Eduardo Castellanos sobrevivió al secuestro y detención ilegal de la Policía Bonaerense en enero de 1976. Soportó torturas y vejámenes en diferentes campos de concentración de la provincia de Buenos Aires. Compartió cautiverio con militantes como Jorge Julio López y Nilda Eloy. En 2006, miró a los ojos al que fue el exjefe de la Bonaerense Miguel Echecolataz y declaró en su contra en el juicio que lo condenó a prisión perpetua. Ese año, volvió a sufrir la desaparición de su amigo, Jorge Julio López. 

Eduardo tuvo miedo, desesperanza. Sin embargo, continuó exponiendo su testimonio en varios juicios contra delitos de lesa humanidad de la última dictadura. Pero hoy, un martes de fines de agosto en el anexo 1 de la Legislatura bonaerense, en medio de la presentación de un proyecto de ley para que el Ministerio de Seguridad bonaerense deje de financiar la defensa legal de los policías acusados por delitos de violencia institucional, Eduardo luce derrotado. Trajo una bandera que no encuentra cómo colgar en la sala. “Ayudame, Miriam”, le dice a la señora que lo acompaña. La bandera, finalmente, se despliega. Tiene una foto y un nombre: “Andrés Núñez, primer desaparecido en democracia”. Núñez fue secuestrado y torturado por cuatro policías bonaerenses el 27 de septiembre de 1990. Miriam era la esposa de Andrés en ese momento. “Hace 32 años que pedimos justicia”, le dice a elDiarioAR.

A un costado, Mabel Valdez, hermana de Sofía Fernández, una mujer trans de 39 años que apareció muerta el 11 de abril de 2023 en la celda de la comisaría 5° de Derqui, también intenta colgar una bandera. Es larga y blanca. En el centro, se lee: “Justicia por Sofía Fernández. Fue transfemicidio”. 

Hay 16 policías bonaerenses implicados en la muerte de Sofía. Luego de que la Dirección de Asesoría Letrada del ministerio de Seguridad de la provincia pusiera abogados y peritos, el número se redujo a nueve. Quedaron detenidos. En junio, sin embargo, los efectivos fueron liberados y ya se encuentran prestando servicio. 

La versión policial dice que Sofía se quitó la vida en la celda. La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR demostró que uno de los peritos que defendió la hipótesis del suicidio participó en otros tres casos de muertes por ahorcamiento en destacamentos bonaerenses. Los abogados de las víctimas, incluido el de Sofía, sostienen que hay pruebas concluyentes que demuestran que fue un homicidio. “A Sofi la torturaron hasta matarla”, le dijo Mabel a elDiarioAR. “A los policías le pusieron peritos y abogados desde un principio. A nosotros, el Estado nos olvida”, afirmó Mabel. Al caso de Sofía podrían sumarse los de Daiana Abregú (2022), Mauricio Castillo (2023) y Marcos Portela (2024), investigados por la Unidad de Investigación (UDI).

Los familiares de Néstor Costilla, presuntamente asesinado por tres oficiales durante una irregular detención el 7 de octubre de 2020, mientras Costilla circulaba con su moto por la ciudad de La Plata, acaban de entrar a la sala. Daiana, hermana de Néstor, no conoce a Mabel. Pero pronto se fundirán las dos en un abrazo. “Los abogados de los policías que mataron a mi hermano nos bastardearon desde un primer momento”, dijo Daiana. Se sientan en la primera fila y llevan remeras con la cara de Néstor. 

El proyecto de ley busca derogar la financiación de los abogados y peritos de los policías involucrados en diferentes delitos a través de la Dirección de la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad. Fue redactado e impulsado por el legislador provincial Guillermo Kane. “No queremos reformar a la policía provincial, sino que se acote la desigualdad entre víctimas y victimarios”, aseguró Kane. “Hay informes como el que hicieron en elDiarioAR en base a la Comisión Provincial por la Memoria que demostraron un aumento letal en las muertes dentro de las comisarías bonaerenses”, expuso el legislador del Partido Obrero. 

“El Estado provincial acompaña y financia muchas veces a policías acusados por delitos contra derechos humanos básicos”, advirtió Kane. Respecto al acompañamiento del proyecto por parte de otros sectores políticos, el diputado señaló que se han invitado a otras fuerzas a formar parte del mismo, pero que no han mostrado un interés genuino. “El oficialismo en la provincia se presenta como un partido muy progresista, pero sostuvo a Sergio Berni y su doctrina represiva. Hoy lo continúa a través del ministro, Javier Alonso”, señaló el legislador, quien citó a Alonso a dar explicaciones al Congreso provincial ante una investigación de elDiarioAR que demostró las irregularidades en torno a los supuestos suicidios en las dependencias policiales. 

La diputada nacional Vanina Biasi también formó parte de la presentación. “La desigualdad en relación con la defensa que obtienen aquellos que cometen delitos desde el aparato del Estado es muy grande”, destacó Biasi, quien acompañó a Mabel y su lucha por la búsqueda de justicia en el transfemicidio de su hermana desde un primer momento. “Mabel no recibió ninguna asistencia por parte del Estado, mientras que los nueve policiales involucrados en el asesinato de Sofía en la comisaría de Derqui contaban con asistencia legal y técnica”, denunció la diputada. Y agregó: “El gatillo fácil forma parte estructural de la policía bonaerense. En la vida cotidiana, este proyecto acota esa preeminencia que hoy tienen las fuerzas policiales”, remarcó Biasi.

Rodrigo Pomares, director del Programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión por la Memoria (CPM), quien formó parte de la presentación del proyecto, explicó que el Estado “no construye información respecto a las muertes en comisarías”. “El hermetismo en cuanto a las cifras de letalidad policial atenta contra la democracia. Y no es por una cuestión de falta de eficiencia que no las dice, sino por decisión”, señaló Pomares. 

Desde el 2012, la CPM registró una muerte por ahorcamiento por mes, entre otras causas de fallecimiento, dentro de las estaciones policiales. Respecto a la defensa de los oficiales con recursos provinciales, el integrante de la CPM recordó que no siempre fue así. “En la modificación del estatuto policial de 2008, que impulsó en su momento el gobernador Daniel Scioli, se estableció este privilegio. Con lo cual, se podría eliminar algo que finalmente fue un derecho regresivo”, detalló Pomares.

FLD/ED/JJD

A partir de las revelaciones de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos aires, Javier Alonso, podría ser citado ante la cámara de Diputados bonaerense para rendir explicaciones por los ahorcamientos en las comisarías del distrito, principal causa de muerte en dichas dependencias policiales.

El presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y Violencia Institucional de la cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Kane (Partido Obrero - Frente de Izquierda) solicitó que Alonso sea interpelado por los diputados con el fin de obtener información no sólo sobre las muertes por ahorcamiento en las comisarías bonaerenses, sino también sobre las investigaciones en torno a esos supuestos suicidios y el relevamiento pertinente de los casos por parte del Ministerio.

Kane aseguró a elDiarioAR que “el elevado número de muertes informadas como suicidios por ahorcamientos muestra que estamos frente a un método de encubrimiento sistemático”. “Que esto surja por una investigación periodística o el impulso de organismos de derechos humanos y no como información del Ministerio muestra que una vez más se ampara desde el poder a la Bonaerense”, señaló el diputado del Partido Obrero a este medio. 

Abogados y peritos forenses le detallaron a la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR que las investigaciones judiciales en torno a los ahorcamientos “están plagadas de irregularidades”. Este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del Ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Sin embargo, no hubo respuesta. 

elDiarioAR consultó varias veces a una fuente del Ministerio, quien rechazó enfáticamente que la estadística sostenida de un fallecimiento al mes por una ahorcadura o causa desconocida fuera “importante”. “Desde la provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos en que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio.

