La oposición en la Cámara of Diputados le propinó en la madrugada de este jueves un durísimo revés político al gobierno de Javier Milei, al unirse para rechazar cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que disponían la disolución y reorganización de diversos organismos del Estado.

La caída de los decretos, que ahora deberán ser tratados por el Senado, se produjo en el marco de la misma sesión maratónica en la que la oposición ya había impuesto su agenda al darle media sanción a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia para el Hospital Garrahan.

Los 5 DNU que volteó Diputados

La votación en el recinto fue contundente contra las medidas de reforma del Estado impulsadas por el Poder Ejecutivo. Los decretos rechazados son:

Qué dice el DNU que transformaba el Banco de Datos Genéticos

El rechazo de este DNU por parte de la Cámara de Diputados fue celebrado por organismos de derechos humanos, que veían en la medida un intento de quitarle independencia y control a una institución fundamental para la memoria, la verdad y la justicia en Argentina.

Qué dice el DNU que disolvía el Instituto del Teatro y la CONABIP

El rechazo de este DNU por parte de la Cámara de Diputados fue celebrado por amplios sectores de la cultura, que veían en la medida un intento de quitarle independencia, presupuesto y control a instituciones fundamentales para el patrimonio histórico y la promoción artística del país.

Qué dice el DNU que disolvía Vialidad Nacional

Disolución de Vialidad Nacional (DNV)

El punto más controvertido del DNU era la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo autárquico con más de 60 años de historia.

Disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

El decreto también disponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Reorganización de la CNRT y la Junta de Transporte

Qué dice el DNU que desregulaba la Marina Mercante

Los argumentos del Gobierno

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo justificaba la necesidad y urgencia de estas medidas argumentando que la Marina Mercante Nacional se encuentra en una “evidente tendencia a su disminución y un peligro latente de su total extinción”.

A pesar de los argumentos del oficialismo, la Cámara de Diputados rechazó el DNU 340/25 por 118 votos afirmativos (en contra del decreto), 77 negativos y 8 abstenciones.

Con información de NA.

IG

El 19 de marzo de 1980, en plena dictadura militar, las Abuelas de Plaza de Mayo localizaron a Tatiana Sfiligoy, cuyos padres habían sido secuestrados-desaparecidos y que había sido adoptada de buena fe por un matrimonio tras haber sido abandonada en una plaza junto con su hermana. Fue la primera nieta recuperada.

Tatiana fue el inicio de una gesta inédita: la de un grupo de mujeres que, en medio del terror, se propuso una misión impensable entonces pero hoy admirada en todo el mundo: devolverles a sus nietos la identidad robada por el terrorismo de Estado.

Hoy, más de cuatro décadas después, esa lucha sigue viva. Este 5 de julio de 2025, las Abuelas celebraron la restitución del nieto 140, un nuevo hito en una historia que une a la ciencia, la justicia y el amor.

El nieto 140 y el poder de la genética

“¡Bienvenido, nieto 140!”, anunció Estela de Carlotto con la emoción intacta. El joven es hijo de Graciela Romero y Raúl Eugenio Metz, militantes desaparecidos. Nació en abril de 1977 en el centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca, mientras su madre estaba secuestrada y torturada.

El proceso de restitución se inició a partir de una denuncia anónima. Luego intervino la Conadi y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños. El hombre se presentó voluntariamente, dejó su muestra en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y, tras los estudios genéticos, se confirmó su identidad.

Su hermana, Adriana Metz, lo buscó durante 47 años. Mantuvo viva la memoria a través del blog “Concho de lana”, donde cada 17 de abril le escribía una carta. El día del anuncio, estuvieron juntos por primera vez.

Desde 1987, el BNDG funciona como un pilar de esta lucha. Allí se conservan las muestras genéticas de familiares de desaparecidos —principalmente abuelas, tíos, primos— y se comparan con personas que dudan de su origen.

La herramienta clave es el índice de abuelidad, una fórmula genética desarrollada por científicos argentinos y la genetista Mary-Claire King, que permite identificar nietos con una certeza superior al 99,9%, incluso cuando los padres biológicos están ausentes.

