La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) denunciaron este lunes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y solicitaron su detención por “crímenes de guerra y genocidio” contra Palestina.

La denuncia de las filiales porteñas de ambas organizaciones quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, y en la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan.

ATE e HIJOS plantearon que Netanyahu cometió “crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra el pueblo palestino”.

En la denuncia adjuntaron como pruebas distintos informes y publicaciones en donde se sostiene que Netanyahu cometió genocidio como “supresión colonial” con el objetivo de lograr la “destrucción incesante y general” de la Franja de Gaza.

“La violencia desatada por Israel a partir del 7 de octubre de 2023 forma parte de un largo proceso sistemático y organizado con el fin de provocar el desplazamiento forzado y la sustitución de palestinos, provocando un perjuicio irreparable a su pueblo”, señalaron en la denuncia.

En otro fragmento del documento, manifestaron que la Corte Penal Internacional (CPI) entiende que Netanyahu “es responsable penalmente como coautor del crimen de guerra de provocar intencionadamente la muerte por hambre; de crímenes contra la humanidad como homicidio, persecución y otros actos inhumanos; además de la destrucción de su infraestructura civil, incluyendo los centros de salud, las escuelas y los campos de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas”.

La presentación reclama, además, una orden de captura contra el primer ministro israelí, quien planea visitar la Argentina entre el 7 y 10 de septiembre, según se precisó en el documento.

En otra parte de la acusación, se destacan informes sobre territorios palestinos ocupados y los crímenes cometidos por las Fuerzas de Defensa de Israel contra manifestantes palestinos, entre los que se incluyen “184 muertes” y “más de 6.100 heridos”.

Con información de la agencia NA

La serie argentina 'El Eternauta', estrenada la semana pasada en Netflix y que es furor en decenas de países, ha desencadenado un aumento en las consultas de personas nacidas en el país suramericano durante la última dictadura militar (1976-1983) sobre su identidad e impulsado la búsqueda de los nietos del autor de la obra original, Héctor Oesterheld, desaparecido en 1977.

La serie, que está basada y comparte nombre con la historieta publicada en 1957, no transcurre durante la última dictadura militar pero mantiene una fuerte conexión con la página más oscura de la historia argentina por el destino trágico de su autor, secuestrado y desaparecido por el Gobierno militar junto a sus cuatro hijas -Beatriz, Diana, Estela y Marina- por su militancia en la agrupación armada Montoneros.

Diana y Marina estaban embarazadas en el momento de su secuestro, y tanto ellas como su padre, sus hermanas y sus hijos -que se cree nacieron en cautiverio- continúan desaparecidos.

Tras el exitoso lanzamiento de 'El Eternauta', las organizaciones de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S. lanzaron una campaña para intensificar la búsqueda de los nietos de Héctor Oesterheld, algo que motivó además las consultas por su identidad de otras personas nacidas durante esos años.

“La repercusión de la serie generó más consultas en los últimos días y seguramente se irán sucediendo más en los próximos. Cualquier hecho cultural con masividad tan bien logrado y tan nuestro como la serie es para nosotros una enorme posibilidad para difundir la búsqueda”, aseguró a EFE Manuel Gonçalves Granada, nieto restituido y secretario de Abuelas de Plaza de Mayo.

La campaña, que se viralizó en redes sociales bajo el lema “¿Estás mirando El Eternauta?”, invita a quienes nacieron entre noviembre de 1976 y enero de 1978 -posibles fechas de nacimiento de los nietos del autor- y tienen dudas sobre su identidad a ponerse en contacto con Abuelas de Plaza de Mayo.

Tras décadas de trabajo, la organización sigue buscando a unas 300 personas, hijas e hijos de personas secuestradas y asesinadas por el régimen militar, muchos de los cuales tuvieron partos clandestinos, fueron apropiados ilegalmente y sus nombres modificados. El último hallazgo realizado por Abuelas se produjo en enero de este año, cuando anunciaron al “nieto 139”.

La campaña difundida esta semana incluye también intervenciones en espacios públicos, como afiches que combinan la imagen de la serie con fotografías de los miembros desaparecidos de la familia Oesterheld.

Un impulso a la búsqueda

“A través de una serie que tiene trascendencia mundial buscamos que más personas se sigan preguntando y buscando su verdadera identidad, entendiendo que si naciste durante la dictadura en Argentina podrías ser uno de los dos nietos o nietas de la familia Oesterheld, o cualquiera de los otros 300 hombres y mujeres de ese conjunto de bebés robados que hoy seguimos buscando”, añadió Gonçalves Granada.

