El mismo perfil de víctimas: jóvenes privados de su libertad con problemas de adicciones, con familias carenciadas imposibilitadas de visitarlos y acercarles alimentos o medicación. Desde el área de Sanidad del complejo penitenciario de Batán de la que estaba a cargo, el radiólogo Juan Carlos Salas tenía acceso a sus legajos personales e informes psicológicos. Con sus vulnerabilidades a la vista, los elegía. Les ofrecía pastillas, droga y dinero. Y abusaba de ellos. Lo hizo hasta que fue detenido un mes atrás. Para la fiscal que investiga el caso, quien pidió su prisión preventiva en las últimas horas, lo que ocurría “era un secreto a voces” dentro de la cárcel.

Salas, de 48 años, está acusado de abusar de al menos dos presos, de 23 y 28 años, quienes llevaban adelante tratamientos para sus adicciones dentro del penal ubicado 15 kilómetros al oeste de Mar del Plata. Fue imputado por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal”. 

Por el caso fueron imputadas además dos autoridades del complejo, acusadas de encubrimiento por no dar curso a distintos informes presentados desde 2022 con denuncias por el comportamiento del acusado.

La causa, a cargo de la fiscal Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1, se inició luego de que una de las víctimas, quien cumple condena en la Unidad Penal 15 (UP 15), solicitara una audiencia ante el Juzgado de Ejecución 1, a cargo del juez Ricardo Perdichizzi, tras una inspección de monitoreo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como mecanismo local de prevención de la tortura.

El detenido relató ante el magistrado responsable del seguimiento de su pena que había sido víctima de abuso por parte del acusado, jefe de Sanidad de las UP 15, 44 y 50 que funcionan dentro del complejo, con una población carcelaria de más de 2.300 internos e internas. A partir de este testimonio, el juez radicó una denuncia ante la UFI 1. La CPM hizo lo propio, en su caso ante la Fiscalía de Estupefacientes, pero ambas causas se unificaron luego.

En su presentación, la CPM indicó que se trataba de un “accionar rutinario y sistemático” por parte del radiólogo, “consistente en provocar un hostigamiento, abuso sexual y suministro de forma ilegal de medicación a personas en tratamiento y privadas de la libertad”. Para la fiscal, dentro del penal “estaba naturalizado” que Salas entregaba drogas a las víctimas a cambio de “favores sexuales”.

En la investigación declararon casi veinte testigos, entre internos, ex detenidos, ex trabajadores del complejo penitenciario y profesionales que se desempeñaron junto al acusado dentro y fuera de la unidad, indicaron fuentes judiciales a elDiarioAR. En línea con el testimonio de las víctimas, testigos relataron que oían “gemidos” en una dependencia del área de Sanidad, donde funcionó tiempo atrás una sala de radiología, luego de que el acusado ingresara al lugar con algún detenido. 

Un ex preso declaró por su parte en la causa que familiares de detenidos le entregaban a Salas cocaína en una clínica privada en la que trabajaba en el centro de la ciudad, y él la ingresaba presuntamente dentro de paquetes de yerba Andresito. 

En el marco de la investigación, se dispuso el allanamiento del sector de sanidad del complejo penitenciario, y se secuestraron preservativos usados, cajas de condones vacías y geles íntimos. También se secuestró documentación, y un celular del acusado, que será peritado para analizar su contenido. A partir de distintos testimonios, los investigadores establecieron que Salas tenía otro teléfono alternativo, que no pudo ser localizado.

La fiscalía obtuvo además el levantamiento del secreto bancario de las cuentas del acusado, y detectó trasferencias de dinero de su parte a allegados y parientes de las víctimas y de otros presos. “Hay cantidad de transferencias a familiares de internos. Eso nos va a permitir precisar si hubo más víctimas. No hay ninguna razón que justifique esos movimientos bancarios de Salas a familiares de detenidos”, dijo la fiscal a elDiarioAR.

Tras ser detenido el último 23 de mayo cuando salía de su casa rumbo al penal, el acusado se negó a declarar al ser indagado en los tribunales marplatenses, asistido por un defensor oficial. Días más tarde, con el patrocinio del abogado particular Martín Castro, pidió hacerlo, pero negó los hechos y no aceptó responder preguntas por parte la fiscalía.

Salas permanece alojado desde entonces en la Estación de Policía Comunal de la localidad vecina de Balcarce.

Encubrimiento

El último 6 de junio, también fueron imputados en la causa José Augusto Pedroche, ex jefe de Asistencia y Tratamiento de la UP 15, y Daniel Eduardo Medina, ex subdirector de Vigilancia y Tratamiento, por el delito de “encubrimiento doblemente agravado”. De acuerdo a los elementos incorporados en la investigación, ambos recibieron denuncias al menos desde 2022 sobre el comportamiento de Salas en Batán, y no lo informaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense como correspondía.

Ambos fueron puestos en disponibilidad preventiva por la Auditoría de Asuntos Interno, y se les inició un sumario administrativo. 

Al intervenir como particular damnificado institucional, la CPM pidió investigar si otras autoridades del penal estaban al tanto de los informes contra Salas por presuntas irregularidades en el área de salud penitenciaria, por violencia laboral y por manejo irregular de psicotrópicos y no lo reportaron.

“Hay al menos cuatro informes que llegaron a Medina y Pedroche, y no se les dio curso”, indicó una fuente del caso.

Augusto Infante, director del programa de Litigio Estratégico de la CPM, sostuvo en diálogo con elDiarioAr, que independiente de la carátula actual y “la gravedad del daño a la integridad sexual” de las víctimas, “cobra particular interés el aprovechamiento de su situación de especial vulnerabilidad, a fines de someterlas a abusos” por parte de Salas.

Indicó que aunque, como agente de Sanidad penitenciaria, Salas tenía “el deber de velar por la seguridad, la custodia y la salud” de las personas privadas de la libertad, “pero aprovechaba la circunstancia de poder y control que su cargo le daba”.

“El hecho de esto que acontezca en el medio penitenciario, la forma en que se castigaba la resistencia al sometimiento a los abusos, la aparición de la amenaza del traslado y el parte disciplinario, la forma en que ingresaba y salía Salas según los testimonios con material estupefaciente y el modo en que seleccionaba a las víctimas dan cuenta de una trama que solo puede cometerse en un sistema de crueldad con una falta de responsabilidad de todo orden”, aseguró

En ese sentido, consideró que “se trata de trama muy compleja”, que “no se conoce cuántas puertas puede abrir, pero no acontece en el vacío: acontece en un contexto que es el sistema de la crueldad que es el que describe la CPM desde hace 20 años, y que son prácticas que constituyen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

En esa línea, al solicitar la prisión preventiva del acusado ante el Juzgado de Garantías 2, en tanto, la fiscal subrayó que el acusado obtenía “favores sexuales”, con un claro consentimiento viciado“ ante la vulnerabilidad de las víctimas, por la situación de encierro y ”por la situación de poder“, sumado a ”la dependencia“ de estas sustancias que les generaba. 

Según fuentes judiciales, Salas ingresó a trabajar al complejo penitenciario en 2002, y se desempeñó en distintas áreas hasta 2018, cuando se le inició un sumario luego de que un oficial penitenciario denunciara que lo había visto entregando un blíster de pastillas a un detenido en un baño. En 2022, regresó a la unidad, en esa ocasión como jefe de Sanidad.

AVL/MG