Bruno Corda es el director de la Agencia Nacional para la Administración y el destino de los bienes secuestrados y confiscados a la criminalidad organizada en Italia (Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ANBSC), un organismo creado para gestionar los activos de las mafias y entregarlos a la sociedad civil para su reutilización social. Recibió a elDiarioAR en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se tenía prevista una reunión con 19 delegaciones de la Unión Europea en un encuentro organizado por Proyecto Bien Restituido y el Programa Copolad III.

Italia es el primer país del mundo en crear un sistema para el uso social de los inmuebles, vehículos, yates, fábricas, campos y empresas del crimen organizado. Mientras el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y la extorsión potencias sus ganancias y van un paso adelante de los Estados, Italia quiere que el mundo imite su esquema para darle la “bofetada” real a la delincuencia organizada: meterse con su dinero, quitárselo y entregárselo a la sociedad civil.

Corda llegó a Buenos Aires a mediados de la semana última para participar de un encuentro organizado por la Unión Europa y la organización social Libera, que impulsa en Italia esta idea desde la década de 1990. Especialistas, jueces, fiscales, autoridades y representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y legisladores nacionales de siete bloques parlamentarios mantuvieron reuniones e intercambiaron ideas para avanzar con un proyecto de ley, Proyecto Bien Restituido, presentado por Libera y otras organizaciones, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y establecer este sistema en el país.

En Italia, la agencia que dirige Corda cumple un rol esencial: es la encargada de administrar y entregar a la sociedad civil los bienes incautados, que pasan a ser propiedad del Estado pero regresan a la ciudadanía a través de las ONGs, que quedan a cargo de los activos para su uso social.

–¿Por qué cree que se decidió tener este encuentro internacional en Argentina?

–Porque Argentina es el país que, más que otros en América Latina, está avanzando en un tema que es central para nosotros, que es el de la recuperación y, sobre todo, la reutilización social e institucional de los bienes decomisados. Ya se ha presentado un proyecto de ley que seguramente será objeto de grandes debates, pero la filosofía que se guarda dentro de esta ley es sin duda muy, muy justa y, sobre todo, muy cercana a la legislación italiana, que ya tiene más de diez años y que, por lo tanto, ya ha mostrado luces y sombras, lo positivo y lo negativo, y también ha llevado adelante cambios en la propia ley.

–Europa aprobó recientemente una directiva para favorecer el recupero de bienes del crimen organizado. ¿Cómo será ese proceso?

–Ahora los países deben aprobar esta directiva en un plazo de tres años y por tanto habrá tiempo para adaptar su legislación. Un elemento muy importante es el de la llamada fase de congelamiento, que para nosotros corresponde al embargo de activos, que tiene lugar en la primera fase judicial. Es una ley muy avanzada desde este punto de vista y también muy fuerte porque prevé la venta de bienes en los casos en los que se produce una pérdida significativa del valor del propio bien. 

Cada vez es más común en Italia que el sujeto delincuente no necesariamente se impone en el territorio a través de la violencia sino a través del consenso.

–¿Por qué es importante el congelamiento de los bienes del crimen organizado?

–Este es un tema muy importante porque en realidad el paso del tiempo es algo que lleva al deterioro de los bienes y sobre todo crea dificultades. Poder intentar proteger el valor del activo de esta manera significa recuperarlo en lo que a la economía legal se refiere. Entonces, en el caso de que la persona a la que se le confiscaron los bienes sea beneficiada en el futuro con su devolución, el Estado o el demandado debe devolverle un valor que corresponda al momento en que se le quitó el bien. Luego, por supuesto, la directiva de la UE implica otros temas importantes, como el intercambio entre diferentes países cuando un activo es confiscado en un país diferente pero es parte de un proceso que pertenece al país de origen, pudiendo así encontrar compatibilidad entre estas diferentes condiciones. A decir verdad, no tenemos muchos casos de bienes confiscados en el extranjero. Sin embargo también hay que decir que en el futuro el sistema transnacional de inversión en esta materia conducirá necesariamente a tener siempre un mayor número de estos bienes en el extranjero. 

–¿Cuáles han sido sus retos más importantes como funcionario a cargo de esta tarea?

–Fortalecer la estructura de la agencia era un elemento fundamental. La agencia nació con una plantilla muy reducida, de 30 personas. Ahora como plantilla seguimos adelante con los concursos y llegaremos a 410 personas, lo que nos da la posibilidad de una ampliación notable de nuestra actividad. Otro desafío importante fue hacer más transparentes y claros los procesos por los cuales los bienes llegan a destino y a su reutilización social. Hicimos esto utilizando una estructura de un sistema llamado conferencias de servicio. Alrededor de una mesa se encuentran todos los stakeholders, es decir, todos aquellos que podrían ser destinatarios del bien secuestrado y se deja claro cuál es la característica del bien que se va a reutilizar socialmente. Paradójicamente, podría haber llevado a alguien a ver que los activos tienen sus propios problemas críticos, son difíciles de administrar y recuperar. Eso podría haber llevado a alguien a decir “no lo aceptaré, me crea más problemas de los que resuelve”. En realidad ha ocurrido exactamente lo contrario: el hecho de entender cuáles son los temas críticos, incluidas las características del propio bien, ha provocado un aumento de entrega de bienes en los últimos tres años. Ese aumento ha sido de 265%. Otro desafío importante es el que concierne a las empresas: hay que convertirlas en economía legal. No todas son capaces de superar lo que se llama el shock de legalidad, es decir, pasar de una economía ilegal a una economía legal.