Antes de llegar al ADN, las Abuelas realizan investigaciones documentales, entrevistas psicosociales y reconstrucciones históricas con archivos civiles, médicos, judiciales y religiosos. El proceso se completa con la contención emocional de quienes inician una búsqueda vital, profunda, muchas veces dolorosa.

El BNDG, en riesgo

Pese a su importancia, el BNDG se encuentra hoy en una situación crítica. Las Abuelas denunciaron que está acéfalo, sin presupuesto, con sus decisiones delegadas a funcionarios sin formación científica. El decreto 351/25, dictado por el Gobierno de Javier Milei, modificó su estructura, lo subordinó a la Secretaría de Innovación y dejó sin resolver cuestiones clave como la compra de insumos y la firma de informes técnicos.

En respuesta al reclamo judicial de Abuelas, el Gobierno prorrogó en junio el mandato de la directora técnica, pero no resolvió los problemas estructurales. “El riesgo es altísimo. Se trata de un laboratorio que conserva muestras irreproducibles”, alertaron.

El hallazgo del nieto 140 ocurre en un contexto de desfinanciamiento de las políticas de derechos humanos. En abril, el Ministerio de Justicia suspendió pagos y ordenó auditorías sobre los fondos de organismos. Se produjeron despidos masivos en espacios clave como la ex-ESMA, que aloja el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria.

El ajuste alcanzó a pedagogos, técnicos y conservadores especializados, provocando una ola de repudios. La Justicia ordenó al Gobierno garantizar el funcionamiento de los Sitios de Memoria, como Olimpo, Orletti, Atlético y Virrey Ceballos.

La restitución del nieto 140 no es un número más: es la confirmación de que el plan sistemático de apropiación de menores existió, y que la búsqueda de identidad sigue vigente. Estela de Carlotto lo dijo con claridad: “Una vez más la verdad arrasadora vuelve a imponerse al olvido y florece la identidad”.

A sus 93 años, la histórica presidenta de Abuelas se mostró “lúcida y feliz”. Rodeada de hijos, nietos y nietas restituidas, reafirmó: “Esta restitución nos reúne para darnos fuerzas. Sigamos siendo esa parte que iluminó al mundo. Luchemos para que la verdad no se apague”.

Nietos restituidos: 140 historias, 140 vidas

La historia de las Abuelas no se cuenta solo en números, sino en rostros, nombres y relatos. Cada nieto o nieta que recupera su identidad es mucho más que un caso resuelto: es una vida reescrita, una familia reunida, una herida que empieza a cicatrizar. Son 140 historias de dolor, de búsqueda, de verdad y de justicia.

La primera fue Tatiana Sfiligoy, en 1980. Su caso marcó el inicio de una lucha inédita. Su restitución fue el primer paso en un camino que con los años sumaría otras victorias y muchas más verdades reveladas.

Le siguieron casos emblemáticos, como el de Guido Montoya Carlotto (nieto 114), hijo de Laura Carlotto, asesinada poco después de dar a luz en cautiverio. Guido, músico y pianista, fue restituido en 2014 y su aparición conmovió al país y al mundo: era el nieto de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas. Su nombre recorrió titulares internacionales y renovó la esperanza de cientos de familias.

Otro nieto con alto perfil es Horacio Pietragalla Corti (nieto 75), restituido en 2003. Fue criado por un apropiador vinculado a la represión, y su proceso de restitución fue complejo y doloroso. Con los años, transformó esa experiencia en militancia y compromiso: fue diputado nacional y secretario de Derechos Humanos de la Nación. Hoy es una de las voces más firmes en defensa de la memoria y la identidad.

También está el caso de Victoria Donda Pérez (nieta 78), hija de desaparecidos secuestrados en la ESMA. Su apropiador fue Juan Antonio Azic, miembro del grupo de tareas de ese centro clandestino. Victoria fue restituida en 2004, y desde entonces desarrolló una intensa carrera política: fue diputada nacional y titular del INADI. Su historia personal se entrelaza con su lucha pública por los derechos humanos.

Juan Cabandié (nieto 77) fue otro de los jóvenes que, tras conocer su origen, eligió transformar la verdad en acción política. Hijo de Alicia Alfonsín y Damián Cabandié, militantes asesinados por la dictadura, fue restituido en 2004. Se convirtió en legislador porteño, diputado nacional y más tarde en ministro de Ambiente. Su historia es testimonio de cómo la verdad puede no solo reparar, sino proyectar.

