El Senado convirtió en ley dos proyectos fundamentales para reforzar la lucha contra el crimen organizado y endurecer las penas a delincuentes reincidentes.

En una extensa jornada desarrollada este jueves, por un lado, con 38 votos afirmativos y sin negativas ni abstenciones, la Cámara alta aprobó la ley antimafia, una iniciativa que busca un abordaje integral contra el crimen organizado. La votación contó con el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Las Provincias Unidas y otros espacios federales. Dos senadores kirchneristas, Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Carolina Moisés (Jujuy), también votaron a favor, mientras que el resto del bloque se retiró antes de la votación.

Esta reforma del Código Penal endurece las penas para delitos como narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos. Entre sus principales disposiciones, establece penas de 8 a 20 años de prisión para quienes pertenezcan a organizaciones criminales. Además, la pena máxima aplicable al delito más grave cometido por la organización también se extenderá a todos sus miembros, bajo el criterio de que todos contribuyen a la ejecución del crimen.

La ley introduce la figura de la Zona de Investigación Especial, que permitirá respuestas más rápidas y efectivas al crimen organizado. En estas zonas, la Justicia Federal tendrá competencia exclusiva y podrá coordinar con fiscales provinciales y unidades especializadas para investigar delitos de alta complejidad. También amplía facultades para detener sospechosos hasta 48 horas, con posibilidad de extensión a 15 días en casos de delincuencia transnacional. Otras medidas incluyen la incautación de bienes vinculados al crimen organizado, allanamientos sin demora en cárceles y la posibilidad de intervenir comunicaciones con autorización judicial.

En paralelo, el Senado también convirtió en ley la reforma al Código Procesal Penal Federal, que busca eliminar la “puerta giratoria” en la justicia. La norma, aprobada con 67 votos afirmativos y sin abstenciones, endurece los criterios de detención y reincidencia para evitar la liberación de delincuentes que vuelven a cometer delitos.

Una de las modificaciones clave es la introducción del concepto de “reiterancia”, que permite la detención inmediata de personas procesadas que cometan nuevos delitos. Además, se establece que una persona será considerada reincidente si ha sido condenada al menos dos veces con penas privativas de libertad, incluso si una de ellas fue impuesta en el extranjero por un delito que amerite extradición según la legislación argentina.

La nueva normativa también permite la acumulación de condenas impuestas por distintos tribunales, con un límite máximo de 50 años de prisión. Sin embargo, no se tomará en cuenta para la reincidencia las condenas impuestas a menores de 18 años o aquellas en las que haya existido una amnistía.

MM

El presidente Javier Milei oficializó este lunes la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso por medio del decreto 23/2025 publicado en el Boletín Oficial para tratar siete temas en particular, entre los que se incluyó el proyecto “Ficha Limpia”, la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y los pliegos de dos jueces para integrar la Corte Suprema. Además, incluyó los proyectos de leyes Antimafia, de Reiterancia, de Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos y para modificar el Código Procesal Penal.

“Se ha firmado hace instantes el decreto convocando a sesiones extraordinarias (…) las mismas se llevarán desde el 20 de enero próximo y concluirán el 21 de febrero”, anticipó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus redes sociales durante la noche del viernes pasado.

El proyecto ley 'Ficha Limpia', incluido en el decreto que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial, será remitido por el Poder Ejecutivo en Diputados e impide a condenados en segunda instancia por causas de corrupción presentarse a elecciones para ejercer cargos públicos.

En caso de aprobarse impediría a la exmandataria y actual presidenta del peronismo, Cristina Fernández, ser candidata en las elecciones legislativas de 2025, ya que fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la obra pública, aunque el fallo no está firme y puede ser apelado ante la Corte.

Esta propuesta legislativa fue tratada en noviembre pasado, pero la sesión se cayó por falta de quórum por parte del peronismo, pero también del oficialismo y sus propios aliados.

Otro de los proyectos principales que ingresará por la Cámara Baja será la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que de acuerdo al Gobierno argentino es un “gasto ridículo”.

