El 8 de julio de 2025 marcó el fin de un período clave para el gobierno del Presidente Javier Milei: la conclusión de las facultades delegadas, otorgadas por el Congreso a partir de la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27742/2024). Durante un año, estas facultades fueron la herramienta principal para una ambiciosa reestructuración del Estado, con el objetivo de “fomentar la libertad económica y reducir el intervencionismo estatal”.

El jueves pasado, ante empresarios, Milei dijo: “hemos hecho 2500 reformas estructurales. Con lo cual, no solo que hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la Convertibilidad, sino que, además, hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales”.

Por su parte, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, explicitó que se implementaron 101 medidas de desregulación y transformación durante el período en que el gobierno hizo uso de las facultades delegadas. Estas 101 medidas fueron comunicadas, representando un "Magical Mystery Tour" que comenzó con la disolución del INADI y culminó con la disolución de Vialidad Nacional. El trabajo implicó más de 65 decretos.

También es cierto que se deben contabilizar otras tantas reformas a partir del decreto 70/2023, que permitió avanzar con recetas digitales, “cierre” de registros automotor, cédula digital, ley de alquileres, cielos abiertos, divorcio exprés y más opciones a la SUBE. Durante 2024 hubo más de 672 reformas regulatorias.

La desvinculación de 50.591 empleados públicos aparece entre los puntos que destaca Sturzenegger. Trenes Argentinos, ARCA y el Correo son las empresas públicas con más bajas.

El capítulo de reforma laboral tuvo idas y vueltas. La justicia puso bajo observación puntos del DNU 70; pero, en cambio, con la sanción de la Ley Bases si hubo avances en el plan oficialista: extensión del período de prueba, fondo de Cese Laboral, regularización de empleo no registrado, creación de la figura de “trabajador independiente” y eliminación de multas por trabajo en negro.

Las 101 medidas: un bisturí sobre el Estado

“Este fue un uso de facultades delegadas como manda la Constitución: acotado en el tiempo, con materias específicas y con un objetivo claro de transformación estructural”, explicó Sturzenegger.

Las medidas adoptadas impactaron transversalmente en la Administración Pública. Entre las que más destaca la administración libertaria están:

* Disolución de entes y organismos: se eliminaron estructuras como la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la CNRT, el INADI, y múltiples institutos históricos.

* Transformaciones institucionales: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y el Banco Nacional de Datos Genéticos fueron reestructurados para “volver a sus funciones técnicas esenciales”.

* Fusiones regulatorias: el ENRE y el ENARGAS se unificaron en el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGEL).

* Reorganizaciones sectoriales: se creó la Administración Nacional de Establecimientos de Salud y se unificaron gestiones hospitalarias.

* Eliminación de fondos fiduciarios: se disolvieron más de 30 fondos, incluyendo el PRO.CRE.AR, el PROGRESAR (como fideicomiso), el FONCAP, el FONDEP y otros considerados “estructuras paralelas sin control efectivo”.

Según el gobierno, estas medidas “permitieron un ahorro fiscal superior a los 2.000 millones de dólares y una menor presión inflacionaria gracias a la contracción del gasto”.

“Había un Estado desbordado, solapado, duplicado y muchas veces inútil. Lo que hicimos fue aplicar el bisturí para reordenarlo”, resumió el ministro Sturzenegger.

Privatizaciones: el punto pendiente

Uno de los ejes centrales de la Ley de Bases era el deseo del presidente Javier Milei de contar con una herramienta para concretar la privatización de empresas públicas. El artículo 7 y sus anexos declararon “sujetas a privatización” a firmas como Intercargo, Energía Argentina S.A. (ENARSA), AySA, Corredores Viales y Trenes, entre otras.

Sin embargo, hasta el cierre del período de facultades delegadas, el avance en esta área fue limitado. Intercargo fue autorizada a ser privatizada mediante el Decreto 198/2025, y se permitió la venta de acciones en CITELEC S.A. por parte de ENARSA (Decreto 286/2025). También se transformó en S.A. a YCRT, con vistas a una participación privada.

El sector ferroviario mostró algunas señales: Belgrano Cargas inició su proceso de privatización, pero sin licitaciones concretas ni definiciones sobre otras concesiones. En contraste, SOFSE no mostró avances, y la eliminación de servicios de pasajeros en el interior generó rechazo.

El gobierno reconoció que la falta de condiciones de mercado y la resistencia de sectores internos complicaron la ejecución.

“La privatización no es regalar activos, es generar eficiencia, calidad de servicio y alivio fiscal, pero hay que crear condiciones que aún estamos trabajando”, afirmó Sturzenegger.

El gobierno concibe estas reformas como una “batalla cultural” que busca achicar el Estado y liberar la iniciativa privada. Según Milei y su equipo, “la motosierra” no es un ajuste ciego, sino una decisión moral: “dejar de sostener una estructura que consideran corrupta e ineficiente”.

“La crueldad no es reducir el Estado, sino mantenerlo gordo y que la gente pague impuestos para financiar ñoquis”, sostuvo el Presidente.

