Con promesas de trabajo y provisión de servicios básicos, la petrolera de la multinacional ítalo-argentina Techint logró ingresar a la zona más conflictiva para la minería de litio: la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en la Puna jujeña, como informa elDiarioAR junto a Mongabay en esta investigación conjunta. 

La compañía de la familia Rocca dividió a Rinconadillas, una comunidad de 82 familias y logró así la licencia social para operar en ese territorio y extraer el ansiado “oro blanco” en una zona catalogada como la Séptima Maravilla Natural del país. Aquí, otras comunidades se oponen al avance de las mineras. 

La necesidad de trabajo convenció a parte de los habitantes de Rinconadillas y le concedió la victoria a la empresa, que arrastra un pasado de causas de corrupción, sobornos y abandono de las comunidades afectadas por su actividad.

Tecpetrol es parte del grupo económico Techint, también dueño de la empresa Tenaris, uno de los principales productores de caños de acero sin costuras del mundo, destinados a la construcción de oleoductos y gasoductos para la industria fósil. El grupo Techint es propiedad de la segunda familia más rica de Argentina, los Rocca, y es liderado por Paolo Rocca, quien ocupa el puesto 529 de los más ricos del mundo, con una fortuna de U$S5.600 millones, de acuerdo con el ranking de la revista Forbes de 2024.

Tecpetrol, división petrolera de Techint, tiene operaciones de gas y petróleo en Argentina, México, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es el proveedor del 18% del gas que se consume en Argentina, gracias a sus explotaciones en Fortín de Piedra, en el yacimiento Vaca Muerta, la mayor reserva de gas y petróleo no convencionales del país, y entre las principales del mundo (la segunda en gas y cuarta en petróleo a nivel global).

Techint, la empresa madre de Tecpetrol, carga con una mochila de antecedentes judiciales en causas de corrupción, como el caso Lava Jato en Brasil y los cuadernos de la corrupción en la obra pública en Argentina. La principal compañía del grupo, Tenaris, ha pagado multas en los Estados Unidos por dos causas distintas en las que admitió haber realizado pagos ilegales a funcionarios públicos para obtener contratos en Brasil y Uzbekistán. 

En Argentina, además, sus ejecutivos admitieron haber realizado pagos ilegales a un funcionario público en el caso de los cuadernos de la corrupción, pero la Justicia cerró el caso a favor de los acusados.

A pesar de haber admitido pagos ilegales en al menos tres países, Techint siempre sale airoso de los tribunales, sea por acordar millonarios pagos en multas o por decisiones de jueces y fiscales.

Esta compañía de combustibles fósiles, que arrastra antecedentes judiciales de alto calibre, inició la expansión de sus inversiones en el litio en 2023, cuando adquirió el 100% de las acciones de la minera canadience Alpha Lithium, buscando ingresar en el negocio de la transición energética. A través de la compra, la petrolera de Techint heredó los derechos de exploración y explotación en concesiones mineras en tres salares de la provincia de Salta: el Tolillar, el Salar del Hombre Muerto y Arizaro, los dos últimos en etapa de exploración. 

La inversión se dio como parte del crecimiento de Argentina en el sector y de su integración al conocido “Triángulo del litio”, junto a Bolivia y Chile. “Actualmente generamos sólo el 5% de la producción global, si bien tenemos 24% del total de los recursos”, afirmó Andrea Rocca, presidente de la Unidad de Transición Energética de Tecpetrol, sobre las proyecciones de Argentina de expandirse en el negocio.

Tecpetrol buscaba desembarcar en el negocio litífero desde hacía al menos tres años. En febrero de 2022, la petrolera activó una planta piloto de extracción directa de litio en Olacapato, en la Puna salteña, la provincia vecina a Jujuy. En su sitio web señaló que su objetivo estaba dirigido a extraer litio de Jujuy: “La planta se construyó para probar la tecnología a utilizar en Guayatayoc, un salar que estamos explorando en Jujuy”. La compañía respondió a Mongabay Latam y elDiarioAR que se trata de una planta que evita las cuestionadas piletas de evaporación, principal método de extracción de litio en la zona, que implica el uso de mayor cantidad de agua. 

Tecpetrol aún no había desembarcado en la laguna ni contaba con la licencia social de las comunidades indígenas para operar en sus territorios pero ya daba por sentado que lo lograría. De hecho, ante la consulta de estos medios en abril de 2024, confirmó en ese momento que la empresa estaba “en una etapa muy temprana, trabajando con las autoridades y las comunidades locales a fin de obtener la licencia social y ambiental”.

