Sobre las 18:00 horas del miércoles 26 de febrero, Ana Luiza Hernández Raudelez vio cómo su pareja, Juan Bautista Silva, de 70 años, recibía una llamada telefónica. Silva, defensor de la tierra que llevaba más de 20 años trabajando en la defensa del medio ambiente local, se preparaba para salir con su motocicleta a fotografiar talas ilegales cerca de Las Botijas, en Comayagua, el centro de Honduras, con el objetivo de que las imágenes pudieran apoyar una denuncia ante la Fiscalía.

Cuando estaba a punto de partir, Ana le sugirió que el hijo de ambos, Juan Antonio Silva, de 20 años, fuera con él, ya que su nuevo teléfono móvil hacía mejores fotos.

Padre e hijo calcularon que estarían de vuelta a las 20:00 horas. A medianoche, su familia, preocupada, llamó a las autoridades, que activaron la búsqueda. Al día siguiente, los encontraron muertos bajo un acantilado cercano a Las Botijas.

Uno de los hijos de Silva descubrió las partes de los cuerpos, que habían sido desmembrados con motosierras, y sus restos abandonados al pie del acantilado. Algunas partes no han sido encontradas.

Sus muertes son un nuevo recordatorio de la feroz violencia a la que se enfrentan los defensores de la naturaleza en Honduras, que en 2023 se convirtió en el país con el mayor número de defensores asesinados per cápita del mundo.

“Seguiremos luchando”

Selvin David Ventura Hernández, uno de los hijos de Juan, cree que la llamada telefónica, desde un número desconocido, es el punto de partida para explicar las desgarradoras muertes. La familia sospecha que la persona que hizo la llamada se hizo pasar por las autoridades. “Mi padre no le dio importancia”, dice Ventura. “En ese momento, ninguno de nosotros se la dio”.

Ahora, la familia vive con miedo. Rara vez salen a la calle y están pensando en mudarse. “Mataron a mi padre y creyeron que así ponían fin a la lucha contra la tala de árboles en la región. Y lo consiguieron; ninguno de nosotros seguirá sus pasos”, afirma Ventura. “Pero lo que no esperaban es que exigiéramos justicia. Ahora están esperando que esto se calme y que nuestro sistema judicial nos falle. Pero seguiremos luchando”.

La familia de Silva afirma que el defensor del medioambiente ya había sido agredido con un machete en marzo de 2020, lo que le causó graves lesiones en el brazo derecho y seis días de hospitalización. También aseguran que acudió repetidamente a la fiscalía para denunciar la tala ilegal, pero rara vez se tomaron medidas.

Tras los asesinatos, el Instituto Hondureño para la Conservación de los Bosques (ICF) emitió un comunicado en el que condenó los “actos violentos” y calificó de “trágica” la muerte de los dos hombres. También pidió que se abriera una investigación y se proteja a “quienes denuncian delitos ambientales en defensa del medio ambiente”.

Asesinatos y desapariciones forzadas

En 2023, la ONG Global Witness registró un total de 196 asesinatos y desapariciones forzadas de defensores de la tierra en todo el mundo. Honduras, empatado con México, fue el tercer país con mayor número de muertes violentas de defensores de la tierra (18), por detrás de Brasil (25) y Colombia (79), lo que convierte a Honduras en el país más peligroso en relación con el número de habitantes.

La investigación también muestra que, entre 2012 y 2022, al menos 131 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados en el país centroamericano. Más de la mitad (70) se han cometido desde 2016.

Laura Furones, asesora principal de Global Witness, afirma que Honduras aparece “con bastante regularidad” como un “país preocupante” para los derechos de los defensores de la tierra. Entre los factores detrás de la alta tasa de violencia contra estas personas, explica, está la presencia de recursos naturales, que pueden ser explotados con fines agrícolas o intereses corporativos. Furones también afirma que Honduras alberga una sociedad civil “bastante activa”, incluidos grupos de activistas indígenas. En algunos casos, afirma, “intentar adoptar una postura y proteger esas tierras y recursos, puede desembocar en violencia”. Según la experta, los activistas que “se interponen en el camino de estos intereses corporativos” también corren el riesgo de ser atacados.

