Los trabajadores argentinos tienen desde esta semana un nuevo punto de apoyo internacional para discutir los límites al derecho de huelga que impuso la reforma laboral de Javier Milei. La Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de la ONU, sostuvo que el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones está protegido por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicalización. La decisión no salió de un organismo sindical ni de una declaración política: la emitió el tribunal judicial principal de Naciones Unidas.

La Corte respondió una consulta formal de la OIT, que en noviembre de 2023 pidió una opinión consultiva por una disputa interna “seria y persistente” entre sus sectores tripartitos —gobiernos, empleadores y trabajadores— sobre si el Convenio 87 protege o no el derecho a la huelga. La pregunta enviada a La Haya fue directa: si el derecho de huelga de trabajadores y organizaciones está protegido por el Convenio sobre libertad sindical de 1948.

La respuesta también fue directa, aunque no unánime. La Corte decidió por diez votos contra cuatro que el derecho de huelga está protegido bajo ese convenio. Antes, había resuelto por unanimidad que tenía competencia para emitir la opinión y que correspondía responder al pedido de la OIT. El dato jurídico más fuerte es ese: la huelga queda reconocida como parte de la libertad sindical en el marco normativo internacional del trabajo.

La opinión consultiva no funciona como una sentencia obligatoria contra un Estado concreto, pero tiene peso jurídico y político. Este tipo de opiniones no son legalmente vinculantes, aunque pueden influir sobre regulaciones laborales, estándares internacionales y acuerdos comerciales. El tratado de 1948 no menciona expresamente la palabra “huelga”, pero el tribunal entendió que la protección surge de las garantías de libertad sindical.

Ese punto importa para la Argentina porque el país ratificó el Convenio 87 el 18 de enero de 1960 y la OIT lo registra como vigente. La discusión, entonces, no queda afuera del derecho local ni como una referencia remota de organismos internacionales. El derecho a huelga que la Corte acaba de reconocer forma parte de un convenio internacional ratificado por la Argentina hace más de seis décadas.

El fallo llega tres meses después de que el gobierno de Milei lograra la aprobación de su reforma laboral, presentada como Ley de Modernización Laboral. Esa norma modificó el piso sobre el que se discuten jornadas, indemnizaciones, créditos laborales, derechos sindicales y condiciones de contratación. También avanzó sobre el derecho a huelga con una ampliación del listado de servicios esenciales y la creación de una nueva categoría de actividades de importancia trascendental.

La reforma laboral no deroga el derecho de huelga, pero lo restringe mediante servicios mínimos elevados, una lista ampliada de actividades esenciales y trascendentales, mayores exigencias de preaviso, sanciones por incumplimiento y límites al desarrollo de asambleas sindicales.

El cambio argentino obliga a garantizar al menos el 75% de prestación en los servicios considerados esenciales durante una huelga. El listado incluye salud, agua potable, electricidad, gas, control del tráfico aéreo, telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros y migratorios, y educación, con excepción de las universidades. Las fuerzas de seguridad deben asegurar el 100% del servicio.

La reforma también creó la categoría de servicios de importancia trascendental, con una cobertura mínima del 50%. Allí aparecen actividades que no son estrictamente vitales en el sentido clásico, pero que pesan sobre la economía y la circulación diaria: transporte de pasajeros y cargas, industria farmacéutica, bancos, agro, minería, siderurgia, construcción, medios de comunicación, comercio electrónico y hotelería, entre otras.

El efecto concreto es que una huelga puede quedar recortada antes de empezar. Si una actividad debe funcionar al 75%, el margen de interrupción real se vuelve mínimo. Si otra debe sostener el 50%, la medida de fuerza pierde una parte sustancial de su capacidad de presión. Una huelga sin capacidad de afectar la actividad normal de la empresa o del servicio pierde fuerza como herramienta colectiva de negociación.

La reforma de Milei también endureció el marco para asambleas, bloqueos y medidas dentro de los establecimientos. Según la información incorporada al debate legislativo y sindical, las asambleas no pueden afectar la actividad normal de la empresa y quedan bajo condiciones que favorecen el control patronal. Además, los bloqueos, tomas o impedimentos de ingreso y egreso de personas o mercaderías pueden ser considerados una grave injuria laboral, lo que habilita despidos con causa. Ese diseño desplaza el conflicto desde la negociación colectiva hacia la sanción disciplinaria.

El Gobierno defendió esos cambios como parte de una modernización orientada a dar previsibilidad a las empresas, reducir litigiosidad y favorecer el empleo formal. La lógica oficial es parecida a la que atraviesa toda la reforma: bajar costos, limitar incertidumbre empresaria y reducir el poder de los sindicatos sobre la organización del trabajo. Pero la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia introduce una advertencia de fondo: la huelga no es una concesión administrativa ni una molestia tolerada por el Estado, sino un derecho protegido dentro de la libertad sindical.

La discusión argentina, además, sigue abierta en los tribunales. La reforma laboral quedó vigente después de que la Justicia dejara sin efecto la cautelar que había suspendido 82 de sus 218 artículos, pero la cuestión de fondo sobre su constitucionalidad no quedó resuelta. En una nota previa de trabajAR, se explicó que la norma volvió a regir sobre contratos, jornadas, indemnizaciones y derechos sindicales, mientras el conflicto judicial continuaba bajo la órbita contencioso administrativa.

