El 15 de diciembre de 2023, cinco días después de la asunción de Javier Milei como presidente, la justicia federal del Chaco concedió la libertad condicial al entonces coronel Horacio Losito sobre el que pesan tres condenas –una de ellas perpetua– por delitos de lesa humanidad. Esa decisión judicial fue la que le permitió asistir al acto que la vicepresidenta Victoria Villarruel organizó en el Senado para homenajear a ex combatientes de Malvinas.

“Quiero repudiar, pero sobre todo manifestar mi preocupacion por la presencia del genocida Losito, que vino a esta casa y que participo de un acto junto a la vicepresidenta Villarruel”, dijo este jueves el senador Eduardo “Wado” de Pedro, durante la sesión en el que se discutieron los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema.

En 2011, Losito fue condenado a prisión perpetua por su participación en los fusilamientos de Margarita Belén, en Resistencia, en la que once presos políticos fueron fusilados. Otros cuatro aún permanecen desaparecidos. Además, suma otras dos condenadas de 25 años cada una, también por su participación en el aparato represivo de la dictadura. La última de esas condenas se dictó en noviembre de 2023, por secuestros y torturas cometidos dentro de la VII Brigada de Infantería del Ejército, en Corrientes. Pero un mes después, ya con el nuevo gobierno libertario, el Tribunal Oral Federal de Resistencia le otorgó la libertad condicional.

Ninguno de estos antecedentes pesaron a la hora de convocarlo para que participe de la conferencia “Los guerreros de Top Malo House hablan del feroz combate” que se realizó el pasado 31 de marzo en el salón Illia del Senado. El acto, que en los hechos fue un homenaje a los ex veteranos, estuvo a cargo del denominado “director de Gesta de Malvinas”, Nicolás Kasanzew, uno de los asesores más ceranos a la vicepresidenta.

Lo que si pesó a la hora de la invitación fue que Losito combatió en Malvinas en la Compañía de Comandos 602 junto a Eduardo Marcelo Villarruel, padre de la vicepresidenta, y el ex carapintada Aldo Rico, quienes se desempeñaban como número dos y uno respectivamente.

En una nota de opinión publicada en Infobae, Kasanzew destacó el desempeño de Losito en Malvinas. “Batallar hasta caer desangrado: la epopeya del comando Losito en el combate de Top Malo House”, fue el título. Allí no se menciona ninguno de los delitos por los que fue condenado tres veces.

Del acto tambien participó  Marcelo Cinto Courtaux, director de Relaciones Parlamentarias del Senado, cuyo padre, de igual nombre, está condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad vinculados a la Contraofensiva de Montoneros.

Sin embargo, los antecedentes de Losito si fueron tenidos en cuenta por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien en enero de este año decidió darlo de baja junto a otros 22 represores ya que todos ellos tenían condenas firmes por delitos de lesa humanidad.

La decision de Petri cayó como un baldazo de agua a Villarruel quien decidió sumarlo al homenaje en el Senado del pasado 31 de marzo.

“Fue una experiencia increíble, no por la guerra en sí que es demencial e inhumano, sino de estar pisando Malvinas después de estudiarla en diferentes institutos y estar ahí para defenderla efectivamente con lo mejor que sabía hacer”, dijo Losito en el Senado, quien durante la guerra se desempeñaba como teniente primero.

Losito consiguió su libertad porque el juez de Ejecución del Tribunal Federal de Resistencia, Juan Manuel Iglesias, consideró que ya había cumplido los dos tercios de su condena a perpetua tras permanecer en prisión 20 años. Aunque fue revocada por la Cámara y tuvo que volver a prisión, el 11 de enero pasado, el Tribunal Oral Federla de Resistencia resolvió dejarlo en libertad condicional.

La visita del Losito al Senado se suma a las visitas que varios diputados de La Libertad Avanza hicieron a represores en el penal de Marcos Paz entre los que estaba Alfredo Astiz.

El miércoles, durante un acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas en Ushuaia, Villarruel sostuvo que “hubo un relato tergiversado de Malvinas para desmerecer a las Fuerzas Armadas” que se instaló durante los años posteriores a la guerra. “Se habló de los chicos de la guerra, de la ineficiencia, cobardía, falta de preparación y todo tipo de mentiras destinadas a desmerecer a nuestros hombres de armas”, afirmó. “Fruto de esa maquinación, los veteranos de guerra, soldados y militares fueron escondidos a la sociedad. Nuestras Fuerzas Armadas fueron desprestigiadas, perseguidas y desarmadas, y el recuerdo de la guerra se limitó al de un hecho vergonzoso que debíamos olvidar”, destacó.

No es el primer homenaje que recibe Losito desde que está en Libertad. En marzo del año pasado, fue reivindicado como “héroe de Malvinas” durante un acto en el el Regimiento de Infantería Monte 30, de Misiones.

El Gobierno busca vaciar las políticas de memoria. Justo en el marco de un nuevo aniversario del 24 de marzo, el fuerte ajuste en la administración pública que lleva adelante Javier Milei pone en riesgo el funcionamiento de los Espacios para la Memoria que funcionan en los excentros clandestinos de detención de la última dictadura cívico militar. Están en peligro un centenar de puestos de trabajo que sostienen a diario los sitios que estuvieron vinculados al terrorismo de Estado, dependientes de la secretaría de Derechos Humanos.