Un modus operandi

El equipo periodístico de elDiarioAR y Mongabay intentó obtener respuestas de Tecpetrol y Techint tras la asamblea de junio último, en la que parte de la comunidad de Rinconadillas dijo “sí al litio” y aprobó el ingreso de la petrolera para la exploración en la Laguna de Guayatayoc. Sin embargo, la compañía no quiso responder más preguntas ni consultas.

“Las empresas mineras y las corporaciones saben muy bien que la estrategia es divide y vencerás”, explica Melisa Argento, investigadora de Conicet. La experta añade que, básicamente, se trata de dividir a las comunidades entre “ganadoras” y “perdedoras”. Las comunidades ganadoras son las que van a recibir los beneficios de las mineras. “Las otras son las relegadas, las olvidadas, a las que también se les destruye el territorio, su forma de vida, la agricultura, la pastura, los animales se les mueren, tienen conflictos territoriales todo el tiempo con las empresas”. Dijeron “no al litio”, pero pagaron igual las consecuencias ante la falta de unidad de las comunidades. Justamente, lo que el grupo inicial de 38 comunidades buscaba evitar.

“La promesa de empleo puede valer para la primera etapa, cuando las empresas están en la fase de construcción y pueden contratar mano de obra local, pero después el trabajo se tecnifica y vuelve a haber una expulsión, una desocupación en la región”, sostiene la investigadora. Luego, en las comunidades pueden crecer otros rubros como gastronomía, empleo de seguridad, limpieza y mantenimiento.

“En Catamarca, otra provincia donde se extrae litio, la empresa Livent —hoy Arcadium— opera en el Salar de Hombre Muerto, en la zona de Antofagasta de la Sierra. Es la casuística de todo lo que estamos diciendo”, asegura Argento. La investigadora explica que hay que mirar allí para ver lo que pasará en Jujuy durante los próximos 25 años: “La injusticia socioambiental permanente y la vega del Río Trapiche seca”, afectando la provisión de agua a los pobladores de la zona. 

En Catamarca, por ejemplo, el progreso no se tradujo en beneficios para las comunidades linderas al salar. Y las consecuencias se sintieron cuando la minera intentó ampliar su explotación, explicó Argento. “Cuando la comunidad decidió resistir el avance de la segunda etapa de Livent en la zona, tuvieron persecución, hostigamiento, al punto de que las familias decidieron salirse de la resistencia. En la lucha quedaron muy pocos y son muy atacados”, explica. El equipo periodístico intentó comunicarse con Livent pero no fue posible obtener una respuesta de la compañía.

Sismos inducidos

Los antecedentes de Tecpetrol no están vinculados al negocio del litio, pero sí a la extracción de gas. En la provincia de Neuquén, la empresa cambió para siempre la vida en un paraje rural, Sauzal Bonito. Este pueblo de unos 300 habitantes, se ubica a 48 kilómetros al suroeste de Añelo, la ciudad base de Vaca Muerta, el segundo yacimiento de gas no convencional más importante del mundo y cuarto en petróleo no convencional a nivel global. Aquí, los combustibles fósiles se extraen mediante el mecanismo del fracking. 

Sauzal Bonito es el pueblo más cercano al yacimiento de gas que explota Tecpetrol en Vaca Muerta: Fortín de Piedra. Desde que la petrolera de Techint se instaló allí para desarrollar la actividad del fracking, la localidad comenzó a temblar. 

Los sismos coincidían con el inicio de las operaciones de fracking, explicó a Mongabay y elDiarioAR el geógrafo Javier Grosso Heredia, quien dirige el Observatorio de Sismicidad Inducida junto a Guillermo Tamburini Beliveau. El organismo ya contabilizó casi 500 sismos inducidos desde finales de 2018 hasta julio de 2024 en esta zona de Vaca Muerta, informó Grosso Heredia. 

“Nunca existió un reconocimiento de la responsabilidad de Tecpetrol en la producción de los sismos ante los habitantes de Sauzal Bonito”, afirma Grosso Heredia. “La empresa tampoco hizo público cómo es su sistema de semáforos sísmicos, que ayudaría a informar y actuar preventivamente ante los sismos en el pueblo”, agrega el geógrafo. “Sin embargo, sí aportó 500 millones de pesos (unos US$526.000 al valor del cambio actual) para la construcción de viviendas antisísmicas”, explica el investigador. La petrolera no admite la conexión entre el fracking y los sismos, pero accedió a financiar un paliativo para los vecinos. 