“Una PASO en el orden nacional debe estar costando US$150 millones. Es un gasto ridículo, un mal uso de los fondos del Estado y eso hay que cambiarlo. Si somos serios, hay que cambiar el sistema”, afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones a Radio Mitre.

Creadas en 2009, las primarias permiten a los partidos políticos presentar precandidatos de orden nacional (presidente, senadores y diputados), donde se puede incluir a varios candidatos de una misma facción, y aquellas agrupaciones que obtengan -al menos- el 1,5 % estarán habilitadas para participar de las generales.

En las últimas elecciones de Argentina, que concluyó con la victoria de La Libertad Avanza y el ascenso a la presidencia de Milei, se realizaron tres comicios en total entre PASO, generales y balotaje.

Asimismo, el Ejecutivo enviará al Senado los pliegos del juez federal Ariel Lijo y el abogado y académico Gabriel García Mansilla para su aprobación, que requiere de las dos terceras partes de la Cámara alta. Ambas candidaturas generaron controversia, en parte, por la falta de igualdad de género en la Corte.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una ONG apartidaría, reveló en un informe que Lijo recibió 32 denuncias disciplinarias desde que ejerce como juez y solo elevó a juicio 14 de las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo.

Respecto a García Mansilla, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) aseguró en un comunicado que el académico “rechaza la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en la Reforma de 1994”, y “plantea posiciones regresivas sobre los derechos de las mujeres y la interrupción legal del embarazo”.

Los 7 proyectos

EFE.

IG

Las imágenes de cuatro encapuchados que exhiben armas de guerra y profieren amenazas contra la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro no tomaron desprevenido al gobierno nacional.

El video fue atribuido de inmediato por la Oficina del Presidente a “una organización narco terrorista todavía no identificada”, aunque la investigación judicial recién comienza, y su difusión precedió al anuncio de que el proyecto de ley antimafias será tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. Pareció una demostración práctica de lo que La Libertad Avanza y sus aliados se proponen combatir “sin cuartel”.

El video presenta a cuatro jóvenes enfundados en mamelucos que hacen una especie de mímica con las armas mientras una voz en off recita un texto preparado. Si las amenazas de muerte pueden corresponderse con otros casos, el mensaje llama la atención por sus disonancias con los antecedentes: el anuncio de que “estamos instalados en Buenos Aires”, una novedad sin correlato en hechos comprobables; la preocupación expresada por los presuntos narcos porque los niños vayan a la escuela y no se conviertan en delincuentes, inédita en bandas criminales; y la advertencia “esto no va a terminar”, una declaración de guerra que se ajusta al concepto de “narcoterrorismo” que el gobierno nacional propuso en marzo y ahora relanza para la aprobación del proyecto de ley antimafias.

Ariel Larroude, director de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación entre 2019 y 2023, observa con escepticismo el registro: “La morfología de las imágenes, el tono de la voz en off, el mensaje donde anuncian a viva voz que están instalados en Buenos Aires, son muy dudosos”.

El video contradice los antecedentes de la última década en Rosario donde “las bandas no amenazaron de palabra sino que actuaron de manera directa y agregaron luego un mensaje; no obstante, se tendrá que investigar e identificar a quienes están detrás”. Larroude acaba de publicar el libro Narcomenudeo, controversias político-criminales sobre lo que se persigue y lo que se castiga en la ciudad de Buenos Aires.

No es la primera vez que un video narco circula en medio de una situación de crisis. En mayo de 2023 audios, fotografías y videos propagaron en Rosario noticias falsas sobre un toque de queda narco impuesto a los habitantes del barrio La Cerámica. Las imágenes que mostraban tiroteos, persecuciones y escenas de caos en la calle correspondían a sucesos antiguos de otros países, pero resultaron verosímiles en un contexto de alta inseguridad y potenciaron el miedo y la incertidumbre pública.

En marzo, las redes sociales y parte del periodismo viralizaron un comunicado falso que proclamó la unión de las bandas criminales de Rosario para enfrentar al gobierno de Santa Fe.

