Cuando Newenche, un joven huemul (Hippocamelus bisulcus) cruzó los picos andinos desde Chile hacia Argentina, sin manada ni pareja, estaba trazando, sin saberlo, la hoja de ruta para la conservación del siglo XXI. Su aparición en el Parque Nacional Lanín a principios de 2025 fue calificada de histórica: en esta zona de la Patagonia argentina, la especie se consideraba prácticamente desaparecida, tras décadas sin registros visuales más allá de unas pocas huellas halladas en 2006.

Un año después, Newenche sigue allí. Originario de América, el huemul es el ciervo más amenazado del continente, con una población estimada de entre 1.500 y 2.000 ejemplares. El viaje de Newenche ha reavivado un debate científico y ético que divide a la región: ¿debemos limitarnos a proteger los pocos ejemplares que quedan o es hora de intervenir activamente en la naturaleza para recuperar lo perdido?

Rewilding y los riesgos de la intervención

En muchos sentidos, el huemul sobrevivió a los Andes, pero no al contacto con los humanos.

“Es un animal extremadamente confiado que no le tiene miedo al hombre”, cuenta Sebastián Di Martino, director de Conservación de la Fundación Rewilding Argentina (FRA). Esa característica, junto con la cacería indiscriminada, la competencia con el ganado vacuno, las enfermedades transmitidas por ese mismo ganado y los ataques de perros, diezmó las poblaciones de huemul a lo largo del siglo XX. La progresiva urbanización de los valles y su uso para actividades agropecuarias redujeron su hábitat y aislaron a los núcleos familiares. Los científicos calculan que hoy sobrevive apenas el 1% de los huemules.

Para algunos conservacionistas, esa historia justifica la intervención. Eduardo Arias, director de conservación de la reserva biológica de Huilo Huilo, en Chile, sostiene que esperar ya no es una opción: “En situaciones tan sensibles llegó la hora de no ser tan contemplativos y tomar la conservación activa como una herramienta en serio”. Huilo Huilo comenzó a criar huemules en cautiverio en 2005: partieron de una pareja y añadieron otra hembra al año siguiente. Una década más tarde, Chile autorizó las primeras sueltas en libertad. Hoy en día, según Arias, unos 50 huemules viven en libertad y forman siete grupos familiares.

Newenche, por ejemplo, es hijo de Tralca, uno de los machos liberados en 2016.

Este enfoque, conocido como “rewilding” o restauración activa propone la reintroducción deliberada de especies en lugares donde fueron exterminadas para sanar los ecosistemas. Sigue siendo objeto de una gran controversia. Los detractores sostienen que el traslado de animales no es simplemente una solución técnica, sino una intervención profunda en sistemas complejos que quizá ya hayan llegado a un punto de no retorno.

Los defensores del rewilding se dividen, a grandes rasgos, en dos bandos: por un lado, están aquellos que quieren “dejarlo todo tal y como está”; por otro, los que creen que el daño causado a los ecosistemas es tan grande que, como dice Di Martino, “es imposible imaginar que la naturaleza se recupere por sí sola, como por arte de magia”.

Entre los defensores siguen existiendo divisiones, sobre todo en lo que respecta a la relación entre el ser humano y la naturaleza. Algunos defensores parten de la idea de que los ecosistemas “salvajes” deben funcionar sin presencia humana. “Nuestra fundación quiere regenerar ecosistemas completos y funcionales, que cuenten con todo lo que tenían en su día y, a partir de ese momento, continúen su evolución hacia donde sea necesario”, explica Di Martino.

Otros señalan las complejidades —o incluso la imposibilidad— de separar a los seres humanos de la naturaleza. “La mayoría de las áreas protegidas están rodeadas de zonas productivas”, afirma Alejandro Valenzuela, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet). “Lo que se está creando es algo más lindo, pero bastante similar a un zoológico, ya que carece de continuidad biológica o geográfica. Las especies carecen de conectividad y todos los individuos se convierten en parientes de unos pocos progenitores”.

Hay quienes cuestionan el impacto del rewilding en las comunidades rurales. Sus defensores sugieren que el turismo de naturaleza podría constituir una nueva fuente de ingresos para los habitantes de las zonas en las que se reintroducen especies. Sin embargo, otros sostienen que puede provocar la despoblación rural y, en su lugar, abogan por soluciones integrales que tengan en cuenta los factores socioeconómicos.

Las objeciones no son solo filosóficas o sociales, sino también técnicas. “La manipulación de animales es muy difícil y se corren demasiados riesgos. Debe llevarse a cabo respetando las pautas mínimas que establece la UICN [Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza] y, al menos en Argentina, no conozco ningún proyecto que las cumpla”, opina Valenzuela.

Biólogo y especialista en fauna de la Administración de Parque Nacionales en Argentina, Hernán Pastore enumera esos criterios: evidencia sólida de que la especie existió en el lugar; comprensión de las causas de su desaparición; evaluación de si el ambiente actual sigue siendo adecuado; cercanía genética de los ejemplares a introducir; y garantías de que la población de origen no sufra daños irreversibles.

Di Martino afirma que Rewilding Argentina sigue las directrices de la UICN.

Valenzuela añade otros factores clave, como la participación de las comunidades locales, la conectividad biológica para evitar la endogamia y los tiempos necesarios para evaluar la viabilidad de cada proyecto. “Muchas veces se prioriza el impacto mediático o turístico por sobre los procesos ecológicos”, advierte.

Intervenir en ecosistemas alterados

Situado junto al lago Fontana, en los bosques andinos en el sureste de la provincia argentina de Chubut, se encuentra el centro de cría del Proyecto Shoonem. Se trata de la única instalación del país autorizada para trabajar con huemules. Inaugurado en octubre de 2018, este espacio de 100 hectáreas cuenta actualmente con cuatro hembras, dos machos y cinco juveniles que viven en semicautividad. Su director, el biólogo suizo Werner Flueck, sostiene que la incapacidad de la especie para recuperarse no se debe únicamente a la caza o a la pérdida de hábitat, sino a alteraciones ecológicas más sutiles. Por ejemplo, la deficiencia de oligoelementos en su dieta, como el selenio y el yodo.

Según Flueck, hasta hace unos 150 o 200 años los huemules descendían a las estepas patagónicas durante el invierno y regresaban a la cordillera en verano. Hoy, ese patrón migratorio está interrumpido, lo que los mantiene aislados en ambientes montañosos de menor calidad nutricional, lejos de los valles fértiles y tierras llanas. “La invasión humana de los valles y llanuras más productivos ha obligado a los huemules a vivir como refugiados durante todo el año en las remotas alturas de la cordillera de los Andes, donde las condiciones nutricionales son peores”, afirma.

Los estudios realizados por Shoonem sobre los huesos de huemul han puesto de manifiestocambios en el cráneo y los dientes, provocados por los bajos niveles de yodo y selenio en sus nuevas zonas de pastoreo de altura. Estos cambios han mermado su capacidad para buscar alimento y evadir a los depredadores. Esto, a su vez, ha contribuido a la baja edad media de los huemules adultos en la región, lo que ha provocado la disminución de las poblaciones. Con acceso a los brotes leñosos y herbáceos de la estepa durante el invierno, estos huemules podrían, en teoría, compensar tales deficiencias.

Di Martino sostiene que limitar la conservación a las zonas altas es un error: “Habría que facilitarles la subida y bajada en distintas épocas del año o empezar a repoblar los lugares donde vivía antes. En los congresos binacionales [entre Chile y Argentina] ya se discute la creación de corredores biológicos”.

Lecciones aprendidas

Las reintroducciones exitosas de especies no son algo inédito en Sudamérica. Un ejemplo es el regreso del yaguareté (Panthera onca) en los Esteros del Iberá, en Corrientes. El primero fue liberado allí en 2021; hoy en día, 50 yaguaretés viven en libertad en la isla San Alonso.

Agustín Paviolo, investigador independiente del Instituto de Diversidad y Ecología Animal de la Universidad de Córdoba, integra el equipo que evalúa las consecuencias que esta reintroducción está generando en el ecosistema. “La respuesta en la cadena trófica ha sido rápida y nos está impresionando”, dijo.

El número de carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris), su presa preferida, descendió en un 80% y también cambió su comportamiento, ya que comenzaron a evitar lugares donde posiblemente puedan ser cazados. Asimismo, el efecto en cascada se nota en la vegetación: “Se han recuperado los pastizales y están casi desapareciendo áreas de césped donde pastoreaban las manadas de carpinchos”. Todavía sin datos confirmados, también el número de zorros estaría disminuyendo, lo que a su vez se reflejaría en un aumento en la tasa reproductiva de las aves que tienen sus nidos entre la vegetación.

Para los defensores de la intervención, estos resultados demuestran cómo la reintroducción de especies puede remodelar los ecosistemas alterados por la actividad humana. Para los detractores, revelan lo difícil que resulta predecir o controlar dichos procesos. Oostvaardersplassen, en los Países Bajos, es un claro ejemplo. En la década de 1980 se reintrodujeron allí ciervos, caballos y ganado. Sin embargo, tras un invierno especialmente duro en 2017, miles de ellos luchaban por sobrevivir y tuvieron que ser sacrificados.

Preparar el territorio

La UICN señala que eliminar las amenazas que provocaron la desaparición de una especie es un requisito indispensable para cualquier proceso de rewilding. En Huilo Huilo, antes de liberar huemules, se retiró el ganado bagual, se zonificó el territorio, se reforzó la vigilancia y se trabajó intensamente con comunidades locales y escuelas. “Eso generó un cambio muy fuerte de mentalidad en estos 20 años”, asegura Arias.

Algo semejante ocurre en el parque Nacional Lanín en Argentina. Desde 2023, a partir de la noticia de la liberación de huemules en Chile, las autoridades avanzan en el control del ganado, la gestión de perros, el ordenamiento del uso turístico y estrategias de educación ambiental. “Un bosque sano debe tener un estrato herbáceo, un estrato intermedio con matorrales, un estrato de árboles jóvenes y, por último, árboles maduros”, afirma María Rosa Contreras, coordinadora del proyecto de recuperación del hábitat. “Todo eso estaba siendo alterado por el ganado”.

Añade que las personas también deben volver a tomar conciencia de la importancia de este animal a través de la educación ambiental: “Buscamos que la población recupere la memoria social y recuerde que el huemul es nuestro ciervo nativo”, explica.

La llegada de Newenche, su permanencia en la zona y hasta su paseo ocasional por San Martín de los Andes es objeto de una estrecha vigilancia. La llegada o no de otros ejemplares determinará si la reintroducción de especies acelera la recuperación o sigue siendo un experimento. Por ahora, Newenche espera en soledad.

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth.

En la provincia de San Juan, una de las más áridas de Argentina, el agua es más que un recurso: es un símbolo. Una leyenda popular cuenta la historia de una mujer de la zona, Deolinda Correa, que murió de sed en 1841 mientras cruzaba esta provincia durante las guerras civiles. Su bebé sobrevivió milagrosamente y así nació la leyenda de Deolinda, La Difunta Correa. La tradición local es dejar una botella de agua en su santuario. La escena refleja la tensión cotidiana en esta geografía precordillerana, donde el agua es escasa y valiosa.

Esa misma geografía es la que, paradójicamente, hoy sostiene un cultivo que se expande aceleradamente: el pistacho, fruto seco que encontró allí condiciones ideales de clima —inviernos fríos, veranos calurosos y secos— y un mercado global en crecimiento.

La superficie cubierta por las plantaciones de pistachos ha pasado de unas 1.000 hectáreas en 2013 a entre 7.500 y 8.500 hectáreas en la actualidad, según las estimaciones facilitadas a Dialogue Earth por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). San Juan representa actualmente alrededor del 90% de la superficie cultivada.

Pero el recurso esencial necesario para sostener esta revolución del pistacho es precisamente el que más falta hace en San Juan: el agua.

Un auge en medio de la sequía

Esta región del noroeste de Argentina lleva más de una década sufriendo una grave sequía hidrológica, agravada por el cambio climático y la gestión ineficiente de los recursos.

El suministro de agua depende principalmente del deshielo invernal, cuya fuente se ha visto amenazada. Según datos del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLIA), en los Andes Desérticos se registró en los últimos 15 años una reducción del 17% en hielo descubierto, 23% menos de manchones de nieve y una pérdida equivalente a 7 metros de agua en glaciares monitoreados. El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión del Agua en el Árido (CIGGIA) sostiene que las cuencas de los ríos San Juan y Jáchal presentan niveles de nieve “muy por debajo del promedio de los últimos 25 años”. 

El panorama es crítico, explicó a Dialogue Earth Leandro Salvioli, investigador del Instituto Nacional del Agua (INA).

“En San Juan llueve entre 80 y 100 milímetros por año, y las sequías son más frecuentes y largas. Estamos yendo a buscar agua cada vez más profundo al acuífero, agua de 10 a 12 mil años de antigüedad. Si no construimos una conciencia hídrica, vamos derecho contra un paredón”, sostuvo.

A la escasez se suma la falta de control riguroso: aunque existen 5.370 perforaciones de agua autorizadas, Salvioli estima que en realidad hay unas 15.000, alimentando la sobreexplotación.

Un cultivo eficiente, pero demandante

Los pistachos toleran mejor la escasez de agua que otros cultivos gracias a la profundidad de sus raíces. Sin embargo, según los técnicos del INTA, los rendimientos comerciales siguen requiriendo cantidades considerables de agua.

“Es muy interesante para zonas áridas, pero para rendir bien necesita agua, y ahí está el desafío”, explicó a Dialogue Earth Gonzalo Sánchez Cañete, investigador del INTA San Juan.

Según las principales empresas productoras, el sector ha invertido en tecnologías que buscan optimizar los recursos, como la medición constante de la humedad del suelo y el riego por goteo. Este último puede ahorrar hasta un 80% en el consumo de agua en comparación con otros métodos de riego.