El caso de Sauzal Bonito llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo de 2022, ante un amparo ambiental presentado por la Comunidad Mapuche Lof Wirkaleo, habitantes de Sauzal Bonito y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) contra la provincia de Neuquén. Sin embargo, el caso aún no fue tratado por los jueces del tribunal.

La extracción de litio en el salar de Catamarca y el fracking en la provincia de Neuquén son evidencia de los problemas que podrían llegar con la explotación en Guayatayoc. El primer conflicto es notorio y se ve en las grietas que amenazan con romper del todo la unidad de las 38 comunidades indígenas que hace 14 años y en bloque se oponían a la llegada de la minería.

ED

Un gigante se ha instalado en Rinconadillas, una comunidad indígena de 82 familias, ubicada a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en la región de la Puna, en la provincia de Jujuy. En esta pampa de sal, Tecpetrol, la petrolera de la multinacional ítalo-argentina Techint, pretende extraer litio. Tiene la mirada puesta en la Laguna de Guayatayoc, donde hasta hace apenas unos meses era impensado que la minería litífera pudiera avanzar y conquistar un área habitada por 38 comunidades indígenas, que llevan más de 14 años resistiendo al inminente desembarco de las compañías mineras. El viernes 15 de noviembre representantes de comunidades indígenas de la cuenca se presentaron en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer su reclamo.

“Nosotros no vamos contra el litio, nos preocupa el agua y el medio ambiente. Nos puede afectar mucho si hay esa actividad porque necesita de mucha agua”, le dijo a Mongabay Latam y a elDiarioAR Raúl Callata, presidente de la comunidad de Rinconadillas. Entonces, era principios de junio y las cartas no estaban echadas. 

En esta región del noroeste argentino se extiende la cuenca de Salinas Grandes —una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina—, que incluye a la Laguna de Guayatayoc, el segundo espejo de agua más grande de Jujuy. Es una cuenca compartida entre Jujuy y su vecina, la provincia de Salta. 

Los ríos y arroyos que se forman en este ecosistema alimentan un humedal de altura, donde conviven desde tres clases distintas de flamencos, suris (ñandúes) y vicuñas hasta animales de pastura que las comunidades crían para su supervivencia.

Aquí, una decena de empresas buscan desarrollar trabajos de exploración en busca de litio. Su meta: satisfacer la demanda mundial de “oro blanco”, un mineral clave para la transición hacia el uso de energías limpias que no beneficia hoy a la Argentina y menos a las comunidades de la cuenca de Salinas Grande que le dijeron “No al litio” en 2010.

“La extracción de litio conlleva un impacto ambiental cuando se realiza sin el adecuado análisis acumulativo de impactos, como usos del agua, pero también un impacto en la forma de vida ancestral (cultural, social y comunitaria) de las comunidades indígenas, que cohabitan el territorio hace muchísimos años de manera colectiva. La llegada de la empresa crea un conflicto y una ruptura interna en su tejido social”, afirma Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

¿Cómo logró Tecpetrol aterrizar en una zona que lleva años oponiéndose a la minería? La compañía se movía en territorio hostil. El grupo organizado de comunidades indígenas había impedido hasta el momento el desarrollo de la minería de litio en sus territorios. Hasta el 21 de junio de 2024, cuando la petrolera consiguió lo que se había propuesto: obtener la licencia social para operar en una porción de la cuenca, pero a costa de dividir a las comunidades. 

“No al litio”

El clima que esperaba a la petrolera era difícil. Desde 2010, unas 38 comunidades Kolla y Atacama se oponían a la explotación del litio en esta cuenca. Sin embargo, a pesar de medidas como el bloqueo de rutas, de enfrentar a las maquinarias, protestas, y de reclamos a las gobernaciones y las demandas judiciales —que incluyen presentaciones ante la Corte Suprema de la Nación y la CIDH—, las mineras y los gobiernos de Salta y Jujuy han continuado con sus planes en la región. En la Puna, la minería de litio llegó para quedarse. Pero no le será tan fácil.

Los habitantes de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc basan su economía en el turismo comunitario —Salinas Grandes es una de las zonas más visitadas de Jujuy—, el pastoreo de animales, la elaboración y venta de tejidos, así como la extracción de sal. Esto quiere decir que cualquier movimiento de mineras en la zona puede afectar directamente su economía.

“Cuando en 2010 y 2011 llegaron las empresas a Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, querían comprar voluntades y hacer intervención en las comunidades”, explica Melisa Argento, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con experiencia en la relación entre las comunidades indígenas y las mineras.

