A más de cuatro meses de la represión policial contra jubilados en las inmediaciones del Congreso, la causa que investiga la grave lesión sufrida por el fotógrafo Pablo Grillo avanza con las primeras imputaciones formales. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de María Servini, citó a declaración indagatoria al gendarme Jesús Héctor Guerrero, identificado como el autor del disparo del cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Grillo y lo dejó en estado crítico.

La audiencia fue fijada para el próximo 2 de septiembre a las 10 horas, y junto con la citación, la magistrada dispuso la prohibición de salida del país para el efectivo, que se desempeña como cabo primero en la Gendarmería Nacional.

En su resolución, Servini sostuvo que “surge la hipótesis de que el disparo del proyectil que derivó en las lesiones sufridas por Grillo provino por parte del personal de Gendarmería que se hallaba ubicado en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Solís, más precisamente del cabo primero Jesús Héctor Guerrero”.

Se trata del primer efectivo formalmente imputado en la causa que investiga el operativo represivo del 12 de marzo, y su citación fue dispuesta tras un nuevo impulso de la querella, que había solicitado la medida en tres oportunidades.

Una pericia clave

La jueza también ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir, con precisión técnica, la mecánica del disparo. Previamente, se llevará a cabo una inspección ocular en el lugar del hecho, que incluirá un relevamiento fotográfico aéreo y terrestre, y un croquis detallado de la escena.

Los objetivos de la pericia serán, entre otros: determinar la trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Grillo; establecer la posición del arma y el ángulo de tiro al momento del disparo; analizar si hubo algún rebote previo que haya alterado el recorrido del proyectil; y precisar las ubicaciones relativas entre Grillo y Guerrero en el instante del impacto.

Aunque Servini afirmó que ya existen elementos probatorios “contundentes” para avanzar en esta instancia procesal, consideró que la pericia es necesaria para reforzar la reconstrucción de la dinámica del hecho.

Una reconstrucción reveladora

Días atrás, la causa sumó un informe determinante elaborado por el equipo del Mapa de la Policía, que reconstruyó el disparo en base a imágenes audiovisuales, testimonios y análisis técnico. La investigación estuvo a cargo de los peritos Rodolfo Pregliasco y Martín Onetto, junto con el cineasta Alejo Fraile, y concluyó que el disparo fue realizado de manera “irregular”, con un ángulo horizontal y directo, sin rebote previo.

El informe destaca que no se trató de un hecho aislado ni accidental: durante el operativo se detectaron múltiples disparos realizados bajo el mismo procedimiento, violando los protocolos para el uso de armamento antidisturbios.

Gracias a nuevos aportes de imágenes, los investigadores lograron identificar a Guerrero por su vestimenta, equipo táctico e insignias, incluyendo una fotografía en la que se distingue su apellido. También se corroboró, a través de fuentes abiertas, que el efectivo pertenece a la Sección de Empleo Inmediato (SEI) de Gendarmería, y se verificó su número de legajo.

Pablo Grillo es reportero gráfico y fue alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno mientras cubría la protesta de jubilados frente al Congreso Nacional. El impacto en la cabeza lo dejó gravemente herido y su caso se convirtió en uno de los más representativos del uso excesivo de la fuerza en contextos de protesta social.

Desde entonces, distintos organismos de derechos humanos, sindicatos de prensa y agrupaciones sociales reclamaron el avance de la investigación y la identificación de los responsables. La citación a indagatoria de Guerrero y las medidas dispuestas por la Justicia representan, para las partes querellantes, un paso importante en la búsqueda de justicia y el esclarecimiento de responsabilidades individuales en el operativo.

Citación a indagatoria de Guerrero

CRM

La jueza federal María Servini libró un oficio al Banco Central para que informe los entidades bancarias que operan o hayan operado cuentas a nombre del presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otras tres personas clave investigados en el escándalo del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA en febrero pasado.

Esto se da en medio de la puja en Diputados, donde la oposición busca quedarse con la presidencia de la comisión para activar la investigación a los hermanos Milei por el criptogate y cuando Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona, más preocupados por el cierre de campaña de Manuel Adorni de cara a las elecciones legislativas porteñas del próximo domingo, se ausentaron, una vez más, a la interpelación aprobada por el Congreso.

Ahora, Servini pidió los informes en un legajo abierto de manera reservada y bajo secreto de sumario en lo vinculado al Presidente y su hermana para investigar su evolución patrimonial ante las denuncias presentadas en la investigación que está delegada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano, informaron fuentes judiciales. En el oficio se pide información desde el año 2023 al presente.

La medida se sumó a la inhibición y prohibición de innovar por 90 días respecto a los bienes de otros tres imputados en el caso, Mauricio Novelli, Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores y Manuel Terrones Godoy.

En el caso del primero, Novelli, la medida alcanza a su madre María Alicia Rafaele y su hermana María Pía Novelli, luego de que filmaciones de seguridad de la sucursal del Banco Galicia donde tienen cajas de seguridad, las mostraron entrando con bolsos vacíos el 17 de febrero por la mañana y saliendo con los mismos abultados tras, supuestamente, vaciar el contenido.

Ello ocurrió el primer día hábil posterior al posteo del presidente Milei que promocionó el lanzamiento de la criptomoneda, en la tarde del viernes 14 de febrero. En relación a las imágenes incorporadas al caso en un informe de la Policía Federal, la fiscalía analiza si hubo un vaciamiento de esas cajas de seguridad que, cuando fueron allanadas semanas después, estaban vacías.

Se trata de un informe de la división “Lavado de Activos” de la PFA donde dan cuenta ante un requerimiento del fiscal federal Eduardo Taiano que la madre y hermana de Novelli habrían salido con bolsos “aparentemente” abultados de un banco luego de pedir acceso a las cajas de seguridad.

El hecho ocurrió en la sucursal Martínez del banco pocos minutos después del horario de apertura a las 10. En base a imágenes pedidas a la entidad bancaria se constató que las mujeres ingresaron con bolsos que estarían vacíos y salieron con los mismos ya con una apariencia “abultada”.

“A las 11:03:08 se visualiza a las Sras. en cuestión salir de la sucursal, notándose tanto el bolso de mano como la mochila que utilizaron al momento de ingresar, aparentemente más abultados”, consigna el informe según fuentes judiciales.

El escándalo de la fallida criptomoneda $LIBRA comenzó la tarde del 14 de febrero último con un posteo en la red social X del presidente Milei promocionando su aparición.

El valor se incrementó y muchos compraron pero con el correr de las horas se desvalorizó y luego Milei posteó aclarando no estar al tanto del negocio.

¿Familiares de Novelli vaciaron cajas de seguridad tras el lanzamiento de $LIBRA?

Una imagen de las cámaras de seguridad de un banco mostró a la madre y a la hermana de Mauricio Novelli, empresario vinculado al presidente Javier Milei en el escándalo con la criptomoneda $Libra, vaciando las cajas de seguridad que habían abierto pocos días antes. 

Además, una foto de la División Lavado de Activos de la Policía Federal ratificó que luego del lanzamiento del token, las dos mujeres, Alicia Rafele y María Pía Novelli, retiraron el dinero que tenían guardado. 

Según el informe, “Rafaele tenía en su poder un bolso de mano el cual, por su forma, estaría vacío; mientras que la sra. Novelli llevaba consigo una mochila, la cual aparentemente estaría en las mismas condiciones”. Al retirarse, “carga la mochila en su hombro realizando un cierto esfuerzo, presumiéndose que se encuentra con mayor peso que al ingresar”.

Mauricio Novelli, quien además fue el nexo entre el presidente, su hermana Karina y Hayden Davis (uno de los capitalizadores del proyecto), había contratado el servicio de las cajas diez días antes del tuit presidencial. Sin embargo, mandó a vaciarlas el primer día hábil después de consumado el “rug pull”, una estafa en el ámbito de las criptomonedas.

En tanto, trascendió que el fiscal Eduardo Taiano ya recibió las pruebas que muestran a los familiares de Novelli en la bóveda del banco, con el objetivo de iniciar una investigación. 

El 4 de febrero, tan solo diez días antes de que el presidente publicara el tuit que promocionaba la criptomoneda $Libra, Novelli dio de alta dos cajas de seguridad para luego viajar a Estados Unidos.

En tanto, el viernes 14 de febrero Milei compartió el link de $Libra, un emprendimiento que provocó pérdidas a más de 40 mil inversores, ya que, horas después de su creación el activo se desplomó. 

El 16, Mauricio Novelli retornó al país, y al días siguiente sus familiares pasaron por el banco para vaciar las cajas de seguridad.

Con información de agencias.