Impunidad

Las cifras de Global Witness coinciden con las registradas por las autoridades locales. A finales de febrero, la Comisión de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) señaló que desde 2022, 35 defensores de la tierra han sido objeto de muertes violentas en el país.

Frank Cruz, coordinador de la Defensoría del Pueblo Indígena y Afrohondureño de CONADEH, asegura que casos como la muerte de Silva y su hijo disuadirán aún más a los defensores de la tierra de denunciar delitos ambientales. “El mensaje que se envía es: 'no denuncies, porque si denuncias, te matarán”, lamenta.

Cruz cree que son varias las razones por las que muchos hondureños deciden no denunciar los delitos medioambientales. Dice que el Estado “no tiene capacidad suficiente” para responder a las denuncias, mientras que algunas personas que viven en territorios remotos “no conocen sus derechos” y desconocen la protección a la que tienen derecho. Otros, según Cruz, se han enfrentado a amenazas de violencia. Según él, la impunidad está contribuyendo a la normalización de la violencia contra los defensores de la tierra en Honduras.

“Si los agresores o autores de estos delitos, muertes y actos de violencia supieran que van a ser investigados, acusados y procesados por los órganos del Estado, no cometerían estos delitos”, dice Cruz, y añade que el Gobierno debe aplicar medidas a medio y largo plazo para “recuperar la confianza” de estas comunidades. “Cuanta menos impunidad haya, menos normalización. Cuanta más persecución haya, más sensibilización”, concluye.

Mauro Lara, coordinador de desarrollo forestal comunitario del ICF, trabajó con Juan como parte de una cooperativa forestal. Según Lara, aunque nunca ha registrado formalmente ninguna amenaza en la región donde operaba Juan, es probable que los defensores de la tierra se hayan enfrentado a ellas. “En general, la gente tiene miedo de enfrentarse a los madereros o de hablar de ellos. En la región se les teme”, dice.

De Berta Cáceres a Juan López

El país se ha enfrentado anteriormente a condenas por su gestión de los asesinatos de defensores de la tierra, del territorio, de los pueblos originarios y del medioambiente. En abril de 2009, la Corte Interamericana condenó a Honduras por la muerte de Blanca Jeannette Kawas Fernández, activista medioambiental asesinada a tiros en febrero de 1995. Kawas se había opuesto públicamente a la tala ilegal y a los proyectos empresariales que se iban a llevar a cabo en la península de Punta Sal, en la costa norte. El tribunal consideró que al menos un agente del Estado estuvo implicado en su muerte.

En marzo de 2016, la activista medioambiental Berta Cáceres fue asesinada a tiros, lo que desencadenó violentos enfrentamientos. Antes de su muerte, Cáceres había participado en iniciativas para impedir la construcción de una presa hidroeléctrica en el río Gualcarque, considerado sagrado por la comunidad indígena lenca. Cáceres, galardonada con el premio Goldman de Medio Ambiente en 2015, llevaba tiempo sufriendo amenazas y fue asesinada por sicarios.

El asesinato de Juan López –activista contra la minería, defensor del agua y líder religioso local– en septiembre de 2024 provocó la condena internacional, incluida la del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el Papa Francisco. López regresaba en coche de la iglesia cuando un grupo de hombres le disparó. Desde 2018, había estado abogando contra un proyecto minero en el parque nacional Carlos Escaleras, llamado así en memoria de otro ecologista hondureño, asesinado en octubre de 1997.

Ha pasado más de un mes desde las muertes de Silva y su hijo Antonio. Por el momento, las autoridades no han detenido a ningún sospechoso. No ha habido novedades desde el 19 de marzo, cuando el comisario de policía Miguel Martínez declaró que el caso estaba “en manos de la fiscalía”, y afirmó que la investigación seguiría su curso. 