Las comunidades acordaron que decidirían en bloque ante cualquier intento de las mineras de ingresar en la cuenca.

Las primeras grietas

Durante 2023, la unidad se quebró. La ausencia del Estado de la provincia de Jujuy, como denuncian las comunidades, la crisis económica y el lobby de las empresas fue mermando en algunas de estas sociedades aisladas y vulnerables. Dos petroleras que pretendían buscar litio en las salinas desembarcaron en la cuenca. La primera fue Pluspetrol, de la mano de su división minera, Litica. La segunda fue Pan American Energy (PAE), con su minera Lithos (actualmente denominada Lithion Energy). Lo hicieron a través de promesas de trabajo y sustituyendo al Estado de la provincia de Jujuy, ausente en todos los aspectos de la vida de la población indígena: salud, educación, trabajo, bienestar social e infraestructura, según pudo corroborar el equipo periodístico en la zona.

La siguiente grieta entre las comunidades sería abierta por una tercera petrolera, Tecpetrol.

Clemente Flores es un histórico dirigente de la comunidad de El Moreno, parte de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, ubicado en el departamento Tumbaya, a 3600 metros sobre el nivel del mar y al pie del cerro más alto de Jujuy, el Chañi, de 5896 metros de altura. Flores es uno de los defensores ambientales de este territorio. 

“Estamos más complicados que antes porque las empresas ahora tienen más apoyo del Estado provincial y nacional. Tienen más libertad y acciones en las comunidades. Nosotros no estamos hablando de litio, estamos hablando del agua”, dijo Flores a Mongabay Latam y elDiarioAR en junio. “Nos quitan el agua de la Puna”. 

Flores asegura que las empresas hacen un “trabajo político” junto al Gobierno. También plantea que existen distintas formas de actividad económica en la zona que no dañan el ambiente ni ponen en riesgo la provisión de agua dulce en la región y que no son incentivadas por el Estado, en alusión a la ganadería, el turismo, la venta tejidos y sal. 

—¿Cómo sigue la pelea de las comunidades en este contexto?— preguntamos.

—No te puedo contar la estrategia. No sé si me estás preguntando eso para nosotros o para decírselo a las empresas. Perdóname pero hoy dudamos de todo. Estamos tan preocupados por todo. 

En la Puna, donde el viento hace mella, la desconfianza erosiona todo a su paso. 

Verónica Chávez es dirigente de la comunidad Santuario Tres Pozos, también en la cuenca. Mientras se aprestaba para exponer ante la asamblea de la CIDH, dijo a Mongabay y elDiarioAR: “Lo que no queremos es que la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sea saqueada”. “Este paisaje es visitado por el mundo y queremos que nos ayuden a proteger esa hermosa cuenca y el territorio a lo ancho y largo de la provincia de Jujuy”, afirmó Chávez. “La decisión de una comunidad o de parte de una comunidad puede perjudicar a todas las comunidades, por eso vamos a seguir luchando colectivamente”, agregó la dirigente indígena. 

La conquista de Rinconadillas

Desde 2023, cuando obtuvo la autorización del gobierno de Jujuy para explorar litio en la Laguna de Guayatayoc, Tecpetrol puso en marcha una estrategia de acercamiento con la comunidad de Rinconadillas, cuyo territorio coincide con otra porción de la cuenca que la petrolera desea explorar en busca de litio. 

En esta comunidad, su comunicación vía terrestre depende del buen estado de la ruta provincial 11, que luego de 20 kilómetros la conecta con la ruta nacional 52, pavimentada. Por este tramo, las familias acceden a Las Salinas Grandes y al pueblo de Purmamarca, una vez atravesada la sinuosa Cuesta de Lipán. 

Los días en Rinconadillas son casi todos iguales, tranquilos. De día, reina el sol; de noche, el cielo es un mar profundo de nubes. En sus menos de 100 casas, algunas centenarias y de piedra, hay una escuela, un centro comunitario, tres posadas para turismo, una iglesia, un salón en el que se reúnen las tejedoras, un paupérrimo puesto sanitario y una plaza, en donde hay servicio de internet abierto pero no hay señal de telefonía. 

Este bucólico paisaje, de cinco cuadras de largo por tres de ancho, esconde varios problemas. El agua que se consume tiene altísimos niveles de fluoruro, desaconsejados para el consumo humano porque supera el límite que recomienda el Código Alimentario Argentino, explicaron los habitantes al equipo periodístico durante una visita a la comunidad en junio de 2024. Los habitantes exhiben en sus dientes un desgaste fuera de lo normal. La Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno jujeño puso en marcha un proyecto piloto que busca garantizar agua apta para el consumo humano, al menos por unas horas durante el día. 