En esa línea, Kane apuntó contra la Justicia ante la falta de respuesta. “Cuando una práctica se extiende tanto en el tiempo y acumula tantos casos evidentemente es porque hay una matriz de impunidad, donde los fiscales juegan un rol y donde ya tenemos una doctrina de varios gobiernos de no investigar los hechos graves que puedan cometer policías”, puntualizó el diputado provincial.

Otro punto que le preocupa al legislador es la financiación de abogados y peritos por parte del Ministerio de Seguridad a los policías implicados en muertes bajo su propio cuidado. “Es muy grave la disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires de defender a los policías bonaerenses con sus recursos, con profesionales, incluso cuando están acusados de llevar adelante delitos aberrantes”.

En ese sentido, Kane dijo que se encuentran preparando la presentación de un proyecto de ley que plantee que no se puedan usar los recursos de la provincia de Buenos Aires para defender a los policías acusados de delitos en el ejercicio de su función. 

La razón que impulsa este proyecto, explicó Kane, es el reciente juicio contra los policías implicados en el caso de Sofía Martínez, una mujer trans que fue hallada muerta en la comisaría Quinta de Pilar en 2022. La versión policial confirma su supuesto suicidio. “Nueve de los diez policías que participaron de alguna manera de su abuso, de su asesinato o del encubrimiento fueron liberados luego de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia pusiera abogados, peritos, psicólogos y un montón de otros profesionales a disposición para esto”, señaló el titular de la Comision de Libertad de Expresión y Violencia Institucional de la Cámara de Diputados de la Provincia. 

La UDI comprobó que un mismo perito forense de la Policía Bonaerense participó en cuatro casos de supuestos suicidios, incluyendo el de Sofía Martínez. En los cuatro, el médico y funcionario de la cartera de seguridad, defendió la hipótesis policial del suicidio. Los abogados que representan a las familias de los cuatro víctimas le confirmaron a este medio que hay sobradas pruebas para demostrar lo contrario.

Este no es el primer pedido de informe que el legislador provincial presenta para obtener información o respuestas del ministerio de Seguridad. “Hemos presentado múltiples pedidos de informe e interpelaciones sobre estos temas. En particular cuando Sergio Berni era ministro”, afirmó Kane. “No hay una costumbre de atender estos pedidos”, agregó. “Las bancadas del oficialismo tienen por costumbre votar en contra de los pedidos de informe e interpelación, con lo cual no sólo no acuerdan con nuestras inquietudes sobre estos problemas, o sobre las familias afectadas, sino que ni siquiera con el derecho a la información”, aseguró el diputado.

En lo que va del año, al menos cuatro detenidos fueron hallados ahorcados en comisarías bonaerenses.

ED

José Camili tenía 19 años. En agosto de 1967, lo encontraron ahorcado en una comisaría de San Justo, provincia de Buenos Aires. El periodista y escritor Rodolfo Walsh narró brevemente su historia en la emblemática crónica “La secta del gatillo alegre”, publicada por entregas en el Semanario CGT de los argentinos, en 1968. “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomentan negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que contribuye a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados. San Justo, en ese sentido, es un lugar inconveniente cuya frondosa historia puede remontarse a 1957, con el picaneo de los gremialistas Mitjans, Ramos, Rodríguez y Amoroso”, escribió Walsh, en una investigación que reveló el accionar ilegal de la policía bonaerense en distintas localidades.

Aquella “ola de suicidios” en los calabazos que detalló el escritor de Operación Masacre hace 56 años volvió a golpear con fuerza en 2022. Durante ese periodo, como refleja esta investigación de la Unidad De Investigación (UDI) de elDiarioAR, trece detenidos fueron hallados ahorcados en diferentes comisarías de Buenos Aires, la cifra más alta de los últimos diez años. La mayoría de esas dependencias no estaban habilitadas para alojar personas. Además, la investigación judicial de muchos de esos supuestos suicidios ─confirman abogados de derechos humanos y peritos forenses que hablaron con este medio─ estuvieron plagadas de “irregularidades”. 

Entre los ahorcamientos de 2022 se encuentra el de Daiana Abregú, una madre de 26 años que el 5 de junio de ese año fue encontrada muerta en una celda de la comisaría de la localidad de Laprida. Como refleja su historia, la detención de Daiana, tras salir de un boliche, fue “arbitraria”. “No había razones para apresarla. Estaba caminando sola por la vía pública”, señaló Augusto Infante, director de litigio de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Tras su muerte, distintos departamentos de la policía bonaerense participaron de la investigación del caso, violando así la Resolución 1.390 del Ministerio Público provincial. El dictamen exige, entre otras medidas, apartar a la fuerza de seguridad sospechada del crimen. 

El cuerpo de la joven, además, se preservó en una morgue de la policía provincial y los exámenes de su primera autopsia ─denunció la CPM─, no respetaron el Protocolo de Minnesota para muertes bajo custodia estatal.  Daiana era la única detenida aquella mañana en la dependencia cuando, horas después de su aprehensión, tres policías la encontraron “ahorcada” con las mangas de su campera de jean. Cuatro de los cinco oficiales implicados en su muerte volvieron a trabajar en la fuerza bonaerense. Sólo una efectiva será juzgada por “incumplimiento del deber” en el cuidado de Daiana. 

En 1968, Walsh no solo contó la presunta “ola de suicidios” en las dependencias bonaerenses, sino también describió las torturas y vejaciones que se realizaban dentro. Desde el uso de picanas eléctricas hasta los manejos espurios de los comisarios a cargo. La UDI de elDiarioAR reveló algo similar en la comisaría de Laprida. Dos vecinos que prefirieron no dar sus nombres contaron a este medio que fueron torturados por personal policial con la metodología del “submarino seco”, una modalidad de sumisión que consiste en la asfixia con una bolsa plástica en la cabeza. 

Juan Pablo Guzmán, vecino lapridense, también denunció que en 2020 fue torturado dentro de la dependencia con golpes y tormentos. “Les sacaron la tapa a sus linternas y me quemaron con el foco prendido”, narró Guzmán, cuyo testimonio fue presentado ante la fiscalía de la ciudad. Uno de los oficiales señalados en su denuncia fue imputado dos años después por el caso de Abregú. Además, en 2003, la dirección de Asuntos Internos de la provincia tenía previsto llegar a la ciudad para revisar una serie de expedientes y documentación sensible guardada en el destacamento. El 21 de julio de ese año, como detalla el Diario Popular de esa fecha, un “depósito con documentación y otros elementos” se incendió. En la foto del hecho un bombero mira a cámara, mientras señala biblioratos de carpetas carbonizadas. En agosto de 2003, el peritaje de esa investigación determinó que el fuego se originó de forma “intencional”. En la noticia figura que el excomisario de la estación separado por el caso de Daiana estaba presente cuando las llamas se avivaron. “El incendio se originó voluntariamente sobre los libros y biblioratos”, concluyó el peritaje.

El pasado 5 de junio, la familia de la joven hizo una marcha por el segundo aniversario de su muerte en Laprida en las inmediaciones del destacamento. Su hermana, Nahiara Abregú, de 19 años, le contó al elDiarioAR que distintos oficiales reprimieron a su familia durante esa jornada. Nahiara, sin embargo, sueña con entrar a la fuerza bonaerense para que no se repita lo de su hermana. “No la cuidaron como deberían. Lo dice hasta la justicia”, contó la joven 

Desde 2012, al menos una vez por mes, una persona aparece ahorcada (88 casos) o muere por “causas desconocidas” (74 casos) en una dependencia policial de la provincia de Buenos Aires, entre otros fallecimientos que ocurren dentro de las comisarías bonaerenses. Muchas de esas estaciones policiales, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la CPM ─elaborada mayormente con información provista por órganos judiciales de la Procuración, el Ministerio Público Fiscal de la provincia y la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad ─, no estaban habilitadas para alojar detenidos.

