En medio de un enorme espacio verde, un muro de concreto. La Universidad Nacional de Cuyo es el mayor centro de educación superior de Mendoza. Tiene 12 facultades, tres institutos y siete escuelas. Recientemente quedó posicionada como la segunda más sustentable del país por QS World University Rankings. La caracteriza, entre otras cosas, estar ubicada dentro del Parque General San Martín, lo que hace que su campus esté plagado de naturaleza. Hasta ahora, que se puso en marcha la construcción de un muro de cemento de mil metros al mejor “estilo Trump” con la frontera con México o el más reciente ejemplo local: el alambrado de Patricia Bullrich en la frontera de Salta con Bolivia. La pared, que ocupa un cuarto de todo el perímetro de la casa de altos estudios, ya desató críticas en la provincia.

Arquitectos reclaman por el tipo de construcción y su impacto en la urbanización. Científicos alertan sobre el daño ambiental que implica la obra y advierten sobre cuánto puede aumentar la temperatura de la zona. Docentes murmuran por lo bajo que pasaron un año con pocos y magros aumentos por falta de presupuesto, aunque el trabajo que se despliega es millonario. Y vecinos acusan discriminación y criminalización de sus barrios a la vez que señalan el impacto negativo que tiene para sus vidas esta muralla. Detrás de todo hay un problema transversal: la inseguridad.

El muro separará a la UNCuyo de las vivendas ubicadas al norte y al oeste de la ciudad capital. Son casas de los barrios Flores y Olivares, con atrasos en su urbanización y graves problemas habitacionales. “El barrio Flores era antes zona roja, nadie quería entrar. Llamabas a un flete y te decía 'no, ahí no voy'”, dijo a elDiarioAR Juana, una ciudadana boliviana que vive en el lugar desde hace 30 años y encabeza labores solidarias para sus vecinos como juntar ropa o preparar algunas meriendas y comidas en su propia casa.

“Nosotros quedaríamos encerrados, sin poder pasar. Nos sentimos discriminados. La verdad es que es muy triste. A veces nos sentamos en el pastito a tomar mates o a jugar con los chicos, nos gusta salir ahí. Muchos del barrio también van a la universidad. Entonces para ir tendríamos que dar la vuelta y se hace más difícil. Además, a nosotros también nos roban. No podemos dejar la casa sola ni nada afuera, pero vienen a robar de otros lados. Aprovechan que se dice que acá es inseguro para venir a robar de otras partes”, contó visiblemente apenada.

Juana describió que “la mayoría” de sus vecinos “no estaba de acuerdo” con que se hiciera el muro, pero que no hubo expresiones en contra ni protestas porque “el barrio esta en su segunda etapa de urbanización” donde está previsto que se instalen luminarias, por ejemplo. Temen que si hay reclamos, las obras se frenen. “No hicimos nada porque estamos esperando”, agregó aunque ya está confirmada una reunión vecinal para la próxima semana.

Federica Schervosky, docente e investigadora de la facultad de Filosofía, reflexionó: “En términos sociales me parece problemático porque es un muro ciego que implica un proceso de segregación, separación y distanciamiento que, como señal de la universidad, es muy fuerte. Simbólicamente me resulta muy duro. Por otro lado creo que si como universidad lo único que podemos generar como respuesta es eso, tenemos bastante poco para ofrecer a la sociedad”.

El muro

La Universidad Nacional de Cuyo anunció la obra en octubre del año pasado. A través de un comunicado dijo que “el objetivo principal de este cierre es garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, así como controlar el acceso al campus universitario”. Y aclaró que fue diseñado “con criterios de alta durabilidad y adaptabilidad, utilizando materiales que aseguran tanto resistencia estructural como una estética acorde al entorno”.

Según la planificación, el cierre se haría con “placas de hormigón preelaborado, fabricadas en una planta especializada y luego transportadas para su montaje”. Asimismo, su instalación sería “sobre fundaciones de hormigón armado de alta resistencia, garantizando una estructura estable y duradera”. Para la realización se contemplaban tres etapas “priorizando los sectores con mayores problemas de seguridad”.

