El rastro económico dejado por el agente parapolicial Aníbal Gordon y su banda, que bajo el amparo de la SIDE y el Plan Cóndor perpetraron delitos de lesa humanidad en el centro clandestino conocido como “Automotores Orletti”, se devela por estos días en Mar del Plata, donde se sigue el primer juicio por lavado de activos a cuatro hijos de un antiguo integrante de esa organización delictiva, que adquirió campos con dinero robado a víctimas del terrorismo de Estado.

Los acusados son tres mujeres y un hombre: María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save, hijos del fallecido Leonardo Miguel Save, quien supo integrar la gavilla de Gordon y que con fondos sustraídos a un militante uruguayo adquirió dos campos en la localidad de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires.

Los cuatro hijos de Save son investigados por realizar maniobras para incorporar al mercado legal dinero obtenido por su padre durante los años del terrorismo de Estado. El proceso oral y público se desarrolla en los Tribunales Federales de Mar del Plata, y está a cargo del juez Roberto Falcone, quien encabeza el debate de esta causa de forma unipersonal.

Según sostiene la acusación a cargo del fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, la familia Save habría realizado, al menos desde 1999, maniobras y operaciones con las cuales obtuvieron la propiedad de esos campos, que en la actualidad continúan administrando, y que fueron adquiridos mediante secuestros, torturas y desapariciones.

Fuentes con acceso a la causa estimaron que los hijos de Save, que son representados en este proceso por el Ministerio Público de la Defensa, podrían recibir penas de entre dos a 10 años por los delitos que se les imputan.  

Cesiones de derechos, escrituras falsificadas, boletos de compra venta firmados por terceras personas forman parte de una trama delictiva que se remonta a octubre de 1976, cuando el represor Save compró esos campos en Chascomús, localidad de la cual también era oriundo.

¿Cómo obtuvieron Gordon (muerto en prisión, en 1987) y Save esos fondos para llevar a cabo este intento de consolidar un proyecto inmobiliario en una de las zonas más prósperas del territorio bonaerense? La hipótesis que sigue la fiscalía, la querella de la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la del Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos apunta al secuestro y posterior desaparición del militante uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Mendez.

Conocido como “el coronel”, “el jovato” o “el exquisito”, en función de las habilidades que sus secuaces le reconocían en las mesas de tortura, Aníbal Gordon se convirtió en una pieza clave de la maquinaria orquestada en el centro clandestino de Orletti

Mechoso Mendez era un exilado uruguayo que vivía en Argentina desde del golpe de Estado que se había perpetrado en el vecino país en 1973. En Argentina, participó del armado del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP), y por eso se convirtió en un objetivo del régimen castrense uruguayo.

Como parte del Plan Cóndor, la coordinadora represiva orquestada por las dictaduras militares del Cono Sur, represores uruguayos encabezados por el militar uruguayo José “Nino” Gavazzo, comenzaron a operar en Argentina en la persecución de militantes de ese país.

Con la colaboración de la SIDE y banda de Gordón, los represores uruguayos utilizaron Orletti, un centro clandestino ubicado en el barrio de Floresta, como base de sus operaciones en Argentina.

El 26 de septiembre, la patota integrada por la banda de Gordon y los represores liderados por Gavazzo secuestraron a Mechoso Mendez y mediante torturas llegaron a los fondos que el partido tenía en Buenos Aires y con el cual financiaba las actividades de sus militantes que se encontraban en la clandestinidad.

Mediante torturas en Orletti y amenazas a su familia, los represores lograron que Mechoso Mendez entregara los recursos del PVP.  

La Instrucción de la causa, que inició en 2013 el juez federal Alejo Ramos Padilla, estableció que la banda de Gordon obtuvo entre 2 y 8 millones de dólares. Gavazzo y su grupo pudieron quedarse con otra parte del botín, pero la justicia no pudo establecerlo.

El dirigente opositor uruguayo resultó asesinado. Su cuerpo, depositado en un barril lleno de cal apareció flotando en un canal de San Fernando. En 2009, el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) permitió que se identificaran sus restos, que habían sido depositados en una tumba como NN.

