El pasado 4 de septiembre, Enrique Acosta, Consejero de Pueblos Indígenas y miembro de la comunidad Sentimiento de mi Tierra, del pueblo originario sanavirón, esperaba ansioso en la puerta de una escribanía de Añatuya, en Santiago del Estero. Ese mismo día, a 900 kilómetros de ahí, Javier Milei ordenaba reprimir con palos y gases lacrimógenos a los jubilados que se manifestaban frente al Congreso de la Nación contra el veto a la Ley de aumento jubilatorio. Pero esa no era la preocupación principal de Acosta, sino que nada modificara lo acordado días antes con Norberto “Beto” Milei, padre del Presidente: la firma de un acuerdo transaccional que pondría fin a un conflicto territorial de 30 años con su comunidad.

Al entrar a la oficina junto a compañeros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y otros referentes indígenas, Acosta vio que “Beto” Milei ya estaba allí. Milei anunció: “Yo les dí mi palabra hace 60 días de que iba a firmar y aquí estoy”. Al volver a su comunidad de Pampa Atun, en el Departamento de Mitre, el dirigente indígena descargó las lágrimas que había contenido durante la jornada, se abrazó con su familia y organizó una reunión con la comunidad para festejar: “Por fin, después de treinta años, ahora estamos pisando nuestra tierra”.

Si bien el paraje de Pampa Atun es habitado por las familias de la comunidad sanavirona Sentimiento de mi Tierra desde antes de la conformación del Estado Argentino, fue adquirido en 1995 por la empresa agropecuaria La Ponderosa SA, cuyo principal dueño es Norberto Milei. Durante 30 años mantuvieron un conflicto legal que se tradujo en sucesivas denuncias, notificaciones judiciales y una sentencia de desalojo. Mediante el acuerdo firmado la empresa finalmente reconoció a la comunidad aproximadamente el 50% de las 5.800 hectáreas que poseía en la zona.

La situación territorial de las comunidades indígenas y campesinas de Santiago del Estero históricamente se ha caracterizado por la inseguridad jurídica: si bien son poseedores de las tierras ancestrales que ocupan, en la mayoría de los casos no han podido acceder a los títulos o escrituras. 

En 1996 se sanciona en La Ley Catastral de la Provincia (N° 6.339) que regulariza el registro, ordenamiento y control de los títulos de propiedad o de la posesión ejercida. Pero la empresa La Ponderosa SA adquirió las tierras un año antes en el marco de una situación de anomalía registral, especificaron referentes del MOCASE a elDiarioAR. Durante aquella época, muchos títulos se generaban por adjudicaciones a personas que no ejercían posesión en las tierras, que eran objeto de la adjudicación a través de un sinnúmero de escrituras circulando por el registro de la propiedad, escribanías, cafetines, o remates en entidades financieras y bancos. 

Un documento aportado por la organización detalla que en estos remates había quienes invertían dinero y compraban campos a sabiendas de que existen personas viviendo en el lugar. “Al llegar se encontraban con la realidad de que esas personas eran familias de varias generaciones de vida y posesión continuada en esas tierras”, detalla.

Así fue que La Pondersa SA adquirió las tierras de Pampa Atun y otros campos de la zona sur de la provincia, más cercanas a la ciudad de Pinto (cabecera del Departamento Aguirre), a pocos kilómetros de la localidad conocida como Casares.

La Ponderosa SA se dedica a la producción de maíz, algodón, trigo y a la ganadería vacuna. En las tierras de Pampa Atun nunca entró en actividad, lo va a hacer próximamente una vez que se hagan las limitaciones acordadas. La zona, sin embargo, no es muy adecuada para la agricultura: se conecta con los pueblos más cercanos de Villa Unión y Pinto por caminos de tierra rodeados de sectores poco aptos para el cultivo, donde las precipitaciones forman acumulaciones de agua conocidas como bañados. Por eso, cuando la comunidad tuvo que elegir un nombre para registrarse ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), fue fácil decidirse: Pampa, porque en su lengua significa limpio, y Atun, por grande. En ese territorio grande y limpio habitan hoy 17 familias que viven de la producción: crían ganado, aves de corral y hacen apicultura.

