María Ibarzábal Murphy no es una funcionaria cualquiera. Su rol como secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo estaba lejos de pasar desapercibido en el día a día de la gestión libertaria. En los papeles, su función era la de “modernizar” el Estado y ordenar la arquitectura jurídica del Gobierno. En la práctica, era la verdadera secretaria Legal y Técnica de Javier Milei y la persona que intentaba convertir en derecho todo con lo que Santiago Caputo sueña en su despacho. Si el asesor presidencial es el ideólogo de las grandes apuestas normativas del oficialismo, Ibarzábal fue la alquimista que las vuelve técnicamente posibles. Desde hace unos meses y tras la renuncia de  Javier Herrera Bravo, Ibarzábal Murphy empezó a ser también en los papeles la secretaria de Legal y Técnica de Milei. Y este domingo, en medio del festejo de La Libertad Avanza por el triunfo en las elecciones legislativas, el mandatario le dedicó un agradecimiento especial: “Le quiero dar las gracias a alguien que la gran mayoría de ustedes no conoce, pero qué es el cerebro legal detrás de todo esto: a María Ibarzábal”, dijo Milei.

Quién es María Ibarzábal

De caminata rápida y perfil bajo, esta abogada que ronda los 40 años se mueve cotidianamente de una punta a la otra del primer piso de la Casa Rosada. Su oficina en el Salón Martín Fierro, lindante con la de Caputo, es el epicentro de la ingeniería legal del Gobierno. Allí, gracias a un equipo de jóvenes letrados que trabajan a muy pocos metros de ella, en el Salón de los Próceres, se delinean estrategias que buscan tensar al máximo los márgenes de la institucionalidad establecida.

Desde el polémico decreto que limitó el acceso a la información pública hasta la intención de Milei de hacer desaparecer los registros de quienes ingresaron al blanqueo, pasando por los distintos vetos presidenciales, no hubo gesto controvertido por parte del oficialismo en el que Ibarzábal no haya estado detrás. Incluso supo orbitar, cuando todavía no era parte del gabinete libertario, los estudios de abogados en los que se cocinaron la ley Bases y el DNU 70/23.

Si bien desembarcó en Balcarce 50 en tiempos de Nicolás Posse, su línea directa siempre fue con Milei —la Secretaría que dirige es una de las pocas que está por encima de la Jefatura de Gabinete— y, sobre todo, con Santiago Caputo. Es él quien la eligió para el cargo y quien confía en su capacidad para sortear los límites constitucionales sin que el plan libertario pierda legitimidad. Es que el trabajo de Ibarzábal es tan concreto como profesionalmente desafiante: destilar cada idea en una norma posible, filtrar cada propuesta hasta que encaje dentro del ordenamiento jurídico sin perder su filo político.

Pero nadie llega a su posición sin conocer las reglas del juego. Antes de sumarse a la gestión libertaria, Ibarzábal pasó por el estudio Cassagne, uno de los más influyentes en materia administrativa, donde se moldean los argumentos legales que defienden los intereses de las grandes corporaciones. A lo largo del último año, un secreto a voces retumbó en los pasillos del poder: que tanto el proyecto de ley Bases como el polémico DNU 70/23, firmado por Milei a los pocos días de llegar a la Casa Rosada, fueron confeccionados con la colaboración de ese y otros grandes estudios jurídicos del país, como Bomchil, Marval, Bruchou y O'Farrell & Mairal, a los que la actual funcionaria habría estado vinculada.

Sin embargo, Ibarzábal tampoco es una recién llegada a la función pública. Durante el gobierno de Mauricio Macri, trabajó junto a Bernardo Saravia Frías en la Procuración del Tesoro. Además, aunque su apellido no resuene en las declaraciones públicas del vocero Manuel Adorni, los nombres de varios de sus familiares dan cuenta de una cercanía estrecha con lo que fuera la gestión de Cambiemos. Es prima de Emilio Basavilbaso, exdirector de la ANSES, y hermana de Santiago Ibarzábal Murphy, quien ocupó un alto cargo en el mismo organismo.

Dar la cara

En abril, la incursión de Ibarzábal en la primera línea del mileísmo fue, en parte, una respuesta al fracaso inicial de la primera versión de la ley Bases. Cuando la estrategia de imponer el proyecto sin concesiones se desplomó en el Congreso, el Gobierno decidió cambiar de táctica y también de interlocutores. Fue entonces cuando la abogada empezó a ganar cada vez más protagonismo en tándem con el hoy vicejefe de Gabinete, José “Cochi” Rolandi, ahora en la cuerda floja por estar en la mira de Karina. Mientras él encabezaba las conversaciones con legisladores, ella se convertía en su sombra. Computadora en mano, aprobaba o rechazaba modificaciones en función de su viabilidad legal.