El pronunciamiento de La Haya no anula la ley argentina ni reemplaza la tarea de los jueces locales. Pero puede entrar en la discusión como referencia internacional de alto peso cuando la Corte argentina deba revisar hasta dónde puede llegar el Estado al regular una huelga. La pregunta local ya no será sólo si el Congreso puede fijar servicios mínimos, sino si esos mínimos vacían el contenido efectivo de un derecho protegido por la libertad sindical.

La tensión aparece con claridad en los porcentajes. Un servicio mínimo puede ser compatible con una huelga cuando protege derechos de terceros o evita daños graves a la población. Otra cosa es convertir medio mercado laboral en actividad esencial o trascendental y exigir niveles de funcionamiento que reducen la eficacia del paro. El punto que abre la Corte Internacional de Justicia es precisamente ese: reconocer el derecho a huelga obliga a discutir sus límites sin destruir su capacidad real de presión.

La decisión también expone una contradicción política. Mientras el máximo tribunal judicial de la ONU reconoce que la huelga forma parte de la libertad sindical protegida por la OIT, la Argentina avanza con una reforma que amplía restricciones, sube exigencias de operatividad y habilita sanciones más severas frente a medidas de fuerza. El Gobierno llama a eso modernización laboral. Para los sindicatos, es una forma de disciplinar el conflicto.

JJD

La Libertad Avanza puso quinta y piso el acelerador en el Senado para convertir en ley la reforma laboral impulsada por el Gobierno el viernes próximo, así pueden ofrendársela a Javier Milei, justo dos días antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que encabezará en carácter de presidente de la Nación y podrá jactarse del avance de su agenda gubernamental.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto al titular de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, convocaron para las 10:00 de este viernes, horas después de la aprobación del texto en Diputados, a un plenario de comisiones con el objetivo de emitir dictamen incorporando la modificación que introdujo la Cámara baja sobre el régimen de licencias por enfermedad y accidentes no laborales. El dictamen ya fue firmado.

El oficialismo apunta a llevar el proyecto al recinto el viernes próximo, 27 de febrero, dos días antes de la apertura de sesiones ordinarias. La intención es tener ya sancionadas de manera definitiva tanto a la reforma laboral como al Régimen Penal Juvenil en esa misma jornada.

El Senado había aprobado la iniciativa en la madrugada del jueves 12 de febrero por 42 votos a 30, con respaldo del oficialismo y bloques dialoguistas. Sin embargo, como la Cámara de Diputados eliminó el artículo 44 —que reducía al 50% el salario durante licencias por enfermedad o accidentes ajenos al ámbito laboral—, el texto volvió a la Cámara alta para completar el trámite legislativo.

Qué cambios introduce la reforma

El proyecto que impulsa el Gobierno establece modificaciones estructurales en el régimen laboral vigente. Entre los puntos centrales figuran cambios en el sistema de convenios colectivos de trabajo y en la Ley de Asociaciones Sindicales, así como limitaciones al derecho de huelga en los servicios públicos.

La iniciativa también crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos, reduce indemnizaciones y establece un esquema de banco de horas que habilita compensaciones de jornada sin pago de horas extras.

Estos aspectos generaron rechazo de sectores sindicales y opositores, que advirtieron que el nuevo esquema modifica el equilibrio de negociación entre empleadores y trabajadores. Las críticas apuntaron especialmente a la reducción de costos asociados a despidos y a la posibilidad de reorganizar la jornada laboral bajo el sistema de banco de horas.

El debate volvió a colocar en el centro la discusión sobre estabilidad, salario e instrumentos de defensa colectiva de quienes trabajan. La limitación del derecho de huelga en determinados servicios fue uno de los puntos más controvertidos, al igual que la reforma del régimen indemnizatorio.

Para que la reforma quede sancionada, el Senado deberá pronunciarse sobre la versión modificada por Diputados. Si acepta la eliminación del artículo 44, la ley quedará aprobada en forma definitiva. Si insiste con el texto original, se abrirá un nuevo escenario parlamentario.

JJD, con información de NA

La Plaza de Mayo fue más fuerte que el calendario parlamentario. Aunque el gobierno de Javier Milei había anunciado que su reforma laboral sería debatida y votada antes de fin de año, el Senado la postergó hasta febrero, luego de una jornada donde la presión sindical y las tensiones internas en el Congreso marcaron el pulso político.

El dictamen de comisiones se firmó el miércoles por la tarde, pero el tratamiento en el recinto se reprogramó para una próxima convocatoria a sesiones extraordinarias, a partir del 10 de febrero. La titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, lo comunicó personalmente, tras un plenario que estuvo al borde del colapso político y que solo pudo destrabarse con gestos hacia la oposición dialoguista.

“Hubiese sido un desastre”, reconoció un senador radical. Las negociaciones estuvieron frenadas buena parte del día, y la decisión de demorar el debate —inédita para un oficialismo que hace bandera de la velocidad legislativa— fue el resultado de una relación de fuerzas que excede al recinto.

La CGT en la calle: advertencia y plan de lucha

A esa misma hora, en el centro de Buenos Aires, la CGT protagonizaba su primera gran marcha contra el Gobierno, con todo el Consejo Directivo presente, columnas de sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda. La consigna fue clara: rechazar una reforma que consideran “entreguista” y “a favor de las grandes empresas”.

“No se genera trabajo sacando derechos, ni con jornadas más largas”, advirtió Octavio Arguello, cosecretario general, ante una multitud. El mensaje fue directo al Senado: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los van a demandar”. La movilización cerró con una advertencia: si no hay marcha atrás, habrá paro nacional.