Acosta todavía era chico cuando comenzó el conflicto con la empresa. Un día de 1995, su abuelo y su papá amanecieron raros, distintos. Al ir a los corrales, vieron que estaban intentando entrar con topadoras a las tierras de la comunidad. Todas las familias se organizaron rápidamente para impedirlo.

En esos días, llegó a la comunidad una carta del dueño de la empresa, aún desconocido, con una propuesta: donarles veinte hectáreas a la comunidad y venderles treinta. “Imagínese, las familias querían enloquecer, sólo veinte hectáreas, teniendo vacas, cabras, ovejas y todo. No”, dice Acosta. Se organizaron entonces en el MOCASE a principios de 1996, lo cual no impidió nuevos intentos de desalojo en Pampa Atun, pero le garantizó a la comunidad una estructura política mayor para resistir y negociar.

En el año 2007 llegó la última orden de desalojo. Montaron en la comunidad una carpa de nylon negro y allí resistieron durante 45 días hasta que llegó un grupo de 60 policías a desalojarlos. Sin embargo, gracias a la intervención del MOCASE, quienes se hicieron presentes en el lugar, lograron impedir el desalojo.

“Investigando nos enteramos que la empresa es del padre de Milei. Y nosotros como comunidad indígena, viendo la situación del país después de que asumió este año, y sabiendo que tenemos órdenes de desalojo, que hemos peleado ya casi 30 años, tuvimos una reunión con la ministra de seguridad y el gobernador para ver qué es lo que quería de la comunidad”, explica Acosta.

El gobierno provincial confirmó a elDiarioAR que el acuerdo se logró a través de la intervención de la mesa de diálogo que suele convocar a solucionar los conflictos de tierras. Las negociaciones llevaron casi tres meses de trabajo, cuenta Adolfo Farías, de ir con el equipo técnico al territorio a hacer los mapas y tomar los puntos GPS para establecer las mediciones. Desde el principio, dice el dirigente, “fuimos muy claritos de que lo que queríamos era el territorio relevado en el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas hace años”.

Tal relevamiento se llevó a cabo en el marco de la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial Indígena sancionada a fines del año 2006, que el actual gobierno de Javier Milei pretende derogar. La normativa prohíbe los desalojos y avanza en la regulación y registro de las tierras indígenas ancestrales. Si bien no garantiza la entrega de títulos a las comunidades, establece la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras, importante paso para su posible consecución.

En el año 2009, la Comunidad Sentimiento de mi Tierra adquirió su personería jurídica y en el año 2012 culminó el proceso de relevamiento de sus territorios ancestrales por el INAI.

El trámite en Añatuya terminó rápido, pero para los representantes del MOCASE, fue un hecho histórico: significa que la comunidad no tendrá que vivir con miedo de volver a enfrentar un desalojo. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei sigue tomando medidas contrarias a los derechos indígenas, como el desfinanciamiento del INAI tras sus anuncios de disolución, la derogación de la Ley de Tierras y la reciente creación de un Comando Unificado de fuerzas para reprimir conflictos ambientales. Por eso, para Acosta y la comunidad de Pampa Atun, la consigna de lucha no ha cambiado: “Aunque ya no nos volteen las casas, seguiremos resistiendo”.

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Norberto Milei estaba sentado en primera fila junto a su esposa, Alicia Lucich, mientras su hijo presentaba su nuevo libro en el Luna Park el miércoles 22 de mayo. “¡Vos y tus negocios, ¿qué hacés?!”, ironizó Javier Milei mirándolo directamente mientras hablaba de Adam Smith, el padre del liberalismo. El Presidente es un acérrimo detractor de la intervención estatal en la economía. “Yo odio al Estado”, repetía durante la última campaña electoral. Pero la historia de su familia registra un capítulo de millonarias ayudas estatales a las empresas de transporte en las que su padre era accionista y presidió entre 2002 y 2007. Y, años después, tanto el Presidente como su hermana y funcionaria, Karina Milei, cosecharon beneficios de esa fortuna familiar, como un auto y una casa que adquirieron con dinero de su padre, respectivamente.  