La particularidad del caso actual consistiría en que el supuesto grupo narco envió el video directamente al gobierno nacional. El jueves, Patricia Bullrich anunció la detención en Puerto San Martín de tres personas que habrían participado en la filmación. La ministra de Seguridad de la Nación se anticipó a lo que pueda hacer la jueza a cargo, María Servini: dijo que el asunto está resuelto “en un 90 %”, aunque faltaría identificar a los responsables y las armas exhibidas a la prensa no se corresponden con las utilizadas. El video narco agregó otro motivo para el discurso bélico de la ministra –“guerra total al narcoterrorismo”, en su cuenta de X- y para el reclamo por la sanción de la ley antimafias.

 De qué hablamos cuando hablamos de mafia

El proyecto de Ley para el abordaje integral de las organizaciones criminales, como se llama, tuvo tratamiento durante el año en las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación, donde obtuvo media sanción.

Con dictamen de la Cámara de Senadores, fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso que anunció el vocero presidencial Manuel Adorni. “Suponemos que tendrá tratamiento antes de que termine el año con altas probabilidades de que finalmente se apruebe”, adelanta la abogada Victoria Darraidou, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

“El proyecto se propone perseguir organizaciones criminales, pero no da ninguna herramienta que entienda la dimensión económica del fenómeno, el aspecto que justamente posibilita las economías ilegales. La ausencia total de controles de flujos financieros es un límite claro para investigar la criminalidad Además se plantea la idea de zona sujeta a investigación especial, en las que personal del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Ministerio Público fiscal tendrían atribuciones extraordinarias”, puntualiza Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del Cels.

Al enviar el proyecto al Congreso, Bullrich planteó que la ley antimafias “implica que aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”; entre otros efectos, la ley habilitará “detenciones por averiguaciones de delitos”, “colocación de retenes para efectuar requisas” y “realizar allanamientos encadenados”.

“El tema de los allanamientos no es menor –señala Darraidou-. El proyecto otorga mayores capacidades a las policías federales en un contexto en el que ya actúan sin ningún control externo. Al margen de ese problema, hay una narrativa muy presente de los principales funcionarios del gobierno sobre una confianza absoluta en lo que hacen las fuerzas de seguridad”.

La pena más grave que corresponda en cada caso se extendería a todos los miembros de la organización criminal. “Podemos caer en sanciones desproporcionadas para alguien que tiene un rol menor o ni siquiera sabe que forma parte de una organización. En los delitos vinculados con drogas quienes ocupan los eslabones menores poco o nada saben sobre cómo se organiza el mercado ilegal y sobre quiénes son los principales responsables”, advierte la representante del Cels.

“No estaríamos hablando de la vieja discusión entre derecho penal de acto o de autor, sino de un derecho penal de asociación, lo que desvirtúa derechos y garantías de la ciudadanía -–afirma Ariel Larroude-. Además, a diferencia de otras regiones del continente, la matriz delictiva nacional todavía está fuertemente ligada a los delitos ordinarios y no a la criminalidad compleja”. El director del Posgrado de Política Criminal de la Facultad de Derecho (UBA) cita datos del Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena, del Ministerio de Justicia de la Nación: “la mayor parte de la gente detenida lo está por delitos contra la propiedad, homicidios dolosos y delitos sexuales; la realidad es que las cárceles están abarrotadas de pobres y no por una criminalidad organizada que en nuestra latitud vive en franca armonía con los cuerpos legales que tienen la obligación de investigar y reprimir”.

“El proyecto conforma una suerte de estado de excepción –resume la abogada Darraidou-. En las llamadas zonas especiales, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público producirían allanamientos sin órdenes judiciales específicas y también tendrían capacidades extraordinarias con relación a las detenciones”.

El reflujo de la ola

En la conferencia de prensa realizada en Rosario el jueves pasado, la ministra Bullrich celebró los “resultados históricos” del Plan Bandera contra la inseguridad. El Observatorio de Seguridad Pública del gobierno de Santa Fe registró 148 homicidios dolosos en la provincia entre enero y octubre, cifra que representa una disminución del 54,7% de los casos producidos en el mismo período del año pasado, durante el gobierno de Omar Perotti, y del 64,2 % en el ámbito del departamento Rosario.

