Una de las deudas más graves de la Argentina es la deuda habitacional. Cuando nos toque gobernar será el primer asunto que abordemos. Urbanizar los barrios, producir suelo urbano para las familias, construir nuevas viviendas, repoblar los pequeños pueblos, redistribuir la población en el territorio, entregar en propiedad las quintas productivas a sus arrendatarios y crear nuevas chacras mixtas. Gobernar es poblar, decía ese Alberdi tan manoseado en estos tiempos.  

Un techo para cada familia es una consigna posible que, además de resolver esta deuda social intolerable y darle bases al proyecto de vida de millones de argentinos, moviliza toda la economía real como ninguna otra actividad. La construcción de viviendas beneficia al ladrillero, al ferretero, al carpintero, al vidriero, al constructor, al maquinista, a la señora que prepara los sanguches para los obreros, al almacén que vende el fiambre. Una política de vivienda es una política económica. Una política de vivienda es un proyecto de país. 

La deuda, sin embargo, sigue creciendo No hay estudios definitivos sobre la cuestión; el más reciente, establece que el 32% de los hogares padecen alguna forma de precariedad. Mi propia cuenta arroja un porcentaje similar: once millones de argentinos son inquilinos, cinco millones viven en barrios populares sin servicios esenciales, dos millones en viviendas rurales precarias, una cantidad difícil de determinar en viviendas precarias o hacinadas dentro de la traza formal de la ciudad. 

Alquilar es difícil, comprar casi imposible, no hay perspectiva de mejora.

Una política integral requiere una planificación pública en el tiempo e implica una multiplicidad de acciones que aborden las necesidades y posibilidades de todas las clases sociales que sufren una carencia tan terrible como la falta de un techo propio dónde refugiarse, cocinar, compartir, amar, jugar, estudiar, descansar, conversar, ducharse, dormir. 

La integración urbana de los barrios populares es sólo una de esas acciones, pero una de particular relevancia porque aborda una deuda histórica con los más postergados. 

A contracorriente de lo que sucede en la Argentina donde todo cambia con cada cambio de gobierno, existe una política pública que se sostuvo a lo largo de dos gobiernos de signos opuestos. Es tal vez la política más novedosa de los últimos años, fue premiada internacionalmente, recibió el reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo y durante todos estos años nunca fue objeto de crítica, denuncias, etc. 

La política nacional de integración sociourbana se desarrolló a partir de los siguientes hitos institucionales: la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (2017), la sanción de la ley de Barrios Populares (2018), la creación de la Secretaría de Integración Urbana de la Nación (2018), creación del instrumento que la ley preveía para financiarlas Fondo de Integración Sociourbana (FISU), la afectación parcial del impuesto PAIS (2019) y Grandes Fortunas (2020) para su financiamiento. 

En términos de acciones concretas, el proceso consistió en detectar, relevar y georeferenciar 6.467 barrios populares (villas y asentamiento) que eran un no-lugar en nuestros mapas, registrar a la totalidad de 1.237.795 familias que los habitan, desarrollar un instrumento jurídico para darles seguridad en la tenencia (Certificado de Vivienda Familiar), crear distintas líneas programáticas para abordar los déficits de los barrios -servicios básicos, equipamiento urbano, mejoramiento habitacional, lotes con servicios, etc-, colaborar con los entes ejecutores  en el desarrollo de los proyectos ejecutivos de obra y supervisar su cumplimiento.

Se realizaron miles de obras en barrios populares incluyendo conexiones legales y seguras de agua, cloacas, electricidad, internet; veredas, cordón cuneta, luminarias, plazas, polideportivos, puentes en arroyos, mejoras en viviendas, construcción de viviendas nuevas, etc, etc, etc, además de otorgar 250.000 soluciones “mi pieza” y crear unos 24.000 nuevos lotes para abordar el hacinamiento crítico. Fue un trabajo titánico, realizado con suma eficacia y transparencia en poco tiempo. Los cambios concretos en la vida de la gente son tangibles. Las obras están, las nuevas piezas están, los lotes están. De los 6.467 barrios populares relevados, 5.060 recibieron algún tipo de inversión. 

