Al pasado se vuelve siempre con preguntas. La pregunta que el historiador chileno Marcelo Casals le formuló a los años setenta en su país, puede parecerse a algunos de los grandes interrogantes que los argentinos también nos hacemos. ¿Cómo se explica el apoyo civil a la dictadura? En el caso chileno, esta pregunta implica desarmar algunas narrativas e indagar en los años de gobierno de Salvador Allende, para comprender las experiencias atravesadas por aquellos sectores sociales que se activaron políticamente en oposición al proyecto socialista. 

La pregunta de Marcelo Casals –desplegada en el libro Contrarrevolución, Colaboracionismo y Protesta, que editó Fondo de Cultura Económica– cobra gran actualidad regional y global a la luz de la reedición de viejas y nuevas disputas en torno a la memoria sobre los años setenta, de este y del otro lado de la cordillera. Casals, doctor en historia (University of Wisconsin-Madison), especialista en América Latina, profesor en el Centro de Investigación y Documentación (CIDOC) y la Universidad Finis Terrae, visitó Buenos Aires para participar de un seminario en el IDAES de la UNSAM y conversó con elDiarioAR sobre estas y otras preguntas que inspiraron su investigación. 

—¿Qué lo llevó a investigar el rol de las clases medias en la dictadura chilena?

—Mi pregunta original fue más amplia, por las bases de apoyo al régimen autoritario. Hacia el 2012, momento en que empiezo mi investigación, la discusión historiográfica y social estaba muy marcada por las luchas por la memoria y por las  necesidades políticas y judiciales de entonces. Ese proceso que reconozco fue necesario, hizo que muchos estudios de la dictadura se enfocaran sólo en la dimensión represiva, dejando en silencio otras cuestiones fundamentales. Entre ellas, cómo fueron las dinámicas de consentimiento de personas que podríamos llamar, entre comillas, “comunes y corrientes”. Descubrí que el campo de la historia de las clases medias podía ser una llave heurística para comprender esa dimensión algo esquiva a la que quería acceder. 

—¿Qué descubrió de la participación civil y sus dinámicas de colaboración con la dictadura de Pinochet?

—Encontré que la identidad de clase media tuvo un uso relevante en la desestabilización del gobierno de Salvador Allende y después,  en el apoyo social a la dictadura. El bloque social contrarrevolucionario tuvo una amplitud mayor que las representaciones usuales. El relato izquierdista centra la responsabilidad en la CIA, que la tuvo sin dudas, pero no explica la masividad de la contrarrevolución ni le  reconoce autonomía a determinados sectores. Con mi investigación, descubrí que, luego de una breve luna de miel al comienzo del gobierno de Allende, una serie de organizaciones chilenas -colegios profesionales de abogados, ingenieros, médicos, el gremio de dueños de camiones, entre otras- se activaron políticamente, alcanzando un pico de participación en lo que fue el paro de octubre de 1972. 

—¿Para la historia es un terreno incómodo explorar las claves explicativas de los apoyos civiles a las dictaduras?

—No es fácil meterse en estos temas porque uno se acerca muy peligrosamente a la propia narrativa justificadora de la dictadura: aquella que sostiene que el golpe fue una reacción de los militares ante un llamado de la nación amenazada, que los habría obligado a actuar. Pero yo creo que historizar estos fenómenos precisamente rompe con esos relatos. Una comprensión acabada de la dictadura no se reduce a la violencia, por mucho que sea moralmente la dimensión más reprochable. El proyecto refundacional de la dictadura requiere una explicación más compleja. Por ejemplo, al principio hubo una aceptación social de la violencia política y de la represión estatal, hay testimonios que hablan de colaboración civil, de delaciones y de una actitud generalizada que entendía que la violencia era el costo social necesario para volver a un orden amenazado en el período anterior. Por otro lado, el libro explica cómo esas actitudes cambiaron: cuando se implementaron reformas económicas neoliberales y una vez que muchos grupos de clase media comenzaron a percibir la represión ya desde el lenguaje de los derechos humanos. 

