“Posibles maniobras de legitimación de activos de origen ilícito (lavado de dinero), conforme al artículo 303 del Código Penal”, dice la denuncia de la agencia ARCA que se presentó ante la Justicia Federal y a la cual accedió el portal Infobae.

La denuncia fue firmada por Felicitas Achábal, Jefa interina de la División Penal Tributaria de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de ARCA, allí detalla que la empresa de Pablo Otero “vendió cigarrillos por más de $33.600 millones entre los años 2021 y 2023 a 23 distribuidores mayoristas con perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real que revendían los productos a consumidores finales sin identificar y emitían facturas con precios similares a los de compra, lo que sugiere baja rentabilidad y posible simulación de actividad comercial”.

Y agrega: “Ante lo inusual de la operatoria de venta, se suma que los vendedores mayoristas poseen un marcado perfil fiscal irregular, y una notable falta de capacidad operativa, económica y financiera para llevar adelante el negocio”.

A su vez, la agencia ARCA identificó irregularidades en la facturación electrónica, en la emisión de comprobantes, en la ausencia de pagos tributarios y en el uso exclusivo de efectivo, todos elementos que dificultan la trazabilidad de los fondos. La denuncia tiene el patrocinio legal de los abogados Matías Gentile Brezigar y Vanina Mariel Vidal.

“Usinas” de facturas truchas

En un segundo cuadro de la denuncia, aparecen facturas emitidas por distribuidoras falsas que buscan “facilitar o encubrir maniobras orientadas a disminuir el saldo de impuesto a ingresar y/o transferir fondos del circuito formal a uno informal, como respaldo de operaciones inexistentes, con el fin de sustentar erogaciones que constituyen una simple transferencia de fondos hacia un circuito marginal de difícil trazabilidad”.

“Se detectó un perfil fiscal irregular o de contribuyentes no confiables contabilizando 23 distribuidores que presentaron inconsistencias y no proporcionaron información ni documentación suficiente que justifique el origen de los fondos, situación que impidió establecer la trazabilidad de los fondos”.

Para ARCA hay evidencia de una transferencia de dinero desde el circuito informal hacia uno formal, el paso final de una maniobra de lavado de dinero.

El descargo de la empresa

La Tabacalera Sarandí emitió un comunicado en el que denuncia persecución política en defensa de intereses extranjeros. “Desde Tabacalera Sarandí rechazamos de manera categórica las falsas acusaciones vertidas en las últimas horas contra nuestra empresa y su Director, Pablo Otero. Se trata de una denuncia sin ningún sustento jurídico ni fáctico, que responde a una clara maniobra de persecución política y económica.”

La tabacalera argumenta que la agencia de recaudación estatal está interviniendo en una disputa entre privados para beneficiar a una multinacional: “Esta operación tiene como único objetivo perjudicar a una empresa nacional que ha crecido en base al esfuerzo, el cumplimiento de las leyes y la competencia leal. Pretenden desplazarnos del mercado argentino para beneficiar a una multinacional extranjera: Masalin Particulares, perteneciente al grupo Philip Morris, que utiliza al ARCA para presionar en una disputa de mercado entre privados.”

Y afirma que no se quedará callada y defenderá la porción del mercado que quieren arrebatarle. “La denuncia impulsada por el ARCA responde y es funcional al histórico lobby ejercido por estos grupos concentrados que no toleran la existencia de una empresa nacional competitiva en el sector del tabaco. No es la primera vez que enfrentamos ataques sistemáticos destinados a quebrarnos o forzarnos a entregar nuestra participación en el mercado.”

Según la vesión de Sarandí S.A, “la denuncia de ARCA publicada en los medios de comunicación, motorizada por la señora Natalia Pérez Aguín gerenta de Comunicaciones de Massalin particulares, sostiene que algunos distribuidores habrían cometido irregularidades al vender cigarrillos a comercios o consumidores; y por eso también acusan a Tabacalera Sarandí de participar en una maniobra para ”blanquear“ dinero de origen ilegal”.

Entre los varios argumentos que usó la empresa para defenderse uno sostiene que “la acusación es absurda desde lo económico” porque “más del 85% del precio de un paquete de cigarrillos son impuestos”. “Si alguien quisiera lavar dinero, no lo haría usando una actividad con tanta carga impositiva. Sería ridículo perder el 85% del dinero solo para ingresarlo al sistema legal a través de la venta de cigarrillos”, remarcan.