Durante la semana pasada, la política nacional de integración sociourbana sufrió una campaña de desprestigio que tuvo como objeto principal -ahora lo sabemos- justificar la eliminación del financiamiento para las obras que se realizan en los barrios populares: ayer el ministro Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el presidente Javier Milei redujeron mediante el Decreto 193 en más un 97% el presupuesto destinado a los barrios populares. 

No voy a detallar la cantidad de titulares, tapas, programas y comentarios que se utilizaron para denostar todo lo hecho en materia de urbanización y crear el clima para semejante manoteo de fondos afectados para mejorar la vida de los sectores empobrecidos. Todos los han visto: mentiras infames sin ningún fundamento sólido y números tirados sin sentido, como si fueran prueba de algún delito. Calumnias dirigidas contra funcionarias eficientes y honestas que son dolorosas por lo injustas, maliciosas y mendaces.  

Afortunadamente muchos periodistas desmintieron las calumnias y distintas instituciones se pronunciaron en defensa de lo realizado. Para despejar cualquier duda, hasta el propio funcionario designado por Javier Milei para llevar adelante esta política rechazó que existieran irregularidades y afirmó que se trataba de la mejor política social realizada por el gobierno. No tengo demasiado que agregar más que algunas palabras sobre mi participación personal porque fue mi nombre el que encabezó los libelos difamatorios. 

Nunca administré ni directa ni indirectamente un centavo del FISU, no tengo cajas y cooperativas, no manejo funcionarios ni coloco militantes en el Estado para hacer política partidaria. No me enriquecí, no malversé fondos, no utilicé recursos públicos para la campaña electoral fuera de los que establece la ley para cualquier candidato. La idea de “el fondo de Grabois” es una invención maliciosa destinada a desprestigiar al mismo tiempo una política pública y un dirigente opositor. 

Aunque el daño está hecho, a todos los que me atribuyeron acciones indecentes o delictivas ya los estamos demandando, deberán responder por cada calumnia y cada injuria como venimos haciendo -con bastante éxito- desde hace algún tiempo. El que las hace las paga. 

Lo que sí es cierto es que participé en el diseño de la política de integración urbana. Todo lo que hice es público, está descripto en muchísimos artículos periodísticos, yo mismo lo conté en múltiples entrevistas y en dos de mis libros La clase peligrosa y Los Peores. Estoy muy orgulloso de haber puesto un granito de arena en este proceso y desde luego muy triste de que lo estén destruyendo. 

¿Que fue puntualmente lo que hice? junto a muchísimas otras personas pertenecientes a distintos movimientos sociales, organizaciones barriales, legisladores de distintos partidos políticos, ONGs como TECHO e instituciones eclesiales como Cáritas, impulsamos los hitos y acciones que detallé anteriormente. Asimismo, promovimos a Fernanda Miño, Fernanda Monticceli y un equipo técnico de primer nivel para dirigir la Secretaría de Integración Sociourbana durante el período 2019-2023.

¿Algo de eso está mal? Creo que es el rol de un dirigente: defender sus convicciones, transformarlas en propuestas concretas, formar equipos para que puedan ejecutarlas y empoderar personas que por sus capacidades, conocimientos o experiencias de vida pueden liderar exitosamente esos procesos. Eso es lo que hice y eso es lo que voy a seguir haciendo. 

Después de tantos años de sufrir el hostigamiento de ciertos medios de comunicación y voceros de la derecha política, aprendí que no soy yo el centro de sus ataques sino las políticas que defendemos. Si así no fuera ¿cuál es la necesidad de recortar brutalmente los recursos del FISU ahora que sus administradores fueron designados por el presidente Javier Milei? Si todo lo que dijeron fuera cierto, si los fondos para la urbanización de los barrios se malversaron y no se hizo una sola obra ¿por qué no la hacen bien quienes ahora gobiernan? 