No fue una marcha testimonial, sino un gesto de fuerza y unidad. Estuvieron Hugo Moyano, Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Jorge Sola, y dirigentes como Axel Kicillof, Juan Grabois y José Mayans. Hubo incidentes menores, pero el mensaje de fondo fue político: la reforma no pasará sin resistencia.

Qué propone el proyecto: entre la flexibilización y la transferencia de recursos

¿De qué se trata la reforma que el Gobierno busca sancionar? Según el análisis de Juan Manuel Telechea en una publicación del portal Cenital, el proyecto busca reducir cargas patronales, abaratar despidos, limitar la protesta sindical y favorecer la flexibilidad horaria. Pero no hay garantías de que eso genere más empleo formal.

Uno de los puntos clave es el fondo de cese laboral. Las empresas aportarían un 3% mensual del salario, que se usaría para pagar futuras indemnizaciones. A cambio, dejarían de aportar esa misma proporción a la seguridad social. “La indemnización, en los hechos, la financiaría el sistema jubilatorio”, advierte Telechea.

Además, el proyecto amplía de tres a seis meses el período de prueba, quita del cálculo indemnizatorio ítems como el aguinaldo y otros adicionales, y mantiene un blanqueo laboral con perdón de deudas y multas que, según los datos disponibles, no logró resultados significativos.

La reforma también introduce un “banco de horas”, que permite reorganizar la jornada laboral sin pagar horas extra. Pero, sin protección gremial efectiva, el control sobre el uso del tiempo quedaría en manos del empleador. Es un esquema que debilita la negociación colectiva y diluye uno de los pocos márgenes de autonomía que tienen los trabajadores sobre su vida cotidiana.

La informalidad, excusa o problema

El argumento central del Gobierno es que la rigidez del sistema laboral actual impide la creación de empleo formal. Pero el propio texto del proyecto omite que el 90% del empleo no registrado se concentra en micro y pequeñas empresas, y que la gran mayoría de las medianas y grandes ya cumple con las normas.

¿Por qué entonces se proponen reducciones de cargas para todas las empresas, sin segmentación? Telechea sostiene que eso convierte una reforma supuestamente técnica en una medida regresiva: “Se transfiere recursos del Estado y los trabajadores hacia las empresas, sin generar incentivos efectivos para el blanqueo”.

Tampoco se incluyen reformas básicas que podrían mejorar la calidad del empleo: licencias por nacimiento, por ejemplo, siguen igual que hace 50 años. Para el padre, dos días. Para la madre, trece semanas.

Derecho a huelga y libertades sindicales en jaque

Uno de los puntos más controvertidos es la limitación al derecho constitucional de huelga. El proyecto establece un “servicio mínimo” del 50% en casi todas las actividades —alimentación, bancos, comercio electrónico, medios de comunicación—, lo que en la práctica implica vaciar de fuerza la protesta gremial.

Es un salto cualitativo en la conflictividad estructural: el Gobierno intenta regular la protesta desde una lógica empresarial, desconociendo su función social y su resguardo legal. En este punto, la reforma no busca solo cambiar normas laborales: busca disciplinar políticamente al movimiento obrero.

Lo que se posterga (por ahora)

El tratamiento en el Senado quedó fijado para febrero, en un nuevo período de sesiones extraordinarias. La postergación fue un revés parcial para el oficialismo, que logró el dictamen gracias a un acuerdo con sectores del radicalismo, el PRO y algunos peronistas disidentes. Pero la grieta parlamentaria está abierta, y el conflicto social escalando.

La CGT anunció que el plan de lucha continuará, con protestas y posibles paros sectoriales. El Gobierno, por su parte, apuesta a ganar tiempo para acumular votos, mientras avanza con otras reformas paralelas, como el Presupuesto 2026 y la ley de “inocencia fiscal”.

¿Una reforma laboral sin trabajo?

El telón de fondo es más profundo que un proyecto de ley. Lo que se discute no es solo cómo despedir, contratar o registrar, sino quién define las condiciones del trabajo en la Argentina del siglo XXI: si el mercado, el Estado, o los trabajadores organizados.

La experiencia muestra que con este mismo régimen laboral, entre 2004 y 2011, la economía generó más de 2 millones de puestos formales y redujo la informalidad. No fue por una reforma laboral, sino por crecimiento económico sostenido y políticas públicas activas.

La reforma Milei puede terminar siendo un nuevo episodio de una vieja historia: flexibilizar sin crecer, ajustar sin incluir. Por ahora, la calle impuso un límite. Pero la disputa recién empieza.

JJD

Este martes, el Consejo de Mayo formalizará ante el Congreso el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, que hasta ahora circulaba en borrador entre senadores y referentes técnicos. La iniciativa, que incluye 182 artículos, busca modificar de raíz la estructura legal del trabajo en la Argentina. Y aunque el Gobierno la promueve como una “modernización”, los gremios y sectores de la oposición la señalan como una estrategia de flexibilización regresiva, individualización del vínculo laboral y disciplinamiento sindical.

El texto que se oficializa hoy incluye propuestas como:

• Convenios colectivos por empresa, que romperían la negociación por rama de actividad, debilitando el sistema de paritarias.

• Salarios por productividad o “dinámicos”, con criterios definidos por cada empleador.

• Banco de horas, que permitiría jornadas laborales de hasta 12 horas, a cambio de compensaciones futuras.

• Fondo de cese laboral, que reemplazaría el esquema tradicional de indemnización por despido.

