Este lunes, confirmaron el cese de la prisión preventiva para los dos hombres detenidos por compartir en redes sociales posteos sobre el exgobernador de Jujuy Gerardo Morales y su esposa. Nahuel Morandini y Roque Villegas estuvieron 60 días presos en un penal penal de la capital provincial.

Ambos fueron detenidos entre el 4 y 5 de enero pasado por replicar a fines de diciembre versiones que rumores que circularon sobre una presunta infidelidad de la esposa del extitular de la Unión Cívica Radical. Según habían argumentado desde la Justicia local, las versiones compartidas también ponían en duda la identidad de la hija del matrimonio menor de 10 años, un delito penado por el artículo 139 del Código Penal de la Nación.

Por tal acusación, Morandini y Villegas podían enfrentar entre dos y seis años de reclusión. Sin embargo, hoy, conforme la denuncia por la privación de la libertad, adquirió notoriedad a nivel nacional, se resolvió el cese de su detención.

Ya el presidente Javier Milei había expresado, a través del vocero Manuel Adorni, su “preocupación” por la detención de estas dos personas por hacer “uso de la libertad de expresión” para compartir posteos en redes sociales.

Luego de que se diera a conocer la decisión judicial, Lucía Castro Olivera, esposa de Morandini, confirmó que ahora buscarán avanzar para el sobreseimiento de los acusados. “Es lo que debe suceder en esta causa escandalosa que intentaron armar para disciplinar a todos los jujeños y jujeñas”, expresó.

Según consideró, tanto su marido como Villegas, padecieron “una detención totalmente ilegal” y advirtió que el Gobierno jujeño pretendía que continúen encarcelados más tiempo. “(Debido) al conocimiento público que tomó el caso, accedieron al cese de prisión preventiva, pero siguen con la intención de condenarlos por delitos graves, aunque claramente no se le puede atribuir las acusaciones por haber compartido posteos en redes sociales”, explicó.

Lo cierto es que la fiscalía quiere avanzar con el requerimiento de juicio oral contra los dos hombres detenidos. Según indicaron, la imputación “no es por un simple tuiteo, sino que surge de la exportación de las redes sociales más de lo que se extrajo de teléfonos de los acusados”, lo que, a su criterio, constituye prueba suficiente para elevar la causa a juicio.

La Justicia jujeña también deberá abordar la situación de una tercera acusada, la arquitecta Lucía González, a quien el Gobierno provincial también le atribuye “el mismo delito por atentar contra el estado civil en la identidad de una persona menor de 10 años”.

“Estamos próximos a culminar la causa y antes del 20 de marzo estaríamos llegando a juicio en este proceso, el cual como tiene una pena mínima a 15 años se realiza con juez unipersonal”, detallaron.

Por el momento, Morandini y Villegas recuperarán su libertad y, desde que se conociera su situación a nivel nacional, cuentan con el apoyo de legisladores provinciales, nacionales, organismos de Derechos Humanos y diversas organizaciones civiles que repudiaron el accionar de la Justicia de Jujuy.

ACM con información de agencias.

JJD

Estamos en 2024. La mayoría de las personas tenemos Twitter o conocemos a alguien que tenga Twitter. Es usual que tanto nosotros como nuestros amigos o amigas usemos Twitter para comentar cuestiones políticas, a veces en serio y a veces en broma. Llegamos a casa y, después de un día de trabajo, nos tiramos en el sillón y vemos algún meme o algún comentario pintoresco, o quizás lo hacemos nosotros. Por esta conducta, tan extendida como banal, Nahuel Morandini está preso hace 40 días, al igual que Roque Villegas.

No puede ser, pensará quien nos lea, aquí debe haber algo más, nadie está preso por tuitear. Nahuel Morandini, docente universitario y padre de dos hijas pequeñas, sí. Todo lo que hizo fue publicar este mensaje el 26 de diciembre de 2023: “Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del exgobernador. Imposible aburrirse en kukuy”.

Diez días después de compartir ese mensaje, Tulia Snopek, la pareja del ex gobernador jujeño Gerardo Morales, presentó una denuncia contra Morandini. Al otro día, Morandini fue detenido y se le imputaron los delitos de lesiones leves contra Snopek y de supresión de la identidad respecto de la hija de dos años de Morales y Snopek.

A esta altura, usted se preguntará cómo un tuit puede lesionar a alguien y de dónde sale la supresión de la identidad a una persona que el tuit no nombra. Según el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, el tuit de Morandini derivó en una serie de publicaciones en distintas redes sociales que hacen alusión a un romance entre Snopek y el cantante del grupo los Tekis y que ponen en duda la paternidad de Morales sobre su hija. En cuanto a las lesiones, el mensaje de Morandini y los mensajes publicados por otras personas en otras redes sociales habrían provocado daños psicológicos en Snopek. Lo cierto es que Morandini no tiene vínculo alguno con quienes publicaron mensajes que sí refieren a la hija de Morales y Snopek, que su mensaje ni siquiera menciona a Morales y Snopek, y que, evidentemente, está escrito en un tono satírico.

