El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó nuevamente a la gestión del presidente Javier Milei y sostuvo que “a la crueldad del Gobierno Nacional” le responden “con un Estado presente, transparente, eficaz y, sobre todo, más humano”.

Desde su cuenta personal de la red social X, señaló que “a pesar de la discriminación” que padecen por parte de Nación desde diciembre del año pasado, “van a seguir cumpliendo con los compromisos” que tienen pendientes con todas las intendencias y “con el pueblo al que representan”.

“La provincia de Buenos Aires, por su magnitud y su importancia, creo que es la que más está sufriendo los efectos de la política económica nacional y también una injusta e ilegal pérdida de recursos”, indicó.

En cuanto al recorte de obras públicas afirmó que “se pararon mil obras nacionales” y que desde el Gobierno provincial están “poniendo en marcha” todas las que pertenecen a su jurisdicción y “en algunos casos, asumir, compensar y sustituir a un gobierno desertor que abandona a la provincia, a su pueblo y a la familia”

Por otro lado, el mandatario remarcó el que están “sometidos” a un “intento de asfixia” pero que, de todos modos, cumplirán “el compromiso que le corresponde” con todos los intendentes bonaerenses “que están atendiendo hoy buena parte de la crisis generada por Milei” y los que “reciben a los caídos de este sistema económico cruel”.

“Es una situación donde a nosotros nos honra cumplir con los compromisos. Estas cosas no son magia, sino que, en este caso, es eficacia pero es sensibilidad con el pueblo de la provincia”, manifestó.

Para finalizar, indicó que los Centros de Atención Primaria “son obras fundamentales para que los vecinos puedan recibir atención médica, cercana y de calidad” e informó que inauguraron el centro Nº 167 en Villa Gesell con el fin de “seguir cumpliendo los derechos de las y los bonaerenses”.

“Estas obras sólo puede concretarlas un Estado presente que invierte en salud, educación y más obra pública”, concluyó.

DM con información de agencia NA

Esta semana el gobierno de Javier Milei despidió a 3000 empleados públicos, que se suman a los 19.000 que los gremios contabilizan en el primer semestre. La nueva tanda de despidos en el Estado Nacional desarticula políticas que impactan directamente en la sociedad, desde mujeres víctimas de violencia de género hasta a las pequeñas y medianas empresas que tienen asistencia del INTI. Afecta desde los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad al descuidar las pruebas hasta los estudios de detección y seguimiento de pacientes con leucemia y linfoma. Fuentes cercanas al Gobierno confirmaron que planean despedir 75.000 en total.

La mayoría de los despidos fueron en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el exministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la Secretaría de Derechos Humanos y el Hospital Posadas. Hay empleados y empleadas que estaban contratados por el Artículo 9 de la ley de Empleo Público, por convenios de cooperación con otros organismos y también monotributistas. Con esta nueva tanda, hay programas que prácticamente quedaron paralizados y otros reducidos a la mitad. 

En la Subsecretaría de Prevención de las Violencias se desvincularon a 685 personas, lo que representa el 85% del personal, como lo confirmó el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.  El programa Acompañar, que ayudaba a que las mujeres salgan del círculo de violencia a través de una ayuda económica, psicológica y legal, quedó gravemente impactado: echaron al 50% de las personas que trabajan ahí, muchas de ellas profesionales especializadas. “Ya tenemos el registro del femicidio de una mujer que estaba esperando ingresar al programa Acompañar desde hace meses. Sus hijos e hijas quedaron sin su madre y desamparados, porque tampoco se le está pudiendo realizar el trámite y el acompañamiento de la manera que se lo se lo merecen”, afirmó Fernanda Fuentealba, delegada de ATE en la Subsecretaría.

El programa Acompañar fue creado para dar apoyo económico a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Sin ese apoyo, muchas veces les resulta imposible poder romper salir de la violencia.

