Pablo había matcheado con “Dante” a través de Grindr, la aplicación para gestionar encuentros sexuales y/o románticos entre varones. Pero lo que se suponía iba a ser una cita terminó convirtiéndose en una madrugada de horror y supervivencia: Dante, que no se llamaba así, llegó a su casa en Maipú y avenida Corrientes, en el barrio porteño de San Nicolás, con otra persona. Le insistieron a Pablo para que tomara un trago de una botella que habían llevado, él se resistió y lo intentaron matar ahorcándolo. Fue el 4 de septiembre de 2022. Pablo D’ Elía, que es actor y músico, pudo escapar del ataque y decidió hacer pública su historia. Mostró imágenes de sus atacantes y, también, denunció ante las autoridades judiciales. Así supo que no había sido el único engañado y que se trataba de una banda que se aprovechaba de varones gays y luego actuaba con saña y odio contra ellos, sus pertenencias y sus viviendas. 

Después de dos años de un proceso judicial que tuvo sus reveses, el último 30 de diciembre el juez Javier Esteban de la Fuente, del Tribunal Oral Criminal 27, aceptó el acuerdo de juicio abreviado y condenó a dos hombres de 29 años: Leandro Reynoso a la pena de 12 años y 3 meses de prisión; y a Enzo Bustamante a la pena de 2 años de prisión en suspenso, por considerarlos culpables de atacar y robar en sus domicilios de Ciudad de Buenos Aires a 5 hombres entre mayo y septiembre de 2022. Si bien son 5 episodios de características similares los que se lograron ratificar en la sentencia, durante la investigación la fiscalía que intervino pudo constatar que, al menos, 30 hombres fueron atacados por Reynoso con la misma modalidad durante ese año.

Los delitos por los que recibieron este castigo van desde robo, en concurso real con defraudación informática, pasando robo simple, hasta llegar a robo con armas en concurso ideal con lesiones leves agravadas por su comisión por alevosía y por odio a la identidad sexual de su víctima en concurso real con defraudación informática.

La difusión de la historia de Pablo desmontó un modus operandi: después de conectar a través de la app, los atacantes llegaban a las casas de sus víctimas donde ofrecían siempre preparar una bebida alcohólica, aprovechando un momento de distracción para colocar algún tipo de sustancia con efectos somníferos (como, por ejemplo, Benzodiacepina) en forma subrepticia. 

Las víctimas solo necesitaban beber un vaso para perder el conocimiento, incluso —en algunos casos— el efecto y la sensación de mareo les duró hasta dos días. Además, algunas víctimas, según consta en el fallo al que tuvo acceso elDiarioAR, fueron agredidas mediante ahorcamiento a mano, golpes, cortes, puñaladas o amenazadas con armas. Les robaban bienes y en algunos casos defraudaban a los damnificados, ya sea transfiriéndose las sumas de dinero que tuviesen bancarizadas o en el sistema financiero, o solicitando préstamos a nombre de ellos y una vez acreditados retirando los montos hacia su billetera electrónica o cuenta bancaria. 

“Al menos una vez por mes me escribían una o dos personas para contarme historias similares”, dice Pablo a elDiarioAR, tras conocer la resolución judicia. Durante varios meses, cuando lo contactaban otros varones anotaba número de causa, fiscalía interviniente y así fue armando el caso que llegó a una condena emblemática en las últimas semanas. Él, junto a su abogada Luciana Sánchez, fueron quienes empujaron la investigación. Lograron que distintos órganos especializados del Ministerio Público Fiscal se involucraran en la investigación: Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal (UFECRI), la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) y Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

“Hubo justicia en relación a la cantidad de años, al reconocimiento de la selección de las víctimas y a la visibilidad de este tipo de crímenes pero por otro lado en mi caso hubo riesgo de vida en mi causa y eso no fue valorado. Como a mi no me llegaron a robar, la justicia se preocupa más por la propiedad privada que por la vida de las personas”, explica. 

Al inicio de la investigación, desde el sesgo y el prejuicio, los efectores judiciales le preguntaron a Pablo si las lesiones que presentaba eran por un “juego sexual”. Mientras que los agresores Reynoso y Bustamante declararon que se habían “defendido de un ataque sexual por parte de Pablo” y eso les permitió recuperar la libertad. Así, Reynoso siguió atacando y recién fue detenido en diciembre de 2022, en la provincia de La Rioja, en flagrancia cuando escapaba después de agredir junto a una coautora, a un hombre que había conocido en Grindr hacía pocos días. El hombre atacado en La Rioja se contactó con Pablo, lo que permitió, finalmente, vincular a Reynoso con las causas en trámite en Ciudad de Buenos Aires y pedir nuevamente su detención por estos hechos. 

