En una sesión histórica, los diputados del Gobierno y la oposición democrática de la Asamblea Nacional de Venezuela han aprobado por unanimidad los 16 artículos de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Pese a los malos augurios y el escepticismo general en la sociedad, la comisión de los 19 diputados logró armar un articulado por consenso que se presentó a la plenaria de los 285 diputados para su segunda discusión. La sesión comenzó con dos horas de retraso y duró, exactamente, 99 minutos. 

En el documento se establece que el instrumento tiene por finalidad “conceder una amnistía general y plena” a las personas “procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el primero de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026”. “Lamento que hayan ocurrido todos esos hechos para que lleguemos a entendernos; pero de esos dolores también se aprende. Estamos en un nuevo momento”, ha señalado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, al finalizar la sesión.

El texto establece “salvaguardas claras sobre los delitos que serán excluidos del instrumento legal, a saber: las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”.

Lamento que hayan ocurrido todos esos hechos para que lleguemos a entendernos; pero de esos dolores también se aprende. Estamos en un nuevo momento

Jorge Rodríguez — Presidente de la Asamblea Nacional

Además, en medio del debate, Rodríguez dejó colar un anuncio que era petición de las ONG. Aunque no satisface por completo la demanda, dijo que la Ley contra el Odio, que sanciona hasta mensajes publicados en redes sociales será reformada, pues admitió que, en algunos casos, no había sido usada “de forma adecuada”.

El documento incluye los episodios de violencia por motivos políticos ocurridos durante el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002 —incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas—; los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003; los de febrero, marzo y agosto de 2004; mayo de 2007; tras las elecciones presidenciales de 2013; en febrero y junio de 2014; de marzo y agosto de 2017; en enero y abril de 2019 —autoproclamación de Juan Guaidó— y en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Antes de ser aprobada, el gobierno venezolano informó que entre noviembre de 2025 e inicios del presente mes han sido excarceladas 896 personas, detenidas por presuntamente haber cometido delitos relacionados con la violencia política o tras haber sido halladas culpables de tales acciones. De acuerdo con la ONG Foro Penal, sin embargo, quedan 644 presos políticos en el país, tras más de 406 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.

Un punto de clave para los opositores era que se creara un mecanismo para hacerle seguimiento a los casos especiales y al funcionamiento del articulado. En la disposición final se establece la creación de una comisión integrada por 23 diputados.

El presidente de la Asamblea Nacional designó una comisión de parlamentarios para entregarle la recién sancionada ley a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y que sea publicada en Gaceta Oficial y entre en vigor.

Con la aprobación de la ley, la Policía, los cuerpos de investigación y los militares “darán por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relativos a los hechos” referidos. Igualmente, los archivos sobre los procesos abiertos a las personas amnistiadas deberán ser eliminados.

¿Por qué ahora?

Aunque muchas personas creen ciegamente que detrás del impulso de la amnistía está el Gobierno de Donald Trump, diversas fuentes de la Comisión de Consulta de la Ley, tanto chavistas como opositores, aseguraron que la iniciativa provino del chavismo. ¿Por qué? “Necesitan acuerdos con la oposición democrática porque la soberanía del país está comprometida”, dijo uno.

Tanto es así que un alto funcionario del gobierno afirmó tajante: “Es un intento real de reconciliación después del horror del 3 de enero”.

Para el politólogo y profesor universitario Ricardo Sucre, la aprobación la Ley de Amnistía representa mucho más que un trámite legislativo: simboliza el cierre de una etapa marcada por la violencia política y una confrontación que no logró mejorar la calidad de vida de la población. Venezuela ha consumido dos décadas en un conflicto “intratable”, caracterizado por la hiperinflación, la migración masiva y la represión. “El ciudadano espera con ansia el fin de este antagonismo para definir un marco de convivencia que permita el funcionamiento de las instituciones y alivie el clima de miedo”, afirmó.

El gobierno reconoce sus limitaciones, obligando a los sectores de la oposición que permanecen en el país a adoptar una postura más pragmática frente al conflicto

Ricardo Sucre — Politólogo y profesor universitario

Enfatizó que el bombardeo norteamericano del pasado 3 de enero marcó un punto de inflexión. A su juicio, la oposición de derecha que representa y acompaña a María Corina Machado siempre buscó que el chavismo terminara en “capitulación” o un proceso similar a los Juicios de Núremberg. En cambio, los actores políticos actuales parecen haber tomado conciencia de la necesidad de coexistir.

