La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denunció penalmente al secretario de Minería, Luis Lucero, por presunta incompatibilidad en el ejercicio de su cargo, al considerar que intervino en la modificación de la Ley de Glaciares pese a sus vínculos previos con empresas del sector.

La acusación fue presentada en una audiencia judicial en la que, además, la organización ratificó y amplió una denuncia previa contra la senadora por Salta Flavia Royón. Sin embargo, el foco de la nueva presentación está puesto en el rol de Lucero dentro del proceso de reforma normativa.

El planteo se dio en paralelo a una fuerte controversia en el Congreso. Este martes, durante un plenario de comisiones en Diputados que analizaba la reforma de la Ley de Glaciares, legisladores de la oposición pidieron que Lucero no participe de la discusión. El reclamo fue impulsado por Maximiliano Ferraro y acompañado por Romina del Pla y Sabrina Selva, quienes cuestionaron su intervención por haber sido abogado de empresas mineras.

En ese contexto, Ferraro sostuvo que el funcionario no debería formar parte del expediente “como lo hizo en 2025”, justamente por sus antecedentes profesionales en el sector. Lucero figuraba en la lista de oradores de la reunión informativa por la Ley de Glaciares.

Según los abogados denunciantes, el funcionario había sido formalmente excusado mediante una resolución oficial por su relación con proyectos mineros como El Pachón y Agua Rica–Alumbrera (MARA). No obstante, aseguran que esa excusación “no fue efectiva”, ya que habría participado activamente en iniciativas que tienden a flexibilizar la Ley de Glaciares y ampliar las áreas habilitadas para la actividad minera.

La presentación sostiene que Lucero cuenta con antecedentes en el sector privado, donde se desempeñó en el estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal asesorando a compañías mineras internacionales y participando en operaciones vinculadas a activos del rubro. Para la organización, esos antecedentes configuran un conflicto de intereses al momento de intervenir en decisiones públicas que podrían favorecer a esas mismas empresas.

En ese marco, advierten sobre un posible “entramado de intereses” que vincula a funcionarios, consultores, estudios jurídicos y empresas mineras en el impulso de cambios regulatorios. Según plantean, se trataría de una dinámica de “puertas giratorias” entre el sector público y privado que pone en riesgo el cumplimiento de la normativa ambiental.

La denuncia apunta específicamente a la modificación de la Ley de Glaciares, una norma que establece restricciones a la actividad en zonas sensibles de la cordillera y protege reservas estratégicas de agua. De acuerdo con los abogados ambientalistas, los cambios en discusión podrían reducir esos controles y habilitar proyectos en áreas previamente restringidas.

Además de la denuncia contra Lucero, la organización incorporó nuevos elementos en la causa contra Royón, vinculados a su situación patrimonial, y solicitó medidas de prueba para avanzar en la investigación. También pidió ser aceptada como querellante.

“Lo que se discute no es solo la responsabilidad penal individual, sino el uso del Estado para favorecer intereses privados”, señalaron desde la entidad, al tiempo que advirtieron sobre las posibles consecuencias ambientales de una eventual flexibilización de la ley.

CRM

La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó este lunes al gobierno de la provincia de Chaco suspender todos los desmontes de bosques nativos en la provincia, de acuerdo con el fallo al que accedió elDiarioAR. 

La magistrada hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdAA), que adelantó este medio en julio, y suspendió no sólo los nuevos permisos presentados a la fecha ante el Ejecutivo provincial sino también aquellos desmontes ya autorizados que aún no se hubieran ejecutado. 

Niremperger también ordenó al gobierno de Leandro Zdero (Juntos por el Cambio) adoptar las medidas pertinentes para supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento de la medida cautelar y adoptar los mecanismos de protección para asegurarse de que “no existan acciones que signifiquen un avance sobre el ambiente” en los bosques nativos.

La jueza explicó en un escrito que actuó luego de que el fiscal federal de Chaco Patricio Sabadini abrió una investigación contra el ministro de Producción de la provincia, Hernán Halavacs, quien es además la máxima autoridad ambiental local. Halavacs, tramitó el 40% de los desmontes habilitados en la provincia entre 2014 y 2021, cuando era ingeniero agrónomo y se dedicaba a la actividad privada, como reveló elDiarioAR.