La comunidad indígena tenía sus dudas sobre el litio. Raúl Callata, presidente de la comunidad y también cocinero de la escuela de Rinconadillas, admitió que el emprendimiento minero atrajo de inmediato a los jóvenes. “La falta de trabajo los obliga a pensar que es posible y se muestran dispuestos a darle el visto bueno”, contó en junio de 2024, días antes de que una parte de la comunidad decidiera dar el visto bueno a Tecpetrol para explorar la laguna en busca de litio.

Rinconadillas tenía programado reunirse en asamblea para decidir si otorgaría la licencia social a Tecpetrol —es decir, su permiso para operar en la porción de territorio de la comunidad— el 27 de julio de 2024. Mongabay y elDiarioAR visitaron a la comunidad entre el 6 y el 8 de junio último para documentar la forma de vida de la comunidad y dialogar con sus habitantes sobre las distintas posturas con respecto a la presencia de Tecpetrol. 

También consultó a la petrolera sobre sus actividades en la zona. Tras la visita y la consulta, todo se precipitó, aseguraron los habitantes consultados, quienes solicitaron no dar a conocer sus nombres por la fuerte división que ahora impera en la comunidad. Se convocó a una asamblea extraordinaria en Rinconadillas para el 21 de junio, cinco semanas antes de lo programado. 

En las asambleas, un integrante de cada familia vota. La invitación a la asamblea del 21 de junio se realizó apenas dos días antes y excluyó a los vecinos que no viven en Rinconadillas de lunes a viernes por motivos laborales porque trabajan, por ejemplo, en Purmamarca, que está a 100 kilómetros de distancia. “Cuando se deben tomar medidas importantes, siempre se notifica a las familias con una semana de anticipación, como mínimo, y se les avisa a todas, incluso a las que están residiendo en otros lugares”, dijo uno de los vecinos consultados. “Pareciera que a propósito hicieron todo rápido”, afirmó. 

Sobre un total de 82 familias censadas, solo llegaron a la votación representantes de 51 familias, un número suficiente para que se realizara la asamblea. Con tolerancia de media hora, en una de las mañanas más frías del año, la deliberación comenzó a las 9. Hubo varias exposiciones, pero la mayoría fue de quienes se mostraron a favor de darle el visto bueno a Tecpetrol y tras dos horas quedó en claro que no habría consenso, por lo que se votó a mano alzada. “Lastimosamente, nos ganaron”, señaló un asambleísta consultado.

Sobre esos 51 representantes, 29 votaron a favor de otorgarle la licencia social a Tecpetrol y 22 se opusieron. “Hay familias que están divididas debido a que la discusión interna no se había agotado, porque así como se aceptó que un representante de la empresa nos informe sobre los supuestos beneficios antes de la asamblea, se pretendía escuchar los argumentos de especialistas que se oponen a la actividad minera y que tienen sus razones. Pero esto último no se hizo”, aseguró uno de los vecinos consultados. “Ahora nuestra comunidad es vista como traidora” por el resto de las comunidades de la cuenca, lamentó la fuente.

Ecos de la asamblea

La novedad no tardó en llegar a los miembros de las 34 comunidades de la zona que continúan oponiéndose al desembarco de las mineras. Las primeras en expresarse en contra de Rinconadillas fueron las de Tusaquillas, ubicada a 31 kilómetros, y Santuario Tres Pozos, a 20 kilómetros de Rinconadillas. A través de comunicados, indicaron que el grupo “continúa defendiendo el agua y el territorio”, que las comunidades “no están de acuerdo con la decisión de algunos miembros de la comunidad de Rinconadillas” y que “no se respetó el Reglamento de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc”. 

Waldo Barconte tiene 31 años y oficio en Rinconadillas. Es tejedor, lo aprendió de sus padres y de sus abuelos. Con un telar que tiene en su casa y junto a su esposa, realiza diversos productos, como mantas rústicas —“las que más se venden”, cuenta—, que luego negocia su padre en Purmamarca o Tilcara. Complementa esos ingresos fabricando bloques de cemento pero desde diciembre no vende ni uno. “Está parado todo”, dijo. 