• Ampliación de los servicios esenciales, lo que en la práctica recortaría el derecho a huelga en más sectores productivos.

Desde el entorno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien participará hoy de una reunión con el bloque de La Libertad Avanza para explicar el contenido del proyecto, se anticipa que el texto refleja “la visión oficial” pero podrá tener disidencias dentro del Consejo de Mayo.

Bullrich quiere presidir la comisión y se calienta el debate político

Aunque aún no comenzó el tratamiento legislativo, el debate político ya escaló. Según trascendió, Patricia Bullrich está presionando para presidir la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que tendrá a su cargo dictaminar sobre la reforma. La jugada generó tensión interna: “Bullrich se va a tener que adaptar a la salida del Ejecutivo. Los tiempos del Congreso no son iguales y sus compañeros de banca no son sus empleados”, deslizó una senadora, según el newsletter especializado Hecha la ley.

Bullrich fue una de las funcionarias más activas en la defensa pública del proyecto. En entrevistas recientes, aseguró que el sistema laboral argentino “expulsa trabajadores” y sostuvo que el salario por productividad “ya existe en muchos convenios”. También defendió la idea de avanzar con “servicios mínimos” más amplios para limitar las huelgas.

El Consejo de Mayo: apoyo empresarial, fisuras sindicales

El Consejo de Mayo, impulsado por el oficialismo como instancia multisectorial para dar respaldo a sus reformas estructurales, está integrado por figuras del empresariado, técnicos, legisladores y algunos dirigentes sindicales. Aunque no hubo una redacción consensuada, sus integrantes validaron la presentación del texto. Gerardo Martínez (Uocra) participó de las reuniones, pero ya advirtió que algunas propuestas no son compartidas por el sindicalismo dialoguista.

Del lado empresario, la UIA y otras cámaras apoyan con entusiasmo el paquete. Una de sus principales demandas es la baja del “costo laboral”, a través de una revisión de cargas patronales y del régimen de indemnizaciones.

Primer paro contra la reforma: ATE se moviliza el 9 de diciembre

El sindicato ATE, uno de los más activos en el rechazo al modelo laboral oficialista, convocó a un paro nacional con movilización al Congreso para el próximo lunes 9 de diciembre. La medida busca frenar el avance del proyecto y visibilizar el rechazo a una reforma “pro mercado”, según definió el secretario general Rodolfo Aguiar.

“No quieren mejorar la productividad ni hacer crecer la economía. Solo buscan disciplinar la fuerza de trabajo y debilitar los convenios colectivos”, advirtió el dirigente. ATE también denuncia que el proyecto excluye a trabajadores de plataformas y colaboraciones independientes de la Ley de Contrato de Trabajo, algo que se confirma en el borrador.

Un Congreso dividido y un escenario incierto

El tratamiento legislativo arrancará con reuniones informativas en el Senado, pero el oficialismo quiere aprobar la ley en sesiones extraordinarias durante el verano. Para eso necesita aliados. Gobernadores con bloques propios ya expresaron voluntad de diálogo, pero advirtieron que no convalidarán reformas “a libro cerrado”.

Mientras tanto, desde la CGT anticipan que toda modificación que afecte derechos adquiridos será judicializada. Incluso dentro del sindicalismo reformista hay dudas sobre puntos como el fondo de cese laboral, que puede convertirse en un impuesto al trabajo si no se financia adecuadamente, como advirtió el laboralista Julián de Diego en el programa A dos voces.

¿Modernización o ruptura del pacto laboral?

El oficialismo presenta su reforma como una actualización necesaria frente a “una legislación fosilizada” que no contempla el trabajo remoto, las plataformas o el multiempleo. Sin embargo, el texto va mucho más allá: reestructura el principio de favor en los juicios laborales, elimina artículos claves de la Ley de Contrato de Trabajo, deroga el Estatuto del Periodista Profesional y limita la responsabilidad solidaria entre contratistas.

Para el Gobierno, se trata de “salir de la cultura de la inflación y entrar en la de la eficiencia”. Para los gremios, se trata de una ofensiva antisindical, que atomiza a los trabajadores y los deja a merced de negociaciones desiguales con sus empleadores.

El Congreso tiene ahora la palabra. Y la calle, la primera respuesta.

JJD

La Justicia le dio un golpe al DNI de Javier Milei que limitaba el derecho a huelga. El Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, a cargo de la jueza Moira Fullana, la misma magistrada que días atrás suspendió la eliminación del Día del Trabajador Estatal que había dispuesto el Gobierno a través de otro decreto, hizo lugar este lunes al amparo presentado por la CGT y declaró inconstitucional a los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025 de mayo pasado que imponía restricciones al ejercicio del derecho a huelga en numerosas actividades.

La norma, que incorporaba a la marina mercante como “servicio esencial” y modificaba el artículo 24 de la Ley 25.877 (reguladora de los conflictos colectivos), había sido suspendida por el mismo tribunal a comienzos de junio y ahora fue declarada inválida por violar principios constitucionales fundamentales.

La decisión de la jueza Fullana se basó, por un lado, en la invalidez formal del decreto dado que se dictó mientras el Congreso estaba en pleno funcionamiento, lo que contradice el requisito de “circunstancias excepcionales” exigido por el art. 99, inc. 3 de la Constitución. Además, en esa línea, dijo que el Poder Ejecutivo no justificó suficientemente la “necesidad y urgencia” que habría impedido el trámite legislativo ordinario. Además, el control posterior por parte del Congreso —previsto en la Ley 26.122— no se cumplió, ya que la Comisión Bicameral no emitió dictamen en los plazos legales, consignó el sitio Palabras del Derecho.

