Ignacio Jovtis no duerme desde hace días. Este abogado argentino radicado en Madrid ha regresado al país con una misión: que los familiares de dos víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela declaren ante la Justicia argentina. Que declaren y estén a salvo. Han atravesado un periplo de una década para llegar a estar frente a un juez que escuche sus historias. Han perdido a sus seres queridos en manos de fuerzas de seguridad venezolanas y aseguran que sus asesinatos han sido en el marco de un plan sistemático de violación de los derechos humanos en su país. 

Jovtis podría pasar por un jugador de la selección de básquet pero es un abogado especializado en la defensa de los derechos humanos y actualmente, tras haber trabajado durante 16 años en la organización Amnistía Internacional, se desempeña en la Fundación Clooney, que investiga y litiga crímenes de guerra y lesa humanidad en numerosos países. Su cargo formal es responsable senior de Programas de la Iniciativa Docket de Clooney Fundation for Justice.

Jovtis ha sentido el rigor del terror. Ha estado sentado a la mesa escuchando los testimonios de víctimas que poco después han desaparecido de la faz de la tierra en distintos puntos del planeta. Ahora, su mayor preocupación es proteger a las familias venezolanas que se encuentran en Argentina. Por eso, evitará dar datos que permitan identificarlas.

Está exhausto pero no lo demuestra cuando recibe a elDiarioAR para explicar por qué ciudadanos venezolanos declararon esta semana ante el juez federal Sebastián Ramos por delitos cometidos presuntamente en Venezuela y por qué esperan que en los tribunales porteños surja una sentencia que les devuelva la fe en la Justicia. 

–¿Qué podemos saber de los casos que se encuentran en la Justicia argentina?

–Nosotros presentamos denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos en 2014 por fuerzas de seguridad venezolanas. Desde esa fecha, las familiares de víctimas que representamos estuvieron buscando justicia en su país. En Venezuela, en los casos que tenemos nosotros, se ha vulnerado claramente el debido proceso y hace un año, las familias han decidido y nosotros los hemos acompañado a iniciar una causa en Argentina bajo lo que se llama el principio de jurisdicción universal. Para nuestra sorpresa todo se ha dado con velocidad: en menos de un mes se abrió la causa, en julio del año pasado. Luego, se cerró en febrero de este año por decisión del juzgado de primera instancia y en abril se reabrió por orden de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña. Solicitamos la declaración de una de las víctimas frente a la Justicia argentina y es lo que estamos haciendo hoy y mañana -por el jueves y viernes de esta semana-, para contar la historia que nunca habían podido contar de esta manera en Venezuela. Es un momento realmente histórico. 

Esperemos que la Justicia argentina haga lo que esté a su alcance para darle justicia a esta gente que hace más de diez años que está buscando justicia y se da la cabeza contra la pared.

–¿Por qué no han podido contar su historia ante la Justicia de Venezuela?

–Ellos nunca habían declarado frente a un juez y una Justicia imparcial. Nunca. Además, Argentina habilita a organismos de derechos humanos a ser querellantes e impulsar el expediente y eso no hubiese sido posible hacerlo en Venezuela. Esto representa una ventana de oportunidad para muchas víctimas venezolanas que están buscando justicia porque les pasó lo mismo. Ahora mismo hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional sobre estos crímenes, pero por la propia naturaleza del tipo de procesos que lleva adelante esta instancia, son procesos muy macro. Entonces, son lentos, llevan mucho tiempo. Ninguna de las víctimas ha declarado ante la Corte Penal Internacional como está sucediendo en Argentina. Esperamos que pase, pero va a tardar. Por eso lo que está pasando ahora en Argentina tiene un peso muy importante, no solo para las víctimas que están declarando, sino también para para las víctimas venezolanas que están declarando en Argentina. Se abre otra ventana, otra avenida de rendición de cuentas.

–¿Por qué se puede recurrir a la jurisdicción internacional en estos casos?

–No se trata de hechos aislados sino de dos hechos en el marco de un plan sistemático. Eso es lo que habilita o activa la jurisdicción universal. No cualquier delito lo hace, sino determinados delitos: crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad. Y no es que nosotros hayamos establecido que se trata de un plan sistemático sino que lo ha dicho la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional, que hablan de indicios para creer que estos tipos de delitos se cometieron en este contexto de crímenes de lesa humanidad, de manera sistemática. Por eso, en Argentina hemos podido abrir el caso para estas dos víctimas, pero dentro de ese contexto, no estamos hablando de casos aislados. Hace años que trabajo sobre Venezuela, y lo vengo sosteniendo al menos desde hace siete años: se estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 

–¿Cuáles son estos delitos de lesa humanidad?

–En la Corte Penal Internacional tenés casos de tortura, de persecución, de violencia sexual, cometidos, no de manera aislada, sino de manera sistemática por parte del Estado o por la aquiescencia del Estado, con su beneplácito. 

–Dijo que se trata de delitos de lesa humanidad cometidos por fuerzas de seguridad. ¿Ocurrieron durante una represión, durante detenciones? ¿Hay responsabilidad política?