En el departamento sanjuanino de 25 de Mayo, donde se concentra el mayor polo pistachero del país, la empresa Pistachos de los Andes lleva casi dos décadas desarrollando este cultivo. Manejan unas 300 hectáreas, con rendimientos de entre 2.800 y 3.000 kilos por hectárea por año. También cuentan con un vivero que produce alrededor de 100.000 plantas al año, según el ingeniero agrónomo Pablo García, que gestiona la producción en el lugar.

La finca parece un oasis en el desierto, con parcelas verdes y ordenadas de árboles que contrastan fuertemente con el paisaje seco y árido. Brenda Sánchez lleva dos años trabajando en el vivero. “Las plantas hay que tratarlas con cuidado y cariño porque son frágiles. El agua es escasa por aquí, así que sabemos que tenemos que cuidarla mucho”.

Se ha realizado una importante inversión en tecnología, que abarca desde un sustrato para plántulas importado de Finlandia hasta molinos de protección contra las heladas traídos de Nueva Zelanda. Esta tecnología destaca en una zona de asentamientos pequeños y precarios. Muchos habitantes siguen construyendo sus casas con barro y madera, según la tradición ancestral del pueblo indígena Huarpe de la región.

“Somos una empresa de economía circular”, explica Marcelo Nemirovsky, propietario de Pistachos de los Andes, a Dialogue Earth. “No generamos residuos y usamos energía solar. Y hacemos un uso muy eficiente del agua: el riego por goteo no desperdicia una gota”. La empresa utiliza entre 7.000 y 8.000 metros cúbicos de agua —equivalentes aproximadamente a tres piscinas olímpicas— por hectárea al año.

Desde el gobierno provincial, el secretario de Agricultura Miguel Moreno afirmó a Dialogue Earth que el sector del pistacho es “modelo en gestión del agua”, con 97% de tecnificación.

Aun así, especialistas coinciden en que la discusión sobre el uso del agua en un territorio desértico —y con un suelo cultivable que apenas alcanza el 3% de la superficie provincial— seguirá creciendo.

“Hay algo de capricho en querer vivir y producir en un desierto. Los humanos deberíamos adaptarnos a eso, no al revés”, resumió Salvioli.

Demanda global y expectativas locales

El auge del pistacho en Argentina forma parte de un fenómeno mundial. A nivel global, se espera que la producción crezca un 7% este año hasta alcanzar 1,2 millones de toneladas, según un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Estados Unidos lidera el mercado, seguido de Turquía, Irán y Siria. El consumo también está aumentando, especialmente en Turquía.

Los precios internacionales subieron un 17% este año, alcanzando los 23 dólares por kilo y ganándose el sobrenombre de “oro verde”.

En Argentina, los pistachos forman parte de una industria de frutos secos que abarca aproximadamente 22.000 hectáreas, liderada por las nueces, seguidas el pecán, las almendras y las avellanas, según las últimas cifras oficiales del Censo Nacional Agrícola, de 2018. El gobierno estima que actualmente hay unas 30.000 hectáreas. 

Para algunas empresas tradicionales del sector, como Prodeman —dedicada al maní y recientemente ingresada al cultivo de pistacho—, la oportunidad combina diversificación y una tendencia global hacia consumos más saludables.

“La demanda de frutos secos crece porque las nuevas generaciones comen más saludable”, dijo Gustavo Cavigliasso, miembro del directorio de Prodeman, a Dialogue Earth. “Primero queremos potenciar el mercado interno, pero siempre las puertas están abiertas a la exportación”.

China, un horizonte distante pero cargado de expectativas

La habilitación de China para importar frutos secos argentinos en marzo de 2025 generó entusiasmo en San Juan y en el sector pistachero en general. El primer envío de nueces pecanas se realizó este mes.

China importa anualmente unas 170.000 toneladas de pistachos, un volumen que supera ampliamente la producción total de Argentina.

Los expertos consideran que esto puede ser significativo, pero es poco probable que tenga un impacto inmediato.    

“El vínculo comercial con China es óptimo y creciente, pero hoy el pistacho argentino está lejos de poder abastecer un mercado así”, explicó Ernesto Taboada, director del Consejo Chino-Argentino. “Los compradores chinos vendrán por muchos contenedores, no por una bolsa”.

El principal reto es alcanzar rápidamente la escala deseada. Los árboles tardan entre 8 y 10 años en madurar. “Nos interesa venderles, por supuesto, pero no tenemos volumen todavía”, reconoce Nemirovsky. “Para llegar a China primero hay que crecer, y eso lleva tiempo”.

Moreno, el secretario de Agricultura, reconoce las dificultades: “La apertura china va a generar un impacto, pero todavía es imposible cubrir ese mercado”. 

Así, China opera como una promesa a largo plazo: un mercado gigante que podría absorber el pistacho argentino cuando —y solo cuando— el sector logre ampliar su escala productiva .

Una industria en busca de equilibrio

El auge del pistacho en Argentina representa una oportunidad económica en un contexto global favorable, pero también expone los límites de producir en una de las regiones más áridas del país. Las tensiones entre expansión agrícola y crisis hídrica se han vuelto más visibles, y especialistas advierten que el futuro del sector dependerá de su capacidad para adaptarse.

Según datos del INA, el acuífero del que dependen gran parte de las producciones de San Juan está siendo explotado más rápido de lo que se recarga. Como dice Salvioli, “es un recurso que no se puede renovar”.    

Al mismo tiempo, el sector pistachero intenta posicionarse como ejemplo de eficiencia: el 97% de las plantaciones utiliza riego por goteo, según datos de la Secretaría de Agricultura provincial, y las principales empresas aplican sensores, monitoreo permanente y energía renovable para reducir consumos.

Sin embargo, la tecnología avanzada es solo una solución parcial. El investigador del INTA Sánchez Cañete sintetiza: “La pregunta no es solo cuánta agua usa, sino de dónde sale y cuánto queda disponible para los demás”.

El desafío es encontrar un equilibrio: expandir un cultivo que puede generar empleo, exportaciones y valor agregado, sin comprometer un recurso que, en San Juan, define no solo la producción sino la vida misma.

Según Salvioli, la falta de control sobre las perforaciones y la explotación intensiva profundizan el problema: “Se abusa de un recurso cada vez más escaso”.

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth

Hay una leyenda guaraní que cuenta la historia de un joven indígena que se adentra en la selva del Chaco, equipado con un trozo de tacuara —un tipo de caña de bambú— y una calabaza conocida como “mati” en su idioma. Después de perder el rumbo y toda esperanza, sus provisiones resultan ser una bendición cuando encuentra las hojas de una planta que, una vez mezcladas con agua y sorbidas desde su calabaza, le devuelven el ánimo y le dan energía para continuar.

Hoy en día, esta hoja, de la planta Ilex paraguariensis o yerba mate, una vez tostada, secada, molida y preparada, es la infusión favorita de Sudamérica.

Argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños consumen distintos tipos de yerba según los diferentes tipos de canchado, como se le llama a la molienda. La yerba argentina y paraguaya es gruesa e incluye partes de las ramas del árbol, “el palo”; la que consumen en Uruguay, en cambio, es fina y, por consiguiente, tiene más polvo; y en Brasil la yerba es casi un polvo verde. Pese a las diferencias, todos son cultores de esta bebida.

Su gran popularidad también contribuye a impulsar una industria que genera más de 2.000 millones de dólares al año. Más allá de la infusión tradicional, la yerba mate se utiliza cada vez más en bebidas energéticas, cosméticos, barritas de cereales, helados y vermú, entre otros productos.

Sin embargo, a medida que los efectos del cambio climático traen consigo desafíos ytransformaciones en la agricultura en este rincón de América del Sur, el panorama de la producción de yerba mate, actualmente dividida entre Argentina, el sur de Brasil y Paraguay, también podría estar a punto de cambiar.

En 2023, Argentina fue el principal productor de yerba mate con 982.000 toneladas, seguido de Brasil (736.000 toneladas) y Paraguay (160.000 toneladas), según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Uruguay, por su parte, nunca ha cultivado la planta en grandes volúmenes, pero la sed de sus 3,4 millones de habitantes por esta bebida lo convierte en el mayor consumidor per cápita, con aproximadamente 10 kg por ciudadano al año, demanda que se cubre con importaciones de sus vecinos.

Un estudio realizado en 2024 por científicos brasileños advirtió que esa realidad puede cambiar, y que las áreas favorables para los cultivos de yerba mate se reducirán en Paraguay y Brasil y se mantendrán estables o hasta aumentarán en Uruguay, por efectos del cambio climático, lo que podría desarrollar esa nueva industria.

El informe presenta cuatro posibles escenarios de cambio climático con diferentes grados de optimismo en cuanto a la magnitud de la reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero durante cuatro periodos de 20 años, desde 2020 hasta 2100.

En todos los escenarios posibles proyectados por los investigadores, a medida que pasan los periodos, las zonas cultivables parecen desplazarse a lo largo de los cuatro países, desde el noreste hacia el suroeste.

Para comienzos del próximo siglo, y en el peor escenario posible, Uruguay, al sur del departamento Río Negro, quedaría dentro de un selecto grupo favorable para el cultivo de yerba mate, junto a una pequeña porción de la provincia de Buenos Aires en Argentina, y zonas más pequeñas aún en Rio Grande do Sul y Santa Catarina en Brasil.

En la actualidad Argentina lidera el podio de superficies cultivadas con yerba mate, con más de 230.000 hectáreas; le sigue Brasil, que cuenta con 85.000 hectáreas cultivadas de yerba mate —sin contar la recolección silvestre—; por último, Paraguay con unas 40.000 hectáreas. Uruguay posee producción, de momento, artesanal, por lo que no existen registros estadísticos.

“Este escenario sugiere que Uruguay podría consolidarse como un centro estratégico para el cultivo de yerba mate en las próximas décadas, especialmente si invierte en tecnologías adaptativas y políticas de fomento a la producción. Sin embargo, es importante destacar que este potencial está fuertemente condicionado por el grado de calentamiento global”, advierte a Dialogue Earth Guilherme Botega, del Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, uno de los investigadores.

En medio de estos posibles cambios, Dialogue Earth visitó a pequeños productores de yerba mate que actualmente trabajan en Uruguay y habló con figuras de la industria en Argentina que evalúan la resiliencia de su producción, tras haber sido testigos de los efectos del cambio climático.

El proyecto de Ambá

La jornada arranca temprano en las sierras de Rocha —a unos 300 metros sobre el nivel del mar— donde la blanca bruma se hace más densa por el aporte de un fogón preparado para sapecar unos 30 kilos de hojas de yerba mate.

Sapecar significa “abrir los ojos” en guaraní, y en términos técnicos, sirve para reventar los estomas, las estructuras por dónde respira la planta, en un primer proceso de deshidratación, que se completa en el secado.

El tostado se lleva a cabo en un proyecto dirigido por Ambá, una organización sin fines de lucro dedicada a la restauración de la naturaleza y los ecosistemas. En su centro de regeneración en el este uruguayo ya registraron un millar de árboles de ilex paraguariensis en dos campos de poco más de siete hectáreas. Se trata de árboles que crecen en forma silvestre entre las quebradas, protegidas por una mata de bosque nativo.

Ambá significa “el propósito más alto” en guaraní. La organización plantea que el vínculo emocional del ser humano con la naturaleza está dañado, y se han decidido a cambiar esa realidad restaurando ecosistemas como base para el desarrollo de las comunidades locales y las economías regenerativas.

La yerba mate que se ha integrado en sus paisajes puede que sea solo para su propio consumo, pero no son los únicos que muestran las posibilidades de este cultivo artesanal. Los campos privados y el cultivo de yerba a pequeña escala son cada vez más numerosos. Entre los productores más conocidos se encuentran el vivero I Porá, en el departamento de Maldonado, en el sur del país, y Quebrada de los Cuervos, en el departamento de Treinta y Tres, dirigido por Alberto Demichelli, a quien se considera “pionero” en la reintroducción de la especie en el país.

Los árboles de Ambá en Rocha crecen a su antojo, gracias a las aves que comen sus semillas rojas —parecidas a las del café—, y que luego de un proceso de escarificación en el tracto digestivo, son dispersadas con la deposición.

“Haciendo la cosecha de hojas en un campo, sin querer, el dueño nos dijo que vio un árbol nuevo. Nos llevó a ver ese árbol y caminando por la zona encontramos diez más que no habíamos contado. Eso es dispersión pura de la semilla”, cuenta Talía Zamboni, coordinadora de Restauración Ecológica de Ambá.

El grupo organiza actividades abiertas a la comunidad, en las que se circundan los distintos senderos serranos y se realiza parte del proceso que convierte a las hojas en yerba y, como es de prever, todo sucede al ritmo del mate.

Una historia de silvicultura y ganadería

Su cultivo a gran escala ha hecho creer al público que la yerba mate es un arbusto, pero en estado silvestre es un árbol que puede alcanzar alturas de entre 10 y 30 metros, con troncos de hasta 80 centímetros de diámetro, por lo que se poda para facilitar la recolección de las ramas.

La especie se desarrolla mejor en regiones con una temperatura media anual de entre 15 y 25 °C, siendo la óptima de 20 a 23 °C, y una precipitación anual superior a 1.200 mm. Además, es reacia a la luz solar directa.

Otro de los pioneros en Uruguay es el ingeniero agrónomo Raúl Nin, quien vio por primera vez un árbol de yerba mate en 1964, en el departamento de Tacuarembó, y se ha vuelto referencia y proveedor de árboles.

Cientos de plantines esperan crecer en su vivero Ca’aguigua —“morador del bosque” en guaraní—, un espacio de 1.600 metros cuadrados a menos de un kilómetro del mar de la ciudad costera de La Paloma, con más de 200 especies nativas.

Nin cuenta que hay productores que le solicitan cientos de plantas y reseña que ha pasado con los árboles de yerba mate que crecían en el Uruguay a mediados del siglo XX.