Además, la magistrada también consideró que la norma vulneró la libertad sindical ya que el DNU ampliaba restrictivamente la lista de servicios esenciales, limitando el derecho de huelga en sectores como la marina mercante. La CGT argumentó que esto violaba tratados internacionales (Convenio 87 de la OIT, CADH) y el art. 14 bis de la Constitución, que garantiza la libertad sindical. Además, recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte contra definiciones extensivas de “servicios esenciales”, ya que pueden debilitar derechos laborales.

A su vez, como otro argumento, la jueza consideró que el Ejecutivo incurrió en usurpación de facultades legislativas dado que se pretendió reemplazar al Congreso en la modificación de leyes. Sostuvo que el DNU no solo agregó un servicio esencial, sino que sustituyó un artículo completo de una ley, algo que excede las atribuciones constitucionales del Ejecutivo.

La jueza declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 3 del DNU 340/2025, impuso las costas al Estado Nacional y fijó honorarios para las partes. La decisión refuerza la doctrina de que los DNU no pueden usarse para eludir el debate democrático en el Congreso, especialmente cuando afectan derechos fundamentales.

Para la CGT, el DNU de Milei era “un horror”

Al salir publicado el decreto en el Boletín Oficial a fines de mayo, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), había criticado con dureza la decisión de la gestión libertaria por generalizar las actividades esenciales y restringir el derecho de huelga, y calificó como “un horror” que el Gobierno impulse iniciativas de este tipo que van en contra de la Constitución.

“El derecho de huelga es un derecho constitucional y es un horror lo que quiso hacer el Gobierno, que es un ‘revival’ del DNU 70/23 que también fue declarado inconstitucional” afirmó Rodríguez en aquella oportunidad.

El dirigente del gremio estatal sostuvo que la posibilidad de recurrir a una huelga “además de la Constitución está en innumerables normas internacionales a las que la Argentina adhirió”, y puntualizó que “están también contempladas las excepciones, como en la guardia de hospitales o en ciertos elementos educativos”.

Calificó al actual Gobierno como “una gestión pésima”, y dijo que el objetivo es “destruir los salarios”, porque “esta política funciona con el dólar planchado y el salario destruido y sin poder adquisitivo”, pero vaticinó que “esto tiene una duración bastante corta porque ya está habiendo reacciones, como lo vimos en el hospital Garrahan”.

“La CGT en varias ocasiones buscó el diálogo, el consenso y la negociación, pero las pocas veces en que nos han convocado lo que se promete en una mesa de diálogo luego no se cumple y nos ha llevado a que hayamos generado planes de acción desde el año pasado, y esto va a seguir recrudeciendo si no hay un cambio concreto”, agregó.

Asimismo, criticó la actitud del Poder Ejecutivo de no homologar paritarias que superen el 1% de aumento mensual. “Hay un incumplimiento absoluto de lo que significa una negociación colectiva, que es entre partes y al ponerse de acuerdo existe la libertad para que esa decisión se implemente. No puede el Gobierno meterse unilateralmente en esta situación y disponer otra cosa”, señaló.

MC

En un nuevo revés judicial para el Gobierno, la Justicia laboral hizo lugar a una presentación de la CGT y suspendió provisoriamente los artículos centrales del DNU 340/2025, con el que la Casa Rosada buscaba limitar el derecho a huelga.

La jueza Moira Fullana aceptó la medida cautelar y ordenó la suspensión de los artículos 2 y 3 del decreto, al considerar que una reforma de este tipo no puede ser establecida por decreto, sino a través de una ley sancionada por el Congreso.

La central obrera había denunciado que el Ejecutivo pretendía modificar el régimen legal de huelga sin respetar el proceso legislativo y en violación de derechos consagrados en la Constitución Nacional. En su presentación, la CGT advirtió además que la normativa también contraviene tratados internacionales ratificados por la Argentina que tienen jerarquía constitucional.

La jueza reafirmó que el fuero competente para tratar el amparo es el laboral, rechazando así el intento del Gobierno de trasladar el caso al fuero Contencioso Administrativo. En sintonía con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, Fullana sostuvo que se trata de un caso que afecta derechos sociales y, por tanto, debe ser resuelto por la Justicia del Trabajo.

En su fallo, la magistrada destacó que el amparo presentado por la CGT es válido, ya que plantea un impedimento al ejercicio pleno de la libertad sindical. En ese sentido, citó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, ambos garantes del derecho a huelga.

La resolución judicial también analizó los argumentos del Poder Ejecutivo, que repitió una estrategia similar a la que había utilizado para defender el DNU 70/2023, aún vigente. En ambos casos, el Gobierno alegó que el decreto respondía a una situación de “excepcionalidad, necesidad y urgencia” y sostuvo que su constitucionalidad debía ser evaluada únicamente por el Congreso Nacional.

“La intervención judicial en este momento implicaría una trasgresión prematura al principio de división de poderes”, argumentó el Gobierno en su defensa.

Sin embargo, la jueza recordó que desde el 1° de marzo de 2025 el Congreso está en sesiones ordinarias, y subrayó que el Parlamento es el único órgano con potestad legislativa. Por lo tanto, sostuvo que esa circunstancia basta para considerar verosímil el derecho invocado por la CGT.

