El Gobierno decidió ir a todo o nada con el pliego de Ariel Lijo. Mientras aliados y opositores estaban distraídos debatiendo la Ficha Limpia -en Diputados- y la suspensión de las PASO -en el Senado-, en Casa Rosada decidieron subir la apuesta y oficializar el pliego del juez federal para la Corte Suprema. Fue un mensaje teledirigido al peronismo, que coquetea con votarlo y le firma el dictamen, pero después se rehúsa, en una danza negociadora que se resolverá la semana que viene. El objetivo es convocar una sesión para el 20 de febero y “patear al arco”, como define una autoridad de LLA, que agrega: “Si entra, entra”.

El brazo ejecutor de la oficialización fue “Camau” Espínola, el senador peronista no-kirchnerista que fantasea con ser el candidato de Javier Milei en las elecciones a gobernador de Corrientes de este año. Espínola, que era el jefe de bloque que integraba Edgardo Kueider, es un comensal asiduo de Casa Rosada. Se reúne con Lule Menem, mano derecha de Karina Milei, y Santiago Caputo, y conversa sobre estrategia parlamentaria y electoral. 

Espínola fue el designado por Casa Rosada para guardar y proteger el pliego de Lijo cuando a fines del año pasado la senadora Lucía Corpacci, cercana a Cristina Fernández de Kirchner, estampó su firma en el pliego lo hizo en el despacho del senador correntino. En Unión por la Patria pensaban que estaría en el despacho de Guadalupe Tagliaferri, la senadora larretista que preside la comisión de Acuerdos. Pero no. Entonces pensaron que estaba en el despacho de Ezequiel Atauche, el jefe de bloque de LLA. Pero no. Lo custodiaba Camau, y fue él mismo quien le entregó el dictamen a Tagliaferri este miércoles. Y la senadora, a las 15, lo oficializó en la mesa de entrada del Senado. 

Los votos de Lijo

Las firmas que aparecen en el dictamen las consiguió el propio Lijo. Es un secreto a voces en el Senado que el Ejecutivo, pocos después de anunciar a sus candidatos, apenas sí se movió para conseguir los apoyos para aprobar sus candidaturas. En los últimos meses, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, asumió el rol de operador clave, manteniendo contacto con distintos dirigentes del peronismo para aceitar la negociación. Pero las firmas, aseguran quienes lo conocen, las consiguió Lijo.

El juez federal tuvo el apoyo del oficialismo, el peronismo y una parte del radicalismo y del PRO. Firmaron el pliego Atauche (LLA), Espínola, el salteño Juan Carlos Romero y el misionero Carlos Arce. También rubricaron, como integrantes de la comisión de Acuerdo, el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, y la tucumana Beatriz Ávila (PRO). Ninguna de las dos bancadas, sin embargo, acompaña de manera uniforme el pliego de Lijo. La mayoría del PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, cuestiona su candidatura y no acompañará su designación en el recinto. Una situación similar se vive en la UCR. 

Es el peronismo quien tiene la llave para aprobar el pliego de Lijo, que necesita los dos tercios en el recinto. Acompañaron con su firma Corpacci, el sanjuanino Sergio Uñac y la santiagueña Claudia Ledesma, esposa del gobernador Gerardo Zamora. Las firmas estaban hace más de un mes, pero la decisión de oficializar el pliego a una semana de que terminen las sesiones extraordinarias era un golpe de efecto del Gobierno. Milei apuró, así, al peronismo para que tomara una decisión.

“Nos enteramos recién. Los votos no los tienen”, respondió, sucinto, un peso pesado de UxP, poco después de que se oficializara el dictamen. El Ejecutivo espera poder convocar una sesión para el 20 de febrero y tratar, ahí mismo, el pliego de Lijo y la suspensión de las PASO para 2025. La incógnita es si tendrán los votos. De momento, en UxP el número no está: todavía falta un buen trecho de negociaciones.

“Si ellos quieren su hijo de puta, nosotros queremos nuestro hijo de puta”, suele repetir, en privado, un senador de UxP que conversa seguido con Cristina Kirchner. Es decir: en el peronismo sostienen que Lijo es el candidato de Milei y, por más simpatías que algunos dirigentes del PJ puedan tener con el juez, rechazan que el oficialismo se los adjudique como propio. 