A nivel provincial, este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del Ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Al cierre de esta investigación, no hubo ninguna respuesta. Un vocero de ese organismo, sin embargó, ofreció una respuesta institucional frente a este reportaje: “Tu investigación no tiene sostén para la Justicia. Podes escribir como se hace casi siempre de todo y sin problemas para nosotros”.

Desde el  Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio. En ese sentido, el ministerio de Seguridad es quien se encarga de financiar a los abogados de los oficiales inicialmente imputados. El organismo también ofrece peritos forenses de parte para su defensa. elDiarioAR comprobó que un mismo médico ─empleado del ministerio de Seguridad provincial─ participó como perito de parte en al menos cuatro casos de ahorcamientos en comisarías que presentan irregularidades. El mismo médico sostuvo en diferentes instancias periciales que Alejandro Martínez (2021), Daiana Abregú (2022), Nahuel Tasori (2023) y Sofía Fernández (2023) se quitaron la vida mientras estaban detenidos.

Los casos de ahorcamientos en dependencias provinciales relevados por este medio coinciden en su escena inicial: los arrestos de los fallecidos fueron irregulares, las dependencias no estaban habilitadas para alojar personas y no había otros detenidos al momento de su muerte.

De José Camili a Marcos Portela

Así como Walsh relató el ahorcamiento de José Camili de 19 años en 1967 en una comisaría de San Justo, la UDI investigó el caso de Marcos Portela, de 18 años, en Moreno.  Según la versión policial, Marcos fue hallado colgado del tragaluz de su celda el lunes 5 de febrero en el destacamento N°8 del barrio de Las Catonas. El joven había salido de un boliche el sábado por la mañana junto a sus amigos cuando fue detenido por el supuesto robo de un celular. Lo alojaron en una celda de la dependencia. La misma estaba inhabilitada: no debió ser apresado allí.

Ana Córdoba, mamá de Marcos, contó que el mismo sábado, tras enterarse de la detención de su hijo y llegar al destacamento, un policía “vestido de civil” le pidió dinero para liberarlo antes de que lo “empapelen”. Es decir, antes de blanquear su ingreso en la comisaría a través de la fiscalía de turno. “Me pidió $150.000 para largarlo”, precisó la madre. “Pero llegué a juntar solo $115.000”, aseguró. En un cuarto privado de la comisaría, Ana le entregó el dinero, pero el supuesto policía no liberó a Marcos. “Me dijo que yo no le di nada y que me iba a hacer una denuncia por extorsión”, relató la madre.

Florencia Brandan, de 36 años, apresada un día después que Marcos en otra celda de la dependencia, fue la última persona en verlo con vida. “Me dijo que lo rociaban con un matafuego”, contó Florencia, quien también señaló que le vio “marcas de golpes en la espalda”. La exdetenida, además, denunció apremios ilegales contra su persona. “Me molieron a golpes adentro”, confesó. El policía que encontró al joven declaró que ese lunes había llegado “tarde” a la estación “por problemas familiares”.

Entre las pertenencias de Marcos que la policía le devolvió a su mamá estaba el supuesto celular robado. Era de una amiga de su hijo, pero los oficiales nunca le creyeron al momento de arrestarlo. “Parecía un chiste”, recuerda Ana. 

elDiarioAR intentó consultar a Ismael Castro, actual secretario de Seguridad de Moreno, por las denuncias contra la comisaría N°8, pero no obtuvo respuesta. También contactó al fiscal Jonatan Lay de la UFI N°7 de Moreno, a cargo del caso de Marcos, pero se negó a hacer declaraciones sobre su hipótesis de investigación. Asimismo, este medio intentó nuevamente hablar con el ministerio de Seguridad de la provincia por el caso del joven de 18 años, pero no obtuvo respuesta. 

Las mismas comisarías

La localidad de Lomas del Mirador también forma parte de la crónica de Walsh. El 15 de septiembre de 1967 ─narra el periodista del Semanario CGT de los argentinos─ dos oficiales de esa jurisdicción hirieron de gravedad a una mujer que pasaba junto a ellos, luego de que se les “escapara” una ráfaga de disparos. 

Un domingo 17 de abril de 2023 en la misma localidad, Mauricio Castillo salió de su casa por la mañana a comprar facturas cuando fue detenido por un patrullero. Lo acusaban de un presunto robo que nunca se comprobó. Al día siguiente, en la celda de la comisaría N°2 de Lomas del Mirador, un oficial lo encontró ahorcado con su propio buzo. Esa misma jornada, mientras su cuerpo era trasladado a la morgue de Lomas de Zamora, la ambulancia agarró un supuesto “bache” que hizo que la cabeza del cuerpo de Mauricio se golpeara contra los fierros de la camilla. La UDI comprobó que la testigo de “oído” que confirmó esa situación en las actas policiales es una oficial bonaerense. Además, la ambulancia iba escoltada por un móvil bonaerense con dos efectivos de la misma localidad, algo prohibido por el Protocolo de Minnesota. 

La primera autopsia se hizo finalmente en la morgue de Lomas de Zamora. Los resultados, señala el abogado de la familia Gabriel González Craham, fueron “muy escuetos” y no describieron con exactitud algunos de los exámenes realizados.

“El informe exigía inferir muchas cosas y no llega a ninguna conclusión”, explicó el abogado. Además, destacó que “no se tomaron muestras de la herida en la cabeza”, dando por hecho que ocurrió luego de la muerte de Castillo. Con este escenario, el abogado solicitó una nueva autopsia con un perito de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. La misma se hizo el 9 de junio de 2023 en la Asesoría Pericial de La Plata, donde sí se puso el foco en analizar el golpe en la cabeza, a fin de comprobar si la herida fue causada antes o después de la muerte de Castillo.

Entre las medidas que impulsó en su momento la fiscal del caso, Karina Licalzi, se encontraba el pedido del celular de la víctima a fin de construir un “perfil psicológico” de Castillo. “Siempre quieren buscar que la víctima es un suicida en potencia”, afirmó Craham.

El escritor de El caso Satanowsky y ¿Quién mató a Rosendo? finalizó la entrega de su último reportaje en el semanario con un listado de las últimas muertes y torturas causadas por la policía bonaerense durante los primeros meses de 1969. 

Actualmente, podría repetirse ese escenario: el 8 de febrero de 2024, tres días después del caso de Marcos Portela en Moreno, Donato Antonio de Gregorio, de 55 años, fue hallado colgado en la comisaría N°1 de Merlo. El 23 de marzo, Jorge Guana, un albañil de 41 años, fue detenido y alojado por un supuesto robo en una comisaría de Bernal Oeste. A las pocas horas, lo encontraron ahorcado en su celda. Su familia niega la versión de un suicidio. El 22 de junio, según informaron medios locales, un joven de 36 años apareció con un lazo anudado a su cuello en la celda de una dependencia de la localidad de 9 de Julio.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

La pregunta la desarmó por completo. Aquel 9 de abril de 2024 era una mañana agradable en la Escuela de Policía Juan Vucetich de Olavarría, una ciudad húmeda de la pampa bonaerense. A través de los ventanales, el sol iluminaba la cara de Nahiara Abregú, de 19 años, sentada con las manos sobre su regazo frente a una psicóloga de la institución. Era su último examen para formar parte de una de las escuelas de policías más antiguas y numerosas: la de la provincia de Buenos Aires. No había tenido problemas en las otras pruebas: salud (“apta”), físico (“apta”), teórico (“apta”). Ahora, el escritorio de la psicóloga la separaba de su sueño de convertirse en una oficial bonaerense. Entonces, sucedió lo imprevisto: “¿Qué pensás de los policías involucrados en la muerte de tu hermana?”, indagó la especialista. Lo que siguió para la joven aspirante fueron respuestas que no convencieron, el rechazo para entrar a la fuerza (“no apta”) y un largo camino de regreso a Laprida envuelta en lágrimas. Antes de partir, sin embargo, Nahiara vio a sus compañeros de ingreso celebrar juntos la admisión a la escuela. Esa imagen bastó para convencerla: volvería a intentarlo. Lo haría por su hermana.