Este cambio de posición alcanzaría incluso a la cúpula del chavismo. Sucre sostiene que el oficialismo ha reflexionado tras incidentes que percibieron como amenazas directas a su seguridad personal. Dijo que las declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre las liberaciones, y su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien ha llegado a mencionar el concepto de “garantías para los perdedores”, sugieren una aceptación de la realidad política actual. El escenario tras el 3 de enero deja claro que el gobierno reconoce sus limitaciones, obligando a los sectores de la oposición que permanecen en el país a adoptar una postura más pragmática frente al conflicto“, sentenció.

La ley se basa en valores como el respeto a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, que integran el “Estado democrático y social de derecho y de justicia”.

Un niño de 10 años resultó herido en el rostro por disparos de balas de goma durante un operativo policial realizado por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el barrio IAPI de Quilmes, frente a un comedor comunitario. Según informaron fuentes oficiales a Tiempo Argentino, el Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la separación preventiva del agente involucrado mientras avanza la investigación de Asuntos Internos.

El hecho ocurrió este jueves en las inmediaciones del comedor “Es la hora feliz”, cuando una camioneta de la UTOI desplegó un operativo que incluyó requisas de documentación y detenciones en la vía pública. Testigos afirman que la intervención policial generó tensión entre los presentes, lo que derivó en empujones y disparos de municiones no letales.

En ese contexto, el niño se asomó por la ventana del primer piso de su casa para ver lo que sucedía y fue alcanzado por al menos cinco impactos de balas de goma en el rostro. Fue trasladado de urgencia por su familia a un hospital cercano, donde se encuentra fuera de peligro.

Organizaciones sociales y de derechos humanos repudiaron el accionar policial. Desde el Polo Obrero difundieron un video que muestra el despliegue de las fuerzas de seguridad sin una justificación clara, y exigieron explicaciones al gobierno provincial.

Por su parte, Amnistía Internacional recordó que las fuerzas de seguridad están obligadas a cumplir normas estrictas sobre el uso de la fuerza, especialmente cuando hay niños y niñas involucrados. “Los menores son más vulnerables al daño físico y psicológico, y este tipo de prácticas constituye una amenaza directa a su integridad”, advirtieron.

La investigación continúa bajo la órbita de Asuntos Internos, que deberá determinar si se trató de un uso indebido de la fuerza por parte de la Policía bonaerense.

MM

Amnistía Internacional (AI) alertó este lunes en su Informe Anual sobre el Estado Mundial de los Derechos Humanos acerca del impacto de los recortes impulsados por el Gobierno de Javier Milei en los servicios de apoyo para víctimas de violencia de género y el cierre de instituciones claves.

El informe denuncia la “drástica reducción” del presupuesto destinado a garantizar derechos básicos y advierte sobre “el deterioro de las políticas públicas en niñez, adolescencia y género”.

Violencia de género y derechos sexuales

La organización remarcó que en Argentina, a pesar de persistir una alta tasa de feminicidios —uno cada 33 horas en 2024—, se recortaron servicios esenciales:

En materia de derechos sexuales y reproductivos, AI destacó que aunque la ley de interrupción voluntaria del embarazo sigue vigente, hubo escasez de insumos para abortos y un recorte severo al Plan de Prevención de Embarazos No Planificados en Adolescentes, que había logrado reducir un 49% de los casos.

Violencia contra periodistas y vigilancia digital

El informe también denunció el aumento de la violencia digital contra periodistas, señalando que:

Además, AI advirtió que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, implementó “vigilancia masiva mediante el monitoreo de redes, reconocimiento facial y análisis predictivo de delitos”.

Represión, impunidad y derechos económicos

Amnistía denunció también un “creciente nivel de represión en las protestas” tras el nuevo protocolo de orden público y cuestionó el cierre de la Unidad de Investigación de niños desaparecidos de la dictadura.

En materia económica, la organización afirmó que los recortes “impactaron desproporcionadamente en niños y adultos mayores”, agravando la desigualdad y priorizando “exenciones fiscales a grandes empresas” mientras se vetaban aumentos a las jubilaciones.

MM con información de la agencia NA.

Amnistía aprobada. Lo que parecía una quimera hace un año es una ley desde este jueves. Ahora queda quizás lo más difícil: su aplicación por parte de los jueces. Algunos magistrados y tribunales ya han dado muestras de querer complicar la puesta en práctica de la norma. La ley da a los jueces dos meses para amnistiar los casos del procés, pero la presentación de cuestiones prejudiciales ante la Justicia europea podría alargar los plazos. 