IG

Siempre se encontraron cerradas las puertas de los tribunales españoles. La Ley de Amnistía de 1977 o la prescripción de los delitos denunciados, que la judicatura española no considera crímenes de lesa humanidad, suponen un revés continuo para las miles de personas que demandan verdad, justicia y reparación. A todas ellas les une lo mismo: ser víctimas del franquismo.

El 14 de abril de 2010, varias de esas víctimas comenzaron a andar un tortuoso camino cargado de esperanza y lucha al iniciar lo que pronto se convertiría en una macroquerella. La jueza argentina María Romilda Servini es la encargada de esclarecer miles de casos entre desapariciones forzadas, trabajo esclavo, bebés robados, torturas y asesinatos producidos en España desde 1936 y 1978.

En esta década y media de instrucción judicial, marcada por la nula colaboración por parte del Estado español ante los requerimientos internacionales de la magistrada, la investigación dejó grandes hitos por el camino. Más allá de las figuras como el torturador Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, o antiguos ministros durante la Transición, como Rodolfo Martín Villa, uno de los grandes avances que supusieron las indagaciones fue que las víctimas, por primera vez, fueron escuchadas en sedes judiciales. Por delante todavía quedan años de resistencia al olvido con la firme determinación de que solo la muerte, cercana en muchas de ellas, será lo único capaz de hacerles decaer.

Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), recuerda que en aquel 2010 el juez Baltasar Garzón ya había sido imputado por prevaricación al intentar investigar los crímenes del franquismo de la primera etapa, hasta los años 50. “Fuimos a Argentina porque en su propia constitución recogen la aplicación del principio de justicia universal. Aun así no fue fácil iniciar la querella, pero lo conseguimos”, comenta.

15 años después son miles las denuncias integradas en esta macrocausa. “A pesar de las capacidades limitadas del juzgado, se han abierto diferentes líneas de investigación en muchos ámbitos”, añade el letrado. Así, el acopio de pruebas testimoniales, periciales, documentales y comisiones rogatorias exigidas por Servini y que prácticamente nunca ha cumplido el Estado español han sido la tónica judicial durante la instrucción, que todavía continúa.

Grandes hitos de la macrocausa

Según el abogado de Ceaqua, la dificultad no estriba únicamente en el periodo tan largo que se investiga de la historia de España, sino su particularidad cuantitativa, pues “son miles de personas que reclaman una investigación judicial en objeto a los hechos que cada uno denuncia”. En este sentido, Lara destaca diversos momentos de la querella argentina que “ponen al Estado español frente a un espejo francamente incómodo, ya que discuten su modelo de impunidad”.

Lara indica 2013 como el año en que dos personajes imputados por torturas por la jueza Servini: Billy el Niño, ya fallecido, y Jesús Muñecas Aguilar. Además, en 2014 terminaron imputadas otras 20 personas. “Se han emitido numerosas órdenes de extradición pero siempre neutralizadas por el Estado español, que se ha convertido en el principal valedor de estos presuntos criminales imputados por hechos tan sumamente graves como crímenes contra la humanidad”, desarrolla el letrado.

La querella argentina también sirvió para que el antiguo ministro de Relaciones Sindicales durante la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria y ministro del Interior durante los altercados de San Fermines 78, Rodolfo Martín Villa, declarara ante Servini. De hecho, la jueza validó la petición del letrado de la familia de Gustau Muñoz, asesinado de un balazo de la Policía el 11 de septiembre de 1978 en Barcelona, de incluirle en la macrocausa. La magistrada entiende que, a pesar de la muerte de Franco, en España seguían operando los mismos resortes dictatoriales ante la nula depuración de los estamentos políticos y policiales.

Desapariciones, trabajos forzados y robo de bebés

Entre los casos de desaparición forzada que la jueza argentina investiga está el de la familia de Paqui Maqueda. Sus antecesores republicanos sufrieron persecución, torturas, trabajos forzados y asesinatos. A sus 60 años, recuerda a su bisabuelo, Juan Rodríguez Tirado, asesinado en aplicación de bando de guerra tras la ocupación de Carmona, un pueblo sevillano. “No sabemos dónde está su cuerpo”, expresa con vehemencia.

Tenía cuatro hijos. El mayor de ellos, Enrique, huyó para defender Madrid del avance sublevado. Tras volver a Carmona le detuvieron y le obligaron a trabajar en el llamado Canal de los Presos. “Mi tío fue un preso esclavo del franquismo”, explica esta portavoz de la querella argentina en Andalucía.

Pascual, hermano de Enrique, terminó acribillado a tiros por falangistas. “Oficialmente, dicen que se intentó escapar después de que lo detuvieran. Tampoco sabemos a ciencia cierta dónde puede estar su cuerpo”, añade. Otro hijo de su bisabuelo, José, terminó en campos de concentración franquistas tras ser obligado a alistarse con las tropas alzadas y pasarse al bando republicano.

El calvario que Maqueda puso en conocimiento de Servini en 2013 no queda ahí. “Pensamos que en 1963 a mi madre le pudieron quitar a su primer hijo en un supuesto caso de robo de bebés. Pensarían que éramos una familia de rojos que no íbamos a reclamar”, opina la también presidenta de la Asociación Nuestra Memoria de Sevilla. “Me escuchó, pero me da mucha rabia tener que cruzar 10.000 kilómetros para que se haga justicia. Los crímenes se cometieron en España, las víctimas eran de España, los verdugos también, y aquí deberían investigarse y juzgarse”, sostiene esta familiar de tantas víctimas.

Bebés desaparecidos

No solo Maqueda piensa que ocurrieron este tipo de sustracciones. Soledad Luque, portavoz del área de bebés robados de Ceaqua, afirma que esta desaparición forzada de menores se originó de manera sistemática y se prolongó durante mucho tiempo. “Nos consta que al final de la Guerra ya había órdenes que legalizaban y legitimaban la separación de los niños de sus padres”, sostiene.

Sin embargo, continúa, “no terminó ahí. A partir de entonces, ya no era ni siquiera necesario ese cuerpo legal que legitimaba el robo, sino que se realizaba con cierta habitualidad en clínicas y maternidades”, añade Luque. Las mujeres víctimas ya no solo eran las presas, sino aquellas madres solteras, con muchos hijos, muy pobres, prostitutas o simplemente ingenuas. “Ni siquiera se hacía por dinero. Hay casos en los que los bebés eran regalados a las familias. Se trataba de un conjunto represivo cuyo paraguas era la impunidad y todos los preceptos del nacional-catolicismo, donde el Estado y la Iglesia suponían un tándem perfecto para este crimen”, desarrolla.

Apenas existen cifras sobre estos hechos. Luque subraya que hasta 1953, unos 30.000 niños fueron tutelados por el Estado, entre los que se incluían también huérfanos de guerra e incluso menores secuestrados en el extranjero a españoles exiliados. El siguiente dato que manejan procede de la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024. “Entre 2011 y 2023 se abrieron unas 2.200 diligencias de investigación por casos de bebés robados, y algunas más de 500 se judicializaron. En realidad, no sabemos todavía cuántas denuncias se han interpuesto”, se queja.

Ahora en Argentina son decenas las denuncias por sustracción de bebés cometidas durante el franquismo y la democracia que se investigan como posibles casos de desaparición forzada desde la primera interpuesta por estos motivos en 2013. “Los tribunales españoles no entienden la desaparición forzada como un crimen susceptible de ser considerado de lesa humanidad, y no los investigan porque han prescrito”, se queja, al igual que hacen las demás fuentes consultadas.

Torturas en la DGS

Sobre la mesa de Servini también reposan cientos de expedientes de personas torturadas al final del franquismo e inicio de la democracia. Jesús Rodríguez Barrio tiene 71 años, fue uno de los fundadores de la Asociación La Comuna de presos y represaliados por la dictadura franquista y estuvo detenido en tres ocasiones: en 1972, 1974 y 1975. También pasó por la prisión de Carabanchel dos veces. “El mismo Billy el Niño me detuvo en persona cuando ya militaba en la Liga Comunista Revolucionaria. Intenté escapar, pero disparó, y me paré”, rememora.

Sus repetidos pasos por la Dirección General de Seguridad, situada en la Real Casa de Correos de Madrid, hoy sede el Gobierno regional en la Puerta del Sol, le hicieron ver cómo la policía del régimen se las gastaba con jóvenes como él. “Antes de preguntarte nada ya te habían golpeado. Te destruían, te humillaban. Ni siquiera buscaban información, lo hacían para reducir a la nada al detenido para que una vez saliese de allí no fuera capaz de hacer absolutamente nada”, describe Jesús . Él declaró ante Servini en enero de 2014 desde el consulado argentino de Madrid. Es una de los cientos de personas que busca allá la justicia que le niegan en su país.

