El Gobierno nacional disolvió tres fondos fiduciarios tras denunciar que las en las auditorías se hhalaron irregularidades en el manejo de los fondos y el incumplimiento de objetivos.

Se trata del “Programa De Desarrollo Rural y Agricultura Familiar” (PRODAF), el “Fondo Fiduciario Del Servicio Universal” (FFSU) y el “Fondo Fiduciario Para La Vivienda Social”.

Lo hizo a través del decreto 6/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La decisión se fundamenta en la necesidad de reestructurar la administración pública y optimizar la gestión de los recursos del Estado.

Entre los considerandos se indica que la Sindicatura General de La Nación (SIGEN) realizó las auditorías correspondientes y detectó irregularidades en su funcionamiento.

“Con estos cierres, ya son 18 los fondos fiduciarios disueltos por tener deficiencias identificadas en la gestión de sus instrumentos financieros y por debilidades para velar por un uso transparente”, señaló el Gobierno en un parte de prensa.

El Fondo Fiduciario para la Vivienda Social había sido creado en el año 2017 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, como “Casa Propia” y “Reconstruir”.

“Este instrumento fue utilizado con finalidades políticas y clientelisticas, y había evidenciado irregularidades e incumplimientos”, indicó el parte oficial.

En esta línea, “las auditorias efectuadas por la SIGEN pusieron en relieve entre las principales deficiencias irregularidades en los proyectos financiados; falta de rendición de cuentas; obras rescindidas sin que los fondos desembolsados hayan sido reintegrados al Estado Nacional, entre otros”.

En tanto, el FFSU había sido creado por la Ley N° 27.078 y se nutría de aportes de los licenciatarios de servicios TIC (servicios de tecnologías de la información y la comunicación), con servicios pagados por los usuarios.

“Su finalidad apuntaba a favorecer un acceso más universal a las tecnologías de la información. Sin embargo, el instrumento evidenció múltiples deficiencias en su gestión corroboradas por los informes de la SIGEN”, añadieron

El Ministerio de Economía subrayó que “entre las principales falencias se encontraban la falta de un plan estratégico para direccionar inversiones acordes a los objetivos; la ejecución de programas sin prórroga formal y proyectos aprobados sin cumplir requisitos claros; pérdidas de poder adquisitivo en las inversiones, etcétera”.

“Estos motivos evidenciaron que el FFSU no cumplió con su finalidad y que su disolución permitirá mejorar la administración de los recursos públicos asignados al acceso universal de tecnologías, asegurando mayor transparencia y eficiencia”, agregó.

En tanto, el PRODAF había sido creado por el artículo 74 de la Ley N° 26.895 con el objetivo de mejorar los ingresos de pequeños y medianos productores mediante el aumento de productividad y competitividad, con la incorporación de nuevas tecnologías, asistencia técnica, capacitación y facilitación del acceso al crédito.

“En este caso, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, como Autoridad de Aplicación del Programa, ha informado que el Fondo cumplió su propósito y que desde 2020 no se han registrado desembolsos, confirmando que su ejecución ha finalizado, motivo por el cual se propuso su disolución”, precisó Economía.

Qué era el PRODAF

Era el programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar que tenía como objetivo “aumentar los ingresos de los pequeños y medianos productores, a través del incremento de su productividad y competitividad. Para este fin, el Programa apoyó la incorporación de nuevas tecnologías y ofreció asistencia técnica y capacitación en materias de tecnologías, en acceso al financiamiento y en gestión asociativa y comercial”.

Para ello, se planteaba como estrategias:

Qué dijo Sturzenegger

Sobre el Decreto que elimina “Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el ”Fondo Fiduciario del Servicio Universal“, y el ”Fondo Fiduciario para la Vivienda Social“, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo a través de sus redes sociales que se trata de un ”avance hacia un gasto público más eficiente y más transparente“.

“Del primero (Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar - PRODAF), no se reportan beneficios evidentes. El segundo (Fondo Fiduciario del Servicio Universal) por los extraordinarios cambios en cobertura que requieren un rediseño integral de los programas para dar servicio universal (por ejemplo el despliegue de la tecnología satélite a teléfono haría obsoleto el objeto porque la cobertura territorial sería absoluta), y el tercero (Fondo Fiduciario para la Vivienda Social) porque el gobierno se retira de la actividad de construcción de viviendas, una actividad más apropiada al sector privado (máxima en una economía con una macro ordenada), además de por problemas de rendición (un eufemismo para la palabra corrupción)”, detalló el funcionario.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno dispuso el cierre de otros cinco fondos fiduciarios tras detectar debilidades en una auditoría, aduciendo mal uso de recursos, falta de controles y resultados, mediante el Decreto 1048/24 publicado este martes en el Boletín Oficial.

