El expediente por desmontes ilegales en Chaco avanzó en los últimos días con allanamientos en la provincia y la decisión del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, de extender la investigación no sólo a funcionarios y exfuncionarios sino también a empresas y empresarios que se beneficiaron económicamente con la deforestación ilegal de bosque nativo, informó el magistrado en diálogo con elDiarioAR. 

En este expediente y a pedido del fiscal y los denunciantes, la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó al gobierno de Chaco suspender todos los desmontes de bosques nativos en la provincia y dispuso días más tarde una serie de allanamientos y órdenes de presentación en la Casa de Gobierno chaqueña, la consultora privada del ministro de Producción de la provincia, Hernán Halavacs, y la sede de la Dirección de Bosques de la localidad de Sáenz Peña, confirmó el fiscal Sabadini a este medio. Antes de ingresar en la función pública en diciembre último, Halavacs tramitó el 40% de los desmontes para empresarios en la provincia entre 2014 y 2021.

La orden que tramitó la Gendarmería Nacional era hacerse de la documentación ligada a todos los permisos de desmonte emitidos por la provincia, el registro de infractores y las medidas tomadas contra los mismos, el destino de dinero de las multas y de otros fondos cuestionados por los denunciantes, informó Sabadini.

Tras imputar a Halavacs y funcionarios y diputados de la provincia por la presunta falta de control y el otorgamiento de permisos de desmonte con irregularidades, la causa ingresó en una segunda etapa, en la que la fiscalía trabaja en un dictamen sobre responsabilidad penal empresaria en la deforestación ilegal, explicó Sabadini.

La causa nació con una denuncia de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdAA) contra Halavacs y otros funcionarios y exfuncionarios de Chaco por supuestamente integrar un “entramado de corrupción” junto a personas del sector privado, así como personas jurídicas, es decir, empresas, “que posibilitaron la tala indiscriminada de bosques nativos en toda la provincia del Chaco con el consecuente daño irreversible para el ecosistema, ya sea flora, fauna, ciclo hidrológico, erosión y desertificación del suelo, relacionado directamente con las emanaciones de gases efecto invernadero y consecuente incidencia en el calentamiento global y el cambio climático”.

Entre los privados denunciados se encuentran integrantes de la familia Urquía, dueña de Aceitera General Deheza, una de las empresas agroindustriales más importantes del país, como reveló elDiarioAR. La ONG sostuvo que los empresarios fueron beneficiados por las autoridades de la provincia en esta supuesta maniobra delictiva que provocó la extensión de las zonas a desmontar.

El caso

El principal hecho en torno a este presunto entramado ocurrió el 30 de abril último cuando la legislatura chaqueña, a instancias de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y de espaldas a la sociedad, modificó durante la madrugada el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Al cambiar dicha normativa, los legisladores provinciales redujeron drásticamente la protección de bosques, “permitiendo el avance de topadoras sobre territorios campesino e indígenas, con peligros para especies animales con riesgo de extinción, con beneficios para grandes conglomerados empresariales agrícola–ganaderos, en especial la industria taninera”, sostuvieron los denunciantes.

Por esa razón, la ONG denunció a Halavacs junto a un grupo de diputados, exfuncionarios de Chaco y empresarios por los supuestos delitos de defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. También por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita.

Abogados Ambientalistas aseveró que en el Chaco funcionan las “puertas giratorias”, un fenómeno definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como “un tipo particular de circulación público-privada caracterizado por la ocupación sucesiva de altos cargos en el sector público y en el privado” y que el sector de Bosques no es ajeno a esa práctica. En el sistema penal argentino está tipificado en las figuras de negocios incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Se trata, dice la denuncia, de “un grupo de personas que intercambian roles”, alternando la función pública y la actividad privada en funciones que tienen directamente que ver con el desmonte y la protección del bosque, “exhibiendo relaciones incompatibles y conflictos de intereses que son siempre resueltos del mismo modo, arrasando con el bosque nativo para explotarlo económicamente en forma notoriamente ilegal”. 

ED/JJD

Integrantes de la familia Urquía, dueña de Aceitera General Deheza -una de las empresas agroindustriales más importantes del país- fueron denunciados este miércoles por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA) ante la Justicia federal de Chaco. La ONG sostuvo que los empresarios fueron beneficiados por las autoridades de la provincia en una supuesta maniobra delictiva que provocó la extensión de las zonas a desmontar, de acuerdo con la denuncia a la que accedió elDiarioAR.  

