El Gobierno de Javier Milei avanza en la redacción de un nuevo Código Penal que propone una reconfiguración del sistema punitivo argentino para “terminar con la impunidad”. El mismo se confeccionó con la intención de generar cambios en la legislación penal que pongan fin a lo que describen como “una tomada de pelo a toda la sociedad”. 

En este sentido, la iniciativa propone cerrar la “puerta giratoria” que permite que personas condenadas “sigan delinquiendo una y otra vez”.

Entre otras modificaciones, la propuesta gubernamental endurece penas en un amplio abanico de delitos, elimina la prescripción en casos considerados especialmente graves y restringe los beneficios que hoy permiten reducciones o morigeraciones de condena.

Los puntos principales del anteproyecto

El Ejecutivo propone elevar mínimos y máximos en una amplia lista de delitos. “La pena de los delitos tiene que ser acorde al daño causado”, fundamenta el texto.

Entre los casos más relevantes, el homicidio simple subiría de 8–25 años a “una sanción de 10 a 30 años”, mientras que el homicidio agravado, ya con pena de prisión perpetua, incorpora nuevos supuestos, como cuando la víctima sea el Presidente o ministros, menores de 16 o mayores de 65, o hechos cometidos “en un lugar de concurrencia masiva mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas”.

El endurecimiento también alcanza a delitos como lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y uso de imágenes de explotación sexual infantil. En este último caso, la pena pasaría de 3–6 años a “3 a 12 años”, con agravantes que elevan el mínimo a 4. Para la posesión con fines de distribución, la pena se ubica en “4 a 12 años de prisión”.

El capítulo sobre robos incorpora figuras específicas para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” y la apropiación de dispositivos electrónicos. El robo simple, por ejemplo, aumenta de 1 mes–6 años a “3 a 8 años de prisión cuando se comete con fuerza en las cosas”, y a “3 a 10 años cuando se comete con violencia sobre las personas”.

Imprescriptibilidad de delitos graves

Una de las modificaciones más profundas es la eliminación de la prescripción para un conjunto amplio de conductas. El documento afirma que el castigo de delitos graves “no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”.

No prescribirán, entre otros, los homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico. “Independientemente de cuánto tiempo haya pasado, la Justicia va a poder investigar y responsabilizar al autor”, remarca el texto.

Prisión efectiva y restricciones a beneficios

El proyecto eleva mínimos penales para que una gran mayoría de delitos implique cumplimiento efectivo. Según el cálculo del Ejecutivo, “el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva”.

Además, amplía la lista de delitos que ya no podrán obtener condena condicional, entre ellos “robos especialmente agravados” y la portación ilegal de armas.

La reforma también limita la liberación anticipada. Quedarán excluidos quienes tengan condenas por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios.

“Si entraste varias veces a prisión no se te puede liberar anticipadamente, porque claramente no aprendiste nada”, sostiene el documento al justificar la exclusión también de reincidentes.

Ejecución de la pena y otras reformas

Otro punto clave es que las condenas comenzarán a ejecutarse cuando el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, evitando la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema.

También se establece que las condenas perpetuas “no tendrán límite temporal”, y que los funcionarios condenados por cualquier delito perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio.

El proyecto “robustece el marco de la legítima defensa” y amplía la participación de las víctimas en decisiones que puedan afectarlas, como la concesión de beneficios penitenciarios. Las modificaciones, dice el texto, buscan dejar en evidencia “la relevancia de la víctima en el proceso”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Cualquier foto de una persona subida a redes sociales puede ser usada por un sistema de reconocimiento facial privado que adquirió recientemente el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires. El hecho despertó críticas de expertos en informática y asociaciones civiles, que denuncian la vulnerabilidad de datos personales sensibles.