El 5 de junio de 2022, Daiana Abregú, de 26 años, apareció ahorcada en la celda de la comisaría de Laprida. Su historia, como contó la Unidad De Investigación (UDI) de elDiarioAR en el especial Custodia Letal, estuvo plagada de irregularidades. Desde su detención, mientras caminaba sola tras salir del boliche El Castillo, hasta su encierro en una comisaría inhabilitada para alojar detenidos, el caso se convirtió en uno de los más paradigmáticos sobre muertes bajo custodia de la Bonaerense. Como señalaron abogados de derechos humanos y peritos forenses a este medio, la misma policía de la provincia sospechada del crimen de Daiana participó en distintas dirigencias en la resolución del caso.

Además, no se respetó el Protocolo de Minnesota en la primera autopsia de Daiana, que establece cómo deben ser las investigaciones en muertes potencialmente ilícitas en manos de las fuerzas de seguridad. Entre sus principales características ordena ciertos estándares para la preservación del cuerpo y el análisis posterior de las autopsias forenses.

Cinco oficiales fueron detenidos y acusados por el presunto homicidio de Daiana. Sin embargo, tras dos años de una investigación a cargo del fiscal Ignacio Calonge ─criticado por la querella por impulsar una pesquisa “superficial” y “tendenciosa” a favor de la hipótesis policial del suicidio─ la Justicia dictaminó que la joven se habría quitado la vida, ahorcándose con su propia campera, apenas unas horas después de su detención por una contravención. 

Los efectivos acusados fueron liberados y cuatro de ellos ya se reincorporan a la fuerza bonaerense. Sólo una de las policías aguarda un juicio por incumplimiento del deber en el cuidado de Daiana, la única detenida en toda la comisaría al momento de su muerte. Su caso, como demuestra esta investigación de la UID, no fue el único en 2022. Ese año, según números de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), 13 personas aparecieron ahorcadas en diferentes dependencias de la provincia de Buenos Aires, la cifra más alta en los últimos diez años. 

En lo que va de 2024, este medio registró al menos cuatro casos con esa metodología de muerte en comisarías bonaerenses. Uno de ellos, el de Marcos Portela, también investigado por la UDI, presenta irregularidades similares a las de Daiana: detención arbitraria, destacamento inhabilitado y muerte con la policía como único testigo.

Nahiara Abregú tenía 17 años cuando su hermana fue hallada muerta. Pero desde los 15, al menos, desea ser oficial bonaerense. 

La otra hermana

Desde muy chica, Nahiara le decía a su mamá Laura que quería entrar al Ejército. No sabía bien por qué. La vocación de servicio. La desmesura de su presencia en los desfiles. Las armas. Todo eso junto. “Pero después me fue llamando más la atención la policía. Creo que es algo que te nace”, dijo Nahiara, un jueves de junio desde Laprida. Está parada delante de la comisaría donde hace dos años murió su hermana. Viste un buzo amarillo y el pelo largo, lacio, que cubre sus hombros. 

Nahiara recuerda bien aquel 5 de junio de 2022. Sus padres le avisaron en el living de su casa que Daiana había muerto. “Como que algo se me desconectó y quedó todo en silencio. No pude escuchar más”, recordó la joven. Las Abregú son seis hermanas, pero ellas tenían una conexión especial. “Éramos muy compinches. Nos gustaba salir a bailar y jugar a la pelota. Casi jugamos enfrentadas, si no ocurría lo que pasó”, contó. Una semana después de su muerte, los equipos de fútbol femenino de Laprida de ambas hermanas iban a enfrentarse en un partido. Daiana jugaba en la primera del Club Lilán. Nahiara había sido recién convocada al primer equipo de Platense. “A veces me imagino como hubiera sido ese partido”, afirmó Nahiara, entre risas. 

La muerte de Daiana la afectó. Durante un año se “encerró”. Abandonó su último año de secundario y casi no salía de su casa. Sin embargo, con el avance de la investigación judicial y la mediatización del caso, Nahiara se fue convenciendo de algo: “No me importaba si se había suicidado o la mataron, la cuestión es que estaba bajo el cuidado de la policía y no cumplieron su deber”, aseguró la joven. Fue entonces que lo decidió. Entraría a la fuerza bonaerense. “No me gustaría que a otros detenidos les pase lo de Daiana”, agregó Nahiara. “Quiero ser policía para ayudar a la comunidad. Me gustaría llegar a ser comisaria”, dijo.  

Jóvenes y policías

Ana Passarelli es socióloga y autora del libro La Local: un estudio de jóvenes (y) policías en Quilmes. La especialista entrevistó a veinte jóvenes policías de lo que en su momento fue la Policía Local, un proyecto de seguridad urbana que se lanzó en 2015 en toda la provincia de Buenos Aires, pero que finalmente terminó absorbiendo la Bonaerense al poco tiempo. 

Entre las motivaciones de los jóvenes aspirantes para entrar a la fuerza, Passarelli destacó tres aspectos: la influencia familiar, la vocación de servicio y el acceso a un empleo estable y en blanco. “Muchos ingresantes vienen de trabajos informales y estratos populares. Pasar a formar parte del Estado es una garantía laboral atractiva”, puntualizó la socióloga a elDiarioAR. Otro factor de ingreso que señaló Passarelli es la posibilidad de entrar, luego de haber sido rechazado de otras fuerzas. “Muchos oficiales bonaerenses fueron rechazados inicialmente de la Federal, dado que tienen requisitos y exigencias diferentes”, evaluó la investigadora. Sin embargo, la especialista enfatiza en que actualmente los jóvenes policías priorizan tener un empleo que “les permita también disfrutar su vida privada, sin pensar tanto en la vocación de servicio”. 

Asimismo, el antropólogo y miembro del Grupo de Estudios en Policía y Fuerzas de Seguridad de la Universidad de Quilmes, Tomás Bover, puntualiza que en contextos de crisis económica como los actuales, crecen las inscripciones para entrar a las diferentes fuerzas de seguridad. “Más allá de que muchos puedan identificarse con la cuestión ideológica del monopolio de la violencia, el mercado laboral está más limitado. La promesa de un trabajo estable seduce por sobre otras motivaciones”, aseguró Bover a elDiarioAR. 

Sin embargo, el investigador señaló que actualmente los municipios tienen “enormes problemas” para reclutar nuevos agentes. “Hoy la Bonaerense tiene 90 mil integrantes cuando hace unos años tenía 30 mil policías menos”, apuntó el especialista. “Se agotó la fuente de reclutamiento”, agregó Bover. “Las nuevas formas de trabajo, como las aplicaciones o el cuentapropismo pusieron en tensión la capacidad de captación de aspirantes nuevos por parte del Estado”, sostuvo el antropólogo.

La comisaría de Laprida

El 5 de junio se cumplieron dos años de la muerte de Daiana. Su familia hizo una marcha en las inmediaciones de la comisaría. Pegaron carteles y cortaron calles. Al igual que durante la marcha del primer aniversario, fueron reprimidos. “Le pegaron a mi hermana más chica”, aseguró Nahiara. 

Los hechos de violencia por parte de la dependencia no son nuevos. Como contó la UDI de elDiarioAR, previo a lo sucedido con Daiana, hubo denuncias por vejaciones y golpizas dentro de la comisaría. Además, en 2003, la dirección de Asuntos Internos de la provincia tenía previsto llegar a la ciudad a fines de julio para revisar una serie de expedientes y documentación sensible del destacamento. El 21 de julio, como detalla el Diario Popular de esa fecha, un “depósito con documentación y otros elementos” se incendió. En la foto del hecho un bombero mira a cámara, mientras señala biblioratos de carpetas carbonizadas. 

