Como ya lo anticipaban las consultoras privadas, la inflación de marzo se sostuvo en niveles altos de enero y febrero y consolidó un ritmo que sigue hundiendo el poder de compra, pero ahora más aceleradamente. El Índice de Precios al Consumidor subió 3,4% en marzo y acumuló 9,4% en lo que va de 2026, según el INDEC.

El índice mostró una secuencia de diez meses consecutivos en alza, desde el piso de 1,5% en mayo de 2025 hasta el nivel actual, sin interrupciones. Ya se puede decir con todas las letras: con Javier Milei la inflación no está bajando; está subiendo.

La suba de la inflación, el “peor impuesto”, porque es el que pagan los pobres —como lo definen los economistas ortodoxos—, condiciona sobre todo la vida de los asalariados.

La referencia más concreta volvió a estar en las canastas. Para no ser pobre, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en marzo $1.434.464, mientras que la canasta alimentaria —la línea de indigencia— se ubicó en $658.011 para ese mismo hogar.

Estos valores marcan el ingreso mínimo necesario para sostener condiciones básicas de vida en un esquema de medición que el propio Estado define únicamente en términos monetarios, y no en términos multidimensionales donde la pobreza incluiría otras privaciones y probablemente sería mayor.

En paralelo, la canasta básica alimentaria subió 2,2% en el mes y acumuló 11,6% en el año, mientras que la canasta básica total aumentó 2,6% en marzo y 9,6% en el primer trimestre.

El aumento de los precios se concentró otra vez en los gastos que estructuran la vida cotidiana. Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 3,4% y tuvieron la mayor incidencia en el índice general, con aumentos destacados en carnes.

También se registraron subas en transporte (4,1%) y en precios regulados (5,1%), que incluyen tarifas y servicios. La división Educación encabezó el mes con un incremento de 12,1%, en línea con el inicio del ciclo lectivo.

La dinámica de esos rubros tiene un efecto directo: son gastos que no se pueden ajustar ni postergar, y por eso erosionan más rápido cualquier ingreso.

El 9,4% acumulado en apenas tres meses plantea un problema de fondo: el ritmo de la inflación sigue lejos de cualquier escenario de estabilidad.

Para quienes dependen de un salario, esa velocidad no es un dato técnico sino una condición concreta de vida: cada mes redefine cuánto se necesita para comer, viajar, pagar servicios y sostener un hogar.

En el debate presidencial, Javier Milei afirmó que era “experto en bajar la inflación” y convirtió ese punto en uno de los ejes de su programa económico. Tres meses alcanzaron para que los precios se acercaran nuevamente a los dos dígitos acumulados, mientras las referencias básicas del costo de vida —las canastas— siguieron subiendo. Los bolsillos, cada vez más flacos, en el gobierno libertario, que prometió protegerlos y castigar a solament a “la casta”.

JJD

En diciembre de 2023, a pocos días de haber iniciado su mandato presidencial, Javier Milei dio un mensaje por cadena nacional anunciando su megadecreto desregulador, ideado por Federico Sturzenegger, que entonces no tenía ningún cargo formal en el Poder Ejecutivo, aunque en esa transmisión apareció junto al resto de los funcionarios de la primera línea del Gobierno. El mandatario anunció entonces, entre otras novedades, la derogación de la ley de Alquileres, con el argumento de que a los precios los regula el mercado, que esa norma los regulaba al determinar que se guiarían por un índice compuesto por inflación y salarios, el ICL (Índice de Contratos de Locación), que publicaba el Banco Central, y que con esa derogación se repondría la oferta retirada de alquileres por el miedo de los dueños a poner en alquiler su vivienda. Pues no. El costo de la vivienda fue el que más se disparó desde que empezó el gobierno de La Libertad Avanza e inclusive duplicó a la inflación general.

Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación acumulada del período, cercana al 209%. El aumento arrastró también a los servicios básicos: el gas natural subió 766%, la electricidad 370% y el agua 366%.

El estudio analizó la evolución de distintos rubros de consumo durante los primeros 26 meses del gobierno de Milei. Según los datos elaborados a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec para la región del Gran Buenos Aires, la inflación acumulada en ese período fue de alrededor de 209%, una cifra que, sin embargo, esconde diferencias significativas entre los distintos componentes del gasto de los hogares.

La vivienda encabezó esas divergencias. Dentro de ese rubro —que incluye alquileres, expensas, electricidad, gas, agua y otros combustibles— el aumento acumulado fue de casi 400%, es decir, 191 puntos porcentuales por encima del nivel general de inflación.

El informe destacó que el mayor salto se registró en el gas natural, cuyo precio acumuló un incremento de 766% desde diciembre de 2023. Le siguieron los alquileres, con 423%, la energía eléctrica con 370% y el agua con 366%.

Para los hogares trabajadores, estos gastos son estructurales del presupuesto familiar. Pagar el alquiler, sostener los servicios básicos o mantener el acceso a la energía forman parte de consumos que difícilmente pueden reducirse, incluso cuando el ingreso pierde poder adquisitivo.

Ese impacto ya se había observado en los datos recientes del IPC. En febrero de 2026, la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba mensual de 6,8%, la mayor variación entre todos los rubros del índice de precios.

El encarecimiento de los alquileres fue uno de los componentes centrales de esa presión sobre los ingresos. Según las variaciones regionales publicadas por el Indec, los alquileres registraron aumentos interanuales que superaron el 100% en algunas regiones del país, lo que reforzó el peso del gasto habitacional en el presupuesto de los hogares asalariados.

El resultado es un doble efecto sobre el ingreso real. Por un lado, los salarios pierden frente al aumento general de los precios; por otro, los gastos fijos esenciales crecen incluso más rápido que la inflación promedio.

Rubros que crecieron más que la inflación

El informe del Centro RA también mostró que la vivienda no fue el único rubro que superó ampliamente el promedio inflacionario.

Después del costo habitacional, el segundo mayor aumento acumulado se registró en comunicaciones, con una suba de 321%. Le siguieron educación, con 279%, y transporte, con 255%.

El gráfico incluido en el estudio —publicado en la página 2 del informe— muestra que varios rubros crecieron muy por encima del nivel general del IPC. En contraste, otros sectores de consumo registraron incrementos bastante menores.

Entre ellos aparece alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba acumulada de 182%, es decir, por debajo del promedio inflacionario. También quedaron por debajo equipamiento y mantenimiento del hogar, con 128%, y prendas de vestir y calzado, con 106%.