La decisión comprende al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).

El Ministerio de Economía avanzó con la medida, en el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, considerando que los cinco fondos “registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, en base a un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

En este sentido, remarcó que eran necesarias las disoluciones “con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales”.

Los argumentos que dio el Gobierno para dar de baja los fondos 

El FONDCE se dio de baja ya que en la auditoría se reveló que “tiene debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”, según se expresó en el texto oficial.

Desde Economía recordaron que había sido creado en 2017 con el propósito de financiar emprendimientos, utilizando recursos anuales asignados a través del Presupuesto Nacional o por otras leyes y señalaron que “si bien partió de una finalidad que podía considerarse loable, su implementación ha mostrado serias deficiencias y una progresiva desvinculación de los resultados esperados con el financiamiento comprometido”.

Al respecto, indicaron que “uno de los principales problemas radica en el alto nivel de morosidad de las convocatorias reembolsables”, precisando que “al 31 de diciembre de 2023, la morosidad alcanzaba los $70 millones y el 58% de los deudores no había abonado ninguna cuota”.

Sobre este aspecto, la cartera económica puntualizó que “este incumplimiento por parte de los beneficiarios comprometía la estabilidad financiera del Fondo y la correcta asignación de los recursos fiduciarios”. 

En cuanto al Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, desde el Palacio de Hacienda precisaron que “se debió a que los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas” y revelaron que “la SIGEN detectó en su auditoría que las bases de datos no estaban actualizadas y sus registros no tenían soporte confiable, lo cual impedía determinar un universo confiable de deudores y la situación vigente”.

Por otra parte, también se cerró el PROINE, que había sido creado en 2020 dentro de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, con el objetivo de invertir en sectores estratégicos para fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico. 

Economía, fundamentó la eliminación expresando que “tras 4 años desde su creación, no se registraron ingresos de bienes fideicomitidos y tampoco se realizaron operaciones fiduciarias”. De esta manera, el Decreto consideró que “ante la falta de funcionamiento, no hay motivos que justifiquen su permanencia”.

Por “múltiples falencias”, el Gobierno también eliminó el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que tenía el objetivo de administrar los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos. 

Desde la cartera que conduce Luis Caputo, explicaron que entre las irregularidades “se encuentran los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos”.

Ante la disolución del Fondo, aclararon que el Ejecutivo “mantendrá los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364, y por tanto dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, mediante las acciones a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley”.

Las disoluciones se completaron con el cierre del PROICSA, que había sido creado en 2012 para promover la competitividad de la industria azucarera del NOA. Este programa contó con la participación del BICE y CAF, cuyo financiamiento concluyó en septiembre de 2020. 

En relación al citado Fondo, se consideró que “luego de haber funcionado durante más de una década para atender las acciones que fueron valoradas en su origen, y dado que el financiamiento de la CAF fue agotado hace 4 años, resultó conveniente disolver este Fondo, ahorrando costos y pasando su administración al Ministerio de Economía”.

Además, desde el Palacio de Hacienda remarcaron que “en este caso, se repiten las graves falencias observadas en otros Fondos como ausencia de controles y rendiciones de cuentas que impiden verificar resultados acordes a los objetivos comprometidos” y señalaron que “también, se mantenía una administración costosa y una discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados”.

Con información de NA.

IG

Octavio Pérez Pardo, director de Bosques de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, presentó su renuncia en respuesta a la eliminación total de los fondos destinados a la protección de bosques nativos, una decisión tomada por el Gobierno nacional a través del decreto 888/2024.

En una carta dirigida a su equipo, Pérez Pardo expresó que la medida va en el sentido contrario de potenciar la Ley de Bosques.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, no solo elimina el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), creado para financiar acciones de conservación en el marco del Acuerdo de París, sino que también afecta al Fondo Nacional de Emergencias y al Fondo Fiduciario Progresar.

Esta decisión, impulsada por el Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, se enmarca en las facultades que otorga la Ley de Bases, que permite la modificación o disolución de fondos fiduciarios públicos.

Pérez Pardo, además de manifestar su desacuerdo con la eliminación del FOBOSQUE, afirmó que su desvinculación del cargo visibliza la creciente tensión entre las políticas ambientales y las prioridades económicas del Gobierno.

DM

El Ministerio de Economía determinó el cierre de tres fondos fiduciarios que, según indicaron desde el Gobierno, evidenciaron ineficiencias en su implementación. Se trata del Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario Progresar y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

El Fondo Nacional de Emergencias tenía el objetivo de financiar acciones de respuesta ante determinadas emergencias que afectaran al país. Sin embargo, este fondo nunca llegó a ponerse operativo ni contó con presupuesto asignado. Así, quedó reducido a una enunciación carente de implementación práctica.