Los centenares de afectados por la amnistía –desde policías de las cargas del 1-O a activistas y manifestantes– aguardan ahora los movimientos judiciales. En especial, los independentistas que confían en volver a casa tras años en el extranjero –como el expresident Carles Puigdemont o la secretaria general de ERC, Marta Rovira–. Sus causas, sin embargo, son las que presentan mayor incertidumbre. Por contra, las investigaciones que se siguen en Catalunya sobre policías y manifestantes pueden ser amnistiadas con más rapidez.

Las dudas: Puigdemont, Tsunami y la trama rusa

El propio independentismo ya ha identificado qué togados pueden poner más trabas a la aplicación de la amnistía. Se trata de tres órganos distintos, dos con sede en Madrid –la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, y el juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional de Manuel García Castellón– y el juzgado de instrucción de Barcelona que comanda el juez Joaquín Aguirre.

García Castellón ha dejado escrita en uno de sus autos durante la tramitación de la amnistía su convicción de que la causa Tsunami queda excluida del olvido penal del procés al investigar un delito de terrorismo –que la Fiscalía no ve– y resultar heridos de gravedad dos agentes policiales en unas protestas –que no organizó la plataforma.

Mientras, el juez Aguirre reactivó durante la tramitación de la amnistía en el Congreso, tras años varada, la trama rusa del procés, que podría quedar fuera de la ley si el instructor, como ya ha insinuado, decide sacar adelante el caso por alta traición. Todo ello pese a que la amnistía excluye la alta traición solo en los casos en que se haya producido “tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza”, algo que según el propio Supremo, que calificó el procés de “ensoñación”, no ocurrió el 1-O de 2017. En los últimos meses, además, Aguirre ha puesto de nuevo la causa bajo secreto, lo que mantiene en vilo a las defensas del caso.

Recursos y cautelares

Además, la norma puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por parlamentarios o las comunidades autónomas, aunque en ese caso el texto finalmente aprobado establece que esos eventuales recursos “no tendrán efectos suspensivos”. Asunto diferente son las cuestiones de inconstitucionalidad ante el mismo tribunal de garantías o las consultas al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre si la ley que se ajusta el derecho comunitario que pueden plantear los jueces o tribunales encargados de aplicarla.

Ambos movimientos detendrían la aplicación de la ley para el asunto concreto sobre el que se haga la consulta hasta que haya pronunciamiento del Constitucional o del TJUE. El Supremo enviará sus prejudiciales inmediatamente después de que el BOE publique la ley de amnistía. Una respuesta rápida, tal y como ya ocurrió con su rechazo a aplicar la reforma de la malversación en 2023. En este sentido, los cuatro fiscales del procés, sin que el Supremo les haya pedido formalmente su parecer, ya han expresado que no ven 'amnistiable' la malversación, lo que dejaría fuera de la norma a Puigdemont y Junqueras.

Fuentes jurídicas consultadas plantean la posibilidad de que esas cuestiones prejudiciales se planteen no sólo sobre la decisión misma de amnistiar, sino sobre otro artículo que puede resultar clave para que la ley despliegue efectos de forma inmediata: el que obliga a los jueces levantar las órdenes de búsqueda u otras medidas cautelares, aunque el procedimiento esté suspendido “por cualquier causa”. Un artículo pensado para que Puigdemont y los exconsellers que permanecen en Bélgica desde 2017 puedan volver a España sin riesgo de ser detenidos.

Ya sea sobre la retirada de la medida cautelar o sobre el fondo de la amnistía, la presentación de una cuestión prejudicial deja en suspenso todo el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia de la UE no resuelva. La suspensión de la causa mientras se tramitan las cuestiones prejudiciales, en teoría, impediría llevar a cabo cualquier detención de Puigdemont –tal y como ya ocurrió cuando fue arrestado solo por unas horas en Italia–. Es decir, el riesgo de detención de Puigdemont es seguro si vuelve antes de que el Supremo envíe las prejudiciales, pero una vez remitidas al TJUE, será menor.

