No pasó ni un día desde que Javier Milei presentó su primer presupuesto general como presidente de la Nación y ya hasta los aliados salieron a marcarle la cancha al Poder Ejecutivo. El bloque de diputados del PRO le reclamó al Gobierno que se incluyan los fondos de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires en el Presupuesto 2025. Y legisladores radicales encendieron la alarma por el presupuesto para las universidades nacionales se le propuso al Congreso en la ley de leyes.

El jefe de la bancada amarilla de Diputados, Cristian Ritondo, le transmitió la posición firme de esa fuerza sobre la coparticipación para la Capital Federal al secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, en el transcurso de una reunión que legisladores oficialistas y de bloques aliados tuvieron en el Congreso.

Guberman mantuvo un encuentro en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Ritondo y otros tres diputados del PRO: Silvana Guidici, Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas. El presidente del bloque señaló que es “una cuestión clave” para el partido que lidera Mauricio Macri que se incluyan en el Presupuesto 2025 los fondos que le corresponden a la Ciudad, como lo estableció la Corte Suprema de Justicia.

El Gobierno incluyó en el Presupuesto solo un 1,4% de coparticipación para el distrito porteño y no el 2,95% que estableció la Corte Suprema de Justicia. “Para nosotros es fundamental cumplir con el fallo de la Corte Suprema en cuanto a la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires”, resaltó Ritondo y señaló que espera que en la reunión que mantendrá el miércoles el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con el ministro de Economía, Luis Caputo, que fueron convocados por la Corte Suprema, se alcance una solución al respecto.

El legislador también indicó que hablarán con los gobernadores del PRO, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut, para determinar si se están cumpliendo con las demandas de esas provincias.

Ritondo condicionó el apoyo del PRO al primer presupuesto de Milei a que se cumpla con el fallo de la Corte favorable a la Ciudad.

Conflicto en puerta

El Gobierno decidió mantener la suspensión del Fondo de Incentivo Docente y asignó a las universidades nacionales casi la mitad de los recursos que habían solicitado, según se desprende del proyecto de Presupuesto presentado por el presidente Javier Milei.

El oficialismo asignó a las altas casas de estudios $3,8 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) está pidiendo para funcionar $7,2 billones.

A eso se suma que se mantiene la suspensión del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) que rige desde enero y que provocó quejas de la oposición de la Cámara de Diputados, que buscó, aunque todavía sin éxito por diferencias en los bloques opositores, sancionar una ley para restituir el Fonid.

La decisión de otorgar la mitad de los fondos que piden los rectores profundizará el conflicto no solo con los docentes y estudiantes, sino con los bloques aliados de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, a los que el oficialismo necesita para aprobar la ley de gastos y recursos.

La resolución del Gobierno sucede pocos días después de que el Senado haya convertido en ley un proyecto para ampliar para este año el presupuesto universitario, que tiene un impacto fiscal de $738.000 millones y que Milei anticipó que será vetado.

Ahora, el Gobierno contempla para el próximo año otorgar $3,8 billones que, a juicio de la oposición, no alcanzarán para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.

En Twitter, el diputado radical Julio Cobos dijo que Milei “señaló que el Estado debe asegurar la estabilidad macroeconómica y el imperio de la ley, incluyendo seguridad, justicia y defensa, el resto lo resuelve el mercado”. Y se preguntó: “¿Y la salud y la educación? Gobernar es administrar prioridades y la educación no es prioritaria”.

El mendocino sostuvo que del proyecto de Presupuesto 2025 “se desprende que los fondos estimados para las universidades públicas se encuentran lejos de lo necesario para el normal funcionamiento” y que “mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional estimó $7,2 billones, el proyecto establece $3,8 billones, es decir casi la mitad”.

También se quejó que se mantenga la “suspensión del artículo 9° de la Ley de Financiamiento Educativo que garantizaba el financiamiento del sistema; aspirando a una inversión consolidada (Estado nacional, Provincias y CABA) del 6% del PBI”.

El Gobierno formalizó el domingo último que destinará el 5,7% del Presupuesto Nacional al sistema educativo, donde se incluyen los fondos para las universidades, el Plan de Alfabetización Nacional, el Programa Progresar y la atención de comedores escolares.