Mucho más que viudos negros: criminales de odio

“No sé a cuantos putos robe ya. Jaja. Más de 30”, dice uno de los condenados, en un audio que fue una prueba clave para lograr la condena. En esas conversaciones también narra su accionar: “empiezo a darle, a mensajear de nuevo, con los putos, quien se regala que necesito plata, asique capaz caigo a la noche”.

Como señala la sentencia, a diferencia de los episodios conocidos en la jerga policial bajo la modalidad “viudas/os negras/os”, donde los ladrones narcotizan a las víctimas para robar sus domicilios, Reynoso y sus coautores, luego de drogarlos, atacaban a algunos hombres, los lesionaban físicamente, y vandalizaban sus pertenencias y domicilios más allá de la violencia necesaria para el robo.

El juez Javier Esteban de la Fuente destacó que uno de los hombres atacados “notó que los cortes del abdomen formaban un ”Ta-Te-Ti“. ”La agresión física no tiene ninguna otra explicación en el caso, puesto que no era necesaria para concretar la sustracción, debido al estado en que se encontraba la víctima“, escribió el magistrado. Es por eso que consideró estas lesiones ”agravadas por odio a la identidad sexual de la víctima“, como un hecho delictivo en sí mismo, independiente del robo y defraudación.

A su vez, la UFEM, en su informe destacó también que los hombres testificaron que Reynoso había dañado su propiedad y vandalizado sus domicilios, enfocándose en destruir –no únicamente en sustraer– objetos que podían tener un valor económico, pero asimismo otros que de algún modo exponían su orientación homosexual en la escena: determinada medicación, objetos, símbolos, preservativos. 

Fernando Albornoz es Secretario Nacional de Salud Mental y Consumos en la Federación Argentina LGBT.  “Se usan las aplicaciones para cazar a las personas LGBT. En este momento estamos acompañando tres casos de esta modalidad en Santiago del Estero y Buenos Aires”, dice con contundencia. 

El acompañamiento de la Federación es a través del área de Diversidad de la Defensoría LGBT, que está ubicada en Avenida Belgrano 673, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también pueden escribirles por correo a defensoria@lgbt.org.ar 

“Venimos llevando varios casos de esta modalidad  en los que asesoramos a las víctimas. Nos contactamos con las familias y los juzgados y presentamos estos casos dentro del informe anual de crímenes de odio que hacemos desde el Observatorio”, cuenta Albornoz. 

Desde la Federación y la Defensoría hace tiempo que vienen reclamando a las apps instancias de diálogo donde puedan incorporar mecanismos de seguridad y mayor transparencia para evitar estos crímenes. “Intentamos varias veces contactarnos con las aplicaciones, especialmente Grindr y Tinder, que no tienen sede en la Argentina, pero fue sin éxito. Tenemos una plataforma de un protocolo que habría que trabajar con ellas”, explica Albornoz.

Pablo sobrevivió al ataque y logró visibilizar la problemática pero esta modalidad criminal ya tiene en Argentina víctimas fatales. Lautaro Castillo Retamales tenía 34 años.  El 28 de septiembre de 2023, su madre, preocupada porque no le contestaba ni lo veía, lo encontró en su casa de Florencio Varela , desnudo, atado de pies y manos. Los hombres que lo mataron lo habían contactado por Grindr. Su familia y afectos todavía reclaman justicia. 

El juez Edmundo Rabbione aceptó el pedido de Sofía Castro Riglos para que sea querellante de su pareja Andrea Amarante, la mujer lesbiana que fue asesinada junto a Pamela Cobbas y Roxana Figueroa en la masacre de Barracas.

Sofía había solicitado que Rabbione sea recusado porque la revictimizaba y por “no haber cumplido con la debida diligencia reforzada para casos de violencia hacia las mujeres y personas integrantes del colectivo LGBTIQ+”.

A su vez, presentó este pedido porque Rabbione no consideró la masacre como un crimen de odio, no aplicó la perspectiva de género y no preservó pruebas claves para la investigación.

De acuerdo a la resolución, la Sala siete de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó al juez luego de alegar que los motivos planteados por la sobreviviente “no se encuentran entre los taxativamente enumerados en el art. 55” del código procesal…“, ”más allá de la razón o no que le pudiera asistir a la acusadora particular respecto de la pertinencia de la producción de algunas medidas probatorias…“ que Sofía había solicitado.