Crímenes franquistas sin Franco

La jueza argentina también investiga lo sucedido el 8 de julio de 1978 en Pamplona. Entonces, disparos de la Policía mataron a Germán Rodríguez. Tenía 23 años. Fermín, su hermano, incide en que en 1982 los tribunales españoles dieron carpetazo al asunto. No hubo ningún detenido por aquella muerte. Se sumó a la querella argentina en 2014 y cinco años después testificó ante Servini: “Era la primera vez que en más de 40 años me podía explicar delante de un juez. Siento cierto alivio de que se investigue lo sucedido, pero personalmente me parece una vergüenza que se haga a 10.000 kilómetros de distancia de donde ocurrieron los hechos”.

Desde su punto de vista, España tan solo tendría que cumplir los tratados internacionales que ha suscrito en materia de derecho internacional y Derechos Humanos. “La democracia española tiene una asignatura pendiente con la justicia, porque las víctimas del franquismo y la transición no podemos acceder a ella”, agrega Fermín.

Lara, el abogado de Ceaqua, apunta que “la querella argentina puede parecer que languidece, pero está muy viva y Servini ha demostrado ser una jueza independiente”, en referencia al Gobierno presidido por el ultraderechista Milei. Asimismo, denuncia que la actual Ley de Memoria Democrática española no habilita a los tribunales a investigar estos crímenes. “No podemos permitir que 50 años después de la muerte de Franco nos sigamos encontrando en esta situación. Tienen que reaccionar desde el Estado Español, y una muy buena forma de hacerlo sería acceder a las comisiones rogatorias de Servini”, concluye.

La segunda es la vencida. O al menos así lo espera la oposición, que el miércoles pasado tuvo que resignarse frente al muro de silencio que impuso Guillermo Francos sobre el caso $LIBRA en la presentación de su informe de gestión al Congreso. La excusa era que la semana siguiente respondería a todas las inquisiciones sobre el criptoescándalo que sacude el corazón del gobierno libertario. Ese momento se avecina: mañana el jefe de Gabinete volverá a visitar la Cámara de Diputados para asistir a la interpelación opositora, en la que deberá explicar cuál es la relación entre Javier Milei y la presunta estafa que se disparó el 14 de febrero pasado a partir de un tuit.

En la sesión de principios de abril la Cámara de Diputados aprobó la interpelación de cuatro funcionarios por el criptogate: Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el director de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. No fue fácil para la oposición conseguir el número para abrir la sesión y, ahora, todas las fichas están puestas en la visita de los funcionarios. 

Si bien se espera que vayan solo Francos y Cúneo Libarona, la oposición apuesta todo a este intercambio. Hace casi 30 años que no hay una interpelación a un funcionario en la Cámara de Diputados: la última fue en el 95’ a Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía, quien había sido convocado para hablar de la privatización del Correo y terminó hablando durante más de 10 horas en un discurso que terminaría llegando a la Corte Suprema por haber acusado a Alfredo Yabrán de ser “el jefe de la mafia”. 

Será una oportunidad única para que el Congreso pueda ahondar con precisión sobre los detalles de la relación de los hermanos Milei con el empresariado cripto que entró y salió de Casa Rosada casi una decena de veces previo a la disparada y derrumbe de la criptomoneda. Será una sesión distinta a los informes de gestión clásicos del Jefe de Gabinete: en esta ocasión, el objetivo de la oposición es que haya menos oradores y se sintetice en unos pocos el ida y vuelta de las preguntas y repreguntas. 

La expectativa es alta, dado que Francos y Cúneo deberán asumir la defensa oficial del Presidente atentos a que cualquier cosa que digan podrá después ser tomada en la causa judicial que está tramitando la jueza María Servini. El jefe de Gabinete dedicó el fin de semana a estudiar el caso, valiéndose de las mismas preguntas que habían enviado los diputados en ocasión de la sesión informativa (y que Francos nunca respondió bajo la excusa que lo haría en la interpelación del martes 22). 

El ministro de Justicia, mientras tanto, deberá dar cuenta del trabajo realizado por la Unidad de Investigación que creó el Presidente poco después de que se desatara el escándalo. La oposición buscará cuestionarlo, a su vez, por las declaraciones del propio Milei durante la entrevista que hizo Jonatan Viale en TN, en la que deslizó que Cúneo Libarona podría estar al frente de la causa judicial que lo investiga. Fue el famoso momento en el que Santiago Caputo interrumpe la nota para advertirle a Milei que decir eso podía perjudicarlo —ya que es ilegal que el ministro sea su abogado— y que se terminó eliminado de la transmisión oficial. 

La oposición esperaba que Silva también asistiera, dado que es quien podría dar una explicación más técnica sobre la circulación de criptoactivos en el país. Sin embargo, desde el Gobierno anticipan que, al no ser un ministro, Silva no está obligado a ir. 

Distinto es el caso de Caputo, que sí es ministro pero que desde Casa Rosada anticipan que tampoco cumplirá con la interpelación. El ministro de Economía viene esquivando ir al Congreso desde el debate por el Presupuesto 2025, que terminó empatanándose cuando Milei decidió prorrogar el de 2023. Caputo tampoco fue al Congreso a dar explicaciones por el nuevo acuerdo con el FMI y es poco probable que lo haga el martes. 

Si no va, el peronismo analiza pedirle el juicio político.

Parálisis en la comisión investigadora

La interpelación no será el único acontecimiento de la semana. El miércoles, un día después, se reunirá por primera vez la comisión investigadora del caso $LIBRA. Sin embargo, la comisión pasó de ser la atracción principal, la gran apuesta de la oposición, a una interminable fuente de frustraciones. Esto es así porque el presidente de la Cámara, Martín Menem, llevó a cabo una serie de maniobras destinadas a quitarle el control a la oposición. 

El riojano demostró que prefería modificar todo el ecosistema político de la Cámara de Diputados, rompiendo bloques aliados y armando interbloques oficialistas, antes de arriesgarse a que la oposición pudiera hacerse con una mayoría en la comisión. Fue una maniobra de gran escala y terminó afectando a todas las bancadas que componen la Cámara.

Primero, unió al PRO con el MID para conseguir dos sillas más en la comisión. Luego, convirtió a su propia bancada en un interbloque para sumar una aliada y, con ella, dos lugares más. Rompió el bloque radical de Rodrigo de Loredo, fiel aliado del Gobierno, y mandó a los radicales más mileístas, como Mariano Campero o Francisco Monti, a armar un bloque aparte y anotarse así dos lugares más para el Gobierno. 

Le negó, a su vez, un lugar a la izquierda, que estaba atravesando la rotación anual de bancas: Mónica Schlotthauer había renunciado y, antes de que Vilma Ripoll pudiera reemplazarla, Menem cerró la conformación de la comisión como si el FIT tuviera solo 4 integrantes (lo que le quitaba la posibilidad de una silla). Tuvo que salir en su ayuda Unión por la Patria, que “cedió” dos diputadas, Julia Strada y Mónica Macha, para que fueran a armar un interbloque con la izquierda y, así, garantizarles un lugar en la comisión. 

La paridad de la comisión, de momento, es absoluta: 14 de la mutlipartidaria opositora —que engloba al peronismo de UxP, el pichettismo de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda— y 14 del oficialismo. Este último grupo engloba sectores disímiles, con La Libertad Avanza y el PRO, pero también la UCR de De Loredo, el nuevo radicalismo oficialista de “los peluca” y los provinciales. 

De no superarse el empate, la comisión quedará paralizada y no podrá ni designar sus autoridades. Mucho menos aprobar oficios, pedir pruebas o citar testigos. Para todo necesita de una mayoría. 

La oposición baraja dos estrategias para destrabarla. El pichettismo apuesta a convencer a algunos de los “oficialistas” no tan oficialistas —como los provinciales o los radicales enojados con Menem por haberles roto el bloque— de designar a un presidente de “centro” que no juegue tan abiertamente para ninguno de los dos bandos. Se proponen, así, a sí mismos: o Nicolás Massot o Oscar Agost Carreño. O, si fuera imposible, a los lilitos de la CC.

El peronismo, en cambio, pretende forzar una interpretación del reglamento de la comisión que inhabilite los toqueteos de Menem a los bloques. Para eso necesitará de una mayoría en el recinto, por lo que algunos diputados proponen aprovechar la sesión por la interpelación de los funcionarios para resolver la situación de la comisión. La apuesta, sin embargo, es difícil: no saben si tendrán la mayoría y los últimos movimientos de Menem les revelaron que, cuando creían avanzar, las negras les mostraban que también jugaban.

MC/DTC

La Cámara Federal de San Martín ordenó hoy a la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado que envíe a su par porteña María Servini la causa que lleva en su juzgado por el escándalo de $LIBRA al hacer lugar a un pedido fiscal de declinatoria de competencia.