El presidente de la UCR, Martín Lousteau, se refirió a la presentación del Presupuesto 2025 y dijo que “queda claro que el déficit cero se conseguirá a costa de más pobreza, exclusión y desempleo”; que “sigue la regla de ajuste para la clase media (más peso de Ganancias a trabajadores y monotributo) y alivio fiscal para los ricos (cae el peso de Bienes Personales)” y que “la educación continúa sin estar en la agenda de prioridades del Gobierno” porque “el presupuesto del área caerá en 2025 y hay un ataque explícito a la autonomía de las universidades nacionales”.

“¿Y alguna reparación para los jubilados? Bien gracias”, agregó en un posteo en Twitter y completó: “Pasamos de un enfoque que esperaba que todo lo resolviera al Estado a uno que libera todo a la suerte del mercado. Las dos recetas resultaron fracasadas. Los argentinos necesitan menos dogmatismos y más respuestas a sus problemas reales y urgentes”.

JJD, con información de NA

La oposición dio un paso más en su presión hacia el Gobierno y dictaminó en Diputados la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), aunque la falta de acuerdo entre los bloques impidió que haya un solo dictamen, luego de que en el recinto el emplazamiento a que la discusión se definiera hoy en comisiones tuvo el robusto respaldo de 152 votos a favor y 81 en contra. Finalmente hubo cinco proyectos distintos: el Unión por la Patria, de mayoría; de la UCR, de Hacemos Coalición Federal, de la Izquierda y, por último, del oficialismo con el PRO acompañando.

El titular de la comisión de Educación, el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro, había propuesto al inicio de la reunión conjunta con la comisión de Presupuesto un “cronograma” para postergar la discusión por dos semanas más. Pero su jugada de patear la pelota hacia adelante fracasó y fue un traspié para la Casa Rosada. “El Congreso sanciona leyes sin saber cuánto cuestan y no tiene la más mínima información de cómo se va a pagar. Es un gasto que en los papeles suena bonito pero alguien tiene que pagar”, cuestionó las iniciativas opositoras la diputada del PRO Silvia Lospennato, que hizo las veces de vocera oficialista.

La eliminación del Fonid que firmó el presidente Javier Milei recortó abruptamente el envío de partidas a las provincias para afrontar los gastos en educación. Según estadísticas oficiales, el fondo correspondía entre un 15% y un 20% del sueldo de los docentes públicos en algunos distritos. La reciente crisis en Misiones es muestra de esa dependencia. Según el oficialismo, restituir el fondo significaría entre el $1 billón y los $1,4 billones, lo que haría peligrar el preciado superavit fiscal.

“Venimos a dictaminar por una decisión política de nuestro bloque, pero también por una decisión tomada en el recinto a la cual no se puede obviar ni postergar”, expuso Germán Martínez, jefe del bloque de UxP, para defender su dictamen, que fue el que obtuvo mayor cantidad de firmas y, por lo tanto, el día que se vote en el recinto, sería el primero en ser votado. La iniciativa plantea restituir el Fonid desde el 1º de enero de 2024 y extenderlo por cinco años. 

Hubo un desacuerdo clave con el resto de los bloques opositores que impidió un dictamen conjunto. La UCR incorporó en su iniciativa la declaración de la educación como “servicio esencial”, cuestión discutida por los gremios por la imposibilidad de realizar paros. “Desde el bloque vamos a incorporar en nuestro dictamen a la educación como un servicio estratégico esencial, lo vamos a plantear sin vulnerar el derecho a huelga. Fue un proyecto colaborativo”, dijo la radical Carla Carrizo. En la misma línea, su correligionaria Danya Tavela explicó que el dictamen restablece la “vigencia de este fondo, exige la información al Ejecutivo del monto que corresponde a 2024, la deuda de los dos trimestres anteriores y la regularización de las mismas, además de que garantiza la libertad a partir de la igualdad y la educación”.  

Por HCF el diputado Esteban Paulón defendió su dictamen con distintos mecanismos de actualización: “No estamos creando un fondo para restituir el Fonid, no vamos a salir a cobrarle a alguien, estamos buscando que esos fondos que el Gobierno captura día a día sean distribuidos de acuerdo al fin para el que fue creado y tratar de corregir las inequidades que presentan los salarios docentes de todo el país”, planteó. En tanto, el proyecto del FIT propone que el fondo sea permanente, remunerativo para acceso de jubilados y que se establezca un salario mínimo para el cargo testigo de las distintas jurisdicciones. 