Tras la determinación del tribunal, Rabbione dio lugar a los fundamentos manifestados por Castro Riglos y la reconoció como querellante de su novia Andrea Amarante.

El próximo lunes 30 de diciembre se realizará una audiencia virtual en la que se brindarán detalles ante Rabbione contra su decisión de unificar las querellas, otro fallo que Sofía criticó porque según ella el magistrado tomó sin tener en cuenta los derechos de las damnificadas, y que impide su lucha para que el ataque se reconozca como lesbicidio.

El 6 de mayo pasado, Justo Fernando Barrientos, un vecino de las cuatro mujeres lesbianas en el hotel Canarias, situado en la calle Olavarría 1621, lanzó una bomba molotov a la casa en la que convivían Andrea, Sofía, Roxana y Pamela y mató a tres de ellas.

Barrientos se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario número uno de Ezeiza. En tanto, Sofía está en Casa Andrea, un hogar transfeminista inaugurado hace poco más de un mes donde viven varias mujeres.

MM con información de la agencia NA.

Luego de dos semanas de debate, finalizaron las audiencias por el homicidio de Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido en 2021, y la sentencia se conocerá el 30 de agosto. Tanto la fiscalía como la querella pidieron la pena de reclusión perpetua para Luis Alberto Ramos por considerarlo coautor del homicidio agravado por odio a la identidad de género. Si bien no se encontró el cuerpo, las pruebas indican que fue asesinado en la casa de Ramos, donde también estaba el otro acusado, Oscar Montes. Además, la parte acusadora considera que está comprobado el agravante ya que hay testimonios que confirman que Ramos consideraba que Tehuel  “era un desperdicio de mujer por haberse convertido en hombre”. También se pidieron medidas reparatorias para el colectivo travesti trans tendientes a subsanar la vulnerabilidad que padecen. 

Un mes después de finalizadas las audiencias, el Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Plata, integrado por Claudio Joaquín Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo, dará a conocer su veredicto. Durante el proceso declararon alrededor de 60 personas, entre peritos, familiares, amigos y compañeros de militancia de Tehuel y de Ramos, que participaban del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Los testimonios se suman a una gran cantidad de pruebas que indican que Tehuel fue asesinado entre la noche del 11 de marzo de 2021 y la madrugada del 12 en la casa de Ramos, donde también estaba Oscar Montes, el otro acusado que pidió ser juzgado por un tribunal popular en un proceso distinto. Algunas de los elementos más comprometedores tienen que ver con una mancha de sangre en la pared de la casa, una foto de ambos con Tehuel en el teléfono que fue tomada la noche de su desaparición, registros de telefonía celular y rastros de ropa de Tehuel quemada, igual que su celular, que fueron encontrados cerca de la casa.

Tanto la fiscalía como la querella sostienen que está acreditado el agravante por odio a la identidad de género. Esto se vio sobre todo en los testimonios de exparejas y de compañeros y compañeras de militancia de Ramos. Una de las integrantes de la organización contó que Ramos consideraba que Tehuel  “era un desperdicio de mujer por haberse convertido en hombre”. Algo similar relataron otros testigos que coincidieron en que lo llamaba “chico chica”. Relatos que  demuestran que negaba su identidad de género. 

Según la fiscalía, a cargo de Juan Pablo Caniggia, existía una relación de asimetría entre ambos. Ramos era su referente y quién le conseguía changas en un contexto complejo en el que la identidad de género de Tehuel era un impedimento para conseguir trabajo. Según indicaron la madre y la novia del joven de 21 años, “no lo querían tomar porque era un chico trans. Decían que se podía arrepentir y quedar embarazada”. 

El abogado querellante Cristián Ariel González sostiene que la estrategia de Ramos fue simular un respaldo económico para lograr su confianza. “Tehuel era un chico que tenía que ir boyando de casa en casa porque no encontraba su lugar y él simulaba comprenderlo. Los peritos sostuvieron que era un posicionamiento estratégico y que nunca lo consideró como un hombre, que había falta de afecto”, le dijo el letrado a elDiarioAr. En ese sentido también se expresó el fiscal Caniggia, que durante los alegatos indicó que “Tehuel fue víctima de la cisnorma. Estaba luchando por ser reconocido, y quedó expuesto a lobos donde se le fue la vida”.