El Tribunal de Apelaciones resolvió que la causa que lleva Arroyo Salgado iniciada porque el Presidente posteó sobre el lanzamiento de la criptomoneda fallida desde la residencia de Olivos, jurisdicción de San Isidro, se acumule a la investigación de Servini, según la resolución.

La decisión fue del camarista Juan Pablo Salas, quien hizo lugar a una apelación del fiscal federal de San Isidro “Está claro que la Justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la que previno, si comparamos lo actuado en uno y otro expediente”, consideró el magistrado. 

Además el juez sostuvo que “ si de garantizar una mejor y más pronta administración de justicia se refiere, entiendo que la justicia federal de CABA hoy se encuentra en una mejor posición procesal e investigativa, en comparación a lo sucedido en la justicia federal de San Isidro”.

Con información de la agencia NA

La Cámara Federal porteña aceptó hoy como querellantes a tres inversores que dicen haber sido estafados con la criptomoneda $LIBRA y revocó una decisión contraria que había tomado la jueza María Servini.

La decisión fue adoptada por los jueces de la sala dos del Tribunal de Apelaciones Roberto Boico, Martín Iruruzun y Eduardo Farah, quienes por unanimidad revocaron el fallo de Servini y resolvieron tener por querellantes a los inversores, con lo cual podrán tener acceso a la causa judicial que investiga al presidente Javier Milei.

Según la resolución, el Tribunal de Apelaciones entendió que una posible línea de investigación es el delito de estafa y, en ese marco, quienes compraron la criptomoneda fallida la tarde del 14 de febrero pasado pueden ser considerados posibles víctimas.

“Una de esas versiones –se insiste, sea a la postre corroborada o no- es la de una posible estafa o, independientemente del encuadre que se elija, de una operación que -según se alega- habría provocado un perjuicio de tenor económico a los adquirentes del criptoactivo”, explica la resolución.

Los tres inversores patrocinados por Juan Grabois “han invocado ese estatus” y “desde un principio y después aportaron elementos específicos (links informáticos, capturas de pantalla e incluso a través de una filmación que se exhibió en la audiencia oral ante esta Sala, mostrando el procedimiento de adquisición del criptoactivo y cómo queda constancia de aquél) que demostrarían su carácter de compradores”.

“Con ese panorama, dentro de los límites que fija la discusión y la función revisora del Tribunal, la pretensión debe ser receptada favorablemente”, concluyeron los jueces.

El mismo Grabois posteó en sus redes: “Aceptaron a los tres damnificados que defendemos desde Argentina Humana como querellantes en la causa por la criptoestafa de Javier Milei. Estafa que además se logró enlodando la investidura presidencial. Estafa que hubiera sido imposible sin el tráfico de influencias de Karina Milei y el resto de los imputados. Los vamos a meter presos y van a tener que pagar centavo por centavo lo que le robaron a los argentinos”.

Y añadió: “Por si no te diste cuenta, no son gente de bien. Son estafadores al servicio de los multimillonarios de aquí y sobre todo de EEUU. No son la Libertad, son la Plutocracia”.

En el caso a cargo de Servini con investigación delegada en la fiscalía de Eduardo Taiano se “impulsó investigar distintas hipótesis jurídicas sobre los hechos. Hechos que se habrían producido en diferentes ámbitos (públicos o privados), con eje medular en el desempeño de altas autoridades del poder central, con sede en esta Capital Federal”.

Y en ese marco se deben “determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación, lanzamiento y promoción del token denominado $LIBRA…”.

Con información de la agencia NA

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado reclamó a su par porteña María Servini que se inhiba de seguir interviniendo en la causa por la criptomoneda $LIBRA, que investiga al presidente Javier Milei, y la remita a su juzgado, en tanto aceptó como querellante a un damnificado.

Arroyo Salgado planteó un conflicto de competencia, a raíz de una denuncia que se tramita en su juzgado y que fue presentada por Juan Carlos Mussa, en la que ya comenzó a tomar decisiones, entre ellas aceptar como querellante a un supuesto damnificado, Martín Romeo, quien dijo haber invertido en $LIBRA la tarde del pasado 14 de febrero, tras la publicación de Milei, en su cuenta personal de la red social X, “difundiendo” el lanzamiento.

De hecho, en la causa penal que tramita en los tribunales federales de Retiro, Servini negó el rol de querellante a este inversor y a otros que se presentaron y que apelaron la medida ante la Cámara Federal porteña.

Arroyo Salgado le solicitó a Servini que se inhiba de seguir interviniendo en el caso y le envíe su causa judicial a San Isidro porque considera que el punto de partida del delito posible ocurrió a las 19.01 del viernes 14 cuando Milei escribió el mensaje desde la quinta de Olivos, jurisdicción de su juzgado.

“Posee singular relevancia -en términos de configuración de la realidad acontecida luego, cuestión que resulta de público conocimiento- la difusión vía Twitter de una publicación efectuada el viernes 14 de febrero del corriente, aproximadamente a las 19 horas, en la cuenta personal del Presidente de la Nación, la cual indudablemente se materializó desde la Residencia Presidencial de Olivos, emplazada en jurisdicción territorial de este Juzgado Federal”, escribió en la resolución.

Ante ello, decidió “requerir al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1 que se inhiba de continuar interviniendo en la causa CFP 574/2025 para su acumulación a la presente causa FSM 1937/2025”.

“Corresponde hacer énfasis en que los acontecimientos históricos a pesquisar se habrían desencadenado -y encuentran razonable explicación de causa/efecto- a partir de la difusión vía Twitter de una publicación efectuada el viernes 14 de febrero del corriente, aproximadamente a las 19 horas, en la cuenta personal del Presidente de la Nación”, agregó la magistrada.

Arroyo Salgado pidió informes sobre dónde estaba Milei en ese horario y la jefatura de la Casa Militar con jurisdicción en la quinta de Olivos respondió que “se hace saber que, de acuerdo a las constancias obrantes en este organismo, el Sr. Presidente de la Nación permaneció dentro de la Residencia Presidencial de Olivos los días 14 y 15 del año en curso”.

“No puedo omitir que -si de buena administración de justicia y economía procesal hablamos- resultaría, desde mi punto de vista acertado, que la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal no se apreste en asumir procesos penales que resultan extraños y ajenos a su territorio, cada vez que se suscita un conflicto que repercute, en términos institucionales, en las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en ocasión de acciones humanas presuntamente realizadas por sus titulares dentro de la residencia de la Quinta Presidencial de Olivos, ubicada dentro de este ejido territorial”, advirtió Arroyo Salgado

El conflicto por dónde se llevará el caso no está definido aún porque el fiscal de San Isidro Federico Iuspa se había opuesto a esta decisión de Arroyo Salgado, por lo cual podría apelarla ante la Cámara Federal de San Martín.

Con información de la agencia NA

La jueza federal María Servini convocó a los denunciantes del presidente Javier Milei a ratificar las presentaciones hechas a raíz de lo ocurrido con la criptomoneda $LIBRA de manera previa a dar vista a la fiscalía para que determine si corresponde impulsar la investigación.

En el caso de la primera denuncia, sus firmantes ya se presentaron en los tribunales federales de Retiro para cumplir con el trámite y anticiparon su intención de ampliar los fundamentos, según informaron fuentes judiciales.

Se trata de la presentada por el exdiputado y economista Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Hasta el momento el juzgado de Servini recibió al menos seis denuncias por lo ocurrido y sus autores fueron citados a ratificarlas. “Vengo a ratificar la denuncia”, anunció Lozano en la mesa de entradas de la secretaría número 1 alrededor de las 11 de la mañana.

Según trascendió, los denunciantes quieren ampliar sus presentaciones, para incluir el crudo de la entrevista que el Presidente le brindó al periodista Jonatan Viale y también las declaraciones de Hayden Mark Davis, uno de los impulsores de la criptomoneda.

Luego la jueza dará vista al fiscal federal Eduardo Taiano para que determine si corresponde impulsar la investigación y si formula imputaciones concretas hacia alguno de los mencionados. Taiano está de licencia. Lo reemplaza Gerardo Pollicita, quien, a pedido de su colega fiscal, lo esperará hasta el jueves para que el titular decida si corresponde instar la acción penal o archivar las denuncias.

La polémica en torno de la criptomoneda $LIBRA estalló el viernes. El presidente la promocionó en sus redes sociales, tras lo cual registró una suba enorme y después se desplomó. El mandatario borró el tuit cinco horas después e hizo su descargo y el sábado por la tarde la Oficina del Presidente anunció una investigación a través de la Oficina Anticorrupción y una unidad creada en la órbita de la Presidencia.

Las denuncias

Inmediatamente después se presentaron las primeras denuncias penales en los tribunales de Comodoro Py. Según informó Chequeado, desde la Cámara Federal porteña comunicaron que la primera presentación fue realizada por Lozano, junto a los abogados Jonatan Baldiviezo y Marcos Zelaya y la ingeniera María Eva Koutsovitis.