Norberto Milei, el padre del mandatario, fue presidente y accionista de Rocaraza SA y Teniente General Roca SA, dos compañías de colectivos que funcionan en el área metropolitana de Buenos Aires. La Secretaría de Transporte argentina distribuyó subsidios estatales a estas dos empresas por al menos US$33 millones entre 2005 y mediados de 2007, según aparece en cientos de planillas de ese organismo que revisaron elDiarioAR y La Nación en una investigación coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

“Mi papá empezó como chofer de colectivos. El dueño del colectivo le dejaba trabajar para él los feriados, entonces mi mamá lo acompañaba con un termo de café y un fibrón negro”, ironizó el libertario, durante una entrevista televisiva en “Los Andino en casa”, cuando apenas comenzaba su carrera política. 

“Beto” Milei, como todos lo conocen en el mundo del transporte, pasó de conducir un autobús en la década de 1970 a ser accionista y presidente de tres empresas, cuya cabecera fue la firma Francisco de Viedma SA desde 2001. El padre del presidente argentino controlaba mediante esa sociedad a la compañía Teniente General Roca SA que, a su vez, era dueña de la mitad de las acciones de Rocaraza SA.

Su salto del autobús al escritorio fue contundente: sólo Teniente General Roca llegó a ostentar una flota de 115 colectivos, según consta en los papeles de la empresa presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ). El rol de Norberto Milei fue preponderante dentro de ese conglomerado: presidió las compañías entre 2001 y 2007. Más aún, durante los primeros años fue, también, su accionista mayoritario, según decenas de balances de estas tres firmas que fueron revisados para esta investigación. Las empresas operaban las líneas de autobuses 21, 31, 108 y 146, que trasladaban a miles de personas que atravesaban Buenos Aires de norte a sur y de este a oeste.

Pero el transporte de pasajeros sufrió la gran crisis de Argentina en 2001. Tras la caída del presidente Fernando de la Rúa y una fuerte devaluación, el Estado nacional congeló las tarifas y, a cambio, inició la distribución de subsidios que permitieron, con altibajos, mantener a flote la actividad y, en algunos casos, embolsar ganancias fabulosas.

En ese contexto, la Secretaría de Transporte distribuyó subsidios para Teniente General Roca y Rocaraza, las empresas manejadas por Milei, por al menos US$33 millones (a los tipos de cambio entonces vigentes) entre 2005 y mediados de 2007. La cifra se desprende de cientos de planillas PDF que esa dependencia publicaba mes a mes en su página web con el monto detallado de ayudas por empresa y que fueron revisadas para esta investigación. La ayuda del Estado fue clave para consolidar su fortuna.

Fortuna familiar

Los subsidios fueron un salvavidas para Teniente General Roca, que había abierto un concurso de acreedores el 2 de abril de 2002 en el Juzgado en lo Comercial N°14 de la Ciudad de Buenos Aires, según consta en los balances. Tres años después, en 2005, la compañía firmó el acuerdo para pagar su deuda mientras recibía millones en ayudas estatales.

Las empresas, sin embargo, consignaron que recibieron subsidios por montos menores en los balances que presentaron con la firma del padre del presidente argentino ante la IGJ. Las compañías declararon ayudas públicas por unos US$10 millones entre 2003 y 2007, apenas un tercio de lo que indican las planillas de la Secretaría de Transporte. elDiarioAR, La Nación y el CLIP pidieron en reiteradas ocasiones al Ministerio de Transporte la información completa sobre los subsidios, identificados por empresa receptora entre 2002 y 2015, pero desde esa dependencia no entregaron los datos. 

“Beto” Milei vendió su participación accionaria en medio de esa lluvia de subsidios, allá por 2006, pero continuó como ejecutivo del conglomerado hasta mediados de 2007. No está claro el destino de aproximadamente US$23 millones, fondos que la Secretaría de Transporte publicó en su sitio web como pagados a las empresas del padre de Milei durante más de dos años, pero que no aparecen en los balances de estas compañías. 