En agosto de ese año, el peritaje de esa investigación determinó que el fuego se originó de forma “intencional”. En la noticia, figura que el excomisario de la estación separado por el caso Daiana estaba presente cuando las llamas se avivaron. “El incendio se originó voluntariamente sobre los libros y biblioratos”, concluyó el peritaje.

Nahiara aclaró que ella no tendría problema en trabajar con los policías que estuvieron involucrados en la muerte de su hermana. “Creo que es a ellos a quienes les molestaría”, afirmó. “La Justicia dijo que mi hermana se suicidó. Pero también que no la cuidaron”, agregó. El año próximo volverá a intentar entrar a la Policía Bonaerense. “Para que no le vuelva a pasar a nadie lo que le sucedió a mi hermana”.

FLD/ED

Un patrullero de la Policía Bonaerense estacionó en la puerta de su casa a las cuatro de la mañana. Aquel lunes 5 de febrero de 2024, Ana Córdoba, de 34 años, se vistió como pudo y subió al vehículo. La habían llamado desde la comisaría N°8 del barrio bonaerense de Las Catonas, en Moreno, para que se acercara lo más rápido posible. Su hijo Marcos Portela, de 18 años, estaba detenido en esa dependencia desde hacía dos días por el supuesto robo de un celular. Pero a Ana nadie le explicaba qué pasaba con su hijo. Ni por teléfono ni en el auto policial rumbo a la comisaría. Lo único que la distraía a Ana esa madrugada calurosa de febrero era ver a través del vidrio las formas extrañas del follaje de los árboles a toda velocidad. 

El ahorcamiento es la principal causa de muerte en las comisarías bonaerenses, como informó este domingo la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en su primera entrega del especial Custodia Letal. Sólo entre 2022 y 2023, hubo 20 ahorcamientos en comisarías de la provincia de Buenos Aires, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la Comisión Provincial por la Memoria y la Tortura (CPM).

Desde 2012, al menos una vez por mes, una persona aparece ahorcada o muere de “causas desconocidas” en una comisaría bonaerense.

Un adolescente de José C. Paz

“Hijo, hijito, lo que te hicieron lo van a pagar, Marcos, te amo hijo, me lo mataron”, mensaje de Ana Córdoba en su estado de WhatsApp, sábado 11 de mayo.

A Marcos le encantaban las bicicletas y las motos. Se trasladaba en ellas a su trabajo en una vidriería, al club, a lo de su novia. “Las arreglaba con los ojos cerrados. Siempre se las arregló para aprender solo”, dijo Ana Córdoba, un sábado de junio, a elDiarioAR. Está sentada en el comedor de su casa, un pequeño departamento en un segundo piso de la localidad de José C. Paz. Marcos y Mara ─la segunda hija, de 15 años─, crecieron en esta localidad, pero se mudaron varias veces dentro del mismo barrio. Ana lo cuenta con resignación, cubriéndose la cara con las manos.

El 12 de abril de 2023, recordó, empezó su calvario de mudanzas “forzadas”. “Nos quedamos en la calle ese día. Unos vecinos nos vivían hostigando y me había cansado de denunciarlos en la policía”, afirmó la madre. Esos vecinos se dedicaban a la venta de droga y no toleraban que ella los denunciara, dijo. La saña de los de “al lado”, sin embargo, empezó a centrarse en Marcos. “Les molestaba todo. Que si Marcos ponía música, que si se juntaba con los amigos, que si arrancaba la moto. Todo”, explicó Ana. 

Fue una tarde de 2023 cuando Ana se asustó más que otras veces. Marcos había salido de su casa con su bicicleta, pero no llegó a subirse. Un vecino se le acercó y lo amenazó de muerte con una cuchilla. “Ahí dije nos vamos de acá”, contó la madre. Primero consiguieron un alquiler por Facebook, pero los estafaron y nunca pudieron entrar. Después fueron a la casa de los padres de un novio de Ana, pero la convivencia fue imposible. Luego se dividieron. Marcos se fue con su padre, quien estaba internado en un centro de rehabilitación por problemas de consumo. “Lo dejaron quedarse ahí unas semanas por intermedio de su papá”, sostuvo Ana. Pero no era un sitio adecuado para un adolescente. Marcos, por último, se acomodó en lo de su novia.

La falta de vivienda, sin embargo, no fue lo único que su hijo tuvo que atravesar. En 2023, él y sus amigos tuvieron una pelea con otros jóvenes arriba de un tren. La riña terminó con una acusación contra Marcos por un supuesto robo que no se comprobó. El joven tenía entonces 17 años. Una jueza de menores lo obligó a ver una vez por semana a una psicóloga en “El Vallecito”, un Centro de Referencia para adolescentes en la localidad de San Martín. “Amaba ir a terapia. Le hacía muy bien”, dijo Ana. “Por eso cuando los policías me dijeron lo que le pasó en la comisaría no les creí nada”, afirmó. 

No recuerda mucho aquella madrugada del 5 de febrero, cuando llegó a la comisaría de Las Catonas, en Moreno. Sólo que la recibió Román Porta, asistente de la Unidad Fiscal N°3 de esa localidad, quien le dio la noticia de que su hijo se “había quitado la vida”. Ana también recuerda que buscaba a los gritos a su hijo en la dependencia. Gritaba su nombre, le pedía que viniera. Que apareciera para irse juntos a su casa en José C. Paz. Pero nada de eso ocurrió. “No les creí nada”, dijo Ana. “Mi hijo podría ser medio rebelde, pero sería incapaz de hacer algo así. Nunca se quitaría la vida”, reiteró la madre. La última vez que había visto a Marcos fue el viernes cuando el joven salió a bailar con sus amigos a Ikki Club, un popular boliche de Moreno.

Detención irregular

El sábado 3 de febrero de 2024, por la mañana, luego de que Marcos y sus amigos salieran del boliche en Moreno, se acercaron hasta un puesto de comida. En ese instante ─relató su madre─, un patrullero llegó hasta el puesto y detuvo a Marcos y a un amigo suyo de 15 años. Los acusaban de haber robado un celular. Ambos fueron detenidos y trasladados a la dependencia del barrio de Las Catonas. Su amigo, por ser menor de edad, fue liberado a las pocas horas. Marcos, en cambio, fue apresado en una celda.

La dependencia bonaerense estaba inhabilitada para alojar detenidos, según un informe cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “El protocolo indica que tendría que haber estado detenido un máximo de seis horas en esa comisaría”, explicó Jésica Brigandi, abogada de la secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la municipalidad de Moreno, en diálogo con elDiarioAR. Marcos estuvo dos días detenido antes de aparecer colgado del tragaluz del techo de su celda. Pero esa no sería la única supuesta irregularidad que cometería el personal policial de Las Catonas durante el fin de semana.

Ana afirmó que el mismo sábado, tras enterarse de la detención de su hijo y llegar al destacamento, un policía “vestido de civil” le pidió dinero para liberarlo antes de que lo “empapelen”. Es decir, antes de blanquear su ingreso en la comisaría a través de la fiscalía de turno. “Me pidió $150.000 para largarlo”, precisó la madre. “Pero llegué a juntar solo $115.000”, aseguró. En un cuarto privado de la comisaría, Ana le entregó el dinero, pero el supuesto policía no liberó a Marcos. “Me dijo que yo no le di nada y que me iba a hacer una denuncia por extorsión”, relató Ana. Genesis Charras, tía de Marcos, presenció ese momento entre Ana y el presunto policía de civil. “Jugaron con la desesperación de una madre. ¿Quién no hubiese hecho lo mismo que Ana?”, se preguntó Charras.

elDiarioAR intentó consultar a Ismael Castro, actual secretario de Seguridad de Moreno, por las denuncias contra la comisaría N°8, pero no obtuvo respuesta. También consultó sobre este mismo punto al ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero al cierre de esta investigación aún no había respuesta del organismo. Una fuente del mismo ministerio rechazó enfáticamente que la estadística de un fallecimiento al mes por ahorcamiento o causa desconocida en comisarías bonaerenses fuera “importante”. “Desde la provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.