Esta heterogeneidad en los precios significa que el impacto real de la inflación depende de qué bienes consume cada hogar. Para las familias trabajadoras, los gastos vinculados con vivienda, servicios y transporte suelen ocupar una proporción elevada del ingreso, por lo que las subas en esos rubros tienen un efecto directo sobre su capacidad de compra.

La lechuga y el azúcar

El estudio también analizó la evolución de precios de productos específicos, principalmente dentro de los rubros alimentos y bebidas y bienes y servicios varios.

El producto que más aumentó fue el polvo para flan, con una suba acumulada de 424,7%. Detrás se ubicaron el limón (342%), el café molido (308,2%) y la lechuga (292,9%).

Entre los diez productos con mayores incrementos también aparecieron la sal fina (256,2%), la manzana (247,9%), el agua sin gas (246,7%), el champú (244,2%), el filet de merluza fresco (234%) y el queso sardo (233,6%).

En el otro extremo, algunos alimentos mostraron aumentos considerablemente menores. La yerba acumuló 80,7%, la banana 76,9%, los fideos para guiso 58,7% y el arroz 11,7%. El caso más llamativo fue el del azúcar, cuyo precio prácticamente no varió durante el período analizado, con un incremento de apenas 0,5%.

Incluso dentro de un mismo grupo de alimentos hubo diferencias significativas. En el caso de la carne vacuna, por ejemplo, la paleta aumentó 230,7%, el cuadril 228% y la nalga 225,7%.

El informe señaló además que 32 de los 59 productos relevados registraron aumentos superiores al promedio del rubro alimentos y bebidas, que se ubicó en torno al 181%.

Los investigadores del Centro RA señalaron que la inflación promedio puede ocultar diferencias profundas en la evolución del costo de vida, especialmente cuando algunos rubros esenciales crecen muy por encima del resto.

A los trabajadores el salario les alcanza cada vez menos para cubrir gastos básicos, porque no solamente los ingresos están pisados sino que sólo los dos primeros meses de 2026 la inflación ya dio casi 6% y se espera otra cifra cercana al 3% para marzo.

“Entre muchas reformas, el decreto incluye: 1. Derogación de la ley de alquileres, para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea”, prometió Milei. A lo mejor deje de ser una odisea en 20 años, cuando según otra profecía del presidente libertario, la Argentina logre el nivel de desarrollo y el PBI per cápita de Alemania.

JJD

En los últimos años, cada vez más personas que trabajan sienten que su esfuerzo rinde menos que antes: el 83,9% afirmó que su salario no le ganó a la inflación. El dato surge del Monitor de Opinión Pública, de la consultora Zentrix, correspondiente a marzo de 2026, y expuso una percepción masiva de pérdida de ingresos reales que se tradujo en restricciones concretas en la vida cotidiana. Solo el 11,9% consideró que su salario logró superar la suba de precios, lo que dejó en evidencia un escenario donde el ingreso laboral perdió capacidad de sostener el consumo básico.

El mismo informe registró que el 56,4% de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses, una proporción que vinculó directamente el deterioro de ingresos con la necesidad de financiamiento para sostener gastos corrientes.

El destino de ese endeudamiento reforzó ese diagnóstico. El 26,2% se endeudó para cubrir gastos cotidianos, el 19,9% para pagar tarjetas de crédito y el 18,9% para cancelar otras deudas, según el informe.

Ese patrón muestra que el crédito no funciona como herramienta de inversión o mejora patrimonial, sino como mecanismo de supervivencia ante ingresos insuficientes

El impacto de la pérdida salarial también se reflejó en la capacidad de sostener el mes. Solo el 25,7% afirmó que llegó a fin de mes, mientras que un 16% dijo que además pudo ahorrar.

En contraste, una proporción significativa de trabajadores agotó sus ingresos antes de terminar el mes:

Más de la mitad (56,3%) no logró cubrir el mes completo con sus ingresos, según el mismo relevamiento.

Este dato da cuenta del deterioro directo en la reproducción cotidiana de la vida trabajadora: el salario deja de organizar el mes completo y pasa a fragmentarse en períodos cada vez más cortos.

El endeudamiento no solo se expandió sino que además se volvió difícil de sostener. El 41,9% declaró que pagó sus deudas con alguna dificultad y el 27,8% con mucha dificultad, mientras que un 13,8% se atrasó en pagos y un 5,9% afirmó que ya no pudo pagarlas. En conjunto, el 89,4% de quienes tenían deudas enfrentó algún nivel de dificultad para afrontarlas, de acuerdo con los datos del informe.

Siete de cada 10 trabajadores sostiene que su situación económica personal no es buena

El deterioro del ingreso también se expresó en la percepción sobre la situación económica personal. El 39,5% la calificó como negativa, frente a un 28,7% positiva y un 31,8% regular, según los resultados del relevamiento (página 4).

A nivel país, la evaluación fue aún más crítica: el 59,7% consideró negativa la situación económica de la Argentina, mientras que solo el 21,1% la evaluó como positiva.

JJD

La comida lidera el aumento del costo de vida básico en la Argentina. En el antiguo granero del mundo, el instituto de estadísticas públicas, el Indec, muestra que el precio de los alimentos sube más rápido que el conjunto de bienes y servicios que determinan el umbral de la pobreza.

En febrero de 2026, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —la que se toma para calcular la indigencia que hay en la Argentina— registró una suba interanual de 37,6%, por encima del 32,1% que aumentó la Canasta Básica Total (CBT), el indicador que se utiliza para medir la pobreza.

Dicho de otro modo: los alimentos se encarecen más rápido que el conjunto del costo de vida mínimo que necesita asumir un hogar para sostener su consumo básico.

Cada aumento en el precio de la carne, la leche, el pan o las verduras se traduce en decisiones concretas dentro de los hogares: comprar menos, reemplazar productos o directamente dejar de consumirlos.

La CBA mide justamente el costo de cubrir los requerimientos nutricionales mínimos de una persona adulta durante un mes. Se construye a partir de un conjunto de alimentos básicos y sus cantidades, definidos según patrones de consumo relevados por el propio Indec.

En esa lista aparecen productos que forman parte de la mesa cotidiana de millones de trabajadores: pan, arroz, fideos, carne, leche, frutas y verduras, entre otros. La evolución de esos precios determina cuánto cuesta, literalmente, comer.