La agencia ARCA (ex-AFIP) está dirigida actualmente por Juan Pazo, un funcionario que responde políticamente a Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía.

MU/MP

La Corte Suprema revocó un fallo que le permitía a una empresa tabacalera esquivar mientras se sustanciara una engorrosa causa judicial el pago de un impuesto reclamado por el fisco.

El Máximo Tribunal entendió que la Cámara que había consentido la elusión al menos momentánea del pago, con su decisión, “en la práctica, ha inhibido potestades fiscales por un monto excepcionalmente elevado”.

Así, la Corte Suprema suspendió la ejecución de la sentencia de cámara que habilitaba a Tabacalera Sarandí S.A. a no pagar el impuesto interno al tabaco.

El máximo tribunal explicó que “la normativa que implementó dicho impuesto motivó una serie de acciones judiciales por parte de diversas empresas tabacaleras, con el argumento central de que, al establecerse un piso mínimo elevado, las empresas de menor tamaño se encontrarían en inferioridad de condiciones para competir con las grandes”.

El máximo tribunal viene emitiendo desde fines de mayo fallos que dejan sin efecto medidas cautelares que frenaban el accionar del fisco para perseguir el cobro del impuesto interno al tabaco.

Este jueves, el máximo tribunal revocó un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que “en la práctica, implicaba que la empresa no haría frente al tributo, hasta tanto la Corte se expidiera sobre la cuestión de fondo”.

La Corte, “sin que implique pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida”, modificó la situación de manera tal que el impuesto le es exigible a la tabacalera, independientemente del resultado final del expediente.

“Ya no queda pendiente ninguna medida preventiva, cautelar o de ejecución anticipada que tramite ante la Corte, que le impida al fisco determinar y percibir el tributo contra Tabacalera Sarandí S.A.”, resumió el tribunal.

El descargo textual de la Tabacalera Sarandí en abril

“Con motivo de la publicación de notas periodísticas en medios hegemónicos quienes imponen su agenda dejando de lado el propósito de informar, referidas a la empresa Tabacalera Sarandí S.A. y a su accionista mayoritario y presidente, Sr. Pablo M. Otero, nos vemos en la necesidad de formular precisiones con la finalidad de aclarar las mal intencionadas inexactitudes en la información difundida.

1. Las referidas notas de prensa omiten mencionar que:

A) La Ley 27.430, que estableció el impuesto mínimo para los cigarrillos actualmente vigente –el cual está diseñado para incrementar exponencialmente el precio de los cigarrillos económicos fabricados por las Pymes (parte minoritaria del mercado tabacalero), impidiendo de tal forma que compitan por precio con los cigarrillos fabricados por las grandes empresas multinacionales que lideran el mercado-, simultáneamente rebajó la alícuota ad valorem del impuesto interno a los cigarrillos del 75% al 70%, la cual quedaría reservada para las grandes empresas multinacionales en tanto venden mayormente cigarrillos premium (parte mayoritaria del mercado tabacalero) a los que no aplica el impuesto mínimo.

B) La imposibilidad de competir por precio con las grandes empresas tabacaleras, constituye la base del planteo de inconstitucionalidad del impuesto mínimo formulado por Tabacalera Sarandí y otras Pymes tabacaleras y que fuera acogido por las dos instancias judiciales ordinarias.

C) La mayor pérdida en la recaudación del Estado Nacional, en lo que refiere al impuesto interno a los cigarrillos, se explica por la rebaja en la alícuota ad valorem -que pasó del 75% al 70% sobre el precio de los cigarrillos- que implicó una monumental transferencia de recursos por parte del Estado Nacional a favor de las empresas multinacionales que concentraban más del 90% del mercado, y no por el no pago del impuesto mínimo por parte de las Pymes tabacaleras.

2. No es cierto que Tabacalera Sarandí evada impuesto alguno a los cigarrillos. Tabacalera Sarandí paga impuestos internos en las mismas condiciones que lo hacen todas las Pymes tabacaleras (pago del impuesto ad valorem, es decir, aplicando la tasa del 70% sobre el precio de los cigarrillos informados por los fabricantes). El no pago del impuesto mínimo se sustenta en las sentencias dictadas por el Poder Judicial que lo han declarado inconstitucional, por lo que Tabacalera Sarandí no tiene obligación legal de abonar dicho impuesto. En consecuencia, si no hay obligación de pago, mal puede hablarse de evasión.