–Por cuestiones de seguridad no podemos dar datos concretos de los casos. Las personas están declarando. Nosotros nos enfocamos en las fuerzas de seguridad, y no en las autoridades políticas. En Venezuela, tenemos muchos ejemplos de la falta de investigaciones. Naciones Unidas sacó un informe muy amplio solamente sobre este tema, sobre la falta de investigaciones genuinas en Venezuela, donde, por ejemplo, no hay investigaciones de la cadena de mando en las fuerzas de seguridad. En el mejor de los casos hay condenas a los rangos más bajos, pero nunca hay una investigación sobre las responsabilidades de los superiores. Hemos visto problemas o irregularidades, no necesariamente en los casos que nosotros presentamos en Argentina, pero sí en otros: detenciones sin órdenes de arresto, personas que son llamadas ante la Justicia sin la posibilidad de elegir o tener un abogado. Esas cosas han pasado, existen. Me pasó ver una boleta de excarcelación -orden de un juez de excarcelar- que no se cumple. Tal vez la persona continúe presa por un año más. Hay casos en los que el juez dicta una excarcelación y el Estado no cumple.

Ellos nunca habían declarado frente a un juez y una Justicia imparcial. Nunca.

–¿Cómo es la situación en el Poder Judicial?

–Dentro de la Justicia, está lleno irregularidades, como llamar a un acusado -en este caso a una víctima de este sistema- a una audiencia sin que pueda tener presente a un abogado o que transcurra un proceso judicial en su contra sin notificarle o que no haya ningún tipo de investigación de las cadenas de mando. También existen presiones a los y las fiscales que quieren investigar. Reciben amenazas cuando intentan investigar este tipo de violaciones. Muchos se han ido del país y han sufrido también ellos mismos violaciones de derechos humanos. Las personas que denuncian e investigan violaciones a derechos humanos en Venezuela corren riesgo. En la inmensa mayoría, además, al menos de los casos que conocemos, no existe una investigación genuina. Las víctimas tienen que acudir a jurisdicciones alternativas como la Corte Penal Internacional o Argentina.

–¿Por qué en Argentina y no en otro país?

–La Argentina es uno de los países donde se aplica lo que se llama el principio de jurisdicción universal. El principio de jurisdicción universal básicamente es la facultad que tiene un juez para investigar determinadas violaciones de derechos humanos como genocidios, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, con independencia de quién las cometió, contra quién se cometieron y dónde se cometieron. El primer antecedente que tenemos que recordar es el de Augusto Pinochet, en el que un juez español español le pidió a un juez inglés la extradición de un presunto perpetrador chileno por crímenes cometidos contra chilenos en Chile. En Argentina, de hecho, hay otras causas abiertas. Está la causa del franquismo, en la que desde 2010 se están investigando crímenes cometidos en España en 1936. Argentina también tramita el caso del genocidio rohinyá en Myanmar, Birmania, Y hay otro en estado más inicial sobre Colombia. El más avanzado es el franquismo, que ya lleva 14 años. Hay otras cuestiones que parecen menores pero que no lo son, como el tema del idioma, de la practicidad para la producción de prueba. Eso ayudó también a elegir a Argentina, donde además hay una diáspora venezolana muy importante.

En Venezuela, en los casos que tenemos nosotros, se ha vulnerado claramente el debido proceso y hace un año, las familias han decidido y nosotros los hemos acompañado a iniciar una causa en Argentina.

–¿Qué esperan de la Justicia argentina en esta etapa?

–Esperemos que haga lo que esté a su alcance para darle justicia a esta gente que hace más de diez años que está buscando justicia y se da la cabeza contra la pared. Argentina ahora está en una situación en la que puede empezar a dar esa respuesta de alguna manera. La audiencia de hoy y la de mañana -por jueves y viernes- ya la está dando. Para las víctimas que nosotros estamos representando es lo más cerca que han estado alguna vez de la Justicia. Que un juzgado los escuche directamente y que ellos se puedan expresar de manera que puedan contar lo que les pasó a ellos y a sus familiares, eso nunca les había pasado. Los casos de jurisdicción universal son difíciles porque la prueba no está en el país, pero nosotros realizamos un trabajo de más de un año para presentar la demanda y recolectamos más de 15.000 páginas de evidencias. 

–¿Qué tipo de resolución puede darse en este tipo de casos donde los acusados están en otro país y en un país como Venezuela?

–Obviamente, lo que queremos todos y todas es una sentencia y que si hay responsables penales individuales, que sean identificados y sancionados. Pero, ya el hecho, el recorrido de que un juez, una jueza te escuche y poder contar la historia, tiene un elemento reparador que es importante. Están los mecanismos de tratados de extradición entre los países. Por eso digo que nosotros sí apuntamos a que haya una sentencia, pedidos de extradición y que los culpables sean extraditados a Argentina y cumplan la pena. Es difícil, pero no es imposible. 

–¿Qué esperan de las autoridades judiciales y políticas de Venezuela?

–Nos gustaría que haya colaboración de las autoridades venezolanas, que colaboren con la Justicia argentina. Todos sabemos que eso no es fácil, pero también por eso nosotros hemos procurado trabajar tanto la evidencia. Nosotros todavía no estamos en condiciones de decir que Venezuela no colabora porque estamos en un estadio procesal temprano. Entonces todavía son especulaciones. Pero suele pasar que la colaboración cuesta mucho por varios motivos, a veces por voluntad y también a veces por los tiempos. Una cosa que yo aprendí haciendo este trabajo es lo que son las burocracias en cancillerías, en ministerios de Justicia y nunca están en el centro las víctimas. 

ED/MG