La intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) decretada hoy por el presidente Javier Milei complementa medidas estructurales con las que el gobierno re-regula los sectores audiovisual, de telecomunicaciones y conectividad. Para tomar el mando del estratégico organismo que funciona simultáneamente como regulador, controlador, financiador de políticas y autoridad de aplicación de una maraña de normas que son en muchos casos contradictorias entre sí, Milei designó como interventores a personas muy familiarizadas con el propio ENaCom y con sus predecesores, AFSCA y COMFER.

El decreto encomienda a los interventores relevar el estado de situación del ENaCom, su estructura, proponer modificaciones, analizar el DNU 690/20 del expresidente Alberto Fernández (que designó servicios esenciales a las telecomunicaciones y las TIC), reorganizar operativamente el organismo, evaluar la ejecución de los fondos del servicio universal (que financia obras de conectividad a operadores grandes, medianos y pequeños, comerciales, cooperativos y de estados provinciales) y de fomento concursable (que promueve contenidos en medios comunitarios y que el proyecto de “ley ómnibus” que tramita el Congreso busca eliminar).

Todos estos objetivos pueden realizarse sin intervenir el ente diseñado expresamente para estar subordinado al Poder Ejecutivo. En efecto, desde su creación por DNU 267/15 del expresidente Mauricio Macri, el directorio del ENaCom tiene siete integrantes, cuatro de ellos designados por el presidente y tres por el Congreso (de distintos partidos). La mayoría automática fijada en la conducción del organismo rige desde hace 8 años, ¿por qué, entonces, Milei ordena intervenirlo?

Las contorsiones que hacen los considerandos del decreto –y que reproducen consultores del mercado- para justificar objetivos que podrían alcanzarse sin intervención, intentan desviar su único efecto real: elimina el contralor minoritario de fuerzas políticas opositoras con representación parlamentaria en el directorio del ente.

El decreto, firmado también por el jefe de gabinete, Nicolás Posse, sentencia que “a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones adoptadas por el ENaCom que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”. Los abogados Juan Martín Ozores (designado interventor), Patricia Roldán y Alejandro Pereyra (interventores adjuntos) tienen un mandato fiscalizador que, por el lapso citado, se circunscribe sólo a la última presidencia del organismo, a cargo de Claudio Ambrosini.

Sin embargo, la familiaridad de los nuevos funcionarios con numerosas gestiones previas del ente abre interrogantes sobre su aptitud para encarar una auditoría sin sesgos. Ozores es un ex empleado de Movistar (empresa de Telefónica que ahora debe controlar), mientras que Roldán y Pereyra han ocupado altos cargos en el organismo (Pereyra llegó a integrar el Directorio del ENaCom con Macri) en la dirección y subdirección de áreas jurídicas sensibles, siendo partícipes de la ejecución de políticas. Ambos están relacionados (de modo directo e indirecto) con la tramitación de expedientes que deberían juzgar.

La intervención del ENaCom es parte de la re-regulación del mercado de comunicaciones con la que la conducción estatal dirigida por Milei acompaña el profundo reseteo de la vida económica, social y política del país. Su DNU 70/23 eliminó los límites a la multiplicidad de licencias audiovisuales a nivel nacional (sólo los conserva a niveles locales), asimila como servicio de telecomunicaciones y TIC a la tv satelital, quedando en las mismas condiciones que la tv por cable, relaja el registro para prestadores de servicios satelitales (Milei mencionó a Elon Musk en su discurso), deroga normas sobre fabricación, comercialización y distribución de papel, limita medidas de fuerzas de trabajadores de los servicios de comunicaciones, convierte en sociedades anónimas a las sociedades del Estado, entre otras modificaciones. A su vez, el proyecto de “ley ómnibus” negociado con formaciones dialoguistas en el Congreso introdujo la posible eliminación de la Defensoría del Público Audiovisual, organismo que tutela los derechos de las audiencias y que no posee poder sancionatorio, y del fondo de fomento concursable para medios comunitarios (FOMECA) cuyo estado de situación, curiosamente, la intervención del ENaCom ahora debe evaluar.

Este sumario listado de políticas sería incompleto si no citara las periódicas agresiones de Milei y de funcionarios de su gabinete a periodistas (mayormente mujeres, algunas de nítida filiación derechista), para disciplinar la acción informativa sobre su desempeño. La anunciada suspensión de publicidad oficial del gobierno nacional, cuyos alcances concretos no son públicos y que afecta el derecho ciudadano a conocer la labor de sus gobernantes, se suma a las novedades de la actual gestión. Las políticas de comunicación y la libertad de expresión no están disociadas.

Antecedentes “intervencionistas”

Ahora bien, sería injusto achacar exclusivamente a Milei la voluntad de colonizar el ENaCom con su intervención sin examinar los antecedentes que, con matices, muestran que todos los gobiernos nacionales han tentado (y logrado) concentrar el poder decisorio, incluso con políticas audiovisuales y de telecomunicaciones muy diferentes –u opuestas- a la actual.

El ENaCom creado por Macri, que asegura al oficialismo la mayoría automática, permite –sin intervención- que las fuerzas políticas con representación parlamentaria tengan voz y voto en el directorio. Estas pueden, entonces, conocer las resoluciones del ente, presentar propuestas e interrogar sobre el funcionamiento de las distintas áreas. La intervención consume los restos del velo republicano que cubría la formalidad democrática en la dirección del organismo.

Antes del ENaCom, las políticas de comunicaciones se dividían entre la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la ex Autoridad Federal de Telecomunicaciones y TIC (AFTIC), cuyas estructuras habían sido votadas por sendas leyes tramitadas en el Congreso en 2009 (26522, de servicios de comunicación audiovisual) y 2014 (27078, de telecomunicaciones y TIC). Sin embargo, aunque esas normas no sostenían en los papeles la sujeción de los citados organismos al Ejecutivo (que proponía a dos miembros de un directorio de siete), en los hechos todas las decisiones mayoritarias de sus directorios fueron alineadas con la Casa Rosada, a veces a contramano de lo que estipulan las leyes mencionadas.

Previamente, el COMFER estuvo intervenido desde 1983 hasta 2009, puesto que la ley de radiodifusión de entonces (decretada por la dictadura en 1980) incluía en su directorio a las fuerzas armadas y a los servicios de inteligencia, lo que resultaba incompatible con los estándares democráticos. En esas décadas también fue intervenida la Comisión Nacional de Comunicaciones, mientras que la Secretaría de Comunicaciones reportaba, como es lógico, a la presidencia.

La historia del diseño institucional de los organismos estatales encargados de las comunicaciones es reveladora de la vocación de control -que Milei potencia con la intervención- de un área que carece de propuestas relevantes en la agenda de las principales formaciones partidarias en la Argentina, pero que es esencial en la vida cotidiana de la población y en el tejido productivo, educativo e informativo del país. Además, es un nicho de negocios intrasectoriales y de otras áreas económicas (5G) y opera, a la vez, como plataforma de proyección de figuras de la política, como el propio Milei, quien acaba de tomar el control absoluto del ente regulador.

MB/CRM