La respuesta es sencilla. No quieren. Consideran la Justicia Social una aberración. Decidieron utilizar los fondos para otra cosa. El problema es que no se animan a decirlo y para tapar el sol de su iniquidad usan el dedo acusador de los difamadores. 

Aunque acusen a todos de ladrones, traidores, narcotraficantes, intermediarios, casta, vagos, planeros y la mar en coche, lo cierto es que cuando quitan los fondos de transporte, salud o educación a los gobiernos provinciales, cuando eliminan las partidas para los comedores comunitarios, cuando desfinancian la política de integración urbana, cuando destruyen la legislación laboral, cuando niegan un aumento razonable en el salario mínimo, no están perjudicando ni a los gobernadores, ni a los dirigentes sociales ni a los sindicalistas ni a la casta ni a mi… están jodiendole la vida a la gente común, llevando a la Argentina a una crisis social sin precedentes y jugando con la disolución nacional. 

Que Dios y la Patria se lo demanden. 

JG/DTC

El Gobierno nacional dispuso la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que había sido creado durante la administración de Alberto Fernández y destinaba al distrito un porcentaje de recursos coparticipables adicionales que la ciudad de Buenos Aires recibía por el traspaso de la Policía Federal.

La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el decreto 192/2024, se justificó debido que aquella decisión adoptada durante la pandemia “afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas”.

En los considerandos, el Ejecutivo advierte que “ningún Gobierno Nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual administración, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.

En ese marco, añade que “entre otras medidas y con el fin de solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, es necesario efectuar un ajuste fiscal en el Sector Público Nacional de cinco puntos del PBI y, al mismo tiempo, resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, los que son responsables de los diez puntos de su déficit”.

“En consecuencia, no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas, siendo ello una condición indispensable para la estabilización macroeconómica que requiere nuestro país”, remarca luego.

Asimismo, el decreto afirma que “la situación fiscal de las provincias y de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires ha sido menos restrictiva a costa de las transferencias discrecionales que ha realizado el Gobierno Nacional”.

“En tal sentido, el mencionado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas, por lo que resulta necesario derogar el artículo 4° del Decreto N° 735 del 9 de septiembre de 2020”, concluye la normativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Semanas atrás, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, elevó un reclamo formal al ministro Caputo por el retraso en el envío de fondos a la provincia que superan los 15.000 millones de pesos y solicitó rediscutir una nueva ley de coparticipación, al sostener que “la provincia es discriminada y castigada desde hace décadas en el reparto de recursos”.

Recorte al FISU

En otro decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno anunció la modificación del Impuesto PAIS, creado en 2020 por Alberto Fernández.

El decreto 193/2024 firmado por Milei, su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, ordenó modificar la asignación de fondos correspondientes al 30% de lo recaudado por el mencionado tributo, de manera tal que el más afectado resultó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta fiduciaria utilizada por el gobierno de Unión por la Patria para la urbanización de barrios populares.

De este modo, el FISU, que hasta ahora recibía la tercera parte de ese 30%, ahora verá reducido su financiamiento al mínimo y sólo recibirá un 1%.

Qué dice el decreto sobre el Fondo PAIS

“La asignación específica del treinta por ciento (30 %) establecida en el inciso b) del artículo 42 de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones será distribuida de la siguiente manera:

a. Al FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (FISU), creado por el Decreto N° 819 del 5 de diciembre de 2019 en el marco de la Ley N° 27.453 de Régimen de Regulación Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias, para el financiamiento de obras de vivienda social: el uno por ciento (1 %).

b. A obras de infraestructura económica: el noventa y cuatro por ciento (94 %).

c. Al fomento del turismo nacional: el cinco por ciento (5 %)“.