Los denunciados son Milei; Julián Peh, CEO de Kip Protocol; Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, Daniel Parisini, conductor del canal de streaming Carajo; y Agustín Laje, escritor e intelectual vinculado al Presidente.

Por otra parte, el abogado Gregorio Dalbón denunció a Milei; a su hermana Karina; al vocero presidencial, Manuel Adorni; al empresario y asesor presidencial Mauricio Novelli; a Peh y a Davis; y a Laje y a Francisco Caputo, de la Fundación Faro.

También la Coalición Cívica presentó una denuncia, con la firma incluida de Elisa Carrió, y por su parte, Itaí Hagman y Juan Grabois, de Patria Grande, hicieron su propia presentación judicial.

La denuncia de Lozano menciona 3 delitos. Primero, el de asociación ilícita, que prevé una pena de 3 a 10 años de prisión.

En segundo lugar, refiere a 2 artículos del capítulo de estafas del Código Penal: el 172, que prevé penas de 1 mes a 6 años de prisión para el que defraude a otro con supuestos nombres, títulos, influencias o aparentando bienes o empresas; y el 174, inciso 6, que establece penas de 2 a 6 años para el que afectare el normal desenvolvimiento de un establecimiento, o “fraudulentamente disminuyera el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital”.

Por último, refiere al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248), con penas de un mes a 2 años de prisión, por violación a la Ley de Ética Pública.

La denuncia de Dalbón, además, menciona los delitos de cohecho, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública, con penas de 1 a 6 años de prisión.

Por otra parte, la presentación de Grabois agrega el artículo 249, que establece multas e inhabilitaciones para los funcionarios públicos que omitan, rehúsen o retarden el cumplimiento de sus deberes; y el artículo 309, con penas de 1 a 4 años para el que “ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas”.

La denuncia de la Coalición Cívica incorpora, además, al artículo 259 del Código, que pena al que aceptara dádivas.

La furia del influencer Ape

En tanto, también en el ámbito internacional podrían presentarse denuncias. El influencier estadounidense Ape, uno de los mayores damnificados, lo anunció hoy en entrevista con Víctor Hugo Morales. Calificó a Milei de “estafador y corrupto”, luego de haber perdido más de un millón de dólares.

“Yo invertí porque lo anunció el Presidente de un país”, aseguró. El influencer saltó a la fama en las redes durante el fin de semana por un video donde se lo veía furioso con la estafa, arrojando objetos al aire. “Yo quiero presentar una denuncia porque fui un completo idiota y confié en un estafador corrupto que ni siquiera la gente de Argentina quiere”.

“Fue una mala decisión de mi parte. Pero esa mala decisión no me define. Yo no dormí en cuatro días porque estoy trabajando para recuperar el millón de dólares que perdí”, agregó.

CRM/JJD

La jueza federal María Servini fue designada este lunes para investigar la primera denuncia presentada en los tribunales de Retiro contra el presidente Javier Milei por su posteo en la red social X, vinculado al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.

La denuncia, presentada por el diputado nacional Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, ingresó por correo electrónico a la casilla de la secretaría general de la Cámara Federal porteña. Según el sorteo realizado este lunes mediante el tradicional bolillero manual en Comodoro Py 2002, el caso quedó a cargo de Servini.

La presidencia de la Cámara, en manos de Mariano Llorens, decidió realizar el sorteo de manera manual y no por vía informática —como es habitual— con el argumento de evitar un “dispendio judicial innecesario” y garantizar transparencia, según informaron fuentes judiciales.

Así, la primera causa quedó en manos de la jueza Servini y del fiscal federal Eduardo Taiano. Las denuncias posteriores se acumularán en este expediente si comparten denunciados y delitos.

Hasta la mañana de este lunes, en Comodoro Py se habían radicado tres denuncias ante la Cámara Federal, mientras que una cuarta ingresó por una comisaría en el turno del juez federal Sebastián Casanello. Ahora, Casanello deberá decidir si se queda con el caso o lo envía a sorteo.

Milei fue denunciado como presunto partícipe necesario de una estafa, luego de haber promocionado el viernes pasado en su cuenta personal de X el lanzamiento de la criptomoneda en cuestión.

MM con información de la agencia NA.

La jueza federal María Servini procesó hoy con prisión preventiva a tres acusados de filmar el video intimidatorio contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, informaron fuentes judiciales.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los tres son de Santa Fe. Se cuenta “con elementos de convicción suficientes para acreditar prima facie la materialidad del suceso que nos ocupa, y la responsabilidad criminal de los imputados”, dice el fallo de la jueza Servini.

En los allanamientos se secuestraron armas de grueso calibre como un fusil FAL y mamelucos. Al ser indagados, los tres habían negado los hechos la semana pasada.

Las amenazas se habían hecho públicas a principios de mes, cuando una organización narcoterrorista aún no identificada envió un video con amenazas de muerte hacia Bullrich y Pullaro.

Las amenazas

El pasado 1 de diciembre, la ministra de Seguridad publicó un comunicado oficial en el que aseguraba haber recibido un video de una presunta organización narco terrorista en donde se amenaza de muerte a ella y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El video, que rápidamente comenzó a ser visibilizado en redes sociales a través de cuentas de figuras vinculadas al Gobierno, muestra a cuatro personas enfundadas en trajes químicos, con las caras tapadas y portando lo que parecen ser fusiles de asalto.

En un breve mensaje de poco más de un minuto, un hombre con voz joven realiza distintos tipos de amenazas contra Bullrich y Pullaro, refieriéndose repetidamente a la situación en la ciudad de Rosario y afirmando: “Estamos instalados en Buenos Aires, vamos a dejar muertos acá”.

Con información de la agencia NA

La jueza federal con competencia electoral María Servini reconoció como partido político de orden nacional a La Libertad Avanza, con lo cual podrá presentarse a los comicios sin necesidad de realizar alianzas y le dio seis meses de plazo para convocar a elecciones internas de autoridades definitivas.

Servini firmó la resolución a favor de la agrupación política del presidente Javier Milei y dispuso “reconocer la personería jurídico política a la entidad La Libertad Avanza para actuar como partido de orden nacional, con todos los derechos y deberes emergentes del ordenamiento jurídico vigente y con derecho exclusivo al nombre, logos y símbolos que fueran adoptados en su oportunidad por la agrupación”.

En la resolución, la magistrada dispuso tener como integrantes del partido La Libertad Avanza en el orden nacional a La Rioja, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Capital Federal y San Juan.

Además, se hizo saber a las autoridades promotoras del partido que en seis meses “deberán efectuar la convocatoria válida a la primera elección interna de autoridades definitivas”.

El 19 de septiembre pasado se presentaron como apoderados Eduardo Menem y Santiago Viola para pedir el reconocimiento definitivo.

Con información de agencias.

IG

La jueza federal a cargo del Juzgado N°1 María Servini rechazó el pedido del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, de posponer la elección interna del Partido Justicialista (PJ) y dio lugar a la decisión de la Junta Electoral del espacio que impugnó la lista “Federales, un grito de corazón”, por irregularidades en su presentación, convalidando solo la nómina encabezada por la dos veces presidenta Cristina Kirchner, quien asumirá a la conducción del partido el próximo 17 de noviembre.

Pese a la apelación a cargo de los apoderados de la lista del riojano, Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Sandra Vanni, quienes plantaron a través de un escrito la insuficiencia en la fundamentación y la invalidez en las observaciones de la Junta Electoral tras haber invalidado la postulación, la Justicia respaldó los motivos expuestos por el órgano partidario. 

En el fallo fechado este viernes 1° de noviembre, Servini precisó que el recurso planteado es insuficiente para contrarrestar la decisión y expuso que más allá del total de 70.531 avales que la lista de Quintela asegura haber presentado, en 4.703 planillas, la Junta Electoral contabilizó un total de 60.755 avales, en 4.464 planillas, de los cuales un total de 6.809 fueron observados por falta de documentación, y otros 5.195 por irregularidades en los datos.

“En este sentido cabe recordar que la presentación de avales es uno de los requisitos indispensables para oficializar los candidatos de las distintas líneas internas. Tal exigencia debe entenderse como el estándar mínimo de consenso que debe reunir un candidato para aspirar a competir en una elección, para que cuente con una necesaria representatividad de los afiliados, constituyendo de esta forma una verdadera fuerza política”, argumentó.

En la misma línea, amplió: “Es preciso señalar también que la apelante no rebate ni controvierte las razones expuestas por la Junta Electoral Nacional con fechas 25 y 27 de octubre del corriente, que dieron sustento a su decisión, sino que, por el contrario, sólo expresa su descontento con lo resuelto, puesto que no existen argumentos distintos a los que analizara la Junta Electoral Nacional, no acompañando ningún elemento que permita sostener que la Junta Electoral haya actuado de manera parcial favoreciendo a la otra lista participante”.

