La comida lidera el aumento del costo de vida básico en la Argentina. En el antiguo granero del mundo, el instituto de estadísticas públicas, el Indec, muestra que el precio de los alimentos sube más rápido que el conjunto de bienes y servicios que determinan el umbral de la pobreza.

En febrero de 2026, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —la que se toma para calcular la indigencia que hay en la Argentina— registró una suba interanual de 37,6%, por encima del 32,1% que aumentó la Canasta Básica Total (CBT), el indicador que se utiliza para medir la pobreza.

Dicho de otro modo: los alimentos se encarecen más rápido que el conjunto del costo de vida mínimo que necesita asumir un hogar para sostener su consumo básico.

Cada aumento en el precio de la carne, la leche, el pan o las verduras se traduce en decisiones concretas dentro de los hogares: comprar menos, reemplazar productos o directamente dejar de consumirlos.

La CBA mide justamente el costo de cubrir los requerimientos nutricionales mínimos de una persona adulta durante un mes. Se construye a partir de un conjunto de alimentos básicos y sus cantidades, definidos según patrones de consumo relevados por el propio Indec.

En esa lista aparecen productos que forman parte de la mesa cotidiana de millones de trabajadores: pan, arroz, fideos, carne, leche, frutas y verduras, entre otros. La evolución de esos precios determina cuánto cuesta, literalmente, comer.

El aumento de la canasta alimentaria también se reflejó en el corto plazo. En febrero, la CBA subió 3,2% en un mes, mientras que la canasta total lo hizo 2,7%.

Es una diferencia aparentemente pequeña, pero significativa: indica que incluso dentro del costo de vida básico la comida es lo que más presiona el presupuesto familiar.

Las cifras adquieren una dimensión más concreta cuando se traducen en hogares. Según el informe del Indec, una familia de cuatro integrantes —la composición que habitualmente se utiliza como referencia— necesitó $644.088 en febrero solo para cubrir la canasta alimentaria.

Es decir, más de seiscientos mil pesos mensuales únicamente para comer.

Esa misma familia necesitó $1.397.672 para no ser considerada pobre, es decir, para cubrir el conjunto de gastos básicos que incluye alimentos, transporte, vestimenta, servicios y otros consumos esenciales.

El contraste entre ambas cifras revela cómo se distribuye el peso del costo de vida: casi la mitad del gasto mínimo necesario para sostener un hogar corresponde únicamente a alimentos.

En la práctica, esa proporción se vuelve aún más pesada para los hogares de menores ingresos, donde la comida suele ocupar una parte todavía mayor del presupuesto mensual.

La canasta que define la pobreza crece más rápido que la inflación

El informe también deja otro dato relevante para entender la dinámica del costo de vida. En lo que va de 2026, la canasta básica total acumuló un aumento de 6,8%, apenas dos meses después de iniciado el año.

Ese ritmo de crecimiento se ubica por encima del índice de precios al consumidor del mismo período, que marcó una suba cercana al 6% en el primer bimestre.

La diferencia puede parecer marginal, pero tiene implicancias claras: el costo de la canasta que define la línea de pobreza está creciendo más rápido que el promedio de los precios.

El aumento del costo de vida no impacta de manera uniforme en todos los bienes y servicios. Cuando los incrementos se concentran en los consumos esenciales —como alimentos, transporte o servicios básicos— el efecto sobre los hogares es mayor que el que reflejan los promedios generales.

Esto explica por qué la percepción social del costo de vida suele diferir de las cifras agregadas de inflación. Para muchas familias trabajadoras, los precios que más pesan en el día a día son precisamente aquellos que integran la canasta básica. Nadie puede dejar de comer ni prescindir de los gastos básicos del hogar. Por eso, cuando el aumento se concentra en esos rubros, el impacto es inmediato.

El fenómeno tiene además una dimensión estructural. En un país donde la producción agroalimentaria ocupa un lugar central en la economía, la evolución del precio de los alimentos adquiere una carga simbólica particular.

La Argentina se definió durante décadas como el “granero del mundo”, una expresión que evocaba abundancia y capacidad exportadora. Sin embargo, las estadísticas del costo de vida muestran otra cara de esa historia: los alimentos que produce el país son también los que más se encarecen dentro del consumo básico de su propia población.