Esto está directamente relacionado con la casi disolución del Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral para familiares de víctimas de femicidio, en el que quedaron trabajando solo dos personas en todo el país. También fue afectado el Programa de Reparación económica mensual para hijas y/o hijos de víctimas de femicidio, que entre otras cosas permitía que esos chicos puedan completar los estudios. En lo que va del año, 151 hijos e hijas quedaron sin madre. Según datos del del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro, se registraron 136 femicidios, 3 lesbicidios, 1 trans-travesticidio y 11 femicidios vinculados. 

A eso se suma, el desguace de la Línea 144, que atendía 340 llamadas diarias. El personal se redujo en un 42%: echaron a 75 de las 146 personas que daban el servicio en todo el país. “Quedó diezmada, esto impacta directamente en la capacidad de atención, cada caso requiere un tiempo para hacer la evaluación, dialogar y pensar cómo poder salir de la violencia. Eso te lleva a tiempo, no es un call center, es un área de atención de escucha de acompañamiento profesional”, explicó Fuentealba. 

Otro de los organismos fuertemente afectado fue el INTI, donde despidieron 282 personas de todo el país. Incluso fueron reprimidos el lunes tras manifestarse en la sede de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se suma al desmantelamiento por la falta de dinero para insumos, equipamiento e infraestructura. En este caso, el impacto lo ven también las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores. En Río Negro y Chubut, por ejemplo, distintas cámaras empresarias se pronunciaron en defensa del organismo, incluso el Cluster Vaca Muerta. “En el interior, las PyMES no tendrían la posibilidad de poder ser acompañadas  por un equipo interdisciplinario para poder abarcar un desarrollo de distintas áreas”, contó Julieta Caló, diseñadora industrial del INTI Bariloche, a este diario. 

Además de controlar la calidad del combustible, verificar las balanzas de los supermercados, corroborar que los juguetes no contengan elementos tóxicos, entre otro tipo de certificaciones, el INTI da asistencia técnica para mejorar productos y procesos a empresas y emprendimientos que de otra manera no podrían hacerlo. “Esas certificaciones respaldan la seguridad de los productos y de los procesos, entonces desmantelar el INTI significa negar la posibilidad que se le está dando a las empresas desde el año 1957 de poder exportar o poder cumplir con ciertos estándares para que puedan ser competitivas en el mercado”, agregó Caló. 

Una fuente del entorno de Javier Milei le confirmó a elDiarioAR que el Gobierno planea despedir en total a 75.000 trabajadores y trabajadoras en forma escalonada. A ese objetivo se llegará mediante tandas trimestrales de desvinculaciones, la primera de las cuales tuvo lugar en marzo y, la segunda, en junio. Según los datos del propio Gobierno, son 25.000 los despidos en lo que va del año, a los que se suman los de esta semana. Todo indica que hay que esperar alrededor de 50.000 nuevos. En el oficialismo admiten que puede haber “casos injustos”, pero sostienen que en todo casos son “una gran minoría” y que en 20 años se duplicó la planta de trabajadores estatales, razón suficiente –de acuerdo a su razonamiento– para que esta nueva administración pueda realizar los recortes sin haber que hasta el momento se conociera si realizaron o no algún tipo de evaluación laboral sobre los despedidos.

En la Secretaría de Derechos Humanos se registraron 63 despidos que se suman a los más de 40 de principios de año. Pertenecían a la Dirección Nacional de Sitios, que tiene a cargo los excentros clandestinos de detención, al Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, el Centro Cultural Haroldo Conti y al Archivo Nacional de la Memoria. Son espacios que trabajan con políticas reparatorias vinculadas con las pensiones y asignaciones a sobrevivientes y familiares. 

Además, despidieron a especialistas que se encargaban de los sitios de memoria, importantes para el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad. “Sacaron gente especializada como conservadores, historiadores, archivistas,  historiadores, investigadores, gente de mantenimiento, arquitectos que tenían saberes específicos para para mantener los edificios por la erosión del tiempo porque son prueba judicial. Por ejemplo, despidieron a personas que  pueden trabajar sobre una pared para hacer el decapado, es decir, sacar capa por capa de la pintura para llegar y corroborar lo que dice un sobreviviente”, explicó Octavio Rampoldi, secretario de Derechos humanos de la Junta Interna de ATE.