El reclamo del CELS y organizaciones sociales

Las organizaciones Techo Argentina, Hábitat para la Humanidad, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reclamaron días atrás, antes de la publicación de decreto que reduce los fondos para el FISU a su mínima expresión, la continuidad de las políticas de integración sociourbana de barrios populares y plantearon que “es fundamental sostener e incluso ampliar” el financiamiento de esos programas porque, “de lo contrario, solo se agravará la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad”.

Así lo expresaron a través de un comunicado de prensa conjunto en el que destacaron además el “amplio consenso” que esta política de Estado tiene en todo el arco político, tras recordar que fue una iniciativa surgida durante la gestión presidencial de Mauricio Macri a la que luego se le dio continuidad y se profundizó durante el Gobierno de Alberto Fernández.

“El Fondo para la Integración Socio Urbana es la fuente de financiamiento de una política de Estado que trascendió a dos gestiones, tuvo amplio consenso en el Congreso de la Nación para su creación a través de la Ley 27.453 y ha tenido reconocimientos de organismos locales e internacionales. Su desfinanciamiento pone en riesgo el desarrollo de políticas públicas destinadas a más de 5 millones personas en el país”, advirtieron las cuatro organizaciones de la sociedad civil en un comunicado difundido en las últimas horas, cuando ya se sabía que el Gobierno iba a apuntar contra esos recursos.

En este sentido, plantearon que “es fundamental sostener e incluso ampliar el financiamiento de estas políticas públicas” y señalaron que, “de lo contrario, sólo se agravará la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad”.

De esta forma, hicieron referencia a la decisión del Gobierno de eliminar fondos fiduciarios por US$ 2.000 millones con el objetivo de avanzar “contra todas las cajas de la política”.

“Desde hace siete años existe una política de Estado dirigida a mejorar las condiciones de vida de las millones de personas que viven en los barrios populares. Fue impulsada por organizaciones sociales, adoptada por las gestiones del presidente Mauricio Macri y del presidente Alberto Fernández y tuvo siempre un amplio consenso de gran parte del arco de partidos políticos. Con ACIJ, Techo y Hábitat para la Humanidad Argentina planteamos que esta política de integración socio urbana debe sostenerse”, afirmaron Techo Argentina, Hábitat para la Humanidad, el CELS y ACIJ.

En este sentido, recordaron que, en 2016, durante la gestión Macri, un grupo de organizaciones sociales, civiles y eclesiásticas realizaron “el primer relevamiento de barrios populares de la Argentina que posteriormente obtuvo el nombre de Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap)”.

Ese registro -agregaron- fue actualizado en el 2022 y el 2023 con cifras que indican la existencia de al menos 6.467 villas y asentamientos en todo el país en las que viven unas 5 millones de personas.

En 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, el Congreso Nacional respaldó este proceso a través de la aprobación por unanimidad de la ley 27.453 que creó el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, que tiene como objetivo “garantizar los derechos de las personas que viven en los barrios incluidos en el Renabap”

Esa ley oficializó “el registro de barrios populares y los declara de utilidad pública y sujetos a expropiación y dispone de un fideicomiso para financiar todas las actividades necesarias para llevar a cabo la integración socio urbana”.

Cuáles son los objetivos del FISU

Con información de agencias.

IG

En La Cava, villa de San Isidro donde vive desde que nació, hace 49 años, Fernanda Miño recibe a elDiarioAR. Después de andar por varios pasillos –asfaltados por una de las obras que coordinó al frente de la Secretaria de Integración Socio Urbana (SISU)– se llega a una reja y se entra a una casa que está casi en penumbras. “En la villa estamos todos colgados de la luz porque no llega Edenor, pero yo trato de ahorrar igual”, cuenta Miño. Ella y su referente político, Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quedaron en el centro de la polémica la última semana por informes que el Gobierno filtró a algunos medios de comunicación sobre gastos presuntamente escandalosos y obras inconclusas de la SISU con los millonarios recursos del Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana (FISU), uno de los que podría integrar la lista de los que el Gobierno eliminará.

