El empresario de la construcción Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, es el centro de un conflicto judicial que involucra a un tribunal y a una cámara y que podría llegar a la instancia máxima, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Tribunal Federal Oral Nº 7 (TOF 7), que debe realizar el juicio oral por el caso de “los cuadernos de las coimas” —uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de nuestro país—, dictó una resolución en la que fija una posición crítica sobre la decisión de la Cámara de Casación de beneficiar a Calcaterra al enviar el expediente en el que está involucrado a la Justicia Electoral: es decir, desligándolo de la posibilidad de que haya incurrido en sobornos para enfocar la investigación en posibles aportes de campaña no declarados.

El caso Cuadernos se destapó en agosto de 2018, cuando se hicieron públicos una serie de cuadernos escritos por Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, quien era un alto funcionario del Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En los cuadernos, Centeno detallaba meticulosamente el recorrido que hacía para recoger y entregar bolsos con dinero en efectivo, supuestamente provenientes de coimas pagadas por empresarios —entre los cuales figura Calcaterra, primo del expresidente y ahora presidente del PRO— a funcionarios del gobierno kirchnerista. Los cuadernos documentaban fechas, montos, lugares de entrega y nombres de los involucrados, proporcionando una visión detallada de una presunta red de corrupción y sobornos.

Ahora, el TOF 7, encargado del juicio por este caso, acusó a los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, de la Cámara Federal de Casación, de excederse en sus atribuciones al enviar el expediente específico sobre Calcaterra a la Justicia Electoral. Según el tribunal, sólo la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la autoridad para resolver el conflicto de competencia planteado por la defensa de Calcaterra.

Es que Casación aceptó un planteo de Calcaterra que había sido previamente rechazado por TOF 7: decidió que los pagos ilegales que el empresario de la construcción admitió haber hecho no debían ser juzgados como sobornos sino como “aportes de campaña” no declarados, lo que reduce el riesgo de prisión a una multa.

Los jueces del TOF 7 Enrique Méndez Signori y Fernando Canero coincidieron en que la Casación se excedió, pero decidieron no pedirle a la Corte Suprema que interviniera de inmediato. En cambio, el juez Germán Castelli, más crítico, votó a favor de solicitar la intervención de la Corte Suprema inmediatamente: a su criterio, hubo “interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia”.

Castelli envió una nota directamente a la Corte Suprema —lo que según dijeron a elDiarioAR abogados del caso es algo bastante inusual— para informarles sobre la decisión y pedirles que tomaran conocimiento del caso. El fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Pleé pidió la nulidad del fallo de ese mismo tribunal.

Por lo tanto, el caso llegó a la Corte de manera poco habitual y el máximo tribunal tendrá que tomar una decisión, obviamente con los tiempos de la Corte. De todas maneras, tampoco hay fecha para el juicio.

JJD