devaluación los hace más ricos en pesos y pueden consumir más, demorando esa corrección. Por otro lado, distintas desregulaciones que liberan exportaciones de bienes transables claves como alimentos (granos y carne) o energía limitan la relevancia de la demanda del consumidor local para autocorregir precios”.

En concreto, el DNU eliminó cualquier prohibición o cupo a la exportación y la norma que ponía prioridad el autoabastecimiento de hidrocarburos. En el gobierno anterior regían límites para mandar al exterior ciertos cortes vacunos, ya no para trigo como en el kirchnerismo, y también se controlaba que primero se abastezca el mercado local de gas, nafta y gasoil antes de exportar. En el proyecto de ley Bases se buscaba ratificar la libre exportación de hidrocarburos, pero en la última versión aprobado en comisión el Gobierno cedió a la presión opositora de aceptar que la Secretaría de Energía pueda objetar los envíos. Es decir, los alimentos, el gas, la nafta y el gasoil apuntan a llegar a un precio internacional y a que se exporte todo lo que los argentinos no puedan pagar.

Pero volvamos a la desregulación de alquileres. Por un lado, la derogación de la ley, que mientras rigió fue muy resistida por los propietarios, elevó este mes 21% la oferta de inmuebles para alquilar en la ciudad de Buenos Aires, según el portal de avisos Zonaprop. Coincide no sólo con el DNU sino la saturación del negocio de alquileres turísticos. Este martes se conocerá el dato de cómo evolucionaron los precios de los nuevos alquileres permanentes en enero: si bajaron por la mayor cantidad de propiedades ofrecidas, como indicaría la teoría del libre mercado, o si siguen subiendo, como padecen varios inquilinos. El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) elabora su relevamiento en la capital y detectó en enero alzas de de entre 6,4% y 16,7%, respecto de diciembre. En diciembre habían sido de entre el 7,1% y el 23,7% en relación a noviembre.

“Pasé de pagar un 2 ambientes por $72.000 a $350.000 por una prórroga que me hicieron del contrato por tres meses”, suelta Lucía Livetti, coordinadora del programa Amartya Sen de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Sí, una suba del 386% respecto de lo que venía pagando con el contrato anterior. Otra inquilina de zona sur del Gran Buenos Aires también debía renovar ahora el alquiler de otro dos ambientes. Fue a la reunión con el propietario con el temor de que se lo dolarizara o le impusiera una cláusula de actualización disparatada. Estaba preparada para mudarse. El contrato ya había vencido en octubre y el dueño se lo había renovado por cuatro meses por $130.000, en lugar de los $32.000 que pagaba hasta septiembre. Finalmente, ahora le dijo que desde febrero subiría a $200.000, un 53%, y se lo actualizaría por trimestre según la inflación. “Salí contenta de la reunión”, reconoce la inquilina, que permanecerá en la vivienda.

Matías Rosini, docente de 40 años, vive con su novia en un barrio céntrico de Córdoba, General Paz. Alquilan un tres ambientes por $70.000, pero el propietario le anticipó ya que con el nuevo contrato en marzo subirá a $350.000, un 400%, y se irá actualizando por trimestre según la inflación. “Estoy buscando opciones en barrios más alejados. No sé si hay más oferta, pero los precios se duplicaron en dos meses”, advierte Matías, que viene mirandos los clasificados. Prefiere quedarse en General Paz porque allí tiene cerca el trabajo y su familia, pero está dispuesto a mudarse a 30 cuadras de donde está, a Pueyrredón o San Vicente, donde podría pagar un tercio menos.

Gabriel Losano, profesor de economía urbana en la Universidad de La Plata, tiene alquilado en la capital bonaerense un dos ambientes, el contrato vence en 2025 y lo respetará. Cobra $102.600 y actualiza una vez por año y por el índice de contrato de locación (ICL) inventado en 2020, que combinaba inflación y evolución salarial. “El año próximo veré cuál es el precio de oferta del mercado y trataré de llegar a un acuerdo sin exprimir al inquilino, no me gusta abusar de mi posición”, expone Gabriel.

Leyla Hadad, empleada estatal de Córdoba, alquila un dos ambientes de una santafesina. En septiembre pasado se reunió con la inmobiliaria que intermedia y le planteó renovar contrato por $110.000, el valor que se pagaba en el centro cordobés. Ella y sus dos garantes lo firmaron ante escribano, pero la dueña demoró y demoró en hacerlo hasta que ahora, en enero, avisó que no lo rubricaría porque le parece poco dinero y además ajustable a un año por el ICL, como establecía la ley de alquileres de 2020 entonces vigente. “Te quiere desalojar”, le advirtió a Leyla el empleado de la inmobiliaria, que le cobró ya $300.000 de comisión por renovar el contrato. El abogado de la inquilina sostiene que si ella firmó ante escribano y la dueña cobró desde entonces sin chistar, ahora no la puede desahuciar. Pero Leyla teme que la enjuicien: “Es desesperante, no sé qué destino voy a tener. No tengo ganas de pasar por un proceso judicial porque hago las cosas bien. Todos los meses pago los días 2 o 3. Incluso estoy dispuesta a que me aumente por cuatrimestre, como la dueña quiere. Tengo un estado de stress, una locura”.