El FISU se nutre parcialmente del impuesto PAÍS, cuya recaudación se catapultó con el nuevo gobierno a partir de la devaluación y el aumento de la alícuota. El sucesor de Miño con rango de subsecretario, el libertario Sebastián Pareja, sostiene que por ahora no ha encontrado ninguna irregularidad y que si Javier Milei quiere, continuará con la política de urbanización de villas que inició el gobierno anterior.

—¿Quién del Gobierno está impulsando las acusaciones en su contra, que apuntan más bien a Grabois, mientras Pareja niega desfalcos?

—En los mismos medios, a la mañana dicen que somos todos ladrones y que hay corrupción y a la tarde salen a decir que está todo bien. A nosotros no nos llama la atención. Se están disputando el impuesto PAIS, que aumentó respecto a los años anteriores por la devaluación (es un porcentaje sobre los gastos en dólares). Por eso quieren demonizar el FISU para sacarlo rápidamente y que no tenga todas las auditorías que durante estos cuatro años de gestión tuvimos. Quieren usarlo para otros fines que no es la de integrar los barrios populares. Y quieren tapar la situación actual que está pasando el pueblo pobre, el pueblo trabajador: el aumento indiscriminado de los servicios, de los alimentos, esto de no tener paritarias, de un caos social porque no hay una atención directa. Entonces hay que taparlo con operetas, con peleas con artistas y parece que todos los días es un enemigo distinto. Nosotros sabemos la gestión que hicimos. Fue transparente, siempre estuvieron los datos abiertos para quien quisiera verlos. Vengan a ver qué van a encontrar acá: un montón de personas comprometidas, militantes, que hemos trabajado con todos los colores políticos en todo el país para mejorar la calidad de vida de las familias más pobres de la Argentina.

Para Miño, el Gobierno busca “instalar que Juan Grabois es el que manejaba los fondos, cuando él nunca fue funcionario”. “Sí acompañó los nombramientos y la política de los barrios, sí somos cercanos y acompañé su postulación a presidente”, aclara. Además, cree que las hostilidades pudieron haber escalado porque “es el único de la oposición que hoy tomó la voz de lo que viene pasando”.

—La SISU nació con el gobierno de Macri, que comienza en diciembre de 2019. La acusan de haber contratado a 600 personas ¿es así?

—Fuimos aumentando el personal porque una cosa es hacer pequeñas obras en Buenos Aires o esporádicamente en algunos lugares y otra, terminar con 1.400 obras en todas las provincias. O sea que esos 600 estaban repartidos en un país tan grande como en el nuestro.

—Pareja dijo que él los había reducido a 450, pero como parte del ajuste del Gobierno y que incluso algunos los había recontratado porque se dio cuenta que era los necesitaba.

—Sí, hay trabajadores súpervaliosos. Administrativos, arquitectos, ingenieros, gente que se necesita para hacer las obras que hicimos nosotros, que fueron muchas, aunque falta un montón. Sabemos que hay 6.400 barrios y nosotros llegamos a 1.400. 

—¿Los empleados eran todos militantes del MTE?

—No, aunque sí había algunos militantes. Yo era la secretaria y soy militante del MTE. Lo que hicimos nosotros tiene que ver con el lugar donde caminamos, donde militamos. Yo no iba a poner un puñado de ingenieros agrónomos a hacer trabajo en el barrio porque tienen otra tarea. Los que mejor conocen los barrios son los militantes de esos barrios. Y muchos simpatizaban con Juan o con otras organizaciones sociales, pero de ahí a que sean todos...

—Y los contratos, ¿eran mayoría para las cooperativas del MTE?

—No. Primero, porque no tenemos tanta capacidad de trabajo. Es un puñado grande el MTE, pero había de todas las cooperativas, como las del Movimiento Evita. Por la ley de barrios populares, el 25% de las obras tenía que hacerse a manos de cooperativas.