Exigen, si Milei quiere sus votos para aprobar el pliego de Lijo, que les permita poner a un nombre propio. Y que sea una mujer. Ya que desde la renuncia de Elena Highton en 2021 que la Corte Suprema está integrada sólo por varones: su presidente auto-votado, Horacio Rosatti, más Carlos Ronsekrantz, Ricardo Lorenzetti -que fue quien le propuso a Lijo al Gobierno- y Juan Carlos Maqueda, que renunció hace dos meses. Uno de los nombres propuestos es el de la exsenadora nacional María de los Ángeles Sacnun.

Una historia diferente es el caso del otro candidato, Manuel García-Mansilla. El académico, que tiene un perfil más conservador que Lijo -y está más alineado ideológicamente al gobierno libertario-, es resistido por UxP. El peronismo no dará ni uno solo de sus 34 votos para aprobar el pliego, que necesita un total de 48 votos para poder aprobado: es decir que, sin el peronismo, el pliego de García-Mansilla está condenado al fracaso. Por más que cuente con el respaldo del PRO, la UCR y la misma Victoria Villarruel.

Dado la resistencia de UxP, el Gobierno analiza la posibilidad de designar a García-Mansilla por decreto. El objetivo es hacerlo antes de que finalicen las sesiones extraordinarias, cuya fecha de vencimiento es el 21 de febrero. Es decir, la semana que viene. En paralelo a la sesión que LLA quiere convocar para tratar la suspensión de las PASO y el pliego de Lijo.

Con todo, los votos aún no están, pero hay muchos temas sobre la mesa de negociación con UxP. Desde la suspensión de las PASO hasta Ficha Limpia -que, de aprobarse, impediría la candidatura de CFK-. Pero también se conversa la posibilidad de ampliar la Corte Suprema a nueve miembros: una promesa del Gobierno que el peronismo aceptaría, pero no después de aprobar el pliego de Lijo. 

Fiel a su estilo, el Gobierno forzará la situación hasta último momento. Si la oposición no acompaña, siempre está la posibilidad de hacerlo por decreto. Un juego de la gallina con el que Milei se siente muy cómodo: doblar -y negociar- o chocar. 

MC/MC

Las Provincias Unidas es el nombre del nuevo interbloque del Senado, integrado por representantes de Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Salta, Chubut y Neuquén. Es un espacio que podría ser aliado de La Libertad Avanza, como el PRO, en determinadas votaciones pero que a la vez es un indicador de una unión de espacios provinciales para ganar volumen en las negociaciones con la Casa Rosada sobre distintos asuntos, y a las puertas de la discusión del Presupuesto 2025.

La carta formal, dirigida a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, informó que el interbloque Las Provincias Unidas estará compuesto por el correntino Carlos “Camau” Espínola, del bloque Unidad Federal, quien además fue elegido para presidir el interbloque; el entrerriano Edgardo Darío Kueider y la cordobesa Alejandra María Vigo, también de Unidad Federal; el salteño Juan Carlos Romero, de Cambio Federal; la chubutense Edith Elizabeth Terenzi, de Despierta Chubut; y la neuquina Lucila Crexell, del Movimiento Neuquino, quien hace unos meses fue incluida en un expediente de Cancillería como potencial embajadora argentina ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, con sede en París.

La creación de este interbloque refuerza la idea de que los senadores de las provincias no alineados directamente con los grandes partidos nacionales buscan tener mayor influencia y visibilidad en el Congreso. El objetivo es crear una voz unificada para temas sensibles, como el federalismo fiscal, el reparto de recursos y la protección de las economías regionales, frente a decisiones centralizadas en la política nacional.

Este martes también se confirmó que la senadora Andrea Marcela Cristina, que reemplazó a Ignacio Torres en su banca cuando el chubutense asumió la Gobernación de su provincia, en diciembre, dejó el bloque Cambio Federal, que integraba con el salteño Juan Carlos Romero, y se suma al bloque PRO, que pasará con ella a tener siete integrantes y que preside el cordobés Luis Juez.