La denuncia señaló también que la máxima autoridad ambiental de la provincia de Chaco, Hernán Halavacs, tramitó el 40% de los desmontes habilitados en la provincia entre 2014 y 2021, como adelantó este medio el miércoles último. El funcionario es ingeniero agrónomo y fue nombrado ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible por el gobernador Leandro Zdero (Juntos por el Cambio). Quien hoy es el principal responsable de garantizar la protección de los bosques nativos tramitó el 40% de los desmontes permitidos entre 2014 y 2021.

En ese período Halavacs gestionó como consultor privado 353 de los 876 permisos de desmonte registrados en la Dirección de Bosques de Chaco, equivalente al 40% de todos los desmontes de ese período, de acuerdo con la denuncia presentada en los tribunales chaqueños. elDiarioAR accedió a la documentación pública que respalda dichas estadísticas. El resto de los permisos fueron tramitados por otros 14 ingenieros agrónomos habilitados. 

Una de los clientes de Halavacs antes de que el ingeniero asumiera como funcionario público era Las Guindas SA, una empresa agropecuaria que, según la denuncia, obtuvo permiso de desmonte por 1.331 hectáreas en el departamento de Brown en 2018. La compañía “es propiedad de la familia Urquía, que incluye a Alberto Vicente Urquía, Adrián Alberto Urquía y Roberto Daniel Urquía, quienes a su vez dirigen el Grupo Aceitera General Deheza (AGD), una de las mayores empresas agroindustriales de Argentina y con fuertes vínculos con el poder político chaqueño y nacional, incluyendo a ex presidentes y el poder legislativo”, sostuvieron los abogados ambientalistas. 

elDiarioAR se comunicó con voceros de Aceitera General Deheza pero en la compañía declinaron hacer comentarios por el momento.

Tras la asunción de Halavacs, la legislatura de Chaco sancionó un nuevo mapa de zonas a desmontar y modificó la categoría de protegidas a centenares de miles de hectáreas, que ahora podrán ser desmontadas. En ese reordenamiento territorial, la provincia recategorizó un campo propiedad de Las Guindas SA, que antes no podía ser desmontado por encontrarse en zona protegida de bosques nativos. Ahora, los viejos clientes del ministro podrán deforestar el monte nativo, sostiene la denuncia.

Las Guindas S.A es una empresa agropecuaria de Rosario. Fue denunciada por el Centro Mandela por un presunto desmonte ilegal de 1.230 hectáreas en zona amarilla (semiprotegida) en 2018 en la “Estancia El Juramento”, que es un gran establecimiento colindante al Parque Nacional Copo, en el departamento Brown, afirmaron los denunciantes. La Estancia El Juramento tiene una superficie de cerca de 1.640 hectáreas, equivalente a casi toda la Ciudad de Buenos Aires. 

La empresa agropecuaria también fue denunciada por ejecutar al menos 700 hectáreas de desmontes supuestamente ilegales y expulsiones a familias en el paraje Las Carpas, en Santiago del Estero, en 2019, aseguraron los denunciantes.

Cuestionamientos 

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA) denunció a Halavacs junto a un grupo de diputados, exfuncionarios de Chaco y empresarios por los supuestos delitos de defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. También por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita. elDiarioAR se comunicó en la semana con el funcionario pero no obtuvo respuesta a la consulta.

La organización ambientalista solicitó, además, que la Justicia dicte de manera urgente una medida cautelar que suspenda los efectos de la ley sancionada el 30 de abril último en la Legislatura de Chaco para que “cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial”. La normativa reformó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia, que implicó que más de un millón de hectáreas de bosques nativos dejaran que estar bajo la categoría de áreas protegidas para poder ser deforestadas. 

Halavacs es el ingeniero agrónomo que consiguió la mayor cantidad de permisos de desmonte en la historia reciente de la provincia, sostiene la denuncia a la que accedió elDiarioAR. Este medio se comunicó con el ministro para obtener su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta hasta el momento.

Hasta su llegada a la función pública, estaba al mando de su consultora “Hiula”, que era contratada por empresarios de la industria forestal y agropecuaria para tramitar permisos de deforestación del bosque nativo para cambio de uso del suelo. 