Aun con una rutina diaria de trabajo, opinó a favor de otorgar la licencia social a la minería. “No hay trabajo en el pueblo y podría ser una fuente de ingresos para los jóvenes, que cada vez se dedican menos a las artesanías o a la cría de animales. La mayoría quiere tener celular e internet, estamos modernizados”. ¿Lo hablan entre tus amigos?, preguntaron Mongabay y elDiarioAR: “Sí, tenemos algunas dudas pero la necesidad es mayor y por eso decimos 'sin miedo al éxito, vamos', después se verá”.

Tras la asamblea del 21 de junio, en la que un sector de la población de Rinconadillas decidió por el sí al litio de manera anticipada y sin la participación de todos los habitantes del paraje, el sector de la comunidad que quedó excluido de la asamblea presentó una acción de amparo ambiental ante la Justicia junto a representantes de otras comunidades de la cuenca, como El Moreno y Santuario Tres Pozos, explicó la abogada que tramita la acción, Alicia Chalabe.

Sin embargo, tras la asamblea del 21 de junio, Tecpetrol dio por superada la etapa, dio un nuevo paso y presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la provincia de Jujuy. José Gómez, secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, dijo a Mongabay Latam y elDiarioAR que para el gobierno de la provincia la exigencia legal de realizar una consulta previa, libre e informada se cumplió. La asamblea del 21 de junio es la confirmación de ello, sostuvo el funcionario en diálogo con el equipo periodístico.

“El Estado de Jujuy no tenía ninguna injerencia ni conocimiento del proyecto. Se trató de una consulta entre privados: la empresa y la comunidad”, afirmó Gómez. Con la aprobación de parte de la comunidad de Rinconadillas para el desembarco de la compañía en la zona, la licencia social está concedida, según el funcionario. 

—El resto de las comunidades de la cuenca reclaman que la consulta previa, libre e informada debería haber sido realizada con el bloque de todas las comunidades. ¿Cuál es la posición del gobierno de Jujuy frente a este reclamo? —preguntó el equipo periodístico.

—¿A usted le gustaría que yo decida sobre qué puede hacer usted en su casa? —respondió el funcionario, defendiendo la decisión de la asamblea del 21 de junio—. Las comunidades tienen derecho a su autodeterminación y a decidir sobre el uso de sus territorios. Estamos hablando de una exploración con un impacto muy acotado. La perforación, que vendría más adelante, sí puede tener más impacto porque hay que hacer caminos y una plataforma en el salar.

—¿Por qué cree que existe tanta resistencia al litio por parte de la mayoría de las comunidades de la zona?

—Son posicionamientos ideológicos. Se oponen al desarrollo. Las comunidades a veces son usadas por sectores con intereses económicos que no quieren el desarrollo —aseguró Gómez, aunque no identificó a dichos sectores. Actualmente, debido a los controles oficiales y a la cultura y estrategia de trabajo de las mineras es impensado que pueda dejarse sin agua a la comunidad. 

Una sociedad dividida

En la comunidad de Rinconadillas se habla del litio en las esquinas, en la plaza o a la salida de la misa, que se celebra una vez por mes. El domingo 9 de junio, por la mañana, un representante de Tecpetrol mantuvo una reunión informativa en el salón comunitario para quienes quisieran oír sobre la exploración. Fue la tercera. Por una instrucción expresa de las autoridades comunitarias, no hubo registro en video, fotos o audio de ese encuentro. “Nadie quiere quedar pegado porque ya se mira mal a Rinconadillas desde otras comunidades —como Tres Pozos y Alfarcito— porque dicen que no se hace lo suficiente para oponerse a la explotación”, sostuvo el vecino que pidió no ser identificado.

Idelfonso Sarapura, de 35 años, es el único guía de turismo del pueblo, oficio para el que se capacitó con Las Warmis, una organización de mujeres de La Quebrada de Humahuaca que trabaja por el desarrollo regional a través de la capacitación y la generación de emprendimientos. “Eso me cambió porque tomé conciencia de nuestro origen, de dónde venimos”, dice. Sarapura es uno de los miembros de la Cooperativa Espejo de Sal, que ofrece servicios turísticos y está integrada por las comunidades indígenas de Alfarcito, Sauzalito, Santa Ana, Barrancas, Susques, Cerro Negro —de La Poma— y Rinconadillas. “Desarrollamos un turismo vivencial, que los turistas compartan nuestras actividades. La pandemia fue un golpe muy fuerte, nos estamos recuperando”, cuenta.

Reflexivo, se opone a la minería. “Cualquier acción genera un impacto ambiental, social y cultural, hasta la turística, pero la actividad minera impactará de muchas maneras, en el agua, en el paisaje, en la flora y la fauna. En unos años, pasaremos de una gran planicie a tener obras artificiales, inmensos piletones y un gran movimiento vehicular. Todo eso también espantará a los suris, vicuñas y flamencos, entre otras especies”, afirma. 