El aumento de la canasta alimentaria también se reflejó en el corto plazo. En febrero, la CBA subió 3,2% en un mes, mientras que la canasta total lo hizo 2,7%.

Es una diferencia aparentemente pequeña, pero significativa: indica que incluso dentro del costo de vida básico la comida es lo que más presiona el presupuesto familiar.

Las cifras adquieren una dimensión más concreta cuando se traducen en hogares. Según el informe del Indec, una familia de cuatro integrantes —la composición que habitualmente se utiliza como referencia— necesitó $644.088 en febrero solo para cubrir la canasta alimentaria.

Es decir, más de seiscientos mil pesos mensuales únicamente para comer.

Esa misma familia necesitó $1.397.672 para no ser considerada pobre, es decir, para cubrir el conjunto de gastos básicos que incluye alimentos, transporte, vestimenta, servicios y otros consumos esenciales.

El contraste entre ambas cifras revela cómo se distribuye el peso del costo de vida: casi la mitad del gasto mínimo necesario para sostener un hogar corresponde únicamente a alimentos.

En la práctica, esa proporción se vuelve aún más pesada para los hogares de menores ingresos, donde la comida suele ocupar una parte todavía mayor del presupuesto mensual.

La canasta que define la pobreza crece más rápido que la inflación

El informe también deja otro dato relevante para entender la dinámica del costo de vida. En lo que va de 2026, la canasta básica total acumuló un aumento de 6,8%, apenas dos meses después de iniciado el año.

Ese ritmo de crecimiento se ubica por encima del índice de precios al consumidor del mismo período, que marcó una suba cercana al 6% en el primer bimestre.

La diferencia puede parecer marginal, pero tiene implicancias claras: el costo de la canasta que define la línea de pobreza está creciendo más rápido que el promedio de los precios.

El aumento del costo de vida no impacta de manera uniforme en todos los bienes y servicios. Cuando los incrementos se concentran en los consumos esenciales —como alimentos, transporte o servicios básicos— el efecto sobre los hogares es mayor que el que reflejan los promedios generales.

Esto explica por qué la percepción social del costo de vida suele diferir de las cifras agregadas de inflación. Para muchas familias trabajadoras, los precios que más pesan en el día a día son precisamente aquellos que integran la canasta básica. Nadie puede dejar de comer ni prescindir de los gastos básicos del hogar. Por eso, cuando el aumento se concentra en esos rubros, el impacto es inmediato.

El fenómeno tiene además una dimensión estructural. En un país donde la producción agroalimentaria ocupa un lugar central en la economía, la evolución del precio de los alimentos adquiere una carga simbólica particular.

La Argentina se definió durante décadas como el “granero del mundo”, una expresión que evocaba abundancia y capacidad exportadora. Sin embargo, las estadísticas del costo de vida muestran otra cara de esa historia: los alimentos que produce el país son también los que más se encarecen dentro del consumo básico de su propia población.

JJD

Una caja de pañales, un colectivo hasta la salita, la merienda para la mochila, una consulta médica, una tarde entera para acompañar los deberes. Criar a un hijo en Argentina es una tarea constante —y cada vez más cara. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos [Indec], en agosto de 2025 una familia necesitó $542.183 al mes para cubrir el costo total de un niño o niña de entre 6 y 12 años. La cifra corresponde a la canasta de crianza, un indicador que combina el costo de los consumos esenciales con el valor económico del tiempo de cuidado.

El dato es impactante, pero no sorprende a quienes hacen las cuentas cada mes. La canasta —que contempla tanto bienes como cuidados— sube con la edad. Para un niño o niña menor de un año, el valor total fue de $432.161; para el tramo de 1 a 3 años, subió a $513.406; entre 4 y 5 años, bajó levemente a $430.996. El grupo de edad escolar, en cambio, lideró el ranking con $542.183 mensuales. La diferencia se explica, sobre todo, por el aumento sostenido en el costo de los bienes y servicios.

La cuenta tiene dos partes. Por un lado, lo tangible: comida, ropa, transporte, educación, salud. Es decir, el valor de la canasta básica total del Gran Buenos Aires, ajustado por edad, que el Indec usa como referencia para medir pobreza. En agosto, ese monto fue de $131.480 para bebés, $169.771 para niños de 1 a 3 años, $216.224 para los de 4 a 5 y $268.227 para quienes tienen entre 6 y 12.

Por otro lado, lo intangible: el tiempo. En la Argentina, el cuidado también tiene precio. Y no es simbólico. El Indec lo valoriza según lo que cobraría una trabajadora del hogar por esas mismas horas de asistencia. El cálculo parte de una jornada laboral de ocho horas diarias, menos el tiempo que cubre el sistema educativo. Así, el cuidado de un bebé demandó en agosto 147 horas mensuales, que costaron $300.681; el de un niño de 1 a 3 años, $343.635; el de un niño de jardín, $214.772; y el de un escolar, $273.956.

Entre marzo y agosto, el costo de criar a un bebé subió $22.747. No fue un salto brusco, sino un goteo constante: un poco más cada mes. El valor del cuidado —ese tiempo que alguien tiene que estar presente— pasó de $284.788 a $300.681, mientras que la parte de bienes y servicios también aumentó. La rutina no cambió, pero sí el esfuerzo que implica sostenerla: la leche, los pañales, los controles médicos, y el tiempo, siempre el tiempo.

Uno de los aspectos menos visibles, pero más importantes, es cómo se calcula lo que necesita un niño o una niña según su edad. No consume lo mismo un bebé que un escolar, y eso el informe lo contempla. Un nene de entre 6 y 12 años, por ejemplo, demanda casi tres cuartas partes del consumo de un adulto, y eso se refleja en el aumento del costo a medida que crecen. Porque ya no alcanza con que coman: ahora necesitan útiles, zapatillas, colectivo, celular, alguna salida.

También se tuvo en cuenta cuánto tiempo hace falta para cuidar, aunque no siempre se pueda. La cuenta arranca desde una jornada de ocho horas diarias, pero se descuenta lo que cubre la escuela. Hasta los 4 años, el cuidado recae casi por completo en el hogar. Desde los 6, la primaria ayuda a aliviar, aunque solo por un rato. El informe no mira lo que se hace, sino lo que se debería hacer: lo que toda niña o niño merece recibir.