“En la Segunda Guerra Mundial no quedó un monte en pie en Uruguay porque no había petróleo y hubo que traer la línea férrea desde Paraguay para sacar el carbón. Luego llegó el negocio forestal, o sea, se perdió la producción en masa por decisiones políticas y por necesidad de la época”, relata.

La silvicultura se ha convertido en una importante actividad económica y un sector exportador para Uruguay, con aproximadamente el 6% de su superficie dedicada a monocultivos de eucalipto y pino, lo que genera preocupación por el impacto ambiental.

Nin agrega otros factores: el reemplazo de nativas por exóticas y el auge de la ganadería, tanto por el uso de la tierra como por debilidad que tienen las vacas por las amargas hojas de yerba mate.

Regeneración

Así como Nin y Ambá en Uruguay están tratando de demostrar el potencial de la producción de yerba mate a pequeña escala para integrarse a los ecosistemas locales, los productores a gran escala, como los de Argentina, también se ven obligados a tener en cuenta los cambios ambientales y la necesidad de adoptar enfoques diferentes.

“Necesitamos volver a generar sistemas productivos que se parezcan a sus ambientes naturales”, plantea la subgerente del área técnica del Instituto argentino de la Yerba Mate (INYM), Verónica Scalerandi.

La ingeniera agrónoma reconoce que el informe de sus colegas brasileños “invita a tomar conciencia” y advierte que ya ha visto algunos avances de lo que plantea en las últimas sequías de 2021-2022.

“Los efectos de las precipitaciones no son solamente que llueva 1.200 milímetros de promedio [en las zonas de cultivo de yerba mate de Argentina], sino que el cambio climático lo que está haciendo es que estas precipitaciones se concentren, y además se conjuga con algo que el informe no tiene, que es que nuestros suelos están altamente degradados, y que la precipitación llegue a las raíces de las plantas no depende de la cantidad de agua que cae, sino de las condiciones físicas de nuestros suelos”, afirma. 

Un informe del INYM al que Dialogue Earth tuvo acceso relevó condiciones físico-químicas de los suelos yerbateros argentinos que demuestra que cerca del 80% están en condiciones malas de calidad física, por laboreo, sobrelaboreo, compactación, y falta de cobertura, lo que implica que menos del 60% de las precipitaciones efectivamente lleguen a las raíces de las plantas.

“Tenemos promedios de producción muy bajos que evidencian que hay cultivos que están muy degradados y produciendo muy poquito, pero uno va a veces a un campo, a un productor que maneja las cosas bien y tiene rendimientos altos”, dice Scalerandi.

La especialista es, no obstante, optimista. “La yerba mate es la oportunidad para nuestra ecoregión, que es el relicto de selva paranaense, porque es un cultivo nativo que le gusta la sombra, que se lleva muy bien con la cobertura arbórea y que se puede cultivar haciendo un manejo eficiente de las coberturas espontáneas y naturales de los suelos, lo que otros llaman malezas”, sostiene.

La representante del INYM considera que la sostenibilidad del sector no se logrará únicamente aumentando la producción, sino que la verdadera oportunidad frente al cambio climático reside en desarrollar sistemas más resilientes y priorizar la protección del suelo, que considera el único factor capaz de garantizar la producción a largo plazo.

En toda América Latina, el litio, el cobre y otros recursos fundamentales para las tecnologías de energías renovables despiertan el interés de gobiernos y empresas por igual. Pero detrás de los titulares sobre el progreso ecológico se esconde una historia más compleja, marcada por antiguas tensiones sobre la gobernanza de los recursos, los derechos territoriales y la soberanía económica.

Thea Riofrancos, politóloga del Providence College de Rhode Island y miembro del grupo de reflexión Climate + Community Institute, lleva más de una década investigando estas dinámicas en América y Europa. Su investigación se centra en la intersección de la extracción, la política climática y los movimientos sociales, con especial interés en cómo la transición energética está reconfigurando las relaciones de poder globales. En su próximo libro, Extraction: The Frontiers of Green Capitalism, explora los conflictos y contradicciones de la economía verde.

En una entrevista concedida a Dialogue Earth, Riofrancos habló de los dilemas a los que se enfrentan muchos gobiernos latinoamericanos a la hora de hacer frente a presiones contrapuestas: generar ingresos a partir de su riqueza mineral y responder al mismo tiempo a las demandas de la sociedad civil de protección medioambiental y social. Reflexionó sobre el resurgimiento del nacionalismo de los recursos en la región, la competencia mundial por el control de la cadena de suministro y la creciente influencia de los movimientos indígenas y de base que resisten a la expansión de las industrias extractivas.

Dialogue Earth: ¿Cómo empezó a interesarse por la investigación de la economía política y los conflictos sociales en torno a la extracción en América Latina?

Thea Riofrancos: En la universidad me interesé durante mucho tiempo por la política y los movimientos sociales latinoamericanos. Eran los primeros años de la “marea rosa” [el giro generalizado de la región hacia gobiernos de izquierda a principios de la década del 2000]. Seguía con gran interés lo que ocurría con los presidentes Morales en Bolivia, los Kirchner en Argentina y Chávez en Venezuela. Como progresista en Estados Unidos, era inspirador ver tantos gobiernos progresistas en el poder. Después de graduarme me mudé a Ecuador, y ya había estado en Argentina y Bolivia. Empecé a ver parte de la complejidad de estos recursos y lo importantes que eran para los programas de esos gobiernos: intentaban hacer algo diferente al neoliberalismo, pero también intentaban ampliar la inversión en esos sectores para luego financiar programas sociales e infraestructuras públicas. Esto dio lugar a un conflicto en el que, por un lado, había un amplio apoyo social a la utilización de los ingresos de la extracción para hacer frente a la deuda social y, por otro, existían movimientos territoriales de larga data que defendían sus territorios y sus medios de vida.

La pregunta que me animaba entonces era qué dilemas plantean los sectores extractivos a los gobiernos y sociedades del Sur Global. Más tarde, me interesé por cómo resurge esta cuestión en el contexto de las cadenas de suministro de tecnologías verdes. Por un lado, tenemos a la crisis climática y, por otro, a las tecnologías diseñadas para descarbonizar sectores de la economía y resulta que éstas requieren de minería. La situación puede parecer un conflicto entre abordar el cambio climático y agravar una crisis ecológica e hídrica a escala mundial. Por eso acabé considerando el litio como uno de los muchos minerales críticos.

¿Cuáles son algunos de los denominadores comunes que ha encontrado en sus investigaciones en la región, que entra ahora en una nueva fase extractiva de minerales críticos para la transición energética?

América Latina está desempeñando, y va a desempeñar aún más, un papel importante en el suministro a la economía mundial de minerales relevantes para la transición energética. También hay una renovación del nacionalismo de los recursos en la región, que es un concepto político cíclico en América Latina. Ahora, hay un interés en que el Estado participe más, ya sea a través de la negociación de contratos o de empresas estatales. La centralidad de la región en estos mercados le da influencia, e implicarse puede ser atractivo para el Estado. También vemos ambición por ascender en la cadena de suministro, ya sea a través de iniciativas estatales o del sector privado.

Los altos precios de estos minerales pueden incentivar a los gobiernos a buscar ingresos en beneficio de las sociedades. Pero hay otra cara de la moneda: ¿serán estos sectores volátiles de auge y caída los que lleven a la región a un patrón similar de inseguridad económica? Los países tienen poco poder sobre los precios. Se está promoviendo el sector, implicando al Estado, intentando convencer a la sociedad civil de que es una buena idea, pero hay incertidumbres. ¿Se beneficiarán las sociedades latinoamericanas? Esto entra en el juego de una larga historia de protestas en la región, ahora con una removilización de los movimientos dirigidos contra estos minerales.

Para su próximo libro, realizó trabajo de campo en Chile, Estados Unidos y Portugal sobre la extracción de litio. ¿Qué descubrió que comparten esos países?

Las cadenas de suministro han adquirido tal relevancia geopolítica que forman parte de esta nueva dinámica de guerra fría entre Estados Unidos, China y Europa. Todo el mundo quiere desarrollar cadenas de suministro, pero la pregunta es: ¿qué pasa con el Sur Global? Los países están atrapados en una competencia entre múltiples potencias que intentan quedarse con sus recursos, y podrían beneficiarse de esta competencia o acabar teniendo poca influencia o poder. Si eres un gobierno latinoamericano y una empresa china se te acerca con un acuerdo y Estados Unidos con otro, puede que sea mejor tener opciones e influencia. Vemos algunas pruebas de ello en Indonesia. Se está posicionando de una manera interesante en la cadena de suministro con la inversión china, pero también protegiendo la inversión occidental y mejorando su posición en la cadena de suministro.

Chile es donde empezó este libro y donde se inspiró. Pero luego visité otros lugares del mundo. Encontré muchos puntos en común, en formas que me sorprendieron, en las protestas y en la sociedad civil. Los pueblos indígenas de Estados Unidos y Canadá tienen demandas, quejas y tácticas de protesta similares a las de los pueblos indígenas de América Latina. Se sienten excluidos, protestan, a veces son reprimidos, piden agua limpia y quieren tener voz en el proceso de toma de decisiones. Es un movimiento global, transnacional, con coordinación directa o indirecta, que presenta argumentos similares y con una visión parecida sobre cómo sería una transición energética ecológicamente racional.

En un reciente artículo de opinión, destacó la importancia de contar con acuerdos internacionales sobre normas medioambientales y sociales para reducir la demanda de minerales. Colombia ha liderado las peticiones de un acuerdo sobre la trazabilidad de los minerales críticos, y la ONU creó un grupo de expertos para estudiar el tema. ¿Están cambiando las cosas?

No son suficientes, pero podrían ser un primer paso si se consolidan un poco más. La cooperación a escala internacional y regional es muy importante. Los países del Sur Global por sí solos no son muy poderosos en el sistema mundial, pero cuando pueden aliarse entre sí, tienen mucho más poder para evitar esa “carrera a la baja” en la regulación [para atraer inversiones]. Incluso más allá de la influencia económica, existe la necesidad de una cierta calibración de la gobernanza social y medioambiental. Ahora, la gobernanza en lugares como Argentina es extremadamente débil, y eso hace que el país y su población sean vulnerables a la conducta depredadora de las empresas.

En su libro de 2019 A Planet to Win, sostenía que todas las políticas son políticas climáticas y destacaba la necesidad de acciones climáticas urgentes, como el desmantelamiento de la industria de los combustibles fósiles. ¿Qué tan lejos estamos de que eso ocurra?

Podríamos argumentar que hubo avances. Hubo un momento entre 2019 y 2022 en el que la movilización de la sociedad civil llevó a los gobiernos a adoptar nuevas políticas climáticas. Incluso parecía que las petroleras empezaban a preocuparse. Ahora ese impulso se ha estancado y la geopolítica en torno a la energía ha reforzado el poder de la industria de los combustibles fósiles, con el consiguiente récord de beneficios.

Sin embargo, si nos fijamos en los indicadores puramente tecnológicos y económicos, hay avances. Hay un mayor despliegue de paneles solares y turbinas eólicas en el Sur Global. Por eso los académicos utilizan el término “adición de energía” en lugar de “transición energética”: es más de todo, que no es lo que la ciencia climática nos dice que debemos hacer. Está bien que los paneles solares sean baratos y que mucha gente pueda comprarlos, pero lo que no estamos viendo es una transición a gran escala para abandonar los combustibles fósiles.

Extraction: The Frontiers of Green Capitalism será publicado en septiembre de 2025 por la editorial W.W. Norton.

Fermín Koop /Dialogue Earth

En el contexto de la “triple crisis planetaria” (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación), han aumentado los compromisos de los países para acelerar su transición hacia la eliminación de los combustibles fósiles. Como resultado, la demanda de minerales críticos como el litio, el cobre, el cobalto y el níquel se ha disparado, dado que estos son esenciales para potenciar las tecnologías de energías limpias, entre ellas las baterías de los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas y los paneles solares.

Para alcanzar los compromisos internacionales, como el Acuerdo de París sobre el cambio climático y los objetivos de triplicar la capacidad de energía renovable para 2030, la extracción de minerales críticos va seguir aumentando de manera exponencial. Surge la pregunta: ¿es posible prevenir los patrones negativos que con frecuencia se han asociado con estas industrias, como la degradación ambiental, el desplazamiento de comunidades o los daños a los derechos humanos?

¿Qué medidas evitarían replicar estos problemas con la minería crítica en la región? En regiones como América Latina, un territorio de importancia estratégica por albergar algunas de las mayores reservas mundiales de litio, cobre, cobalto y níquel, ¿se puede evitar una nueva era de “extractivismo verde”?

La frase “extractivismo verde” es utilizada por activistas y científicos para describir y denunciar lo que se considera un nuevo modo de explotación capitalista, en el que los recursos naturales, la energía renovable y la mano de obra, especialmente en los países del Sur Global, son “extraídos” en beneficio de las empresas, el consumo y los mercados de las zonas más ricas, principalmente en el Norte Global.

El concepto se basa en el término “extractivismo”, que surgió en América Latina a finales del siglo XX y se ha popularizado en las décadas posteriores, describiendo siglos de extracción de recursos en la región —usualmente a expensas de su ambiente, su población y su desarrollo— y de materiales exportados que aportan poco valor a las economías locales. Desde los espacios críticos, se espera que estas tendencias se eviten en una nueva era supuestamente más armoniosa con el planeta y las personas.

Dada la importancia de los recursos minerales de la región, en los últimos dos años el sector de minerales esenciales para energías limpias ha sido el principal receptor de inversión extranjera directa (IED) en América Latina, con un 23% del valor de los proyectos, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, organismo que promueve los intereses de los países en desarrollo en el comercio mundial.

Según el informe Global Critical Minerals Outlook 2024 de la Agencia Internacional de la Energía, se espera que América Latina represente en los próximos años la mayor parte del valor de mercado de los minerales críticos, en términos de producción minera, que se prevé que alcance los 120.000 millones de dólares estadounidenses en 2030. Parece seguro que la inversión en minería crítica en la región seguirá aumentando, aunque es probable que el procesamiento de estos minerales se mantenga fuera de la región: se espera que un 50% de la refinación se concentre en China.