Una de las particularidades de este juicio es la ausencia del cuerpo de la víctima, argumento en el que se basa la defensa de Ramos para pedir la absolución. Según la abogada Natalia Argenti, las pruebas no permiten confirmar el asesinato de Tehuel. “¿Ramos es tan genio que se deshace de un cadáver y del arma pero deja toda la evidencia en la casa para que la vengan a buscar?”, se preguntó durante su discurso final. En cambio, para la parte acusadora este punto demuestra el odio por la identidad de género.  “Una característica de los delitos de odio es el ensañamiento con el cuerpo de la víctima, lo toman como si fuese un segundo rehén y acá nunca dijeron dónde está”, explicó González.

“En el caso Diana Sacayán, las lesiones  estaban destinadas a cualquier punto que denotara una feminidad como el rostro y los pechos. En el caso de Tehuel no tenemos el cuerpo que es la negación máxima de la existencia, que se construye con todas estas negaciones de identidad. El no decir dónde está el cuerpo provoca un daño perpetuo. Al transhomicida no le alcanza con negarle la identidad, con matarlo, sino que se tiene que enseñar con el cuerpo y provocar un sufrimiento más, es como un castigo ejemplificativo el cual extiende el daño a toda la comunidad”, agregó el letrado.

La fiscalía también pidió medidas reparatorias para la comunidad travesti trans como la implementación de un protocolo de búsqueda para personas trans, teniendo en cuenta que Tehuel fue buscado como mujer y no como varón trans.  “Entendemos también que esta condena no va a traer sólo justicia para Tehuel y su familia, sino que va a mandar un mensaje claro a nuestra sociedad, que no va a tolerar la violencia y discriminación a las personas travesti trans”, dijo Caniggia. Además, a pedido de las organizaciones sociales que se movilizaron a los tribunales durante todo el proceso, se pidió la implementación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. “Esto pasó porque el cupo laboral trans no penetra en los barrios”, expresaron. Con respecto a Montes, el otro acusado, aún no hay fecha de inicio pero está confirmado que será con un jurado popular como pidió. Desde la querella anticiparon que pedirán que el tribunal de 12 personas esté integrado también por cuatro trans.

Un juicio en ausencia del cuerpo y una pregunta que repitieron la fiscalía y la querella durante el alegato: “¿Dónde está Tehuel?”

CDB/MG

En la primera semana del juicio por el homicidio de Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido hace tres años, los peritos de la Policía Bonaerense confirmaron que hallaron ropa de él en la casa de uno de los acusados, Luis Alberto Ramos, y que la última conexión del celular fue en ese lugar. También declararon la madre y la novia de Tehuel, que expusieron las dificultades que tenía para conseguir trabajo por ser un varón trans. Además, se sumaron testimonios que dan cuenta del desprecio del acusado hacia Tehuel por su identidad de género, a quién llamaba “el chico chica”.

Desde el lunes, el Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Plata, integrado por Claudio Joaquín Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo, lleva adelante las audiencias por el “homicidio agravado por odio de género” contra Luis Alberto Ramos, el hombre al que Tehuel fue a visitar el 11 de marzo de 2021 en Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires, tras una oferta laboral para trabajar como mozo por una noche. Una de las audiencias relevantes fue la del jueves, en la que investigadores  de la Policía Bonaerense confirmaron una gran cantidad de pruebas contra Ramos. El perito policial Federico Di Luca analizó la geolocalización de los teléfonos y confirmó que el último lugar en que se registró actividad en el celular de Tehuel fue en la casa del acusado, en la calle Mansilla.

Otros policías de la Departamental de Investigaciones (DDI) contaron que reconocieron retazos de la campera azul de Tehuel, que estaba quemada, en el mismo lugar. Además, encontraron su celular, que si bien estaba destruído, se pudo recuperar el código IMEI y acceder a las últimas llamadas, en las que figuran conversaciones con Ramos el día de su desaparición. También corroboraron que encontraron manchas de sangre en la pared y en un colchón del detenido. “Hay pruebas muy contundentes para demostrar el homicidio”, le dijo a elDiarioAR Cristián Ariel González, abogado que representa a la mamá de Tehuel, Norma Nahuelcurá. Tanto la querella como la fiscalía a cargo de Juan Pablo Caniggia sostienen la hipótesis del homicidio aunque no se puede determinar qué hicieron con el cuerpo del joven. El padre de Tehuel, Andrés de la Torre, no participa del proceso porque sigue buscando a su hijo con vida.