Y hay una aclaración que toca una fibra real: si hay más de un hijo en casa, el cálculo no suma las horas de cuidado de cada uno, sino que toma la mayor. Es decir, se parte de que quien cuida no puede duplicarse. Puede parecer una cuestión técnica, pero en la vida real se traduce en algo concreto: organizarse para que lo urgente no tape lo importante. Porque el cuidado no se multiplica, se reparte. Y a veces, se estira.

El informe, elaborado con metodología del Ministerio de Economía y Unicef, traza una radiografía económica de la infancia. Los datos reflejan lo que ya saben madres, padres y cuidadores: que cada edad trae nuevas necesidades, y que cada necesidad tiene su precio. Y que detrás de esos números hay tiempo, esfuerzo y muchísima logística doméstica.

En el último año, el valor de la canasta aumentó un promedio del 18% en todos los tramos de edad. En agosto de 2024, criar a un niño escolar costaba $454.568; un año después, $542.183. Para una niña de jardín, pasó de $361.197 a $430.996. Y para un bebé, de $367.027 a $432.161. Son incrementos que, aunque esperables en el contexto inflacionario, ponen en evidencia la carga que enfrentan las familias con hijas e hijos a cargo.

La canasta de crianza sirve para pensar políticas públicas, discutir licencias, asignaciones, horas de jornada extendida, acceso al trabajo para las mujeres. Sirve para dimensionar el trabajo de cuidar.

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La economista Marina Dal Poggetto subrayó que la inflación mensual del 3,5% registrada en septiembre, aunque supone una baja del índice —el menor en casi tres años— sigue siendo una cifra elevada. Según la experta, la caída de la economía tocó fondo en mayo y desde entonces se empieza a ver una recuperación.

“Estamos viendo un aumento en la producción desde niveles muy bajos”, indicó Dal Poggetto. “El objetivo es que el nivel de actividad vuelva a los niveles de 2023, comparables a los picos de 2017 y 2015. Sin embargo, este crecimiento ha sido desigual, con variaciones significativas desde 2018”, planteó, en una entrevista que le concedió a Radio Mitre.

Dal Poggetto también resaltó la diferencia entre el aumento en la oferta y la lenta recuperación del consumo masivo. Los supermercados y comercios de cercanía todavía muestran caídas significativas en sus indicadores, señaló, en contraste con el incremento de ventas en plataformas online como Mercado Libre.

“La acumulación de stocks fue enorme, fundamentalmente porque tenías una brecha enorme, y entonces las empresas se protegieron fundamentalmente y compraban un dólar oficial que después no lo podían pagar, en un contexto de brecha del 200%”, sostuvo y señaló que “una inflación acumulada del 100% desde principios de año, que sumada a diciembre da 150%, con un dólar que se quedó no solo clavado”, provocó que se “quemaran” los stocks y que “parte de ese desarme de stocks tuvo que ver con el desplome que viste en los niveles de actividad”

Dal Poggetto, directora ejecutiva de EcoGo Consultores, señaló que “ahora la economía tiene stocks más normalizados, donde los ingresos de los sectores formales empiezan a recomponerse un poco” aunque “los de los sectores informales y los del sector público vienen bastante rezagados”.

“El grueso del ajuste fiscal está hecho, en gran medida, con caída en los ingresos de la población, o sea, los salarios y jubilaciones”, afirmó y subrayó que “desde el punto de vista de la demanda lo que está jugando es la expansión del crédito”, que tiene “doble vía, porque les da aire a las empresas”, con una política fiscal contractiva en combinación con una política monetaria expansiva, expandiendo el crédito para las empresas, crédito barato pero no para la inversión, y del otro lado “se le está empezando a dar crédito a la familia, por ejemplo con el Ahora 12. A su criterio ”el frenó en la caída del consumo se produjo en el Hot Sale de hace tres meses atrás“.

Respecto de la inflación, Dal Poggetto fue clara: “El 3,5% mensual es altísimo”. En este sentido, advirtió que los planes de cuotas sin interés se vuelven atractivos cuando “la tasa de interés de las tarjetas de crédito está en el 80%”. Advirtió, de todas maneras, que estos planes también implican un esquema de subsidios cruzados, beneficiando a quienes tienen acceso a tarjetas de crédito a expensas de quienes deben pagar al contado.

JJD

A diez meses de iniciado el gobierno de Javier Milei, el Ejecutivo celebra un logro: haber perforado el piso de 4% de inflación mensual que venía siendole esquivo en los cuatro meses anteriores: 4,2% en mayo, 4,6% en junio, 4% en julio y 4,2% en agosto. A su vez, el 3,5% de septiembre permitió retornar a una senda descendente, y desaceleró fuerte la inflación núcleo, es decir, aquella que deja de lado los precios regulados (en los que el Estado interviene, como las tarifas) y los estacionales (como las frutas y verduras o el turismo). De 4,1% en agosto, a 3,3% en septiembre. Los bolsillos argentinos celebran el alivio, pero lejos están de acompañar las buenas noticias.

Con el dato de septiembre, la inflación en lo que va de 2024 alcanzó el 101,6%, la inflación de la era Milei el 153% y la interanual 209%. ¿Qué rubros traicionaron al alza? El rubro con mayores aumentos fue “Vivienda, agua, electricidad, gas” con un incremento de 7,3%. Es el resultado del ajuste de tarifas y especialmente de alquileres. El rubro “Prendas de vestir y calzado”, a diferencia de los meses anteriores, ajustó sus precios por encima del promedio: 6%. En tercer lugar, “Educación” se movió en torno del 4,3% dados los aumentos autorizados para los colegios privados.

Por debajo del promedio destacó el rubro “Salud”, que mostró variaciones de 3,3%, como resultado del incremento en prepagas y de remarcación de 1,7% en los precios de medicamentos (y 4,9% en PVP PAMI aunque si se incluyen los medicamentos excluidos del vademécum recientemente el guarismo asciende a 9,7%).

Más destacable aún es el rubro “Alimentos y Bebidas”, que desaceleró fuertemente su incremento. Luego de 3,6% en agosto, 3,2% en julio, de 3% en junio, 4,8% en mayo, en septiembre alcanzó un 2,3%. En este punto colaboraron tanto la carne vacuna, que se movió a la baja en Hacienda -4,9% en promedio respecto al mes anterior, y las verduras que en el segmento mayorista se redujeron en 3,2%. En el primer caso, la caída del consumo está influyendo, y en el caso de las verduras, operó la estacionalidad. ¿Pero qué pasa con los ingresos?

¿A qué costo el Gobierno está desacelerando la inflación?