Para los países latinoamericanos, la extracción de estos minerales promete crecimiento económico, pero no sin riesgos, como la débil implementación de regulaciones y la reproducción de patrones extractivistas que limitan el desarrollo tecnológico, los empleos de calidad y la reducción de desigualdades.

Un historial de extracción problemática

En América Latina y en otras regiones, las industrias extractivas están históricamente asociadas a violaciones de derechos humanos y graves impactos ambientales. Los desplazamientos de comunidades, la falta de consultas adecuadas y la conflictividad socioambiental son comunes en la región. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) documenta 284 conflictos, siendo México, Perú y Chile los países más afectados.

Los impactos ambientales relacionados con las actividades mineras incluyen diversos tipos de contaminación como química, atmosférica, acústica y lumínica, inestabilidad del suelo y cambios irremediables en el paisaje. La gran demanda de agua de la industria también ha supuesto en ocasiones una carga para el ambiente local y las comunidades que lo habitan. Desastres como el derrame en el río Sonora en México en 2014 y los rompimientos de presas de jales en Brasil en Mariana en 2015 y Brumadinho en 2019 son solo algunos de los incidentes más destacados.

La falta de transparencia y los casos de corrupción en proyectos extractivos también se han puesto de relieve como retos importantes, incluso en torno a las inversiones chinas en la región. La sociedad civil ha documentado estos impactos negativos en el ambiente, los derechos indígenas, laborales y de libre asociación.

Paneles, principios y diligencia debida

Frente a este contexto, ¿qué acciones se podrían implementar para asegurar que no se repitan los mismos patrones históricos en la extracción de minerales?

Por una parte, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha establecido en abril de 2024 un Panel sobre Minerales Críticos para la Transición Energética, con el fin de asegurar una transición justa y sostenible que beneficie a todos los países y comunidades que poseen estos minerales. Como primer paso, este panel conformado por gobiernos, organismos internacionales, empresas y representantes de sociedad civil, realizó un informe donde propone siete principios voluntarios.

Además, el Panel ha recomendado algunas acciones concretas a ser implementadas por diferentes grupos, desde la creación de un fondo y asegurar los flujos financieros —el Global Mining Legacy Fund—, hasta el diseño de estrategias de circularidad, eficiencia de los materiales y reducción del consumo para mitigar impactos.

El citado informe, aunque de reciente publicación, constituye un paso importante para llamar la atención sobre algunas cuestiones clave a colocar en el centro de la extracción de minerales críticos para la transición energética, como los derechos humanos, el ambiente, la transparencia, el desarrollo y las inversiones responsables.

Por otro lado, los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU), adoptados en 2011, establecen un marco fundamental para prevenir los impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos. Definen las obligaciones de los Estados para proteger estos derechos, las responsabilidades de las empresas de respetarlos en sus operaciones y cadenas de valor, y los mecanismos de remediación en caso de daños. Estos principios se han aplicado en debates sobre la transición energética y el cambio climático, especialmente en relación con las industrias extractivas, instando a las empresas a implementar procesos de debida diligencia para identificar, prevenir y mitigar impactos adversos, y a los Estados a regular y hacer obligatorios estos procesos.

Varios países europeos, como Francia, los Países Bajos o Alemania, han desarrollado leyes obligatorias de diligencia debida en materia de derechos humanos que exigen a las empresas que lleven a cabo evaluaciones de riesgos y apliquen medidas preventivas. Cabe destacar que, en 2024, la Unión Europea adoptó una Directiva de Sostenibilidad Corporativa y Diligencia Debida (CSDDD, por sus siglas en inglés), que regula los procesos de prevención de riesgos medioambientales y de derechos humanos por parte de las empresas y se aplica a los 27 Estados miembros.

Aunque no sin sus defectos, este fue un paso muy importante para exigir a las empresas europeas que tengan control sobre sus cadenas de valor y pedir a los proveedores, incluso en América Latina, que cumplan con los derechos humanos y las normas ambientales. Desafortunadamente, en febrero la UE ha presentado una propuesta general para fusionar y simplificar la CSDDD con otras dos directivas, diluyendo así algunos requisitos y eliminando las responsabilidades legales de las empresas. Esto es un paso atrás y no está alineado con los PRNU. Debemos observar la evolución de esta directiva en los meses siguientes.

Al mismo tiempo, en algunos países de América Latina como Brasil, Chile, Colombia o México, se están empezando a debatir propuestas legislativas para la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos.

Dado que sus empresas son importantes inversores y compradores de minerales latinoamericanos, y como actor dominante en el procesamiento de minerales críticos, la respuesta de China a estas preguntas también es importante. Sin embargo, el gobierno chino no tiene propuestas concretas sobre la materia hasta la fecha, aunque dedica una sección al tema de empresas y derechos humanos en su Plan de Acción de Derechos Humanos 2021-25.

En este plan, afirma que promoverá una conducta empresarial responsable en las cadenas de suministro mundiales y que “alentará a las empresas chinas a apegarse a los PRNU en su comercio e inversión exterior, a conducirse con debida diligencia en derechos humanos y a cumplir con su responsabilidad social de respetar y promover los derechos humanos”. Mientras tanto, los organismos mineros chinos han anunciado sus propias iniciativas para mejorar la rendición de cuentas en las inversiones en el extranjero.

La implementación de acciones concretas guiadas por los PRNU y los principios del Panel sobre Minerales Críticos para la Transición Energética será clave. Allí, juegan un rol fundamental no solo los gobiernos, sino también las empresas y entidades financieras, y la sociedad civil organizada. Si bien estos son solo dos ejemplos de muchos que buscan abordar el tema de los impactos negativos de las industrias extractivas, dan cuenta de la centralidad que está adquiriendo la cuestión de la prevención en el debate internacional. La identificación de riesgos sobre los derechos humanos y el ambiente en el contexto de los esfuerzos para la transición energética es una demanda en crecimiento.

Esto otorga una oportunidad interesante a los gobiernos latinoamericanos de regular los requisitos que impondrá a las empresas extractivas que buscan explotar minerales críticos. Las expectativas claras brindarán una cancha nivelada y permitirán que nuestros países no solo sean más competitivos sino que puedan tener mejores herramientas para asegurar que atraen inversiones de calidad, en apego a los mejores estándares.

Allí es donde las inversiones chinas juegan como un arma de doble filo. Por un lado, podrían contribuir a mejorar la infraestructura y la transferencia de tecnología, en beneficio de ambas partes, algo que los países pueden tratar de obtener de empresas a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China o, en menor medida hasta la fecha, de la iniciativa Global Gateway de la UE. Pero siguen existiendo dudas sobre las garantías y los compromisos de tales beneficios, así como sobre los mecanismos para evitar riesgos e impactos negativos, ya que las inversiones chinas en particular han atraído un escrutinio en la región durante la última década.

Las personas al centro

Es crucial que las personas estén en el centro de las soluciones. En un contexto donde la riqueza de América Latina y el Caribe abre nuevas oportunidades económicas, debemos preguntarnos si los gobiernos aprovecharán esta oportunidad para proteger a las personas y sus territorios, garantizando los derechos humanos, asegurando resultados justos, empleos decentes y reduciendo las desigualdades, o si permitirán inversiones sin las debidas salvaguardas.

La misma pregunta se aplica a las empresas: ¿serán capaces de incorporar la prevención de daños a los derechos humanos en su modelo de negocios, o seguirán viéndolos como externalidades? ¿Podrán generar ganancias respetando principios de conducta empresarial responsable?

Solo poniendo a las personas más vulnerables en el centro podremos evitar los daños históricos de las actividades extractivas

Una combinación de estrategias, que incluya la presión de la sociedad civil, la implementación de obligaciones internacionales, el apoyo de accionistas comprometidos con la sostenibilidad y un actuar concertado entre los gobiernos, podría ser clave para avanzar. Solo poniendo a las personas más vulnerables en el centro y colaborando con el sector público y privado podremos evitar los daños históricos de las actividades extractivas y evitar un falso “extractivismo verde”.

En el contexto político actual, las posibilidades de que surjan nuevos modelos de extracción que respeten los derechos y no perpetúen los mismos patrones problemáticos parecen escasas. El impulso a la desregulación y la presión ejercida sobre los países latinoamericanos, en particular por la nueva administración de Estados Unidos, probablemente erosionen la capacidad de los gobiernos de la región para mantenerse firmes en lo que respecta a la protección de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales.

Pero a pesar de los tiempos desalentadores, hay esperanza en la resistencia, sobre todo cuando observamos los movimientos sociales y las acciones de las comunidades locales. Las nuevas generaciones exigen a sus gobiernos medidas urgentes contra la crisis climática, y también exigen que se respeten los derechos de los grupos más vulnerables. Los liderazgos de los sectores público y privado de América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de hacer frente a los desafíos y superar los discursos dañinos, con el fin de establecer reglas claras para las industrias estratégicas relacionadas con la transición energética, y así dar lugar a una transición realmente justa.

América Latina tiene en sus manos la oportunidad de atraer más inversiones, pero inversiones de calidad, para capitalizar su posición estratégica y establecer estándares que aporten los mejores resultados a su población.

En palabras del secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres: “En la medida en que rediseñamos cómo damos energía a nuestras sociedades y economías, no podemos reemplazar una industria extractiva sucia y explotadora por otra industria extractiva sucia y explotadora. El camino hacia emisiones cero no puede pasarle por encima a las personas más pobres”.

JJD

En los meses más calientes de 2024, un año en el que México y el mundo alcanzaron temperaturas récord, Yanine Quiroz empezó a sentir una fatiga y una angustia que le impedía trabajar por el día. “Sentí mucho miedo de ver esa escasez de agua y cómo toda mi familia y mis amigos estábamos sufriendo”, cuenta esta periodista de 33 años de Ecatepec, uno de los municipios que más padece la sequía del Estado de México, aledaño a la capital, donde el año pasado se temió por la llegada del inminente “día cero”, en el que se acabaran las reservas de agua potable.

Diversos estudios han confirmado que la exposición prolongada al calor afecta a la salud física y mental, aumenta el riesgo de agotamiento, insolación, trastornos del estado de ánimo, ansiedad e incluso provoca pensamientos suicidas. En el caso de Quiroz, a las preocupaciones relacionadas con el clima se sumó un episodio de ansiedad aguda que ya padecía, y comenzó a tener ataques de pánico, que le llevaron a solicitar un permiso por incapacidad en su trabajo. También buscó ayuda profesional que le ha ayudado a hablar más abiertamente sobre su salud mental.

Quiroz cree que estaba sufriendo lo que se ha denominado ecoansiedad, un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo frente a la crisis climática. Aunque todavía no se reconoce formalmente como una afección médica, este concepto, popularizado por la Asociación Americana de Psicología (APA) en 2017 en su informe Salud mental y nuestro clima cambiante, se refiere a la angustia y el malestar emocional que una persona experimenta debido a la preocupación por el estado del medioambiente y los desastres climáticos.

Es una sensación que, según se ha observado, afecta principalmente a las nuevas generaciones y a quienes trabajan en temas ambientales. Un estudio de 2021 publicado en la revista médica The Lancet arrojó que más de la mitad de sus diez mil encuestados, todos jóvenes de entre 16 y 25 años y de diez países diferentes, experimentaron emociones negativas como ansiedad e impotencia ante el cambio climático.

Con desastres más potentes y frecuentes, y un clima más errático que amenaza con sequías, inundaciones y olas de calor a las comunidades, es urgente que los profesionales de la salud comprendan el impacto del cambio climático en la salud mental, explica la doctora Ana Laura Torlaschi, asesora de la Organización Panamericana de Salud (OPS) para proyectos sobre salud y cambio climático. “Puedes tener un profundo conocimiento sobre enfermedades, pero si no reconoces que una persona está expuesta a factores ambientales que la afectan, no podrás ofrecer la ayuda adecuada”, afirma.

La salud mental en los desastres climáticos

Estudios han demostrado que las personas que viven un desastre natural de primera mano están expuestas a sufrir impactos agudos en su salud mental. Ese fue el caso de Diana Ruiz, de 35 años, y su madre, que no alcanzaron a prepararse para la llegada del huracán Otis en 2023, la peor tormenta en golpear el Pacífico mexicano en más de tres décadas, que arrasó con el balneario turístico de Acapulco.  

Otis solo tardó doce horas en pasar de tormenta tropical a un huracán categoría cinco, la mayor posible, algo inédito. Ante el rápido fortalecimiento del ciclón, madre e hija no alcanzaron a evacuar, y no les quedó más remedio que encerrarse en el baño de su casa en Acapulco con su gato a la espera de que pasara.

“Fue un shock. Estábamos asustadas. Intentamos dormir, pero había un ruido muy extraño del viento”, recuerda Diana. Por la mañana, ilesas, pudieron hacer recuento de daños: su casa estaba muy dañada y habían perdido el local en el que vendían accesorios y ropa. En las siguientes semanas, el reto fue conseguir comida y evitar que los ladrones entraran a su casa, ya que los robos se hicieron frecuentes tras la tormenta. “Mi mamá se aguantaba muchas cosas, dolor. No lloramos”, recuerda la hija. “Tiempo después, te empiezan a caer las cosas y te das cuenta de cómo pasaron”.

Tras ese huracán, psicólogos de Médicos Sin Fronteras (MSF) y del Estado de Guerrero llegaron para atender la salud mental de las personas en Acapulco y Coyuca de Benítez, dos de los municipios más afectados. “Llegamos dentro de lo que se considera la fase inmediata posterior al desastre”, explica Berzaida López, encargada de la intervención en salud mental de MSF tras Otis. Según explica, en esa etapa prevalece la sensación de incredulidad, y los afectados sienten como si estuvieran viviendo una pesadilla.