Con cada restitución, se reconstruye una historia familiar robada, pero también se reescribe una página de la historia nacional. Las Abuelas no solo han devuelto hijos y nietos: han devuelto el derecho a la identidad como valor colectivo y como legado de futuro.

Hoy, las Abuelas calculan que aún faltan encontrar a unos 300 nietos y nietas. Y su mensaje, como siempre, es claro y urgente: “Los nietos que faltan están entre nosotros. Necesitan acompañamiento. La búsqueda es colectiva. Y la identidad, un derecho que no caduca”.

Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, contactate con Abuelas de Plaza de Mayo: www.abuelas.org.ar

CRM/MC

Después de que Abuelas de Plaza de Mayo solicitara a la Justicia una ampliación de las medidas de protección al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que se encontraba acéfalo desde hace semanas, ya que estaban vencidos los cargos directivos y no se había llamado a concurso para cubrir los puestos vacantes, el Gobierno prorrogó el mandato de la directora general del organismo, Mariana Herrera Piñero, a través del decreto 422/2025 publicado en el Boletín Oficial.

“Hasta tanto se lleve a cabo el concurso público de oposición y antecedentes correspondiente, con el fin de no afectar el normal funcionamiento del organismo, resulta necesario prorrogar la designación de la doctora Mariana Herrera Piñero en el cargo de Directora General Técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, dice la resolución del Gobierno.

De acuerdo al decreto, el BNDG “tiene por objeto garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983”, y detalla que su organización “funcionará bajo la responsabilidad y dirección de un Director General Técnico, profesional en Bioquímica o Biología Molecular, con reconocida experiencia en Genética Forense, que será designado por el Poder Ejecutivo Nacional a través de un concurso público de oposición y antecedentes, con una duración en su cargo de cuatro años, pudiendo ser reelegido”.

El pasado 22 de mayo, por el Decreto N° 351/25 se dispuso la transformación del BNDG “en organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

El reclamo de Abuelas

El 20 de junio, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín “una ampliación de las medidas de protección al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) ante las circunstancias que afectan su buen funcionamiento y frente al Decreto N° 351/2025, que lo transformó en un organismo desconcentrado quitándole su autarquía y autonomía”.

En el reclamo, Abuelas denunció que el organismo “se encuentra acéfalo desde hace semanas, ya que están vencidos los cargos directivos y no se ha llamado a concurso para cubrir las vacancias de roles esenciales para el desarrollo de las tareas centrales para su funcionamiento: la firma de informes para comunicar resultados de entrecruzamientos de ADN, la compra de insumos, el mantenimiento y cuidado de las maquinarias, el presupuesto para viajes de extracción de muestras, las exhumaciones para completar grupos familiares, entre otras tantas tareas”.

“Hoy, el BNDG no tiene presupuesto suficiente para trabajar y funcionar, ya que se mantiene con el de 2023. Además, las decisiones del BNDG están en manos del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología- licenciado en Administración de Empresas- y del Subsecretario de Ciencia y Tecnología, licenciado en Psicología. Es decir, profesionales sin formación específica para garantizar la labor de un laboratorio de alta complejidad, que es perito oficial en causas de lesa humanidad”, sostuvieron en un comunicado.

En la presentación, solitaron a la Justicia “que intime al Gobierno para que convoquen a los concursos públicos que garanticen la idoneidad científica de las/los profesionales para cubrir las vacancias de los cargos directivos y hasta tanto suceda, disponga la prórroga del mandato de la actual directora técnica, Dra. Mariana Herrera Piñero. También que intime al Gobierno a disponer las erogaciones necesarias para el adecuado funcionamiento del BNDG”.

Asimismo, Abuelas pidió que se disponga “una medida de no innovar para resguardar las muestras biológicas y genéticas que integran el Banco Nacional de Datos Genéticos, los instrumentos, los equipamientos, el inmueble donde se almacenan y preservan las muestras y la tecnología utilizada para su resguardo y adecuado entrecruzamiento”.