–¿Cómo funciona el shock de legalidad?

–La economía ilegal evidentemente disfruta de una serie de ventajas ilícitas, no paga salarios, no paga cargas sociales a los trabajadores y por tanto se encuentra en una situación fuera del mercado. En este caso, poder llevar empresas de una economía ilegal a una legal lleva evidentemente a que algunas empresas se queden afuera y no estén en condiciones de hacerlo. Hemos intentado separar aquellas empresas que no han existido nunca como tales porque eran cajas vacías, es decir solo funcionaban como estructuras de blanqueo, por lo tanto nunca han tenido trabajadores, nunca han producido nada más que facturas falsas. Obtuvimos un cambio regulatorio para agilizar esto, poder cancelarlas, darlas de baja. Hemos logrado una gran colaboración con los magistrados para que la agencia esté involucrada desde el momento de la incautación y así podamos opinar sobre el destino de la vida de las empresas para que no la encontremos ya destruidas al momento de tomar su administración.

–Uno de los principales problemas de Argentina es la discrecionalidad de los funcionarios del Estado. De hecho nuestro sistema actualmente funciona a discreción del juez de cada caso, quien decide a quién y cómo entregar ese bien secuestrado. ¿Cuáles cree que son las claves para evitar la discrecionalidad a la hora de distribuir y entregar a la sociedad civil estos activos recuperados del crimen organizado?

–La claridad de la ley. Sólo la claridad de la ley evita la discrecionalidad. La capacidad de interpretar la ley es un elemento absolutamente indispensable. Los hombres no son máquinas y la aplicación de la ley no puede ser uniforme en todas las situaciones. Interpretemos la ley, pero con una dirección absolutamente clara. Y sobre todo que esté claro que la ley es la misma para todos. Al mismo tiempo no es posible pensar que exista una norma que no esté sujeta a interpretación también porque la norma no se compone de casos individuales sino que se elabora precisamente a partir de una visión general del derecho y del tratamiento de este particular asunto. Lo que significa que no todos los casos pueden sumarse a esa norma. Y volviendo a nuestro caso, tenemos cambios bastante frecuentes en la legislación antimafia y esto, sin embargo, no debe interpretarse como que cometimos errores, sino que los delincuentes son muy rápidos y nosotros debemos ser igualmente rápidos para encontrar los remedios cuando tenemos que, por así decirlo, enfrentarnos a este sistema. Es una guerra real para la que siempre debemos encontrar nuevas formas de lograr la meta, por lo que necesitamos, basándonos en nuestra experiencia, cambios regulatorios que luego puedan orientar hacia los nuevos desafíos. Estamos frente a un enemigo que siempre cambia de posición, siempre inventa cosas nuevas y por eso también debemos adelantarnos de alguna manera.

Argentina es el país que, más que otros en América Latina, está avanzando en un tema que es central para nosotros, que es el de la recuperación y, sobre todo, la reutilización social e institucional de los bienes decomisados.

–¿Cuáles son los elementos centrales dentro del Estado para que un organismo como el que usted dirige funcione?

–Seguramente el hecho de que el Estado esté convencido de la utilidad de esa agencia, de que debe dar todo el apoyo necesario en esto. El Estado debe darse cuenta de que los bienes que administramos son activos complicados porque provienen de una entidad criminal. Muy a menudo en nuestro caso el inmueble es destruido por el criminal antes de que pase a ser propiedad del Estado, como si fuera una bofetada final que el criminal le da al propio Estado. Y así teniendo el apoyo del Estado en la creencia de las bondades y las dificultades que se encuentran en la gestión de esta actividad, creo que es verdaderamente la mayor ayuda que un Estado puede dar a una agencia como la nuestra y a la lucha contra las organizaciones criminales.

–¿Y cuáles deben ser las circunstancia por fuera del Estado para que un organismo así funcione?

–El hecho de que las personas están convencidas de la necesidad de que los bienes puedan volver a tener una nueva vida y que por eso cuando son llevados del sujeto criminal a la sociedad civil o incluso a las instituciones encuentren una nueva existencia. Sólo en pocos casos hemos visto que el delincuente vuelve para reclamar los bienes y destruirlos después del acto de transferencia. Pero el problema tiene que ver más con que, especialmente por parte de las generaciones jóvenes, hay una creencia de que el delito no paga. Cada vez es más común en Italia que el delincuente no necesariamente se impone en el territorio a través de la violencia sino a través del consenso, es decir, por el hecho de que ese modelo particular, el del delincuente, se considera válido. El joven ve eso, que ir a robar o estar dentro de un grupo criminal es algo que rápidamente te da dinero y una buena vida. Demostrar que el Estado le puede quitar esos bienes al delincuente, que son la manifestación externa de su actividad -la hermosa casa, el hermoso auto, la hermosa moto- y hacer que alguien más los reutilice, creo que es la mayor lección que se le puede dar a la sociedad civil.

Nota: este artículo se corrigió el 3 de junio de 2024 a las 10:08 para agregar la participación del Programa Copolad III.

ED