Lo que sí se conoce es que el padre del actual presidente montó otras empresas cercanas al sector del transporte y del mundo agropecuario. También ayudó a sus hijos. Karina Milei recibió un departamento de 150 metros cuadrados en una de las zonas más acomodadas de Vicente López, que rotuló como “herencia” al presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Esa “herencia” corresponde a un adelanto de herencia de su padre, según pudo corroborar este equipo de fuentes con conocimiento del caso. Por su parte, Javier Milei compró en 2013 una coupé Peugeot RCZ con “fondos propios” que mantiene hasta la actualidad como parte de su patrimonio, según declaró ante la OA. El periodista Juan Luis González, sin embargo, asegura en su libro “El Loco” que el coche también fue un regalo de su padre.

Este equipo de investigación envió un cuestionario al vocero presidencial sobre los negocios de Norberto Milei pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta. Cerca del Presidente dijeron que “son cosas de hace 20 años, de terceras personas, y los bienes de él están todos declarados como corresponde”.

La ayuda kirchnerista

Los subsidios al transporte comenzaron durante la presidencia de Eduardo Duhalde, poco después del fin de la convertibilidad. Pero llegaron a otra dimensión de la mano del presidente Néstor Kirchner y su secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien fue condenado por la Justicia por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Primero, se creó el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) y, desde 2006, el Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) previsto para las líneas 1 a 200 que circulan en Buenos Aires y su conurbano.

Pero las ayudas oficiales no se agotaron allí. El Estado Nacional también subsidiaba cada litro de gasoil que consumían los colectivos, que pagaban menos de un tercio de su valor en surtidor. La suma de estos subsidios convirtió al transporte automotor de pasajeros en una costosa mochila para las cuentas públicas. Ricardo Jaime se volvió “El señor de los subsidios” y cuando su enriquecimiento ilícito comenzó a resultar evidente provocó que el reparto de estos fondos quedara bajo investigación judicial.

La primera mención de “Beto” Milei sobre la importancia de la colaboración pública aparece en la Memoria de 2003 de Teniente General Roca. Incluso, el empresario reclamó más ayuda estatal. “No podemos pasar por alto el esfuerzo que el Gobierno Nacional viene haciendo para paliar esta situación de emergencia de nuestra actividad, evitando generar un aumento de costos para la población usuaria del servicio mediante el otorgamiento de subsidios a las empresas, de todas maneras queda claro que ha sido y es insuficiente”, decía en ese documento societario con su firma.

La posición de “Beto” Milei no podría ser más distinta a la que expresó su hijo en múltiples ocasiones, como economista, candidato y también como presidente argentino. “Los subsidios nos cuestan 4 puntos del PBI (...). Hay que lograr que la gente entienda que las cosas no son gratis, alguien las tiene que pagar”, enfatizó el entonces candidato durante una entrevista, en octubre pasado. Y afirmó que de llegar a la Casa Rosada los eliminaría “todos”.

Los subsidios ayudaron en grande a las compañías de “Beto”, pero, además, éstas no pagaron varios impuestos y acumularon deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Anses, la dependencia que maneja fondos previsionales, y Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), que luego buscaron regularizar. Rocaraza, por ejemplo, ingresó en 2005 en moratorias por impuestos a los Ingresos Brutos y el Impuesto a la Radicación de Vehículos.

Las deudas que acumularon esas empresas terminaron, en ocasiones, en los tribunales. La Justicia argentina condenó a Teniente General Roca por evasión de tributos de ARBA durante 2002 y 2003 por US$35.000. Y en los balances, la compañía aparece adscrita a moratorias por Ingresos Brutos y por Seguridad e Higiene; había ingresado, además, a un plan de pagos con AFIP.

Norberto Milei no tuvo un mejor desempeño como contribuyente individual. Acumula al menos cuatro ejecuciones fiscales iniciadas por la AFIP en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal durante 2009, además de afrontar otras vicisitudes similares en los tribunales de la provincia de Buenos Aires, según documentos judiciales recopilados para esta investigación.