—Una vez terminada la dictadura, ¿esos sectores hicieron algún tipo de reflexión o autocrítica sobre su apoyo y colaboración? 

—Mi hipótesis al respecto es que hubo un cierto pacto implícito para no hablar de eso. En la transición, era incómodo volver a esas discusiones, porque la Concertación -la coalición que tomó el poder después de la dictadura en 1989- era una alianza básicamente entre el partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista, y la Democracia Cristiana había apoyado el golpe y a la dictadura en su inicio. 

—¿Cómo son los procesos de memoria hoy en Chile? ¿Qué reflexiones circulan en la coyuntura actual, al mirar hacia ese pasado? 

—La memoria no es un proceso lineal. El año pasado, en las conmemoraciones a 50 años del golpe, se reavivaron conflictos y discusiones parecidos a los que atravesamos en 1990:  repudio a la dictadura, al autoritarismo, a la violación a los derechos humanos; y al mismo tiempo, un  revival de las memorias pseudo legitimadoras de la dictadura por parte de la derecha. En ese esquema binario, preguntas sobre colaboración civil o el rol de ciertos grupos sociales, no entran en la discusión. En cambio, en 2013, en el 40° aniversario, Sebastián Piñera, usó la frase “cómplices pasivos”, algo que generó mucho malestar en la misma derecha. Ahí sí hubo un atisbo de reconocimiento del hecho de que civiles habían participado, pero refiriéndose más a funciones civiles, antes que a apoyo social. 

—El libro también indaga en las experiencias durante los tres años de gobierno Salvador Allende, ¿han cambiado también las memorias sobre ese período?

—Durante un tiempo también fue un tema tabú. Durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), que fue el primer socialista en llegar al gobierno después de Allende, se empezó a hablar más de la Unidad Popular, en la sociedad y también en términos historiográficos. Muchas personas empezaron a recuperar esa subjetividad de desear que hubiera un golpe para terminar con la inflación y  especialmente con el desabastecimiento. Y hasta el presente el desabastecimiento, por ejemplo, ha quedado como una experiencia traumática para quienes lo vivieron, esa experiencia de hacer fila durante horas, sin siquiera saber si iban a conseguir el producto que necesitaban. 

—¿Sigue siendo un tema que a la sociedad chilena les cuesta abordar?

—Sí, incluso a nivel familiar, los años setenta no se discuten. Yo vengo de una familia no militante, lo cual la hace más representativa, crecí en Ñuñoa, un barrio bien de sectores medios de Santiago, y hay un cierto orgullo de cómo participamos en la reconstrucción democrática. Pero de lo que no se habla es de lo que pasó antes. En la novela Formas de volver a casa (Anagrama), Alejandro Zambra se pregunta sobre su familia,  denuncia la mediocridad, las tibiezas, la debilidad moral de su entorno social en dictadura. Esa obra me sirvió para confirmar que la pregunta por la clase media y la dictadura era legítima, necesaria. 

—Tanto en Chile como en Argentina comenzaron a aparecer películas, novelas y libros de historia realizados por una generación que no vivió la dictadura. ¿Cree que vienen a aportar nuevas claves para procesar ese pasado tan doloroso?

—Sí, creo que hay varias personas de mi generación que se hacen también este tipo de preguntas, porque también tenemos que lidiar con los efectos de la dictadura.Yo nací en dictadura, pero no la viví como adulto. Somos la generación que vivimos la transición a la democracia y su insuficiencia. Entonces le hacemos preguntas más complejas a la dictadura para buscar respuestas más satisfactorias a nuestras inquietudes. 

—El libro logra reconstruir cómo la identidad de clase media estuvo en el centro de los argumentos para el proceso contrarrevolucionario, en 1972 y 1973 en Chile. ¿Cree que la activación política de la clase media es siempre por derecha? 

—Yo creo que no, no son relaciones esenciales. Mi investigación me ha llevado a pensar que las clases medias reaccionan ante las condiciones que la rodean, pero no necesariamente van a ser autoritarias, golpistas, reaccionarias o democráticas, de izquierda o progresistas. No creo que exista una relación esencial entre clases sociales y comportamientos políticos. 