Carlos Pisoni, integrante de la agrupación H.I.J.O.S, explicó a EFE: “Con la explosión de la serie a nivel mundial vimos una oportunidad para generar el debate y para volver a preguntarnos ¿Dónde están los restos de la familia Oesterheld?, ¿Qué pasó con ellos? y ¿Qué pasó con sus hijos?”.

Desde las organizaciones señalaron que la serie y el interés que desencadenó por la historia del autor son un puente para llegar a nuevas generaciones, nuevos países y personas que se encuentran alejadas o desconocen su lucha.

“Se abre la posibilidad de llegar a otros públicos, a nuevas generaciones e incluso la posibilidad, que para nosotros es quizás la más dificultosa, de llegar con este mensaje de búsqueda de los nietos y nietas a otros países, porque verdaderamente los nietos que faltan pueden estar en cualquier lugar del mundo”, señaló el secretario de Abuelas, cuyo trabajo ha permitido el hallazgo de nietos en países como España, Holanda y Estados Unidos.

Las organizaciones destacaron además que este impulso a su búsqueda se da en un contexto político adverso producto de la desfinanciación de las políticas y espacios de memoria por parte del Gobierno de Javier Milei y su promoción de discursos negacionistas.

“Mientras esta serie es un 'boom' y un éxito mundial, en la Argentina se desfinancian las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, entre ellas la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), fundamental en la búsqueda de nietos. La serie también pone en debate cuál es el rol del Estado argentino en esta temática”, aseveró Pisoni.

Laura Guarinoni, para la agencia EFE.

IG

Una mujer de 74 años fue asesinada en Córdoba, la encontró su hijo mayor el pasado viernes 2. A priori, la noticia aparecía como un caso más de inseguridad.

Con el paso de las horas se supo que Susana Beatriz Montoya, la mujer encontrada en su casa de calle Miguel Andrés Caminos al 4.800 de barrio Ampliación Poeta Lugones –en el norte de esta Capital cordobesa-, había sido esposa de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario de la División Comunicaciones de la Policía de Córdoba que militaba clandestinamente en el PRT-ERP y que el 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado por una patota del Departamento de Inteligencia de la Policía (D2) y llevado al centro clandestino conocido Casa de Hidráulica en cercanías del dique San Roque y Villa Carlos Paz. Allí, Albareda fue torturado y asesinado. Hasta hoy continúa desaparecido.

La investigación del crimen, a cargo del fiscal Juan Pablo Klinger, se mueve con cautela: en una de las paredes de la casa de la víctima, escrito presuntamente con lápiz labial rojo, apareció una amenaza: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.

Fernando Albareda, el hombre que encontró asesinada a su madre Susana Montoya, militó en los ’90 la agrupación HIJOS y actualmente es empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Como empleado de la Secretaría, dirige en Córdoba el Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende también de la Organización Internacional de Migrantes (OIM).

Durante 2023, a través de un convenio entre la Secretaría de DDHH de la Nación y la Policía cordobesa, Fernando Albareda dictó cursos y charlas a los cadetes aspirantes en fuerza, relacionados a la Protección de Testigos.

Sospechosamente, en diciembre del año pasado, mientras terminaba el ciclo lectivo de los aspirantes a policías, en la casa de Fernando Albareda, en barrio Villa Cabrera, aparecieron carteles con amenazas: “Sos hijo de terrorista. Se terminaron los amigos de la Policía”; “No vayas más a la escuela ni a Jefatura”, “va a morir”, y el “te vamos a juntar con tu papito”. Los mensajes escritos con fibra negra y recortes, tenían dibujadas cruces esvásticas. Además, en el lugar aparecieron seis balas calibre .22. Esa causa es investigada por el fiscal Klinger, el mismo que ahora está a cargo del homicidio de Susana Montoya. Todavía no hay responsables identificados por las amenazas a Albareda ni por el crimen de su madre.

Tras las amenazas de diciembre, el intendente capitalino, Daniel Passerini las repudió a través de sus redes sociales: “Expreso enérgicamente mi repudio a las amenazas sufridas por un referente de @hijoscba. La vida democrática no es compatible con amenazas y expresiones de violencia y odio. Estas manifestaciones no deben ocurrir”.