El expresident manifestó durante la campaña electoral su intención de estar presente en el debate de investidura que el Parlament debe celebrar, a más tardar, el 25 de junio, algo que el Supremo puede impedir, ya que antes de enviar las prejudiciales debe recabar la opinión de la Fiscalía, lo que podría demorar unos días su remisión. La resolución definitiva podría ir para largo: el TJUE tarda una media de 16 meses en resolver las cuestiones prejudiciales, si bien los independentistas podrían pedir un procedimiento acelerado.

En la causa de Tsunami desgajada en el Alto Tribunal no se ha dictado por el momento ninguna medida cautelar, aunque la magistrada Susana Polo sí ha citado a declarar al expresident entre el 17 y el 21 de junio. La instructora, que dio la opción de que esa comparecencia se hiciera por videoconferencia, tendrá que determinar ahora si mantiene la citación.

Amnistía de aplicación rápida

Aunque la respuesta del Tribunal Supremo a la amnistía sea la más esperada, cada juez que tenga un caso 'amnistiable' –la mayoría están en Catalunya– puede decidir aplicarla directamente sin esperar al Alto Tribunal y según su propio criterio. El redactado de la ley y la actitud previa de los tribunales durante la tramitación de la ley permite anticipar dos escenarios: jueces que aplicarán la norma como cualquier otra en contraste con los mencionados potenciales candidatos a plantear batalla contra la amnistía.

En el primer grupo se encuadran las causas contra centenares de jóvenes manifestantes ya condenados –con una minoría en riesgo de entrar en prisión– o pendientes de juicio por los distintos altercados que se vivieron en 2018 y 2019. Varios tribunales –desde un juzgado penal de Girona al TSJ catalán– ya han aceptado suspender juicios o deliberaciones de casos de altercados a la espera de la amnistía, lo que anticipa una aplicación de la norma sin excesivas complicaciones.

La ley también es clara a la hora de incluir a los 45 policías investigados por las cargas del 1-O de 2017 en Barcelona y a los 28 agentes cuya causa ya se archivó en Girona, ya que solo excluye de la amnistía a aquellos casos de violencia policial más graves. En la práctica, según fuentes jurídicas, sólo quedarían fuera de la amnistía los cuatro agentes acusados de dejar sin ojo a un independentista el 1-O con una bala de goma, aunque es previsible que las víctimas de las cargas recurran para intentar que más agentes queden fuera de la norma.

Policías y activistas forman el grueso de las alrededor de 400 personas que se verán beneficiadas de la amnistía. El cálculo definitivo se conocerá cuando la Fiscalía General del Estado (FGE), que ha encargado un recuento a las distintas fiscalías territoriales, haga pública la cifra total de amnistiados. Organizaciones antirrepresivas como Alerta Solidària elevan el cómputo hasta 419 manifestantes 'amnistiables'.

Plazos y pasos de la amnistía

Una vez la norma se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los jueces tienen dos meses para aplicarla –ya sea archivando los casos en virtud de la amnistía o elevando sus dudas al Tribunal de Justicia de la UE o al Tribunal Constitucional. Si bien el plazo de dos meses es común, es posible que veamos distintas velocidades de aplicación de la amnistía.

La norma deja a los jueces aplicar la amnistía de oficio, pero también a instancia de los afectados. En todas las causas donde haya independentistas encausados –ya sea exaltos cargos del Govern acusados de organizar el referéndum o jóvenes acusados de disturbios–, las defensas pedirán a los tribunales de inmediato la amnistía en cuanto la norma esté en el BOE.

Ya sea de oficio a petición de la defensa, antes de aplicar la amnistía el juez debe pedir opinión a la Fiscalía y al resto de partes. Si la causa está en instrucción, el juez decretará su sobreseimiento libre; si está bajo juicio, una sentencia absolutoria; y si ya está condenada –como ocurre con Junqueras–, los tribunales deberán revisar las sentencias para adecuarlas a la amnistía y dejar sin efecto las penas. 

La histórica ley de amnistía en España es ya una realidad. Tras el Pleno de este jueves, que por momentos intentó frenar la extrema derecha con insultos, gritos e interrupciones durante la intervención del diputado socialista que defendía la norma, el Congreso de los Diputados dio luz verde definitiva a la medida de gracia que pone el punto y final a las consecuencias penales derivadas del procés.

La mayoría absoluta de la Cámara, con 177 votos a favor y 172 en contra –faltó al Pleno una diputada de Podemos por cuestiones personales–, respaldó una norma que han rechazado los diputados de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria en una sesión que el independentismo ha definido como “histórica”. Dirigentes de ERC y Junts, algunos de ellos condenados a prisión e indultados después como Oriol Junqueras, Carme Forcadell o Jordi Turrull, asistieron al debate parlamentario y a la votación desde la tribuna de invitados. Entre los escaños de los diputados catalanes hay quien no pudo reprimir las lágrimas.