Los bolsillos de los argentinos no sólo no logran recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023, sino que caen nuevamente: el dato publicado del RIPTE (Remuneración imponible promedio de trabajadores estables) arrojó un crecimiento de los salarios de 3,8% en agosto. Ese mismo mes, la inflación fue de 4,2%, por lo cual perdieron capacidad de compra.

Esta evolución de los precios, en septiembre, estuvo sostenida en la fuerte caída del consumo (la consultora Scentia midió en agosto un desplome del consumo masivo de 17,2%), el férreo control sobre el tipo de cambio oficial (que continúa en la senda del 2% mensual) y la moderación de los dólares financieros (el CCL bajó 4% punta a punta). También colaboró la medida del Impuesto PAIS, cuya alícuota el gobierno había aumentado en diciembre y retrotrajo a 7,5% el 1° de septiembre.

En octubre, la calma (con tendencia a la baja) en los dólares paralelos podría colaborar, así como la reducción del precio del gas y la nafta, si bien en este último caso, las empresas ya solicitaron aumentar nuevamente por el incremento del precio internacional en el marco de la tensión en Medio Oriente.

La cuestión es a qué costo el gobierno está desacelerando la inflación. Y allí preocupan seriamente los datos de actividad y empleo. Luego de sostener desde el Ejecutivo que lo peor ya había pasado, que comenzaba un sendero de recuperación, los datos de septiembre mostraron heterogeneidad: tanto las ventas de CAME como la construcción volvieron a caer contra el mes anterior (además de caer fuerte interanual): -0,5% y -5,43%.

Más grave aún es la situación del trabajo asalariado registrado: entre noviembre 2023 y julio de 2024 se perdieron 187.725 puestos, de los cuales 146.465 pertenecen al sector privado y 41.260 al ámbito público. Además, por segundo mes consecutivo, el sector industrial encabezó la caída con 2.855 empleos perdidos.

Con una economía que, según las propias previsiones presupuestarias del Gobierno, se dirige a terminar el año con una caída de 4%, el consumo privado derrumbado 6% y la inversión en el subsuelo de -22%, resulta difícil celebrar el dato de inflación.

CB/JJD

Argentina posee el costo de vida más caro de la región e incluso de ciertos países de la Unión Europea en términos relativos, según un estudio del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Para ello, se tuvo en cuenta la capacidad para adquirir canastas de consumo y bienes y servicios con los salarios mínimos medidos en dólares para Argentina (tomado a tipo de cambio paralelo), algunos países de la región y de la Unión Europea.

Según los autores del estudio, “se logró así una comparación homogénea del costo de vida/adquisición de bienes y observar cuán caro es un país respecto a otro”.

Las unidades de medida se expresan de dos formas: (i) cantidad de salarios mínimos necesarios para comprar un bien, servicio o canasta de consumo y (ii) cuánto representa del salario mínimo una determinada canasta de consumo, bien o servicio.

La diferencia puede observarse principalmente con Brasil, segundo país más caro de la región, ya que en Argentina se necesita un salario más para adquirir una canasta de consumo básica y dos salarios mínimos más si se considera el alquiler.

Si se evalúa la posición de Argentina respecto a los países seleccionados de la Unión Europea, se puede concluir que la diferencia en costo de vida es aún mayor ya que, una persona requiere 2,5 salarios mínimos menos para acceder a una canasta de consumo básica y 3,5 salarios mínimos menos si se considera el alquiler de un monoambiente en la ciudad (Gráfico 1).

El costo de vida promedio de una persona en Argentina es de casi 5 salarios mínimos, señala el estudio. Si se descuenta el alquiler se reduce a 3 salarios mínimos.

Si se evalúa el costo de vida de una familia tipo (pareja con dos hijos) en Argentina, se necesitan más de 14 salarios mínimos para poder adquirir bienes y servicios básicos y pagar el alquiler de un departamento de tres ambientes en la ciudad.

Si se observan categorías específicas, se necesita más de un sueldo mínimo por mes para adquirir una canasta de alimentos de aproximadamente 2400 calorías diarias, un 70% de un salario mínimo para comprar un par de zapatillas Nike de gama media y un 0.55% de uno de estos salarios para comprar un litro de combustible.

La investigación destaca además que a partir del cambio de gobierno el 10 de diciembre del año pasado, “se llevaron adelante varias medidas de política cambiaria, entre las que se puede destacar una devaluación del 118% del tipo de cambio oficial y el establecimiento de micro devaluaciones del 2% mensual. Sin embargo, debido a la dinámica inflacionaria estas devaluaciones quedaron por debajo del ritmo de crecimiento de los precios, generando un encarecimiento de Argentina respecto al mundo (atraso cambiario)”.

Observando el costo de vida familiar, añade el texto, se puede concluir que este es sumamente elevado comparando con los países que siguen a Argentina (Brasil y Perú) necesitando aproximadamente 6 salarios básicos más que dichos países. Respecto a Europa, una familia tipo Argentina requiere, en promedio, 11 salarios mínimos más para comprar bienes y servicios básicos y alquilar (Gráfico 2).

Otro dato que revela el estudio es que en comparación con la región, en Argentina se requiere en promedio del doble de ingreso para adquirir una canasta de alimentos de 2.400 calorías diarias respecto a los países de la región, y casi cinco veces más de ingreso en promedio que en los países europeos para poder adquirir la misma canasta de bienes (Gráfico 3).

La investigación destaca que “es importante remarcar que Argentina se encuentra entre los 10 mayores productores mundiales de alimentos, por lo que los precios de estos dentro del país deberían ser bajos debido a la alta oferta, lo que no se observa si se compara en términos relativos los precios de los alimentos con otros países”.

Vestimenta y combustible

El estudio concluye que en Argentina también la vestimenta es cara en términos relativos, debido a que se necesita casi tres cuartos de un ingreso mínimo para comprar un par de zapatillas mientras que en los países de la región este producto equivale, en promedio, al 23% de un salario mínimo y menos de un 7% de un salario mínimo en los países de Europa.

Es así como Argentina sigue siendo el país más caro de la región y de los países europeos mencionados anteriormente en lo que respecta a la vestimenta (Gráfico 4). Esto en parte se debe a la protección que posee la industria textil con respecto a los productos importados.

Respecto del precio del combustible, en Argentina (U$D 0,90) es menor al precio promedio internacional (U$D 1,32) sin embargo, es caro respecto a la región y a países de Europa si se mide en términos de ingreso.

