La implementación del Régimen Simplificado de Ganancias, bautizado por los despachos oficiales como “Inocencia Fiscal”, ha dejado de ser solo una reforma impositiva para convertirse en un foco de sospechas. Es que cada vez se suman más mileístas a los benficios fiscales que autorizó esta ley. Desde el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger hasta el exdiputado José Luis Espert –investigado por lavado de dinero–, y el jefe de Gabinete Mabuel Adorni, tal como informó elDiarioAR.

A la lista se suman ahora el actual titular de ARCA, Andrés Vázquez, y el principal ideólogo y redactor de esta normativa, quien fue Juan Pazo, actual secretario de Planeamiento y Desarrollo Productivo.

La controversia estalló al comprobarse que el propio Pazo figura en la lista de los primeros altos funcionarios del Poder Ejecutivo en inscribirse para recibir los beneficios del sistema que él mismo diseñó, según detalla el medio Letra P.

El esquema, concebido originalmente bajo la premisa de simplificar la carga impositiva y presumir la “buena fe” de los contribuyentes, restringe severamente la capacidad de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Al ampararse en este régimen, los funcionarios logran que el Estado asuma la carga de la prueba ante cualquier inconsistencia tributaria, limitando las auditorías por “discrepancias significativas”.

La conexión con ARCA y el blindaje patrimonial

La revelación cobra un impacto político aún mayor al cruzarse con la situación de Andrés Edgardo Vázquez, el jefe de ARCA colocado por Javier Milei al frente del organismo recaudador.

Vázquez, quien también se acogió al régimen de “Inocencia Fiscal”, arrastra un complejo frente penal en los tribunales federales de Comodoro Py, donde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y el juez Marcelo Martínez de Giorgi investigan presuntos departamentos ocultos en Miami valuados en más de dos millones de dólares a través de firmas en las Islas Vírgenes Británicas.

Esta coincidencia entre los diseñadores de la ley y los encargados de aplicarla es lo que motivó la fuerte denuncia pública del periodismo de investigación. En sus redes sociales, el periodista Ari Lijalad expuso la asimetría del escenario.

El proyecto de ampliación y el debate ético

Lejos de retroceder ante los cuestionamientos, la Casa Rosada ratificó el rumbo impositivo. El Poder Ejecutivo envió recientemente al Congreso un proyecto de ley destinado a ampliar la “Inocencia Fiscal”, buscando eliminar por completo los topes de ingresos y los límites patrimoniales que imponía el texto original de Pazo.

De aprobarse esta reforma, los beneficios de fiscalización laxa se extenderán a los mayores patrimonios del país, consolidando legalmente la estrategia a la que ya recurrieron las máximas autoridades del área económica y fiscal de la Nación para resguardar sus propias declaraciones juradas.