“Como expresamos, lo requerido en forma cautelar encuentra sustento en las obligaciones de investigar, sancionar, juzgar las graves violaciones de derechos humanos y el deber de reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas para garantizar la no repetición de los crímenes de lesa humanidad”, señala el escrito.

“El decreto, firmado el 22 de mayo por el presidente Javier Milei, quita al BNDG la posibilidad de administrar sus propios recursos, lo que implica un entorpecimiento en su objeto y funciones: la búsqueda de nuestros nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico militar”, recordaron.

El decreto, que transformó al BNDG en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, “obstaculiza, burocratiza y ralentiza su labor. Por lo tanto, el riesgo en que se encuentra el Banco se deriva de las omisiones del Estado: por un lado, la omisión de asignar un presupuesto suficiente y adecuado para cumplir con sus objetivos y funciones y, por otro, la omisión de la designación de las autoridades del Banco”, sostuvieron antes de la ratificación de Herrera Piñero al frente del organismo.

“El BNDG es un instrumento creado en 1984 para resolver el delito de apropiación de menores durante la dictadura, y desde entonces -durante todos los gobiernos democráticos hasta este Gobierno- se había ido fortaleciendo para garantizar el derecho a la identidad y esclarecer crímenes de lesa humanidad”, explicaron. Y agregaron: “Se advierte evidente el riesgo que se deriva para el funcionamiento de cualquier organismo no contar con fondos suficientes ni autoridades que puedan dirigir la labor que se lleva adelante. En el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos, el riesgo se exalta en tanto se trata de un laboratorio de alta complejidad que es perito oficial en causas por desapariciones forzadas durante el terrorismo de Estado y almacena y resguarda muestras biológicas y genéticas irreproducibles en caso de pérdida”.

“Nuestra lucha es permanente, seguiremos buscando a nuestros nietos y nietas, víctimas de desaparición forzada; y solicitando a quienes deben dar respuesta sobre estos crímenes, para que cesen. Seguiremos trabajando por la Memoria, Verdad y Justicia, y sosteniendo los valores democráticos de nuestra querida patria”, concluye el comunicado de Abuelas.

Con información de agencias.

IG

El Senado de la Nación volvió este jueves al recinto con el objetivo de sancionar el proyecto de ley que se propone la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para potenciar la identificación de autores de todo tipo de delitos. Además, buscará aprobar los pliegos de dos camaristas federales. 

Según el plan de sesión, que se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria el martes pasado que presidió el senador libertario y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, también se sumará proyecto que declara al día 15 de noviembre de cada año como Día Nacional por la Memoria de los 44 héroes y heroína del Submarino ARA San Juan. 

El proyecto de Datos Genéticos viene de ser aprobado en la Cámara de Diputados por 146 votos positivos, 87 rechazos y ocho abstenciones, y modifica la ley 26.879 del 2013 que creó el Registro Nacional de Delitos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que disponía la obtención de muestras genéticas de agresores sexuales.

Esa normativa se originó ante la conmoción que había generado la violación y posterior asesinato de la adolescente Ángeles Rawson en el barrio porteño de Palermo, per ese registro contiene únicamente los perfiles genéticos de los responsables de delitos sexuales con condena.

Con esta modificación, se busca que el Registro Nacional de Datos Genéticos comprenda perfiles genéticos de autores de todo tipo de delitos. Además ya no haría falta que el delincuente en cuestión tenga una condena en su contra: con tan sólo la imputación penal de un adulto mayor de 18 años la Justicia puede requerir la muestra genética.

Un aspecto muy discutido en su paso por la Cámara baja, que incluso demandó un largo cuarto intermedio, tenía que ver con el ámbito en que iba a funcionar el Registro Nacional de Datos Genéticos, y la cuestión se zanjó al fijar al Ministerio de Justicia, “o el organismo que en un futuro lo reemplace”, como el área de competencia.

Otro punto es que amplía el registro es la incorporación de la huella genética (ADN de contacto), ya que antes el ADN solo se extraía a través de los fluidos, es decir, sangre, semen o saliva.

También se pondrán a votación las prórrogas de dos camaristas federales. Se trata de Jorge Eduardo Morán y y Roberto Enrique Hornos, que pidieron acuerdo para prorrogar su estadía en el Poder Judicial por cinco años más.