El momento de mayor exposición de Ibarzábal tuvo lugar en mayo, cuando participó de un plenario de comisiones en el Senado. Su presencia allí tuvo como objeto principal la explicación de las modificaciones a la Ley 19.549 de procedimiento administrativo incluida en la extensa normativa. La funcionaria no se anduvo con vueltas: señaló que la reforma tenía como espíritu que “la relación del Estado con los particulares no puede ser regida por criterios y parámetros del siglo pasado”. En esa línea, defendió la idea de que la estructura estatal está “sobredimensionada” y que “la gestión es ineficiente”, además de argumentar que “las reformas tienden a modernizar el procedimiento y a generar mayor seguridad jurídica con el único fin de incentivar la inversión y el desarrollo del sector privado”.

La réplica opositores no tardó en llegar. Fue el senador Oscar Parrilli quien apuntó sin rodeos contra los dichos de Ibarzábal al señalar que la redacción del proyecto “la hicieron estudios jurídicos que se han dedicado a litigar contra el Estado y que muchas veces se han encontrado con fallos de la Justicia que han invalidado su reclamo”. Y dirigiéndose directamente a la funcionaria, insistió: “Esto es para acorralar al Estado. Este es el lobby de las empresas que litigan contra el Estado que se colaron atrás de esta ley”.

Varios meses más tarde, es evidente que el papel que cumple Ibarzábal puertas adentro de la Casa Rosada va mucho más allá del título que figura en su nombramiento. En un gobierno que desafía constantemente los límites del derecho, ella es quien traduce el caos en normas, quien encuentra el atajo cuando la Constitución parece un obstáculo. Cada vez que un decreto o una reforma enfrenta resistencia, su oficina en el Salón Martín Fierro se convierte en un laboratorio donde la alquimia jurídica opera en tiempo real, bajo la atenta supervisión política del joven Caputo.

PL/MC

Con la calculadora en una mano y el manual del ajedrez político en la otra, Karina Milei afina el tablero del poder dentro de la Casa Rosada. Tras empoderar a Manuel Adorni en el organigrama gubernamental, la secretaria General de la Presidencia acaba de diseñar una serie de mudanzas que cambiará la disposición de varias oficinas ubicadas en la Casa Rosada. Bajo la premisa de “ordenar la gestión” y reducir costos de alquiler para el Estado, la hermana del Presidente ejecuta una jugada que, a la vez, parece esconder un mensaje interno para ciertos funcionarios.

La estrategia es clara: concentrar el equipo de la Secretaría General en Balcarce 50 y eliminar la dispersión de áreas en edificios externos. La sede del Gobierno será el destino de funcionarios del área de Comunicación que dirige Adorni –quien absorbió la estructura de Prensa tras la salida de Eduardo Serenellini– y del sector de Innovación, que depende de la Jefatura de Gabinete que comanda Guillermo Francos. La idea, según comentaron a elDiarioAR, es unificar esfuerzos y tener un mayor control sobre los equipos de trabajo, especialmente en un año electoral donde cada movimiento cuenta.

Para ello, sin embargo, Karina ejecutó una movida polémica: ordenó trasladar la Vicejefatura de Gabinete, que funcionó hasta ahora en el primer piso de la Casa Rosada, a un edificio anexo ubicado en la Avenida Diagonal Norte 511, a pocas cuadras de Plaza de Mayo. José “Cochi” Rolandi, su titular, deberá dejar su despacho ubicado en el Salón Martín Fierro, a escasos metros de la oficina del sesor presidencial Santiago Caputo, y de la que ocupa la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, la pluma jurídica del asesor estrella de Javier Milei.

Es que, pese a que oficialmente el movimiento responde a cuestiones logísticas, dentro del Gobierno hay quienes ven en este desplazamiento una señal de desconfianza. “Karina necesita centralizar el mando y evitar filtraciones indeseadas”, deslizaron fuentes oficiales. No pocos recuerdan que una de las razones detrás de la salida del exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, la primera baja de peso del gabinete de Milei, fue precisamente la supuesta distribución de información acerca de las reuniones del Presidente con su equipo.

Un dato le da sustento a esa hipótesis conspirativa: la eliminación tanto de Rolandi como del vicejefe de Interior, Lisandro Catalán, del chat de WhatsApp en el que están todos los ministros y secretarios. Esos dos funcionarios, principales alfiles de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete, no estuvieron presentes el jueves pasado durante la primera reunión de gabinete del año encabezada por Milei tras su viaje a Estados Unidos y Suiza. En ese sentido, tampoco había pasado desapercibida la ausencia de ambos en el brindis de fin de año, un evento que reunió a la cúpula de Gobierno.