“En relación a las demás cuestiones planteadas tales como la falta de interés de realizar los comicios por parte de la Junta Electoral, como así también la queja respecto a la falta de ‘depuración’ de los padrones -los cuales son remitidos por los juzgados electorales de cada provincia de acuerdo al registro de afiliados de su distrito-, no puede dejar de señalarse que estos cuestionamientos fueron intentados una vez que se rechazara la lista presentada por la falta de avales, no habiendo sido objeto de cuestionamiento alguno en los plazos previstos en el cronograma”, especificó además. 

De esta forma, la justicia resolvió confirmar la resolución de la Junta Electoral Nacional del Partido Justicialista del 27 de octubre de 2024. 

Este jueves, la expresidenta había reunido este jueves a los cinco vicepresidentes de su fuerza para conducir el PJ, mientras aguardaba la decisión de la Justicia para que se resolviera la interna por la conducción del partido.

El encuentro se llevó a cabo en el Instituto Patria y participaron quienes la acompañan en la lista “Primero la Patria”: los senadores nacionales José Mayans y Lucía Corpacci; el diputado nacional Germán Martínez, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y el titular de SMATA, Ricardo Pignanelli. Así lo publicó el espacio que conduce Fernández de Kirchner en las redes sociales.

La exmandataria había mantenido un encuentro más temprano con los diputados Tomás Ledesma, Carolina Gaillard y Blanca Osuna, en la continuidad de la ronda de citas que viene organizando con distintos dirigentes del peronismo. También estuvieron la legisladora provincial Stefanía Cora y la ex diputada provincial Paola Rubattino.

El mensaje que había dado CFK a los afiliados

El espacio de Quintela había apelado en los últimos días la decisión de la Junta Electoral del PJ que había dejado sin efecto esa lista por no contar con los avales suficientes para las elecciones internas, por lo que el diferendo se resolverá en la Justicia Electoral. Algo que este viernes revalidó la jueza Servini.

Con información de agencias.

IG

En el Instituto Patria están convencidos de que el objetivo final de Ricardo Quintela y el sector del peronismo que lo acompaña no era disputar la interna contra Cristina Fernández de Kirchner sino “embarrar” la cancha para evitar que ella asuma al frente del PJ Nacional. Creen que por eso metieron a la Justicia en la elección, una decisión que conlleva la amenaza latente de una nueva intervención al partido. 

El conflicto estalló el sábado, cuando la Junta electoral del PJ rechazó a la lista de Quintela por falta de avales y le dio 24 horas para corregir la situación. El número exigido por el reglamento era el 2% del padrón de afiliados (que equivale a 62.465 avales), pero el riojano presentó 60.755, de los cuales hubo 6.809 inválidos por falta de documentos de identidad y 5.195 con documentos ilegibles o diferencias de firmas entre las del documento y las presentadas en la planilla. Según esos datos, a la lista “Federales, un grito de corazón”, le faltan 13.714 para llegar al número requerido. 

La respuesta de los apoderados de la lista de Quintela fue insinuar que los avales estaban y se los robaron integrantes del Instituto Patria. En lugar de presentar copias definieron pedir un apartamiento de la Junta, denunciando su “parcialidad”. Según lo que repiten, 12 de sus 15 integrantes juegan a favor de Cristina. Es por eso que el tema llegó a manos de la jueza electoral María Servini, la misma que en 2018 definió intervenir al PJ y desplazar de la conducción a José Luis Gioja, dejando el partido en manos del gremialista Luis Barrionuevo, de diálogo fluido con el entonces presidente Mauricio Macri. 

Como afirmaron a elDiarioAR fuentes de Comodoro Py, al tratarse de una presentación en contra de la decisión de la Junta electoral del partido, el Código establece que quien debe tener la última palabra es el juzgado electoral, en este caso, Servini. En ese sentido, la decisión de la jueza es clave, porque no es apelable. 

En el medio de todo esto, según pudo saber elDiarioAR, Axel Kicillof buscó despegarse de la maniobra judicial. “La lista [de Quintela] no estaba en condiciones de aprobarse y además no estamos de acuerdo con la judicialización del partido. Esto era algo que se tenía que resolver puertas adentro y es un error de Quintela judicializarlo”, dijeron a este medio en el entorno del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien nunca se pronunció públicamente a favor de Cristina en la pelea partidaria interna, lo que le valió una indignación más de La Cámpora.

En términos políticos, la lectura que hacen desde el sector que acompaña a la expresidenta es que el terreno ya está “embarrado”. Si bien Quintela hasta ahora sólo exigió participar de las elecciones, el cristinismo ve que hay un riesgo mayor en que interceda Servini. Ven, detrás de la actitud, la mano de algunos sectores que quieren usar a la Justicia como una herramienta para limitar el accionar del peronismo. El timing tampoco es casual: ocurre a días del 13 de noviembre, fecha en la que Casación se pronunciará sobre la condena de Cristina. Ese día está fijada la audiencia del máximo tribunal penal en la que informará si confirma, reduce o eleva la condena a seis años de prisión contra la expresidenta. 

Hay un punto que podría señalar la justicia electoral, que ya comenzaron a repetir en off algunos de los interlocutores de la discusión: la imposibilidad de que el padrón conste de 3 millones de electores. La desactualización de la lista de afiliados podría ser un argumento a favor del que podría agarrarse la jueza si definiera intervenir el partido. 

En diálogo con elDiarioAR, Un operador judicial cercano al Instituto Patria le bajó el tono a esa preocupación: “Servini tiene que decir si la Junta electoral actuó bien o si encuentra alguna irregularidad. No vemos que haya posibilidad de intervención inmediata del partido, porque las autoridades tienen mandato hasta marzo. Creemos que lo que podría pasar es que, cuando llegue la fecha, se proclame la lista de Cristina porque es la única habilitada para la elección; pero también conocemos los tiempos judiciales y esa fecha podría aplazarse”. 

En ese sentido, insistió con la versión de que Cristina quería competir para medirse en las urnas contra el riojano, aunque defendió el accionar de la Junta electoral de no habilitar la lista de su rival: “La Junta actuó bien; si se hacían los distraídos y no hacían bien su laburo, ahí sí que facilitaban una intervención judicial al partido. Hicieron lo que tenían que hacer”.

El análisis del kirchnerismo es que Quintela no buscó negociar, sino impedir que Cristina llegara a presidir el partido. Lo sintetizó la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las apoderadas de la lista de la expresidenta: “Lo que sucedió es que la presentación de la lista de Quintela fue muy defectuosa, muy floja de papeles, no tenían candidatos, no tenían los avales suficientes. La realidad es que no querían competir”. El argumento del riojano es el mismo, en espejo: acusa a la lista de Cristina de no querer ir a elecciones y haber ganado el partido “desde sus oficinas”. 

Las suspicacias del kirchnerismo crecieron el lunes, cuando Jorge Yoma, apoderado de la lista del riojano, apareció en la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Para Quintela, un gobernador que hasta ahora se mostró como un opositor intransigente frente al gobierno de Javier Milei, la filtración de esa reunión fue un escollo en su estrategia. 

Hasta ahora, todo había sido ganancia: el riojano pasó de actor de reparto a protagonista al consolidarse como una alternativa al liderazgo de Cristina y logró encolumnar detrás suyo a exalbertistas, peronistas disidentes, kirchneristas desencantados y dirigentes cercanos al armado de Kicillof. Rápido de reflejos, el riojano buscó despegarse de la visita de Yoma a la Rosada, en un intento de instalar que se trató de un tema de “gestión”: habría acudido a charlar sobre la deuda de La Rioja. Su provincia le reclama a la Nación unos 300 millones de dólares.

Las elecciones en el PJ quedaron signadas por las denuncias internas y la falta de acuerdos. La posibilidad de que se posterguen es la consecuencia final de una campaña cargada de errores políticos y acusaciones cruzadas. Desde el Patria apuntan contra Quintela y aseguran que detrás suyo se esconden gobernadores que juegan para el Gobierno. Enfrente señalan la seguidilla de errores políticos de Cristina, que arrancó con un visto bueno para que otros “caminaran” el país, siguió con un operativo clamor que no tuvo el eco esperado y finalizó con la resistencia del riojano, que —según dicen— podría haber sido evitada con una charla a tiempo.

LA/JJD

El fiscal federal Carlos Stornelli, que interviene en las causas contra las 33 personas detenidas en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento de la ley de Bases, no sólo se opuso a las excarcelaciones de 14 de los 17 detenidos por considerarlas “prematuras”. También afirmó que busca identificar a “nuevos sospechosos”.