“Es lamentable que a los jóvenes sólo les interese la minería habiendo tantas otras cosas por hacer, como la agricultura y la ganadería. Ya lo hablamos en la cooperativa y hay roces. Por eso tememos invertir mucho en turismo y que dentro de unos años los paisajes estén destruidos y nos obliguen a irnos. Es triste el desarraigo, tener que comenzar todo de nuevo en otro lado”, precisa preocupado por el futuro de sus dos hijos.

Coincide con esta postura Herminia, de 38 años, madre soltera de cuatro hijos, que se dedica a la cría de llamas, teje y cocina para los turistas. “Ya lo pensé y no quiero la minería, mis hijos tampoco. En unos años quedará todo destrozado y esto será puro desierto para nuestros nietos y sus hijos”, señala. En junio, admitió que desde Tecpetrol había cierta premura para que la comunidad tome una decisión. “Quieren que firmemos rápido para que ellos puedan explorar y hay un grupito de mayores y jóvenes que está apurando, que dice que estamos perdiendo oportunidades”, sostiene.

“A mí me gustaría que haya consenso, que no se tenga que votar porque eso provocará roces. Lamentablemente, el pueblo está dividido”, adelantaba en junio Raúl Callata. El consenso, finalmente, no fue posible.

ED

La petrolera Tecpetrol, de la multinacional ítalo-argentina Techint, logró su objetivo en la Puna jujeña: la aprobación de un sector de la comunidad indígena de Rinconadillas, ubicada en un pasaje aislado, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en lo más alto de esta región, para explorar la Laguna de Guayatayoc en busca de litio. Así pudieron establecerlo una alianza entre Mongabay y elDiarioAR en base a testimonios y documentos de la asamblea local.

El negocio del “oro blanco” es una de las apuestas fuertes de la petrolera, propiedad de la familia Rocca, la segunda más rica de Argentina, que tiene una concesión del gobierno de Jujuy pero que requería de la licencia social de la población indígena que controla este territorio y que llega con una comunidad dividida para la que la convivencia social entre sus habitantes y con las comunidades aledañas ya no será igual. Tecpetrol dividió y reinó.

El territorio de la comunidad de Rinconadillas se encuentra en una de las zonas más conflictivas para la minería del litio: la cuenca que conforman el salar Salinas Grandes -una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina- y la Laguna de Guayatayoc, donde desde hace 14 años un grupo de 38 comunidades se oponían al desembarco de las mineras, desarmando los planes de negocios de las compañías y del gobierno de Jujuy, que impulsa este tipo de actividad extractiva. 

La comunidad de Rinconadillas era una de las 38 comunidades que se oponían a la minería de litio en sus territorios desde 2010. Entonces, las asambleas que gobiernan en estas comunidades decidieron que ninguna de las comunidades iba a tomar decisiones por separado y que actuarían en bloque. La cuenca es una sola, establecieron entonces, y la decisión frente a las mineras debía tomarse en conjunto. Decidieron “No al litio” y a través de cortes de ruta y demandas judiciales, que llegaron a la Corte Suprema de la Nación y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), frenaron los objetivos de las empresas y el gobierno de Jujuy.  

Sin embargo, durante el último año, un grupo de petroleras que desarrollaron divisiones mineras para ingresar en el negocio internacional del litio comenzaron a resquebrajar la alianza de las comunidades. La primera fue Pluspetrol, que logró que dos comunidades, Sauzalito y Quera y Aguas Calientes, se separaran del grupo y acordaran otorgarle a la petrolera la licencia social para operar en sus territorios. La segunda fue Pan American Energy en la comunidad de Lipán, como informó elDiarioAR en marzo último. El tercer caso es el de Tecpetrol. Mongabay y elDiarioAR se comunicaron con Tecpetrol pero la empresa declinó hacer comentarios por el momento.  

Cómo se tomó la decisión

La decisión de la comunidad de Rinconadillas de otorgar la licencia social a la petrolera de Techint fue adoptada en un encuentro extraordinario el 21 de junio último. La comunidad está dividida en dos grupos. Un grupo se opone a la llegada de la minería frente a los riesgos ambientales y el peligro de la escasez de agua en una de las zonas más áridas del país. La minería de litio, conocida como “minería del agua”, por la cantidad de agua que insume, amenaza sus formas de vida, desde el pastoreo de animales hasta el turismo comunitario y la extracción de sal para consumo humano e industrial. 