Halavacs fue nombrado ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible por el gobernador Zdero y responsable de garantizar la protección de los bosques nativos, pero resultó ser el principal denunciado por la AAdAA, que presentó en julio último una investigación propia ante la Justicia federal de Chaco. 

Niremperger sostuvo en su fallo de este lunes que para hacer lugar a la medida cautelar que acompañó aquella denuncia tuvo en cuenta “el daño inminente e irreversible que podría ocasionarse al ecosistema en caso de continuarse con los actos de desmontes en el territorio de esta provincia, sobre todo en las áreas protegidas, por cuanto en el contexto en análisis, la tala de un árbol podría significar no sólo un perjuicio al ambiente global sino a todos los seres vivos del lugar -seres humanos y animales-, con especial relevancia en las especies en extinción”, como el yaguareté.

Además, la jueza afirmó que “la afectación de los derechos puede darse siempre con mayor intensidad en los grupos vulnerables, ya que es sabido que los daños ambientales tienen relevancia especifica en los pueblos indígenas, niños y niñas, en las personas que viven en situación de pobreza, en las personas con discapacidad, en las minorías, conociéndose además el impacto diferenciado que tiene sobre las mujeres”.

Los denunciantes sostuvieron que Halavacs y otros funcionarios y exfuncionarios de Chaco integraban un supuesto “entramado de corrupción” junto a personas del sector privado, así como personas jurídicas, “que posibilitaron la tala indiscriminada de bosques nativos en toda la provincia del Chaco con el consecuente daño irreversible para el ecosistema, ya sea flora, fauna, ciclo hidrológico, erosión y desertificación del suelo, relacionado directamente con las emanaciones de gases efecto invernadero y consecuente incidencia en el calentamiento global y el cambio climático”.

El principal hecho en torno a este presunto entramado ocurrió el 30 de abril último cuando la legislatura chaqueña, a instancias de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y de espaldas a la sociedad, modificó durante la madrugada el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Al cambiar dicha normativa, los legisladores provinciales redujeron drásticamente la protección de bosques, “permitiendo el avance de topadoras sobre territorios campesino e indígenas, con peligros para especies animales con riesgo de extinción, con beneficios para grandes conglomerados empresariales agrícola–ganaderos, en especial la industria taninera”, sostuvieron los denunciantes.

Por esa razón, la ONG denunció a Halavacs junto a un grupo de diputados, exfuncionarios de Chaco y empresarios por los supuestos delitos de defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. También por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita. 

Entre los privados denunciados se encuentran integrantes de la familia Urquía, dueña de Aceitera General Deheza, una de las empresas agroindustriales más importantes del país, como reveló elDiarioAR. La ONG sostuvo que los empresarios fueron beneficiados por las autoridades de la provincia en esta supuesta maniobra delictiva que provocó la extensión de las zonas a desmontar.

Abogados Ambientalistas aseveró que en el Chaco funcionan las “puertas giratorias”, un fenómeno definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como “un tipo particular de circulación público-privada caracterizado por la ocupación sucesiva de altos cargos en el sector público y en el privado” y que el sector de Bosques no es ajeno a esa práctica. En el sistema penal argentino está tipificado en las figuras de negocios incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Se trata, dice la denuncia, de “un grupo de personas que intercambian roles”, alternando la función pública y la actividad privada en funciones que tienen directamente que ver con el desmonte y la protección del bosque, “exhibiendo relaciones incompatibles y conflictos de intereses que son siempre resueltos del mismo modo, arrasando con el bosque nativo para explotarlo económicamente en forma notoriamente ilegal”. 

ED

Integrantes de la familia Urquía, dueña de Aceitera General Deheza -una de las empresas agroindustriales más importantes del país- fueron denunciados este miércoles por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA) ante la Justicia federal de Chaco. La ONG sostuvo que los empresarios fueron beneficiados por las autoridades de la provincia en una supuesta maniobra delictiva que provocó la extensión de las zonas a desmontar, de acuerdo con la denuncia a la que accedió elDiarioAR.  

La denuncia señaló también que la máxima autoridad ambiental de la provincia de Chaco, Hernán Halavacs, tramitó el 40% de los desmontes habilitados en la provincia entre 2014 y 2021, como adelantó este medio el miércoles último. El funcionario es ingeniero agrónomo y fue nombrado ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible por el gobernador Leandro Zdero (Juntos por el Cambio). Quien hoy es el principal responsable de garantizar la protección de los bosques nativos tramitó el 40% de los desmontes permitidos entre 2014 y 2021.