“El estrés está muy elevado en esos primeros días. Las personas hablan de dificultad para dormir, de tener sobresaltos o estar en constante vigilancia”, dice López. “Si venía un viento fuerte que provocaba ruidos que se asocian con el huracán, la gente volvía a experimentar el trauma”, agrega. Estos flashbacks, revivir el huracán, son señales de estrés agudo.

La importancia que se le da a la salud mental y el hecho de que existan profesionales que atiendan a las personas en desastres es relativamente nuevo. En 2011, después del terremoto de Sendai, Japón, que dejó más de 18.000 muertos y problemas agudos de salud mental a los supervivientes, se creó el Marco de Sendai para la reducción del Riesgo de la ONU, que recomienda mejorar los planes de recuperación y ofrecer apoyo psicosocial a los afectados.

Aunque es emergente, especialmente en América Latina, la evidencia de que estos eventos pueden aumentar los riesgos de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, abuso de sustancias y comportamiento suicida resalta su importancia. La organización de Médicos sin Fronteras, por ejemplo, lleva desde la década de 1990 implementando intervenciones de salud mental como parte de su labor de emergencia.

A más de dos años de Otis, la salud mental todavía es un reto para Diana y su mamá. Ella tiene secuelas por el dengue que sufrió tras Otis, una enfermedad que se disparó tras el desastre, que también infligió un golpe a la economía local y que llevó a Diana a trasladarse a la Ciudad de México.

Más allá del desastre: el dolor de perder el paisaje

La ecoansiedad también le afectó a Regeane Oliveira Suares, una joven indígena terena que dejó su comunidad en Nioaque, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul hace más de cinco años para estudiar medicina en la capital del estado Campo Grande. Para muchos de los pueblos indígenas latinoamericanos, cuyas tradiciones, culturas y medios de vida suelen basarse en una estrecha relación con su entorno, la ecoansiedad también puede ser una respuesta a un paisaje y un clima cambiantes.

“Salí de un pequeño municipio donde todos se conocían y la rutina era diferente. Cuando comencé a vivir en la ciudad, mi salud mental sufrió mucho. Empecé a desarrollar depresión y ansiedad”, recuerda. En su aldea, todo le daba sensación de libertad. Podía caminar o montar en bicicleta sin peligro. Pero si dejar su comunidad fue un reto, describe que también lo fue volver a Nioaque y ver que la tierra y el paisaje habían cambiado. “Noté cambios drásticos en los cultivos, la falta de lluvias empobreció el suelo y el fuerte sol acabó con la mayor parte de lo que se sembraba para comer o vender”. El río cada vez estaba más seco y muchas veces incluso desviado, generando un paisaje que describe como “triste”.

Tanto Mato Grosso como su vecino del sur, Mato Grosso do Sul, se encuentran entre los estados agrícolas más importantes de Brasil por sus productos como cereales, caña de azúcar, ganado y soja. Sin embargo, en las últimas décadas, esta posición también ha llevado a los estados a situarse entre los diez primeros estados líderes en deforestación ―en parte ilegal―, lo que ha provocado cambios en el paisaje y otros impactos en los ecosistemas. En los últimos años, algunas zonas de estos estados y los rendimientos de algunos cultivos también han sufrido los efectos de condiciones meteorológicas extremas, como las sequías provocadas por el fenómeno de La Niña.

Al desarraigo, a Oliveira se le sumó lo que el filósofo Glenn Albrecht bautizó en 2005 como solastalgia, “un dolor que se experimenta cuando se reconoce que el lugar en el que se reside y se ama está sometido a un asalto”. Es una especie de duelo por la pérdida del lugar conocido y un fenómeno que varios estudios, incluida la investigación de Albrecht, han tratado de explorar más a fondo.

“Pienso que mis hijos tal vez no verán de qué fui parte, en dónde crecí. Esto me deprime aún más, porque, poco a poco, vi que ese lugar se estaba desmoronando ante nuestros ojos”, comenta.

En 2021, Oliveira participó en una investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Estatal de Mato Grosso do Sul (UEMS), donde ella misma estudia, liderada por el profesor Antonio Grande que buscaba explorar las acciones que se necesitan para mejorar la salud mental de los indígenas en relación con el cambio climático. “Estos pueblos están perdiendo su perspectiva de vida, la esperanza, así que, para ellos, todo lo que sucede tiene un significado más profundo”, asegura Grande en una videollamada. “En este punto, todo tiene que ver con el cambio climático. Las tierras han sido devastadas y ellos ya no se pueden comunicar con la naturaleza. Incluso algunos hablan de que ya no la pueden escuchar”. 

Estudios y organizaciones internacionales, incluidas la ONU y la Organización Panamericana de la Salud, han puesto de relieve el aumento de los problemas de salud mental en las comunidades indígenas de todo el mundo, a menudo relacionados con la expropiación de tierras y los cambios medioambientales.

Estos pueblos están perdiendo su perspectiva de vida… En este punto, todo tiene que ver con el cambio climático

Antonio Grande — profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Estatal de Mato Grosso do Sul

La investigación de Grande y su equipo propone preservar su territorio, respetar sus formas de vida y romper el tabú sobre la enfermedad mental que existe en estas comunidades. “Es algo político, que empieza por no destruir sus tierras”, comenta Grande. El que lidera es uno de los pocos estudios sobre salud mental y cambio climático hechos en América Latina y da pistas de la transformación que necesita la región para empezar a abordar un tema que ha sido estigmatizado históricamente.

Oliveira, por su parte, arroja sus percepciones como mujer indígena que también está a punto de graduarse de médica. Las facultades de medicina, dice, deben trabajar en esta relación entre la salud mental indígena y el cambio climático, pero la clave está en abordar las causas fundamentales de los factores que generan ansiedad y presiones en las comunidades: “Los gobiernos deben garantizar el derecho a la tierra ancestral y a la asistencia financiera, y en las escuelas se debe educar sobre nuestros orígenes, nuestros derechos y nuestros valores como seres humanos en la sociedad”.

La acción: un camino para trabajar la salud mental

Mientras se prevé que los eventos climáticos adversos aumenten, es probable que más personas sientan su salud mental afectada. La doctora Nora Leal Marchena, psiquiatra que en 2023 impulsó la creación del Capítulo de Salud Mental Ambiental y Urbana de la Asociación de Psiquiatras de Argentina, subraya la importancia de trabajar con acciones concretas para manejar estas emociones.“Cuando se empieza a trabajar por un tema, las acciones motorizan respuestas positivas que ayudan a mitigar la preocupación”.

Estudios como el de The Lancet sobre la ecoansiedad juvenil han demostrado que la magnitud de la crisis climática, de escala global, puede llevar a caer en el apocalíptico “ya es muy tarde”. Pero por lo menos a nivel mental, actuar salva. Marchena lo ve sobre todo con los niños y adolescentes, en cuya salud mental se ha especializado. “Hay que llevarlos a tomar acción, porque si no, les generas impotencia”.

Los vínculos afectivos que se forman en la colaboración ayudan a no tenerle tanto miedo al futuro distópico que nos imaginamos

Alice Poma — doctora en ciencias sociales e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México

Alice Poma, doctora en ciencias sociales e investigación de emociones y movimientos sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo corrobora. “Uno de los resultados de las investigaciones es que el activismo es casi terapéutico en tema de emociones climáticas,” explica. “Porque, al organizarte, al participar, consigues manejar algunas de las emociones climáticas”.

Tener esperanza en la acción colectiva, en crear espacios de discusión, permite pensar en un futuro diferente, explica Poma. “El cariño o los vínculos afectivos que se forman en la colaboración ayudan a no tenerle tanto miedo al futuro distópico que nos imaginamos”, concluye.

Por eso, personas como Yanine Quiroz, buscan estrategias para afrontar el impacto emocional del clima extremo. “Tengo algunas ideas en mente para responder a corto plazo a esas futuras situaciones que podrían desencadenar la ecoansiedad otra vez”, dice. Sus estrategias van desde soluciones individuales, como climatizar sus espacios, hasta acciones colectivas, como participar en reforestaciones con ONGs. “Pero definitivamente el miedo aparece cada vez que el calor se vuelve más intenso”.

Este artículo se escribió de manera colaborativa entre periodistas de Dialogue Earth y América Futura.

JJD

Cuando empezaron los apagones, Diego Torres anticipó el desastre: “nos cayó encima una crisis tremenda”. Ecuador, su país natal, había sido severamente afectado por una sequía inusual que redujo los niveles de los ríos y cuencas hidrográficas de los que dependía la red eléctrica nacional de un país que depende en gran parte de fuentes hidroeléctricas. Lo que le siguió fue un período turbulento de desabastecimiento energético que trastocó la vida de millones de personas.

Ecuador empezó a racionar la electricidad en septiembre de 2024. Una serie de apagones en los meses posteriores ha dejado a oscuras repetidamente a barrios de todo el país. También ha desestabilizado el suministro de agua potable e Internet, y ha causado importantes pérdidas económicas a cientos de empresas.

“Los apagones duraban entre 8 y 14 horas diarias. Nos cortaban la luz a las 8:00 pm y nos regresaba al otro día por la mañana. Tuvimos que parar de trabajar, todo paró”, lamenta Torres, de 63 años, que se desempeña como ingeniero en Cuenca, una ciudad de la sierra ecuatoriana.

En diciembre, el entonces ministro de Finanzas de Ecuador, Juan Carlos Vega, dijo que el impacto económico de la crisis energética se estimaba en aproximadamente entre el 1% y el 1,5% del PIB nacional.

Aunque la energía hidroeléctrica ha representado durante mucho tiempo la mayor parte de la generación eléctrica de Ecuador, su cuota ha aumentado en la última década, hasta superar el 75% en 2023, según datos del centro de estudios sobre energía Ember. En épocas de lluvias intensas, las centrales hidroeléctricas podrían suplir hasta el 90% de la demanda interna total. Pero con el estiaje, pasó a sufrir un déficit de capacidad energética de 1.080 megavatios, que corresponde a cerca del 20% de su capacidad de generación.

“Ecuador estuvo preparado en su momento para fenómenos climáticos que generaban periodos de sequías. En la última década se habían instalado en el país fuentes alternativas de energía renovable, como la térmica y la fotovoltaica”, dice René Ortiz, ex ministro de Energía y Recursos Renovables de Ecuador. “Pero muchos de los equipamientos estaban sin mantenimiento porque, durante la pandemia que inició en 2020, el presupuesto previamente destinado a ello se tuvo que orientar a la demanda social y de salud”.

“Se creía que esta maquinaria que estaba instalada podía entrar instantáneamente para suplir la escasez [de energía], pero no estaba lista. El tiempo y la escasez se nos vinieron encima. Los apagones se nos vinieron encima”, completa el exfuncionario.

Un problema regional

Las interrupciones severas de los sistemas eléctricos se están volviendo cada vez más comunes en América Latina. Vinculados a eventos extremos que han sido exacerbados por el cambio climático, como sequías, incendios o inundaciones, estos problemas reducen la eficiencia de los sistemas eléctricos y amenazan la seguridad energética regional, según un estudio reciente de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). Y en el contexto de una mayor presión sobre la generación y distribución de energía en la región, se ha disparado la búsqueda por soluciones flexibles y sostenibles a largo plazo.

En mayo de 2024, el sur de Brasil vivió la una de las mayores inundaciones de la historia del país, que desplazó a más de 600 mil personas y dejó a centenas de heridos. En ciudades como Porto Alegre, la capital del estado, el sistema eléctrico colapsó, y 138.000 se quedaron sin electricidad. Además, las bombas de drenaje de agua, apagadas, no pudieron evitar que las calles se convirtieran en ríos, inundadas por las lluvias intensas y una laguna adyacente.

También en mayo del año pasado, una ola de calor generó un caos energético en México, debido a un incremento insostenible de la demanda energética que dejó a 18 de los 32 estados del país sin luz.

A su vez, la llegada del verano en Argentina provocó la desestabilización energética en este país, con diversos cortes de luz en varias provincias que llevaron al gobierno de Javier Milei a anunciar el “Plan Verano 2024-2025”, que contempla la importación de energía brasileña y el aumento del suministro hidroeléctrico desde la represa de Yacyretá, en la frontera con Paraguay.

Mientras tanto, una secuencia de huracanes desestabilizó Puerto Rico durante 2024. Entre ellos, el huracán Ernesto, que afectó a la isla en agosto, derribó redes y dejó sin electricidad a unos 700.000 hogares. En 2017, el huracán María destruyó gran parte de la red eléctrica y la isla sigue luchando por salir de esa situación. A finales del año pasado, casi el 90% de Puerto Rico se quedó sin electricidad, después de que un cable subterráneo fallara y provocara un apagón general del sistema.

“Los eventos climáticos extremos han sido una realidad muy presente en los últimos años y cada vez rompen más récords en el mundo”, dice el reconocido climatólogo brasileño Carlos Nobre, que atribuye estos eventos al aumento de la temperatura global que generan el cambio climático. “Notamos que nuestras ciudades viven una integración sinergética entre el calentamiento global y el cambio de la tierra”, afirma.

La dependencia a la energía hidroeléctrica, ¿un riesgo?

Décadas de búsqueda por la diversificación de fuentes de energía para una menor dependencia del petróleo y el gas natural llevaron a muchos países de América Central y América del Sur a explotar ampliamente su mayor recurso: el agua. Decenas de hidroeléctricas fueron construidas en reservas hidrográficas clave de la región, como es el caso de la central de Itaipú en Brasil o Guri en Venezuela.

Y aunque esto solucionó en su tiempo un problema, el aumento de la demanda energética y el cambio climático han puesto en jaque a este tipo de sistemas. De acuerdo con Nicolas Fulghum, analista senior de Ember especializado en datos sobre la energía global, siempre ha habido una conexión crucial entre la crisis climática y la generación de energía, fundamentalmente en naciones altamente dependientes de la energía hidroeléctrica. “La energía hidroeléctrica ha estado históricamente relacionada con las condiciones climáticas, pero también con la saturación. El problema que estamos viendo ahora es que las plantas construidas en el pasado están ubicadas en regiones donde las condiciones han cambiado. Una región que hace 40 años recibía lluvias intensas, ahora puede estar pasando lo contrario. Y las plantas de energía están volviéndose menos eficientes”, afirma el investigador.