Y el gobernador Martín Llaryora hizo lo mismo, pero además, repudió un ataque contra la sede de Radio Nacional Córdoba: “Expreso mi enérgico y firme repudio a las amenazas que sufrió un integrante de la agrupación Hijos Córdoba. Del mismo modo, repudio la agresión hacia la sede de Radio Nacional Córdoba. La Justicia debe esclarecer estos hechos que tanto daño provocan a la convivencia democrática”.

 “Los vamos a matar a todos”

Ocho meses después de las amenazas sufridas por Fernando Albareda; el asesinato de su madre junto a la amenaza “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”; hizo que el fiscal Klinger investigara el crimen de Susana Montoya como un caso de inseguridad; pero además, no descartara la posibilidad de que se trate de un crimen a manos de mano de obra desocupada como durante el regreso de la democracia a principios de 1984; hipótesis sostenida por los familiares de la víctima.

“Nosotros le vamos a pedir una audiencia al gobernador (Martín) Llaryora; queremos que este caso sea investigado y resuelto. Debe haber una decisión política del gobernador de depurar a la Policía de elementos ligados o que reivindiquen el terrorismo de Estado. Nunca Más es Nunca Más”, le dijo a elDiarioAR, el abogado Claudio Juárez Centeno, representante de Fernando Albareda.

En la familia relacionan ambos hechos: “Las amenazas a Fernando y ahora el homicidio de Susana tendrían directa relación”, señalaron desde el entorno familiar. Y apuntan a “elementos ligados a la patota de la Policía” que estarían relacionados con el terrorismo de Estado. Por caso, el hijo de un represor condenado por delitos de lesa Humanidad, ocupa un alto cargo en la Policía de esta Capital. Incluso, Fernando Albareda, habría tenido años atrás algún entredicho o disputa con un familiar de este policía en actividad y del represor condenado.

En esa línea, los organismos defensores de los DDHH emitieron un comunicado donde señalan: “Nos encontramos consternados y ocupados, por el violento asesinato de la madre de un compañero de H.I.J.O.S. Córdoba, ocurrida este último viernes y las amenazas que cobardemente dejaron, dirigidas a toda su familia, donde firmaba ”#Policía“. Fernando Albareda es hijo de un policía que fue secuestrado y desaparecido en 1979 en el ex Centro Clandestino de detención conocido como ”Casa de Hidráulica“. Ricardo Fermín Albareda, subcomisario de la Policía de Córdoba, militaba en el PRT y tenía 37 años cuando fue secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico-militar en septiembre de 1979, según se pudo determinar en el juicio que se realizó (y que precisamente se conoce como la ”Causa Albareda“)”, detalla el texto que firman HIJOS Córdoba, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo, Ex Presos Políticos por la Patria Grande de Córdoba, Asociación Civil Ex Presos Políticos de Córdoba y Mesa Provincial de Trabajo de DDHH de Córdoba.

Los organismos también expresaron: “Exigimos a la Justicia de Córdoba y al Poder Ejecutivo la urgente investigación y esclarecimiento de este hecho, como así también las amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia, denunciadas con anterioridad; la seguridad y protección efectiva ya al compañero Fernando Albareda y a toda su familia”. El comunicado cierra: “Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente de cuando verdaderamente pasan a la acción. ¡Ya dijimos Nunca Más!”.

Otra hipótesis

Pese a que los organismos de DDHH y sectores de la política cordobesa como el cristinismo, el Frente Renovador y la izquierda se mostraron consternados por la noticia de la trágica muerte de la viuda del policía Albareda, y la ligaron a los discursos de odio de la ultraderecha; los investigadores de la División Homicidios, trabajan en la hipótesis de un sospechoso en el círculo íntimo de la víctima y centran sus entrevistas con los vecinos de barrio Ampliación Poeta Lugones, acerca de cómo era la relación entre Susana y sus familiares y conocidos.

El propio Fernando había declarado al diario cordobés La Voz del Interior que los accesos a la casa materna no habían sido violentados: “Sólo atiné a llamar a la Policía. Salté la tapia de la casa vecina y vi que estaba muerta, ya morada”. El mayor de los hermanos Albareda declaró ayer entre las 9 y las 17 en sede judicial, donde señaló que las aberturas de la casa donde vivía su madre no fueron violentadas; por lo que el o los asesinos podrían haberla sorprendido cuando entraba al domicilio o les abrió la puerta confiada.

El sábado, Ricardo Albareda, su hermano menor había declarado durante varias horas en la fiscalía de Klinger.

