El expresidente Puigdemont vuelve a Catalunya. En un mensaje en la red social X, el líder de Junts aseguró que, una vez se fije el pleno de investidura de Salvador Illa y tal como él mismo había prometido, emprende el viaje de regreso para poder asistir al Parlament este jueves. De confirmarse su regreso, Puigdemont volvería a Catalunya por primera vez desde el 27 de octubre de 2017, cuando se trasladó a Bélgica para no ser juzgado por los hechos del Procés.

El líder de Junts ha enviado su mensaje solo unos minutos después de que la Diputación Permanente del Parlament haya confirmado que la fecha de investidura de Illa será el jueves. Inmediatamente tras el anuncio, Junts ha convocado un recibimiento a Puigdemont este mismo jueves, una hora antes del pleno y a las puertas del Parlament.

“Creo que no hay otro camino para la normalidad democrática que el fin de la represión política”, ha insistido Puigdemont en su vídeo, en el que también ha asegurado que eso era lo que preveía la ley de amnistía, cuyo cometido era “alcanzar a todo el mundo”. “Por eso no podemos callar ante la actitud de rebelión en la que se han bunkerizado algunos miembros del Supremo”, ha asegurado Puigdemont, que ha criticado que al Gobierno de Pedro Sánchez parece “no importarle demasiado”.

Primer regreso en siete años

En todos estos años, no ha cruzado la frontera en ningún momento para evitar ser llevado frente a la justicia española que tanto ha evitado. Ahora ha decidido volver, después de prometerlo activamente, en un momento clave y con la intención de dar un golpe de efecto. Sus exsocios de ERC están a punto de investir a un candidato socialista como president de la primera legislatura en que el independentismo pierde la mayoría desde el inicio del Procés. 

En cualquier momento de los 175 km que separan la frontera con el Parlament de Catalunya, Puigdemont se arriesga a ser detenido y pasar a disposición judicial. Sobre él todavía pesa una orden de detención por la única causa que le queda abierta: un delito de malversación. Es el único que sigue pesando sobre Puigdemont, después de que el Supremo archivara el caso Tsunami, al decretar que una de las prórrogas del juez Manuel García Castellón fue ilegal. 

Esta causa sustentaba acusaciones de terrorismo contra una decena de personas, entre ellas el expresident o la dirigente de ERC Marta Rovira. El delito de terrorismo tampoco es amnistiable y por eso, al ser retirado, la republicana pudo volver a Catalunya a mediados de julio, ya que no tenía ninguna otra causa abierta.

Pero no es el caso de Puigdemont, que todavía tiene cuentas pendientes y por las cuales previsiblemente recibirá el alto de los Mossos en algún momento en su viaje hacia el Parlament. Aunque él tiene la firme intención de entrar en la cámara y ejercer su derecho a voto, lo más probable es que sea detenido antes. No está claro qué sucederá cuando eso suceda. Existen diversas opciones: una -quizás la menos probable- es que él mismo se entregue ante la justicia. 

Otra es que sea la policía quien le arreste, con lo que pasará a disposición del juzgado responsable del lugar en el que se haya producido la detención. Una vez ahí, la pelota estará en el tejado del juez Llarena, que puede decidir mantenerlo en un calabozo catalán o bien ordenar su traslado a Madrid, para que quede en manos del Tribunal Supremo. 

Cabe la posibilidad que el tribunal apunte al riesgo de fuga y envíe al expresident a prisión hasta que declare ante un juez -o hasta que el Constitucional revoque la decisión de Llarena de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación. Pero también existe la opción de que sea puesto rápidamente en libertad con una citación judicial, como le pasó a la exeurodiputada Clara Ponsatí.

Si finalmente Puigdemont es detenido, lo más probable es que el pleno de investidura que debía celebrarse esta mañana se cancele. El líder de Junts, Jordi Turull, aseguró que si el expresident no podía llegar al Parlament, pedirían que se suspendiera el pleno. Tanto ERC como los Comuns han considerado que esta opción es la mejor y ambos grupos estarían dispuestos a aplazarlo. 

Lo que no queda claro es la fecha en la que se convocaría de nuevo la cita. El Parlament tiene de fecha límite el 26 de agosto para investir a un nuevo president. En caso de no hacerlo, se activaría automáticamente la maquinaria de la repetición electoral, que sería el 13 de octubre. 