En Argentina y Perú se tiene que destinar mayor parte de un ingreso mínimo para adquirir un litro de gasolina (0.55% y 0.54% respectivamente) dicho valor se encuentra muy por encima del promedio de la región (0.33%) y de los países europeos (0,11%) (Gráfico 5).

CRM

El Gobierno podrá festejar que retornaron a una tendencia decreciente de inflación. Luego de la aceleración de junio (de 4,2% a 4,6%), la suba de precios promedio de la economía fue de 4% en julio, en línea con el promedio arrojado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central (3,9%). Sin embargo, la desilusión gira en torno de que no pudo perforarse el piso de 4%, mientras que en el Gobierno se entusiasmaban con un dato que empiece con 3. 

Más allá de este detalle, lo más preocupante para el Gobierno seguramente sea el aumento de la inflación núcleo, es decir, aquella que deja de lado los precios regulados (en los que el Estado interviene, como las tarifas) y los estacionales (como las frutas y verduras o el turismo). Tras el estancamiento de junio (cuando se repitió el 3,7% de mayo), en julio creció a 3,8%.

A su vez, tanto la inflación acumulada en 2024 (87%) como la inflación interanual (263,4%) siguen en niveles sumamente altos. Durante julio, volvió a verificarse una inflación traccionada por el rubro Servicios (6,4%), frente a Bienes (3,2%), principalmente por los aumentos de los rubros salud, educación y recreación y cultura.

Si desagregamos por sectores, el que más aumentó fue Restaurantes y Hoteles (6,5%), impulsado por el contexto de vacaciones de invierno, y el que menos creció fue Prendas de vestir y calzado (1,6%). 

Por encima del nivel general subieron los rubros “Vivienda, agua, electricidad…” (6%), principalmente por los incrementos de alquileres (el ICL que aún tiene impacto en algunos contratos subió en julio 9%), ya que la decisión fue postergar los aumentos de las tarifas para agosto. A su vez, el rubro Salud aumentó 5,8% vinculado a los aumentos en los medicamentos (que aumentaron 5,0% en general, y 7,5% la canasta PAMI), y la finalización de los topes de aumentos de las prepagas.

Por debajo del nivel general podemos destacar los rubros Transporte, que sólo crecieron 2,6% impulsada por el congelamiento de las tarifas de colectivo en el AMBA y el incremento de combustibles de 4% tras la decisión del Ejecutivo de postergar la actualización del impuesto a los combustibles. También es destacable el rubro Alimentos, cuyos precios crecieron 3,2%, principalmente por frutas y verduras.

La evolución de los precios tiene dos anclas claras: la recesión y el atraso cambiario.

Por más que el Gobierno lo niegue, la actividad económica continúa en un nivel muy bajo en relación al año anterior. Los principales sectores muestran caídas significativas: la industria produjo en el primer semestre de este año 16,1% menos que en el mismo período de 2023; las ventas minoristas no sólo se derrumbaron con respecto a un año atrás (-15,7%) sino que cayeron incluso con respecto a junio (-1,6%), y la construcción acumula en el primer semestre de 2024 un derrumbe de 32,7%. En este contexto, los márgenes para subir precios son sumamente reducidos.

El segundo factor explicativo del dato que hoy conocimos es la evolución del tipo de cambio. El dólar oficial siguió el ritmo previsto por el Gobierno de 2%, conteniendo los precios. Sin embargo, hubo movimientos en los paralelos. Si bien de punta a punta, el dólar CCL bajó 5%, si comparamos promedios mensuales, en julio el CCL subió 3%, dada la aceleración producida la primera quincena de julio -que desembocó en la decisión de intervenir en la brecha-. Por más que desde el Gobierno sostengan que el objetivo es controlar la cantidad de dinero, la preocupación fue que la inflación se dispare. Tras los anuncios, el ritmo de aumentos comenzó a desacelerarse.

Por eso, las preguntas hacia adelante pueden resumirse en estas dos: si la economía se reactiva como pretende el Gobierno, ¿se puede sostener una desaceleración inflacionaria? ¿Caputo va a seguir atrasando el tipo de cambio como ancla para contener los precios?

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Las expensas se dispararon en el primer semestre del año en promedio 90% y esto impactó en la morosidad en los pagos.

La mayor presión estuvo en los edificios que tienen encargados, ya que el aumento salarial para este gremio acumula 87% en lo que va del año, según datos de las administraciones que liquidan expensas en ConsorcioAbierto.com.

El gasto del portero es aproximadamente del 70% de las expensas. El sueldo de un encargado permanente sin vivienda que recién ingresa es de $743.700.

Además de sueldos y cargas sociales, se disparan los gastos en seguridad, servicios públicos; mantenimiento, abonos de servicios y limpieza entre otros. La expensa promedio de junio en edificios de CABA fue de $175.000.  Subió 9,4% respecto de mayo, el doble de la inflación.

Días atrás, el Gobierno retrocedió con el aumento previsto en las tarifas de luz y gas en julio, mientras que tampoco aplicará ajustes sobre el impuesto a los combustibles. El objetivo de la medida es evitar que haya presiones adicionales sobre el costo de vida y levantar el pie del acelerador con la aplicación de más costos sobre hogares que han sufrido una fuerte pérdida de poder adquisitivo.

La decisión se tomó, en principio, sólo para las tarifas de julio con la intención de sostener la recuperación del poder adquisitivo de la población.

MM con información de la agencia NA.

Un día antes de que el INDEC publicara el 13,2% de inflación correspondiente a febrero, el Gobierno decidió anunciar la “apertura” de las importaciones para los bienes de la canasta básica con el objetivo primordial de disciplinar los precios internos de los alimentos. Fue luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, manifestase su preocupación por la suba en el precio de los alimentos básicos.

En términos prácticos, la apertura de las importaciones de alimentos —y otros productos de la canasta básica— tiene como consecuencia una modificación en los plazos de pagos de las compras efectuadas al exterior. En este sentido, la regulación vigente —para el resto de los productos— establece que estas compras tienen un esquema de pago basado en 4 cuotas —es decir, la totalidad del pago se finalizaría a los 120 días—. En función de lo oficializado por el Banco Central, para los bienes de la canasta básica, el plazo de pago se unifica en una sola cuota que se cancela a los 30 días. Esto contribuye, significativamente, a la celeridad de los trámites de importación ya que no solo el pago de contado a 30 días genera mayores incentivos al vendedor que el plazo de 4 cuotas sino que también le imprime mayor facilidad al trámite.