También declararon familiares de Montes. Una de sus primas contó que los días posteriores a la desaparición, Ramos fue hasta su casa en Dock Sud y se quedó dos días. Además, explicó que la amenazó con una cuchilla cuando la policía lo fue a buscar al lugar. Por otra parte, la esposa del tío de Ramos declaró que le robó psicofármacos para consumo propio. 

Además, fue citada a declarar una pareja de Ramos durante esos días, que fue detenida durante la audiencia por falso testimonio. Ella contó que no sabía nada sobre Tehuel, afirmaciones que se desmoronaron cuando la fiscalía presentó las desgrabaciones de las conversaciones de WhatsApp. Fue la mujer quién afirmó que Ramos se refería a Tehuel como “chico chica”. Algo que confirmaron otros testigos. “Entiendo que el tribunal tiene elementos suficientes como para determinar el odio. Todos los testigos dijeron que cuando hablaba de Tehuel, Ramos lo mencionaba como el ‘chico-chica’”, agregó González en referencia al agravante hacia el odio de género. 

Otra expareja de Ramos afirmó que le tenía bronca. Ante la repregunta de la Fiscalía sostuvo que no lo toleraba, no solo a él sino a cualquier persona que no fuera hetero cis, no soportaba los vínculos entre el mismo sexo ni a identidades diversas. “Si fuera el caso de una mujer diríamos que son micromachismos,  acá tenemos una micro transfobia. Le niega la identidad al llamarlo ‘chico-chica’ porque Tehuel es Tehuel. Se va perpetuando esto de que no es una masculinidad trans, es una chica chico para él, eso se lo decía a todas las personas”, agregó el abogado. Ramos también tiene una condena por homicidio, varias denuncias de acoso sexual y una de abuso sexual.

Durante la primera audiencia se escucharon los testimonios de la madre de Tehuel, Norma Nahuelcurá, y de la novia, Michelle, que pusieron en contexto la situación económica y laboral del joven de 21 años por su identidad de género. Era changarín y tenía trabajos informales: cortaba pasto, podaba árboles, o vendía mercadería  o “bolitas” de masa frita en su barrio y en la Laguna de San Vicente. “Si no vendíamos, no comíamos. Era así. No lo querían tomar porque era un chico trans. Decían que se podía arrepentir y quedar embarazada”, expuso la novia en el juicio según consignó la Agencia Presentes. 

La vulnerabilidad por ser una persona trans es uno de los ejes que la querella pide que el tribunal tome en cuenta. También que se consideren las falencias iniciales de la investigación. Recién al cuarto día Michelle pudo hacer la denuncia porque en la comisaría se lo impidieron por ser menor de edad, tenía 17 años. Y por otra parte, indicaron que no hay protocolos claros a nivel provincial sobre búsqueda de personas travestis y trans. Durante los primeros días, Tehuel fue buscado como una mujer. 

La semana que viene continúan las audiencias con más testimoniales de vecinos y allegados de Tehuel y Ramos. El otro detenido, Oscar Montes, no participa de este proceso porque pidió ser juzgado por un tribunal popular y aún no hay fecha de inicio. 

CDB/MG

El Juzgado Criminal y Correccional N°14, a cargo del magistrado Edmundo Rabbione, dictó la prisión preventiva para el acusado por el triple crimen de Barracas, hecho que no fue considerado como ataque de odio.

Justo Barrientos, vecino de cuarto de las víctimas en el hotel familiar, prendió fuego el 5 de mayo pasado la habitación donde estaban alojadas las cuatro mujeres. Por el incendio murieron Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, mientras que Sofía Castro Riglos sufrió graves quemaduras.

El sujeto fue procesado por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y peligro común”. Sin embargo, no se aplicó el agravante que figura en el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal, el cual sostiene que el “crimen de odio” y tampoco se consideró violencia de género.

La calificación de un expediente, desde ya, es siempre provisoria: puede cambiar con nuevas pruebas o las decisiones que tome la Cámara de Apelaciones al analizar el caso. Si Barrientos es hallado culpable, recibirá una pena de prisión perpetua.

Por los daños a la sobreviviente, de 49 años, Barrientos fue imputado por “lesiones”. “No son lesiones nada más. Le arrojaron un artefacto explosivo, sus compañeras murieron. Hubo una clara intención de querer matar a las cuatro”, explicó Gabriela Conder, querellante de la causa.

Pamela fue la primera morir. Falleció al día siguiente del incendio en el Instituto del Quemado. Luego Mercedes Roxana perdió la vida con el 90 por ciento de su cuerpo herido por el fuego dos días después, internada en el mismo lugar. Andrea Amarante falleció tras cinco días de agonía.