Sale Milei; entra DOTA

El final de Norberto Milei en el sector del transporte urbano de pasajeros llegó a mediados de 2007: entregó la presidencia de las empresas y sus acciones pasaron a personas y sociedades vinculadas al Grupo DOTA, un gigante del transporte de pasajeros. Los balances de las compañías no informan por cuánto dinero vendió sus acciones el padre del presidente argentino. Este equipo consultó a DOTA pero en la empresa declinaron responder por cuánto adquirieron el paquete accionario de las empresas de Milei padre.

A diferencia de Javier Milei, que estuvo años distanciado de sus padres, Karina Milei mantuvo una relación más estrecha con ellos. De hecho, la hoy Secretaria General de la Presidencia participó entonces en varias de las inversiones de su padre. Cuando él estaba a punto de vender sus acciones, su hija constituyó en marzo de 2007 la sociedad Neumáticos Acassuso SA, cuya actividad declarada era la venta de neumáticos y el servicio de lubricentro, una labor complementaria al sector en que históricamente se había manejado su padre. 

“Beto” Milei, en tanto, comenzó a diversificar sus inversiones: continuó con su apuesta en la agroindustria con la firma Campo La Ponderosa SA, que había sido montada desde 2004 y que continúa activa (Karina Milei llegó a desempeñar un cargo directivo en esa firma años después); creó en febrero de 2007, justo antes de salir de los autobuses, Buena Yunta SA, también dedicada al campo.

Su última apuesta fue por el mercado inmobiliario. Por un lado, fundó la constructora Graviar SRL en 2011, una sociedad cuya última actividad se remonta oficialmente a 2017. “Beto” Milei expandió sus negocios con inversiones en Estados Unidos: montó la sociedad Alkary Investments junto a su mujer y su hija Karina, una firma que compró cuatro propiedades en Florida por US$ 2,7 millones, tal como publicaron elDiarioAR, La Nación y el CLIP en mayo pasado. 

Más de una década después, el negocio de los colectivos continuó rodando y, otra vez, el apellido Milei apareció entremedio. Las acciones que alguna vez fueron de “Beto” Milei hoy están bajo el control de los hermanos Faijá, dueños de DOTA, considerados por fuentes del sector como los hombres duros en el transporte de pasajeros. DOTA no es sólo una empresa de transporte: ahora montó una fábrica chasis para buses que compite con Mercedes Benz.

Días después de que Javier Milei ingresara en la Casa Rosada, José Faijá cruzó esa puerta: el 27 de diciembre visitó al entonces ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, en una reunión donde se conversó sobre la política de subsidios, según detalla el Registro Único de Audiencias. Hubo más guiños: las líneas de colectivos de DOTA fueron las únicas que no se adhirieron a los últimos paros de la Confederación General de Trabajadores (CGT) y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por las políticas de ajuste de Milei hijo.

Nota: este artículo se actualizó el 5 de junio a las 8.21 para incluir una respuesta del entorno presidencial sobre el caso.

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Dos años antes de asumir como secretaria general de la Presidencia y declarar el patrimonio más austero del Gabinete, Karina Milei manejó una sociedad en Florida que compró al menos cuatro propiedades por cerca de US$2,7 millones, según consta en documentos oficiales que revisaron durante los últimos meses La Nación y elDiarioAR en un proyecto coordinado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). 

La sociedad manejada por Karina Milei y sus padres, Norberto y Alicia, adquirió los departamentos en Miami entre 2018 y 2019. La compañía era estadounidense y se denominó Alkary Investments LLC. Los tres familiares aparecieron como directivos de esa firma, cuyo nombre es el acrónimo de “Alicia” y “Kary”, según los documentos provistos por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Ante la consulta del equipo periodístico sobre si Alkary Investments fue declarada ante la AFIP, el vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió en nombre de Karina Milei: “No se verificó esto”, “no se tiene presente”.  

Los planes financieros de los Milei cambiaron entre 2021 y 2022, cuando el mundo sentía el cimbronazo por la pandemia del Covid-19 y, por otro lado, Javier Milei ya se había lanzado en su carrera política.