La obra fue adjudicada a la firma PREAR PRETENSADOS ARGENTINA S.A., que firmó el contrato el 2 de octubre de 2024, y el presupuesto contemplaba una inversión de 590 millones de pesos.

“Con el cierre perimetral, se espera reducir el acceso no autorizado y mejorar la vigilancia en áreas estratégicas del campus, lo que proporcionará un ambiente más seguro para estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo”, justificaron desde la casa de estudios cuando anunciaron el trabajo. Detrás de la decisión hubo como detonante una serie de seis hechos delictivos con el uso de armas blancas, dijeron desde la Universidad a este medio.

Asimismo, en los fundamentos originales del proyecto, afirmaron que “la implementación de un cierre perimetral modular y ampliable asegura que el campus pueda adaptarse a futuras expansiones o cambios en su infraestructura sin comprometer la estética ni la funcionalidad del espacio”. Pero todos los argumentos fueron rebatidos por distintos agentes sociales. El muro puede alterar la temperatura del ambiente, tapa el paisaje cordillerano y segrega a vecinos de barrios aledaños.

Polémica, inhabilitación y puesta en pausa

Apenas la gente comenzó a ver el muro lo compartió en redes sociales y habilitó la discusión sobre la instalación. Esto trascendió a los medios y, de este modo, la municipalidad de Mendoza advirtió que los papeles para tal ejecución no estaban en orden. La obra se interrumpió. Aunque se espera que se reanude en las próximas horas no hay certezas de que lo que se hizo hasta el momento sea correcto y puede suceder que la universidad deba dar marcha atrás o replantear lo que está haciendo.

“Cualquier obra que se tiene que realizar en cualquier jurisdicción tiene que pasar por una aprobación municipal. No importa si es de la universidad o si es del gobierno provincial. Cualquiera que haga un muro de esas características tiene que abrir un expediente y presentar la documentación en el municipio. A la universidad se le ha pasado esa formalidad. Cuando se hizo la inspección y se constató que no había nada, se les intimó a presentarla, entonces se pidió que se paralice la obra”, dijo a elDiarioAR un vocero municipal.

Esto es, fundamentalmente, para saber que “todo está acorde a la normativa con el código de edificación”. “Si hay algo que corregir, porque ya empezaron la obra, se tendrá que corregir”, agregó la fuente consultada, y aclaró que la pausa no corresponde a “una cuestión de oposición, ni ideológica ni institucional, entre el municipio y la universidad” sino que se trata “solamente de una cuestión administrativa de cumplimiento de la normativa”.

A consecuencia de esto, desde la universidad llamaron a una reunión de último momento este jueves. Se resolvió no volver a dar declaraciones a la prensa aunque se emitió un comunicado en el que señalaron: “La integridad física de las personas que integran la comunidad de la UNCuyo, así como de aquellos que transitan por su campus, es prioritaria”. Y agregaron: “La obra se encuentra momentáneamente demorada preventivamente hasta tanto se resuelva un pedido de suspensión de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza”.

Las críticas

Un grupo de arquitectos y científicos del Conicet fue el primero en levantar la mano y alertar sobre las implicancias de la construcción. A través de una nota enviada a la rectoría universitaria señaló su preocupación y ofreció colaboración para pensar alternativas más amigables con el entorno y los valores universitarios.

“La elevación de un muro perimetral ciego (...) colisiona fuertemente con el planteamiento urbano-arquitectónico del Centro Universitario. (...) La muralla en construcción terminará confinando y escindiendo a la UNCuyo del tejido urbano y territorial”, alertó.

“Además, esta muralla deja afuera las 32 hectáreas aproximadas que se encuentran en litigio con Dalvian —un barrio cerrado lindero—, lo que pareciera indicar que la UNCuyo estaría resignando sus derechos de propiedad sobre esas tierras ocupadas”, lanzó.