Los investigadores de Homicidios, además de entrevistar a los vecinos, analizan los teléfonos celulares de los integrantes de la familia y las cámaras de seguridad de las siete cuadras de Miguel Andrés Caminos desde el 4.300 hasta el 5.100, que van desde Benito Quinquela Martín hasta la colectora de la avenida de Circunvalación.

Un dato que no escapa al fiscal Klinger ni a los vecinos, es que a pocos metros de la vivienda donde fue asesinada Susana Montoya, desde el jueves 1 de agosto -el día anterior al homicidio-, hay una consigna policial de vigilancia porque allí está alojada con prisión domiciliaria una mujer que está atravesando una disputa judicial internacional con su ex marido, un ciudadano alemán que pretende llevarse los hijos de la pareja a vivir a Alemania.

Algunos militantes de organismos de DDHH se mostraron cautelosos y deslizaron que “este crimen, ya sea que sus autores se traten de sectores de lúmpenes ligados a la extrema derecha como el caso de Los Copitos; o de la hipótesis que trabaja la Policía de un delito en el marco del círculo de confianza; nos golpea a todos como sociedad”.

Condena y reparación histórica

El 11 de diciembre de 2009, el Tribunal Oral Federal Nº1 (TOF 1) de Córdoba condenó a prisión perpetua al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército con sede en esta provincia, general Luciano Benjamín Menéndez; al ex coronel Rodolfo Campos -era el titular de la Policía en aquéllos años-; y los ex agentes Armando Cejas y Hugo Cayetano Britos; quiénes fueron encontrados culpables de los delitos de “privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público; homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por una pluralidad de partícipes”.

En el caso de Menéndez y Campos, los querellantes y el fiscal Carlos Gonella apelaron al principio de la “responsabilidad mediata”: la teoría del alemán Claus Roxin, que ya había sentado jurisprudencia en el Juicio a las Juntas. Además, el TOF 1 condenó a 16 años al ex agente del D2, Miguel Angel “Gato” Gómez –el fiscal Gonella había pedido 23 años-; y absolvió a Luis Calixto Flores.

La condena a prisión perpetua en cárcel común para el ex jefe policial Rodolfo Campos fue la sorpresa de la jornada, ya que no se esperaba que se le revocara la prisión domiciliaria de la que gozó hasta el día de la condena, que había sido dispuesta por la entonces jueza del Juzgado Federal Nº3, Cristina Garzón de Lascano.

Durante 15 años, Fernando Albareda batalló casi en soledad por la reparación histórica de su papá: “Es el único caso en el que la Policía reconoce un crimen de lesa humanidad”, dijo el hijo del policía Ricardo Fermín Alvareda, cuando en el marco de la Semana de la Memoria, en marzo pasado, el ministro de Seguridad provincial Juan Pablo Quinteros -en nombre del Estado cordobés- le hizo entrega en el edificio de la Jefatura de Policía de la reparación del legajo de Ricardo Fermín Albareda a sus familiares y seres queridos. El acto reparatorio de legajos de empleados públicos desaparecidos durante la pasada dictadura cívico militar se enmarca en la Ley 10.874.

El reconocimiento por parte del Estado, incluye el resarcimiento económico por salarios caídos, monto que beneficiaría a los deudos del policía Alvareda, la viuda Susana Montoya; los hijos Fernando y Ricardo y una hija fallecida en 2021.

Anoche, pasadas las 22, Fernando Albareda envió un mensaje a través de whatsapp, informando sobre el velorio y sepelio de su madre: “Hola, mis compañeras y compañeros.

Les quería contar que el velatorio de mi madre se realizará mañana Lunes 05/08 a partir de las 13 a 21 hs. Y el Martes 06/08 de 9 a 11 hs. en la empresa Caruso de la calle Juan B. Justo 2306, en la sala “A”. Luego serán trasladados sus restos al Cementerio Parque del Sol.

Gracias por todos sus mensajes. Se siente el acompañamiento y el cariño. Fernando Albareda y familia“.

DM/GM

La militante de la organización HIJOS regional Buenos Aires Sabrina Bölke habló hoy por primera vez del ataque que sufrió el pasado 5 de marzo en su casa en el que la golpearon y abusaron sexualmente de ella.

“Me dijeron que no hablara nunca más”, dijo en diálogo con El Destape y confirmó que los agresores pintaron en la pared la sigla VLLC (Viva la libertad, carajo).