Alkary Investments dejó de pagar los créditos hipotecarios, que serían cuatro, lo que motivó demandas judiciales en Estados Unidos contra Norberto Milei y la sociedad, según registros judiciales del condado de Broward y Miami Dade. Los reclamos en los tribunales sólo se cerraron cuando los Milei vendieron esas propiedades por poco más de US$2,3 millones –de acuerdo a los documentos públicos– y cancelaron las deudas que habían defaulteado. El último departamento fue vendido cuando Javier Milei ya había asumido como diputado nacional.  

Los documentos revisados por elDiarioAR, La Nación y el CLIP no permiten conocer si la familia Milei obtuvo ganancias de su incursión estadounidense o si, por el contrario, pese a haber alquilado al menos uno de esos inmuebles, terminó con las cuentas en rojo. Tampoco precisan si la hermana del Presidente aportó dinero a las operaciones en el estado de Florida o si incluso retiró fondos tras la venta de las inversiones inmobiliarias. El vocero Adorni respondió que Karina Milei “sólo figura en la sociedad por una decisión familiar” y que “ella no hizo ningún aporte de capital”. “Por pedido de Norberto Milei, Karina y Alicia figuraban como parte de la sociedad para que cualquiera de los tres tuviese atribuciones para manejar las inversiones”, agregó.

Alkary Investments habría desembolsado cerca de US$1 millón para adquirir esos inmuebles, capital que se combinó con las hipotecas, según surge de los precios de compra de las propiedades disponibles en los registros oficiales de los condados de Miami Dade y Broward y de los montos de cada hipoteca, que también constan en documentos disponibles. Consultado por este equipo periodístico, Adorni replicó que “el monto lo pueden ver en el mismo lugar donde encontraron la información de los cuatro departamentos”.

Las cifras que la familia movió en Estados Unidos, sin embargo, están muy lejos de las que Karina Milei, la funcionaria con más poder del Gobierno, presentó ante la Oficina Anticorrupción. La secretaria general de la Presidencia informó un patrimonio de apenas $1,7 millón, una cifra menos a US$2.000, el más austero del Gabinete. Declaró ser propietaria de una casa en Vicente López de 150 metros cuadrados, que recibió en 2011 como adelanto de herencia y que valuó en $1,4 millón. Pero no informó departamentos, acciones, dinero en efectivo ni cuentas bancarias fuera de la Argentina. 

Antes de desembarcar en la Casa Rosada, Karina Milei estaba vinculada al desarrollo profesional de su padre. Norberto Milei fue presidente, al menos entre 2004 y 2005, de Rocaraza SA, Teniente General Roca SA y Francisco de Viedma SA. El padre del Presidente compartió estas empresas con José Faijá, uno de los grandes empresarios del transporte de colectivos, dueño del Grupo Dota. Este holding, que está integrado por decenas de empresas del sector, es una de las compañías que más fue beneficiada con subsidios estatales al transporte de colectivos durante las últimas dos décadas. 

Las empresas familiares

Karina Milei ya había ocupado roles en las empresas de su padre registradas en Argentina. Norberto Milei, 81 años, conocido como “Beto” en el sector del transporte, había sido conductor de colectivos de la línea 111 y 21, entre otras, antes de convertirse en empresario del transporte. Y luego se dedicó a otras actividades, como la agropecuaria y financiera. 

A diferencia de Javier, Karina sí tuvo un rol en el entramado empresarial de la familia. La funcionaria figuró en 2007 como directiva de Neumáticos Acassuso SRL, una compañía de servicios de neumáticos y lubricentro, un rubro complementario al negocio de los colectivos. Norberto compró Campo La Ponderosa SA en 2008 y Karina volvió a aparecer, esta vez con un cargo directivo en dicha firma en 2015. Ese mismo año comenzó la incursión en Estados Unidos. 

Alkary Investments fue creada en Florida, Estados Unidos, en enero de 2015, con el cepo cambiario todavía vigente. La hermana, el padre y la madre del presidente argentino integraron el directorio junto a Javier Guezikaraian, un agente inmobiliario nacido en la Argentina pero residente en el estado de Florida, que mantiene una fluida relación con la familia.