Más allá de todo, desde el Gobierno aclaran que Rolandi continuará involucrado en las negociaciones políticas. Sin ir más lejos, se lo pudo ver  el martes de la semana pasada en el Congreso junto al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, en el encuentro que mantuvieron con diputados de los bloques “dialoguistas” en el marco de las negociaciones por las sesiones extraordinarias. Tampoco sería idea de Karina prescindir de Catalán: este lunes, ambos estuvieron sentados a la misma mesa, acompañados por Martín y por Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la hermana presidencial. “Inicio de semana a toda marcha para lograr los objetivos parlamentarios”, escribió el titular de Diputados en su cuenta de X.

Desconfianza originaria

La trayectoria de Rolandi dentro del oficialismo tiene una marca de origen: su llegada de la mano del exjefe de Gabinete Nicolás Posse, caído en desgracia tras perder completamente la confianza de Milei. Con nula trayectoria política, “Cochi” había conocido a Posse años atrás durante su paso por Corporación Ameríca y formó parte del equipo que diseñó el exfuncionario para su desembarco en la administración libertaria. 

Hombre clave del extitular de ministros, y encargado de llevar adelante de los detalles técnicos de los proyectos legislativos, Rolandi se ganó su permanencia gracias a la labor que llevó adelante junto a María Irazabal en plena negociación por la ley Bases en el Congreso. En cambio, Posse fue expulsado abrúptamente a finales de mayo. Después de 18 años de amistad con Milei, el desenlace fue seco, sin agradecimientos ni despedidas.

Los Milei le cerraron todas las puertas. Posse quiso mantenerse en el juego desde otro rol, pero la respuesta fue tajante: no había lugar para él. Su salida arrastró a Silvestre Sívori, jefe en ese entonces de la exAFI y uno de sus más fieles aliados. Sin embargo, el reacomodamiento del equipo dejó en pie a Rolandi, otro de sus hombres de confianza, que incluso salió fortalecido. Los cambios convirtieron a Guillermo Francos en jefe de Gabinete, y el antiguo Ministerio del Interior se transformó en la “vicejefatura de Interior”, con Catalán al mando. Rolandi, en tanto, asumió la “Vicejefatura de Gabinete Ejecutiva”, con peso propio dentro del organigrama nacional.

Ahora, la jugada de Karina no solo pretende reorganizar oficinas, sino también delimitar lealtades y enviar señales acerca de quiénes sí pueden tener lugar en la mesa chica del mileísmo. En la Casa Rosada, donde cada despacho es una pieza de poder, quedarse adentro o ser trasladado a otro edificio nunca es solo una cuestión de espacio. Es, en última instancia, una prueba de confianza dentro del núcleo duro del Gobierno.

PL

El Poder Ejecutivo dictó el Decreto 484/2024, que modifica la Ley de Ministerios y establece cambios significativos en la estructura del gabinete nacional, encabezados por la supresión del Ministerio del Interior y la creación de dos nuevos cargos en la Jefatura de Gabinete de Ministros: un vicejefe de Gabinete Ejecutivo y un Vicejefe de Gabinete del Interior.

El flamante jefe de gabinete, Guillermo Francos, contará para la gestión con un vicejefe de gabinete Ejecutivo y otro vicejefe de Gabinete del Interior, según el Decreto 484/2024, que modifica la Ley de Ministerios estableciendo cambios en la estructura del gabinete nacional.

Los nuevos funcionarios que ocupan estos cargos son el ingeniero José Rolandi, quien será el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, y el abogado Lisandro Catalán, quien asumirá como vicejefe de Gabinete del Interior.

Ambos funcionarios tendrán rango y jerarquía de ministro y podrán ser delegados por el jefe de Gabinete en diversas materias, según los considerandos del decreto.

Catalán y Rolandi son dos figuras que ya venían desempeñándose en el Gabinete nacional y que ahora tendrán un rol más relevante en la gestión de Gobierno.

El abogado Lisandro Catalán se desempeñaba como secretario de Interior del entonces ministerio del Interior y ahora será el vicejefe de Gabinete del Interior, puesto que tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las políticas públicas vinculadas al interior del país.

Catalán fue funcionario en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ocupando el estratégico puesto de Director Nacional de Reincidencia.

Por su parte, el ingeniero José Rolandi se desempeñaba como secretario ejecutivo de Gobierno de la jefatura de gabinete con el despedido Nicolás Posse y a pedido del presidente Javier Milei, mantendrá una oficina en la Casa Rosada.

Rolandi es un ingeniero industrial con una amplia trayectoria en el sector público y privado, y estuvo en el centro de la polémica por los altos ingresos que percibe por su puesto en la petrolera YPF.