“Que haya habido una reducción clara de los homicidios dolosos en Rosario, es un éxito de la gestión”, dice Ariel Larroude, pero al mismo tiempo “es obvio que hubo un acuerdo entre los actores ligados a la criminalidad: no se puede pasar de un escenario tan conflictivo a una pax tan llamativa”.

Maximiliano Pullaro fue uno de los expositores ante la Comisión de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, durante la discusión sobre la ley antimafias. El gobernador de Santa Fe respaldó el proyecto, pidió a los legisladores que “no se queden cortos” y hasta cuestionó “un exceso de garantismo” en el articulado, que no especificó.

“La pregunta sería cómo se ha resuelto la situación en Rosario –plantea Larroude-. Algunos analistas mencionan que se han actuado en tres lineamientos tácticos: un reacomodamiento en la línea de mando de la policía rosarina, una articulación eficiente entre Nación y Santa Fe a partir de un mayor despliegue de fuerzas federales en el territorio y un recrudecimiento de las condiciones de detención. Pero más allá de estos lineamientos hay que mirar con atención el proceso de adecuación de la provincia a la ley de narcomenudeo”, impulsada por el gobernador Pullaro y sancionada de modo expreso por la legislatura santafesina.

“El hecho de que la policía rosarina pueda actuar sobre el control del microtráfico de sustancias disciplinó a toda la estructura policial y volvió a aceitar líneas de recaudación ilegales e históricas de la fuerza de seguridad, tal como sucede en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. El circuito de recaudación ilegal rosarino era anómalo ya que los cuerpos policiales corruptos competían entre sí, liberando zonas y armando a las bandas en disputa. Esto también puede explicar la baja significativa de las muertes por utilización de armas de fuego”, agrega Larroude.

En su exposición ante los legisladores, Pullaro presentó su gestión en seguridad como un modelo a seguir. “Con algunas reformas importantes en la provincia de Santa Fe, que comenzaron en diciembre del año 2023, muchas cosas empezaron a cambiar y la violencia comenzó a bajar de manera considerable”, dijo el gobernador de Santa Fe. Se refirió, entre otros cambios, a la ampliación de las facultades para que la policía pueda detener a las personas y a modificaciones en el Código Procesal Penal de la provincia, por las cuales una persona puede pasar 30 días presa sin ser imputada.

Pullaro viene de liderar por otra parte el reclamo finalmente concedido por la Corte Suprema de Justicia de la provincia por la libertad del policía Luciano Nocelli, condenado a 25 años de prisión por las ejecuciones de Maximiliano Rosasco y Jimena Gramajo. Las víctimas intentaron arrebatarle el celular a una mujer y fueron interceptadas por una patrulla del Comando Radioeléctrico de Rosario.

Para el gobernador de Santa Fe, los jueces deben comprender las situaciones de estrés en que actúan los policías, pero un tribunal de la Cámara de Apelaciones acreditó que Nocelli asesinó a Rosasco y Gramajo sobre seguro, disparándoles por la espalda, a corta distancia y cuando se encontraban en el piso.

El video narco y las detenciones en Puerto San Martín mostrarían ahora tanto el peligro del narcoterrorismo como la eficacia del gobierno nacional y de Santa Fe para resolver la amenaza y la necesidad de la ley antimafias, “El proyecto es problemático además si pensamos en el desarrollo de la criminalidad y la violencia en ciudades como Rosario –dice Victoria Darraidou-, donde el involucramiento de las fuerzas de seguridad con los dinámicas delictivas es parte del problema; las sentencias judiciales, en numerosos casos, involucran hasta responsables jerárquicos de la policía de Santa Fe”. Pero ese aspecto no parece parte de la película que contempla la ley.

DM/OA

La Cámara de Diputados recibió en las últimas horas cuatro proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo Nacional vinculados a combatir la inseguridad y el crimen organizado.