“Es difícil saber si este patrón se mantendrá en los próximos años, pero estamos viendo más eventos de sequía, por ejemplo, en Brasil, Ecuador y China, lo que ha afectado la generación de energía en esos países. Este no es un fenómeno nuevo, pero su gravedad es mucho mayor en esas regiones”, dice Fulghum.

Seguridad energética y resiliencia

Según pronostica la Agencia Internacional de Energía (AIE), para 2030 el mundo puede ver un crecimiento de 25% a 30% de la demanda de electricidad. Y en una coyuntura económica y ambiental orientada al desarrollo sostenible, el desafío global se ha dirigido a satisfacer esta demanda con la oferta de fuentes renovables. Cuando ocurren interrupciones a los sistemas eléctricos en medio a eventos climáticos extremos, las naciones afectadas tienden a aumentar sus importaciones de petróleo y generadores eléctricos de diésel para normalizar la oferta de energía, como sucedió en Brasil o en Ecuador, por ejemplo.

Este es un objetivo agridulce al que se enfrentan los países del Sur Global, cuya transición hacia una economía “verde” se complica por la falta de recursos y por desacuerdos sobre subvenciones en negociaciones con países desarrollados.

Para los especialistas entrevistados por Dialogue Earth, la única forma de garantizar la seguridad energética en América Latina y el mundo es crear redes energéticas más integradas, balanceadas y capaces de enfrentar el clima extremo. Daniela Cardeal, presidenta del Sindicato de la Industria Renovable en el sur de Brasil, afirma que no ha habido momento más crucial en las últimas décadas para poner en marcha la transición de nuestras fuentes de energía, “que a su vez mejoren nuestra relación con la tierra y proporcionen seguridad energética a las comunidades”.

Es posible utilizar reservas solares y eólicas en tiempos de sequía, lo que reduce la dependencia de combustibles fósiles

Nicolas Fulghum — analista senior de Ember, un centro de estudios sobre energía

“Tenemos dos problemas distintos: un mayor uso de combustibles fósiles durante las sequías y una mayor necesidad de capacidad energética”, afirma Fulghum. “Cuando existe un balance entre las ofertas energéticas, con una gran cantidad de energía eólica y solar, es posible utilizar estas reservas en tiempos de sequía, lo que reduce la dependencia de combustibles fósiles y del mercado internacional. Un país más aislado de estos problemas es más resiliente ante la escasez de energía”.

Fitzgerald Cantero, director de estudios, proyectos e información de la OLADE, afirma que la generación distribuida y los sistemas de almacenamiento son una posible solución a estos problemas, aunque la dificultad de financiamiento y el alto costo de los insumos continúan siendo una barrera. “Las plantas de almacenamiento juegan un rol fundamental para la acumulación de fuentes que son intermitentes [como la eólica y la solar]. La posibilidad de almacenar esa energía permite incrementar la regulación de los sistemas ante estas fuentes que son intermitentes y reducir los vertimientos de energía en los periodos de baja demanda”.

Para Cantero, desde un punto de vista local, la generación descentralizada y distribuida es una muy buena opción para reducir pérdidas y dar cobertura a zonas aisladas, donde es muy difícil llegar con red tanto por su alto costo o por los desafíos geográficos del terreno.

“Se trata de una cuestión de seguridad y flexibilidad energética. Aumentar la capacidad de generación realmente puede ayudar a mitigar estos desafíos impuestos por el clima, principalmente en países que dependen altamente de pocas fuentes de energía”, dice Fulghum, que cree que, con la caída significativa de los precios de insumos para la energía eólica y solar, estas soluciones alternativas podrán expandirse aún más en América Latina.

“La transición energética tiene que ser urgente. Si no logramos estabilizar el nivel de temperatura global con la eliminación de nuestras emisiones de CO2 hasta 2050, los desafíos de reducir las emisiones se convertirán en los mayores retos enfrentados en este planeta. Estaremos cometiendo un ecocidio”, agrega.

Este artículo fue publicado originalmente por Dialogue Earth.

Era agosto de 2024, y cinco alertas de deforestación en su teléfono celular hicieron que, a quien diremos Saúl para proteger su identidad, emprendiera un viaje de más de un día para confirmar sus sospechas.

Saúl es un comunero indígena del pueblo shipibo capacitado para el monitoreo de los bosques próximos al Parque Nacional Sierra del Divisor, una cadena montañosa de alta biodiversidad enclavada sobre la frontera entre Perú y Brasil. Ese día de agosto, él salió de su casa rumbo a la comunidad nativa Saasa para enfrentar esta porción de bosque al que pocos llegan.

Saasa, en la región Ucayali, está habitada por apenas 80 personas de la etnia awajún, en la cabecera del río Utuquinía, un afluente del río Ucayali. Se trata de la población indígena más cercana a Sierra del Divisor.

A partir de estas alertas e información georreferencial obtenida a través de Global Forest Watch, plataforma para el monitoreo de bosques en tiempo real, Saúl navegó doce horas desde su localidad y caminó un tramo largo de selva espesa para llegar al sector crítico.

“Esquivé predios peligrosos hasta ubicarme en un lugar desde donde pudiera elevar un dron. La deforestación y sembríos de coca estaban en el límite de Saasa con Siete de Julio, pero también en otros caseríos (no indígenas) vecinos”, cuenta a Dialogue Earth.

El jefe de Saasa, Iván Agkuash, cuenta a Dialogue Earth que en la zona se está plantando coca, cuyas hojas se utilizan para fabricar cocaína. Agkuash muestra su preocupación por lo desprotegida que se encuentra la zona de amortiguamiento de Sierra del Divisor y calcula que más de 10 hectáreas de bosque primario han sido depredadas y reemplazadas por cocales muy cerca del territorio comunal.

El líder indígena remarca que Saasa se ha convertido en una zona de paso para el narcotráfico, pero en su comunidad han optado por evitar enfrentamientos.

Paso de la droga

Según ha podido observar durante sus incursiones en aquella parte convulsa de la Amazonía, Saúl indica que la ruta de los “mochileros”, hombres al servicio de organizaciones criminales de Brasil que trasladan paquetes de droga, parte de distintas localidades brasileñas fronterizas y sigue hasta la cabecera del río Abujao, en Ucayali. Luego continúa por los centros poblados Aguas Negras y Mazaray, cruza una parte del Parque Nacional Sierra del Divisor y sale al río Utuquinía.

“Por Saasa pasan surcando el río, incluso disparando al aire [para intimidar a los residentes], y así llegan a Siete de Julio y los otros caseríos colindantes”, describe Saúl. De regreso a Brasil con los cargamentos, añade, recorren el mismo camino.

Un contexto similar registra la comunidad nativa San Mateo, también en la zona de amortiguamiento de Sierra del Divisor. De acuerdo con monitores forestales de la organización internacional Global Conservation, que trabaja en la protección de espacios silvestres en peligro, como Sierra del Divisor, gran parte de la depredación y sembríos de coca en San Mateo se expande sobre las márgenes del río Abujao. Por el riesgo, los monitores (que han pedido no revelar su identidad por seguridad) aún no han podido establecer en campo cuánta deforestación hay, pero estiman que no es menor a 50 hectáreas.

Otro punto de atención está en la Comunidad Campesina Ribereña Guapries, que integran los caseríos Guacamayo, Primavera y Esperanza. En el último recorrido que el jefe de la comunidad, Laiver Vásquez, realizó con una brigada de guardias forestales -relata a Dialogue Earth-, detectó al menos 15 hectáreas de cocales en un área ubicada a solo 500 metros del parque nacional. Desde agosto, la comunidad ha registrado 14 alertas de deforestación. Guapries y Saasa serán capacitadas por Global Conservation en el uso de tecnologías para la conservación de sus bosques.

Pocas soluciones

El último reporte publicado en junio de 2024 por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), organismo que conduce la lucha contra las drogas, da cuenta que de las 92.784 hectáreas de coca que actualmente existen en el Perú, 351 están en la zona de amortiguamiento del parque. El estudio indica que no hay cultivos de coca dentro del área protegida. Sin embargo, la presión está en los espacios adyacentes.

En tanto, Ucayali terminó el 2023 con una deforestación de 27.340 hectáreas, y en los dos primeros meses de 2024 su pérdida de bosques alcanzó 673 hectáreas.

De ese total, 203 hectáreas están dentro de comunidades nativas, conforme al análisis más reciente de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali. Es decir, poco menos de un tercio se encuentra dentro de comunidades indígenas. Esto marca un incremento de casi 800% en comparación con el mismo periodo del 2023, donde solo se registraron 23 hectáreas de deforestación en las comunidades indígenas de Ucayali.

El gerente de la oficina regional, Franz Tang, declaró durante la presentación del informe que una de las causas para los niveles de desbosque reportados en Ucayali son los cultivos ilícitos y que, en ese sentido, el problema demanda una urgente intervención multisectorial del Estado.

Por otro lado, Global Conservation, a través de sus programas de control y vigilancia de bosques, busca crear un cinturón de protección para el área natural. Para ello intenta consolidar un trabajo coordinado con todas las comunidades que la rodean.

Nuevo Saposoa y Patria Nueva formaron parte de un proyecto piloto de monitoreo forestal, a cargo de la ONG, en que grupos de comuneros (guardias comunales o ecoguardias) recibieron capacitación para el manejo de drones, del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) y para el análisis de imágenes satelitales.

La instrucción permitió que puedan realizar reportes acerca del estado de sus bosques y, con ello, que fueran atendidos por las autoridades. Los monitores consignan en sus estadísticas que Nuevo Saposoa, por ejemplo, redujo la deforestación a cero en 2022, tras alcanzar un pico de más de 15.000 hectáreas de deforestación en 2016.

“En los últimos cuatro años ya no hemos tenido alertas de deforestación [en Nuevo Saposoa]. Tampoco en Patria Nueva”, afirma un ecoguardia de la comunidad, que también pidió anonimato.

Sin leyes ni protección

A pesar de los avances logrados en la disminución de la deforestación en Ucayali, en Perú, el cuidado de los bosques y territorios indígenas sigue siendo una tarea peligrosa para la que no existe una protección garantizada.

En octubre de 2020, el Congreso de la República del Perú rechazó la ratificación del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que promueve el derecho a la información, justicia ambiental y a la toma de decisiones sobre el medioambiente en los países de América Latina y el Caribe.

El acuerdo también plantea la protección a los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Un punto relevante para el Perú, tomando en cuenta que, en la última década, 35 defensores indígenas fueron asesinados en este país por resguardar sus territorios. La funesta cifra corresponde a la base de datos actualizada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). La mayoría de los crímenes (10) tuvieron a Ucayali como escenario.

Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, dice que sin el acuerdo ratificado las voces y propuestas de los pueblos indígenas peruanos quedan siempre en el vacío dentro de los foros regionales ambientales.

“Cuando llegamos a instancias donde se debe tomar decisiones ni siquiera somos considerados y todo va al archivo”, lamenta. Algo así sucedió en la tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3), realizada en Chile, donde Guimaraes sintió que las sugerencias para visibilizar la necesidad de protección de los defensores indígenas no fueron tomadas en cuenta. “Perú no ha ratificado el acuerdo de Escazú. Esta es la razón por la que no tenemos una voz que pueda llevar nuestras demandas”, añade.

Al término de esa reunión, precisamente, Guimaraes fue informado de un atentado contra su vivienda, donde fue dejada la pinta: “No vivirá”. Las investigaciones fiscales sobre la amenaza -denuncia el apu, como se conoce a los líderes indígenas en Perú- no han avanzado.

Cuando llegamos a instancias donde se debe tomar decisiones ni siquiera somos considerados y todo va al archivo, Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep

Pese a los reveses que implica la no ratificación de Escazú para las comunidades nativas peruanas, aún puede haber oportunidades de cambio legislativo. Katherine Sánchez, coordinadora del Programa Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, resalta que el Plan de Acción sobre Defensores en Asuntos Ambientales, aprobado en la COP3 contempla para las próximas reuniones un intercambio de información y experiencias de los países ratificantes sobre situaciones de riesgo que afectan a personas defensoras, lo que permitirá identificar estándares comunes y generar una estrategia internacional de protección. La abogada destaca que así será posible atacar las causas estructurales o de fondo.

“Los no ratificantes, como Perú, están invitados a conocer qué van haciendo aquellos países que continúan con Escazú, enriquecerse de los procesos y participar de la estrategia. Luego, cada uno decidirá si mejora su normativa o aplica mecanismos distintos”, explica.

La especialista señala que hasta diciembre de 2023 se presentaron tres proyectos legislativos a fin de obtener la primera ley para proteger a defensores de derechos humanos en Perú. El resultado fueron tres dictámenes diferentes, lo cual fue observado en la evaluación para su debate en el pleno del Congreso. “Pedían que haya un acuerdo y sea emitido un solo dictamen. Por cuestiones estrictamente procedimentales no podemos avanzar”, indica.

Por ahora, la única herramienta en favor de los líderes indígenas peruanos es el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos. Un instrumento que, a juicio de Sánchez, solo está concebido para atender una emergencia, pero no resuelve problemas de fondo y tampoco incluye obligaciones para el Estado en su totalidad: “Solo vincula a los ocho ministerios que han firmado el documento”. La ratificación de Escazú posibilitaría contar con una norma de rango constitucional, que contendría obligaciones para el Estado en beneficio del medioambiente y sus defensores. Pero ello en Perú suena cada vez más a una utopía.

Enrique Vera es un periodista independiente con base en Lima, cuyo trabajo ha aparecido en Mongabay, El Comercio y Caretas.