JJD

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió este jueves los datos de las canastas básicas (CBA y CBT) correspondientes a noviembre. Ambos indicadores quedaron por encima de la inflación del mismo mes. De esta manera, un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.257.329,03 para superar el umbral de pobreza en noviembre de 2025: 3,6% más que el mes previo y 25,5% interanual.

La variación mensual fue de 4,1% para la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de 3,6% para la Canasta Básica Total (CBT).

De esta manera, ambas canastas se ubicaron por encima del dato de inflación, que fue del 2,5% para noviembre.

En el acumulado del año, la variación supera el 20% para ambos casos: fue de 26,1% para la CBA y 22,7% para la CBT.

Con respecto a la medición interanual -contra noviembre del 2024- la CBA aumentó 28,9% y la CBT 25,5%. En este caso, ambas canastas quedaron por debajo de la inflación interanual (31,4%).

Las canastas de los hogares

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.100.267 para no ser considerada pobre en el Gran Buenos Aires, de acuerdo con el estudio de valorización mensual de canastas difundido hoy por el Indec.

Ese fue el valor de la Canasta Básica Total (CBT), que incluye tanto alimentos como otros bienes y servicios esenciales como transporte, salud, educación y vestimenta.

La variación mensual de esta canasta fue del 4% respecto de febrero. En lo que va del año, acumula un aumento del 7,4%, mientras que la variación interanual alcanzó el 42,3%.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que define el umbral de la indigencia y contempla únicamente los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos— se ubicó en $495.616 para ese mismo hogar.

Esta canasta tuvo una suba mensual del 5,9%, acumula un 10,3% en el año y muestra un incremento interanual del 38,4%.

Estas canastas se calculan a partir del consumo de un adulto equivalente, cuya línea de pobreza en marzo fue de $356.073 y la de indigencia, de $160.393.

Los datos reflejan el impacto del aumento del costo de vida sobre los hogares y son clave para monitorear la evolución de la pobreza y la indigencia en el país.

Con información de la agencia NA

Una familia tipo necesitó ingresos por 986.586 pesos en octubre para no ser pobre, según el INDEC.

Durante octubre, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 1,4% mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 2,3%.

La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos del 80,6% y 99,0% y resultaron en variaciones interanuales del 170,6% y 185,7%, respectivamente.

Hay algo en lo que tengo pleno acuerdo con la posición formal del Gobierno nacional. La política alimentaria debería estar completamente des-intermediada. Los comedores no deberían ser una realidad masiva desplegada en el territorio sino casos excepcionales de emergencia. El problema es que ellos quieren “desintermediar” robándole el pan a la gente y dejando vacías las ollas con cambiantes argumentos y contramedidas inconducentes. Quieren curar lo que ellos ven como una enfermedad –nosotros como un parche– matando al paciente. 

Para lograr este objetivo, debe garantizarse el acceso universal a la Canasta Básica Alimentaria. Ninguna familia debe estar privada del pan. Cualquier persona razonable dirá que ésto se logra con una sana economía y acceso al trabajo digno. Nadie está en contra de eso. El problema es que no estaría sucediendo y mientras eso suceda, hay que garantizar el plato de comida a cada familia. 

¿Cómo lo hacemos? Para cuantificar la situación grosso modo debemos analizar la brecha de indigencia, es decir, la diferencia entre lo que perciben los hogares indigentes actualmente y lo que requiere completar la canasta alimentaria. Veamos los siguientes datos:

Esto indica que los ingresos de los hogares indigentes, aún con las transferencias actuales del estado como la AUH y la Tarjeta Alimentar, llegan a cubrir el 65% de sus necesidades alimentarias. Si queremos que todos coman, hay que garantizar ese 35% restante. En dinero, son $136.481 por familia. 