En ese período Halavacs gestionó como consultor privado 353 de los 876 permisos de desmonte registrados en la Dirección de Bosques de Chaco, equivalente al 40% de todos los desmontes de ese período, de acuerdo con la denuncia presentada en los tribunales chaqueños. elDiarioAR accedió a la documentación pública que respalda dichas estadísticas. El resto de los permisos fueron tramitados por otros 14 ingenieros agrónomos habilitados. 

Una de los clientes de Halavacs antes de que el ingeniero asumiera como funcionario público era Las Guindas SA, una empresa agropecuaria que, según la denuncia, obtuvo permiso de desmonte por 1.331 hectáreas en el departamento de Brown en 2018. La compañía “es propiedad de la familia Urquía, que incluye a Alberto Vicente Urquía, Adrián Alberto Urquía y Roberto Daniel Urquía, quienes a su vez dirigen el Grupo Aceitera General Deheza (AGD), una de las mayores empresas agroindustriales de Argentina y con fuertes vínculos con el poder político chaqueño y nacional, incluyendo a ex presidentes y el poder legislativo”, sostuvieron los abogados ambientalistas. 

elDiarioAR se comunicó con voceros de Aceitera General Deheza pero en la compañía declinaron hacer comentarios por el momento.

Tras la asunción de Halavacs, la legislatura de Chaco sancionó un nuevo mapa de zonas a desmontar y modificó la categoría de protegidas a centenares de miles de hectáreas, que ahora podrán ser desmontadas. En ese reordenamiento territorial, la provincia recategorizó un campo propiedad de Las Guindas SA, que antes no podía ser desmontado por encontrarse en zona protegida de bosques nativos. Ahora, los viejos clientes del ministro podrán deforestar el monte nativo, sostiene la denuncia.

Las Guindas S.A es una empresa agropecuaria de Rosario. Fue denunciada por el Centro Mandela por un presunto desmonte ilegal de 1.230 hectáreas en zona amarilla (semiprotegida) en 2018 en la “Estancia El Juramento”, que es un gran establecimiento colindante al Parque Nacional Copo, en el departamento Brown, afirmaron los denunciantes. La Estancia El Juramento tiene una superficie de cerca de 1.640 hectáreas, equivalente a casi toda la Ciudad de Buenos Aires. 

La empresa agropecuaria también fue denunciada por ejecutar al menos 700 hectáreas de desmontes supuestamente ilegales y expulsiones a familias en el paraje Las Carpas, en Santiago del Estero, en 2019, aseguraron los denunciantes.

Cuestionamientos 

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA) denunció a Halavacs junto a un grupo de diputados, exfuncionarios de Chaco y empresarios por los supuestos delitos de defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. También por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita. elDiarioAR se comunicó en la semana con el funcionario pero no obtuvo respuesta a la consulta.

La organización ambientalista solicitó, además, que la Justicia dicte de manera urgente una medida cautelar que suspenda los efectos de la ley sancionada el 30 de abril último en la Legislatura de Chaco para que “cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial”. La normativa reformó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia, que implicó que más de un millón de hectáreas de bosques nativos dejaran que estar bajo la categoría de áreas protegidas para poder ser deforestadas. 

Halavacs es el ingeniero agrónomo que consiguió la mayor cantidad de permisos de desmonte en la historia reciente de la provincia, sostiene la denuncia a la que accedió elDiarioAR. Este medio se comunicó con el ministro para obtener su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta hasta el momento.

Hasta su llegada a la función pública, estaba al mando de su consultora “Hiula”, que era contratada por empresarios de la industria forestal y agropecuaria para tramitar permisos de deforestación del bosque nativo para cambio de uso del suelo. 

Desde al menos 2014, y para tramitar estos permisos, Halavacs contó con una inscripción como técnico por la Dirección de Bosques de Chaco, habilitado para gestionar permisos de cambio de uso del suelo o desmonte (CUS) en establecimientos agropecuarios o forestales con bosques nativos. 