El software bajo la lupa es propiedad de la compañía Clearview AI, que tuvo varios casos escandalosos en América del Norte y Europa –incluso con multas y penalidades de las autoridades gubernamentales–. Tras una licitación por U$S 27.588 durante 12 meses, el sistema ya está en utilización por parte del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del organismo del Poder Judicial porteño que conduce Juan Bautista Mahiques, según supo elDiarioAR a partir del análisis de documentos públicos y conversaciones con fuentes oficiales y ONGs.

El reconocimiento facial es un sistema que despierta inquietudes y preocupaciones por la utilización en ámbitos judiciales y de seguridad para la prevención de delitos o su posterior penalización. El punto que critican especialistas informáticos es que dichos softwares –supuestamente para ayudar al Estado a cotejar las imágenes de los sospechosos o imputados– utilizan bases de datos que violan la privacidad de las personas. Y eso, según los expertos, ocurre por la falta de controles gubernamentales.

Clearview en el país

Clearview fue fundada en 2017 por Hoan Ton-That y Richard Schwartz y, según su sitio web, tiene una base de más de 60 mil millones de imágenes facialmente identificables. Al ámbito porteño llegó meses atrás a partir de una licitación que se abrió el 11 de mayo pasado pero con la aclaración de que el distribuidor oficial y exclusivo del software es la empresa VEC S.R.L., una firma que ya tiene una decena de contratos con distintos ámbitos estatales. En agosto pasado también el municipio de Berazategui adquirió el software. La sospecha de los expertos es que el sistema desembarcó en el mercado local porque ya está penalizado en Europa y América del Norte.

Clearview AI estuvo bajo la lupa en países como Canadá, Estados Unidos, Italia y Países Bajos. Por mencionar algunos ejemplos, la Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos (conocida por sus siglas DPA) sancionó a Clearview AI en septiembre de 2024 con una multa de 30,5 millones de euros (aproximadamente USD 33,7 millones) por haber construido una base de datos “ilegal” con más de 30 mil millones de fotografías faciales sin consentimiento, violando la reglamentación de la Junta Europea de Protección de Datos.

Este organismo europeo, a su vez, emitió años atrás un informe en el que advirtió que el uso de Clearview AI por parte de la autoridad policial continental –conocida como Europol– “presenta riesgos elevados desde la perspectiva del cumplimiento normativo”. En 2021 aconsejó “no emplear ni promover la herramienta”, y enfatizó la necesidad de un enfoque mucho más estricto en la selección y evaluación de tecnologías externas que puedan involucrar datos personales sensibles.

En la licitación del Ministerio Público Fiscal porteño se lee que “CLEARVIEW PRO es una herramienta de reconocimiento facial que combina la inteligencia artificial con un potente motor de búsqueda en fuentes abiertas. Su tecnología permite cotejar una fotografía con una base de datos que contiene millones de imágenes provenientes de páginas web, fichas policiales, redes sociales públicas y otras bases de datos provenientes de fuentes abiertas”. Y se agrega: “...la solución ofrece recursos simplificados que agrupan imágenes vinculadas entre sí, creando perfiles detallados que pueden descargarse para futuras investigaciones o tareas asociadas. En este sentido, su capacidad de archivo es complementaria al sistema integrado de búsquedas referenciadas”.

elDiarioAR consultó al Ministerio Público Fiscal y la respuesta formal que recogió destaca que “se ha contratado por un período de 12 meses una de las herramientas que ofrece el mercado para agilizar el trabajo humano para rastrear en fuentes abiertas”. Voceros del organismo que conduce Mahiques se limitaron a agregar sobre Clearview: “La utilización no es con fines preventivos ni para tareas de inteligencia, sino que sólo se puede utilizar en el marco de una investigación penal bajo el estricto pedido de un Fiscal. Lo que la herramienta ofrece es acortar pasos para rastrear en imágenes públicas de internet, es decir que las imágenes ya fueron compartidas previamente por otro usuario y están disponibles de manera online”.