DM

María nació con una grave afección que limitó su desarrollo en los años siguientes. Aunque los médicos trabajaron rápidamente para drenar el exceso de líquido que se había acumulado alrededor de su cerebro, un trastorno conocido como hidrocefalia, no pudieron superar los graves daños que ya había sufrido la recién nacida. Más tarde, María se sometería a otras operaciones para intentar contrarrestar los daños musculares en sus pies, pero nunca llegaría a caminar, ni a hablar, y a medida que crecía fue perdiendo los pocos movimientos que antes había conseguido. Su mirada era distante, recuerda su familia.

Poco después de nacer María, los médicos informaron a sus padres de la posible causa de su estado: la contaminación por pesticidas. Son agricultores de frutas y verduras en Vacaria, una ciudad rural de 64.000 habitantes en Rio Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil, y utilizan estos productos a diario.

“Se sienten culpables, ha sido un dolor enorme”, dice una de las tías de María, que pide no ser identificada en interés de sus padres, que autorizaron la entrevista pero siguen sufriendo dos décadas después del diagnóstico. “Son víctimas, no se advierte de los riesgos”.

Con el paso de los años, María ―cuyo nombre se ha cambiado para este reportaje― fue entrando gradualmente en un estado vegetativo y murió en 2020, a los 21 años.

No se trata de un caso aislado. Una nueva investigación de Dialogue Earth, en colaboración con Tatiane Moraes, investigadora en salud ambiental de la Universidad de São Paulo, ha explorado los impactos de los pesticidas en la salud infantil. El análisis realizado por Moraes para este informe revela una fuerte asociación entre la aparición de anomalías congénitas, como la de María, y la proximidad a zonas agrícolas en Brasil. También se observó una asociación similar entre dicha proximidad y las muertes fetales, después de la semana 28 de embarazo.

El riesgo para la salud infantil es mayor en los principales estados agrícolas brasileños

Análisis sugiere mayor riesgo de muerte fetal y anomalías congénitas en estados productores de soja, maíz y caña de azúcar en las regiones Sur y Centro-Oeste.

Utilizando la plataforma MapBiomas, Moraes identificó los estados brasileños en los que más de la mitad de los municipios tienen al menos el 5% de su superficie ocupada por la agricultura. A continuación, utilizando datos de 2013 a 2021 del sistema nacional de salud Datasus, comprobó si la tasa de anomalías congénitas y muertes fetales ―condiciones ya asociadas a la exposición a plaguicidas― había aumentado en estas ciudades.

El análisis detectó un mayor riesgo de estas afecciones en Rio Grande do Sul y Santa Catarina, en la región Sur del país, así como en Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, en la región Centro-Oeste. Estos estados son grandes productores de soja, maíz y caña de azúcar, según el estudio de Moraes.

Los mismos estados figuran entre los en los que más pesticidas se venden desde 2013, según datos del Ibama, el organismo de inspección medioambiental de Brasil. Mato Grosso ―primer productor agrícola del país― encabeza esta clasificación, mientras que Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina y Rio Grande do Sul figuran entre los diez primeros.

“Los resultados refuerzan la necesidad de reevaluar el uso masivo de pesticidas en la agricultura brasileña”, afirmó Moraes, que también fue becaria del Departamento de Salud Global y Población de la Universidad de Harvard en Estados Unidos.

En Mato Grosso, en ciudades como Sinop y Sorriso, donde la agroindustria domina la economía, el riesgo de anomalías congénitas es un 20% mayor que en ciudades sin plantaciones, y el de muertes fetales, un 30%. 

En Rio Grande do Sul, en los municipios donde más de la mitad de la superficie está dedicada a la agricultura, el riesgo de muerte antes del nacimiento era un 73% mayor que en las zonas sin plantaciones. En las ciudades con hasta un tercio de su superficie dedicada a la agricultura ―como Vacaria, donde nació Maria― se comprobó que el riesgo de desarrollar anomalías congénitas era un 2% mayor entre 2013 y 2021.

Moraes señala que esta gran variación en el riesgo podría deberse a otros factores, como el acceso a la atención sanitaria en determinados municipios, y afirma que sería necesario seguir investigando para comprender estas cuestiones en profundidad. “Lo importante era demostrar que existía una asociación positiva y medir el riesgo de vivir en un municipio agrícola teniendo en cuenta a los niños”, añade.

El glifosato, peligroso y extendido

El glifosato, el pesticida más utilizado en el país, y otros productos químicos como el 2,4-D, la atrazina, el mancozeb, el clorotalonil y el acefato, interfieren en la regulación hormonal y pueden provocar anomalías, según el Atlas de Agrotóxicos. A excepción del glifosato y el 2,4-D, el uso de estas sustancias químicas está prohibido en la Unión Europea.

La investigación en Brasil y en el extranjero ha hecho hallazgos similares al trabajo de Moraes. En un estudio de 2019, la Fundación Oswaldo Cruz, con sede en Río de Janeiro, reveló que las microrregiones (es decir, regiones dentro de los estados) con mayores niveles de producción de cereales y exposición a plaguicidas presentaban tasas más elevadas de anomalías congénitas.

En un estudio similar de 2023, investigadores estadounidenses hallaron tasas de leucemia linfoblástica aguda superiores a la media en niños que viven en zonas donde se está expandiendo la producción de soja en los biomas de la Amazonía y el Cerrado de Brasil. Estimaron que entre 2008 y 2019 podría haber habido 123 muertes adicionales por encima de la media en niños menores de 10 años por esta enfermedad, vinculada a la exposición a la producción de soja.

Para una de las autoras, Kaitlyn Margaret Sims, profesora de microeconomía y política pública de la Universidad de Denver, el resultado fue sorprendente. “Habíamos oído rumores de que cuando llega la soja, el cáncer le sigue de cerca. Pero no pensábamos encontrar resultados tan significativos”, declaró a Dialogue Earth.

Otro estudio, publicado en la Revista de Estudios Económicos en 2023, mostró que incluso los niños que viven lejos de las plantaciones podrían verse afectados, ya que los residuos de glifosato son arrastrados por los ríos. Los resultados mostraron un mayor número de bebés nacidos prematuramente y con bajo peso, así como un aumento del 5% de la mortalidad infantil entre 2000 y 2010 en las regiones Centro-Oeste y Sur de Brasil.

“Incluso a distancias de hasta cien kilómetros de la zona de uso, seguimos encontrando algún efecto negativo”, explicó Mateus Dias, uno de los autores del estudio y profesor adjunto de economía de la salud en la Escuela de Negocios y Economía Católica de Lisboa.

Los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestran que Brasil es el líder mundial en el uso de pesticidas. En 2022, el país aplicó más de 800.000 toneladas de pesticidas a una amplia variedad de cultivos, superando el total utilizado por China y Estados Unidos juntos.

“Estos datos hay que leerlos en su contexto: Brasil es un país tropical muy propenso a las plagas”, explica Décio Karam, investigador de Embrapa, la agencia federal de investigación agrícola. “Además, plantamos cuatro o cinco cosechas al año, a diferencia de países con inviernos rigurosos que solo plantan una. Aun así, hay mucho margen para reducir el uso de pesticidas con una gestión adecuada”.

El crecimiento del uso de pesticidas en Brasil coincide con la introducción de la soja modificada genéticamente y la adopción del glifosato a finales de los años noventa. Entre 2000 y 2022, según datos de la FAO, su consumo por hectárea plantada se ha quintuplicado en el país.

En Vacaria, la superficie plantada con soja creció 13 veces entre 1985 y 2022, y hoy ocupa 70.000 hectáreas, un tercio del municipio. Las manzanas, por su parte, que también requieren la aplicación intensa de pesticidas, ocupan casi 7.000 hectáreas. 

En esta localidad, los campos pulverizados con pesticidas se encuentran muy cerca de las zonas pobladas. Cuando Dialogue Earth la visitó a mediados de junio, vimos nabina ―un cultivo de cobertura que fertiliza y descomprime el suelo, preparándolo para la siembra de soja― entrando en las instalaciones y el patio de la escuela rural Attilio Benedetti.

La directora Leila Tais Fernandes explicó que el terreno había sido donado por un agricultor cuya granja linda con la escuela, y que la mayoría de los 75 alumnos son hijos de su personal.

La búsqueda de respuestas de una madre

Juliana Pedroso sospecha que los pesticidas están detrás del diagnóstico de su hijo de 7 años, João Otávio, que padece un síndrome neurodegenerativo extremadamente raro cuyos efectos incluyen paraplejia, discapacidad intelectual y obesidad. “Fue una mutación genética durante el embarazo, pero los médicos nunca dicen qué la causó. Me he preguntado si podrían ser los pesticidas que afectaron a su padre agricultor”, especula la técnica de enfermería, que vive en la zona urbana de Vacaria, también rodeada de plantaciones.

João Otávio nació prematuro y pronto mostró síntomas preocupantes. “Tenía las manitas hacia dentro y no podía mover el lado izquierdo”, recuerda su madre. Luego vinieron las convulsiones y las visitas cada vez más regulares a médicos y hospitales.

A pesar de sus dificultades, y gracias al empeño de su familia, João ha desarrollado bien el habla y los movimientos. Su mayor afición es su canal de YouTube dedicado a los videojuegos. En una fría tarde en la que los visitamos, João Otávio mostró orgulloso su habitación llena de animales de peluche y entretuvo a los periodistas reventando un globo lleno de harina de maíz que parecía nieve cayendo.

Tras 23 años al frente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Vacaria, Sérgio Poletto está decidido a entender si los pesticidas pueden haber contribuido a la aparición del síndrome que afecta a João Otávio, así como a las condiciones de otros niños de la localidad que esperan una plaza en Apae, un centro de rehabilitación e inclusión de personas con discapacidad del municipio.

La organización ha visto cómo se disparaba la demanda de plazas en los últimos años, y ha recurrido a Poletto para que investigue qué puede estar contribuyendo a ello. “Estamos muy preocupados por el aumento de niños discapacitados en los últimos 10 años”, afirma Maria Aparecida Fabris, coordinadora pedagógica de Apae, que actualmente atiende a 80 niños, mientras que otros 20 están en lista de espera. “No tenemos capacidad para acoger a más, porque todos se quedan con nosotros mucho tiempo”.

Con los hombros ligeramente inclinados, Poletto tiene un aspecto tímido que contrasta con sus valientes acciones. Ha asumido la tarea de “cuestionar lo que nadie cuestiona”, como él mismo dice. En 2013, ayudó a organizar un amplio estudio de más de 980 trabajadores rurales: el 95% dijo que utilizaba agroquímicos, y la mayoría los aplicaba con pulverizadores atados a la mochila, sujetos al cuerpo y utilizados sin protección.

Durante las visitas a fincas rurales, el dirigente sindical quedó asombrado por el uso intensivo de productos químicos, la falta de cuidado en su manipulación y el desconocimiento de sus riesgos. Neice Muller, médico de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, dirigió la investigación.

Poletto decidió utilizar la estructura del sindicato para concienciar a sus 7.000 afiliados de los riesgos de los pesticidas. Imprimió folletos y organizó charlas sobre la importancia de utilizar equipos de protección individual, además de nombrar a un técnico para ayudar a los agricultores a cambiar sus prácticas hacia la agricultura ecológica. Sin embargo, debido a la resistencia interna, solo pudo empezar ayudándoles a reducir el uso de pesticidas, en lugar de eliminarlos. “Tuvimos que suavizar el discurso para no perder miembros”, dijo.

Incluso Silvandro Fonseca, secretario municipal de Salud de Vacaria, confía a Poletto la búsqueda de explicaciones. Fonseca dice que le alertaron las tasas superiores a la media de muertes fetales, cánceres y problemas renales en el municipio, pero reconoce que la ciudad no tiene ningún programa de prevención. “Es difícil establecer una causa, por lo que también es difícil poner en marcha un programa”, dijo el secretario en una reunión en el ayuntamiento, convocada por Poletto y a la que asistió Dialogue Earth.

Dirceu Trevisan, ginecólogo y médico del sindicato, también es consciente del alto índice de abortos y muertes fetales entre las empleadas. “En muchos casos, le pregunto [a una paciente] qué producto aplica en el cultivo y no me lo puede decir porque son mezclas”, explica. “El monitoreo sanitario tiene que tomar las riendas, de lo contrario solo trataremos las consecuencias”.

Cuantificar la influencia de los pesticidas en las enfermedades graves de Brasil sigue siendo un desafío. “Pero el hecho de que sea complejo no significa que no haya impacto, es decir, que los riesgos no existan”, afirma la genetista Lavinia Schuler-Faccini, profesora del departamento de genética de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y autoridad en anomalías congénitas en América Latina.

Schuler-Faccini señaló que los riesgos están cada vez más demostrados por estudios que comparan poblaciones expuestas y no expuestas, y por análisis en animales y células in vitro. “Uno de los grandes retos actuales es conocer el peso exacto [de la influencia] de los pesticidas en el desarrollo de afecciones y enfermedades”, explicó.

Los efectos de los pesticidas en los niños pueden provenir tanto del padre como de la madre, afirma Schuler-Faccini. La presencia de pesticidas en el organismo desregula las hormonas e interfiere en las señales producidas por los genes, que pueden desactivar, debilitar o activar en exceso su expresión. “Es un efecto a largo plazo, que se produce mucho antes del embarazo”, dijo la investigadora, que también dirige el monitoreo de las anomalías congénitas en Rio Grande do Sul.

Legislación flexible y batallas jurídicas

En Brasil, los pesticidas tienen un camino cada vez más despejado para su uso. En 2020, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) reevaluó la licencia del glifosato y lo consideró seguro, siempre que las dosis no superen los niveles de contaminación aguda y crónica.

Aprobada en 2023, la ley cuyo proyecto fue bautizado por sus opositores como “Ley del Veneno” flexibilizó aún más el control de los pesticidas en el país, a pesar de las duras críticas de la comunidad científica. Este mes de junio, el gobierno federal autorizó 80 nuevos productos pesticidas, entre ellos cuatro a base de glifosato. Uno de ellos será fabricado por Monsanto en Brasil, mientras que los otros tres se harán en China, que es un proveedor cada vez más notable de pesticidas para el mercado brasileño.