Para erradicar la indigencia –el hambre– en las condiciones macroeconómicas actuales se requiere cubrir ese monto para 3.698.000 millones de hogares que sufren inseguridad alimentaria total (EDSA-ODSA) . El presupuesto anual es $6 billones de pesos ($6.011.661.096.000,00) que representan aproximadamente el 0,985% del PBI estimado para 2024; poca plata para acabar con la más grave injusticia social que sufre la Argentina. Un cuarto del costo fiscal que asume el Estado por dejar de cobrar impuestos a través de diferentes exenciones y regímenes promocionales que gozan algunas empresas, como Mercado Libre, entre otras.

Con el esquema actual de seguridad social, sumado al refuerzo propuesto, se termina la indigencia, se termina el 99% de los comedores y se termina la intermediación, unificando todas las políticas de transferencias de ingresos en un sólo instrumento que contemple las necesidades alimentarias de todos los integrantes del hogar. Chau punteros, intermediarios, orcos, gerentes de la pobreza, políticos, zurdos, peronchos y pobristas manejando alimentos. Pero, amigo, hay que ponerla acá y no en los subsidios de Galperin y Mirgor. 

El diseño de dicho instrumento es relativamente sencillo, simplemente hay que definir la composición del hogar, realizar el análisis económico-patrimonial de la familia y realizar una regla de tres simple; ciertos casos particulares donde el informe económico no refleje la realidad del hogar -por exceso o por defecto- deberán ser corroborados por asistentes sociales. Algunos hogares con necesidades alimentarias particulares (celiaquía, diabetes, obesidad) requerirán una dieta especial. Se pueden agregar incentivos de mejora como descuentos en alimentos saludables, promoción de la agroecología, controles médicos de talla y peso, etc. También, tras un análisis científico de impacto, se puede definir que cierto porcentaje de la transferencia total del hogar sea destinado exclusivamente a determinados productos alimenticios. Todo directo a las personas y sin ninguna intermediación. 

Mientras no se desarrolle una política seria de transferencia de ingreso que elimine el hambre en el país del pan, los comedores seguirán existiendo y la intermediación será inevitable, lo haga la Iglesia Católica, los Evangelistas, los intendentes, CONIN o los movimientos sociales. 

Con esto ya tenemos resuelto un problema que no es menor. 

Luego podemos discutir el financiamiento de proyectos de integración urbana, trabajo comunitario, agricultura familiar, acceso a la tierra, deporte social, puntos de cultura, talleres de formación que hacen al desarrollo humano integral de los sectores postergados. Desde mi punto de vista, toda iniciativa que presente la sociedad civil que coadyuve con los objetivos estratégicos de nivelación ascendente deberían ser evaluadas por un comité colegiado en un plazo determinado y eventualmente aprobadas, acompañadas técnicamente, auditadas por los organismos correspondientes (UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA, AGN, SIGEN), a lo que habida cuenta de nuestra fascinación por lo trasnacional podríamos sumar una auditoría de alguna de las “Big Four” trasnacionales (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPNG, Ernst & Young).

Si alguien quiere discutir estos puntos en serio, estamos dispuestos. De lo contrario, el Gobierno seguirá en el barro de las operaciones de prensa, el espionaje ilegal, los aprietes, la judicialización y un enorme desgaste de energía en perseguirnos… en vez de resolver los problemas de la gente. 

Desde luego, mientras tanto, nuestra resistencia será permanente, con todas nuestras fuerzas y con todos los métodos que permite la constitución a los ciudadanos argentinos agredidos por la acción u omisión de aparato estatal que viola sistemática y deliberadamente derechos alimentarios, sociales, humanos y civiles de la población. 

La oposición política también debería hacer este ejercicio porque parece que el consenso contra los movimientos sociales es prácticamente unánime -aunque nadie plantea una solución alternativa realista en términos programáticos claros y concretos, por escrito, para poder discutir fuera de las adjetivaciones.  

Teniendo en cuenta la transversalidad de la posición negativa contra los movimientos sociales de la superestructura política y mediática de los que nunca agarraron un cucharón para cocinar una olla popular ni gastaron una emoción en organizar una cooperativa, dar un taller de apoyo escolar ni poner un tanque de agua en un asentamiento, hagámonos el favor de construir una propuesta que permita prescindir de esta mala gente entre la que me cuentan, pero logrando una situación superadora y no entregando la gente a la miseria y el territorio a la narcoestructura. 

JG/MG