“El problema de Argentina es la alfabetización que ha retrocedido, el tema requiere un planteo serio y es donde tenemos que poner el foco. No nos estamos preocupando por esto. El Estado nacional no paga a los docentes porque no tiene escuelas, las provincias son responsables de este fondo”, cuestionó el libertario Santiago Santurio, que también se mostró crítico por el “costo fiscal” de la iniciativa.

Con los dictámenes firmados, la oposición tendrá el desafío de acordar una postura en común para arribar al recinto y darle media sanción a una ley que pondría en aprietos al Gobierno. Es la misma situación que corren los proyectos para garantizar el financiamiento universitario, que tuvieron dictamen la semana pasada. Hay una intención de convocar a su votación la semana próxima, pero para eso tienen que acelerarse las negociaciones entre el kirchnerismo, la UCR y los espacios federales y provinciales. Milei ya anticipó que vetaría cualquier de esas iniciativas.

MC/JJD

Mientras Javier Milei afinaba cuerdas vocales para su “show musical” de este miércoles en el Luna Park, el amplio arco opositor en el Congreso ayer le impuso la agenda política al Gobierno. Por un lado, una mayoría circunstancial que reunió al kirchnerismo con el radicalismo en la Cámara de Diputados emplazó al oficialismo a discutir leyes que aseguren el financiamiento educativo en todos sus niveles. Por otro lado, en el Senado se trabó nuevamente el avance del paquete fiscal y tanto desde la UCR como de Unión por la Patria exigieron que se convoque a funcionarios del Ejecutivo y expertos para salvar un sinfín de reparos y quejas pendientes por la iniciativa.

El Presidente acusó el golpe que recibió en el Poder Legislativo, lo que puso en evidencia el magro peso de La Libertad Avanza y su impotencia para frenar la avanzada opositora. “Están mandando proyectos a Diputados para romper nuestro equilibrio fiscal. Les aviso que cualquier proyecto que aprueben así se los voy a vetar. Me importa tres carajos”, enfureció Milei en su exposición en el Congreso de IAEF, que ocurría en paralelo a la sesión de la Cámara baja.

Diputados y la presión por los fondos educativos

Diputados le marcó muy fuerte los tiempos al oficialismo. Una abrumadora mayoría de 152 votos a favor, frente a 81 en contra, le impuso a LLA que este jueves a las 14 las comisiones de Presupuesto y de Educación tienen que dictaminar un aumento del presupuesto para las universidades públicas, debate que tomó calor en las últimas semanas a partir de la multitudinaria marcha federal del 23 de abril. Las mismas comisiones además deberán reunirse el próximo martes a las 15 para dictaminar un proyecto que restituya el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que Milei desguazó a través de su DNU 70/23.

Ambos emplazamientos fue resultado de un acuerdo político forjado entre los bloques de la UCR y de UxP, al que se plegaron las bancadas de Hacemos Coalición Federal –el espacio de Miguel Pichetto–, Innovación Federal –que responde a gobernadores peronistas no-kirchneristas–, la Izquierda y distintas fuerzas provinciales. La transversalidad del voto afirmativo reveló la preocupación por el impacto del ajuste en el ámbito educativo, pero también falta del timing del Gobierno para evitar una derrota política. Al rechazo solo se plegaron los aliados habituales del PRO, las bancadas libertarias minoritarias y los diputados tucumanos que rompieron con el kirchnerismo. Solo se destacó en las filas por la negativa de Ricardo López Murphy, de HCF, quien en su momento como ministro de Fernando de la Rúa también intentó llevar un severo ajuste a las universidades.

Varios son los proyectos que la oposición deberá armonizar mañana en el plenario de comisiones para conseguir un dictamen robusto que pueda aprobar luego en el recinto y darle media sanción, pero el punto central es que haya una actualización por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades. Esa discusión en comisiones tendrá como marco la jornada de huelga que llevarán adelante los distintos gremios docentes. “Lo que hoy construimos fue un fuerte acuerdo político que involucró a varios bloques parlamentarios, por eso el número 152 votos afirmativos, que es la caja de resonancia. Esa votación es producto de una lucha que vienen teniendo muchísimos sectores en la Argentina, vinculado principalmente a la representación de los trabajadores y de las trabajadoras docentes en la Argentina”,  planteó ayer Germán Martínez, jefe del bloque de UxP, que tiene 99 sillas propias.