El ministerio del Interior ya no existe más y quedó bajo la órbita de Gabinete

El Poder Ejecutivo dictó el Decreto 484/2024, que modifica la Ley de Ministerios y establece cambios en la estructura del gabinete nacional a partir de la jura de Guillermo Francos en la jefatura de gabinete.

El decreto, que tiene como fundamento razones de gestión, fue publicado en el Boletín Oficial y se destaca la supresión del Ministerio del Interior y la creación de dos nuevos cargos en la Jefatura de Gabinete de Ministros: un Vicejefe de Gabinete Ejecutivo y un Vicejefe de Gabinete del Interior.

Estos nuevos funcionarios tendrán rango y jerarquía de ministro y podrán ser delegados por el Jefe de Gabinete en diversas materias. Además, el decreto establece que los compromisos y obligaciones asumidos por el Ministerio del Interior estarán a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, incluyendo la transferencia de créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes y personal.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Ministerios debe ser aprobado o rechazado por el Congreso de la Nación dentro de un plazo de 10 días hábiles, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 26.122 y en el artículo 82 de la Constitución Nacional.

La Jefatura de Gabinete tiene más de 100 atribuciones

Son atribuciones del Jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el H. Congreso de la Nación, las establecidas en la CONSTITUCIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo que establece la Ley de Ministerios que ya fue modificada en varias oportunidades durante la gestión Milei, en menos de 6 meses de Gobierno.

Al Jefe de Gabinete le corresponde:

1. Cumplir y hacer cumplir la CONSTITUCIÓN NACIONAL y la legislación vigente.

2. Ejercer la administración general del país y asistir al Presidente de la Nación en la conducción política de dicha administración.

3. Ejercer las atribuciones de administración que le delegue el Presidente de la Nación, respecto de los poderes propios de este.

4. Entender en la organización y convocatoria de las reuniones y acuerdos de gabinete, coordinando los asuntos a tratar.

5. Coordinar y controlar las actividades de los Ministerios y de las distintas áreas a su cargo, realizando su programación y control estratégico, con el fin de obtener coherencia en el accionar de la administración e incrementar su eficacia.

6. Coordinar las relaciones del PODER EJECUTIVO NACIONAL con ambas Cámaras del H. Congreso de la Nación, sus Comisiones e integrantes, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna la CONSTITUCIÓN NACIONAL, procurando la mayor fluidez en dichas relaciones y el más pronto trámite de los mensajes del Presidente de la Nación que promuevan la iniciativa legislativa.

7. Producir los informes mensuales que establece el artículo 101 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, relativos a la marcha del Gobierno y los demás que le fueren requeridos por las Cámaras del Congreso.

8. Dictar Decisiones Administrativas, referidas a los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye la CONSTITUCIÓN NACIONAL y aquellas que le delegue el Presidente de la Nación, con el refrendo del Ministro que corresponda en razón de la materia.

9. Presentar al H. Congreso de la Nación, junto con los Ministros, la memoria anual detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los Ministerios.

10. Hacer recaudar las rentas de la Nación.

11. Intervenir en la elaboración y control de ejecución de la Ley de Presupuesto, como así también en los niveles del gasto y de los ingresos públicos, sin perjuicio de la responsabilidad primaria del Ministro del área y de la supervisión que al Presidente de la Nación le compete en la materia.

12. Requerir de los Ministros Secretarios, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y demás funcionarios de la Administración Pública Nacional la información necesaria para el cumplimiento de su función específica y de las responsabilidades emergentes de los artículos 100, incisos 10 y 11, y 101 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, la que deberá producirse dentro del plazo que a tal efecto establezca.

13. Asistir al Presidente de la Nación en el análisis de los mensajes que promueven la iniciativa legislativa, en particular los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto que deberán ser tratados en Acuerdo de Gabinete y de los proyectos de ley sancionados por el Congreso Nacional.

14. Asistir al Presidente de la Nación en el dictado de instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación y de los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones ordinarias o la convocatoria a extraordinarias del H. Congreso de la Nación.

15. Coordinar y controlar la ejecución de las delegaciones autorizadas a los Ministros.

16. Velar por el cumplimiento de las decisiones que emanen del Poder Judicial en uso de sus atribuciones.

17. Participar en la definición de prioridades vinculadas con el financiamiento proveniente de organismos internacionales, multilaterales y bilaterales de desarrollo.

18. Coordinar el seguimiento de la relación fiscal entre la Nación, las provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

19. Entender en la evaluación y priorización del gasto, efectuando el diagnóstico y seguimiento permanente de sus efectos sobre las condiciones de vida de la población.