El vaciamiento de los Espacios de Memoria fue denunciado por el gremio de ATE y el bloque del Frente de Izquierda en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura porteña, a partir de una serie de despedido y de la decisión extraoficial que circuló estos días en despachos de la Rosada de que no se renovarán el próximo 31 de marzo un sinfín de contratos precarios en la administración pública que fueron renovados por tres meses cuando recién comenzaba la gestión libertaria. 

Los excentros clandestinos de detención en todo el país que tiene comprometido su funcionamiento habitual son “ESMA”, “Automotores Orletti”, “Club Atlético”, “Virrey Cevallos” y “Olimpo”, en la Capital Federal; “La Escuelita de Famaillá”, en Tucumán; “Faro de la Memoria”, en Mar del Plata; y “Regimiento de Infantería 9”, en Corrientes.

El martes pasado la Junta Interna de ATE del ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizó una protesta en la puerta de la secretaría que depende del exjuez Alberto Baños y que tiene su despacho dentro del predio de la ex ESMA. El gremio reclamó “con urgencia” la reincorporación de 26 despedidos y la renovación de unos cien contratados, cuyo convenio laboral vence el 31 próximo. 

También la Izquierda presentó en Diputados y la Legislatura de la Ciudad sendos proyectos de resolución contra la medida que afectaría a unas 600 personas contratadas bajo la modalidad eventual que dispone el Artículo 9 de la Resolución 48/2002, que regula el empleo público nacional. Aseguran que se afectaría al 90% de los trabajadores que se desempeñan en los centros de memoria. “En vísperas de un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976, advertir que estos hechos que amenazan las fuentes de empleo atentan también contra la lucha contra la impunidad de ayer y hoy”, reza el proyecto de resolución que firmaron los diputados Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina Del Plá, al que accedió este medio.

Corrientes, un represor homenajeado y su vínculo con Villarruel

El caso singular de estos días es el del espacio de memoria “Regimiento de Infantería 9”, de Corrientes, porque recientemente fueron despedidos sus únicos tres trabajadores activos. Esa situación fue justificada a elDiarioAR desde el despacho del propio secretario Baños. “Hubo un error con personal del espacio de Corrientes que se está solucionando”, aseguró la alta fuente consultada por este medio. También fueron despedidos trabajadores del ex centro clandestino “Club Atlético”. 

El espacio “Regimiento de Infantería 9 Coronel Pagola” fue inaugurado en 2022, siendo de los más recientes. Durante la dictadura funcionó como clandestino de detención, tortura y exterminio entre marzo y diciembre de 1976, y entre febrero y julio de 1977, bajo la dependencia del Ejército Argentino. 

En ese regimiento militar operó durante la dictadura el represor Horacio Losito, condenado a prisión e inhabilitación absoluta perpetua por crímenes de lesa humanidad, quien justamente recibió la libertad condicional pocos días después de asumir Milei. Losito también fue declarado partícipe de la Masacre de Margarita Belén, en Chaco, donde fueron torturados y asesinados un grupo de detenidos desaparecidos. 

Los vínculos personales de Losito llegan a Victoria Villarruel. El represor combatió en la guerra de Malvinas junto con el padre de la vicepresidenta, con quien tuvo una estrecha relación. La segunda de Milei suele referirse a sí misma como “hija de un veterano de Malvinas”.

Luego del beneficio que le otorgó la Justicia, el 23 de febrero pasado Losito fue llamativamente homenajeado en persona por el Regimiento de Infantería de Monte, situado en la Ciudad de Apóstoles, en Misiones. Allí fue recibido por un militar con traje de fajina al grito de “¡Un veterano de guerra de Malvinas ha ingresado al regimiento!”.

La respuesta del Gobierno

“Cada uno de los trabajadores y trabajadoras cumplen tareas de conservación del patrimonio histórico; de investigación y archivo; de acompañamiento a familiares y víctimas del genocidio; de educación y formación en Derechos Humanos; de comunicación y acciones culturales comunitarias; tareas administrativas y de mantenimiento, entre otras, en estos sitios que están protegidos bajo la tutela de jueces ya que siguen aportando pruebas materiales y apoyan testimonios en los juicios de Lesa Humanidad”, afirma la iniciativa parlamentaria del FIT. 

“Cada compañero sin puesto de trabajo es una familia sin sustento”, dijo también esta semana Paula Donadio, delegada ATE. En diálogo con radio AM 530, denunció que el Gobierno “no tiene una línea de trabajo” en materia de derechos humanos, sobre todo porque a más de cien días de gestión, aún no fueron designados funcionarios más allá del secretario Baños.

Desde la cartera de Derechos Humanos negaron tajantemente a elDiarioAR que el Gobierno tenga una política de vaciamiento de los espacios de memoria. “Es mentira eso. Los espacios seguirán funcionando”, fue la contestación escueta que brindó un alto funcionario. Cuando este medio repreguntó si estaban garantizados los puestos de trabajo cuyos contratos vencen el 31 de marzo, la respuesta fue el silencio. 

La reconversión de los ex centros clandestinos como sitios de interés público está amparada por normas nacionales como la Ley 26.691, que define la “preservación, señalización y difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, y cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”. También los protege la Ley 26.935, donde se expresa el sostenimiento y deber del Gobierno de dar continuidad a sus trabajadores y estabilidad laboral. La ex ESMA, por caso, fue declarada el año pasado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

MC/JJD