En ese sentido, se trata de la Ley Antimafias, Registro de Datos Genéticos, Legítima Defensa y Ley de Reiterancia.

El próximo martes a las 17 se reunirá la Comisión de Legislación Penal para aprobar el dictamen y que el tema quede habilitado para ser tratado en el recinto para su aprobación.

El de Datos Genéticos es el que más avanzado está, mientras que el otro que también se perfila para ese mismo objetivo es el de Ley Antimafias, luego de que sea respaldado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante una exposición en la Cámara baja junto a su ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni.

Esos dos proyectos son los primeros que arrancaron ya que no tendrían tanta resistencia en la oposición, sobre todo en Unión por la Patria (UxP).

Más allá que el proyecto de Antimafias podría tener algo de rechazo en la oposición, es más probable que pueda avanzar.

Sin embargo, las normas de Legítima Defensa y de Reiterancia estarían más trabadas por UxP y otras fuerzas como para salir, por lo que aún no serán tratados y por eso son los que el oficialismo presentaría después.

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, la diputada nacional por Córdoba del PRO, Laura Rodríguez Machado, remarcó que “el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pidió una ley como la que envió el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich”.

“No es lo mismo una organización criminal que una organización mafiosa, ya que requieren distinto tratamiento y eso es lo que se busca determinar con esta normativa”, precisó Rodríguez Machado en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

En referencia a la Ley de Registro de Datos Genéticos, la que más avanzada está en la Cámara baja, explicó: “Este proyecto incorpora nuevas tecnologías como el ADN de contacto, que permitirá identificar a los autores responsables de un delito”.

Ley Antimafias

El proyecto de Antimafias, enviado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y que el miércoles contó con el respaldo de Pullaro y de su ministro de Justicia y Seguridad Cococcioni.

“Argentina está padeciendo el accionar de `grupos criminales organizados` que cometen delitos de extrema gravedad: narcotráfico, lavado de dinero, homicidios, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y explosivos”, arranca la norma enviada.

“Estas organizaciones `mafiosas` actúan ejerciendo una posición dominante en una zona territorial determinada, como actualmente sucede en la ciudad de Rosario. Para estas modalidades especiales se proponen procedimientos especiales: Concepto de `Zona Sujeta a Investigación Especial`, permitiendo una actuación conjunta y sistemática de las Fuerzas Federales de Seguridad, del Ministerio de Seguridad, de las Unidades Fiscales Especializadas de la Procuración General y de los Juzgados Federales de todo el país”, agregó.

Asimismo, indicó que “se tipifica el delito de asociación ilícita agravada por la constitución y funcionamiento de las `organizaciones criminales`; se agravan especialmente las escalas penales; se fija la penalidad del delito más grave cometido por la organización, como pena para el resto de sus integrantes; se tipifican hechos ilícitos cuando sean reiterados, bajo amenazas o lesiones o tuvieran por fin la eliminación de organizaciones rivales, se busque amedrentar a la población o se intente asegurar el control de un territorio para la comisión de nuevos delitos”.

“Se establece un sistema de extinción de dominio, ya que este tipo de asociaciones utilizan su fuerte `poder económico`. Se regula un sistema de `extinción de dominio` de los bienes y propiedades incautados, que pasarán a propiedad del Estado Nacional una vez que se acredite su origen ilícito, sin perjuicio de garantizar la indemnidad del patrimonio para el caso en que se concluya la causa con la absolución de los imputados”, precisó el proyecto.

Registro de datos genéticos

Este proyecto de ley tiene como fin incorporar tecnología y actualizaciones de la ciencia al Registro Nacional de Datos Genéticos.

De acuerdo a la ley vigente sólo se puede obtener un “perfil genético” con una cantidad determinada de fluidos humanos (sangre, semen), pero en los últimos años puede obtenerse a partir del “ADN de contacto”, que se traspasa por transferencia al tocar un objeto.

“Hoy en día (y en rigor, desde hace muchos años) ya no es necesario contar con fluidos humanos para obtener el perfil genético de un imputado. Para incorporar esta tecnología de `huella genética` es necesaria la modificación de la ley actual, ley 26.879, sancionada por iniciativa del Senado hace 10 años”, precisó el contenido de la norma.

