El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró hoy la “emergencia en materia salarial” ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del 40% durante el primer semestre del año y la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con el Gobierno.

En los considerandos de la resolución, el Consejo Superior, órgano de gobierno de la UBA, integrado por el rector, los decanos, profesores, graduados y estudiantes, manifestó su “preocupación por la jerarquización de la actividad, incluyendo la justa retribución por la tarea realizada, y respalda el reclamo salarial de los trabajadores y las trabajadoras no docentes, de manera permanente”.

Además, señaló que “en lo que va del corriente año el poder adquisitivo de los salarios de sus trabajadores ha registrado una pérdida real en torno al 40%”. Por lo tanto, se dispuso “declarar la emergencia en materia salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes de esta Universidad en todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”.

Desde el comienzo del presente año las representaciones gremiales docentes y no docentes –APUBA y ADUBA– llevaron adelante un reclamo constante sobre esta situación.

El 4 de julio se emitió un comunicado en conjunto entre las representaciones gremiales docentes y no docentes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina, marcando la alerta de la crítica situación que se está atravesando en materia salarial en todo el sistema universitario nacional.

El reclamo por la recomposición salarial del sector fue una de las consignas centrales de la masiva Marcha Federal Universitaria realizada el pasado 23 de abril.

El Consejo Superior de la UBA suspendió el 15 de mayo la emergencia presupuestaria declarada el pasado 10 de abril tras llegar a un acuerdo con el Gobierno nacional que garantiza el funcionamiento operativo de la institución.

El Gobierno nacional llegó a un acuerdo con las universidades nacionales en torno a la actualización por inflación de los gastos de funcionamiento, que representan el 10% del presupuesto universitario. Sin embargo, no hubo acuerdo en la paritaria, donde el Ministerio de Capital Humano negocia con los gremios el porcentaje de actualización de los salarios de docentes y no docentes, que representan el 90% restante del presupuesto. La situación afecta a las universidades públicas de todo el país.

Desde que asumió el gobierno Javier Milei, las universidades públicas mantienen un conflicto por el presupuesto y el recorte a los gastos destinados a la educación superior. A principios de abril, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), difundió un informe en el que mostró que las universidades nacionales enfrentan el nivel más bajo de financiación desde hace más de un cuarto de siglo como consecuencia de la decisión tomada por el Gobierno de prorrogar el presupuesto 2023 para el sector pese a que la inflación interanual se situó en marzo por sobre el 270%.

El punto más álgido de esa pelea ocurrió el 23 de abril cuando miles de personas se manifestaron en todo el país en defensa de la universidad pública. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, se movilizaron más de 800 mil personas.

CRM