Los despachos de ambos juristas ya reunieron las firmas necesarias y quedaron habilitados para desembarcar en el hemiciclo. 

Morán renovaría en su rol como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, sala IV; mientras que Hornos haría lo propio como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, sala B.

Con información de agencias.

IG

El reconocido genetista Víctor Penchaszadeh y el exministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao, coincidieron en que la Ley Bases, que obtuvo media sanción de Diputados, “mantiene en riesgo” al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y que su eventual disolución, fusión o transferencia a las provincias traería “consecuencias irreparables” para las víctimas de apropiación ilegal durante la última dictadura que buscan recuperar sus identidades.

El artículo 3 de esta iniciativa del oficialismo faculta al Poder Ejecutivo a “la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades” de organismos públicos; así como su “reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El mismo apartado enumera las únicas excepciones: el Conicet, ANLIS-Malbrán, la ANMAT, el INPI, el INCAA, el ENACOM, la ARN, la CONAE, la CNA, la CONEAU, la CNV, el INCUCAI, la UIF y el INTA. 

Entre las sonoras ausencias, está el BNDG lo que generó alarma en los organismos de derechos humanos y motivó el pronunciamiento del Comité Nacional de la UCR, que reclamó públicamente a las diputadas y diputados que “garanticen la preservación” del Banco, a lo que el vocero presidencial respondió asegurando que éste “seguirá funcionando como lo viene haciendo hasta ahora” porque “no está en los planes del Gobierno tomar ninguna medida ni ninguna modificación”.

Sin certezas

“Lo dicho por el vocero presidencial de que no hay intención de modificar o disolver el BNDG, no elimina que pueda haberla en el futuro. La credibilidad de esas palabras es nula, y fueron dichas simplemente para calmar las conciencias de diputados de la ‘oposición amigable’ y conseguir sus votos”, dijo a Somos Télam Penchaszadeh que formó parte del equipo de científicos que creó el “índice de abuelidad” y hoy es miembro consultivo del BNDG.

Para este reconocido especialista y docente de posgrado de la UNTREF, ya la decisión del actual gobierno de “rebajar el estatus del BNDG haciéndolo depender de la jefatura de gabinete, ha sido un primer paso para degradar su estabilidad” en consonancia con “las expresiones políticas del gobierno de entorpecer las políticas de Memoria, Verdad y Justicia para las víctimas del terrorismo de estado”; a lo que ahora se suma este proyecto de ley en virtud del cual “el Presidente queda facultado a disolverlo cuando quiera”.

 “Yo diría que en el corto plazo ese riesgo es mínimo si se atienen a lo declarado, pero a mediano o largo plazo ese riesgo se mantiene porque está vigente la posibilidad de que a futuro otra administración decida intervenirlo. El tema que queda como un riesgo pendiente”, sostuvo, por su parte, Lino Barañao, doctor en química y ex titular del ministerio bajo cuya órbita funcionó el Banco desde 2009 hasta 2023.

Consultado sobre cómo se verían afectadas las personas que aún buscan su identidad biológica o los familiares de personas nacidas en los centros clandestinos de detención de la última dictadura que quieren encontrar a sus nietos, hijos, hermanos o sobrinos en un futuro de cierre; Penchaszadeh fue categórico en sus afirmaciones.

“En este caso, se frena la política pública desde el retorno de la democracia de considerar la apropiación de niños y la supresión de su identidad por el Estado como un delito de lesa humanidad. Esto traería consecuencias irreparables para las personas que fueron apropiadas desde la niñez y aun no se han encontrado, así como para sus familiares que los buscan. Además se violaría la legislación internacional sobre el derecho a la identidad”, remarcó.

Barañao aportó que además de verse afectado “el derecho a la identidad de este grupo de personas que está especialmente atendido por el Banco por su creación”, el organismo dejaría de cumplir otras importantes funciones vinculadas todas con derechos humanos fundamentales.

“El Banco presta servicios también a la justicia en otros casos de determinación de identidad como las personas nacidas en situación de trata de personas, bebés sustraídos al nacer (en democracia) pero además el banco es centro de referencia para otros organismos internacionales o países que buscan asesoramiento en este tema”, subrayó.

Además, el Banco tiene “una actividad académica y también de investigación”.