El ministro de Desregulación también fue crítico con administraciones anteriores: “Durante 15 años, el kirchnerismo tuvo facultades delegadas por DNU, haciendo lo que quiso. Esto fue exactamente lo contrario: dentro de la Constitución y con un mandato claro”.

A partir de ahora, cualquier iniciativa de reforma deberá pasar por el Congreso, donde el gobierno no cuenta con mayoría propia. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por ejemplo, solo consolidó un par de proyectos aprobados y necesita adhesión provincial para su implementación.

Federico Sturzenegger resume el trabajo: “Lo que hicimos no fue un plan de ajuste, sino una cirugía necesaria. La Argentina no puede seguir con un Estado del siglo XX en un país del siglo XXI”.

Las 101 medidas

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este martes que el Gobierno no buscará la extensión de las facultades delegadas por el Congreso, otorgadas en el marco de la Ley de Bases.

“Siempre la idea fue no renovarlas, porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos”, aseguró y señaló que en los proximos 49 días que quedan de esas facultades extraordinarias, el Gobierno avanzará con decretos para fusionar o cerrar organismos.

En un reportaje con Bloomberg Linea, el ministro afirmó que el objetivo del Gobierno es “destruir” el “castillo legal” construido por “la casta” política y empresarial para luego emprender un ciclo de crecimiento. Sturzenegger se refirió así a lo que, según su visión, es una estructura normativa formada a lo largo de los años y que frena el avance económico.

Las facultades delegadas fueron aprobadas por el Congreso el 8 de julio de 2024 y caducan a mediados de este año. Este regimen determinó la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un plazo de un año. Ademas, se otorgó al Gobierno la posibilidad de reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central.

“En los próximos 50 días vas a ver un movimiento bastante importante”, adelantó el ministro sobre los cambios en las dependencias del Estado. Y restó importancia al desempleo que estas medidas puedan generar: “Estamos hablando de 2.000 personas, sobre una masa laboral de seis millones y medio”, sostuvo en su entrevista con Bloomberg Linea.

“Vamos a terminar de usar esas facultades delegadas para terminar esa tarea de racionalización del gasto. Después, en función del caudal de votos que tengamos, se abre otra ventana, que es la de la reformulación de leyes”, continuó el ministro.

 “El día que voy a dormir tranquilo es cuando hayamos logrado desarmar la estructura económica de aquellos que quieren volver a esa Argentina de 50 años, que Javier la llama el modelo empobrecedor de las castas”, agregó en otro tramo de la entrevista.

Miguel Pichetto se toma la cabeza y cae abatido en el escritorio. “¡Vamos a terminar el domingo!”, se queja al aire fuera del micrófono. Emilio Monzó, quien nunca habló durante el debate de tres días la semana pasada, pide la palabra. Quiere que se agilice la lectura de los artículos de la ley ómnibus para que solo queden explicitados los cambios de palabras puntuales del nuevo texto, no de todo el artículo. “¡Vamos a estar diez días votando, así no va a salir la ley!”, exige el experimentado diputado de Hacemos Coalición Federal. Gabriel Bornoroni, cordobés libertario y miembro informante del oficialismo, no lo escucha y sigue leyendo el artículo 4, el de las bases de la delegación de facultades, quizás el más importante y polémico del proyecto de Javier Milei. Lo abuchean. Cuando termina de leer las dos páginas, se seca la transpiración. 

En ese clima de zozobra la Cámara de Diputados le otorgó al Presidente superpoderes para gestionar la desregulación de la economía y profundizar el desguace del Estado que propone su ley ómnibus. Los aliados del PRO, la UCR y HCF le votaron al oficialismo el otorgamiento de los superpoderes, pero a párrafo siguiente le pusieron fuertes límites en materia económica, energética y de seguridad.

Más de tres horas del primer día de la votación en particular consumieron solamente los primeros cuatro artículos de la ley Bases. La discusión se dilató especialmente cuando el recinto se proponía votar los artículos 3 y 4, que detallan los alcance de los superpoderes. El plazo de un año de la delegación de facultades y las famosas “bases de la delegación”. El “corazón de la ley”, como identificaron varias fuentes parlamentarias.

La UCR estiró el suspenso de la votación cuando reclamó, en boca de Rodrigo de Loredo, que ese apartado se vote inciso por inciso, ya que tenía ítems rechazado por los gobernadores y por distintas internas en el radicalismo. El más resistido era el h), que hacía y deshacía sobre un sinfín de fideicomisos, comprometiendo fondos de las arcas locales. 

Ese fue uno de los temas que discutió el ministro del Interior, Guillermo Francos, con las espadas opositoras en el despacho de Martín Menem antes de la sesión, esta mañana. Allí estuvo, además de De Loredo y Pichetto, el macrista Cristian Ritondo. Luego la UCR y el PRO se abocaron a un Zoom con los gobernadores cambiemitas. Y los federales con los mandatarios peronistas no kirchneristas.