“No es perdón ni clemencia, es victoria”, quiso reivindicar la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, para desterrar la idea de que las formaciones independentistas perdieron el pulso que lanzaron al estado en 2017. Nogueras aprovechó su intervención para reprochar al PP y al PSOE el castigo penal que se derivó del referéndum del 1 de octubre y de la posterior declaración unilateral de independencia. “No nos confundamos, nunca deberíamos haber necesitado la amnistía ni habríamos llegado hasta aquí si el Estado hubiera hecho una transición real, sobre todo en las cúpulas judiciales. No habríamos llegado aquí si el Gobierno hubiese aplicado las resoluciones del grupo de trabajo de la ONU sobre los exiliados y presos políticos catalanes. Si el PP y el PSOE no hubiesen promovido y participado activamente de la represión”, señaló.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, también comenzó su intervención en la tribuna con una alusión al Estado. “Es un día histórico porque estamos delante de la primera derrota del régimen del 78. Hoy no es solo un buen día por unas ideas o una causa, hoy es un buen día para todo un país, para su democracia y libertad”, defendió en un discurso en el que advirtió que esta ley de amnistía no es un paso final.

“Si tienen memoria, me entenderán. Siguiente parada: referéndum. Y quien se ría, que recuerde lo que se decía aquí de la amnistía hace cuatro, tres, dos años”, dijo en referencia a los discursos del Partido Socialista que negaban la posibilidad de un texto de olvido penal para los encausados por el procés como el que el Congreso aprobó definitivamente este jueves. 

El momento de mayor tensión llegó con la intervención parlamentaria del líder de Vox, Santiago Abascal. El líder de la ultraderecha incendió el recinto con un discurso contra el Gobierno, Sánchez y sus socios por la aprobación de la amnistía, ley que calificó de “golpe” y del “mayor atentado contra la Constitución” perpetrado desde 1978.

Abascal arremetió contra todos los socios que tiene Sánchez, tanto en España como a nivel internacional, y que a su juicio “denota el extremismo en el que han caído”. “Aquí quién les apoya son los albaceas de ETA y los delegados del prófugo de la justicia Puigdemont”. Y “a nivel internacional -agregó- solo les felicita Hamás, los talibanes, Irán, un régimen teocrático asesino de mujeres” o “el grupo de Puebla de los narco-gobiernos de Latinoamérica”, “En realidad están muy solos”, concluyó. “Aun así creemos que lo peor de Sánchez está por llegar”, sentenció Abascal.

Durante su turno, el líder de extrema derecha se refirió al diputado de Sumar Gerardo Pisarello —que intervino justo antes que el diputado ultra— como “enemigo de España”. “Soy nieto de republicanos andaluces. Me siento orgullosamente catalán y orgullosamente latinoamericano, y aunque fuera de Senegal, o fuera de Donosti, le diría que los que trabajamos y vivimos aquí no aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento”, respondió Pisarello. Varios diputados de Vox se levantaron de sus sillas para increpar al diputado socialista que tomaba en ese momento la palabra y al que llamaron —durante varios minutos, a viva voz y gesticulaciones de por medio— “traidor” o “corrupto”. Insultos que profirieron también posteriormente contra Pedro Sánchez.

Ante la ausencia durante todo el Pleno hasta el momento de la votación del presidente del Gobierno y la decisión del Ejecutivo de no intervenir durante el debate, el portavoz elegido por el PSOE para defender la norma más importante de la legislatura fue el diputado Artemi Rallo, que aprovechó buena parte de su turno para arremeter contra el PP por boicotearla. Rallo acusó a Alberto Núñez Feijóo de boicotear su tramitación, de manipular las instituciones y de llegar a proponer incluso la ilegalización de los partidos independentistas. “El PP ha protagonizado el más bochornoso espectáculo de grosera manipulación de instituciones”, lamentó. 

El diputado socialista recordó a Feijóo que hacía todo eso mientras “en privado estudiaban la amnistía y descartaban el terrorismo”. “Lo ha fiado todo a engullir a los nostálgicos del franquismo. Pero será usted el devorado. Devorado por los suyos, que no le van a pasar otra victoria quimérica. Y devorado por la bestia neofascista que recorre España y Europa, ese monstruo que los españoles votarán en las urnas: esperanza, justicia y dignidad”, cerró el portavoz socialista.