Los 353 desmontes que tramitó Halavacs equivalen a unas 38.000 hectáreas de bosque perdido, principalmente en los departamentos chaqueños de Almirante Brown (100 desmontes), Maipú (73) e Independencia (43), afirma la denuncia de AAdAA. 

ED/DTC

La máxima autoridad ambiental de la provincia de Chaco, Hernán Halavacs, tramitó el 40% de los desmontes habilitados en la provincia entre 2014 y 2021. El ingeniero agrónomo, nombrado ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible por el gobernador Leandro Zdero (Juntos por el Cambio) y responsable de garantizar la protección de los bosques nativos, es el principal denunciado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA), que presentaron este miércoles una investigación propia ante la Justicia federal de Chaco. 

La ONG denunció a Halavacs junto a un grupo de diputados, exfuncionarios de Chaco y empresarios por los supuestos delitos de defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. También por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita. 

La organización ambientalista solicitó, además, que la Justicia dicte de manera urgente una medida cautelar que suspenda los efectos de la ley sancionada el 30 de abril último en la Legislatura de Chaco para que “cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial”. La normativa reformó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia, que implicó que más de un millón de hectáreas de bosques nativos dejaran que estar bajo la categoría de áreas protegidas para poder ser deforestadas. 

Dos lados del mostrador

Halavacs es el ingeniero agrónomo que consiguió la mayor cantidad de permisos de desmonte en la historia reciente de la provincia, sostiene la denuncia a la que accedió elDiarioAR. Este medio se comunicó con el ministro para obtener su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta hasta el momento.

Hasta su llegada a la función pública, estaba al mando de su consultora “Hiula”, que era contratada por empresarios de la industria forestal y agropecuaria para tramitar permisos de deforestación del bosque nativo para cambio de uso del suelo. 

Desde al menos 2014, y para tramitar estos permisos, Halavacs contó con una inscripción como técnico por la Dirección de Bosques de Chaco, habilitado para gestionar permisos de cambio de uso del suelo o desmonte (CUS) en establecimientos agropecuarios o forestales con bosques nativos. 

Entre 2014 y 2021, Halavacs tramitó como consultor 353 de los 876 permisos de desmonte registrados en la Dirección de Bosques de Chaco, equivalente al 40% de todos los desmontes de ese período, de acuerdo con la denuncia presentada este miércoles en los tribunales chaqueños. elDiarioAR accedió a la documentación pública que respalda dichas estadísticas. El resto de los permisos fueron tramitados por otros 14 ingenieros agrónomos habilitados. 

Los 353 desmontes que tramitó Halavacs equivalen a unas 38.000 hectáreas de bosque perdido, principalmente en los departamentos chaqueños de Almirante Brown (100 desmontes), Maipú (73) e Independencia (43), afirma la denuncia de AAdAA. 

La denuncia también expone que, entre 2014 y 2017, Halavacs hizo en promedio los desmontes más chicos, pero entre 2018 y 2021 hizo, en promedio, los de mayor superficie. El año en que más desmontes habilitó fue 2016, cuando realizó 98 de los 196 planes de cambio de uso del suelo de ese año (el 50%), con foco en Brown. En 2020, el 70% de los 10 desmontes autorizados fue tramitado por Halavacs. 

Cuatro años más tarde, Halavacs está del otro lado del mostrador. Como ministro de Producción tiene a su cargo la subsecretaría de Desarrollo Forestal, de la que depende la Dirección de Bosques y el otorgamiento de permisos de desmontes. Es la máxima autoridad ambiental de la provincia, tras haberse eliminado -a pedido suyo, dice la denuncia- el Ministerio de Ambiente provincial. 

Otro mapa

Abogados Ambientalistas sostiene que Halavacs es parte de una “maniobra delictiva compleja que trae aparejada la destrucción de los bosques nativos de la provincia de Chaco, en pos del beneficio económico privado, apoyada en la corrupción estatal-empresarial”. 

La supuesta maniobra impacta en el desequilibrio ambiental de la región, aseguraron los expertos. Tiene efectos negativos en los ecosistemas de las provincias adyacentes (Formosa, Salta, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero) y aumenta el aporte a las emanaciones de gases de efecto invernadero y su consecuente incidencia en el calentamiento global y el cambio climático. La desaparición del bosque nativo provoca el escurrimiento de los excedentes hídricos que general, a su vez, inundaciones a nivel de cuenca y tormentas de polvo cada vez más comunes y fuertes, profundizando la actual crisis climática.