Traducción de Emma Reverter.

Hay cifras que, por muy graves que sean, no son suficientes para retratar en toda su dimensión las consecuencias que tiene la violencia. Entre 2012 y 2022, por ejemplo, 1.910 personas defensoras de ambiente y territorio fueron asesinadas en todo el mundo, de acuerdo con la organización no gubernamental Global Witness. Entre los países en donde más se han registrado este tipo de homicidios está Colombia. Al menos desde hace un lustro, esa nación está entre las cinco más peligrosas para quienes defienden los ríos, las montañas, los bosques y aquello que da sentido a un territorio natural.

La magnitud de esas cifras no reflejan lo que viven día a día las personas defensoras del ambiente y el territorio. Hay datos que diluyen lo que representa ser mujer y crecer en una región en donde la vida se moldea con el sonido de los ríos y de la selva. A veces, los números tampoco ayudan a dimensionar los desafíos que enfrentan quienes deciden dedicar parte de su cotidianidad a defender aquello que forjó su propia personalidad.

¿Qué es lo que lleva a una mujer a ser defensora del ambiente? ¿Qué actividades amenazan la vida en sus territorios? ¿Con qué obstáculos debe lidiar? ¿Qué violencias ha recibido y cómo las ha enfrentado? ¿Cómo afecta eso su vida familiar y comunitaria?

Mongabay Latam buscó responder estas preguntas al documentar la vida y la labor que han realizado cuatro defensoras del ambiente y el territorio. Las cuatro tienen algo en común: crecieron en la Amazonía colombiana, un territorio lleno de vida que se ha ido transformando conforme avanzan actividades como la minería, la deforestación o los cultivos ilícitos.

Entre la tragedia y el exilio

La placenta de la indígena Inga Soraida Chindoy Buesaquillo fue sembrada en las montañas del Putumayo, en la andinoamazonía colombiana. En su casa, le enseñaron a sembrar, a pescar, a recolectar y, sobre todo, a cuidar ese territorio en donde la selva amazónica se une con las elevaciones de los Andes.

Una tragedia fue lo que llevó a Soraida Chondoy a tener un papel activo como defensora de ambiente y territorio. A finales de marzo de 2017, ella y su familia miraron desde el segundo piso de su casa cómo una avalancha de lodo acababa con su comunidad y arrastraba a sus vecinos. La tragedia de Mocoa, como ahora se conoce a este evento, provocó la muerte de 336 personas y a cerca de 22.000 personas damnificadas, entre ellas a la familia de Chondoy.

Hoy la defensora lucha por evitar que la minería de cobre profane las montañas que para los Ingas son sagradas y aumente la deforestación que altera todos los ciclos del agua. “A mí me reconocen fácilmente y cuando estoy en los semáforos, ya sea en moto o a pie, a veces paran a decirme que deje de pelear por lo que peleo, que los deje trabajar. Seguramente porque tienen algún empleo con la minera”, cuenta Soraida Chondoy.

Aún tengo mucho trabajo pendiente. Quiero dejar una Colombia diferente a mis nietos.

Maydany Salcedo.

Mientras tanto, en el departamento de Caquetá, al sur de Colombia, María Alis Ramírez se opuso a la minería, a la tala indiscriminada y a las consecuencias sociales y ambientales de la exploración petrolera. Por su defensa al territorio y al medio ambiente recibió amenazas de muerte y tuvo que abandonar su finca y el país. Desde 2019 se encuentra con el estatus de refugiada en Nueva Zelanda, un territorio muy diferente a la selva amazónica y al río Zavaleta que acompañaron su infancia.