El encargado de cerrar el turno de intervenciones fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha volcado su discurso en arremeter contra el presidente del Gobierno y contra el Partido Socialista, al que da por muerto. “Hoy hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español. Hoy les decimos, desde la Constitución, quédense ustedes con la ambición de un solo hombre, a nosotros no nos han elegido para mentir”. Feijóo pidió hasta el último instante la retirada de la norma y la convocatoria de elecciones, a poco más de una semana de que los españoles voten en las europeas.

“Procede preguntarnos cuánto valemos los españoles para el candidato Sánchez. Ya lo sabemos, siete votos”, dijo Feijóo. “¿Cuánto vale la Presidencia del Gobierno? Lo que le pidan. ¿Cuánto vale la impunidad? ¿Cuánto vale no tener que responder ante los tribunales, no pagar ni con cárcel ni multas la presunta comisión de delitos?”, prosiguió. “Si alguien cogiese fondos públicos y se lo diese a políticos a cambio de hacerle presidente, diríamos que es corrupción; pero si le borra unos delitos, ¿qué es? No se atrevan a llamarle convivencia, no se rían de los españoles. No pretendan lavar el cerebro de los españoles”, disparó.

Seis meses de tramitación

Durante su recorrido de casi seis meses en el Congreso el texto sufrió varias modificaciones. Tras su primera fase de debate en la Comisión de Justicia, la ley fue elevada a Pleno el 30 de enero, pero fue tumbada por el voto en contra de Junts. Los de Carles Puigdemont forzaron su vuelta a la comisión ante la negativa del PSOE a aceptar sus enmiendas sobre los delitos de terrorismo y traición y abocó la medida de gracia a una nueva negociación.

El acuerdo final en el Congreso se alumbró en el Pleno del 14 de marzo y fue entonces cuando la ley se envió al Senado. En la Cámara Alta el PP hizo uso de su mayoría absoluta para llevar a cabo una modificación reglamentaria que le permitió 'retener' allí la norma dos meses, el máximo fijado por la Constitución, pese a tramitarse por el procedimiento de urgencia.

Con el voto en contra del PP, el Pleno del Senado vetó la ley hace dos semanas y la devolvió al Congreso sin incluir modificaciones. Dirigentes independentistas como el líder de Esquerra (ERC), Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, la expresidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, la portavoz de ERC y secretaria general adjunta, Marta Vilalta, y la vicepresidenta de la Generalitat en funciones, Laura Vilagrà , han acudido este jueves al Pleno del Congreso para asistir una jornada definida como “histórica” por parte de ERC y Junts.

La aprobación de la ley, y su publicación en el BOE, implicará su entrada en vigor, pero no su inmediata aplicación. La norma establece un periodo de dos meses para que cada juez que instruye alguna causa susceptible de ser modificada por la amnistía la aplique. Pero, además, es previsible que se planteen diferentes tipos de recursos contra la norma. Desde los que partidos y jueces puedan plantear al Tribunal Constitucional, como ante instancias jurisdiccionales supranacionales, como el Tribunal de Justicia de la UE, entre otros.

Era el segundo y último intento, y el Congreso de España aprobó la ley de amnistía. Tras meses de negociaciones al filo de la ruptura, y con acuerdos de última hora, la mayoría absoluta de la Cámara Baja ha aceptado el texto de la norma con la que el Gobierno quiere recuperar “la concordia” en Catalunya, en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ley va ahora camino del Senado, donde la mayoría absoluta del PP intentará retrasarla todo lo que pueda.

La ley salió adelante este jueves con 178 votos a favor y 172 en contra. El PSOE logró rearmar la mayoría de la investidura de Sánchez, especialmente el apoyo de Junts. Los de Carles Puigdemont ya tumbaron la proposición de ley el pasado mes de enero, lo que provocó una segunda y última ronda negociadora que se resolvió hace una semana en la Comisión de Justicia.

Una complicada negociación que se cerró justo cuando la legislatura en Catalunya toca a su fin. El Govern de ERC no logró sacar adelante los presupuestos autonómicos, y el president Pere Aragonés ha convocado elecciones para el próximo 12 de mayo.