3. Ninguna Pyme tabacalera paga el dominado impuesto mínimo, ya sea porque en su mayoría han obtenido alguna medida judicial que las exime de dicho pago o bien porque en los hechos, pese a no contar con medidas judiciales, el pago de dicho impuesto implicaría ni más ni menos que la desaparición de la empresa. En consecuencia, Tabacalera Sarandí no fue ni es la única empresa tabacalera que no paga el impuesto mínimo.

4. Tabacalera Sarandí no le debe a la AFIP ni un centavo al día de la fecha. No hay deuda alguna determinada por la AFIP ni mucho menos que resulte exigible por la sencilla razón –y este es un dato que no debería ser soslayado por los medios de prensa que se consideran respetuosos de las instituciones de la República y del Estado de Derecho- que el impuesto mínimo ha sido declarado inconstitucional por el Poder Judicial, en el caso de Tabacalera Sarandí con sobrados y contundentes argumentos constitucionales de indudable interés periodístico y trascendencia para la comunidad.

5. No es cierto que Tabacalera Sarandí subfacture el precio de los productos que comercializa. La empresa declara el precio de venta al público, factura y cobra dicho precio y paga impuestos internos a la tasa del 70% sobre dicho precio de venta al público, por lo que la actividad de Tabacalera Sarandí se ajusta en un todo a las normas impositivas que rigen la actividad, sin que a la fecha exista elemento alguno que permita sostener en forma certera y veraz lo contario. De hecho, existen otras Pymes que declaran productos de $200, a quienes los diarios ni mencionan para focalizar una fenomenal campaña sucia contra Tabacalera Sarandí.

6. Igualmente incorrecto resulta pretender explicar el crecimiento de Tabacalera Sarandí a partir del no pago del impuesto mínimo por cuanto Tabacalera Sarandí no es la única empresa del sector tabacalero que se encuentra eximida por el Poder Judicial de la obligación de pagar dicho impuesto. Ninguna Pyme paga el impuesto mínimo y, sin embargo, ninguna de ellas posee casi el 30% del mercado. Lejos de esta explicación facilista, la caída del poder adquisitivo y el crecimiento en todos los sectores de las segundas y terceras marcas en el contexto de una economía complicada, la constante inversión y mejora permanente en la calidad de los productos que Tabacalera Sarandí comercializa por otra parte, son fenómenos que explican de manera más objetiva ese crecimiento.

7. Ni Tabacalera Sarandí ni ninguno de los jueces que han declarado la inconstitucionalidad del impuesto mínimo han incumplido ni desoído el fallo por el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”) revocó en su momento una medida cautelar que beneficiaba a Tabacalera Sarandí. Cabe aclarar que la revocación de dicha medida cautelar se sustentó en la inexistencia -en el expediente a dicho momento- de suficiente sustento probatorio que respaldase el otorgamiento de dicha medida cautelar. Con posterioridad, se produjo la prueba ofrecida oportunamente y los jueces intervinientes pudieron expedirse sobre el fondo de la cuestión declarando la inconstitucionalidad del impuesto mínimo en las sentencias definitivas favorables, lo que le permitió seguir funcionando. No existe contradicción alguna entre lo resuelto por la CSJN en Mayo 2021 y el estado de situación actual del expediente judicial y de Tabacalera Sarandí.

8. Aunque resulte inverosímil, por haber sido la empresa que impulsó la sanción del impuesto mínimo en la República Argentina, Massalin Particulares también inició una acción en la justicia para que se declare la inconstitucionalidad del impuesto mínimo. El absurdo llega a tal punto que Massalin Particulares, por un lado, defiende la constitucionalidad y validez del impuesto mínimo actuando como tercero en las causas promovidas por las Pymes tabacaleras y, simultáneamente, inició ella una causa planteando la invalidez de dicho impuesto. Para ser claros, Massalin y BAT juegan en ambos lados del mostrador y esta situación debería resultar al menos alguna atención de parte de los medios de comunicación. Cosa que obviamente nunca va a suceder.