La magnitud de la base de datos y el uso “cerrado” que hace el software de esas imágenes son algunas de las preocupaciones de los expertos. “La empresa se apropia de las imágenes que están en internet como si fuera una base de datos propia. Se dice que son imágenes ya compartidas, pero uno no sube fotos a sus redes para que se utilicen en una base para comparar con posibles delincuentes”, advirtió Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS. “El problema de fondo es la adopción de tecnología sin ningún tipo de salvaguarda, con el agregado que acá hay antecedentes públicos sobre las complicaciones de este sistema. Si la decisión del Ministerio Público es contratarla igual, deberían explicar por qué. Son tecnologías muy intrusivas que afectan derechos”.

“El principio general para el tratamiento de datos personales es el consentimiento de la persona. El problema es que Clearview trata los datos de todo el mundo”, alertó Tomas Pomar, abogado y referente del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA).

El problema es que el software es privativo, el Estado no sabe cómo funciona el proceso

“El software tiene una estructura que se llama scraper, que es un robot digital que todo el tiempo hace una tarea sencilla: da vuelta por redes sociales y por internet en general reconociendo figuras antropométricas para buscar información de contexto. No es que visita Facebook o Instagram, sino que ya tiene esas bases de datos dentro de su sistema”, explicó Pomar. Esa base es la que se usa para cotejar una imagen de un sospechoso de un delito que no es identificable de manera fehaciente. 

“El problema es que el software es privativo, el Estado no sabe cómo funciona el proceso. Además, la investigación puede quedar a merced del sistema y señalar a alguien incorrecto”, subrayó Pomar. “Se aumenta la posibilidad de que haya falsos positivos. Clearview es un saqueo de todas las imágenes en el mundo digital: hay un problema de privacidad enorme”, complementó Trufó.

El CELS y ODIA tienen abierta aún una causa contra el uso del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) implementado por el Gobierno porteño. La Cámara de Apelaciones de la Ciudad confirmó la inconstitucionalidad del sistema porque se gestionó por fuera de la norma que lo regula y sin mecanismos de control.

El caso de Clearview alertó también a la red global conocida como INCLO (International Network of Civil Liberties Organizations, en inglés), que redactó una serie de principios para regular, restringir o incluso prohibir los sistemas de reconocimiento facial. Algunos de estos principios destacan que debería haber una ley que reglamente el uso de estos software, los procesos de adquisición deberían contar con evaluaciones de impacto tecnológico y que siempre haya un control externo. Ninguno de esos tres ítems se habrían cumplido, según los expertos, en la adquisición de Clearview por parte del Ministerio Público de la Ciudad.

MC

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó este miércoles que el Gobierno debate la edad tope para avanzar en la baja de imputabilidad, y que la discusión gira en torno a si se establece como límite “los 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil”. 

Según precisó la funcionaria nacional, los ministerios de Seguridad y de Justicia analizan “cómo ha impactado eso en la población”, respecto a los países que redujeron la imputabilidad, y reafirmaron que “en los delitos gravísimos, como un asesinato, tiene que haber imputabilidad”.

“Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores, pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”, puntualizó al respecto.

En línea con lo expuesto por su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, Bullrich aclaró que hay convenios internacionales que establecen “un tope” en las penas, y la Argentina adhiere en su Constitución. 

Asimismo, planteó como posibilidad imitar la “teoría de las ventanas rotas” en los Estados Unidos: “Tenían un tratamiento especial cuando alguien comenzaba con un delito menor, para que no vuelva a delinquir. Eso en su momento fue muy exitoso, luego eso se ablandó y volvió el delito menor en Nueva York”, detalló la funcionaria.

“En los delitos gravísimos como asesinatos tiene que haber imputabilidad si hay conciencia del menor. Si se baja la edad para delitos menores ayuda a que no sigan en esa carrera. Argentina tiene acuerdos firmados con carácter supranacional por los que la pena mayor para un menor es de 25 años. Tenemos a Guille Canteros con pena de 113 años más la de ayer, que le puede sumar más. Hay convenios internacionales que nos pone topes. Estamos ordenando”, concluyó.

Con información de agencias.

IG