20. Entender en la distribución de las rentas nacionales, según la asignación de Presupuesto aprobada por el Congreso y en su ejecución.

21. Intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica en su área; así como en su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización.

22. Intervenir, previo a la designación de los directores que actuarán en representación del ESTADO NACIONAL, en las empresas y sociedades actuantes en la órbita de los Ministerios y Secretarías que conforman la Administración Pública Nacional.

23. Entender en un sistema de información que permita el seguimiento del desempeño de las empresas y sociedades actuantes en la órbita de los Ministerios y Secretarías que conforman la Administración Pública Nacional.

24. Establecer los lineamientos e impartir las directivas y recomendaciones a las que deberán ajustar su actuación los titulares de las dependencias del Estado Nacional que posean bajo su ámbito la titularidad del ejercicio de los derechos societarios en las empresas, sociedades del Estado cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica con el objeto de resguardar el interés público general comprometido.

25. Entender en la administración, coordinación y ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios correspondientes a las participaciones accionarias pertenecientes al ESTADO NACIONAL en las empresas de su ámbito.

26. Entender en la aplicación de los tratados internacionales relacionados con los temas de su competencia e intervenir en la formulación de convenios internacionales en los asuntos propios de su área.

27. Participar en la aplicación de la política salarial del sector público, con participación de los Ministerios y organismos que correspondan.

28. Intervenir en las negociaciones salariales y en el dictado de actos administrativos de alcance general que otorguen beneficios económicos de cualquier tipo a los agentes comprendidos en las jurisdicciones del Sector Público Nacional.

29. Entender en la elaboración, registro, seguimiento, evaluación y planificación de los proyectos de inversión pública y en el control de la formulación, registro, seguimiento y evaluación de esos proyectos cuando sean ejecutados a través de contratos de participación público-privada en los términos de la Ley N° 27.328.

30. Entender en el diseño y ejecución de políticas relativas al empleo público, a la innovación de gestión, a la modernización de la Administración Pública Nacional, al régimen de compras y contrataciones, a las tecnologías de la información, a las telecomunicaciones, a los servicios de comunicación audiovisual, al desarrollo satelital y a los servicios postales.

31. Entender en el análisis y propuesta del diseño de la estructura de la Administración Nacional centralizada y descentralizada y aprobar las modificaciones propuestas.

32. Garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y controlar la aplicación de la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales.

33. Entender en la organización, dirección y fiscalización del registro de empresas contratistas de obras públicas y de consultorías.

34. Entender en todo lo inherente a la Ciencia, a la Tecnología e Innovación.

35. Entender en la formulación de políticas y programas para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación instaurado por la Ley N° 25.467 y entender en la gestión de instrumentos para la aplicación de la Ley N° 23.877 de Innovación Tecnológica.

36. Entender en materia de promoción de la industria del software con los alcances del régimen establecido por la Ley N° 25.922, de promoción de la biotecnología moderna en el ámbito de su competencia y de promoción de la nanotecnología a través de la Fundación de Nanotecnología -FAN- (Decreto N° 380/05).

37. Ejercer la Presidencia y Coordinación Ejecutiva del Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC), en los términos de la normativa vigente en la materia.

38. Entender en la coordinación funcional de los organismos del Sistema Científico Tecnológico de la Administración Nacional y evaluar su actividad.

39. Entender en la promoción y el impulso de la investigación y en la aplicación, el financiamiento y la transferencia de los conocimientos científicos tecnológicos.

40. Ejercer el control tutelar respecto de los organismos descentralizados actuantes en su órbita.

41. Administrar y controlar los medios de difusión que se encuentran bajo la responsabilidad del PODER EJECUTIVO NACIONAL y aquellas empresas del sector en las que la jurisdicción sea accionista.

42. Entender en el lineamiento de las políticas referentes a Medios Públicos Nacionales y su instrumentación.

43. Intervenir en la definición de la estrategia de comunicación y de contenidos realizada por canales y plataformas de comunicación directa del ESTADO NACIONAL con los ciudadanos.

44. Ejercer el control tutelar y supervisar el funcionamiento de CORREDORES VIALES SOCIEDAD ANÓNIMA, de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AYSA) y de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (AGPSE), sin perjuicio de las atribuciones previstas en los incisos 21, 22, 23, 24 y 25 del presente artículo.

45. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.

46. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

47. Entender en las cuestiones institucionales en que estén en juego los derechos y garantías de los habitantes de la República y en lo relacionado con la declaración del estado de sitio y sus efectos.

48. Entender en las propuestas de reforma de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y en las relacionadas con las Convenciones que se constituyan al efecto.