Hay, en cambio, quienes están a favor y creen que Tecpetrol solucionará los problemas socioeconómicos de la comunidad: la falta de empleo y la falta de servicios básicos, ante la ausencia casi total del Estado jujeño y nacional.

El debate iba a darse en una Asamblea General convocada para el 27 de julio. La fecha había sido confirmada por el presidente de la comunidad, Raúl Callata, afirmaron fuentes directas de la asamblea a Mongabay y elDiarioAR. Sin embargo, el 19 de junio, de manera exprés, un grupo de habitantes convocó a una Asamblea Extraordinaria, que se realizó el viernes 21 de junio, a las 8.30, en la sede de la organización, frente a la plaza de la comunidad. De acuerdo a consultas con fuentes que pidieron no dar a conocer sus nombres, la invitación a los miembros -vota una persona por familia- dejó afuera de cualquier posibilidad de participar a los vecinos que no viven en Rinconadillas de lunes a viernes por motivos laborales y que suelen regresar los fines de semana. Muchos de ellos, se oponen a la minería de litio. Se trató de la misma estrategia realizada en la asamblea de Lipán meses atrás.

“Cuando se deben tomar medidas importantes, siempre se notifica a las familias con una semana de anticipación, como mínimo, y se les avisa a todas, incluso a las que están residiendo en otros lugares”, señaló una de las personas consultadas. “Pareciera que a propósito hicieron todo rápido”, se lamentó. 

Por esta razón, sobre un total de 82 familias censadas, solo asistieron representantes de 51 familias, un número suficiente para que se realice la asamblea. Con tolerancia de media hora, en una de las mañanas más frías del año, la deliberación comenzó a las 9 con la exposición de un miembro informante, en representación de la comisión directiva de la comunidad, que detalló el motivo del encuentro. 

Hubo varias exposiciones, pero la mayoría fue de quienes se mostraron a favor de darle el visto bueno a Tecpetrol y tras dos horas quedó en claro que no habría consenso, por lo que se votó a mano alzada. “Lastimosamente, nos ganaron”, señaló un asambleísta consultado.

Sobre esos 51 representantes, 29 votaron a favor de otorgarle la licencia social a Tecpetrol y 22 se opusieron. “Hay familias que están divididas debido a que la discusión interna no se había agotado porque así como se aceptó que un representante de la empresa nos informe sobre los supuestos beneficios, antes de la asamblea, se pretendía escuchar los argumentos de especialistas que se oponen a la actividad minera y que tienen sus razones. Pero esto último no se hizo”, se indicó. “Ahora nuestra comunidad es vista como traidora” frente al resto de las comunidades de la cuenca con las que tenían un acuerdo desde 2010, lamentó la fuente.

La novedad no tardó en llegar a los miembros de las 34 comunidades aborígenes que se encuentran en la cuenca de las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc. Las primeras en expresarse en contra fueron las de Tusaquillas, ubicada a 31 kilómetros; y Santuario Tres Pozos, a 20 kilómetros. A través de comunicados indicaron que “continúan defendiendo el agua y el territorio”, que “no están de acuerdo con la decisión de algunos miembros de la comunidad de Rinconadillas” y que “no se respetó el Reglamento de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc” que habían acordado las comunidades hace años. Es decir, decidir en bloque una postura común sobre los pedidos de licencia social.

En los últimos días se hicieron públicas numerosas expresiones en contra de la decisión de Rinconadillas y por esa razón, con la firma de su presidente y otras 44 personas, la comunidad emitió un comunicado dirigido a las autoridades y representantes de las comunidades de la zona. “Solicitamos a las autoridades y miembros de las comunidades aborígenes, incluidas sus comisiones directivas y órganos de comunicación y representación, abstenerse de continuar efectuando publicaciones, declaraciones, acusaciones, escraches, amenazas y requerimientos que de manera absolutamente improcedentes, agravian y difaman a los integrantes de nuestra comunidad”, señala el primer párrafo. 

Además, solicitaron que “se dirijan hacia esta comunidad con el respeto, seriedad, formalidad, pericia y profesionalidad de rigor”. 

La comunicación tiene otras consideraciones y pone en la superficie que el debate sobre la actividad está vivo y genera profundas diferencias hacia adentro y afuera de los pequeños pueblos de la Puna jujeña, un escenario que también se repite en esta región del lado salteño, frente a un Estado casi ausente en políticas educativas, de salud e infraestructura para estas poblaciones.

ED/DTC