Precisamente ERC celebró, al margen de la actualidad política en Catalunya, que esta ley se encamine al Senado “después de muchos sustos”, para volver al Congreso y terminar “negro sobre blanco” en el Boletín Oficial del Estado. “Cuatro años llevamos diciendo que esta ley tiene que existir”, dijo la diputada republicana Pilar Vallugera, que agradeció a Junts el tono de su intervención durante el debate.

“Esto sí que implica que hoy pueda ser un gran día”, celebró. Y no como hace unas dos semanas, cuando los posconvergentes rechazaron el texto que había acordado el PSOE con el resto de sus socios parlamentarios. Junts defendió que esta ley sí, y no la de hace 15 días, “está ajustada al derecho internacional y preparada para el encaje europeo”.

Con este nuevo redactado, entienden en el partido de Carles Puigdemont, estarán cubiertos todos los encausados por el procés, incluso los que algunos jueces comenzaron a investigar por supuesto terrorismo.

“Desde el inicio de su recorrido dijimos que era preciso enmendar [la ley] para disponer de una norma con más garantías”, ha dicho Josep Maria Cervera, que ha defendido en la tribuna la posición de Junts. Cervera aseguró que las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que visitó España hace unas semanas a petición del PP para evaluar la legalidad de la ley, a petición del PP, ayudaron a mejorar la norma. 

No obstante, ambas formaciones independentistas han coincidido en que esto no es un punto final. Cervera ha afirmado este jueves que la ley abre una oportunidad para negociar “de tú a tú” el futuro de una Catalunya que quieren, dijo, que sea “libre”. 

Y Esquerra Republicana dijo que este paso es una “condición de posibilidad” pero no “suficiente”. “Seguiremos en el camino de la liberación nacional por los caminos democráticos, pacíficos y dialogados”, sostuvo Vallugera.

En el turno de los populares tomó la palabra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que usó el debate parlamentario de este jueves sobre la ley de amnistía para hacer un discurso de campaña tras la convocatoria de las elecciones autonómicas el próximo 12 de mayo. “Esta será la primera ley importante de la legislatura, y probablemente la última”, dijo Feijóo en la tribuna desde la que ha defendido el 'no' de su partido. “La convocatoria de Catalunya demuestra cómo gobiernan”, planteó. “Son el mayor agente de inestabilidad política. No piensan en los problemas de los españoles ni de los catalanes. Defienden sus intereses y actúan con chantajes”, agregó.

“De aquí al 12 de mayo habrá un partido que defienda los intereses de la mayoría, y no solo de los políticos; que defienda una política mejor. Y no va a pedir el voto constitucionalista para entregárselo a los independentistas. El PP de Catalunya, que por cierto ha sacado más votos que ustedes en las generales, no vamos a dejar a los catalanes que usted quieren borrar como si no hubiese pasado nada ni sufrido nada”, dijo.

Feijóo ha defendido además que “las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este Gobierno” porque “cuando Sánchez deje de ser útil, le dejarán caer”. Pero también advirtió a Junts de que “a lo mejor ERC y el PSC quisieron engañarlos para que la amnistía no llegue a tiempo”.

Antes, el portavoz del grupo parlamentario socialista hizo una defensa encendida de la ley de amnistía. “La política es ofrecer alternativas, buscar entendimientos, desinflamar los conflictos, devolver a los que viven en la confrontación permanente la esperanza de la reconciliación. Teníamos la obligación de arreglar lo que ustedes estropearon”, expresó.

Feijóo negó en su turno que la norma vaya a propiciar la “reconciliación” en Catalunya porque, dijo desde la tribuna, “esta ley divide a Catalunya y a España en dos”. “¿Qué reconciliación ven en las amenazas del independentismo?”, sostuvo, en referencia a que tanto Junts como ERC defendieron que su proyecto político seguirá reclamando la autodeterminación de Catalunya.

“No es reconciliación, es sumisión”, manifestó Feijóo. “Pedro Sánchez depende de lo que diga el señor Puigdemont, y de lo que haga el señor Ábalos. Nada más”, sostuvo. “Lo que hay por delante no es una legislatura, es una agonía”, planteó. 

Feijóo anticipó que el Senado rechazará la ley de amnistía gracias a la mayoría absoluta del PP, por lo que la norma tendrá que volver al Congreso para su refrendo final. Para ello hay un plazo aproximado de dos meses, pero la derecha intentará prolongarlo al máximo en la Cámara Alta por lo que lo más probable es que la norma no sea aprobada de forma definitiva hasta después de las elecciones catalanas.