El Gobierno también intentó justificar el nuevo decreto diciendo que solo agregaba a la Marina Mercante al articulado previamente modificado por el DNU 70/2023. No obstante, Fullana observó que ese megadecreto ya fue objetado en la Justicia laboral y que su validez aún no fue resuelta por la Corte Suprema.

“La cuestión relativa a la vigencia de aquella norma y la firmeza de las sentencias dictadas durante la feria del año 2024 —y de las que se pudieran dictar sobre aquella discusión— constituye materia de un complejo y más amplio análisis que no puede ser debatido en el prieto marco de una medida cautelar”, escribió la magistrada.

La CGT celebró la decisión como “un triunfo de la democracia” y ratificó que continuará su lucha “en la calle y en la Justicia”.

Por ahora, la suspensión de los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025 implica que sigue vigente la legislación actual sobre el derecho a huelga en la Argentina. Desde el Gobierno no hubo declaraciones oficiales tras conocerse la decisión, aunque en Casa Rosada no descartan apelar el fallo y escalar la discusión a instancias superiores.

CRM

Tal como habían anticipado la semana pasada, la CGT acudió a la Justicia a través de una acción de amparo sindical ante el juzgado Laboral Nro. 3, a cargo de Moira Fullana, con el objetivo de ponerle un freno al decreto del Gobierno que limita el derecho a huelga.

Días atrás, el secretario general adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), sostuvo que el decreto 340/2025 publicado en el Boletín Oficial “es una limitación total al Derecho de Huelga que está en la Constitución nacional y en normativas internacionales”, y aseveró que “es revivir el DNU 70/23”, que está paralizado por una cautelar judicial.

“Nosotros vamos a volver a recurrir a la Justicia, estamos preparando la impugnación para presentar”, adelantó el dirigente estatal, y señaló que “el derecho de huelga es un elemento que tienen los trabajadores cuando no hay diálogo, como está pasando ahora. Es un elemento constitucional y hace a las normas institucionales”, enfatizó.

El gremialista aseguró que desde el Gobierno “están intentando generar un clima adverso y que confunde”, y destacó que “el Derecho de Huelga no se puede vulnerar porque sí, y es lo que está pasando ahora”.

Asimismo, aseguró que desde la CGT se viene reclamando “la necesidad de una mesa de diálogo y no pasa”, porque “nadie” los convocó “a dialogar” y recordó que la central obrera acaba de “terminar un plan de lucha por la pérdida de nivel de ingreso donde se obliga a aumentar salarios por debajo de la inflación y que culminó con un paro nacional”.

El DNU 340/2025 publicado el pasado miércoles por el Poder Ejecutivo, limitó el derecho de huelga en actividades consideradas esenciales que a partir de ahora deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto sindical.

La norma incluye en este segmento a los servicios sanitarios; transporte y de medicamentos e insumos hospitalarios; servicios farmacéuticos; producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica; y servicios de telecomunicaciones, incluidos internet y comunicaciones satelitales.

De igual modo quedaron incluidos en el decreto la aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario; servicios aduaneros y migratorios; el cuidado de menores y la educación en los niveles de guardería, preescolar, primaria, secundaria y educación especial; y el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga, entre otros.

Con información de agencias.

IG

El secretario general adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), afirmó este jueves que la central sindical “va a recurrir a la Justicia” para impugnar la decisión del Gobierno de limitar por decreto “el derecho de huelga” en actividades que desde ayer son consideradas “esenciales”.

Rodríguez, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), sostuvo que el decreto 340/2025 publicado en el Boletín Oficial “es una limitación total al Derecho de Huelga que está en la Constitución nacional y en normativas internacionales”, y aseveró que “es revivir el DNU 70/23”, que está paralizado por una cautelar judicial.

“Nosotros vamos a volver a recurrir a la Justicia, estamos preparando la impugnación para presentar”, adelantó el dirigente estatal, y señaló que “el derecho de huelga es un elemento que tienen los trabajadores cuando no hay diálogo, como está pasando ahora. Es un elemento constitucional y hace a las normas institucionales”, enfatizó.

El gremialista aseguró que desde el Gobierno “están intentando generar un clima adverso y que confunde”, y destacó que “el Derecho de Huelga no se puede vulnerar porque sí, y es lo que está pasando ahora”.

Asimismo, aseguró que desde la CGT se viene reclamando “la necesidad de una mesa de diálogo y no pasa”, porque “nadie” los convocó “a dialogar” y recordó que la central obrera acaba de “terminar un plan de lucha por la pérdida de nivel de ingreso donde se obliga a aumentar salarios por debajo de la inflación y que culminó con un paro nacional”.

Rodríguez anticipó en declaraciones a Radio Rivadavia que, ante la publicación de un nuevo decreto, van a “repetir la acción en la Justicia como con el Decreto 70/23” que fue impugnado por la CGT y obtuvo una medida judicial favorable que paralizó los ítems de esa medida que afectaban las relaciones laborales.

El DNU 340/2025 publicado este miércoles por el Poder Ejecutivo, limitó el derecho de huelga en actividades consideradas esenciales que a partir de ahora deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto sindical.

La norma incluye en este segmento a los servicios sanitarios; transporte y de medicamentos e insumos hospitalarios; servicios farmacéuticos; producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica; y servicios de telecomunicaciones, incluidos internet y comunicaciones satelitales.

