El Gobierno del presidente Javier Milei anunció este miércoles el envío al Parlamento del proyecto de la 'ley de hojarasca' para derogar 70 normas que considera “obsoletas” y simplificar así el sistema legal.

Según informó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger en un comunicado, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley de Derogación de Legislación Obsoleta, que denominó 'ley hojarasca'.

De acuerdo con el comunicado, esta iniciativa está “orientada a ordenar el sistema normativo argentino mediante la eliminación de leyes que han perdido vigencia práctica, coherencia o compatibilidad con los principios constitucionales”.

Entre las normas que el Gobierno impulsa eliminar se incluyen leyes que fueron superadas por legislación posterior, como una ley de 1864 que prohíbe castigos corporales ya vedados por la Constitución nacional.

Según indicó el Gobierno, también se incluyen leyes que “han quedado obsoletas por el avance tecnológico, el desarrollo económico o el paso del tiempo”, como una norma del siglo XIX que incentiva la explotación de carbón u otra de 1973 que exige la aprobación del Congreso para “innovaciones” en la transmisión televisiva.

Asimismo, el Ejecutivo quiere eliminar normas que, a su juicio, afectan libertades individuales, como las que establecen penas de prisión para quienes promuevan sanciones contra el Estado argentino, normas que habilitan mecanismos indirectos de control sobre la prensa, que regulan contenidos culturales o permiten la intervención estatal en reuniones privadas.

El Gobierno busca terminar con disposiciones que habilitan controles sobre formas de circulación, como el requisito de un 'carné de mochilero', o medidas sanitarias como el ingreso obligatorio en un hospital de personas con lepra.

A esto se suman leyes que han quedado vacías de contenido al referirse a organismos que ya no existen.

“En total, la iniciativa propone la derogación de más de 70 leyes. El criterio rector es que el derecho debe funcionar como una herramienta para garantizar la libertad y no como un mecanismo de restricción innecesaria”, añadió el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

EFE

 “Obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores” o “temas de escasa relevancia”. Con esos argumento, el Gobierno Nacional presentó hoy el proyecto de Ley Hojarasca, que busca eliminar leyes que desde su óptica “limitan las libertades” de los ciudadanos o “trámites inútiles que incrementan o generan costos”.

Muchas de ellas fueron aprobadas durante gobiernos militares, como una del período de  Alejandro Lanusse que obligaba a difundir determinado tipo de música, y también en períodos democráticos, como la ley de 1974 que establecía el carnet del mochilero.Se trata de un conjunto de 63 leyes, además de artículos de otras cinco, que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que“limitan la libertad individual y que restringen el derecho de propiedad” y provocaron “costos inútiles para los contribuyentes”. Son, según detalla el proyecto, “normas que contribuyeron a la decadencia de la Argentina en el pasado”.

Según el ministro, quien en su cuenta de X anunció el envío al Congreso de la llamada ley Hojarasca, la iniciativa “promueve la seguridad jurídica y remueve los obstáculos para el desarrollo personal y el conjunto del país”. En rigor, la mayor parte de las leyes no se aplican en la práctica.

La ley consta de nueve artículos con un listado de un conjunto de seis tipos de leyes que se pretenden dejar sin efecto, figuran en primer lugar leyes que fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas.

“Los derechos no requieren leyes. Nuestra Constitución Nacional establece una serie de derechos fundamentales que son inherentes a las personas”, dice el texto entre sus argumentos, y agrega que “lamentablemente, las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX, revirtieron ese paradigma e impusieron la visión de que para la ‘adquisición’ de un derecho era necesaria una ley que otorgara ese derecho”.

La ley Hojarasca es uno de los principales proyectos de Sturzenegger, quien viene impulsando la idea desde el comienzo de la gestión libertaria.

El proyecto –que ya fue enviado al Congreso– incluye también una ley del Gobierno de Juan Domingo Perón que “impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país”, o la ley 18312 del Gobierno militar de Juan Carlos Onganía que “el Estado intentaba limitar la libertad de expresión al controlar la disponibilidad de papel de diario”.  

Otra norma que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que “obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal”.   

Otra de las que se deroga es la ley 20959 del gobierno de Isabel Perón por el cual se otorgaba a los legisladores libre circulación y libre estacionamiento que, para Sturzenegger, “hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”. 

También se intenta eliminar la ley 20983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.

Según un gráfico compartido, las leyes a derogar se distribuyen de la siguiente manera:

Con información de Noticias Argentinas y Parlamentario.

El flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, negó tensión con su par de Economía, Luis Caputo, con quien tuvo diferencias bajo el gobierno de Mauricio Macri, a la vez que anticipó sus primeras medidas desregulatorias. 

“Súper bien, no nos rozamos y tenemos una relación excelente”, contestó el funcionario en declaraciones a radio Mitre, y amplió: “Tenemos una excelente relación y trabajo y personas. El Presidente ha delimitado excelente las competencias y en lo personal estoy feliz y tenemos mucho para trabajar en conjunto”.

Para Sturzenegger, Javier Milei “tiene ideas muy fuertes y transformadoras”, y llevará adelante sus objetivos a través de “dos herramientas: el DNU 70/23 y la Ley Bases, que representan sólo el 20%” de las reformas estructurales la administración planea implementar.

Por otra parte, anticipó que el miércoles se anunciará la reforma aerocomercial que liberará las restricciones en la materia y dio detalles de la Ley de Hojarasca en la que trabaja. 

“Se hizo un trabajo de revisión de todas las leyes donde te encontrás cada cosa…En la época de los militares, para ellos sacar leyes era muy fácil. Era una persona detrás del escritorio y listo”, señaló.

En la misma línea, el ministro contó: “Se acumularon una serie de leyes que no son muy operativas. Para ellos era muy importante el manejo de las palomas mensajeras, todavía hay una ley que regula el control de las palomas en la Argentina. Es casi como una limpieza”.

Asimismo, sostuvo que buscará reflotar algunos capítulos de La Ley Bases -a la que calificó como “un hito”- que el Gobierno decidió no incorporar “para no dilatar la discusión”. De esta forma, el Gobierno avanzará en una reforma en la educación, donde se busca aplicar un examen al finalizar el secundario y en la modernización de la Justicia. 

También habló del arancelamiento universitario para extranjeros no residentes.

En la misma línea, aseguró que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, busca tratar el proyecto que contempla los juicios por jurados, entra otros cambios en su área. 

“Hay una agenda de algunos pequeños paquetitos más chicos que fueron discutidos y habrá cosas más puntuales. Nos escucharán llevando al Congreso una reforma de la ley de factura de crédito electrónica”, completó. 

Por último, explicó sus intenciones de implementar un “examen de ingreso para poder trabajar en el Estado”, al detallar que en la actualidad “hay un proceso de selección, digamos que son ”concursos“... pero o quiero que sea un examen objetivo, donde lo superas y estás habilitado para entrar a la administración pública; debe ser anónimo y objetivo, para que no pueda ser manipulado ni de un lado ni del otro”

Con información de agencias.

IG