“Hay gente que cuando debe renovar el alquiler deja el departamento y tiene que dejar la ciudad de Buenos Aires para irse a provincia”, comenta Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista, urbanista y de derechos humanos del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. “Hay un incremento de las personas en situación de calle. Y como hay dudas de si el DNU continuará vigente o no, hay muchos contratos verbales, prórrogas de palabra. Y los escritos tienen actualizaciones mensuales, trimestrales o cuatrimestrales y plazos de seis meses a dos años”, agrega Baldiviezo.

Hay gente que cuando debe renovar el alquiler deja el departamento y también tiene que dejar la ciudad de Buenos Aires para irse a provincia

Jonatan Baldiviezo — abogado ambientalista, urbanista y de derechos humanos del Observatorio por el Derecho a la Ciudad

La desregulación de los precios de las prepagas y la posibilidad de que operen en lugar de las obras sociales también se pusieron en marcha con el DNU. Claro que algunos afiliados recurrieron con éxito a la Justicia para frenar los aumentos que los afectaron en particular. Es decir, estos recursos de amparo carecen de un impacto generalizado para los pacientes. Por eso, la inmensa mayoría de ellos está abonando con incrementos.

En una de las principales prepagas cuentan que subieron la cuota un 38% en enero y ya anunciaron a sus clientes que la elevarán otro 23% en febrero. Otras remarcaron entre 38% y 42% ahora y lo harán 24% promedio el mes próximo. “Aumentaron los llamados pidiendo descuentos o planes más baratos, aunque ahora se amesetaron”, cuenta en la empresa antes citada y prosiguen: “Las bajas no las conocemos porque lleva algún tiempo efectuarlas. Como se difirió el plazo de la cobranza, todavía no sabemos si la recaudación cayó”.

Aún no comenzaron a competir directo como obras sociales porque aún falta la reglamentación al respecto. “Las cuotas libres no ayudan a resolver ningún problema estructural, más bien los agravan porque va a quedar gente fuera del sistema privado y el público está mal. La medicación y los insumos siguen con precios descontrolados y no aparecen agencias de calidad médica como hay en casi todos los países cómo la Argentina”, advierten en la compañía de medicina privada.

Un informe de la consultora PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, advierte que en diciembre, con el cambio de gobierno, los medicamentos se encarecieron 42%, más que el 25% de inflación. A la cabeza, el Amoxidal (69%), el Rivotril (68%) y el Optamox y el Termofren (66%). El ibuprofeno está más caro que Brasil y Estados Unidos. Encima, el de marca en la Argentina cuesta 113% más que el genérico, cuando esa brecha en el socio mayor del Mercosur es de sólo 17% y en la superpotencia, del 92%.

No por nada el ideólogo del DNU y la ley Bases, el economista sin cargo público Sturzenegger, en plan de seguir el dogma liberal, introdujo en el DNU la norma que obligaba a los médicos a recetar con el nombre genérico y no por la marca. Pero los laboratorios nacionales se movieron rápido para acercar no un ómnibus sino un vagón lleno de argumentos al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al ministro de Salud, Mario Russo. Y así que el pasado lunes ambos funcionarios oficializaron el único cambio al decreto: autorizaron que se receta por marca. La marcha atrás llamó la atención sobre la capacidad de influencia de estos empresarios farmacéuticos. Daniel Sielecki, socio del laboratorio Elea, fue uno de los que apoyó a Milei en campaña y ahora su sobrino Ian será embajador en Francia. Hugo Sigman y su esposa, Silvia Gold, también son accionistas de Elea. El diputado radical Martín Tetaz reaccionó al giro del Gobierno presentando un proyecto de ley para prohibir que se recete por marca, pero habrá que ver si algún día se discute.

El diputado radical Martín Tetaz reaccionó al giro del Gobierno a favor de los laboratorios presentando un proyecto de ley para prohibir que se recete medicamentos por marca, pero habrá que ver si algún día se discute

Pero volvamos a las cuotas de las prepagas. “Es muy angustiante, no me deja dormir”, confiesa Inés, psicóloga social de 55 años y empleada estatal en el área de recursos humanos. Abonaba en el Hospital Italiano en diciembre $48.000, en enero se le fue a $70.000 (45% más) y en febrero se le irá a $90.000 (28%). “Imposible pagar. Mi primera reacción fue darme de baja pero después decidí esperar a marzo y apurar estudios y visitas a los médicos para al menos tener un chequeo general. Es una decisión difícil irse porque a esta edad salir del plan implica saber que nunca más voy a poder acceder, por edad y por costo”, lamenta Inés.