En el área de Salud, el gobierno echó a 88 trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas. Algunos de Enfermería, Kinesiología, Endocrinológía, e incluso a la única bióloga molecular que detecta casos de leucemia en adolescentes. Según un informe realizado por la CTA, la cantidad de ocupados pasó de 341.473 en diciembre de 2023 a 322.250 en abril de este año, por lo que se registraron 19.223 bajas. La mayoría de las desvinculaciones fueron en Administración Pública  Nacional, sobre todo en Administración Centralizada, con más de 15.400 trabajadores y trabajadoras desvinculadas. En su mayoría, se trata de organismos públicos que ejecutan políticas sociales, culturales y científicas.

CDB/MG

María tiene 29 años, vive en Moreno, tiene un hijo que se llama Matías, convive con un marido violento y nunca tuvo DNI. María trabaja unas horas por la mañana cuidando a una señora mayor en la Ciudad de Buenos Aires mientras Matías está en el jardín. Un mediodía de calor yendo a la estación de Once para volver a su casa vio un local con un cartel de Anses y decidió entrar a preguntar por qué no cobraba la AUH. 

Esta historia es verdadera y, también, repetida. En Argentina, miles de personas se enfrentan cada día a necesidades jurídicas como las de María y no saben qué hacer. Necesidades que aunque muchas veces no se identifican o reconocen afectan directa y brutalmente la vida cotidiana de las personas. 

Lo que María vio ese día fue un Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), oficina que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Estos dispositivos brindan atención legal primaria para resolver cuestiones administrativas (tramitar un DNI, un subsidio) y jurídicas (asesoramiento e intervención en desalojos, derecho de familia, violencia de género) desde una perspectiva integral y centrada en las personas. Conforman la política pública a nivel nacional que de manera más sistemática y extendida busca trabajar en la identificación y resolución de estas necesidades. 

Desde 1990 los gobiernos nacionales en Argentina han sostenido políticas de este tipo, con diferentes características en cada período, hasta adoptar la forma de los Centros de Acceso a Justicia. La Dirección actual fue creada en 2008 y desde entonces todos los gobiernos que se sucedieron la continuaron con distintas improntas, pero manteniendo una política federal que permita trabajar para el acceso a la justicia de las personas más vulnerabilizadas. 

Según datos oficiales, entre el año 2016 hasta el 2022 los centros atendieron más de 1,3 millones de consultas. En su mayoría, personas en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, y mujeres, que no podrían obtener respuestas administrativas y jurídicas y acceder a la justicia por otros medios.

Los CAJ son un punto de referencia en acceso a la justicia nacional y también son reconocidos internacionalmente. De conjunto constituyen un dispositivo de asistencia directa a los sectores de la sociedad que se encuentran en peor situación, un paso para que la justicia pueda ser para todas las personas y una necesidad ineludible en un contexto de crisis económica y social como el actual. Sin embargo, en la actualidad esta política se encuentra en riesgo debido a recortes presupuestarios y el despido de trabajadoras de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia. Además, si el gobierno nacional no amplía el presupuesto destinado a la actividad acceso a la justicia, dada la inflación interanual promedio de 250%, el mismo va a ser un 66% menor al de 2023. 

Aquella mañana, María entró al CAJ de Once para consultar por la AUH y encontró un espacio en donde una trabajadora social, una psicóloga y una abogada la acompañaron durante meses en un proceso que empezó con un DNI; siguió con la regularización del cobro de la AUH y continuó con una denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica que le permitió dejar de vivir con su marido. 