Llegamos a esta sesión porque quien sabe que culpas tiene que lavar el diputado De Loredo para habernos metido en esto

Alejandro Finocchiaro — Diputado PRO

El oficialismo intentó hasta último momento frenar la sesión de este martes cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que había acordado con el Consejo Interuniversitario Nacional –el espacio que reúne a los rectores de todos el país– un aumento del 270% durante 2024 para las universidades, aunque eso era para el ítem de gastos de funcionamiento y no para salarios. La UCR, que había convocado a la sesión desde las 14, se encerró puertas adentro en el segundo piso de Diputados para discutir la letra chica de ese acuerdo y si convenía bajar al recinto para hacer la jugada con el kirchnerismo. 

“El Gobierno comunicó una decisión que no se materializó”, explicó una fuente parlamentaria sobre porqué finalmente el radicalismo le torció el brazo a LLA y dio quórum con UxP. La polémica con sus ex socios de JxC no tardó en llegar: “Llegamos a esta sesión porque quien sabe que culpas tiene que lavar el diputado De Loredo para habernos metido en esto”, fulminó el macrista Alejandro Finocchiaro, presidente de la comisión de Educación, contra el titular de la bancada de la UCR.

Pero el debate por los fondos educativos quedó para el final de una sesión que se extendió por unas cinco horas y estuvo plagada por fuertes cruces por diversos temas entre el oficialismo y la oposición más dura del kirchnerismo. El momento sobresaliente fue cuando Silvia Lospennato del PRO pidió que se vote nominalmente un repudio al procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por el delito de abuso sexual. El tablero marcó 118 votos a favor y 81 en contra, pero no prosperó porque la moción necesitaba dos tercios de los votos para quedar efectiva. “El kirchnerismo logró bloquear el tratamiento y eligió una vez más seguir haciendo un silencio cómplice”, denunció la fuerza amarilla.

Se extiende la batalla por las leyes en el Senado

Mientras el oficialismo perdía la votación en Diputados, también pasaba un mal trago en el Senado. Ayer se retomó el tratamiento del paquete fiscal en la comisión de Presupuesto y los libertarios no pudieron afrontar hasta los cuestionamientos de los opositores cercanos sobre los principales puntos del proyecto legislativo, que contempla un blanqueo de capitales, el RIGI y la restitución del impuesto a las Ganancias.

“Yo tengo una lista de preguntas, pero si las respuestas no surgen de esta comisión, funcionarios y expertos tienen que venir”, exigió el senador Martín Lousteau (CABA-UCR), frase que motivó al Ezequiel Atauche, jefe del bloque de LLA y titular de la comisión, a afirmar que “se estudiará la posibilidad” de que haya invitados. Esa ronda de expositores demorará aún más el tratamiento que el Gobierno pensaba para su paquete fiscal. Lo mismo sucede con la ley Bases, que hoy está en la agenda del plenario de comisiones de Legislación General; de Asuntos Constitucionales; y de Presupuesto y Hacienda.

“Hay diálogo y se está avanzando en un entendimiento, pero dictamen todavía no vamos a tener”, reconoció ayer a elDiarioAR una importante fuente libertaria sobre el status de los proyectos oficialistas. El lunes hubo una cumbre entre opositores aliados y funcionarios del Ejecutivo encabezada por Victoria Villarruel –como publicó ayer este medio– que no prosperó en cambios concretos en los textos. En el oficialismo ya no quieren poner más deadline sobre cuándo se votará en el Senado: “Bastante nos autoexigimos con el 25 de mayo”, admitió con cierto tono de fastidio la voz consultada.

El blanco de las críticas de Lousteau fue, principalmente, el capítulo sobre el blanqueo de capitales. Ya había fustigado el régimen de incentivo para grandes inversiones. También el senador Víctor Zimmerman (Chaco-UCR) reclamó cambios en la restitución de Ganancias. Sobre el blanqueo señaló: “No deberían poder blanquear aquellos que blanquearon últimamente y tiene que tener un plazo de 10 años como mínimo”. 

Más extensas fueron las críticas desde UxP, y desde el oficialismo recogieron el guante porque si bien el pasado jueves 9 de mayo el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expuso en la comisión, el kirchnerismo faltó por el paro nacional de la CGT. Atauche evitó adelantar que vuelva a convocarse al número dos del ministro Luis Caputo. La salida que encontró al laberinto ayer fue llamar a un cuarto intermedio sin definir cuándo se retomará la discusión. 

MC/JJD