El glifosato y otros productos considerados peligrosos siguen sin estar restringidos en varios países. En 2023, la Comisión Europea autorizó el uso del herbicida durante otros diez años, aunque algunos países miembros de la UE han introducido prohibiciones locales para su uso en hogares y espacios públicos.

En Estados Unidos, sin embargo, Monsanto ha sido derrotada en los tribunales. Las víctimas de cáncer han podido demostrar que enfermaron a causa del Roundup, a base de glifosato: hasta ahora, 154.000 demandas han llegado a los tribunales estadounidenses, y la multinacional ha pagado 11.000 millones de dólares en indemnizaciones. Como consecuencia de la ofensiva, la multinacional alemana Bayer, propietaria de Monsanto, ha retirado el glifosato de los productos de uso residencial en el país. Este uso sigue estando autorizado en Brasil.

En Brasil se han producido menos demandas de este tipo, pero algunas han tenido lugar. En un caso, Lídia Maria do Prado, agricultora del estado de Paraná, en el sur del país, demandó a la multinacional tabaquera Alliance One por haber desarrollado una polineuropatía tardía, una disfunción nerviosa periférica asociada al contacto con pesticidas procedentes del cultivo de tabaco. Hasta ahora ha tenido éxito en los tribunales, pero es probable que la empresa recurra las decisiones en su contra.

Los agricultores de Nova Santa Rita y Eldorado do Sul, en Rio Grande do Sul, también han recurrido a los tribunales para prohibir la fumigación aérea de pesticidas, que ha afectado a los cultivos ecológicos y a la salud de los locales, que han manifestado síntomas de intoxicación que, según ellos, están relacionados con los productos químicos que se desplazan más allá de la zona prevista. 

Pero no todos buscan justicia ni respuestas. Los padres de María prefieren no reabrir las heridas del pasado. Conocer la causa del destino de su hija sigue siendo insoportablemente doloroso.

Otra agricultora con la que hablamos recordó el caso de su sobrina, nacida en la década de 1990, cuando los campos de Vacaria empezaron a ser tomados por los cultivos de soja. La niña, hija de agricultores, nació muerta, víctima de anomalías congénitas. Todos estos años después, ahora se pregunta si la vida de esta niña se truncó sin piedad, al igual que la de María, por la exposición a los agrotóxicos.

Este artículo fue realizado con el apoyo del Howard G. Buffett Fund for Women Journalists de la International Women’s Media Foundation. Tatiane Moraes contribuyó a este artículo, aportando investigaciones sobre la asociación entre pesticidas, muertes fetales y anomalías congénitas.

DM

Para viajar entre la capital uruguaya, Montevideo, y la ciudad costera de Punta del Este, al este, los conductores deben recorrer una carretera de 132 kilómetros, casi totalmente recta, durante unos 90 minutos. En hora pico, el trayecto dura más de dos horas, lo que provoca largas colas en ambos sentidos de la Avenida General Liber Seregni o, como la llaman los uruguayos, la Interbalnearia.

Para descongestionar el tráfico, el gobierno uruguayo ha impulsado desde hace un año un proyecto de autopista de alta velocidad. Se trata de la primera vía de este tipo en el país, con un trazado de hasta 30 kilómetros que conectará la Interbalnearia y el tramo sur de la Ruta 8, que une la capital y su área metropolitana -donde vive el 60% de la población del país- con las playas más populares.

La iniciativa de construir una nueva autopista ha sido respaldada por un consorcio privado de empresas uruguayas que actualmente se encargan del mantenimiento de la Interbalnearia y que han propuesto invertir cerca de 80 millones de dólares en el proyecto. Su principal argumento de venta es que reducirá en 15 minutos el trayecto entre Montevideo y el aeropuerto, situado al este del trazado propuesto.

Sin embargo, el trazado ha tenido un recorrido accidentado desde su propuesta, con una fuerte oposición por parte de las comunidades que podrían verse afectadas por su construcción, en particular los agricultores agroecológicos que viven y trabajan cerca de la Laguna del Cisne, en el departamento de Canelones, por donde estaba previsto que pasara el trazado.

También se han planteado dudas sobre la viabilidad y el costo del proyecto, y la carretera se ha convertido en un tema político polémico a medida que Uruguay se acerca a las elecciones de 2024, junto con una oposición más amplia en Canelones.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) había empezado a evaluar rutas alternativas que no afectaran a las explotaciones familiares, pero con cada cambio forzoso que se añadía a la ruta, se ponía en juego la viabilidad del proyecto.

Tras muchas especulaciones y debates, el MTOP anunció a mediados de abril que el proyecto se archivaba y que, tras las conversaciones con las comunidades, la solución a la congestión se buscaría mediante mejoras en las carreteras existentes, así como la posible creación de carriles rápidos.

Nunca confirmada y con amplia oposición

No se había fijado un trazado definitivo para el proyecto de autovía antes de su archivo. Carlos González, asesor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, declaró a Dialogue Earth que se habían barajado “una docena” de rutas alternativas, cada una con sus ventajas e inconvenientes, y que el objetivo era minimizar el impacto en las comunidades locales. Sin embargo, la opción principal, favorecida por su proximidad a las zonas más pobladas del país, atravesaría o pasaría cerca de cientos de campos agrícolas y ganaderos, viñedos y caballerizas. La construcción también amenazaría los ecosistemas de dos cuencas hidrográficas cercanas que ya sufren problemas de contaminación: el arroyo Pando y la Laguna del Cisne.

El Cisne es la única laguna natural del departamento de Canelones. Abastece de agua a los animales de pastoreo de los asentamientos rurales situados entre los distintos trazados propuestos para la autopista y a 150.000 familias de la llamada Costa de Oro. Durante la crisis hídrica del año pasado, Montevideo llegó a tomar agua de la laguna, que cuenta con una planta de extracción gestionada por la empresa pública OSE.

En 2014, las autoridades detectaron altos niveles de fósforo en estas aguas, consecuencia del uso excesivo de agroquímicos en las explotaciones de soja cercanas, que desde entonces han cesado su actividad en la zona. Se formó una comisión para resolver el problema y, desde 2016, una amplia zona más allá de los límites de la laguna se encuentra bajo protección judicial; prácticas como el uso de fertilizantes se controlan continuamente en la zona para garantizar que los niveles de fósforo se mantienen dentro de los rangos aceptables.

Posteriormente, estas protecciones han empezado a obligar a la agricultura de la cuenca a pasar del monocultivo a métodos agroecológicos. Esto hizo que muchas explotaciones abandonaran la zona, dejando que las restantes, en su mayoría familiares, reconvirtieran sus campos. Ahora, para cualquier cambio que pretendan hacer en sus tierras -desde instalar un estanque hasta aplicar materiales distintos a los cultivos-, los habitantes deben pedir permiso a los tribunales.

Éste había sido un punto clave de discordia sobre el proyecto de carretera para los miembros de la comunidad: calificaban de cruel ironía que las autoridades pretendieran construir una autopista en esta zona, en gran parte protegida, sin consultarles.

Gabriel de Souza es profesor de biología y vive en la zona con su familia desde hace casi una década. En declaraciones a Dialogue Earth en marzo, afirmó que el barrio se había adaptado a la reconversión ordenada: los residentes “pusieron dinero, hicieron pozos, invernaderos, bebederos para los animales que no podían beber agua de los arroyos [por estar contaminados]. Muchas cosas, mucho dinero, mucho tiempo y también un cambio de mentalidad. Y ahora dicen, ¿sabés qué? Está muy bien lo que han hecho, pero les vamos a pasar una autopista por encima”.

De Souza compró su finca en Sosa Díaz, al norte de la laguna, con la intención de construir un bosque sintrófico, que imita los intrincados sistemas de un bosque natural para permitir una agricultura positiva para el medioambiente. Como muchos hogares de la zona, la familia creó un entorno autosuficiente. Empezaron por reciclar los envases de su casa y pasaron a la bioconstrucción y el tratamiento de sus propios residuos.

Hoy, la familia de Souza y el resto de la comunidad agroecológica de la cuenca subsisten con lo que cultivan. Están demostrando que el cultivo ecológico y sostenible es posible en Uruguay, en contraste con las prácticas agroindustriales que han contaminado las aguas en muchas otras partes del país.

Daniel Panario, profesor de Ciencias Ambientales de la Universidad de la República en Montevideo, afirmó que la autopista propuesta habría destruido el modo de vida de estos pueblos, que describió como “el único experimento válido que se ha llevado a cabo en Uruguay” dedicado a la producción comunitaria “responsable” y “orgánica”.

Expertos ambientales también habían expresado su preocupación por las posibles repercusiones del proyecto en la vida silvestre, fragmentando los hábitats y provocando contaminación lumínica.

Panario dijo que “una carretera es una barrera para todo… para el agua, para las personas y para la fauna”. Señaló que nutrias, carpinchos, zorros y algún que otro guazubirá, un tipo de ciervo, son algunas de las especies animales que pueden verse afectadas por la nueva carretera asfaltada. Pero es la fauna que no es tan visible para los humanos -especialmente anfibios, insectos y polinizadores- la que le preocupaba especialmente.

Esto se debe a que más del 85% del departamento de Canelones, por donde estaba previsto que pasara la autopista, ya está muy afectado por la contaminación lumínica artificial nocturna (ALAN, por sus siglas en inglés), generada en parte por las carreteras existentes, según el último informe medioambiental del departamento. Esta contaminación lumínica hace que los insectos vuelen directamente hacia la luz, evitando las rutas establecidas de forma natural.

Pablo Bianchi es un vecino de toda la vida de la ciudad de Pando, en las afueras de Montevideo, que regenta un viñedo y una bodega urbana por detrás de los cuales amenazaba con pasar la autopista. Según él: “Se habla de ahorrar 15 minutos en el viaje a Punta del Este, pero tiene un costo medioambiental muy alto para el poco beneficio que generaría”.

Durante las etapas exploratorias del proyecto, se permitió a los vecinos expresar sus inquietudes ante los concejales departamentales de Canelones en una reunión que duró apenas 15 minutos. También se abrió un canal en la intendencia de Canelones para que los concejales pudieran representar a los vecinos en un diálogo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entidad ante la que los vecinos presentaron solicitudes de acceso a informes públicos sobre la zona, incluido el lugar donde se habría construido la autopista.

Un grupo de vecinos de varios pueblos del este de Canalones, autodenominados “Guardianes de las Cuencas”, enviaron a principios de año una carta al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, sobre el proyecto de autopista. En ella se afirma que el proyecto “destruiría la paz” de la zona y “el frágil equilibrio medioambiental de toda una región”.

También llevaron a cabo campañas de concienciación y protestas en la carretera Interbalnearia existente, e hicieron llamamientos a la prensa para que diera relevancia a sus preocupaciones en torno a los impactos de la potencial autopista. Con estos esfuerzos pretendían llamar la atención de los vehículos que transitan por la zona en la que viven, que han luchado por preservar.

“Estamos muy contentos con las declaraciones del ministro [José Luis] Falero [del MTOP] de que la construcción de la autopista no seguiría adelante, al menos no como estaba previsto, atravesando las cuencas del arroyo de Pando y las cuencas de la Laguna del Cisne”, declaró De Souza a Dialogue Earth tras la cancelación del proyecto.

Y añadió: “Parece que nuestras reivindicaciones fueron escuchadas. Siempre tuvimos la convicción de que estas zonas no podían seguir degradándose de esta manera, que están protegidas y que, en definitiva, el ser humano no puede seguir degradándolas con este tipo de construcciones”.

Una decisión política

Marcelo Metediera es el actual intendente del municipio de Canelones, mientras que su predecesor Yamandú Orsi se presenta como candidato de la coalición Frente Amplio a las elecciones presidenciales de este año, previstas para el 27 de octubre. Metediera fue también director de Tránsito y Transporte de Canelones durante cuatro años, y afirmó que le resultaba difícil separar sus ideas personales y profesionales sobre el proyecto.

Metediera reconoce que algunos tramos de la Interbalnearia se han urbanizado mucho, lo que ha obligado a instalar semáforos y cruces y a convertir la carretera en una arteria similar a una avenida urbana. Por otro lado, afirma que “es necesario aumentar un poco más la velocidad” en la Interbalnearia para tranquilizar a los conductores; mientras que los países vecinos han fijado sus límites de velocidad en 130 km/h en algunos tramos, el máximo en Uruguay suele ser de 90 km/h. Muy pocos tramos de carretera permiten el límite máximo nacional de 110 km/h.

En general, Metediera dijo a Dialogue Earth que estaba en contra del proyecto, citando su carácter contencioso dentro de la comunidad local, una situación que caracterizó como “un lío”.

El problema de la congestión en Uruguay, sin embargo, no es uno que vaya a desaparecer: según datos de 2022, el número de vehículos en el país había crecido más de un 60% en los 11 años anteriores; en ese año, había 2,84 millones de vehículos para 3,5 millones de uruguayos. La mejora de las carreteras, por su parte, no ha ido a la par de este aumento y se ha ceñido a dos convenciones: mantener cada carretera en dos carriles y respetar los límites de velocidad existentes.

La actitud hacia la limitación de las carreteras a solo dos carriles parece estar cambiando a raíz de la propuesta de la autopista, dijo De Souza.

“Lo otro que parece que se tuvo en cuenta es nuestra propuesta de descongestionar el tránsito a través de las vías que ya están, como ensanchar la ruta 101 y conectarla con la ruta 8, eliminar las rotondas y hacer pasos a nivel, que también fue algo que mencionamos en la carta enviada al ministro, al presidente y a las comisiones legislativas”.

Los Guardianes de las Cuencas, por su parte, dicen estar satisfechos con el resultado, pero añaden que seguirán atentos contra cualquier proyecto futuro que pueda degradar el ecosistema que tanto les ha costado construir.

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth

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