“Como sabemos las abuelas que están buscando sus nietos tienen una edad avanzada y eso plantea la posibilidad de que se discontinúe esta búsqueda por parte de familiares, por eso el Banco está trabajando en algoritmos que permitirían extender este servicio a generaciones futuras, es decir que permitirían saber no solo si es nieto sino bisnietos de abuelas o nietos del desaparecido, porque es un derecho que no se extingue con la actual generación”, afirmó el exfuncionario y docente universitario.

En ese sentido, Barañao explicó que “lo del BNDG no es una excepción a una política que de desfinanciamiento de la ciencia y la cultura” por parte de un gobierno en cuyo esquema “así como no hay un plan de desarrollo de productivo, tampoco hay un plan de desarrollo científico tecnológico porque ambas cosas están vinculadas”.

Una entidad de referencia mundial

Próximo a cumplir sus 37 años de vida, el BNDG fue el primero en su tipo a nivel mundial.

“No solo el Banco es pionero científico mundial de la genética aplicada a los derechos humanos, sino que a través de las recuperaciones de la identidad biológica de hasta ahora 133 personas que habían sido apropiadas por personeros de la pasada dictadura cívico-militar, se ha puesto en valor el derecho a la identidad como derecho humano fundamental, tal como lo establece la Declaración Internacional de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas y la legislación nacional e internacional que establece que la violación del derecho a la identidad por el Estado es un delito de lesa humanidad”, dijo Penchaszadeh.

De hecho, el BNDG fue referencia para los bancos de ADN de criminalística y búsqueda de personas que comenzaron a surgir en todo el mundo a mediados de la década del ‘90. 

Con la identificación de los nietos que fueron víctimas de supresión de identidad durante la dictadura como principal misión, la creación del BNDG el 1º de junio de 1987 fue consecuencia de un movimiento iniciado por las Abuelas cuatro años antes, cuando recorrieron 12 países para ponerse en contacto con los más renombrados genetistas, entre ellos Penchaszadeh.

El trabajo motivado y mancomunado dio sus frutos y en 1984 pudieron acercar una primera herramienta, el “índice de abuelidad” que se calcula no a partir de los genes propiamente dichos –como se haría después- sino de un producto de esos genes, como son los antígenos de histocompatibilidad.

Un año antes de la creación del Banco, Paula Logares –que por entonces tenía ocho años– se convirtió en la primera nieta restituida cuya filiación se comprobó a través de estudios genéticos, en ese momento, por el “índice de abuelidad”. 

Esos estudios se hacían por pedido judicial en la Unidad de Inmunología del Hospital Durand, pero pronto se vio la necesidad de facilitar el cotejo de muestras, de modo que no fuera solo uno a uno, sino que la sangre de cada presunta víctima de apropiación fuera comparada con todo el universo de familias que estaban buscando bebés robados.

Ese Banco se creó por Ley 23511 de 1987, y en 2009 se sancionó una nueva norma que dispuso el pasaje del BNDG a la órbita del Ministerio de Ciencia, como un organismo autónomo y autárquico.

Perfiles genéticos de unos 300 grupos familiares 

Cinco años después de la creación del BNDG –y también a pedido de las Abuelas–, se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), cuya misión es la búsqueda de los menores secuestrados o nacidos en cautiverio durante la última dictadura y es una de las dos instituciones –la otra es la Justicia– que puede solicitar al banco un análisis de ADN. 

Hoy en día el BNDG incluye los perfiles genéticos de unos 300 grupos familiares y un promedio de 100 personas por mes acuden a hacerse un análisis de ADN para ser cotejado con su base de datos.

Actualmente, todas las muestras que ingresan se les hace un perfil genético completo según las técnicas más avanzadas para determinar filiación en ausencia de los padres o con grupos familiares incompletos, con un porcentaje de certeza del 99,99999 %.

“Las 133 personas que recuperaron su identidad genética son solo una parte de los estimados 400 niños nacidos en cautiverio de madres desaparecidas por la dictadura y que aún faltan encontrar. Por todo lo mencionado es fundamental para los objetivos que aún faltan cumplir, que el BNDG se mantenga activo, con el presupuesto adecuado y la estabilidad de su personal”, concluyó Penchaszadeh.

Fuente: somostelam.com.ar

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