Desde al menos 2014, y para tramitar estos permisos, Halavacs contó con una inscripción como técnico por la Dirección de Bosques de Chaco, habilitado para gestionar permisos de cambio de uso del suelo o desmonte (CUS) en establecimientos agropecuarios o forestales con bosques nativos. 

Los 353 desmontes que tramitó Halavacs equivalen a unas 38.000 hectáreas de bosque perdido, principalmente en los departamentos chaqueños de Almirante Brown (100 desmontes), Maipú (73) e Independencia (43), afirma la denuncia de AAdAA. 

ED/DTC

La máxima autoridad ambiental de la provincia de Chaco, Hernán Halavacs, tramitó el 40% de los desmontes habilitados en la provincia entre 2014 y 2021. El ingeniero agrónomo, nombrado ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible por el gobernador Leandro Zdero (Juntos por el Cambio) y responsable de garantizar la protección de los bosques nativos, es el principal denunciado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA), que presentaron este miércoles una investigación propia ante la Justicia federal de Chaco. 

La ONG denunció a Halavacs junto a un grupo de diputados, exfuncionarios de Chaco y empresarios por los supuestos delitos de defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. También por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita. 

La organización ambientalista solicitó, además, que la Justicia dicte de manera urgente una medida cautelar que suspenda los efectos de la ley sancionada el 30 de abril último en la Legislatura de Chaco para que “cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial”. La normativa reformó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia, que implicó que más de un millón de hectáreas de bosques nativos dejaran que estar bajo la categoría de áreas protegidas para poder ser deforestadas. 

Dos lados del mostrador

Halavacs es el ingeniero agrónomo que consiguió la mayor cantidad de permisos de desmonte en la historia reciente de la provincia, sostiene la denuncia a la que accedió elDiarioAR. Este medio se comunicó con el ministro para obtener su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta hasta el momento.

Hasta su llegada a la función pública, estaba al mando de su consultora “Hiula”, que era contratada por empresarios de la industria forestal y agropecuaria para tramitar permisos de deforestación del bosque nativo para cambio de uso del suelo. 

Desde al menos 2014, y para tramitar estos permisos, Halavacs contó con una inscripción como técnico por la Dirección de Bosques de Chaco, habilitado para gestionar permisos de cambio de uso del suelo o desmonte (CUS) en establecimientos agropecuarios o forestales con bosques nativos. 

Entre 2014 y 2021, Halavacs tramitó como consultor 353 de los 876 permisos de desmonte registrados en la Dirección de Bosques de Chaco, equivalente al 40% de todos los desmontes de ese período, de acuerdo con la denuncia presentada este miércoles en los tribunales chaqueños. elDiarioAR accedió a la documentación pública que respalda dichas estadísticas. El resto de los permisos fueron tramitados por otros 14 ingenieros agrónomos habilitados. 

Los 353 desmontes que tramitó Halavacs equivalen a unas 38.000 hectáreas de bosque perdido, principalmente en los departamentos chaqueños de Almirante Brown (100 desmontes), Maipú (73) e Independencia (43), afirma la denuncia de AAdAA. 

La denuncia también expone que, entre 2014 y 2017, Halavacs hizo en promedio los desmontes más chicos, pero entre 2018 y 2021 hizo, en promedio, los de mayor superficie. El año en que más desmontes habilitó fue 2016, cuando realizó 98 de los 196 planes de cambio de uso del suelo de ese año (el 50%), con foco en Brown. En 2020, el 70% de los 10 desmontes autorizados fue tramitado por Halavacs. 

Cuatro años más tarde, Halavacs está del otro lado del mostrador. Como ministro de Producción tiene a su cargo la subsecretaría de Desarrollo Forestal, de la que depende la Dirección de Bosques y el otorgamiento de permisos de desmontes. Es la máxima autoridad ambiental de la provincia, tras haberse eliminado -a pedido suyo, dice la denuncia- el Ministerio de Ambiente provincial. 

Otro mapa

Abogados Ambientalistas sostiene que Halavacs es parte de una “maniobra delictiva compleja que trae aparejada la destrucción de los bosques nativos de la provincia de Chaco, en pos del beneficio económico privado, apoyada en la corrupción estatal-empresarial”. 