—¿Y el otro 75%?

—Nosotros celebramos convenios directamente con cooperativas, con la Iglesia, sindicatos, alguna universidad y también con municipios y provincias. Y cuando llegaban los convenios con municipios y provincias había un 25% que tenía que ser absorbido por mano de obra local de las cooperativas. En el caso de Mi Pieza (un programa para que mujeres de barrios populares pudieran mejorar sus hogares), eran mujeres directamente quienes hacían el trabajo dentro de sus casas con su familia.

—¿Es cierto que sólo el 6% de las obras se finalizaron?

—No es verdad. Considerando todas las líneas de trabajo, el porcentaje de obras finalizadas es del 82,4%. Eso incluye las obras de Mi Pieza, las de integración y las de lotes. En total fueron 251.395 obras y finalizadas, 207.244. Lo del 6% es una mentira que surge de sumar los barrios con beneficiarias de Mi Pieza, que fueron más de 5.000, y las obras de integración, que fueron más de 1.200, y sobre eso calcular más de 400 obras de integración terminadas. Otras obras están en ejecución, no se terminaron porque cambió la gestión.

—Acá en su barrio hay obras de cloacas de las que, según el municipio de San Isidro, se hizo el 42%.

—Se hizo hasta que cambió el gobierno municipal y el nacional. En este caso, nosotros financiamos gran parte de las obras, las auditamos, pero no las realizamos. Las realizan los entes ejecutores. En este caso, el municipio.

—Hay vecinos que dicen que desbordan las cloacas a medio hacer, se inundan.

—Es que si la obra no terminó, todavía no se ha solucionado el problema. Desde que yo tengo uso de razón se inunda porque este lugar es un pozo. Siempre se hicieron obras con fondos nacionales. Nunca el municipio destinó fondos para mejorar estructuralmente los barrios populares de San Isidro. Esperemos que alguna vez se revierta. Pero cuando hay una una obra, hay dificultades y más si no están terminadas. La Cava tiene casi 80 años y en una gestión no se soluciona nada si las obras no se continúan.

—En el informe que filtró el Gobierno apuntan que la mayoría de las 400 obras terminadas, unas 133, son de cordón cuneta y vereda.

—Es desconocer la realidad de los barrios cuando se piensa que no son obras importantes. Pero también hay polideportivos, salones de usos múltiples, salitas no solamente de salud, sino también lugares de esparcimiento, plazas. Pero si vas a un barrio, no necesitan un sauna con jacuzzi, necesitan un cordón cuneta, una vereda, porque es el acceso que tienen muchas veces, además del asfalto. En algunos lugares pudimos hacerlo en conjunto con los gobiernos locales. En la mayoría de los barrios había calles de tierra y no había accesos. Si llovía, se quedaban ahí hasta que se secara un poco. Necesitas veredas para poder salir con carritos para salir a comprar o al colegio, al trabajo. Los barrios no necesitan una cancha de tenis, necesitan acceso para ir a trabajar, al médico, a estudiar. Te lo digo por experiencia.

—Se llegó a decir que no vivía más acá.

—Estás acá, en el living de mi casa, en el sector 20 de Junio de La Cava de San Isidro. Vivo acá hace casi 50 años. Mi familia vive acá, mis viejos ya no los tengo, pero vivíamos en El Pozo, que es un humedal. Había una laguna y un basural enfrente de mi casa. Ahí viví hasta los 20 años que nos casamos con mi esposo y me vine a vivir acá.

—El año pasado, en otra entrevista, me dijo que podría haberse mudado de acá pero quiso quedarse.