Denuncias de tormentos

Florencia Brandan, de 38 años, fue detenida el domingo 5 de febrero y alojada en la misma comisaría que Marcos. Su detención también fue irregular. La dependencia es sólo para varones. “La tendrían que haber alojado en otra comisaría. Es una falta grave”, retomó Jésica Brigandi, abogada de la secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la municipalidad de Moreno. Aquel domingo, el joven de 18 años le hizo llegar un cigarrillo a Florencia, por intermedio de una oficial de turno.

Florencia logró verlo tras salir por un momento de su calabozo, mientras no había vigilancia policial. “Me dijo que lo mojaban durante las mañanas y que lo rociaban con un matafuego”, señaló la exdetenida a elDiarioAR. También plateó dudas sobre el supuesto suicidio: “Para mí no llegaba a colgarse del techo. Era muy alto para hacer un nudo que lo aguante”, comentó. Florencia, además, sostuvo que sufrió vejaciones contra su persona en la dependencia. “Me molieron a golpes adentro. En Catonas siempre pasa lo mismo. Te meten a los buzones y te dan con todo”, dijo a este medio. Aseguró que no hizo la denuncia por miedo. Florencia fue liberada a las 6 de la tarde del domingo. Fue la última persona que vio a Marcos con vida.

El oficial Diego Balmaceda lo encontró colgado en la primera hora del lunes 5 de febrero. En su declaración, el oficial admitió que debía haber ingresado a las 19 horas del día domingo, pero se atrasó “por motivos familiares”. En cambio, llegó a las 00:20 del lunes. Ni bien empezó su servicio, le tocó hacer tareas de imaginaria. Es decir, la vigilancia regular de los apresados. En ese momento, expuso el efectivo, encontró a Marcos. 

La causa judicial

La causa por la muerte de Marcos estuvo investigada inicialmente por la fiscal Luisa Pontecorvo, de la Unidad Fiscal N°3 de Moreno. No es el primer supuesto suicidio en una comisaría que investiga la fiscal. Nicolás Gómez había sido apresado por una denuncia de violencia de género el 20 de junio de 2022. Cuatro días más tarde, apareció colgado en una celda de la dependencia N°4 de la misma localidad. Su familia, desde un primer momento, negó que Nicolás se quitara la vida. La causa también había quedado a cargo de Pontecorbo.

Silvia Cansino, secretaria de Derechos Humanos de Moreno le afirmó a elDiarioAR que la investigación del caso Gómez “no respetó los protocolos básicos” para muertes en contexto de encierro. Distintos abogados de derechos humanos y peritos forenses explicaron que la falta de investigación para estos casos es “habitual”. elDiarioAR intentó en varias ocasiones hablar con Pontecorvo, pero no obtuvo respuesta.

María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y abogada de Ana en el caso de su hijo, confirma que en el caso de Marcos los protocolos “se respetaron correctamente”. “Se aplicó la Resolución 1.390 y se apartó a la Policía Bonaerense para la recolección de pruebas. Tampoco vemos irregularidades en la autopsia, donde se hizo en base al Protocolo de Minnesota”, señaló la abogada. Sin embargo, esto no excluye a la Bonaerense de haber cometido presuntos delitos. “Creemos que hubo una falta grave en su cuidado por parte del personal policial”, agregó Verdú. Cuando lo encontraron ahorcado, Marcos era el único detenido en una comisaría que no tenía permitido alojar detenidos. Su caso coincide en algunos puntos con otros, como el de Daiana Abregú y Mauricio Castillo, cuyas historias también abordó la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR. 

Actualmente, el caso del joven de José C. Paz es investigado por la fiscalía N°7 de Moreno, a cargo de Jonatan Lay. Este medio intentó hablar con el fiscal sobre la hipótesis de su investigación, pero en la fiscalía se negaron a hacer declaraciones. Fuentes de ese departamento judicial, sin embargo, señalaron que la versión policial del suicidio es la que se “está siguiendo” en la causa.

Paula Farini, psicóloga de Marcos, ve “muy extraño” el supuesto suicidio. “Era un pibe lleno de vida. Con proyectos. Había pasado por situaciones estresantes, como cualquier adolescente, pero en ningún momento lo noté deprimido”, señaló la psicóloga. “Era un poco rebelde, pero nunca mostró indicios de que quería autolesionarse ni estaba medicado. Creo que algo más pasó en esa comisaría”, concluyó la especialista.

“Mi hijo salió a bailar y me lo entregaron en una bolsa”, afirmó Ana. Alrededor de la comisaría de Las Catonas, todavía hay pintadas de un nombre que no deja de doler: “Marcos Portela”.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Nota: este artículo fue actualizado el 24 de julio de 2024 a las 12:07.

ED/DTC

El 2022 no fue un buen año para los policías de las comisarías del distrito de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. El 16 de marzo, en el destacamento N°4, un detenido murió por causas que no se precisaron. Cuatro días más tarde, otra persona falleció de igual forma en la estación policial N°7 de esa localidad. Mientras que el 21 de septiembre, los oficiales encontraron a un hombre de 56 años ahorcado en la celda de la comisaría N°8.

Los policías de la localidad de Ezeiza no están muy lejos de esa situación. También en 2022, dos detenidos se ahorcaron en diferentes comisarías de su jurisdicción, al mismo tiempo que otro falleció en una tercera dependencia por causas que no fueron informadas. La policía de Quilmes también sufrió la singular “ola” de supuestos suicidios que dejó un saldo de 13 ahorcados en las comisarías bonaerenses durante 2022, la cifra más alta de los últimos diez años. Dos decesos con esta última modalidad, además de una tercera por “causas desconocidas”, ocurrieron aquel año en la ciudad cervecera.

Sólo entre 2022 y 2023, hubo 20 ahorcamientos en comisarías de la provincia de Buenos Aires, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la Comisión Provincial por la Memoria y la Tortura (CPM), como informó elDiarioAR este domingo a través de su Unidad de Investigación (UDI), con el apoyo de CAPIR. Los mismos fueron informados como suicidios por los efectivos bonaerenses que encontraron los cuerpos en esas dependencias. Además, entre esos años, hubo otros ocho supuestos fallecimientos cuyas causas no fueron comunicadas al organismo de derechos humanos por parte de las autoridades judiciales y policiales.

Desde 2012, hubo al menos 88 muertes por ahorcamiento en comisarías bonaerenses y otras 73 por causas que no fueron informadas a la CPM. En el transcurso de este año, al menos cuatro detenidos fueron encontrados colgados en sus celdas.

De las 28 muertes ocurridas en los últimos dos años, al menos 17 fueron en comisarías clausuradas judicialmente o cauteladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es decir, destacamentos que no estaban en condiciones legales de alojar personas. En abril, según el último registro de la CPM, había 659 detenidos en 99 estaciones policiales clausuradas en la provincia.

Ahorcados

Muchas de estas muertes, sin embargo, presentan irregularidades que ponen en duda la versión policial del suicidio.