Karina fue clave en la operación: cuando decidieron invertir, los Milei llamaron a Guezikaraian, un viejo amigo suyo de la facultad. La hermana del presidente lo conoció cuando cursaban algunas materias juntos en la UADE. Ella estudiaba la licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicación; él, una licenciatura en Comercialización.  “Los une una amistad de más de 30 años”, dijo el vocero de la Presidencia.

Karina y Guezikaraian siguen en contacto. De hecho, volvieron a verse en abril último durante la visita de los hermanos Milei a Estados Unidos, según pudo reconstruir esta investigación. Fuentes cercanas a la operación detallaron que “Beto” Milei invirtió en Florida parte del dinero obtenido tras la venta de sus empresas de colectivos con el fin de alquilarlos y, así, obtener una renta. Adorni lo ratificó en su respuesta en nombre de Karina Milei: “El origen de los fondos fue la venta de empresas de Norberto Milei”. También afirmó que los departamentos fueron “vendidos y liquidados ya que la idea era ponerlos en alquiler para que no generen gastos” pero “la pandemia devino en la cancelación de reservas y alquileres, por lo que nunca generaron ingresos”. “Ante la imposibilidad de poder hacer frente a los gastos que originaban, Norberto decidió la liquidación inmediata”, explicó el vocero presidencial.

A diferencia del Presidente (53 años), Karina (51) siempre se mantuvo más próxima a sus padres, Alicia (73) y “Beto” (81). El vínculo entre Javier y sus “progenitores”, como los llamaba durante los años en que –según él– no se dirigían la palabra, sólo se restableció en los meses previos a la pandemia de 2020, por intervención de su hermana y el economista Diego Giacomini.

Las primeras operaciones inmobiliarias de Alkary en Estados Unidos se concretaron en junio de 2018, cuando el vínculo entre el actual Presidente y sus “progenitores” todavía se mantenía roto, como expuso Javier Milei en septiembre de ese mismo año, en una entrevista con el periodista Luis Novaresio. Entonces, el economista narró las “palizas” que le propinaba su padre y los destratos de su madre. “Javier Milei en ese tiempo estaba distanciado de los padres y no tuvo nada que ver en esta inversión”, remarcó el vocero de la Presidencia.

A través de Alkary, mientras tanto, Karina, Alicia y “Beto” Milei adquirieron dos departamentos en el lujoso condominio “Aria on the Bay”, de Miami Beach, por US$727.900 y US$643.900, respectivamente. Y las dos operaciones restantes se ejecutaron meses antes de la pandemia, en diciembre de 2019: compraron un par de propiedades en un edificio sobre la avenida South Ocean Drive, a la altura de Hollywood Beach, por US$695.900 y US$650.900. Las adquisiciones se concretaron mediante créditos hipotecarios. 

Pero dos años más tarde, con Javier Milei ya lanzado en la política nacional y recompuesta la relación con sus padres, su familia afrontó un proceso de desinversión que deparó dolores de cabeza. Cuando el Covid-19 obligó a las autoridades a frenar la actividad en Florida, el negocio de los alquileres se cayó.

Los Milei, entonces, tuvieron que vender. La familia se desprendió de tres de los cuatro departamentos en julio de 2021. Los reclamos de los acreedores en los tribunales del Estado de Florida ocurrieron cuando el libertario ya estaba embarcado en su primera campaña electoral como candidato a diputado. Y la última venta de uno de los inmuebles en Estados Unidos se concretó en marzo de 2022, con un dato resultante: todas las operaciones se realizaron a un precio menor que las compras. De hecho, la sociedad habría perdido entre las cuatro operaciones de compraventa cerca de US$400.000 dólares.

“No se obtuvieron ganancias de las ventas: se cancelaron las hipotecas y el resultado fue negativo (pérdida)”, aseguró Adorni.

El default de los Milei

Alkary dejó de pagar las cuotas de una hipoteca con el Italbank International, una firma puertorriqueña que le había prestado dinero para adquirir dos departamentos en el South Ocean Condominium, en Hollywood. Esto sucedió justo cuando Javier Milei estaba pasando la cuarentena junto a sus padres.