—¿Cómo interpreta el regreso de retóricas anticomunistas y de Guerra Fría en el presente?

—Como dice mi amigo argentino Ernesto Bohoslavsky, el anticomunismo es un corredor de fondo, que puede seguir y seguir con independencia de lo que haga su supuesta némesis, el comunismo. Porque no sólo el comunismo como referente social desapareció, sino también el horizonte revolucionario, la posibilidad de imaginar una alternativa, ha desaparecido. Aún así el anticomunismo sigue vivo. Desde el estallido social de 2019, en Chile se han revitalizado narrativas anticomunistas que van de la mano de la ultraderecha. El elemento particular en Chile es que el Partido Comunista existe, y es actualmente el partido de gobierno, si bien en la práctica es un partido socialdemócrata. Eso hace que los discursos anticomunistas tengan un objeto discernible: expresan un rechazo a esa gente que se reúne con una bandera roja. El desafío hoy está en pensar qué hará la derecha clásica: ¿Se diferencia de la ultraderecha? ¿Se reúnen? En Chile por ahora van para diferenciarse, lo cual sería bueno para la democracia. 

—En ese escenario, ¿cómo piensa que las izquierdas han ido reconfigurando su apelación a las clases medias?

—En general la izquierda no tiene esa sensibilidad de usar el lenguaje de clase media, lo ha utilizado mucho mejor la derecha. Durante el estallido social de 2019, en Santiago, me llamó especialmente la atención un cartel que decía: “la clase media no existe”. Expresaba la idea de que si eres un asalariado o un trabajador, esa distinción entre clase media o baja no existiría, porque somos todos lo mismo frente a la elite empresarial y política. Para la izquierda, la concepción siempre fue que la “clase media” es un artefacto ideológico de dominación, no se le reconoce existencia social real. El lenguaje de clase en general se usa poco en el discurso político, y han emergido otras identidades como bandera de lucha y movilización, como el género, o lo étnico-racial, que en el presente han adoptado las identidades políticas de izquierda. 

Como cada sábado, decenas de mujeres participan en el taller de bordado en la Casa de Memoria José Domingo Cañas, uno de los 60 lugares de memoria protegidos por la ley chilena para recordar a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, pero las puertas del recinto hoy están excepcionalmente cerradas. Entre las asistentes, que bordan una arpillera para la conmemoración del 14º aniversario de la recuperación del sitio, la conversación gira en torno a la grave crisis de financiamiento que afecta a una parte de los espacios como este. 

El Gobierno de Gabriel Boric hace cuatro meses que adeuda los recursos comprometidos en el Programa de Sitios de Memoria (PSM) iniciado en 2023, lo que dejó en la estacada a 13 memoriales del país. Además, el Ejecutivo anunció que cambiará la modalidad de entrega de los fondos, que pasarán a otorgarse por concurso y no de forma directa, como hasta ahora. “Como trabajadores y trabajadoras nos hemos enfrentado a condiciones de inestabilidad, inseguridad, incertidumbre y por la falta de financiamiento del Estado”, apuntaron los sitios afectados en un comunicado. 

“Estos lugares tienen un valor muy importante para nuestra sociedad, son alertas para recordar lo que sucedió, para que nunca más suceda. No puedo entender que se puedan llegar a perder”, dice Cecilia Ramírez, de 55 años, una de las asistentes al taller de bordado. Su compañera y coetánea Sol Queupil, que tiene un suegro detenido y desaparecido por la dictadura, recuerda la importancia de “no perder la memoria” en un momento de “auge del negacionismo”. 

Sin más alternativa que el cierre

En la Casa Memoria José Domingo Cañas, un antiguo centro de detención y tortura que hoy lleva el nombre de la calle donde se ubica, cerca del centro de la capital, trabajan cuatro personas, un par de becarios y varios voluntarios. “El año pasado éramos un equipo estable de ocho, pero la mitad tuvo que ser despedida por la inseguridad de los recursos”, explica Paulina Acevedo, encargada del área de Educación. 