Por su parte, el Fondo Fiduciario Progresar fue creado para financiar acciones del “Programa de respaldo a estudiantes argentinos”, en el ámbito del Ministerio de Educación. Pero, al igual que el Fondo Nacional de Emergencias, nunca llegó a implementarse. Afecta a 1.700.000 estudiantes.

Finalmente, el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos fue creado para financiar medidas de protección de los bosques. Sin embargo, la auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) puso en evidencia debilidades en los registros, mostrando un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones, así como también la inexistencia de indicadores claros sobre la gestión realizada.

Desde el Gobierno explicaron que, dadas las disposiciones contenidas en la Ley de Bases y los objetivos perseguidos por el Gobierno Nacional, el cierre de estos fondos conlleva principios de ordenamiento en la gestión gubernamental y el resguardo de una mejor administración de los recursos públicos.

Qué dijo Sturzenegger

Este martes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado dio detalles en redes sociales: “Hoy por Decreto 888/24, en base a las atribuciones otorgadas por el Art. 5o por la Ley Bases 27.742, el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo avanzaron en el proceso de ordenamiento de la administración pública mediante el cierre de tres fondos fiduciarios”.

Para el funcionario, “los fondos fiduciarios son una suerte de 'caja', con recursos pre-asignados a un fin específico y cuentan, a su vez, con mayor agilidad de contrataciones. Parecen objetivos loables, ¿no?, sobre todo para la atención a emergencias; pero ambos conceptos encierran el germen de una mala administración”.

Y explica: “La asignación de los recursos para gastos específicos garantiza un mal uso de los mismos, porque no permite ponderar en cada momento el beneficio de un gasto frente al beneficio que lograría en otro uso. (Imaginemos un terremoto y no poder transferir las partidas de turismo, por ejemplo, a la ayuda a los damnificados)”.

Sturzenegger sostiene que la “agilidad del gasto” es “un arma de doble filo; puede servir para ser eficientes, pero también para la corrupción. Recuerdo, al comienzo de la gestión, al ministro Guillermo Francos lamentarse porque los fondos del fondo fiduciario que necesitaba para combatir unos incendios en Chubut habían sido dilapidados por la administración de Fernández-Massa para sostener a Télam. Otros fondos que supuestamente estaban asignados a la inversión en infraestructura habían desaparecido financiando créditos blandos para tratar de estimular la campaña electoral de Sergio Massa. Los fondos fiduciarios que se cierran con el Decreto 888/24, o no se habían puesto en marcha o habían mostrado graves irregularidades en su funcionamiento”, remarcó.

Asimismo, el ministro asegura que los objetivos que motivaron la creación de estos fondos “se seguirán impulsando en la medida que el Congreso de la Nación así lo determine en el presupuesto nacional, que es la única fuente de validación de gastos en una sana administración pública”.

Además, apunta que el decreto publicado este martes en el Boletín Oficial “nos acerca a una gestión más racional y transparente de los recursos de los contribuyentes, paso fundamental para una macro más ordenada y una sociedad con menos corrupción”.

Con información de agencias.

IG

El gobierno de Javier Milei eliminó los fondos fiduciarios con la excusa de que son un “curro”, “cajas de la política” o de la “casta”. Se trata de fondos creados por ley con una asignación específica, que están afuera del control del Tesoro, con cuestionamientos sobre su rendición de cuentas, pero que cumplen funciones vitales para subsidiar el colectivo, el tren, la garrafa y el gas natural en zonas frías y para facilitar el acceso a la vivienda social, a la casa propia de la clase media vía plan Procrear, a la conexión a Internet en regiones remotas a las que no van las empresas privadas y obras contra las inundaciones. Con sus habituales clichés contra los políticos, Milei busca seguir aplicando un ajuste brutal contra los que menos tienen.

Los principales fondos son: el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte, que en principio iba a fomentar las obras viales pero terminó sirviendo para subvencionar los boletos de colectivos y trenes; el Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (GLP), es decir, la garrafa, que favorece a los que menos tienen, habitantes de villas, asentamientos y de zonas del país sin gas natural (por tubería) como el noreste (NEA); Fondo Fiduciario Subsidios Consumo Residenciales de Gas, que ayuda a la Patagonia, la Puna o el departamento Malargüe, en Mendoza; el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, que construye casas en barrios precarios; y el Fondo Fiduciario Régimen de Regularización Dominial Integración Socio Urbana, que contribuye a la urbanización de villas. Los subsidios y las obras se concretan, aunque puede haber curros como en otros gastos del Estado. La diferencia radicaba en que los gobiernos no podían cambiar la asignación de los recursos a otros gastos, tal como lo advierte un informe que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) publicó a principios de 2023.