De igual modo quedaron incluidos en el decreto la aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario; servicios aduaneros y migratorios; el cuidado de menores y la educación en los niveles de guardería, preescolar, primaria, secundaria y educación especial; y el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga, entre otros.

ATE rechazó la limitación del derecho a huelga y realiza un paro

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la limitación del derecho a huelga instrumentada por el gobierno de Javier Milei y anunció que este jueves realizará un paro contra el “ajuste” sobre el empleo público.

“Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene la finalidad concreta de beneficiar a los patrones”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

A través de sus redes sociales, Aguiar expresó el rechazo ante el decreto del Poder Ejecutivo y señaló que “es muy grave” que se exija el 75% de las prestaciones de servicio durante un conflicto sindical.

“De esta manera, la huelga pierde todo sentido y no tendrá ningún efecto”, dijo y señaló que el Gobierno “está apurado” y quiere “liquidar” a los gremios “antes que se le terminen las facultades extraordinarias”.

“Sin el derecho de huelga estamos condenados a volver a la esclavitud. Tenemos que impedirlo”, advirtió.

Por otro lado, ATE anunció un paro nacional para hoy, para “frenar el salvajismo del Gobierno nacional y evitar que el triunfo electoral en CABA se traduzca en más motosierra sobre el Estado. La única manera de romper el cepo de las paritarias es alterando la paz social”, sostuvo Aguiar.

El gremio se movilizará al Ministerio de Economía en reclamo de “la reapertura de paritarias, en rechazo al intento de fusión de organismos, contra el despido de trabajadores que no hayan aprobado el Sistema de Evaluación Pública (SEP) y para exigir la restitución de los fondos adeudados a las provincias”.

“Debemos estar en la calle y disputar sentido. Si el Gobierno nos considera enemigos a los que tiene que destrozar culturalmente, que no se sorprendan si nosotros los destrozamos a ellos”, alertó Aguiar.

“Este Gobierno demonizó la protesta”

Por su parte, el secretario general de ATE Seccional Capital, Daniel Catalano, aseguró este jueves que el reciente DNU del Gobierno que limita el derecho a la huelga “destroza la posibilidad” de que los trabajadores puedan realizar “un reclamo” y acusó al Gobierno de Javier Milei de “demonizar la protesta”.

“Este decreto destroza la posibilidad de que los trabajadores puedan llevar adelante un reclamo”, señaló en diálogo con Splendid AM990, a la vez que añadió: “Este Gobierno demonizó la protesta”.

Además, el sindicalista indicó: “Hay que ir a la Plaza de Mayo, hay que reclamar donde hay que reclamar porque esto no se resuelve en los despachos de Tribunales”.

“No podemos naturalizar que caguen a palos a los jubilados todos los miércoles”, expresó, tras lo cual dijo: “Tenemos que encontrar la forma de ponerle un freno a la condición monárquica de Milei”.

Además, el secretario general de ATE, manifestó: “Queremos una paritaria nacional docente, la devolución de la coparticipación a la provincia”.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei avanzó en una nueva regulación que restringe el ejercicio del derecho a huelga en Argentina. La norma amplía considerablemente el listado de actividades consideradas “esenciales”, imponiendo la obligación de garantizar entre el 50% y el 75% del funcionamiento habitual durante conflictos gremiales.

La medida, que forma parte de un paquete de desregulación estatal con foco en el sector de la marina mercante, lleva las firmas del presidente Javier Milei y de ocho ministros, entre ellos Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado).

“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, establece el artículo 3 del decreto.

Y agrega: “En el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer una cobertura menor al 50%”.

Qué servicios se consideran esenciales

El DNU amplía el concepto de servicio esencial más allá de los parámetros vigentes hasta ahora. Se incorporan nuevas actividades que deberán cumplir con los umbrales obligatorios de funcionamiento:

También se ratifican y amplían actividades ya contempladas en normativa previa:

Antecedente judicial: el DNU 70/23 suspendido

Estas reformas ya habían sido incluidas en el capítulo 4 del DNU 70/2023, pero fueron suspendidas por la Justicia en segunda instancia, con un fallo que las declaró inconstitucionales. La Corte Suprema aún debe pronunciarse sobre ese expediente. El nuevo DNU 340/2025 busca reinstalar parte de ese contenido, ahora en un texto independiente.

Críticas desde el derecho laboral

La norma fue rechazada por especialistas y organizaciones sindicales, que consideran que atenta contra derechos laborales fundamentales.

“Se prohíbe hacer huelgas”, expresó el abogado laboralista Matías Cremonte, titular de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y exasesor de ATE. Y advirtió: “La legislación argentina, hasta esta ilegal modificación, siguiendo a la OIT, solo consideraba esencial a los servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Tiene una finalidad concreta, que no es prohibir la huelga”.

También se expresó al respecto Luis Campos, abogado laboralista y director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma: “El derecho de huelga bajo amenaza. Con la excusa de regular la actividad de la marina mercante (DNU 340/25), el gobierno intenta reponer el artículo del DNU 70/23 que limita el ejercicio de huelga para casi todos los trabajadores del país”.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza el derecho a huelga como parte de la libertad sindical, y convenios internacionales como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) limitan estrictamente los casos en los que puede restringirse. Para sectores gremiales y del derecho laboral, el decreto del gobierno va más allá de esos márgenes, y se espera que genere nuevas presentaciones judiciales.

Los servicios de transporte, educación y bancarios deberían ser declarados “esenciales”, pidió hoy la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), en el marco de la convocatoria del gobierno al Consejo de Mayo.