49. Entender en las relaciones y en el desenvolvimiento con los gobiernos de las provincias y el de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y en las relaciones y cuestiones interjurisdiccionales, y coordinar políticas que coadyuven y fomenten la formación de regiones en el territorio nacional, a los fines establecidos en el artículo 124 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

50. Intervenir en la elaboración de la legislación nacional cuando sea necesario coordinar normas federales y provinciales.

51. Entender en la implementación y coordinación de las políticas y acciones tendientes a garantizar la autonomía en los gobiernos municipales.

52. Entender en la implementación de políticas de descentralización y federalización del Sector Público Nacional.

53. Entender en la organización, conducción y control del Registro Nacional de las Personas y las leyes de amnistías políticas.

54. Intervenir en lo relativo a la concesión del derecho de asilo.

55. Entender en lo atinente a la nacionalidad, derechos y obligaciones de los extranjeros y su asimilación e integración con la comunidad nacional.

56. Entender en la supervisión del ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.

57. Entender en los actos de carácter patriótico, efemérides, feriados, custodia de emblemas y símbolos nacionales, uso de emblemas y símbolos extranjeros e intervenir en lo relativo a la erección y emplazamiento de monumentos.

58. Intervenir en el régimen jurídico de las aguas de los ríos interprovinciales y sus afluentes, junto a las otras jurisdicciones con competencia en la materia.

59. Entender en la elaboración y aplicación de las normas que rijan lo inherente a migraciones internas y externas y en el otorgamiento de la condición de refugiado.

60. Intervenir en la creación de condiciones favorables para afincar núcleos de población en zonas de baja densidad demográfica y de interés geopolítico.

61. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo integral de las áreas y zonas de frontera y entender en su ejecución en el área de su competencia.

62. Entender en la intervención del Gobierno Federal a las provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

63. Participar en la aplicación de la Ley N° 22.352 en todo lo relacionado con la preservación de la seguridad de las áreas y zonas de frontera en el área de su competencia.

64. Intervenir, juntamente con las áreas competentes, en la gestión, elaboración, ejecución y supervisión de políticas de acciones tendientes a optimizar el funcionamiento armónico de los espacios integrados a los efectos previstos en los artículos 75, inciso 24, y 124 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

65. Elaborar las medidas necesarias para el cumplimiento de las políticas que hacen a la protección de la comunidad, colaborando con los entes nacionales, provinciales o privados, frente a desastres naturales o causados por el hombre, y a ilícitos que por su naturaleza sean de su competencia.

66. Entender, a los efectos prescriptos en los artículos 37, 38, 39 y 40 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en lo relacionado con el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, al régimen electoral, al de los partidos políticos y su financiamiento, al derecho de iniciativa y a la consulta popular.

67. Entender en lo relacionado con la programación y ejecución de la legislación electoral y el empadronamiento de los ciudadanos.

68. Ejercer las funciones de Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades de su competencia.

69. Entender en la determinación de las políticas de Turismo y Deportes en el ámbito Nacional.

70. Entender en lo relativo a la promoción y desarrollo en el país de la actividad turística interna y del turismo internacional receptivo.

71. Intervenir, en el ámbito de su competencia, en las cuestiones relacionadas con las inversiones en materia turística.

72. Entender en lo relativo a la promoción y desarrollo en el país de la actividad deportiva de alto rendimiento, amateur y de recreación.

73. Coordinar el accionar del Consejo Federal de Turismo y del Consejo Nacional del Deporte y la Actividad Física.

74. Ejercer, en coordinación con el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, la representación de la REPÚBLICA ARGENTINA en reuniones, foros y ámbitos internacionales vinculados con la promoción del turismo y del deporte.

75. Entender en todo lo relativo a la aplicación de la Ley Nacional de Turismo Nº 25.997.

76. Administrar el FONDO NACIONAL DE TURISMO.

77. Entender, en forma conjunta con las demás áreas competentes de la Administración Pública Nacional, en la elaboración, ejecución y coordinación de la política nacional de navegación aerocomercial, exclusivamente relacionada al área de turismo.

78. Participar en las acciones referidas a la percepción, depósito y fiscalización del impuesto sobre pasajes aéreos al exterior en vuelos regulares y no regulares de pasajeros.

79. Establecer políticas activas de promoción, desarrollo turístico y fomento del turismo social, de acuerdo con criterios de calidad, accesibilidad y sustentabilidad.

80. Generar y difundir información estadística turística y deportiva.

81. Impulsar la ‘Marca País Argentina’, en coordinación con otras áreas competentes de la Administración Pública Nacional.

82. Entender, en coordinación con los organismos con competencia específica, en la planificación, ejecución, implementación, desarrollo y supervisión de las obras de infraestructura turística a nivel nacional.