Dejaron de pagar las cuotas en marzo de 2020 y un año después, Italbank entabló una demanda judicial por una deuda acumulada de US$909.961. La demanda apuntó contra la firma Alkary, pero también contra Norberto Milei y requirió algo más: el remate en subasta pública de ambos inmuebles si los Milei no abonaban la deuda acumulada entre capital, intereses y costas del juicio. 

En julio de 2021, la jueza Marina García Wood falló a favor de Italbank. En su sentencia, dispuso que el remate de ambos inmuebles sería el 25 de agosto de ese año. Pero un día antes de la ejecución, Italbank desistió voluntariamente del reclamo económico, una disposición que suele realizarse cuando se cancela la deuda. 

No fue el único compromiso financiero de los Milei que entró en default: Alkary también había dejado de pagar en septiembre de 2020 las cuotas de otra hipoteca, esta vez con el prestamista Invictus Residential Pooler LLC, por la unidad 4904 en el condominio Area on the Bay. Seis meses más tarde recibió una nueva demanda. 

El historial de deudas de Norberto Milei en Estados Unidos ya había registrado capítulos similares en Argentina con organismos tributarios. La Justicia condenó a “Beto” por la evasión de tributos de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) correspondientes a la empresa Teniente General Roca SA de los años 2002 y 2003 por un total de $120.000 (cerca de US$35.000 al tipo de cambio de ese momento). 

En Estados Unidos, en tanto, los Milei dejaron oficialmente Alkary en 2022, pero el agente Guezikaraian continuó como manager de la compañía hasta su disolución, en mayo de 2023, cuando Javier Milei ya recorría el país como parte de su campaña presidencial.  

Durante sus años de actividad, esta sociedad no sólo se dedicó a la compra-venta de propiedades: Alkary también figuró como agente controlante o registrante de otras empresas, como Alkanor Investments LLC (acrónimo de Alicia, Karina y Norberto). Otras compañías controladas por Alkary son Piguez Wholesales Group LLC y Pan American Technology Corporation, pero ninguna habría estado relacionada con actividades de los Milei, explicaron fuentes del sector inmobiliario.

En el caso de Alkanor Investments, los padres y la hermana de Milei participaron como directores, aunque la firma fue disuelta en plena pandemia, en julio de 2020, en los mismos meses en que comenzaron los problemas por la falta de pagos de las hipotecas. “Alkanor tenía como finalidad la compra de uno de los departamentos que finalmente se compró bajo Alkary, con lo cual se terminó cerrando sin movimiento alguno”, indicó Adorni. Esta alianza periodística no encontró que alguna de estas compañías hubiera adquirido propiedades en Estados Unidos.

Amigo y manager

Guezikaraian y su mujer Virginia Pinat son argentinos y hacen negocios en el mercado inmobiliario de Florida. Él se presenta como un bróker de créditos hipotecarios con oficina en Estados Unidos. Ella se define como una “inversora en bienes raíces”, por eso trabaja con el sello Pinat Realtor. “Cumple tu sueño de ser dueño con $0”, indica uno de los posteos de Guezikaraian en Instagram. Y ofrece facilidades para obtener créditos hipotecarios por el 100% del valor de la propiedad.

El vínculo de Guezikaraian con los Milei es público. Las interacciones con Karina se sostuvieron durante los años en que la familia invirtió en Florida: la hermana del Presidente le dio “like” a una decena de publicaciones, entre ellas una que promocionaba el condominio Aria on the beach, donde los Milei compraron dos departamentos.

El 20 de junio de 2021, por ejemplo, posteó una imagen junto a su padre. “Feliz día papá!!!”, escribió. Karina Milei comentó esa publicación desde su cuenta personal de Instagram. “Muy feliz día a tu papá Javi ❤️❤️❤️!!!”. Y Guezikaraian le respondió: “Gracias… Igualmente para Beto”. 

*Este artículo fue realizado en alianza con Hugo Alconada Mon y Ricardo Brom, de La Nación, y coordinado por el Centrol Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Nota: este artículo se modificó el 5 de mayo a las 9:58.

ED/DTC