En nuestro país, que sigue la jurisprudencia norteamericana, la libertad de expresión siempre fue considerada un baluarte democrático y fue ampliamente protegida. Esta protección es aún mayor cuando la expresión cuestionada se refiere a personajes públicos. Ya la difusión de noticias contra estas personas está protegida si se usa el potencial, cosa que aquí sucede (“Todo parece que es…"). Sin embargo, esto ni siquiera es una noticia, es un comentario humorístico, y ese tipo de comentarios tiene todavía mayor protección.

En un fallo reciente, la Corte Suprema recordó que al evaluar un mensaje siempre debe considerarse el medio en el que es emitido y el grado de agresividad discursiva del medio en cuestión. Lógicamente, no todo está permitido en Twitter (no puedo, por ejemplo, amenazar a alguien), pero es evidente que es una red social propensa a bromas subidas de tono y hasta a insultos. Para algunos, puede no ser moralmente agradable, pero es la dinámica en la que todos sus usuarios están inmersos. Otro punto relevante es que las lesiones al honor suelen ser tramitadas como reclamos dinerarios en juicios civiles, pero no hay antecedentes conocidos que las traten como lesiones y, menos, como supresión de la identidad en causas penales.

Pero la vulneración a la libertad de expresión no quedó en la imputación penal, sino que se extendió, debido a la orden del juez relativa a que los imputados, sus familias o incluso sus amigos se abstengan de “efectuar expresiones públicas por cualquier medio” que siquiera mencionen al exgobernador o a su familia. Además, ordenó borrar la cuenta de Morandini y sus publicaciones desde el 26 de diciembre hasta la fecha. En algunas de esas publicaciones, Morandini denunciaba la persecución que sufre. Esto, de acuerdo con normas constitucionales y de tratados internacionales de derechos humanos, es censura previa, y va contra la base misma de la libertad de expresión: poder cuestionar a quienes nos gobiernan.

Estamos, entonces, ante un caso tan excepcional como oscuro en nuestra historia democrática. Sin justificación legal alguna, la causa solo se explica como un ejercicio totalitario contra quienes molestan al poder. Una muestra es la prisión preventiva, que solo procede para evitar obstrucciones al proceso. En este caso, el fiscal la justificó como medio para que no se cometan nuevos delitos (es decir, que no se siga tuiteando). El mismo fiscal dejó entrever que podía llegar a existir una “pena máxima”: su razonamiento parece ser que cada tuit, aunque no los haya escrito Morandini, debe considerarse un delito independiente, por lo que si hubiera muchos tuits sus penas se sumarían y alcanzarían una condena muy elevada. Un ejemplo aún más concreto de la voluntad de mostrar qué le puede pasar a quien se meta con él es que en la causa se presentaron como parte, además del fiscal principal, una fiscalía especializada en violencia de género y una defensoría de niños, niñas y adolescentes. Hay, en total, seis dependencias que trabajan en la acusación contra Morandini.

El caso, claro, tramita con métodos y concepciones casi medievales. Las lesiones de Snopek surgen de un informe psicológico en el que la defensa de Morandini no pudo participar, a pesar de que la ley dice expresamente que, para ser válida, una pericia debe dar la posibilidad de intervenir a todas las partes. Además, a Morandini le impusieron asistencia psicológica obligatoria en la cárcel por violencia de género (todo por ese tuit). Pero, mientras el fiscal manda a otros a formarse en género, en las audiencias ha dicho que el daño a las víctimas era irreparable y se refirió a la virginidad existencial como el daño o la perdida a la que hacía referencia.

Tras más de un mes de detención arbitraria, los organismos de derechos humanos más importantes del país y la región (CELS, ANDHES, Amnistía Internacional) han informado del caso de Morandini a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. Otros actores de la sociedad civil, entre los que hay organizaciones como CONADU o Pensamiento Penal, y personas individuales de diferentes campos, han expresado su preocupación. Hasta ahora, el Poder Judicial de Jujuy es impermeable a todo esto. Morandini sigue preso, en la cárcel no lo dejan ver la luz del sol, la pobre alimentación que recibe le ha provocado cólicos renales y su familia no puede ni mencionar a Morales sin ser también imputada. Esta es, hoy, la democracia en Jujuy.

Los autores son abogados de Nahuel Morandini.

MA/EGA/CRM