83. Entender en todo lo relativo a la aplicación de la Ley N° 20.655 y demás normas que regulan el deporte.

84. Entender en la asignación de recursos destinados al fomento del deporte a nivel nacional, provincial, municipal y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en el marco de su competencia específica.

85. Integrar, como socio fundador, al ENTE NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO, creado por la Ley N° 26.573.

86. Promover la creación de bibliotecas, hemerotecas y museos especializados en deporte en general y de alto rendimiento deportivo en particular, organizar conferencias, cursos de capacitación y exposiciones vinculadas al fomento del deporte.

87. Entender, en coordinación con los organismos con competencia específica, en la planificación, ejecución, implementación, desarrollo y supervisión de las obras de infraestructura deportiva a nivel nacional, incluyendo el desarrollo de centros regionales de alto y mediano rendimiento y de tecnología aplicada al deporte.

88. Establecer políticas activas de promoción, desarrollo y fomento del deporte social, de acuerdo con criterios de inclusión, promoción de derechos, federalismo e igualdad.

89. Entender en la asignación, administración y otorgamiento de becas, subsidios, subvenciones u otro instrumento similar estipulado para el fomento de la actividad deportiva, en la cancelación de dichos beneficios en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios y en la inhabilitación de los mismos hasta su regularización, de acuerdo a los términos de la reglamentación correspondiente.

90. Entender en la administración y funcionamiento del Sistema de Información Deportiva y la Actividad Física.

91. Entender en la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sostenible como política de Estado, en el marco de lo dispuesto en el artículo 41 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en los aspectos técnicos relativos a la política ambiental y la gestión ambiental de la Nación, proponiendo y elaborando regímenes normativos relativos al ordenamiento ambiental del territorio y su calidad ambiental.

92. Intervenir en el Consejo Federal de Medio Ambiente, integrándolo y proporcionando los instrumentos administrativos necesarios para una adecuada gestión del mismo.

93. Entender en la gestión ambiental sostenible de los recursos hídricos, bosques, fauna silvestre y en la preservación del suelo.

94. Entender en la promoción del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, mediante acciones que garanticen la calidad de vida y la disponibilidad y conservación de los recursos naturales.

95. Entender en el relevamiento, conservación, recuperación, protección y uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables.

96. Intervenir, en el ámbito de su competencia, en el desarrollo de la biotecnología.

97. Entender en las relaciones con las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los temas ambientales y al desarrollo sostenible y establecer un sistema de información pública sobre el estado del ambiente y sobre las políticas que se desarrollan.

98. Entender en la preservación de los bosques, parques y reservas nacionales, áreas protegidas y monumentos naturales.

99. Entender en la planificación y ordenamiento ambiental del territorio nacional, su espacio costero marino y su plataforma continental.

100. Entender en el control y fiscalización ambiental y en la prevención de la contaminación.

101. Entender en la administración de programas de financiamiento internacional dedicados a proyectos sobre medio ambiente, cambio climático y preservación ambiental.

102. Entender en el lineamiento de estrategias de innovación ambiental que fomenten la conservación, recuperación, protección y uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente.

103. Entender en la incorporación de nuevas tecnologías e instrumentos para la protección del medio ambiente.

104. Entender en la elaboración e implementación de planes y acciones de mitigación y adaptación al impacto climático.

105. Entender, en el ámbito de su competencia, en lo relacionado a las acciones preventivas y ante las emergencias naturales y catástrofes climáticas.

106. Entender en la coordinación y administración del Sistema Federal de Manejo del Fuego, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.815.

107. Elaborar, ejecutar y fiscalizar las acciones del área tendientes a lograr la protección y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y su plena inclusión en la sociedad, con intervención de los Ministerios que tengan asignadas competencias en la materia, a los efectos previstos en el artículo 75, inciso 17 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL“.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno abrió el paraguas por la tormenta que se le avecinaba. La intención explícita de posponer el Pacto de Mayo para después del próximo 25 –hasta el presidente Javier Milei lo deslizó ayer– buscó estratégicamente bajar la presión interna que había para que el Congreso sancionara de manera exprés la ley Bases y el paquete fiscal. Ante el escollo que le está significando la negociación de sus proyectos con los bloques aliados en el Senado, la Casa Rosada salió del laberinto por arriba.

Por eso el lunes fue a la Cámara alta el número 2 de Nicolás Posse, José Rolandi, y ayer fue su coequiper, María Ibarzabal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Jefatura de Gabinete. Rolandi e Ibarzabal volvieron a ocupar en las últimas horas el rol de negociadores y escribas de una nueva versión de la ley Bases, como ya hicieron en Diputados en la previa a su media sanción. 