Para Rodrigo Pomares, abogado y director del programa de monitoreo territorial de violencia policial de la CPM, la cantidad de suicidios en lugares con vigilancia y control policial permanente como las comisarías es “preocupante”. “Hay personal policial abocado a esa única tarea y muchas veces no la cumplen”, señaló Pomares. “Incluso, cuando hay un único detenido en toda la dependencia, tampoco se lo supervisa”, agregó el abogado. Además, muchas de esas detenciones que terminaron en supuestos suicidios ─puntualizó Pomares─, ocurrieron en “circunstancias irregulares”.

Este último escenario que describe el integrante de la CPM ocurrió en los casos de Daiana Abregú (2022), Mauricio Castillo (2023) y Marcos Portela (2024), alojados en comisarías inhabilitadas o clausuradas. Al momento de su “ahorcamiento”, eran los únicos detenidos en las dependencias. La línea de investigación de los fiscales a cargo de sus casos coincidió siempre con la versión policial: los tres se quitaron la vida. 

“Vemos que las hipótesis de los fiscales se centran muchas veces en confirmar la hipótesis del suicidio y no en la de indagar todas las posibilidades desde el inicio del caso, como pueden ser el homicidio o la falta de cuidado del personal policial”, aseguró Pomares. Cinco oficiales fueron imputados brevemente de homicidio en el caso de Daiana Abregú ─la joven de 26 años que fue encontrada “ahorcada” con su campera en la comisaría de Laprida en 2022─ pero sólo una fue llevada a juicio por “incumplimiento de su deber” durante el cuidado de Daiana. El resto de los policías volvieron a trabajar en la fuerza bonaerense .

“Hay una débil o nula aplicación de protocolos básicos para muertes bajo custodia estatal, como el de Minnesota”, afirmó el abogado de la CPM. El protocolo de Minnesota es un procedimiento internacional para fallecimientos bajo custodia estatal al que Argentina suscribe y que establece cómo deben ser las investigaciones en muertes potencialmente ilícitas en manos de las fuerzas de seguridad. Entre sus principales características ordena ciertos estándares para la preservación del cuerpo y el análisis posterior de las autopsias forenses. En esa línea, el propio Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia impulsó en 2001 la Resolución 1.390, que exige a todas las fiscalías de la provincia “brindar especial importancia a hechos delictivos vinculados con torturados y apremios ilegales”. Además, establece el apartamiento inmediato del caso a la misma fuerza que está siendo investigada.

En los casos de Daiana Abregú y Mauricio Castillo la misma Policía Bonaerense participó con distintas tareas en la investigación de sus casos. En el caso de la joven de Laprida, el primer fiscal del caso, Christian Urlezaga, usó a la policía científica bonaerense para la recolección de pruebas en la comisaría. Luego, el cuerpo de Daiana fue preservado en una morgue de esa misma fuerza antes de realizarle la primera autopsia. La propia Bonaerense confirmó la versión policial del suicidio, pero luego fue impugnada por no respetar los protocolos establecidos. 

En el caso de Castillo, no hubo preservación del cuerpo en la ambulancia que lo trasladaba desde la dependencia de Lomas del Mirador ─donde fue hallado ahorcado a las pocas horas de su ingreso─ hasta la Asesoría Pericial de Lomas de Zamora. Según los oficiales de la División Morgue, la ambulancia, tras agarrar una cuneta, golpeó la cabeza de Castillo contra los fierros de la camilla, provocándole una herida cortante. El vehículo iba escoltado por un móvil de la comisaría bonaerense. Además, como demostró elDiarioAR este domingo, la testigo del supuesto golpe que sufrió el cuerpo es una efectiva de esa misma fuerza.

elDiarioAR consultó al ministerio de Seguridad, donde rechazaron enfáticamente que las estadísticas por ahorcamiento o causa desconocida fueran “importantes”. “Desde la Provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.

“Los fiscales no cumplen ni el Protocolo de Minnesota, ni la Resolución 1.390. O si lo hacen, es parcialmente”, señaló Augusto Infante, abogado y director del programa de litigio estratégico de la CPM. “Muchas dirigencias de esas mismas investigaciones las hace la policía de la provincia. No hay una rápida intervención por parte de los fiscales en el lugar del hecho, sino que muchas de sus acciones son delegadas a la misma fuerza sospechada, lo que dificulta el control de la escena del hecho”, dijo Infante. 

Las dificultades de los fiscales para apartar a la fuerza bonaerense ocultan, muchas veces, fines “prácticos”. “Trabajan con ellos todos los días”, destacó el abogado. “Incluso los usan para la resolución de otros casos que tienen a cargo, dado que es una fuerza de prevención del delito. También les sirve para enviar notificaciones básicas o para averiguar la dirección de los domicilios de los testigos”, agregó Infante.

Protocolos

Para los abogados de la CPM, la preservación de la escena del hecho es “crucial” a la hora de esclarecer lo sucedido con un detenido en una comisaría, donde ─muchas veces─ el único testigo es la propia policía. “Hay errores iniciales que, en este tipo de muertes, condicionan prácticamente toda la investigación”, remarcó Infante. Para Pomares, los fiscales se transformaron en unos “delegadores” de la tarea de investigación en la policía u otras fuerzas. Ese escenario, coincidieron tanto Infante como Pomares, favorece siempre a la versión policial. Al respecto, elDiarioAR se comunicó con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia para conocer su posición pero en el organismo declinaron hacer declaraciones.

La respuesta estatal a esta problemática, señalan los abogados, es nula. En sus informes semestrales, el MPF no registra la tipología de muerte en las comisarías provinciales ni sus circunstancias. De hecho, sus números respecto a las muertes en dependencias bonaerenses no coinciden muchas veces con los del organismo de derechos humanos. “Sus registros de violencia institucional responden a un criterio diferente que no compartimos”, contó Infante. “Un caso de gatillo fácil, por ejemplo, lo inscriben sólo si se inició una denuncia formal y fue tomada por una fiscalía que lo haya registrado de esa manera”, puntualizó el director del programa de litigio estratégico de la CPM. Y agregó: “El 90% de los casos por violencia institucional que computa el MPF se archivan o desestiman”. 

En estos casos, el ministerio de Seguridad bonaerense responde brindando representación legal a los oficiales involucrados en una muerte bajo custodia. El propio organismo financia la defensa de los policías a través de un patrocinio gratuito, como así también los peritos de parte encargados de analizar los exámenes forenses posteriores de las víctimas. elDiarioAR comprobó que el mismo médico, empleado del ministerio de Seguridad provincial, participó como perito de parte en al menos cuatro casos de ahorcamientos en comisarías que presentan irregularidades. El médico sostuvo en diferentes instancias periciales que Alejandro Martínez (2021), Daiana Abregú (2022), Nahuel Tasori (2023) y Sofía Fernández (2023) se quitaron la vida mientras estaban detenidos. En los cuatro casos, sostienen los abogados de cada víctima consultados por este medio, habría pruebas suficientes que demuestran lo contrario. “¿Por qué yo, siendo jubilado, tengo que salir a pagar un abogado y peritos de parte por la muerte de mi hijo y los policías que lo mataron tienen todo servido?”, se preguntó Ricardo Tasori, padre de Nahuel. 

elDiarioAR presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del ministerio de Seguridad un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012, como así también las causas de esos decesos. Al cierre de esta investigación, no obtuvo respuesta. 

El derecho de defensa de los policías implicados, afirmó el abogado Pomares, debe “estar garantizada por la defensa pública” y no en la financiación de letrados del mismo organismo que está siendo denunciado. “La misma órbita pública que luego puede ser condenada por violaciones a los derechos humanos es la que utiliza sus recursos para evitarlo a toda costa”, concluyó el integrante de la CPM.

En los casos relevados durante esta investigación, el organismo de derechos humanos intervino, en algunos casos, como particular damnificado de las víctimas, llevando adelante la querella de las familias. En otros, como en el caso de Marcos Portela ─detenido el 5 de febrero en una comisaría de Moreno y hallado ahorcado dos días después─, colaboró de forma lateral, solicitando algunas medidas de protocolo.