La supuesta maniobra impacta en el desequilibrio ambiental de la región, aseguraron los expertos. Tiene efectos negativos en los ecosistemas de las provincias adyacentes (Formosa, Salta, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero) y aumenta el aporte a las emanaciones de gases de efecto invernadero y su consecuente incidencia en el calentamiento global y el cambio climático. La desaparición del bosque nativo provoca el escurrimiento de los excedentes hídricos que general, a su vez, inundaciones a nivel de cuenca y tormentas de polvo cada vez más comunes y fuertes, profundizando la actual crisis climática.

El principal hecho de esta maniobra es la modificación del mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) impulsado por el gobierno de Chaco y concretado en la Legislatura de la provincia. La modificación hizo que las autoridades habilitaran que cientos de miles de hectáreas de bosques nativos protegidos pasaran a ser objetivo de deforestación. 

En un tratamiento exprés, los legisladores de Chaco votaron el cambio de la ley a las 2:40 de la madrugada del 30 de abril último, que en la denuncia es definido como “inconstitucional”. La nueva ley “reduce dramáticamente la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre el ya golpeado monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, el oso hormiguero, el tapir, el quimilero (especie endémica que solo existe en la región del chaco seco), entre otros, y todo a medida de las grandes empresas tanineras y el agronegocio”, afirmaron los denunciantes en el texto presentado ante la Justicia. A los responsables los llamaron “la Mafia del Desmonte”.

La modificación del mapa de los bosques nativos es “el producto final del accionar reprochable de un grupo de funcionarios, legisladores y empresarios que, con distintos roles, pero con un mismo objetivo, diseñaron un plan para arrasar el bosque nativo del Chaco y enriquecerse con la revalorización de las tierras recategorizadas, la expansión de la frontera agropecuaria, y/o la comercialización de la madera y subproductos extraídas (tanino) que son vendidos tanto en el mercado interno como en el mercado internacional”, sostiene la denuncia.

“En la provincia de Chaco se verifica una concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa, relacionada con el agronegocio (agricultura industrial, ganadería industrial y forestales) que se enriquece frenéticamente y a la vez maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses, independientemente de las distintas gestiones de gobierno”, aseguró la ONG.

Puertas giratorias

Abogados Ambientalistas aseveró que en el Chaco funcionan las “puertas giratorias”, un fenómeno definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como “un tipo particular de circulación público-privada caracterizado por la ocupación sucesiva de altos cargos en el sector público y en el privado”. En el sistema penal argentino está tipificado en las figuras de negocios incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Se trata, dice la denuncia, de “un grupo de personas (que) intercambian roles”, alternando la función pública y la actividad privada en funciones que tienen directamente que ver con el desmonte y la protección del bosque, “exhibiendo relaciones incompatibles y conflictos de intereses que son siempre resueltos del mismo modo, arrasando con el bosque nativo para explotarlo económicamente en forma notoriamente ilegal”.

Según la denuncia, durante uno de los períodos en el que Halavacs tramitaba los permisos de desmonte, el Subsecretario de Desarrollo Forestal (correspondiente a las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich) era Luciano Olivares (hijo de Roberto Olivares, ex funcionario de la Dirección de Suelos), quien le otorgaba a Halavacs los permisos de desmonte. “Luciano Olivares acompaña ahora a Halavacs en la gestión pública como asesor legal de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal Recursos Naturales del ministerio que hoy conduce Halavacs”, dice la denuncia. En el entorno de Olivares dijeron a elDiarioAR que el exfuncionario se dedica a la actividad privada y no es asesor del ministro. Sin embargo, en su perfil de Linkedin, resaltaron los denunciantes ante la consulta, Olivares informa que es asesor legal de la cartera que antes condujo.

El nuevo mapa de ordenamiento de bosques nativos, asegura la denuncia de la ONG, “beneficia a empresas y personas a las cuales el ministro Halavacs asesoraba como ingeniero agrónomo y para quienes gestionaba los permisos de desmonte”.

Halavacs trabajó para la familia Vicentín en al menos 14 oportunidades para el supuesto desmonte de casi 5.500 hectáreas de bosque nativo. “Algunos de los establecimientos que se ubican en la ahora zona recategorizadas regresivamente por el impulso del actual Ministro Halavacs pertenecen a la familia Vicentin, como lo demuestran las pruebas que acompañamos, es decir benefició directamente a su empleador con el nuevo e ilegal OTBN”, afirmaron los denunciantes.

Nota: este artículo se corrigió el 3 de julio de 2024 a las 7:55 para modificar una mención errónea a la empresa Unitan y corregir el nombre de pila del gobernador de Chaco.

ED/DTC