La presencia de las espadas de Posse en la Cámara alta fue sigilosa, a la par que por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General pasaron en las últimas 48 horas muchos expositores que dieron su opinión sobre los proyectos de ley. En su mayoría fueron invitados por la oposición, y sobre todo por el ala dura de Unión por la Patria: La Libertad Avanza no aportó ni siquiera una voz para hacer olas a sus iniciativas.

El rol de los funcionarios del Ejecutivo fue recolectar en los bloques amigables su pliego de cambios a los textos para ver cómo incorporarlos en un nuevo dictamen, supo elDiarioAR. En los hechos significa que el Gobierno ya está redactando una nueva versión de la ley Bases y del paquete fiscal. Con esos cambios los proyectos deberán volver a Diputados para su sanción definitiva. Sin el deadline del 25 de mayo, ayer ya se estimaba que los dictámenes podrían firmarse incluso la semana próxima, en vez de mañana, como era el plan B cuando al oficialismo se le cayó la posibilidad de tener despachos el jueves de la semana pasada y sancionar en estos días.

Rolandi e Ibarzabal visitaron a las voces más críticas de los bloques del PRO, la UCR y las fuerzas federales y provinciales. De allí el Gobierno tiene que rascar sus apoyos porque apenas tiene 7 senadores propios de los 72 que hay en el hemiciclo (sólo el kirchnerismo tiene 33, cuatro menos que el quórum). Entre los contactos estuvieron la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, quien la semana pasada cuestionó en muy duros términos el blanqueo y el RIGI. Fueron los mismos puntos que remarcó en contra el radical Martín Lousteau. 

Uno de los despachos visitados por el Ejecutivo ayer fue el del entrerriano Edgardo Kueider, jefe del bloque Unidad Federal, donde también militan el correntino Camau Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo. Otros apoyos codiciados por el Gobierno son los de los senadores patagónicos, que reclaman contra la imposición del impuesto a las Ganancias. Allí son clave la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell, más los legisladores que ostenta el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Además necesita del salteño Juan Carlos Romero, que suele hacerle guiños al oficialismo.

La posibilidad de que el dictamen se conozca recién la semana próxima es una posibilidad que se pondera en la oposición. Es el panorama que ve la senadora Tagliaferri, supo elDiarioAR. “Difícil que el jueves pueda estar redactado el dictamen con modificaciones, pero eso no supone en absoluto que la ley esté en peligro”, señalaron en su despacho. Los “peros” que puso la legisladora son llamativos porque rompió el alineamiento irrestricto que tuvo el PRO con LLA en Diputados. Sin embargo su voto es clave porque el bloque amarillos apenas tiene 6 senadores y está conducido por un extrapartidario: el cordobés Luis Juez.

El radicalismo también está inmerso en una discusión interna para alinear su posicionamiento hacia las leyes del Gobierno. El ruido que generó Lousteau obligaron al ministro Guillermo Francos y a Lule Menem, mano derecha de Karina Milei, a acercarse el viernes pasado al Senado. A su vez se generó una tensión puertas adentro con el jefe del bloque Eduardo Vischi. Por eso ayer la UCR tuvo una reunión de bloque para limar asperezas y darle un feedback concreto a la Rosada. “Se está trabajando sobre algunos puntos para llegar a una posición unificada como bloque”, comentaron desde la bancada radical a este medio.

“Está todo muy verde. A ninguno de los tres les gusta cómo vinieron las leyes”, se recogió en el bloque de Unidad Federal. “Ibarzabal se llevó nuestros reclamos pero hasta ahora no nos trajeron respuestas”, completaron en ese espacio. 

Antes que abroquelar los apoyos para la votación en el recinto, el oficialismo necesita generar los apoyos para el dictamen, porque allí también tiene muy poco volumen político. Apenas tres firmas de casi 30. “Siguen las negociaciones y avanzan con la redacción de dictamen con modificaciones solicitadas”, aseguró a elDiarioAR una fuente libertaria muy al tanto de las conversaciones con la oposición cercana. La tarea de recolectar las firmas llamativamente no tiene como protagonista a la Victoria Villarruel, en otro episodio que genera ruido entre la vice y la Casa Rosada. Sí están involucrados el presidente provisional Bartolomé Abdala y el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche.  

Al desanudar Milei discursivamente la sanción de la ley Bases y el paquete fiscal del Pacto de Mayo, entre los libertarios respiraron con alivio: “No vamos a apurar el dictamen. Apenas estén las firmas, sale el dictamen. Estamos cerca”, se confió el operador consultado. Y explicitó el ánimo interno: “Si no es el jueves (por mañana), será la semana que viene. Total ya se sacaron la presión del Pacto de Mayo”.

MC/JJD