La autora es abogada y coordinadora del programa Acceso a la Justicia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Cómo decide el Gobierno los recortes de empleos en la Administración Pública Nacional; qué criterios aplica para decidir quiénes se van y quiénes se quedan; y hasta dónde llegarán los despidos son tres variables qué nadie parece tener en claro a casi cinco meses de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Así surge de las consultas a ministerios y dependencias del Ejecutivo y a fuentes gremiales realizadas por elDiarioAR en los últimos días. 

Lo que sí está confirmado es el último paso que dio la gestión libertaria en su plan de reducción de la planta de trabajadores públicos: diseñar un mapa de cuántos y quiénes están en condiciones de jubilarse, confirmaron fuentes oficiales y gremiales ante la consulta de este medio.

A pesar de los anuncios de auditorías varias a la Administración Pública Nacional, el Gobierno aún no conoce el mapa de los trabajadores del Estado y avanza con pasos intermedios en los recortes con dos criterios generales, según explicó una fuente con conocimiento directo de la toma de decisiones en la materia: sólo conservar a “quienes trabajan” y “quienes cumplen función necesaria”. En el último eje está la clave de qué tan profundo será el recorte porque se trata de un eje sometido a la subjetividad más amplia: ¿qué funciones son “necesarias” en un Estado para los libertarios y cuáles no?

El universo de trabajadores de la Administración Pública Nacional es complejo. Hay numerosas formas de contratación, unos 193.000 trabajadores y 53 convenios colectivos de trabajo. Están los de planta permanente y los contratados en sus diversas categorías. Sólo unos 35.000 tienen estabilidad laboral. Desde la llegada de Milei, los contratos en el Estado Nacional se renuevan cada tres meses o incluso cada mes, explicó Flavio Vergara, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Eso significa, además de la incertidumbre de los trabajadores, que hay despidos cada tres meses cómo máximo. En los gremios hablan de unos 8.000 despidos desde diciembre, pero nadie se arriesga a dar una cifra segura. 

El nuevo diseño del empleo público depende del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que está a cargo de distintas secretarías que intervienen en la toma de decisiones con respecto a los trabajadores del Estado Nacional. La central es la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, de la que depende, además, una Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público. La mujer a cargo es Rosana Reggi, una ex funcionaria de Mauricio Macri en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y quien ascendió recientemente para ocuparse de la tarea luego del escándalo por el aumento de sueldo de Milei y sus ministros que le costó el puesto a su antecesor, sostienen en la Casa Rosada.

El área envió una nota a las oficinas de Recursos Humanos de los ministerios y organismos descentralizados para obtener el mapa de quienes están en edad de jubilarse, informó una fuente oficial a elDiarioAR. También se están analizando los distintos reglamentos que rigen las licencias, ausentismos y presentismos.

Despidos

“Lo que se está haciendo no es un auditoría del empleo público sino un simulacro de auditoría, se despiden trabajadores sin haber estudiado y analizado si cumplían o no con sus tareas y funciones, si se presentaban o no a trabajar. Es una decisión discrecional”, afirmó Vergara. Además, destacó, hay un alto nivel de despidos en las dependencias de la Administración Pública Nacional en las provincias. “El Estado se está concentrando en Capital Federal y desapareciendo en el territorio nacional”, agregó el dirigente sindical. 

“Es un proceso muy desordenado, el Gobierno quiere que le cierren los números y nada más. Se recopila información desde Jefatura y luego cada ministerio decide quién se va y quién se queda”, sostuvo otra fuente sindical ante la consulta. “A la mayoría de los despedidos, los echan sin saber si iban o no a trabajar, si cumplían o no una función y de qué modo lo hacían. Cierran organismos, reestructuran área”, añadió el dirigente consultado.

“El empleo público es un universo enorme y desordenado. La Secretaría coordina lo macro pero no toma la decisión de quién se va y quién conserva su puesto de trabajo. Eso lo deciden cada área de Recursos Humanos”, explicó una fuente gubernamental. Para el Gobierno, “el empleo público está sobredimensionado y en todas las áreas hay más gente de la que debería”.

ED/DTC