“La `huella genética` no permite conocer ningún dato personal: ni la raza, ni la edad y ni siquiera el sexo del autor. Es como si se observara la impresión (la foto) de una huella dactilar estampada sobre un objeto, ya que una huella dactilar impresa no permite tampoco conocer edad, raza ni sexo. La `huella genética` no se toma del `ADN nuclear`, sino de `marcadores genéticos` que no tienen una función determinada, pero que son distintos y únicos en todas las personas”, agregó.

Y detalló: “Da información clara y precisa, pero preserva cuestiones de identidad previas. Esa `huella genética` consiste en un `código binario` (código de barras, como el de los `supermercados`) que se ingresa en un software especializado (no conectado a internet) con los datos de la causa judicial respectiva, sin ningún dato filiatorio de los imputados (aunque ya estuvieran presentados en el proceso) ni el de las víctimas. Sólo se ingresan los datos de la causa”.

“En el Registro también se proponen ingresar los `perfiles genéticos` de todos los imputados y condenados del sistema judicial. Al igual que las `huellas genéticas`, tampoco se ingresan al sistema con identificación filiatoria, puesto que sólo se obtiene un `código binario` (código de barras) sin nombres ni datos personales, más que los de la causa judicial. El sistema informático compara `códigos de barra` (los de la escena del hecho con los de los imputados)”, añadió.

Y remarcó: “El Registro contendrá las `huellas genéticas` obtenidas en los delitos en los que se obtengan rastros genéticos de todo el país y los `perfiles genéticos` de los imputados por todos los delitos cometidos en el país. También se incluirán las `huellas genéticas` de las fuerzas de Seguridad, de los funcionarios y empleados de la Justicia que intervengan en las investigaciones y de quien quiera aportar voluntariamente su perfil genético al Registro”.

“El Registro ya existe, la ley actual fue votada en 2013 casi por unanimidad, pero solamente incluye condenados con condena firme y sólo por delitos sexuales. La gran ventaja de la ampliación sobre el sistema actual, es que permitirá comparar las `huellas genéticas` de la escena del hecho con todos los imputados y condenados del país (como sucede en Uruguay, Chile, Brasil, EE.UU., México, Perú, Puerto Rico, Canadá, Italia Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, España, Australia, etc.), generando una comparación que permite la identificación de los imputados (como sucedió recientemente con la identificación del homicida de Lola Chomnalez, en Uruguay, ingresado al registro uruguayo por el delito de lesiones)”, señaló.

Y concluyó: “El sistema también es una herramienta poderosa para acreditar la inocencia en casos complejos, permitiendo exonerar a los inocentes. Además, como el Registro permitirá el ingreso de los perfiles genéticos que, voluntariamente, aporten los familiares de personas en búsqueda, se podrá identificar a las personas perdidas o desaparecidas”.

Legítima defensa

El proyecto de Ley de Legítima defensa frente al delito, busca “legislar para que las víctimas no sean tratadas como delincuentes”.

“Nuestro código penal define desde hace 103 años la causal de justificación por `Cumplimiento del Deber` diciendo que `no será punible` sin ninguna aclaración. En más de un siglo el mundo cambió y la Argentina también. Por eso, es imperioso especificar que la proporcionalidad del medio empleado deberá ser interpretada, en caso de duda, en favor de quien obre en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”, señaló la norma, que muestra algunos puntos polémicos a la hora de ser tratada.

“Se actualizan los requisitos para ejercer la legítima defensa incorporándose la diferencia de fuerzas, de edad y de contextura física entre quien es agredido respecto de quien o quienes lo atacan, como así también la experiencia en riña o el número de agresores”, indicó.

Además, “se incluye que estos requisitos son aplicables para quien pudiera hacer temer, a quien se defiende, por un daño a su integridad física o sexual”, al tiempo que “se incluye la posibilidad de defenderse legítimamente a cualquier hora dentro de su hogar, lugar de trabajo o lugar de alojamiento, cuando haya resistencia o señales de una agresión inminente”.