Así lo sostuvo en su dictamen de apelación contra la liberación de poco más de la mitad de los detenidos, entre quienes se encuentran personas que se encontraban manifestándose, vendiendo alimentos o simplemente circulando por la zona cuando fueron arrastrados y detenidos por las fuerzas policiales, según sostuvieron las defensas. 

La liberación de los detenidos podría “incidir negativamente sobre la presente investigación y su posibilidad de éxito en cuanto al descubrimiento de la verdad”, dijo Stornelli en su escrito, en el que solicitó al fiscal general José Agüero Iturbe que acompañé su posición ante los jueces de la Cámara Federal porteña para que anulen gran parte de la decisión de la jueza de liberar a 17 de los acusados. Otras 16 personas continúan detenidas en cárceles federales, confirmó la abogada María del Carmen Verdú, una de las defensoras de los imputados.

“En segundo término —continuó Stornelli—, la investigación de un hecho de tal magnitud, que de momento presenta una considerable cantidad de personas imputadas y que se encuentra, además, en vías de procurar establecer la individualización y sujeción al proceso de posibles nuevos sospechosos”. Eso, aseguró, requiere de un “considerable y complejo despliegue de diligencias y medidas probatorias, como así de una minuciosa actividad de análisis del resultado de estas”, por lo que el fiscal pretende que los liberados continúen detenidos hasta que esas diligencias y medidas sean ejecutadas y analizadas. Podría llevar meses.

“La privación de la libertad sólo podrá autorizarse cuando sea imprescindible y, por lo tanto, no sustituible por ninguna otra medida de similar eficacia, pero menos gravosa”, recordó el fiscal en el dictamen. Sin embargo, consideró que los detenidos podrían fugarse o entorpecer la investigación. En el caso de que la Cámara Federal confirmara las liberaciones y le diera la razón a la jueza, el fiscal solicitó que las cauciones económicas impuestas a los excarcelados sean superiores, aunque no habló de montos.

Para el fiscal, además, la excarcelación no corresponde cuando se trata de los delitos que le imputó a los manifestantes o personas que circulaban por la zona, debido a la “gravedad” de los hechos.

“Se trata de un conjunto de acciones y conductas, en algún caso bajo posible forma organizada, registradas el pasado 12 de junio de 2024 a partir de horas de la tarde, tendientes a incitar la violencia colectiva en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo un temor público y suscitando tumultos o desórdenes”, afirmó Stornelli. 

Luego escribió que los manifestantes detenidos buscaban “erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática, con el propósito de perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta del Congreso”.

Todo ello, dijo Stornelli, lo habrían hecho “mediante el ejercicio de violentas vías” que supuestamente “se tradujeron en múltiples atentados a la autoridad poniendo manos sobre la misma, en lesiones al personal preventor, en daños simples y agravados, en incendios y estragos dolosos, en algunos casos en la tenencia y utilización de material explosivo y/o incendiario, según corresponda a cada uno de los prevenidos, y sin que sean descartadas otras acciones que persiguieran tal designio criminal”.

Los delitos que se le imputan a los detenidos van desde lesiones, daños simples como agravados, incendio o estrago, delitos contra la seguridad pública e instigación a cometer delitos hasta intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional.

También se les imputó atentado contra la autoridad, resistencia a la autoridad y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos.

ED/JJD

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó en las últimas horas a la jueza María Servini, que lleva adelante la investigación, que vuelvan a ser detenidas 14 de las 17 personas que fueron liberadas el pasado viernes en el marco de los incidentes y la represión policial alrededor del Congreso mientras el Senado aprobaba la ley Bases.

Stornelli apeló la medida de la magistrada (que ordenó su liberación) y le solicitó mediante un escrito que reconsiderara esa decisión al considerar que los acusados podrían fugarse o entorpecer la investigación. Solo quedaron fuera del pedido tres vendedores ambulantes.

Sobre el resto, el fiscal, que acusó a los involucrados de delitos como “lesiones”, “daños simples y agravados”, “incendio o estrago”, “delitos contra la seguridad pública”, “instigación a cometer delitos”, “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones”, “organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, “delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional”, “atentado contra la autoridad”, “resistencia a la autoridad”, “perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos” e “intimidación pública”, indicó que la gravedad de los hechos que se les imputa, les impide a la mayoría de los apuntados que esperen su eventual indagatoria en libertad.

En tanto que la jueza María Servini de Cubría tiene aún que ver la situación de otros 16 detenidos que permanecen desde el viernes en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza.

Denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad ante la ONU y la Comisión Interamericana de DDHH

Organismos de Derechos Humanos, denunciaron ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el accionar de las fuerzas de seguridad que, conducidas por la ministra del área, Patricia Bullrich, atentaron contra el derecho a la protesta de los argentinos.

Además de sostener el reclamo por los manifestantes detenidos que sin pruebas fueron llevados a las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza, los dirigentes coincidieron en la necesidad de coordinar esfuerzos para preservar el derecho a la protesta de los y las habitantes del país. 

La agrupación Madres sostuvo que el gobierno de Milei, el miércoles pasado “traspasó los límites” y que “un Gobierno que valla el Congreso, reprime al Pueblo, gasea diputados, desata una cacería por las calles adyacentes al Parlamento para impedir manifestaciones, no es democrático”.

Reclaman “liberación inmediata” de los detenidos

Referentes políticos, dirigentes de organismos de derechos humanos e integrantes de agrupaciones sociales y sindicales habían reclamado el viernes la “inmediata liberación” de las personas detenidas durante las protestas en Plaza Congreso con la sanción de Ley Bases, y denunciaron que estos ciudadanos aún permanecen privados de su libertad “bajo tratos denigrantes”.

La demanda se formuló en una conferencia de prensa realizada en la tarde del viernes en la sede del Servicio Paz y Justicia de Argentina (Serpaj), ubicada en Piedras 730 de esta capital, que estuvo encabezada por los dirigentes y legisladores del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Celeste Fierro, y en la que también participaron los diputados de UxP, Leopoldo Moreau y Victoria Montenegro, entre otros referentes.

El eje central de la conferencia giró en torno a la situación de los 38 ciudadanos que, tras ser detenidos “de manera discrecional y arbitraria” en las inmediaciones del Congreso y pasar más de 48 horas detenidos en distintas alcaldías y comisarías, se encontraban este viernes brindando declaración indagatoria en los Tribunales Federales de Comodoro Py, luego que la Justicia porteña declinara su competencia.

Los distintos oradores coincidieron en que lo más urgente es“ la inmediata liberación” de los detenidos “bajo acusaciones arbitrarias y sin pruebas” y la expectativa en que la jueza María Servini de Cubría haga lugar a los pedidos de excarcelación formulados por los abogados de los distintos organismos de las defensas como Correpi, CeProDH, Cadep y FADHUS.

El docente Juan Spinetto sigue detenido

Juan Spinetto es docente, abogado y una de las dieciséis personas que continúan detenidas por manifestarse el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso durante las protestas contra la Ley Bases, en este marco sus compañeros docentes, familiares y amigos exigen su inmediata liberación y aseguran se trata de un “preso político”.

En estos momentos, Juan se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza tras haber participado en la marcha contra la Ley Bases donde fue arbitrariamente detenido a tan solo cinco cuadras de su casa. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Comunal 4, indagado en Comodoro Py y – luego de que la causa quedase en manos de la jueza federal María Servini-, Juan junto a otros detenidos fue trasladado al Penal de Ezeiza.

“Cuando la movilización empezó a desconcentrar, Juan se fue por Avenida de Mayo hacia 9 de Julio porque estaba acompañando a una pareja de jubilados que estaban asustados y tenían dificultades para caminar. En ese momento vienen motos de atrás, lo empiezan a golpear y lo detienen sin ninguna explicación”, cuenta a Somos Télam Melina Kuschnir, docente y compañera de Juan en una de las diez escuelas en las que trabaja. 

“Recién hoy (lunes) pudo entrar una compañera a verlo -agregó Kuschnir- Juan seguía con la misma ropa desde el miércoles. Le pudimos llevar elementos de higiene, comida y ropa. Sabemos que está bien con el resto de los detenidos y que está en un pabellón de ingreso con personas detenidas por otros delitos. Nuestros compañeros son presos políticos”.

Los abogados defensores presentaron un pedido de excarcelación de los detenidos, la jueza Servini cuenta con diez días hábiles para responder al mismo mientras que los familiares convocaron a movilizarse este martes a partir de las 16:30 en Plaza de Mayo para exigir la inmediata liberación. 

Por su parte, el gobierno de Javier Milei insiste con catalogar a los manifestantes como “terroristas” que buscaban implementar “un golpe de Estado” y las fotografías de los detenidos recorren las redes sociales de cuentas que apoyan las políticas de La Libertad Avanza con el objetivo de estigmatizarlos.