Sumado a la modificación de los plazos de pago, el Gobierno también anunció una suspensión temporal —120 días— en las percepciones de IVA adicional e impuesto a las Ganancias de las importaciones de estos productos.

Son alcanzadas por esta medida 2.936 posiciones arancelarias a 12 dígitos, que es el máximo nivel de desagregación que pueden tener los productos. ¿Qué significa a 12 dígitos? Cada producto tiene una posición arancelaria, que es básicamente un número. 2, 4, 8, 12 dígitos (la máxima). Que sea a 12 dígitos significa que el producto está en su máxima desagregación. Por ejemplo, “termo de plástico con forma de X manija a la derecha...”. Eso sería 12 dígitos. Es decir, la cantidad de dígitos indica su nivel de especificidad.

Entre los principales productos alcanzados por la medida gubernamental se encuentran carnes, pescados, lácteos, frutas, verduras, insecticidas, productos de higiene personal y medicamentos, entre otros.

Estímulos de producción alimentaria que acerquen a los productores con los consumidores

Una de las principales preguntas que surgen al calor de la medida es si esta determinación impactará, efectivamente, en la baja de precios. Al respecto, Julio Gambina, docente universitario, profesor titular de Economía Política en la Universidad Nacional de Rosario aseguró que “no es solución la importación de alimentos para inducir una baja de precios”. “Lo que se necesitaría son estímulos de producción alimentaria que acerquen a los productores con los consumidores. La medida dispuesta por el gobierno es a pedido de los grandes supermercadistas, que te atraerán por relativas baja en alimentos de primera necesidad y al mismo tiempo te venderán muchos otros productos a precios elevados”, aseveró.

Puntualizando sobre la cadena de producción, distribución y comercialización, el especialista dijo que “el problema no está en la distribución altamente concentrada de grandes supermercados, sino en reorganizar la producción y distribución de alimentos. La medida del gobierno no se inscribe en un plan general que no sea la destrucción de la producción local. No son los productores, especialmente pequeños los que establecen los precios y el reemplazo en grandes centros comerciales de pequeños productores proveedores por productos extranjeros, supone favorecer la producción externa”.

Por su parte, Gonzalo Carrera, economista de Equilibra le comentó a elDiarioAR que “en términos generales, en cualquier mercado, uno tiende a pensar que los precios oligopólicos no afectan a la inflación sino al nivel de precios”. “Mayor competencia en un mercado puede hacer bajar un precio por única vez, pero eso no afectaría a la inflación —variación generalizada y permanente de precios—. La medida puede ayudar a que, en estos meses, la entrada de productos discipline algunos rubros de alimentos y bebidas que, efectivamente, están creciendo bastante por encima del nivel general —por ejemplo, bebidas no alcohólicas—. Sin embargo, luego unos meses lo central siempre termina siendo el estado de la macroeconomía en su conjunto”, advirtió.

Carrera sostuvo que “cuando uno analiza los determinantes de los precios de alimentos y bebidas, queda bastante claro que el tipo de cambio oficial, la inercia, los precios internacionales o shock externo y, en menor medida, los salarios son las variables más preponderantes”. “Si uno logra mantener el tipo de cambio oficial -exportador- estable de forma sostenible, parecería alcanzar -sumado a la recesión- para que estos precios viajen por debajo del dígito mensual”, agregó.

Por último, frente al supuesto de que fuera necesario abrir la economía para, de alguna manera, aumentar la competencia y disciplinar precios se preguntó si “es alimentos el sector adecuado”. “Yo creo que no. Es uno de los sectores de mayor productividad de la economía argentina y no parece necesario, en un contexto de escasez de divisas, destinar dólares a la importación de esos bienes, pero sí creo que puede servir en otros sectores”, concluyó.

Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva en FUNDAR, le quitó dramatismo a la cuestión: “A priori, siempre que tengas más oferta, va a ayudar a disciplinar precios y, en ese sentido, mayores importaciones puede cumplir ese rol. En este caso en particular, Argentina, tiene muy poco porcentaje de alimento importado y, aunque favorezcas las importaciones, se me hace difícil pensar que haya un aluvión de alimentos importados. Nunca tuvo mucho alimento importado, ni siquiera en los momentos más aperturistas”.

¿Es esto una liberalización del comercio de alimentos?

Una de las preguntas que surge a partir de esta medida es si tanto la modificación en los plazos de pago como la suspensión de pago de percepciones impositivas es suficiente para llamar “liberación comercial” a esta medida.

En este sentido, es importante entender el rol que juega el Mercosur en los acuerdos de liberalización comercial. El bloque económico fundado en 1991 establece una serie de normas que deben ser cumplidas por los países miembros —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—, entre ellas el establecimiento de un arancel externo común. Esto quiere decir que, si, Argentina quisiera eliminar todos los aranceles referidos a la importación de alimentos, existiría una traba ligada a su pertenencia al Mercosur. Sin embargo, existe un mecanismo llamado lista nacional de excepciones (LNE) que le otorga a la Argentina la potestad de modificar —de manera unilateral— al alza o baja los aranceles de 100 productos.

Si bien el objetivo primordial del Gobierno es fomentar la competencia a la hora de que los supermercados tengan mayor cantidad de proveedores y eso impulse los precios a la baja, a su vez, podría generar serias dificultades en términos de competitividad industrial.

En primer lugar, si bien Argentina es conocida por su alta productividad en el rubro alimentos, la apertura comercial refleja, a las claras, las dificultades que está teniendo el plan económico en tener éxito. Es decir, si uno de los rubros estrella —con mayor productividad— está experimentando una inflación por encima de las expectativas, esa competitividad comenzará a erosionarse. 

Por otro lado, las desigualdades en el trato según el producto a importar también podrían generar consecuencias negativas en el funcionamiento de la economía. Mientras que para las importaciones de alimentos se liberan las divisas a los 30 días y se obtienen exenciones impositivas, en rubro industrial siguen las restricciones a las importaciones para la compra de insumos y bienes finales. Esto afecta de manera significativa a las empresas que producen y generan empleo a nivel local.

Por último, parece poco consistente —en un contexto en el cual los dólares no abundan— gastarlos en la importación de alimentos por parte de un país que, según el actual presidente “produce alimentos para 400 millones de seres humanos”. Cabe aclarar que, si bien este dato no es correcto ya que contabiliza granos —como la soja y el maíz— que no son destinados para el consumo humano, Argentina es un país exportador de alimentos.