Una vuelta anunciada

“Para que vuelva el president, vota al president”. Este fue uno de los lemas de campaña de Junts para las elecciones que se celebraron en diciembre de 2017, apenas tres meses después del referéndum y dos desde la marcha de Puigdemont. El expresident aseguró que, si salía vencedor de los comicios, volvería, aunque ello supusiera su detención. Aquellas elecciones las ganó Ciudadanos.

Años más tarde, en 2024, Junts volvió a usar ese lema y apostó toda su campaña al regreso del expresident al más puro estilo Lluís Companys. De hecho, el nombre de la lista para las elecciones fue Junts + Puigdemont per Catalunya. Todos los actos fueron un recordatorio constante de que Puigdemont cada día estaba más cerca. Literalmente, puesto que trasladó la agenda preelectoral a la localidad de la Catalunya Norte de Argelers, a pocos kilómetros de la frontera, donde cada día se desplazaban autobuses con decenas de militantes y simpatizantes.

Los exconvergents creyeron que su regreso iba a ser un gran golpe de efecto, pero sólo consiguieron ganar tres escaños. La victoria fue, inequívocamente, para el PSC, que se plantó con 42 diputados, su cifra más alta en la historia (y consiguiendo romper la racha de la mayoría independentista en la cámara catalana).

Aunque la idea del regreso no tuviera rédito electoral y la investidura de Puigdemont fuera aritméticamente imposible, el expresident no dejó ni por un momento de presionar a ERC para que le apoyara a él en lugar de a Salvador Illa. Tanto ha sido así que dejó claro desde el día después de las elecciones que se personaría en el debate de investidura, aunque eso supusiera su detención.

Con ello no sólo dejaba clara su intención de aspirar a la presidencia, sino que ejercía una fuerte presión sobre los republicanos: dar su apoyo al PSC supondría que ERC daría la espalda al independentismo y facilitaría una investidura que, en paralelo, supondría su detención. 

De hecho, el mismo expresident ya responsabilizó a los republicanos de la represión a la que, asegura, es sometido y aseguró que el pacto entre PSC y ERC convertía su detención en una “posibilidad real en pocos días”. Esas declaraciones levantaron oleadas de críticas que no hicieron más que caldear un ambiente ya tenso entre los diversos sectores del independentismo. 

Puigdemont, si llega al Parlament sin ser detenido, volverá a Catalunya, siete años después de su salida de España, a la investidura del primer president socialista y no independentista desde que se inició el procés, hace más de una década. 

Cronología de siete años en el exterior

27 días después de la celebración del referéndum del 1O, y en ausencia de la oposición, el Parlament declaró la independencia de Catalunya. En Madrid, el Senado respondió aplicando el artículo 155 de la Constitución, que dio a Mariano Rajoy el control de la administración catalana y destituyó a Puigdemont de su cargo.

Ante la previsible acción de la justicia, el expresident se instaló en Bruselas junto a los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret. El 30 de octubre, el día siguiente de su huída, llegó la querella de la Fiscalía General del Estado, que acusó a Puigdemont de rebelión, sedición y malversación.

Entre el 2 y el 9 de noviembre, líderes del Procés que se quedaron en Catalunya como Junqueras, exconsellers como Turull o Rull o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, fueron encarcelados. Pero Puigdemont todavía podía moverse liberemente por Europa en ausencia de una orden internacional de detención.

Esto cambió el 23 de marzo de 2018, con la primera euroorden. Dos días después, el expresident fue localizado por la policía alemana e ingresó en la cárcel de Neumünster, donde permaneció 10 días. Fue liberado después de que un tribunal alemán negara la solicitud de extradición al no considerar que Puigdemont hubiera cometido delito de sedición en España.

En mayo 2019 Puigdemont se convirtió en europarlamentario y consiguió la inmunidad. Cinco meses más tarde, Llarena reactivó las euroórdenes, empezando un vaivén de peticiones de extradición y órdenes internacionales en una batalla que el juez español no lograba ganar.

Paralelamente, y ya con Pedro Sánchez en el Gobierno, en 2021 se aprobaron los indultos, que supusieron la libertad de los líderes políticos juzgados y condenados 1.328 días después de su encarcelamiento.

Pero todavía se debía librar otra gesta para exonerar a aquellos que no se presentaron ante la justicia como Puigdemont o Rovira. Para ellos, la medida de gracia tenía que ser la ley de amnistía que, no sin polémicas y disputas, se aprobó en mayo de 2024.