“Juan trabaja en diez escuelas secundarias para poder llegar a un salario más o menos digno. Yo soy compañera en la escuela de la villa 21-24 y puedo decir que es una persona maravillosa. Es una persona super solidaria, no cualquier labura en un barrio vulnerable, es muy bueno con sus compañeros y estudiantes, muy alegre que siempre está presente. No podemos creer que él ni los demás compañeros tengan que pasar una situación así por ejercer su derecho a la protesta”, expresó Kuschnir.

La escuela donde ambos son docentes se encuentra conmocionada por la situación de Juan, los profesores mantienen reuniones, están pensando formas de acompañar a la familia, no solo emocionalmente sino también con ayuda económica ya que tanto el proceso judicial como los viajes a Ezeiza implican gastos imprevistos y convocaron a marchar este martes a Plaza de Mayo a las 15:30 desde la puerta de la escuela Media 6, situada en Iriarte y Montesquieu. 

“Le tocó a Juan como le podría haber tocado a cualquiera de nosotros -explica Kuschnir-. Es un horror. Salieron a cazar gente al voleo porque la ley Bases, la política de ajuste, la reducción del Estado y la no entrega de alimentos no puede hacerse sin represión. Argentina tiene un pueblo muy luchador y el gobierno busca que la gente no se movilice. Necesitamos que las centrales obreras llamen a paro y a una gran movilización para poder dar libertad a los compañeros y compañeras que es lo más urgente. Necesitamos la mayor unidad posible del conjunto”.

En un principio habían sido 33 los detenidos por las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad durante la represión del pasado miércoles, pero la jueza Servini ordenó la liberación de 17 por falta de pruebas. 

Entre las personas que todavía continúan privadas de su libertad en cárceles federales se encuentra Sasha Jazmin Lyardest de 24 años y estudiante de Antropología en la Universidad de San Martín, la docente de historia María de la Paz Cerrutti, la estudiante universitaria y madre de dos hijos Camila Juarez Oliva y Patricia Calarco que forma parte del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).

La represión

El miércoles pasado, las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes de organizaciones sindicales, sociales y políticas luego de una movilización para “exigir que no se apruebe” la norma enviada por el Poder Ejecutivo.

 La mayor represión tuvo lugar a partir de las 16, cuando la Policía Federal junto a la Gendarmería avanzaron lanzando con gases lacrimógenos y disparando postas de goma contra los manifestantes que se encontraban en la Plaza Congreso, tras la conclusión del acto convocado por las dos CTA y algunos sindicatos de la CGT.

“Exigimos la libertad inmediata de todos los detenidos que no sólo han sido encarcelados bajo acusaciones arbitrarias y sin pruebas, sino que han recibido tratos degradantes viendo sus derechos más básicos vulnerados”, señaló Bregman.

Moureau agregó que más allá de pedir por la liberación urgente de los detenidos como prioridad, también se debe “derribar la causa iniciada en su contra porque representaría un antecedente para poner a todos los argentinos en estado de excepción”.

En esta misma línea la legisladora porteña Celeste Fierro señaló que el Gobierno Nacional “está llevando a un estado de excepción que no se puede permitir” con “más de 30 detenidos que estuvieron 36 horas esposados, sufriendo maltratos, acusados de sedición y de ser ‘terroristas’ cuando se trata de estudiantes universitarios, trabajadores y compañeros de asambleas barriales”.

Montenegro sostuvo que “nadie en este país puede ni debe estar preso por manifestarse en las calles” y aseveró que “no estamos dispuestos a retroceder en materia de derechos tras 40 años de democracia”.

Del Caño junto a una de las abogadas denunció la situación de las siete mujeres que fueron detenidas primero en la alcaldía de Parque Patricios en la Comuna 4, luego trasladadas a la Comisaría de la Comuna 15, que permanecieron en el suelo esposadas, sin agua y que tras un cacerolazo de los vecinos permitieron a los familiares entrar a ver a sus seres queridos y llevarles unas frazadas.

Daniel Vázquez abogado de Fadhus que representa a este grupo de siete mujeres explicó en declaraciones a Somos Télam que “los delitos que se les imputa genéricamente a la totalidad de ciudadanos y ciudadanas que están privados de su libertad en comisarías y alcaidías es intimidación pública, resistencia a la autoridad, daños y estragos al orden público”.

“Movilizarse en contra de este gobierno se computa como un ataque a la Constitución. Las detenciones fueron absolutamente discrecionales y arbitrarias y el accionar es inconstitucional en toda la línea desde que asumió el gobierno”, ponderó Vázquez.

Asimismo denunció que es falsa la información que circuló por varios medios de comunicación de que habían dado la prisión preventiva a quienes habían quedado detenidos en la alcaldía de Madariaga y remarcó que hasta este viernes por la tarde no había “ni una sola preventiva dictaminada”.

Según explicó el abogado de Fadhus, hay cuatro equipos técnicos tomando las indagatorias en Comodoro Py y que por el momento lo que figura de prueba documental en el sumario que está adjuntado al expediente es “muy poco y no permitiría fundamentar algo en horas”, la mayoría corresponde a los “relatos de policías, uniformados del centro de monitoreo ni siquiera hay videos”.

Quiénes participaron

De la conferencia participaron los diputados nacionales Romina Del Plá (FITU), Néstor Pitrola (diputado nacional electo del PO-FITU), Itai Hagman (Patria Grande), Paula Penacca y Vanesa Siley (UxP) y Mónica Macha (Nuevo Encuentro), entre otros.

También participaron Gabriel Solano (legislador porteño del PO-FITU), Eduardo Belliboni (Polo Obrero), Carlos Lordkipanidse (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), Amanda Martín (Ademys), Horacio Pietragalla (exsecretario de Derechos Humanos) y referentes de Abuelas de Plaza de Mayo, agrupación Hijos, Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, entre otros.

Luego de la conferencia que tuvo una masiva concurrencia con personas que quedaron en las escaleras del edificio de la Serpaj y en la vereda cantando de manera reiterada “libertad, libertad, libertad a los presos por luchar”, muchos de los participantes se movilizaron a los tribunales de Comodoro Py para manifestar apoyo a los detenidos y sus familiares.

La madre de Camila Belén Juárez Oliva, Silvia Oliva, manifestó a Somos Télam que está “muy conmocionada” tras ver brevemente el jueves a su hija porque estaba incomunicada en la comisaría de la Comuna 15 donde la encontró “esposada sentada en el piso y se enteró que habían golpeado a su compañera Sasha (Iyardet)”.

“Cami tiene 33 años, es estudiante de la Unsam, está muy afligida porque tiene dos hijos chiquitos. Fue detenida a 20 cuadras del Congreso junto a tres compañeras más de la Asamblea de San Martín. La quiero conmigo, sus hijos y yo la necesitamos”, expresó Oliva.

Y completó: “La han estigmatizado desde los medios por ser madre y estar en medio de una manifestación. Camila estaba nada más y nada menos que luchando por los derechos de sus hijos, los míos que estoy a punto de jubilarme, es una mujer muy empática que salió a defender los derechos de todos”.

Con información de agencias y somostelam.com.ar

IG

Familiares de detenidos durante la protesta contra el proyecto de ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, realizada el miércoles pasada mientras se debatía en una sesión del Senado —donde terminó aprobada—, realizaron este lunes una manifestación en la puerta del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), y llamaron nuevamente a una movilización hacia la Plaza de Mayo, para este martes, a partir de las 16:30.

Bajo el lema “presos políticos nunca más” y con la aclaración de que no responden a “ninguna bandera partidaria”, invitaron a asociaciones civiles, organismos sociales y de derechos humanos, y a todos aquellos que quieran, unirse al reclamo por la liberación “inmediata” de quienes aún continúan detenidos.

En la lista publicada por la organización Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), de las 35 personas detenidas, 22 estaban a disposición de la fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y 13 del Juzgado Federal número 1, a cargo de la jueza María Servini.

Por el momento, Servini ordenó la excarcelación de 17 imputados por no hallar ninguna prueba incriminatoria, luego de haber tomado las declaraciones correspondientes y ver las imágenes de las cámaras en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

Hasta este momento, continúan detenidos: Daniel Sica, Patricia Calardo Arredondo, Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez, Nicolás Mayorga, Saya Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Darío Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tocaba, Lucía Belén Puglia, Cristian Valiente, Facundo Exequiel Gómez, Gabriel Famulari y Roberto María de la Cruz.

Amnistía Internacional, a su vez, reclamó la liberación de Camila Juárez Oliva, de 33 años, estudiante de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), quien “participó de la movilización del 12 de junio en la zona del Congreso y nunca llegó a ir a la plaza porque fue detenida en 9 de julio y Chile”.

JJD, con información de NA