El aspecto ambiental no es menor, de hecho es uno de los que más preocupa a la opinión pública: “Este muro de paneles de hormigón en sus caras al norte y al oeste produce una acumulación energética que particularmente en verano puede alcanzar una temperatura superior a los 80º, incrementando la isla de calor urbana que, en contextos de cambio climático, adquiere ribetes de mayor dramatismo”, apuntó el reclamo científico. Aunque con la obra paralizada, parte del muro sigue en pie, tanto o más como la polémica que despertó en Mendoza.

MM/MC

Las modificaciones a la Ley de Glaciares continúan inamovibles para el gobierno de Javier Milei. Este miércoles, el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados confirmó que el Ejecutivo decidió eliminar los cambios en la Ley de Bosques, que pretendían retrotraer el presupuesto para la protección de los bosques nativos a los montos de 2023, entre otros cambios. Sin embargo, no se oficializaron cambios en otras leyes ambientales como la ley de manejo del fuego y la Ley de Glaciares.

Los miembros del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo, estudiosos de los glaciares y el ambiente periglacial de los Andes, enviaron una carta a los diputados para rechazar los cambios propuestos por el gobierno de Milei y explicaron por qué sostienen que las modificaciones que pretende el Ejecutivo son “imprecisas e inconsistentes”.

Los cambios a la Ley de Glaciares son uno de los puntos más criticados a la ley ómnibus por parte de los expertos y organizaciones ambientalistas, ya que se trata de una modificación hecha a medidas de las mineras, que buscan desde hace años avanzar sobre los glaciares y zonas periglaciares.

¿Por qué deben ser protegidos?

Los científicos explicaron que la ley vigente establece que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos que deben ser preservados como reservas estratégicas de agua para el beneficio actual y futuro de la población argentina. 

Reservas que deben ser protegidas en el contexto del Cambio Climático -cuya existencia es negada por Milei- y sus efectos en la disminución en los caudales de los ríos, la reducción en el tamaño de los glaciares y la degradación del permafrost de montaña. El resultado es la pérdida sustancial de reservas hídricas estratégicas para el territorio que afecta el ciclo hidrológico de las cuencas andinas y que puede impactar negativamente a muchas poblaciones y ecosistemas que dependen del agua proveniente de los Andes, afirmaron. 

Además, que estas reducciones en los glaciares y la pérdida de reservas hídricas traen aparejado un aumento de riesgos aluvionales y de otros procesos de remoción en masa. “Las proyecciones climáticas para las próximas décadas indican que estas tendencias continuarán o incluso en algunos casos se incrementarán”, aseguraron los científicos.

Sostuvieron, además, que las modificaciones propuestas “son imprecisas e inconsistentes, desvirtúan el espíritu de la ley 26.639, y no se sustentan en los últimos avances del conocimiento científico sobre los glaciares, el ambiente periglacial y el ciclo hidrológico de los Andes”.

“Esta riqueza en reservas hídricas constituye un patrimonio de toda la Argentina que debe regirse y manejarse mediante criterios de conservación uniformes en todo el territorio nacional”, aseguraron. 

Los científicos advirtieron: “Está demostrado que el deterioro del ambiente y de sus funciones ecosistémicas acarrea una gran cantidad de impactos negativos, genera mayores desigualdades económicas, y disminuye la calidad de vida de las personas”. 

“La Ley de Glaciares fue producto de un importante debate social, y contó con el asesoramiento científico de expertos en la materia. Fue aprobada dos veces en el Congreso de la Nación (2008 y 2010) y su carácter constitucional fue ratificado en 2019 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, recordaron. 

¿Qué quiere cambiar el Gobierno?

“Las modificaciones propuestas en el nuevo proyecto de ley restringen de forma sustancial la superficie bajo protección, excluyendo una enorme cantidad de cuerpos de hielo e ignorando el rol ecosistémico de los glaciares y el ambiente periglacial”, explicaron los científicos.