El principal hecho de esta maniobra es la modificación del mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) impulsado por el gobierno de Chaco y concretado en la Legislatura de la provincia. La modificación hizo que las autoridades habilitaran que cientos de miles de hectáreas de bosques nativos protegidos pasaran a ser objetivo de deforestación. 

En un tratamiento exprés, los legisladores de Chaco votaron el cambio de la ley a las 2:40 de la madrugada del 30 de abril último, que en la denuncia es definido como “inconstitucional”. La nueva ley “reduce dramáticamente la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre el ya golpeado monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, el oso hormiguero, el tapir, el quimilero (especie endémica que solo existe en la región del chaco seco), entre otros, y todo a medida de las grandes empresas tanineras y el agronegocio”, afirmaron los denunciantes en el texto presentado ante la Justicia. A los responsables los llamaron “la Mafia del Desmonte”.

La modificación del mapa de los bosques nativos es “el producto final del accionar reprochable de un grupo de funcionarios, legisladores y empresarios que, con distintos roles, pero con un mismo objetivo, diseñaron un plan para arrasar el bosque nativo del Chaco y enriquecerse con la revalorización de las tierras recategorizadas, la expansión de la frontera agropecuaria, y/o la comercialización de la madera y subproductos extraídas (tanino) que son vendidos tanto en el mercado interno como en el mercado internacional”, sostiene la denuncia.

“En la provincia de Chaco se verifica una concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa, relacionada con el agronegocio (agricultura industrial, ganadería industrial y forestales) que se enriquece frenéticamente y a la vez maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses, independientemente de las distintas gestiones de gobierno”, aseguró la ONG.

Puertas giratorias

Abogados Ambientalistas aseveró que en el Chaco funcionan las “puertas giratorias”, un fenómeno definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como “un tipo particular de circulación público-privada caracterizado por la ocupación sucesiva de altos cargos en el sector público y en el privado”. En el sistema penal argentino está tipificado en las figuras de negocios incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Se trata, dice la denuncia, de “un grupo de personas (que) intercambian roles”, alternando la función pública y la actividad privada en funciones que tienen directamente que ver con el desmonte y la protección del bosque, “exhibiendo relaciones incompatibles y conflictos de intereses que son siempre resueltos del mismo modo, arrasando con el bosque nativo para explotarlo económicamente en forma notoriamente ilegal”.

Según la denuncia, durante uno de los períodos en el que Halavacs tramitaba los permisos de desmonte, el Subsecretario de Desarrollo Forestal (correspondiente a las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich) era Luciano Olivares (hijo de Roberto Olivares, ex funcionario de la Dirección de Suelos), quien le otorgaba a Halavacs los permisos de desmonte. “Luciano Olivares acompaña ahora a Halavacs en la gestión pública como asesor legal de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal Recursos Naturales del ministerio que hoy conduce Halavacs”, dice la denuncia. En el entorno de Olivares dijeron a elDiarioAR que el exfuncionario se dedica a la actividad privada y no es asesor del ministro. Sin embargo, en su perfil de Linkedin, resaltaron los denunciantes ante la consulta, Olivares informa que es asesor legal de la cartera que antes condujo.

El nuevo mapa de ordenamiento de bosques nativos, asegura la denuncia de la ONG, “beneficia a empresas y personas a las cuales el ministro Halavacs asesoraba como ingeniero agrónomo y para quienes gestionaba los permisos de desmonte”.

Halavacs trabajó para la familia Vicentín en al menos 14 oportunidades para el supuesto desmonte de casi 5.500 hectáreas de bosque nativo. “Algunos de los establecimientos que se ubican en la ahora zona recategorizadas regresivamente por el impulso del actual Ministro Halavacs pertenecen a la familia Vicentin, como lo demuestran las pruebas que acompañamos, es decir benefició directamente a su empleador con el nuevo e ilegal OTBN”, afirmaron los denunciantes.

Nota: este artículo se corrigió el 3 de julio de 2024 a las 7:55 para modificar una mención errónea a la empresa Unitan y corregir el nombre de pila del gobernador de Chaco.

ED/DTC