Esta ley debía servir para zanjar el conflicto político, ya que sólo dejaba fuera de su alcance el delito de malversación cuando este supusiera un lucro personal y el de terrorismo. Pero el juez García Castellón intentó, de nuevo, que la medida de gracia no se aplicara al expresident al acusarle de este último delito grave por su implicación en las acciones impulsadas por Tsunami Democràtic.

Finalmente, la causa fue archivada y sobre el expresident hoy sólo pesa la acusación por malversación, que el Supremo entiende que no es amnistiable. Con todo, el futuro judicial del expresident es todavía incierto y las próximas horas y días serán claves para el devenir de la última gran figura pública que todavía representa las consecuencias del conflicto político y judicializado del procés catalán.

La histórica ley de amnistía en España es ya una realidad. Tras el Pleno de este jueves, que por momentos intentó frenar la extrema derecha con insultos, gritos e interrupciones durante la intervención del diputado socialista que defendía la norma, el Congreso de los Diputados dio luz verde definitiva a la medida de gracia que pone el punto y final a las consecuencias penales derivadas del procés.

La mayoría absoluta de la Cámara, con 177 votos a favor y 172 en contra –faltó al Pleno una diputada de Podemos por cuestiones personales–, respaldó una norma que han rechazado los diputados de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria en una sesión que el independentismo ha definido como “histórica”. Dirigentes de ERC y Junts, algunos de ellos condenados a prisión e indultados después como Oriol Junqueras, Carme Forcadell o Jordi Turrull, asistieron al debate parlamentario y a la votación desde la tribuna de invitados. Entre los escaños de los diputados catalanes hay quien no pudo reprimir las lágrimas.

“No es perdón ni clemencia, es victoria”, quiso reivindicar la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, para desterrar la idea de que las formaciones independentistas perdieron el pulso que lanzaron al estado en 2017. Nogueras aprovechó su intervención para reprochar al PP y al PSOE el castigo penal que se derivó del referéndum del 1 de octubre y de la posterior declaración unilateral de independencia. “No nos confundamos, nunca deberíamos haber necesitado la amnistía ni habríamos llegado hasta aquí si el Estado hubiera hecho una transición real, sobre todo en las cúpulas judiciales. No habríamos llegado aquí si el Gobierno hubiese aplicado las resoluciones del grupo de trabajo de la ONU sobre los exiliados y presos políticos catalanes. Si el PP y el PSOE no hubiesen promovido y participado activamente de la represión”, señaló.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, también comenzó su intervención en la tribuna con una alusión al Estado. “Es un día histórico porque estamos delante de la primera derrota del régimen del 78. Hoy no es solo un buen día por unas ideas o una causa, hoy es un buen día para todo un país, para su democracia y libertad”, defendió en un discurso en el que advirtió que esta ley de amnistía no es un paso final.

“Si tienen memoria, me entenderán. Siguiente parada: referéndum. Y quien se ría, que recuerde lo que se decía aquí de la amnistía hace cuatro, tres, dos años”, dijo en referencia a los discursos del Partido Socialista que negaban la posibilidad de un texto de olvido penal para los encausados por el procés como el que el Congreso aprobó definitivamente este jueves. 

El momento de mayor tensión llegó con la intervención parlamentaria del líder de Vox, Santiago Abascal. El líder de la ultraderecha incendió el recinto con un discurso contra el Gobierno, Sánchez y sus socios por la aprobación de la amnistía, ley que calificó de “golpe” y del “mayor atentado contra la Constitución” perpetrado desde 1978.

Abascal arremetió contra todos los socios que tiene Sánchez, tanto en España como a nivel internacional, y que a su juicio “denota el extremismo en el que han caído”. “Aquí quién les apoya son los albaceas de ETA y los delegados del prófugo de la justicia Puigdemont”. Y “a nivel internacional -agregó- solo les felicita Hamás, los talibanes, Irán, un régimen teocrático asesino de mujeres” o “el grupo de Puebla de los narco-gobiernos de Latinoamérica”, “En realidad están muy solos”, concluyó. “Aun así creemos que lo peor de Sánchez está por llegar”, sentenció Abascal.

Durante su turno, el líder de extrema derecha se refirió al diputado de Sumar Gerardo Pisarello —que intervino justo antes que el diputado ultra— como “enemigo de España”. “Soy nieto de republicanos andaluces. Me siento orgullosamente catalán y orgullosamente latinoamericano, y aunque fuera de Senegal, o fuera de Donosti, le diría que los que trabajamos y vivimos aquí no aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento”, respondió Pisarello. Varios diputados de Vox se levantaron de sus sillas para increpar al diputado socialista que tomaba en ese momento la palabra y al que llamaron —durante varios minutos, a viva voz y gesticulaciones de por medio— “traidor” o “corrupto”. Insultos que profirieron también posteriormente contra Pedro Sánchez.