Los expertos afirmaron que la ley ómnibus no explicita las características o requisitos que deben tener los glaciares descubiertos y cubiertos, pauta central para entrar dentro de la categoría de protegidos. 

Se excluyen además a los manchones de nieve perennes o los glaciaretes, que son junto con los glaciares de escombros, los tipos de cuerpo de hielo más numerosos en los Andes argentinos, aseguraron. “En extensas regiones semiáridas de Cuyo y el noroeste argentino, estos elementos constituyen importantes fuentes de agua para las poblaciones aledañas”, afirmaron.

En la carta, sostienen que el proyecto del Ejecutivo sólo propone proteger a uno de sus elementos característicos, los glaciares de escombros “activos”, dejando afuera al resto de los cuerpos de hielo que conforman este ambiente periglaciar.

¿Cuáles son los requisitos que busca imponer el Ejecutivo para la protección?

Requisito: inventario

El proyecto de ley ómnibus sostiene además que “los glaciares de roca o escombros activos en el ambiente periglacial” deben cumplir una serie de requisitos “imprecisos y/o arbitrarios que desvirtúan el espíritu de la Ley 26.639”, la cual fue concebida para proteger las reservas estratégicas de agua en estado sólido para la población argentina. 

Según la nueva propuesta, para estar protegidos por ley, los cuerpos de hielo deben estar incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares. 

Sin embargo, los científicos explicaron que los inventarios de glaciares son herramientas técnicas, perfectibles, dinámicas y, por ello, en la ley actual se obliga a que el inventario sea actualizado cada 5 años. Es decir, que ese inventario va variando, en base a los conocimientos y técnicas de detección y mapeo que se desarrollan. 

“Que un cuerpo de hielo no haya sido incluido en el inventario por razones técnicas o metodológicas específicas no significa que no sea una reserva estratégica de agua que tiene que ser protegido por la ley para el beneficio actual y futuro de la población argentina”, añadieron.

Esta riqueza en reservas hídricas constituye un patrimonio de toda la Argentina que debe regirse y manejarse mediante criterios de conservación uniformes en todo el territorio nacional.

Requisito: perpetuidad

La ley ómnibus exige que el cuerpo de hielo debe contar con una perennidad continua de dos años para ser protegido. Eso puede traer aparejado confusiones e interpretaciones erróneas.

Requisito: dimensión

También exige que el cuerpo de hielo cuente con una dimensión igual o superior a una hectárea. “La superficie mínima responde a un criterio técnico cartográfico que no afecta a la condición de reserva de los cuerpos de hielo menores a una hectárea, los cuales deben ser considerados en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental contemplados por la Ley actual”, aseguraron los científicos.

Requisito: función hídrica

Otro punto que consideran impreciso y arbitrario es que exige que el cuerpo de hielo tenga “una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas”. Pero los expertos aseguran que esa frase de la ley ómnibus no es clara y puede dar lugar a diferentes interpretaciones. 

“¿Qué significa ”efectiva y relevante“? ¿Quién define que sea ”efectiva y relevante“? ¿Qué sucede si no es posible determinar cuantitativamente cuál es el aporte hídrico de un cuerpo de hielo (por ejemplo, porque el escurrimiento se infiltra completamente y no es posible medir el caudal que genera)?”, se preguntaron. 

Los cuerpos de hielo son reservas de agua y el ambiente periglacial es una zona de recarga de las cuencas, explicaron los científicos. “La cantidad y periodicidad con la que pueden entregar agua a la cuenca no sólo depende de su contenido de hielo, sino también de las condiciones climáticas externas y del balance de calor interno”. Además, sostuvieron, para definir la relevancia hídrica es clave tener en cuenta el contexto geográfico y otros elementos como la extensión de la cuenca, los puntos de medición disponibles, la duración de las mediciones, entre otros. 

La ley ómnibus “ofrece una visión sesgada del rol hídrico del ambiente periglacial y puede subestimar la cantidad de hielo subterráneo presente en una cuenca”, alertaron.

ED/JJD