Con los fondos en su poder, la banda de la SIDE capitaneada por Gordon y secundada por Save, adquirió terrenos en Chascomús, donde tenían la intención de desarrollar un proyecto inmobiliario. Pero una interna en el seno de aparato del terrorismo de Estado truncó esa lucrativa iniciativa.

Grupos operativos al mando del ministro de Gobierno bonaerense, Ibérico Saint y el entonces jefe de la policía provincial, el coronel Ramón Camps, sacaron a los operarios que trabajaban en los campos y los trasladaron a la Comisaría 1° de Chascomús, donde padecieron torturas.

En el marco de las audiencias del juicio que se desarrolla en Mar del Plata, cuatro extrabajadores declararon que hía desempeñado tareas en los campos´, que estaban en una zona adyacente a la laguna de Chascomús. Contaron que recibían un pago semanal a cargo de una persona que identificaron como “el lobito”, y que incluso vieron en el lugar a Gordón y a Save.

Los testigos recodaron que un día llegaron militares que los trasladaron a la Comisaría de Chascomús, donde luego de unos días comenzaron a liberarlos. Más tarde, comenzaron a recibir sobres en sus casas con dinero y notas en las cuales se disculpaban por el trato que les habían propinado. 

Un testigo contó además que quienes estaban a cargo de los campos antes de que se produjera la irrupción de los militares, se hacían llamar como “grupo SIDE”.

Durante años, en Chascomús se corrieron rumores sobre la existencia de enterramientos clandestinos en esos campos, pero las pericias que se realizaron no lograron dar con restos humanos.

“Save estuvo detenido por otros delitos y es claro que tuvo contactos con sus hijos sobre estos campos y que hubo maniobras para ingresarlos al mercado legal. Esa es la hipótesis con la que trabajamos”, señaló en declaraciones a elDiarioAR Verónica Bogliano, directora de Querellas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Las audiencias de este juicio se desarrollan todos los miércoles desde el 7 de febrero y estima que podría haber un veredicto en abril. 

Además de imponer un modelo económico, el terrorismo de Estado también operó para desapoderar a las víctimas de sus bienes y esto es lo que analizamos en este juicio

Verónica Boglaino — Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense

“Además de imponer un modelo económico, el terrorismo de Estado también operó para desapoderar a las víctimas de sus bienes y esto es lo que analizamos en este juicio”, observó Boglaino, quien reseñó que el accionar delictivo de Gordón quedó probado en otras tres sentencias judiciales sobre Orletti.

De delincuente común y custodio de organizaciones sindicales, Aníbal Gordón cultivó desde los años ’60 una fama de pesado que le permitió sumarse en la década siguiente a las filas de la organización parapolicial de la Triple A, donde inició un prolífico derrotero delictivo como agente inorgánico de la SIDE en la denominada “lucha antisubversiva.

Conocido como “el coronel”, “el jovato” o “el exquisito”, en función de las habilidades que sus secuaces le reconocían en las mesas de tortura, Gordon se convirtió en una pieza clave de la maquinaria orquestada en Orletti, por donde pasaron militantes uruguayos, chilenos, bolivianos y paraguayos capturados en Argentina en medio del desarrollo del Plan Cóndor.

Su nombre adquirió notoriedad en agosto de 1983, cuando una patota que capitaneó secuestró al dirigente nacionalista Guillermo Patricio Kelly, a quien debieron liberar en medio de las repercusiones que esa captura había producido en una opinión pública que le había picado el boleto de salida a una dictadura militar que estaba en franca retirada.

En 1984, tras el retorno de la democracia, una comisión policial detuvo en una casa de las sierras de Córdoba a Gordon. “¿Muchachos, vienen a buscarme por derecha?”, alcanzó a preguntarles a los efectivos que lo detuvieron

En 1984, tras el retorno de la democracia, una comisión policial detuvo en una casa de las sierras de Córdoba a Gordon que era buscado por varios delitos. “¿Muchachos, vienen a buscarme por derecha?”, alcanzó a preguntarles a los efectivos que lo detuvieron.

En octubre de 1986, Gordón recibió una condena de 16 años de prisión. Un año más tarde, murió de cáncer de pulmón en la cárcel. El rastro de sus crímenes aún se sigue.

LC/MG