La cámara empresarial dijo que en esas actividades es clave garantizar una prestación mínima de aquellos servicios del 75%. 

A su vez, pidió que las actividades vinculadas a servicios de exportación también deberían incorporarse como “esenciales”. 

Hasta ahora solo están incluidos en esa categoría los servicios sanitarios y hospitalarios, los telefónicos, la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica y el control de tráfico aéreo.

La entidad explicó que “la interrupción en su totalidad de los servicios de transporte, educación y bancos ”afecta gravemente a los comerciantes, producto de la disminución del tránsito de peatones, sumado a las dificultades que padecen los trabajadores para desplazarse a sus empleos“. 

En una carta dirigida al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, la CAC dijo que a los problemas preexistentes (informalidad, bloqueos y tomas de empresas, falencias en la formación, escaso dinamismo del empleo privado, problemas de accesibilidad, inseguridad jurídica, litigiosidad) en los últimos meses se han sumado “las consecuencias del necesario reordenamiento fiscal y monetario encarado por el Gobierno Nacional”. 

La entidad también pide avanzar en la posibilidad de pago de sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas.

También piden que se cree un Fondo de Cese Laboral para sustituir el régimen indemnizatorio.

El objetivo es que los empleadores puedan optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar el sistema o la suma que libremente se pacte entre las partes.

Las actividades que el Gobierno busca hacer “esenciales”

Este pedido de la Cámara Argentina de Comercio es un apoyo explícito a la iniciativa anunciada por el Gobierno en el comienzo del ciclo lectivo 2024, en el sentido de declarar la Educación como servicio “esencial”, como parte de un “paquete” que incluía a otros sectores que fueron listados en el Mega DNU de diciembre de 2023.

El el caso puntual de la Educación, al día siguiente de la votación de la Ley Bases en el senado, se aprobó en la Comisión de Educación de Diputados el dictamen de un proyecto de Ley para declarar a la Educación como “servicio esencial”. En la práctica, la aprobación del proyecto significaría limitar drásticamente el derecho a la huelga de docentes en todo el país. 

Impulsada por el ex ministro de educación de Mauricio Macri, Alejandro Finocchiaro, la iniciativa contó con las firmas del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el bloque Hacemos Coalición Federal y La Libertad Avanza.

El objetivo que persigue el Ejecutivo liderado por Javier Milei fue expresado en el DNU de diciembre pasado, en cuyo artículo 24 se imposibilitaba el derecho a huelga siempre y cuando impida el 75% del normal funcionamiento de la actividades consideradas esenciales. En los rubros que son catalogados como de “importancia trascendental”, se debe garantizar al menos el 50% de la actividad. 

Si bien en los difrentes recortes que sufrieron las iniciativas del Gobierno durante su tratamiento parlamentario muchas de esas propuestas quedaron afuera, tras la aprobación de la Ley de Bases el oficialismo busca ir por reglamentaciones particulares.

El listado de actividades laborales a las que Milei (bajo la inspiración de Federico Sturzenegger) quiere limitarles el derecho a huelga es amplio y variado, con los docentes en el centro de la diana pero también con especial foco en los gremios del transporte y la logística.

El DNU de diciembre consideraba “servicios esenciales” a las siguientes actividades:

Y pedía que se designaran “actividades de importancia trascendental” a las siguientes:

DM con información de agencia NA

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó este martes, a pocos días de comenzar el ciclo lectivo en el país y en medio de los conflictos por las paritarias de los trabajadores de la educación en todos los distritos y el rechazo del Ejecutivo a una negociación a nivel nacional, que el Gobierno va camino a declarar a la educación “servicio esencial” para la sociedad.

“Se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar a la educación como servicio esencial. Los iremos manteniendo al tanto con respecto a este tema”, expresó sin dar detalles Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

El anuncio del Gobierno se da en el marco de uno de los puntos clave del DNU 70 de desregulación de la economía que el Presidente firmó a fines de 2023, con su cuerpo de 366 artículos, y tras el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso, que llevó a Javier Milei a avanzar en los últimos días en la reglamentación de las disposiciones que establece el decreto.

El anuncio del Gobierno es una mala noticia para la posibilidad de los trabajadores y trabajadoras de manifestarse por reclamos laborales. En el artículo 97 se sustituye el artículo 24 de la Ley N° 25.877, por otro que imposibilita el derecho a huelga siempre y cuando impida el 75% del normal funcionamiento de las actividades consideradas esenciales. Mientras que en los rubros que son catalogados como de “importancia trascendental”, se debe garantizar al menos el 50% de la actividad. 

Esas categorías podrán ser definidas por una “comisión independiente y autónoma, denominada Comisión de Garantías” que estará integrada por “cinco miembros de reconocida solvencia técnica, profesional o académica en materia de relaciones del trabajo, del derecho laboral o de derecho constitucional y destacada trayectoria”. Es decir, que no es una enumeración cerrada. Por lo que se puede sumar a la educación.

“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental, quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, comienza el artículo del DNU de 83 páginas que recobró su fuerza después de que la ley “Bases” fuera retirada del debate en Diputados tras la falta de garantías de lograr un apoyo a la hora de votar cada artículo en particular para su media sanción. 

“En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare”, detalla. “En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al CINCUENTA POR CIENTO (50%)”. 

En principio, el DNU consideró “servicios esenciales” a las siguientes actividades:

Se consideran “actividades de importancia trascendental” a las siguientes:

Con información de agencias.

IG