Otros espacios no pudieron resistir el abandono económico y tuvieron que cerrar temporalmente sus puertas, como el Museo Neltume, en la Región de Los Ríos, al sur del país, dedicado a resguardar la memoria de la resistencia a la dictadura y las víctimas que dejó en ese territorio. 

“Al no tener otro tipo de financiamiento, queda todo un equipo de trabajo sin sueldos y el espacio queda sin la posibilidad de seguir operando, por lo que no hay otra alternativa que cerrar puertas”, apunta la presidenta de Neltume, Angélica Navarrete. 

“Para toda la red de sitios de memoria, esta situación es un golpe muy duro que no solo pone en juego la viabilidad de las instituciones afectadas, sino que da un mensaje de que este es un tema que no interesa ni a este Gobierno ni a la sociedad en su conjunto”, dice Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

Javiera Bustamante, investigadora en Memoria Histórica de la Universidad Alberto Hurtado, subraya que “son sitios ya de por sí frágiles y vulnerables, tanto en su materialidad como en cuanto a sus capacidades de gestión, en recursos humanos y económicos” y recuerda que los 13 memoriales afectados fueron seleccionados por el PSM por estar “en evidente riesgo de deterioro, desaparición, afectación y agravios”. 

Navarrete lamenta que no exista una ley que proteja un financiamiento para los sitios de memoria “de forma continua e independiente del Gobierno que asuma”, para evitar la “pelea de cada año por el presupuesto”. 

Competir por recursos escasos

Hasta antes de 2023, cuando se implementó el PSM, los sitios de memoria sobrevivían como podían, “entre rifas, eventos para recaudar fondos y aportes personales”, aunque algunos también recibían recursos (más limitados) para proyectos específicos, explica Ana Becerra, presidenta de la fundación a cargo del sitio Rocas de Santo Domingo, un popular complejo residencial costero durante el Gobierno de Salvador Allende convertido luego en centro tortura por el régimen. 

En su primera cuenta pública como presidente, en junio de 2022, Boric se comprometió a “recuperar y revalorizar” los lugares de memoria, pero su compromiso duró un año. En 2024 su financiamiento se fue postergando y, tras las últimas reuniones, el Programa de Sitios de Memoria, vinculado al Ministerio de Cultura, prometió que los recursos llegarán en mayo, pero sin retroactividad. “No resuelve nuestra situación, porque no sabemos qué va a pasar en estos tres meses previos”, critica Acevedo. “Además, si los fondos son concursables nos obligará a competir entre nosotros, lo que es muy perverso”, añade. 

“Se acerca a un acto de traición”

Los trabajadores de los memoriales afectados dicen sentir “tristeza, rabia y decepción”, además de considerar “una falta de respeto a la memoria y a las personas desaparecidas”, en palabras de Paulina Acevedo. 

Claudio Nash considera “inconcebible” la actitud “indolente” de un Gobierno integrado por partidos que sufrieron la represión y que siempre habló de los derechos humanos como parte esencial de su agenda. Para él, lo ocurrido “se acerca más a un acto de traición que a un acto de desprolijidad o abandono”. 

Trabajadores del sector mostraron su apoyo en público y, a nivel internacional, la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) y la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, que agrupa más de 370 sitios en más de 70 países, emplazaron al Gobierno chileno a “ofrecer una solución inmediata” a los lugares perjudicados. 

Más allá de las soluciones que el Ejecutivo ofrezca en el corto plazo, la antropóloga Bustamante opina que esta crisis “demuestra la deuda histórica (del Estado) con las políticas de memoria en Chile y las tareas pendientes en verdad, justicia y reparación”. 

Convencida de que la Casa de Memoria José Domingo Cañas “resistirá” este impasse, Paulina Acevedo lo resume así: “Es el Estado el que tiene la obligación ética y moral de mantener estos sitios porque fue el que en su momento violó los derechos humanos de miles de personas”. 

SD/CRM