“El plan OSDE 210 se fue al demonio”, cuenta uno de los afiliados al plan más económico de OSDE, Lucas Fernández Canedo, diseñador gráfico de 45 años. “Yo tengo periodo de carencia (lapso que debe transcurrir desde la contratación hasta que el asociado pueda acceder al beneficio) por un problema cardiológico y hoy me siento medio cautivo de esto. Ya se vuelve impagable. No hay nada que suba tanto como las prepagas. En el gobierno anterior le autorizaban todos los aumentos y en este ni te digo”, se queja Lucas. “Hace dos años la cuota representaba el 20% de mis ingresos y ya me costaba pagarla. Hoy es el 45%”, muestra un Excel con sus propios datos, en los que cuantifica el valor de la prepaga en relación a su hora de trabajo como diseñador independiente. Paga $85.000 desde diciembre y en febrero le aumentarán un 28%.

Una enfermera jubilada de 85 años del conurbano bonaerense pagaba hasta diciembre $55.000 por el plan básico de Swiss Medical. Entre los aumentos de enero y febrero pasará a abonar $96.000, un 74% más. “Como jubilada por dos trabajos que tenía, cobro $420.000, gracias a la reparación histórica de (Mauricio) Macri, que me duplicó la jubilación. ¿Parece un lujo la prepaga? Un remedio de los que tomo por anticoagulada sale más de $100.000. Así estamos... Como jubilada municipal estoy cautiva de la obra social OsBA y no puedo derivar aportes a la prepaga. Que quede claro que llegamos a este estado por la gestión de Alberto (Fernández) y (Sergio) Massa, el kirchnerismo siempre destruyó la salud, en todas sus gestiones hubo faltantes de remedios”, opina la jubilada, que planea recortar otros gastos menos la medicina privada. Incluso su hijo también está dispuesto a ayudarla con la cuota si sigue aumentando así.

Juan Carlos Sueiro, abogado jubilado de 72 años, es discapacitado motor. Su prepaga le incrementó 100%: “No puedo dejar de pagar la cuota, pues ninguna otra empresa me acepta. Tengo que hacer un esfuerzo muy grande frente a estos nuevos aumentos”. Cecilia Petrich, exgerenta de comunicación de 64 años, y su marido, de 73, son jubilados, pero siguen trabajando. Ella como profesora de español para extranjeros. Él en ventas de un negocio de computación. A él, Galeno le ha aumentado la prepaga a $221.000, más de lo que cobra de la jubilación, y a ella, a $160.000. En febrero le aplicarán otro 30%. Pero cuentan con tres departamentos para alquilar. Prefieren ofrecerlos a turistas en Booking porque temen a los inquilinos permanentes que dejan las propiedades en ruina o incumplen el pago del alquiler y las expensas deben desalojarse tras años de proceso judicial. Sólo le renovaron uno a una familia coreana que en septiembre pasado aceptaron pagar en dólares. Ellos le pedían US$800, pero los inquilinos ofrecieron US$600 y llegaron así a un arreglo. Los otros dos se destinan a viajeros, aunque lleve su trabajo mantenerlos limpios, atender sus pedidos y recibirlos y despedirlos a cualquier hora. “El origen del problema no es el costo de las prepagas ni de los alquileres. La mayoría de los insumos es importada y mantener un departamento en condiciones cuesta mucho dinero, ni hablar de impuestos y Bienes Personales que hay que pagar. El problema real es la tremenda inflación que sufrimos todos los argentinos y la falta de adecuación de los ingresos a ello”, lamenta Cecilia.

Carlos Regazzoni, exjefe del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) en el gobierno de Macri, teme que pacientes mayores se den de baja de las prepagas por el aumento de las cuotas. “Podríamos enfrentarnos al hecho de una persona con trabajo en blanco, aportes al día, que por no poder pagar la cuota de la prepaga, termine sin ningún tipo de cobertura. Pretender que las empresas de medicina prepaga sean parte integral del seguro de salud es no entender la naturaleza del seguro y de las empresas. El seguro nacional de salud es la columna vertebral del financiamiento de la salud en Argentina. Son recursos extrapresupuestarios, que graban el salario, y como todo seguro social, son obligatorios y universales, porque obligatoria es la asistencia de la persona enferma y todos en algún momento vamos a necesitarlo. Trasladar ingresos del seguro social de salud a las prepagas rompe la lógica del propio seguro”, opina Regazzoni.

AR/JJD