“El proyecto especifica que la legítima defensa sigue siendo si mientras en ese hecho el agresor se aleje del lugar del hecho.

Se aclara que será válidamente ejercida para repeler un ataque a la integridad física o sexual contra quien porte un arma, aunque se compruebe luego que la misma era falsa, siempre que exista un peligro verosímil de muerte o de lesiones graves para quien deba defenderse“, precisó.

Asimismo, agregó: “Se define que quien inicie una acción delictiva que implique fuerza o violencia no tendrá derecho a indemnización alguna por las consecuencias que deriven de dicha situación. Ni él ni sus herederos podrán instar acciones penales contra los que intentaron impedir la comisión del delito. El Estado y la Justicia no pueden avalar a quien viola la ley”.

“Se agravan las penas para quienes resistan por la fuerza la acción de la Autoridad y agredan a los integrantes de las Fuerzas de Seguridad. El respeto a las fuerzas del orden es uno de los pilares del sistema democrático”, sostuvo.

“Respecto a la legítima defensa, el actual art 34 del Código Penal determina que no será punible ”el que obrare en defensa propia siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende“, explica Facundo Pérez Lloveras, especialista en Derecho Penal en un artículo publicado por Infojus.

“Por su parte, el proyecto de ley modifica el art. 34 del CP, y amplía los supuestos de legítima defensa privilegiada, en los que no requiere una agresión ilegítima, utilización racional del medio empleado para impedirla o repelerla y la ausencia de provocación suficiente por parte del que se defiende, para la configuración de la defensa legítima”, sostiene Pérez Lloveras.

En este sentido, para el abogado penalista, “en la propuesta de modificación legislativa se establecen los siguientes nuevos supuestos: Igualmente respecto de aquél que encontrare a un extraño dentro de su hogar o de un inmueble en el que legítimamente se alojara o trabajara, siempre que haya resistencia o señales que pudieran hacer presumir una agresión inminente”.

“También se entenderá que concurren estas circunstancias cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual. Estará además comprendido en este párrafo quien se defendiere respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena”, sigue el proyecto que, además, busca quitarle la posibilidad a quien comete un delito o a sus parientes (si el delincuente muere) de querellar o demandar a la persona que se defendió.

Reiterancia

“En el lenguaje de la gente, el pedido de terminar con lo que se da en llamar `la puerta giratoria` es una demanda de años. Hasta ahora, una persona podía cometer un delito, por ejemplo, un robo, y conseguir quedar en libertad. Cometer un nuevo delito de robo y obtener una vez más la libertad y así seguir reiterando su accionar sin limitaciones legales. La sabiduría popular es real y la posibilidad de `la puerta giratoria` existe”, arrancó la norma.

Y explicó: “El proyecto incorpora, a nivel nacional (ya está legislado en la provincia de Mendoza) el concepto de `Reiterancia Delictiva`, por lo tanto, cuando se acrediten determinados extremos, el delincuente deberá permanecer detenido. Quien cometa delitos en forma reiterada y demuestra verosímilmente que no se ha motivado en la intervención de la Justicia Penal, evidencia un especial peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, con la probabilidad cierta de que continúe cometiendo delitos. Esta situación ahora será contemplada”. 

“También se rectifica el concepto de reincidencia, volviendo al original del Código Penal que, desde 1921, establecía que la declaración de reincidencia se aplicaba a quien había sido condenado con anterioridad por otro delito”, indicó.

Y detalló: “Se modifica el modo de computar el concurso de delitos y la unificación de condenas. Para el concurso de delitos, ahora se agrava la escala penal. Cuando corresponda unificar varias condenas dictadas contra una misma persona, se establece que la pena será el resultante de la suma aritmética de las penas que le hayan sido impuestas a un imputado”.

“No como es ahora que el modo de determinar el cómputo depende del libre criterio del juez que unifica las penas, ya que en vez de `sumarlas` puede `reducirlas` (como sucede en casi todos los casos).

Con información de NA.

IG