La discusión llegó al punto de que, gracias a la demora de la votación, el oficialismo negoció con los gobernadores un cambio en el inciso h), que explicitó en medio del recinto el federal Nicolás Massot: quedaron excluidos del plumazo presidencial dos fondos fiduciarios reclamados por los gobernadores. Bornoroni aceptó los cambios y luego dijo que había “leído mal” una parte. “Se abre todo o ninguno”, rechazó la negociación a último momento el radical Martín Tetaz.

El Gobierno intentó así destrabar la discusión y habilitar la votación del artículo 4. Pero la jugada le salió mal: Diputados rechazó el inciso h) con una amplia mayoría. Y luego rechazó los incisos i) y j), que otorgaban superpoderes para desregular el sector energético, sobre todo en materia tarifafria y de explotación de hidrocarburos, y “fortalecer” el rol de las fuerzas de seguridad. 

No solo fue un golpe para Milei, sino también para las intenciones de la ministra Patricia Bullrich y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo a la vez mentor de la ley ómnibus y del mega DNU junto con Federico Sturzenegger. “Estamos ante un bloque obstruccionista”, cuestionó en el recinto el macrista Fernando Iglesias. elDiarioAR supo que hubo llamados del radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en furia porque el recorte en seguridad le afecta políticas que estaban destinadas a reforzar la lucha contra el narcotráfico en Rosario.

No solo fue un golpe para Milei, sino también para las intenciones de la ministra Patricia Bullrich. 'Al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad, le encanta seguir perdiendo', dijo Pichetto.

El oficialismo logró una mayoría de 134 votos a favor para avanzar con el artículo 1. Junto con Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, votaron en contra dos diputados de Santa Cruz, el grupo de radicales que responde a Facundo Manes y la Coalición Cívica: sumaron 121 votos. Luego el oficialismo sumó más votos para la votación del artículo 2: 140 a 115.

El listado de la facultades había quedado en seis: en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Quedaron fuera, entre otras, materias clave como la fiscal, social y salud. Las emergencias en tarifas, energía y seguridad quedaron virtualmente abstractas por la estocada que luego le propinó los propios aliados a los libertarios.

Milei tuvo un resultado agridulce en los artículos 3 y 4. El 3 fue aprobado 134 a 120. Y las tres votaciones de los incisos del artículo 4 fueron una de cal y otra de arena: del a) al g), hubo 132 votos a favor y 122 en contra. El h), el referido a los fideicomisos, salió 142 en contra y 112 a favor. Y el i) y el j), que se votaron en conjunto pese a que el primero era sobre materia energética y el segundo sobre seguridad: 130 votos en contra y 123 a favor.

Luego también sufrió duras derrotas en los artículos 5 y 6, que profundizaba en la delegación de facultades y en el desguace del Estado. Milei solo consiguió que le aprueben un inciso secundario, que rezaba: “Regular e implementar la mejora de la profesionalización de la carrera administrativa de los agentes de la Administración Pública”. También se aprobó el artículo 6, sobre contrataciones del Estado.

Fue tal la derrota legislativa del oficialismo en el primer tramo de la votación en particular que Pichetto pidió un cuarto intermedio para rosquear junto con Menem, De Loredo y Ritondo una estrategia frente al siguiente capítulo en importancia de la ley ómnibus: privatizaciones. “Al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad, le encanta seguir perdiendo. Traten de ver cómo receptar alguna propuesta y ganar. Hay que ganar, no hay que perder”, no titubeó Pichetto al micrófono.

MC/JJD

El Gobierno confirmó que habrá un “ajuste mayor” hacia las provincias a partir de la exclusión del capítulo fiscal de la ley 'Bases' que se discute en el Congreso.

Así lo indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló además en conferencia de prensa que “dentro del paquete fiscal también se retiran las facultades delegadas en materia fiscal y previsional”.

Asimismo, confirmó que el Gobierno también retiró el proyecto que establecía modificaciones en el impuesto a las Ganancias. “Había algunas dudas sobre lo que iba a pasar con la ley de ingresos personales, lo que se conoce popularmente como la nueva ley de Ganancias. También se retira del debate. Está dentro del paquete de modificaciones en el área económica”, informó Adorni. Y agregó: “El ajuste continuará en las partidas que convengamos pertinente y se ajustará todo lo que se tenga que ajustar”.

“Vamos a ajustar partidas que no estaban contempladas y que entendíamos que no era la mejor alternativa, pero estaba dentro las opciones que teníamos para actuar. Nuestro norte es el déficit cero, que tiene el sentido de terminar definitivamente con la inflación en la Argentina”, sostuvo el portavoz.

En otro orden, sostuvo que si el incendio en el Parque Nacional Los Alerces “termina derivando en una investigación que indique que fue intencional, los responsables tendrán que estar tras las rejas o extraditados, en el caso de corresponder”.

Adorni reiteró que el Gobierno no convalida “ni ocupaciones ilegales, ni ataques terroristas ni ninguna situación por fuera de la ley”.

Con información de agencias.

IG