Los máximos referentes del sector seguros renovaron el reclamo contra el Poder Judicial por las irregularidades que, según afirman, alimentan la creciente judicialidad en Riesgos de Trabajo. En la edición anual de Expoestrategas, advirtieron que la “industria del juicio” alcanzó niveles que “jaquean” la solvencia del sistema y lanzaron un ultimátum: si no hay cambios, muchas aseguradoras podrían dejar de operar en menos de un año.

Los números que exhibió la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) muestran la magnitud del problema. En abril pasado había 303.734 demandas laborales sin resolver en el país, de las cuales 124.845 se iniciaron en los últimos doce meses. El contraste histórico agrava el diagnóstico: en 2010 eran apenas 14.684, lo que implica un incremento de 1.969%.

El evento reunió a figuras como Alejandro Korin (CNP Seguros), Horacio Santcovsky (Experta ART y Experta Seguros), Julio Scarafia (El Norte Seguros), Diego Sobrini (Galeno Seguros), Fernando Zack (Provincia ART) y Federico Guthmann (Meridional Seguros). Todos coincidieron en señalar que la falta de soluciones concretas mantiene al sistema “en tiempo de descuento”.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) calculó que solo en el último año los empleadores desembolsaron alrededor de $2,1 billones para cubrir los costos de la litigiosidad. Según la entidad, 2025 podría cerrar con más de 130.000 nuevas demandas, con la provincia de Buenos Aires concentrando el 40% de los casos, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (19%) y Santa Fe (14%).

Las quejas apuntaron también a las sentencias que se basan en “actualizaciones desmedidas de los intereses” y en cálculos periciales que, aseguran, no se corresponden con la realidad económica. Scarafia reclamó “coherencia judicial” y recordó que los niveles de juicios regresaron a los previos a la Ley 27.348 de 2017, desoyendo criterios de la Corte Suprema.

El Gobierno nacional sigue de cerca el tema. El presidente Javier Milei promete en redes sociales que “se viene la motosierra para la industria del juicio y los caranchos”, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, admite que la litigiosidad laboral es uno de los mayores frenos para la creación de empleo formal.

La tensión crece a la espera de una definición del Máximo Tribunal, que inició deliberaciones para evaluar nuevos criterios de actualización de intereses en casos de despidos y accidentes. El desafío, según advierten en el sector, no es la sanción de esos criterios sino su efectiva aplicación, hoy resistida por la mayoría de las salas de la Cámara Nacional del Trabajo.

La Superintendencia de Seguros de la Nación cambió la normativa que regula la actividad con el fin de homogeneizar las exigencias a las empresas para operar en el mercado de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). Lo hizo tras cambios que habían sido realizados por la gestión anterior en beneficio, únicamente, de nuevos operadores.

En concreto, la decisión supone modificaciones al Reglamento General de la Actividad Aseguradora (RGAA) cuyo propósito es asegurar la solvencia de las nuevas compañías frente a posibles litigios, según la resolución oficial, dado que estaban ingresando al mercado sin el suficiente respaldo financiero, y de esta forma garantizar la competencia en iguales condiciones.

Según entendió el Gobierno, la situación heredada de la gestión de Alberto Fernández ponía en riesgo las respuestas que las nuevas aseguradoras podían dar a miles de trabajadores ante un eventual accidente laboral, dejándolos expuestos a situaciones de posible indefensión.

¿Qué cambió?

Lo que hizo la SSN es cambiar el apartado que establece los criterios para formar la “Reserva por juicios a futuros”. Esta reserva, que es un fondo de dinero adicional, es obligatoria para las aseguradoras que operan en Argentina y tiene como finalidad garantizar la solvencia de sus coberturas ante eventuales reclamos judiciales, de acuerdo con la Resolución 127/2024, publicada en el Boletín Oficial el 15 de marzo último.

El cambio dispuesto durante la gestión de Fernández no eximía las empresas de la obligación de formar esa reserva pero sí flexibilizó las condiciones para constituir ese fondo únicamente para los nuevos operadores, manteniendo las exigencias para las empresas que ya venían trabajando en el sector.

Las entidades que operen en la rama de Riesgo del Trabajo deben constituir la “Reserva por Juicios Futuros Total” al cierre de cada ejercicio o período. Esta reserva debe mantenerse hasta que transcurran cinco años desde la fecha de inicio de operaciones.

Lo significativo de esta medida es el cambio en la fórmula utilizada por las compañías aseguradoras para calcular los fondos destinados a la Reserva por juicios a futuros. Dicha fórmula determina el porcentaje sobre las primas que se destina a esta reserva.

Con la resolución de la gestión de Javier Milei, en los cinco años que establece la normativa para crear el fondo se debe implementar la siguiente escala de porcentaje sobre las primas: 3% en el primer año; 2,25% en el segundo, 1,5% en el tercero; 0,75%, en el cuarto, y 0,45% en el último año. 

De esta manera, se le pone fin al esquema establecido por el gobierno de Fernández, que establecía que ese porcentaje arrancaba en el 1% y descendía hasta el 0,15%, dando condiciones mucho más beneficiosas a las nuevas compañías en comparación con las empresas que ya venían operando en el mercado.

Para el Gobierno, los parámetros anteriores, con porcentajes insuficientes, no garantizaban la capacidad de respuesta de las aseguradoras recién ingresadas al mercado en contra de la cobertura real de los trabajadores.

JJD