JJD

Decidida a mantener su porción mayoritaria de poder, Cristina Kirchner salió a jugar fuerte en la interna peronista por el liderazgo. 

En una acción coordinada, un sector de su espacio político avanza con la expulsión del senador Carlos “Camau” Espínola del peronismo de Corrientes para prohibirle que pueda volver a ser candidato con el sello partidario, mientras se espera que el mismo camino corra para Daniel Scioli, al que ya le advirtieron con quitarle las credenciales de afiliación. El feriado largo quizás retrasa los planes, pero se espera una presentación contra el funcionario de Javier Milei para las próximas horas. 

La ex presidenta puso en marcha rápidamente el operativo desde el Instituto Patria para condicionar al resto de sus socios y advertirles de las consecuencias que tiene que la dejen a un lado. En definitiva, de eso se trata: de re encender la hoguera del peronismo contra aquellos que la quieren ver corrida de la discusión de candidaturas.

Nadie sabe qué va a hacer Cristina Kirchner en 2025 pero algo es seguro: trabajará por fortalecer a su sector en la elección de medio término en la provincia de Buenos Aires, el territorio donde se dan las mayores disputas internas del cristinismo, que ahora, votación mediante en el Senado, Cristina extendió hacia el interior. Será con o sin ella candidata. 

Desde esa mirada explican en el Patria el retuit que reavivó las disputas y habilitó a pedir expulsiones partidarias. Con un click, Cristina promovió que las listas las deberían encabezar dirigentes de La Cámpora, más fieles que los peronistas tradicionales, como los díscolos Espínola y Edgardo Kueider, el otro de los senadores apuntados por el cristianismo. Intervenido el PJ de Corrientes y con “Camau” expulsado, es seguro que el senador no podrá aspirar a la candidatura a gobernador el año que viene. 

En paralelo, se lanzó una campaña contra los tres legisladores de Unión por la Patria que votaron a favor del régimen especial para las grandes inversiones (RIGI) y del regreso del impuesto a las Ganancias, representantes de provincias mineras, sin conducción nacional. 

Los destinatarios de las críticas fueron Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). Horacio Pietragalla inició la pelea en la red X. “Se vendieron por 4 pesos con 50”, les dijo, con foto y todo, bajo el mote de traidores.   

El malestar dentro del peronismo no kirchnerista se acrecienta desde entonces. La senadora Moisés no se quedó callada y salió a pegar duro. “Si Néstor los viera, le daría vergüenza haber criado gente tan sectaria y dañina”, arremetió, y sostuvo que “los camporistas se creen dueños de la verdad”.  

La novedad parece ser que la interna traspasa ya los límites de la provincia de Buenos Aires y empieza a extenderse a los peronismos provinciales. La toxicidad de la disputa, incluso, está haciendo tambalear la unidad del bloque de senadores, que logró mantener a sus 33 integrantes votando en contra de las medidas de Javier Milei, a excepción de un par de artículos. Difícil poder mantener la cohesión si el tono sube a los niveles del último fin de semana. 

La senadora jujeña llegó a su banca después de pasar una interna justamente contra La Cámpora. “No le debe nada al Patria”, recuerdan a su lado, y aclaran que todo se habló en la reunión de bloque que tuvieron el martes, de 4 horas, un día antes de la sesión. 

El otro apuntado fue Scioli, funcionario de Milei, una suerte de presidente honorario de un virtual peronismo libertario. Juliana Di Tullio propuso su expulsión del partido, lo que implicará que, de concretarse, no podrá volver a presentarse como candidato con el sello del PJ. Para eso debería activarse alguna presentación en territorio bonaerense, lugar de su última afiliación. La están esperando.

Por las dudas, él abrió el paraguas ayer y salió a recitar el Perón que más le conviene. Los invitó a leerlo y les dedicó un “Perón siempre la vio”. 

Por ahora, el PJ a nivel nacional espera. Todavía no sale a cazar traidores. No tiene cazador. Sin presidente, con elecciones recién convocadas para noviembre, ni siquiera se conformó la Comisión de Acción Política que se anunció en el último congreso partidario de Ferro, en febrero.

MV/MG