—De hecho, sigo teniendo la posibilidad de mudarme. Pero yo acá tengo grandes amores de mi vida, no solamente mi familia. Me conocí acá con mi esposo, tengo mis hijas acá y tengo los espacios sociales que uno acompaña. Podría optar irme de acá por una cuestión hasta de seguridad, porque en el barrio hay momentos en que está muy difícil, pero yo quiero transformar esta realidad; es la que me toca, es la que por raíz tengo, es en la que me eduqué y soy la persona que soy por vivir en este espacio. Yo milité siempre acá y es algo que sigo haciendo ya sin la responsabilidad del Estado, porque la política no el único instrumento para transformar. Por ejemplo, el patio de mi casa se transformó en un espacio cultural. Que yo me vaya de mi barrio sería un fracaso para mí, personalmente.

—Se dijo también que gastaron $130 millones en viáticos.

—Si se refiere a lo que es la ley del Fondo de Integración Socio Urbana, no podemos gastar viáticos de ahí. Ese fondo es específico para obras. Por eso quieren manotear para que no vaya la plata a los pobres. Los viáticos son de los ministerios y los funcionarios viajábamos con los viáticos. Si tenías que ir a un lugar, el Ministerio de Desarrollo Social te financiaba y te sacaba los pasajes. Los auditores, nuestros propios compañeros arquitectos, tenían que ver las obras, asegurarse que estén adelantadas para continuar con los desembolsos.

—También se dijo que las casas nuevas que se hicieron acá en La Cava fueron para sus amigos, los promotores del barrio.

—Podemos llamar a ver quiénes son. En un lugar tan multitudinario como La Cava, donde hay más de 2.400 familias, con tanto hacinamiento, la idea era empezar a hacer distintas casas para deshacinar un poco y entrar los servicios. Las casas eran para las apertura de calles, no podíamos dárselas a un vecino porque era conocido o pariente.

—¿O sea que recibieron casas aquellos que vivían en viviendas derribadas para hacer calles?

—Claro, aunque muchas veces no se pudo hacer. A veces hacés diez casas para abrir una calle y el que está viviendo en la calle te dice: “Yo la necesito más que esto”. Falta espacio, es muy difícil. No hay día en que no pase acá después de las 17 el que necesita casa, aunque saben que ya no estoy en la gestión del Estado. Siguen viniendo por el paquete de arroz, el cartón de leche, la posibilidad de trabajo en la cooperativa. Es un pedido totalmente sincero ante esta situación social que estamos viviendo, pero hoy no podemos dar respuesta de ningún tipo, más allá del trabajo, de que seguimos reclamando y viendo cómo nos organizamos para hacer una olla, porque también los alimentos han dejado de estar en los comedores.

—Usted que vive acá, ¿cómo ve la situación social? Más allá del aumento de precios de alimentos y productos de higiene, la falta de ayuda a los comedores, la niña que robó útiles escolares en La Pampa, el joven que murió electrocutado en Rosario cuando intentaba robar cables, los asaltos seguidos de homicidio en el conurbano.

—Como en todos los barrios populares, tenemos muy a flor de piel todo el tema de de los chicos que eligen otros caminos porque nos faltan oportunidades de estudio, laborales. Siempre está la tentación muy a la mano. Nosotros pudimos hacer ese traspaso de los chicos de la esquina al trabajo cooperativo, con todas sus deficiencias. Porque a veces una persona entra a trabajar, lo que pide es compromiso, pero por ahí esa persona la está pasando muy mal o es de familias muy rotas. Los que hoy agarran una pala y están haciendo un pasillo, cuando esa obra desaparezca, cuando se terminen los recursos, van a tener la tentación de buscar trabajo en otro lado, en el mejor de los casos. Pero con toda esa historia y todo ese dolor, pueden volver también a la esquina. Y eso vuelve a ser un círculo totalmente vicioso de no tener y buscar lo que el Estado o la sociedad no le da.

Yo escuchaba hace poco liberados que a través de la SISU conseguían trabajo para insertarse nuevamente en la sociedad. Se cortó. Entonces hoy esos muchachos, esas chicas están buscando recursos para hacer una olla popular en el borde de una calle. Esa es la realidad que no se ve, que a veces la falta de este trabajo del Estado hace que estas cosas vuelvan a ser terribles dentro de un barrio. En un barrio es más fácil que entre la droga que cien ladrillos para construir una casa. Esa es la realidad con la que nos enfrentamos. No solamente la falta de alimentos y que las familias tengan que elegir qué chico va a empezar el colegio y cuál no todavía porque no pueden comprarles zapatillas a los cuatro, hojas de carpeta, el cuaderno.