Al deterioro del nivel de actividad presente causado por el elevado y súbito salto inflacionario se le sumaría una apertura importadora que, si bien puede contribuir a contener el incremento en el precio de los alimentos, incrementa la demanda de divisas en detrimento de los bienes primarios e intermedios requeridos por la industria.

En este aspecto, la evolución de la actividad económica no tiene muchos mas caminos que continuar su caída —a pesar de que el sector agroexportador va a aportar una cosecha muy importante y morigerará la caída general—. La profunda recesión afectará de manera negativa a la recaudación tributaria, y pondrá en jaque la reducción continua del déficit fiscal, generando muchas dudas sobre la sostenibilidad de la baja en la inflación, que parece ser el principal —y hasta ahora único— pilar del plan económico de Javier Milei.

IC/JJD

Los primeros dos meses de gobierno del presidente Javier Milei arrojaron una fuerte aceleración en la inflación, con un índice que alcanzó el 51,4% entre diciembre y enero, y un aumento del dólar libre —un promedio entre el MEP y el blue— del 8,6%. En este sentido, la economía argentina enfrenta un periodo de ajustes y desafíos significativos a los cuales se le suma el encarecimiento notable en moneda dura que está experimentando, principalmente en bienes de primera necesidad.

Si se hace una comparación entre los precios de bienes y servicios básicos como fideos, leche, transporte público, nafta, pantalón de jean y remera se advierte que los precios se acercan a los de otros países del mundo como España o Estados Unidos, con la diferencia de que la brecha entre el nivel de salario es muy amplia.

Los sitios web de supermercados en Argentina, Estados Unidos y España muestran que, en el caso del litro de leche, el valor para nuestra economía se sitúa en los US$0,71 mientras que en la economía norteamericana el precio es de US$0,88 y en España oscila los US$0,99. Este caso es bastante esclarecedor ya que, si bien, el producto en Argentina sigue estando por debajo del precio internacional medido en moneda dura, si se toma el precio de diciembre, se evidencia un incremento de casi el 60% en dólares.

Algo similar sucede con el paquete estándar de fideos secos: al día de hoy, su cotización interna alcanza los US$1,02 mientras que en diciembre rondaba los US$0,55. En este caso, si bien sigue estando por debajo del precio en los supermercados estadounidenses ya superó los US$0,78 mostrados en góndolas españolas.

El caso de la nafta es muy parecido ya que, si bien hubo un salto cercano al 100%, aún el litro está por debajo de Estados Unidos y España.

Por otro lado, algo que se encarga de recalcar el equipo económico del presidente cada vez que puede es lo atrasadas que se encuentran las tarifas de los servicios públicos tales como luz, gas y transporte. Si bien se encuentra programado un aumento del 150% en luz y gas para los próximos meses, estas tarifas seguirán estando por debajo de los estándares internacionales. Lo mismo sucede con el transporte público —en este caso colectivo— que en nuestro país se paga un boleto de US$0,28, mientras que en Estados Unidos el precio alcanza los US$2,75 y en España los US$1,60.

Diferente es el caso de los bienes durables: por ejemplo, tomando como referencia una Jeep Cherokee nueva es posible ver que el precio de venta en Argentina alcanza los US$155.000 cuando en Estados Unidos se sitúa en el orden de los US$66.000 y en España alrededor de US$90.000. En otro orden de magnitud, pero similar relación se sitúan los precios de los teléfonos celulares.

Aunque Argentina no se encuentre cara en dólares, es evidente su encarecimiento durante los últimos dos meses. Sin embargo, no todos los precios experimentaron incrementos acercándose a los estándares internacionales. Uno de los precios más importantes de la economía experimentó un incremento de tan solo el 15,3% —en pesos— entre diciembre y febrero. El precio en cuestión es el precio del trabajo: el salario.

En términos referenciales, el Salario Mínimo Vital y Móvil se situaba en $156.000 durante diciembre de 2023 y en febrero de este año alcanzó los $180.000, lo cual arroja un valor de US$ 168. Muy diferentes son los casos de Estados Unidos y España, países en los cuales el Salario Mínimo ronda los US$ 1.300.

Si bien el Salario Mínimo Vital y Móvil sirve, principalmente, como una referencia para la política de asistencia social, Argentina cuenta con el sueldo mínimo más bajo de la región medido en dólares después de Venezuela.

A esto se le suma el hecho de que, en nuestro país, el trabajo no registrado —en términos relativos— crece a pasos agigantados lo cual genera una desprotección cada vez mayor dentro de este sector.

La consecuencia directa es la estrepitosa caída del consumo evidenciada durante los primeros meses del año. Según CAME, en enero, la caída interanual de las ventas en el comercio minorista PyME fue de 28,5%.

¿Es un problema de precios o es un problema de ingresos?

Fernando Morra, director de Análisis Macroeconómico en Suramericana Visión explicó que “durante los últimos años, con una brecha tan alta, el tipo de cambio real —tomando el financiero— hacía a Argentina muy barata. Con la compresión de la brecha, te estas yendo a un valor de bienes y servicios más parecido a precios internacionales”.

“El problema es que, con el salto cambiario, te quedaron salarios promedio de US$ 500. No es que los bienes y servicios estén caros y no te hagan competitivos internacionalmente, es que los ingresos están destruidos y ahí radica el problema principal porque Argentina no es un país de US$ 500 al mes de ingresos. Normalmente oscila entre los US$ 10.000 y US$ 12.000 anuales per cápita. No es que los precios estén altos en dólares, sino que los salarios están muy bajos”, agregó.

De cara al futuro cercano, el economista vaticinó que “el problema es que, cuando se muevan los salarios —sin aumento de productividad—, si los empresarios suben los precios para mantener margen, la consecuencia directa ahí sí se va a generar un gran encarecimiento en dólares”.

La pregunta sobre si es apropiado comparar los precios locales con los internacionales para determinar si están “atrasados” o no, lleva a un debate más profundo sobre las bases de dicha comparación. Argumentar que los precios locales deben alcanzar a los internacionales sin considerar factores como la productividad interna y los costos de producción locales podría llevar a conclusiones erróneas sobre la economía. En cambio, una evaluación que considere la productividad y los costos internos proporcionaría una perspectiva más equilibrada sobre si los precios están realmente “altos” o “bajos”.

IC/JJD