Ante la ausencia durante todo el Pleno hasta el momento de la votación del presidente del Gobierno y la decisión del Ejecutivo de no intervenir durante el debate, el portavoz elegido por el PSOE para defender la norma más importante de la legislatura fue el diputado Artemi Rallo, que aprovechó buena parte de su turno para arremeter contra el PP por boicotearla. Rallo acusó a Alberto Núñez Feijóo de boicotear su tramitación, de manipular las instituciones y de llegar a proponer incluso la ilegalización de los partidos independentistas. “El PP ha protagonizado el más bochornoso espectáculo de grosera manipulación de instituciones”, lamentó. 

El diputado socialista recordó a Feijóo que hacía todo eso mientras “en privado estudiaban la amnistía y descartaban el terrorismo”. “Lo ha fiado todo a engullir a los nostálgicos del franquismo. Pero será usted el devorado. Devorado por los suyos, que no le van a pasar otra victoria quimérica. Y devorado por la bestia neofascista que recorre España y Europa, ese monstruo que los españoles votarán en las urnas: esperanza, justicia y dignidad”, cerró el portavoz socialista.

El encargado de cerrar el turno de intervenciones fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha volcado su discurso en arremeter contra el presidente del Gobierno y contra el Partido Socialista, al que da por muerto. “Hoy hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español. Hoy les decimos, desde la Constitución, quédense ustedes con la ambición de un solo hombre, a nosotros no nos han elegido para mentir”. Feijóo pidió hasta el último instante la retirada de la norma y la convocatoria de elecciones, a poco más de una semana de que los españoles voten en las europeas.

“Procede preguntarnos cuánto valemos los españoles para el candidato Sánchez. Ya lo sabemos, siete votos”, dijo Feijóo. “¿Cuánto vale la Presidencia del Gobierno? Lo que le pidan. ¿Cuánto vale la impunidad? ¿Cuánto vale no tener que responder ante los tribunales, no pagar ni con cárcel ni multas la presunta comisión de delitos?”, prosiguió. “Si alguien cogiese fondos públicos y se lo diese a políticos a cambio de hacerle presidente, diríamos que es corrupción; pero si le borra unos delitos, ¿qué es? No se atrevan a llamarle convivencia, no se rían de los españoles. No pretendan lavar el cerebro de los españoles”, disparó.

Seis meses de tramitación

Durante su recorrido de casi seis meses en el Congreso el texto sufrió varias modificaciones. Tras su primera fase de debate en la Comisión de Justicia, la ley fue elevada a Pleno el 30 de enero, pero fue tumbada por el voto en contra de Junts. Los de Carles Puigdemont forzaron su vuelta a la comisión ante la negativa del PSOE a aceptar sus enmiendas sobre los delitos de terrorismo y traición y abocó la medida de gracia a una nueva negociación.

El acuerdo final en el Congreso se alumbró en el Pleno del 14 de marzo y fue entonces cuando la ley se envió al Senado. En la Cámara Alta el PP hizo uso de su mayoría absoluta para llevar a cabo una modificación reglamentaria que le permitió 'retener' allí la norma dos meses, el máximo fijado por la Constitución, pese a tramitarse por el procedimiento de urgencia.

Con el voto en contra del PP, el Pleno del Senado vetó la ley hace dos semanas y la devolvió al Congreso sin incluir modificaciones. Dirigentes independentistas como el líder de Esquerra (ERC), Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, la expresidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, la portavoz de ERC y secretaria general adjunta, Marta Vilalta, y la vicepresidenta de la Generalitat en funciones, Laura Vilagrà , han acudido este jueves al Pleno del Congreso para asistir una jornada definida como “histórica” por parte de ERC y Junts.

La aprobación de la ley, y su publicación en el BOE, implicará su entrada en vigor, pero no su inmediata aplicación. La norma establece un periodo de dos meses para que cada juez que instruye alguna causa susceptible de ser modificada por la amnistía la aplique. Pero, además, es previsible que se planteen diferentes tipos de recursos contra la norma. Desde los que partidos y jueces puedan plantear al Tribunal Constitucional, como ante instancias jurisdiccionales supranacionales, como el Tribunal de Justicia de la UE, entre otros.