La mujer contó que cuando llegó a su casa ese día después de trabajar y había dos personas esperándola. “Me tomaron del cuello, me estuvieron torturando entre 15 y 20 minutos, me ataron y me apuntaron con un arma y me dijeron que me iban a matar. Hay una sensación de shock en ese momento que sigue. Me dijeron que no hablara nunca más”, relató. “Pensé que efectivamente mi vida iba a terminar ahí”.

Más adelante, señaló: “Me dijeron que si hablaba iban a volver y a pegarme un tiro”.

“Nosotros no vinimos a robarte, vinimos a matarte. Sabemos todo de vos. Sabemos que estás en derechos humanos”, le dijeron los agresores.

“Mi vida quedó suspendida. Le quiero pedir disculpas a mis seres queridos, porque desde el 5 de marzo no puedo ser la misma persona”, añadió. “Yo tenía una vida normal. Tocaba el piano, trabajaba (...) En este momento trato de pensar cómo voy a salir adelante”.

Bölke contó después cómo encontró las pintadas, que decían en concreto “VLLC ñoqui” y las atribuyó a los discursos de odio del Gobierno de Javier Milei. “Estoy volviendo a mi casa del Hospital Pirovano (donde fue asistida tras el ataque) y encuentro la pintada en mi habitación. Ellos estuvieron dentro del departamento mucho tiempo porque cuando nosotros volvimos vimos que habían roto muebles, cosas de valor”.

“Hay un caldo de cultivo de odio y violencia que habilita esto”, sostuvo. La mujer también confirmó que la causa ya está en manos de la Justicia.

En otro tramo de la charla, señaló: “¿Qué puedo esperar (de este Gobierno) si toda la vida negaron los desaparecidos, la dictadura, los 30.000, las madres, a los nietos, los casos de gatillo fácil, la pobreza y el hambre de los trabajadores y las ama de casas que no llegan a fin de mes? ¿Qué puedo esperar que tengan empatía? Si no tienen y encima no han demostrado ni han dado un solo signo de empatía con tantas causas que nos duelen a todos y a todas que tienen que ver con el hambre, con el sufrimiento de los chicos y de las chicas en un país que es productor de alimentos y hay chicos que tienen hambre”.

“HIJOS es una agrupación que lucha contra el olvido y el silencio. Nunca fuimos de los que se callaron”, afirmó.

CRM

La Red Nacional Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio denunció en las últimas horas que una joven militante de su agrupación fue víctima de un ataque en el que fue “golpeada, abusada sexualmente y recibió amenazas de muerte por parte de sus captores”, relataron en un comunicado publicado este jueves en sus redes sociales.

Según detallaron, fueron “dos los individuos que la esperaban dentro de su domicilio luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente. Ella fue atacada, golpeada, abusada sexualmente y recibió amenazas de muerte por parte de sus captores. La amenazaron con armas de fuego y luego le transmitieron con claridad: 'no vinimos a robarte, vinimos a matarte, nos pagan para eso'”, expresa el escrito publicado.

Para la organización de derechos humanos que desde 1995 agrupa a hijas e hijos de militantes víctimas del terrorismo de Estado, “estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio de las máximas autoridades del país. Desde la Red Nacional de Hijos exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho por parte del poder judicial y hacemos responsable al gobierno Nacional ”, remarcaron.

Asimismo, desde HIJOS expresaron que se trató de un “atentado político contra la vida de la militante, motivado por su militancia en derechos humanos y feminista. No se llevaron nada de valor económico, solo carpetas con información de nuestra agrupación”, al tiempo que agregaron que los autores materiales del hecho “pintaron en la pared” del domicilio de la víctima “la siga VLLC (Viva la libertad carajo)”.

“A días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado afirmamos que nuestro pueblo dijo NUNCA MÁS. Memoria, Verdad y Justicia siempre”, concluye el comunicado.

Este jueves, Agustín Cetrángolo, dirigente de H.I.J.O.S., confirmó que el hecho ocurrió “hace 10 días” y recién lo dieron a conocer ahora para “preservar la identidad de la compañera”. Además, reveló que la denuncia fue hecha en el mismo momento, ya que la víctima logró escapar de su domicilio y pedir ayuda.

En declaraciones a Radio con Vos, Cetrángolo aseguró que los peritos tomaron las imágenes correspondientes, “con ella maniatada”, al tiempo que reveló que los atacantes hicieron inteligencia previa y que los vecinos relataron que algunas personas “preguntaron por ella” días antes.

Con información de agencias.

IG