“Frente a los problemas de escasez de recursos y por la necesidad de contar con mayor flexibilidad en la gestión financiera, el Estado Nacional, ya sea por su propia decisión o por la del Congreso, ha cedido parte de su recaudación o transferido fondos del Presupuesto Nacional para afectarlas al cumplimiento de fines específicos, profundizando la rigidez presupuestaria en el manejo de sus recursos y disminuyendo el espacio fiscal para financiar otras políticas”, explicó la OPC en su documento. “Se deberían contemplar mecanismos que confieran mayor flexibilidad en la ejecución presupuestaria”, aconsejó el organismo cuando lo dirigía Marcos Makón. También se advirtió. sobre su opacidad a la hora de rendir cuentas, a diferencia de los recursos que maneja cada ministerio en la administración central del Estado: “La importancia económica y presupuestaria que tiene este sector institucional amerita realizar los esfuerzos necesarios para incrementar la transparencia y comprensión del destino de los recursos presupuestarios asignados.

Pero una cosa es mejorar la transparencia y flexibilizar el destino de los recursos que tienen asignación específica y otra dejar de financiar las obras y los subsidios que se venían materializando. De los 28 fondos fiduciarios existentes, el periodo en el que más se crearon fue en el gobierno de Mauricio Macri:

En el gobierno de Alberto Fernández se crearon el Fondo Nacional para el Manejo del Fuego, el Fondo para la Promoción de la Economía del Conocimiento y el Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. Entre los fondos a los que más recursos giró desde la administración nacional aparecen el Procrear, el del subsidio al transporte público, el FONDEP, el de vivienda social y el de infraestructura hídrica, para combatir los impactos de las inundaciones.

“Muchos son simplemente fondos que no tienen mayores objetivos que el de financiar transferencias”, se refiere el exviceministro de Economía del gobierno anterior Fernando Morra a giros a provincias, municipios, individuos y empresas. “Hay un tema que es la capacidad del Ejecutivo de controlar el presupuesto y sus objetivos, que es importante. Si tenés descentralizado y fuera de tu órbita un montón de cosas, el presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN) no sirve para nada. Eso tiene que ver con la afectacion de los recursos. Te atas las manos. Yo estoy de acuerdo en que tendrías que ir en la dirección de darle menos incidencia a la afectación especifica: eliminar la afectación y ejecutar desde el Tesoro, no desde los fondos fiduciarios, pero eso tiene que ser gradual y no necesariamente tiene que ver con cerrar la función de los fondos. Tengo la impresión de que se hace porque se quiere recortar funciones. No es que no querés que los fondos estén afuera de la APN. Es que no querés que haya, por ejemplo, subsidios al transporte. Y esa es otra discusión diferente. Para el Presidente, todo lo publico es una estafa. Lo que quiere es cerrar el Estado. Arranca por los fondos fiduciarios. No porque quiera que el gobierno nacional sea más fuerte sino porque lo quiere más chico”, advierte Morra.

El diputado y economista radical Martín Tetaz también opina: “No estoy de acuerdo con la figura de los fondos fiduciarios, ni con las asignaciones específicas, porque son prácticas que ensucian y hacen mas rígido el presupuesto. Lo ideal es que llegue una nueva ley de presupuesto donde se reasignen las partidas de cada uno de esos fondos, en el caso en que continúe la política pública y se restituyan los fondos acumulados y no ejecutados a rentas generales. Si no, sigue la política. Hay una confusión entre la partida presupuestaria y la institución que la gestiona, que es el fondo fiduciario. Son dos cosas distintas. Vos podés eliminar la partida, bajás el subsidio, sin cerrar la burocracia que la administra, por ejemplo el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior, que administraba 15 fondos). O podés cerrar la burocracia sin eliminar la partida y la partida pasa a gestionarla el ministerio respectivo. O podés eliminar las dos cosas. Obviamente, el monto significativo no es la burocracia, el fondo fiduciario en sí, sino la partida que financia la política concreta”.

El economista Rafael Flores, experto en presupuesto, también matiza: “Los fondos fiduciarios no están mal en sí. Lo que buscan es tener una disponibilidad de dinero para un fin muy específico y que no se pueda usar para otra cosa. El gran problema que tienen es la falta de transparencia: no se sabe en qué gastan, qué compran, a quién, quiénes trabajan allí, salvo los cargos más importantes. Hay una opacidad enorme, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de plata que se maneja (2% del PBI, según el Gobierno). Hay fondos con mucha plata y otros con poca, como el de la actividad ovina. En la medida en que sean más transparentes, uno puede discutir si es mucho o poco lo que se gasta en cada fondo. Pero ahora se plantea su eliminación total, sin tener en cuenta todo lo que hay detrás”.

AR/MG