9. Tabacalera Sarandí no defiende ni está a favor del régimen tributario vigente. De hecho, Tabacalera Sarandí fue la primera empresa en cuestionar la constitucionalidad del impuesto mínimo. Pero una nueva avanzada de las multinacionales, en combinación con sus estudios jurídicos y legisladores funcionales a esas empresas, condiciona u “obliga” a Tabacalera Sarandí a no validar un nuevo esquema tributario redactado e impulsado para concentrar el mercado en manos de Massalín Particulares. Sí, creemos en un consenso legítimo de la industria en un marco normal de negociación, para proponer a las autoridades una ley justa. Pero este no es el juego deseado por las multinacionales que prefieren la descalificación de Tabacalera Sarandí, en sus medios mostrando todo su desprecio.

10. Finalmente, resulta muy llamativo que las notas periodísticas a la que aludimos hagan foco en Tabacalera Sarandí por haber cuestionado la constitucionalidad de un impuesto que considera injusto, cuando hay innumerables personas y empresas (pequeñas, medianas y grandes, inclusive importantes medios de comunicación) que han cuestionado por considerar inconstitucionales impuestos de todo tipo (IVA, Ganancias, Aporte Solidario, Aportes y Contribuciones) sin que en tales casos se hable de la obtención de “exenciones impositivas”, “privilegios”, “favoritismos”, “evasión” o “distorsiones” en los mercados en que dichas personas y empresas desarrollan su actividad, lo que por sí solo deja en evidencia un doble estándar inaceptable proviniendo de los principales medios de prensa del país que hacen gala de su transparencia, objetividad y profesionalismo periodístico.

11. Nosotros

Nuestra empresa lleva en el mercado 25 años de trayectoria y hoy brinda trabajo a casi 400 personas en forma directa, siendo incontables los empleos indirectos que se generan a lo largo y a lo ancho del país a través de la comercialización y distribución de nuestros productos.

12. Nuestra posición respecto a la primera propuesta de “Ley Ómnibus”

A) Apoyamos la eliminación del impuesto mínimo y proponemos la carga impositiva “ad valorem” consecuentemente con todos nuestros históricos recursos legales los cuales han sido refrendados por la justicia en cada caso.

B) No compartimos la propuesta de relevamientos aleatorios de precios de mercado por considerar que esta práctica es altamente distorsiva y fácilmente manipulable, generando futuras judicializaciones.

C) No estamos de acuerdo con la introducción al mercado argentino de vapeadores, cigarrillos electrónicos y/o productos de tabaco calentado por encontrarse los mismos prohibidos por la ANMAT y por entender que la incorporación al mercado de dichos productos es una estrategia engañosa de las multinacionales a nivel mundial que apunta al público joven en clara búsqueda de nuevos fumadores que hoy no consumen tabaco tradicional. Tampoco apoyamos que en caso de permitirse esta transgresión se aplique un impuesto menor al fijado para el cigarrillo dado que resulta un producto alternativo con similar efecto adictivo y peores consecuencias para la salud.

13. Leyes reguladoras de la industria

A) En el año 2004 se modifica la ley vigente a ese momento (Ley 24674). Esta modificación es conocida como “Primera ley Masssalin” en donde se incorpora el concepto de CMV (Categoría Más Vendida“) obligando a toda la industria a pagar el 75% de impuestos internos tomando como base imponible el precio de su marca insignia que era la más vendida del mercado. O sea una empresa fijando impuestos para todas.

B) En el año 2017 se aprueba la Ley 27430 conocida como “Segunda ley Massalin” que reduce la alícuota del impuesto interno del 75% al 70% y se incorpora el concepto de impuesto mínimo, beneficiando a las multinacionales con una transferencia importante de recursos producida por la baja del impuesto y empujando a las nacionales al pago de un impuesto sobre un precio ficticio que no reflejaba el valor real de sus productos.

Nos encontramos hoy frente a la posible “Tercera ley Massalin” con similares objetivos de hacer desaparecer a las empresas nacionales y la libre competencia además de la incorporación de productos relacionados alternativos y prohibidos a muy bajo costo impositivo, buscando nuevos fumadores jóvenes.