Las familias tienen que elegir qué chico va a empezar el colegio y cuál no todavía porque no pueden comprarles zapatillas u hojas de carpeta a los cuatro.

—¿Por qué no hay explosión social, no hay saqueos, no hay protestas masivas?

—Juan (Grabois) viene hablando de implosiones, que el pueblo pobre es manso, no organizado. Yo me voy a mis diez años, cuando trabajaba como empleada doméstica, como trabajé hasta los 20, y le preguntaba a mi mamá por qué éramos pobres. “Bueno, porque es así, porque somos pobres.” No había explicación para la pobreza. Cuando sos pobre querés laburar para salir adelante, conseguir el plato de comida, mandar a tus hijos al colegio, no hay tiempo para organizarse e ir en contra de nadie porque no tenemos los culpables, no nos han educado para eso.

Yo hice mi secundario a los 21 años y después empezó todo. La educación me abrió la cabeza. Yo viví en ese sistema de pensar solo en traer dinero a mi casa porque trabajaba en otra casa limpiando. Por eso les da temor cuando los pobres se organizan, quieren salir adelante. Apuntan, demonizan lo que hizo en el Estado un puñado de militantes que se dieron cuenta, elaboraron, lucharon y se juntaron con otros. Y el Estado estuvo ahí para darnos un lugar, entrar y transformar realidades.

—¿Recibió llamados de solidaridad por las acusaciones públicas de los últimos días?

—Primero de la familia, que es la que me hace sentir totalmente fortalecida. Después, mis hermanos. Tengo siete hermanas, y cinco viven en el barrio. Después, compañeros de la catequesis, que por ahí ni siquiera son militantes ni tienen un color político determinado y me llaman y me dicen “conocemos lo que hacés”. Gente que trabajó al lado mío y que sigue estando hoy más allá de la gestión, distintos funcionarios de las provincias donde hemos tenido trabajo en estos últimos años.

—¿El Papa la llamó?

—No conozco al Papa, conocí una vez al sacerdote (Jorge) Bergoglio en un locro.

—¿Y políticos no peronistas?

—Pablo Javkin (intendente de Rosario) me mandó mensaje. El expresidente Alberto Fernández me llamó para solidarizarse, me dijo que conocía de mi integridad y el trabajo de estos años y se ponía a disposición para lo que lo necesite. Y están todos los compañeros propios que salen a bancar públicamente y otros que no pueden hacer publicaciones porque también están marcados, pero los puedo convocar.

—¿Qué autocrítica hace de su gestión y de la general de Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa?

—Mirá, yo te puedo hablar de mi gestión. Me encantaría ser economista y entender otras cosas. A mí me toca ver la realidad, sabiendo que quedaron muchas asignaturas pendientes. Desde nuestro espacio, nos hubiese encantado llegar a más barrios. No nos dio el tiempo ni la vida para hacerlo. Había tres días por semana que no estaba en mi casa porque estaba recorriendo las provincias y viendo que haya voluntad política, que se siguieran haciendo obras en los barrios y que hubiese aportes de los propios municipios y provincias. Nosotros dejamos en una situación incómoda a la gestión siguiente: dejamos una vara muy alta con programas como Mi Pieza, con los 25.000 lotes que hicimos, el trabajo en lo cultural en muchos de los barrios, el de organización que dejamos hoy muchos de los promotores que estaban en todo el país. Ojalá que que el nuevo subsecretario esté con esa misma voluntad, con ese mismo amor por transformar lo que todavía está esperando por obras. Nos va a tener acá para darle la mano.

AR/JJD/DTC