La tercera víctima, de 42 años oriunda de un barrio periférico de la capital de Neuquén, ex trabajadora de la salud- murió en el hospital Penna, a donde fue trasladada tras el hecho.

En tanto, Sofía Castro Riglos que fue dada de alta hace un par de días y salió del Hospital del Quemado.

MM con información de la agencia NA.

Con banderas y carteles, un centenar de personas se reunió esta tarde en Plaza Colombia, en el barrio porteño de Barracas, para pedir justicia por las víctimas del lesbicidio ocurrido el pasado 6 de mayo durante la madrugada por el que murieron Andrea Amarante, de 42 años: Pamela Cobas, de 52 años; y Roxana Figueroa de la misma edad, en tanto Sofía Castro Riglos, de 49, permanece internada en el Hospital del Quemado con lesiones leves.

Por el hecho fue detenido Justo Fernando Barrientos, el hombre que arrojó combustible y prendió fuego la habitación en la que vivían las víctimas. Todavía no fue indagado y se espera que el juez a cargo de la causa, Edmundo Rabbione, determine si es imputable o no.

“El crimen de odio fue por ser lesbianas, y por las condiciones precarias de vivienda. Con la promoción de discursos de odio y de sus políticas contra el acceso a la vivienda, el Estado es responsable”, dijeron desde el colectivo Ni Una Menos en sus redes sociales y agregaron: “Llamamos al fortalecimiento de la comunidad y al acompañamiento como forma de resistencia contra la violencia política y simbólica”. Además, aclararon que se trata de una “convocatoria federal y plurinacional”, por lo que incentivaron concentraciones en todo el país.

“La palabra lesbicidio no está registrada en el diccionario”, la respuesta de Adorni al crimen de odio

El vocero presidencial, Manuel Adorni, rechazó el ataque ocurrido en Barracas pero descartó encuadrarlo como “un atentado a determinado colectivo”. Durante la tarde ratificó esta postura al responderle a la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá en la red social X.

“Todo mi repudio a las declaraciones de @madorni. Hablamos de lesbicidio porque es un crimen de odio contra la comunidad LGBT y agravado por el ajuste y el recorte en presupuesto de genero que empeora las condiciones de vida de las disidencias”, escribió ella a lo que él respondió con una captura de pantalla de una búsqueda en la RAE sobre la palabra lesbicidio cuyo resultado dice: “La palabra lesbicidio no está registrada en el diccionario”.

MM

El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló tras la muerte de Andrea Amarante, la tercera de las mujeres fallecidas tras el ataque de Justo Fernando Barrientos, por su condición de lesbianas, en el barrio porteño de Barracas.

“No me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo”, planteó el funcionario nacional en conferencia de prensa.

Sus dichos hacen referencia al ataque de Barrientos, quien arrojó un explosivo casero contra la habitación en la que se alojaban cuatro mujeres lesbianas en una pensión familiar, mientras dormían: Amarante (42); Pamela Cobbas (52), que falleció horas después del ataque; Roxana Figueroa (52), quien murió el miércoles; y Sofía Castro Riglos (49), aún con vida, pero internada.

Al ser consultado por el episodio, Adorni sostuvo que “es injusto hablar solo de este episodio cuando la violencia es más abarcativa” y agregó: “Está mal, sea a quien sea”.

“Las condolencias a la familia, a la de todos las víctimas, en particular al episodio del que te referís, y le reflexión cae por su propio peso: estas cosas no pueden seguir pasando. Ni acá ni en ninguna otra parte del mundo”, planteó al respecto el vocero.

Asimismo, condenó “cualquier atentando que haya”, aunque evitó definirlo como un crimen contra la comunidad LGBT: “No me gusta definirlo como un atentado hacia un determinado grupo, colectivo, está mal, es terrible, repudiable, sea contra quien sea”, afirmó.

“Que alguien tire una bomba molotov en este caso contra estas cuatro personas que podrían haber sido más… es repudiable”, continuó el funcionario, y agregó: “Lo que se puede hacer, bueno, nuestra política de seguridad es un tema integral que pasa tanto por el episodio como por cualquier otra cosa.” .

Por su parte, Adorni planteó que el gobierno libertario no focaliza en “que es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares”, sino que expuso que “la violencia de género es repudiable, y la violencia en general es repudiable también”.

“Es muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es más abarcativa que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo y hay muchas mujeres y hombres que lo sufren y no puede seguir pasando”, concluyó.

CRM con información de la agencia NA