“La amenaza de 2018, por la que tuve que salir del país, es bien confusa porque ya antes había recibido varias y tal vez ni yo misma sepa bien cómo ubicarla, no puedo decir con certeza quién está detrás porque son tantos los actores que violentan el territorio y a todos yo me he opuesto… desde las compañías que trabajan en el desarrollo de la minería legal hasta las minas ilegales, pasando por las grandes multinacionales que buscan petróleo y hasta por grupos armados como las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). La verdad es que al protestar por el daño a nuestro entorno nos ganamos muchos enemigos. Eso es muy triste, muy duro”, relata desde la lejanía Alis Ramírez.

Yo sé que últimamente a los líderes que estamos en esta defensa nos han venido matando, pero si nos quedamos en la casa también nos matan, entonces prefiero que nos maten levantando la voz.

Soraida Chindoy.

En búsqueda de soluciones

En el municipio de Piamonte, en Cauca, Maydany Salcedo se ha opuesto al avance de la frontera agrícola en la Amazonía, a los cultivos de uso ilícito, a la contaminación petrolera, a la deforestación y a todo aquello que signifique un riesgo para el ambiente y el territorio.

En junio de 2013, Salcedo fundó la Asociación Municipal de Trabajadoras y Trabajadores Campesinos de Piamonte (Asimtracampic), con el objetivo de que en la región no se siembre más coca y no avance la deforestación. Eso desató que recibiera diversas amenazas. En agosto del 2023, un hombre le dijo: “Se lo advertimos, prepárese para llorar”.

Maydany Salcedo sigue firme en conseguir un anhelo que tiene desde hace años: crear corredores biológicos para las especies que habitan en Piamonte, entre ellas el mico bonito (Plecturocebus caquetensis), uno de los primates más amenazados en el mundo y que sólo se puede encontrar en los departamentos de Cauca y Caquetá. “Aún tengo mucho trabajo pendiente. Quiero dejar una Colombia diferente a mis nietos”, dice la defensora cuando habla de su labor.

Etelvina Ramos llegó a Puerto Caicedo, en el Putumayo, cuando era niña, a finales de la década de 1970. Su historia resume la guerra en la Amazonía colombiana: creció entre plantaciones de coca, presenció varias masacres, fue desplazada por la violencia y desde hace ya unos años, lucha para que se destruyan los cultivos ilícitos.

Cuando era niña, Etelvina Ramos tenía una pesadilla: una boa la engullía, le rompía sus frágiles huesos y dejaba su cadáver a la merced de otras bestias. Casi medio siglo después, ya no es una serpiente la protagonista de sus noches en vela, sino el gatillo de un arma de aquellos que quieren verla muerta.

“Ya no le temo a la naturaleza, esa se puede conocer, en cambio el hombre es cosa brava. Mis hijos aprendieron a verme amenazada, pero yo no quiero dejarlos solitos aunque ya estén grandes, eso sí me aterra”, dice la defensora que hoy busca crear una Reserva Campesina en Curillo, una figura que permite la gestión comunitaria del territorio y que, entre otras cosas, busca crear las condiciones para el desarrollo sostenible de la economía campesina.

La vida, las amenazas y los anhelos de las defensoras reflejan la compleja situación que se vive en los lugares colmados de bienes naturales, pero que se encuentran bajo el acecho de actividades extractivas tanto legales como ilegales.

Las mujeres que han asumido la defensa de esos sitios no entienden su propia existencia sin las montañas, los bosques, los animales o los ríos que han forjado ese territorio en donde ellas crecieron.

* Coordinación: Thelma Gómez Durán y Vanessa Romo. Edición: Thelma Gómez Durán, Antonio José Paz Cardona, Alexa Vélez Zuazo y María Isabel Torres. Investigación: Laila Abu Shihab Vergara, María Fernanda Lizcano, Natalia Pedraza Bravo, Diana María Pachón y Vanessa Romo. Ilustraciones: Leo Jiménez. Mapas: Fernando Pano. Video: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina Albarracin.

* * Esta cobertura periodística forma parte del proyecto “Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques”, una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.