14. Pago de impuestos

Tabacalera Sarandí cumple puntualmente con el pago de impuestos que la ley y la justicia han determinado que deben pagarse tanto Internos como los referidos al Fondo Nacional del Tabaco a saber:

15. Precios

Respecto a la información que está circulando en los medios o donde se dice que Tabacalera Sarandí vende los cigarrillos más baratos del mercado, lo cual no es cierto y para cuya comprobación ponemos a disposición las listas de precios al público declarada en AFIP de las principales marcas de cada empresa del sector:

16. Consumo de Tabaco Nacional

No es cierto que Tabacalera Sarandí no compre tabaco argentino.

17. Inversiones

Tabacalera Sarandí ha realizado importantes inversiones en capacitación, procesos de gestión, calidad, crecimiento del empleo y maquinarias a saber:

18. Actividad mediática

Como se advierte de la información aportada y comprobable, la misma desplegada por los medios es la mayor de las veces equivocada y algunas veces incompleta.

Entendemos que la presencia omnipotente y poderosa de las multinacionales obstaculiza por diversas maneras que se escuche la verdad.

Históricamente en medio de las crisis los productos nacionales de empresas infinitamente más chicas en estructura y despliegue resultan ser siempre más económicos y se posicionan como segundas marcas con importante crecimiento.

Esta ley de mercado parece ser llamativamente ignorada por los formadores de opinión que solo apuntan a beneficiar intereses espurios tergiversando la realidad de la industria.

Por la presente apuntamos a llevar claridad a nuestros clientes y a la opinión pública en general y aunque el cerco mediático sea imposible de franquear, no claudicaremos en nuestro afán de sostener esta empresa de 400 familias que tanto esfuerzo nos ha costado construir“.

Con información de NA.

IG

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una medida cautelar que beneficiaba a la Tabacalera Sarandí en el marco de una causa contra el Estado Nacional, el Ministerio de Economía, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General Impositiva (DGI).

La empresa había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430, que establecen montos mínimos para los productos que comercializa, incluyendo toscanos, puros, cigarrillos y tabacos. 

Según la Tabacalera Sarandí, la compañía de Pablo Otero, el “Señor del tabaco”, dichos montos mínimos superaban los precios de comercialización de sus productos.

La decisión de la Corte se centró en cuatro recursos de queja entre ellos de la AFIP. En ese caso, el máximo tribunal dejó sin efecto la cautelar que ordenaba a la AFIP abstenerse de requerir a Tabacalera Sarandí la liquidación del monto mínimo y de impedirle la utilización del aplicativo previsto en la Resolución General 5113/21 para ningún trámite fiscal relacionado. 

En el recurso interpuesto por Massalin Particulares S.R.L. (RH10), la decisión fue similar. Mientras tanto, en los recursos RH12 y RH13, también presentados por Massalin Particulares S.R.L. y la AFIP respectivamente, se cuestionaba la prórroga de las cautelares mencionadas.

La mayoría de la Corte, conformada por los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, revocó la medida cautelar basándose en una decisión previa en la misma causa, resuelta el 13 de mayo de 2021.

En esa oportunidad, siguiendo el dictamen de la Procuración General de la Nación, los ministros firmantes (junto con la jueza Elena Highton) consideraron que no se encontraba acreditado el peligro en la demora, requisito fundamental para dictar una medida cautelar. 

Además, el juez Carlos Rosenkrantz se excusó de participar en la decisión por haber sido abogado de Massalin.

La causa de fondo aún está pendiente de resolución en la Corte Suprema.

En instancias previas, tanto el juzgado de primera instancia como la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal habían declarado la inconstitucionalidad del impuesto cuestionado por Tabacalera Sarandí.

La decisión de la Corte Suprema sobre la medida cautelar implica que, por el momento, Tabacalera Sarandí deberá cumplir con las disposiciones de la Ley 27.430 respecto a los montos mínimos establecidos para sus productos. 

No obstante, el fallo definitivo sobre la constitucionalidad de dichos artículos aún no ha sido emitido, lo que deja abierta la posibilidad de futuras revisiones y ajustes según la decisión final del máximo tribunal.

Este caso refleja el complejo entramado jurídico y fiscal que enfrenta la industria tabacalera en Argentina, donde las regulaciones impositivas y los litigios judiciales juegan un papel crucial en la operativa y la rentabilidad de las empresas del sector. 

La resolución final de la Corte Suprema será determinante para establecer el marco legal aplicable y las obligaciones fiscales de Tabacalera Sarandí y otras empresas similares en el país.

CRM con información de la agencia NA