Incumplimientos

Más allá de que la investigación de la fiscalía coincida con la versión policial y concluya finalmente en que la muerte haya sido por un suicidio, para Pomares “hay otros delitos que deben ser investigados y juzgados”. “Desde la detención irregular hasta la falta de cuidado con el detenido, son acciones ilegales por parte de las fuerzas de seguridad que merecen ser esclarecidas”, afirmó el abogado.

La mayoría de las causas en las que se logra presentar pruebas concluyentes contra los policías son cuando intervienen organismos de derechos humanos como la CPM. “Pero no llegamos a estar en todos por una cuestión de magnitud”, dijo el abogado.

Desde 2012 hubo al menos 88 muertes por ahorcamiento en comisarías bonaerenses y otras 73 por causas que no fueron informadas a la CPM. Desde que comenzó 2024, al menos cuatro detenidos fueron encontrados colgados en sus celdas.

Vemos que las hipótesis de los fiscales se centran muchas veces en confirmar la hipótesis del suicidio y no en la de indagar todas las posibilidades desde el inicio del caso, como pueden ser el homicidio o la falta de cuidado del personal policial.

Rodrigo Pomares — abogado y director del programa de monitoreo territorial de violencia policial de la CPM.

Patrones y sospechas

Lo primero que le llamó la atención fueron los pelos de la víctima entre los barrotes de la celda. Virginia Creimer, perito forense especializada en delitos contra los derechos humanos y ex directora de la Dirección de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, había sido convocada en 2022 por la CPM como perito de parte en la causa de Daiana Abregú. Cuando analizó las imágenes de la escena del hecho ─un procedimiento habitual en su tarea forense─ algo la conmovió. Los pelos de Daiana estaban prolijamente situados entre los barrotes de la celda en donde había atado la campera de jean que supuestamente usó para ahorcarse. Además, entre las paredes del calabozo, había un mensaje de “despedida” supuestamente escrito por ella misma.

“Hacía mucho que no veía un caso así. Un montaje casi perfecto”, afirmó Creimer a elDiarioAR. La especialista lleva 30 años investigando hechos de violencia institucional. “El lugar del hecho estaba armado de tal manera que cualquier persona distraída pensaría que fue un suicidio”, explicó la perito. “Daiana tenía una contextura mínima. ¿Cómo le haces tres nudos a tu campera de jean, la atas a la reja de la celda y te colgás sin que nadie vea nada?”, se preguntó Creimer. 

Para la especialista, la fuerza bonaerense fue “sofisticando” las “escenas del crimen” con el tiempo. “La mutación que hubo desde el caso de Luciano Arruga es desestabilizante y grave”, señaló la perito. Se refiere al caso de Luciano Arruga, un joven de 16 años desaparecido durante cinco años, tras ser detenido y torturado en 2009 en una comisaría de Lomas del Mirador. La dependencia fue clausurada y trasladada a otra zona de la misma localidad. Allí, en 2023, fue encontrado ahorcado Mauricio Castillo. “Antes sacaban los cuerpos, ahora los dejan ahí un rato y después lo llevan rápido a las morgues para hacerles una autopsia favorable a la versión policial”, dijo la perito. “Hay casos que son calcados”, destacó. “Las muertes se producen rápidamente. A veces pasan sólo horas (desde el momento de la detención). Y la policía bonaerense actúa de forma irregular junto a fiscales que no investigan”, señaló Creimer. 

Fabián Quintero ─antropólogo, investigador y director del programa forense que se dicta en la Universidad de La Plata (UNLP)─ también fue convocado por la CPM en la causa de Daiana Abregú. Quintero se encargó del análisis de los modos de construcción de la información en la investigación por la muerte de la joven de Laprida. En especial, el antropólogo forense analizó la prueba mecánica que la Unidad de Criminalística de Alta Complejidad (UCAC) de la Policía Federal impulsó por pedido de la defensa de los policías imputados. En esa instancia, la UCAC confirmó que la campera resistía más de lo que la joven de Laprida pesaba, avalando la hipótesis del suicidio. Para Quintero, sin embargo, esa prueba “estuvo mal hecha”. “No se aplicaron los estándares internacionales para la metodología de su medición, como las normas ISO establecidas para las prendas”, explicó el especialista. En los informes de la UCAP, dijo Quintero, no se brindó una descripción detallada del método de ahorcamiento. “Solo se describe que el cuerpo fue encontrado sentado con una campera de jeans alrededor de su cuello, con tres nudos sujetos a la parte superior de la reja de la celda”, señaló el perito forense

El método de ahorcamiento, afirmó el antropólogo, debe coincidir con la causa de muerte, que en este caso se dirime entre la “asfixia mecánica por sofocación” (en el caso del asesinato) y la “asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca” (en el caso del suicidio). “Ellos hicieron una pantomima. Tomaron la prenda, enroscaron la parte de adelante y la parte de atrás de la manga, y solo hicieron tracción sobre la parte de arriba”, detalló Quintero. 

“La resistencia de una prenda es heterogénea. No en todos los lugares resiste de la misma manera”, profundizó el investigador. “Hay partes que son más sensibles que otras. Y esos lugares son los de la costura, la parte del sobaco. Porque allí no están soportados por la estructura de la trama de la tela, sino que son dos telas unidas”, agregó el investigador. Las pericias sobre la campera, concluyó Quintero, se hicieron sobre la parte más resistente de la misma, sin tener en cuenta la unión más débil de las costuras. “Nadie puede decir con exactitud qué extremos de la prenda usó la víctima para ahorcarse. Por eso era necesario que se midiera la resistencia de la misma desde diferentes tramos de la tela”, enfatizó el investigador.

Daiana tenía una contextura mínima. ¿Cómo le haces tres nudos a tu campera de jean, la atas a la reja de la celda y te colgás sin que nadie vea nada?

Virginia Creimer — perito forense especializada en delitos contra los derechos humanos y ex directora de la Dirección de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.

El antropólogo sostuvo, además, que las investigaciones se complejizan a medida que se suman “nuevas pericias” del cuerpo. “Primero porque no las están manejando los fiscales, sino las fuerzas de seguridad. Y lo otro que sucede es que los fiscales no tienen una visión integral de las mismas, sino que van descartando resultados periciales a medida que llegan otros nuevos”, finalizó el perito del caso Abregú. 

En la misma línea, la perito en criminalística del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Silvia Bufalini, aseguró que la preservación de la escena del hecho es “tan importante como la autopsia”. “Si vos tenes un relevamiento del lugar del hecho deficitario o irregular, la autopsia no va a ser concluyente”, afirmó. Bufalini participó en casos icónico de violencia institucional como el de los manifestantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados por la policía bonaerense en 2002 y el de Rafael Nahuel, un joven de la comunidad mapuche de Bariloche, muerto tras recibir un disparo por parte de un integrante de Gendarmería Nacional en 2017. “Si un fiscal no toma todos los indicios en el lugar del hecho, después confirmar si fue un suicidio o homicidio es algo temerario porque sólo va a ver la mitad de lo que realmente ocurrió”, sostuvo la perito. 

Respecto a las muertes por ahorcamiento, Bufalini ve improbable un montaje de las escenas por parte de la policía. “El 70% de las muertes por asfixia mecánica son efectivamente suicidios”, precisó la especialista. “Es muy difícil montar una escena sin que luego se compruebe lo contrario en las pericias”, señaló. “Si se trabajó bien la escena del hecho y la investigación se hizo respetando los protocolos correctamente, se debería poder demostrar si un ahorcamiento fue en realidad un homicidio”, remarcó Bufalini.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

El domingo 5 de junio de 2022 fue una mañana helada en Laprida, una ciudad de 12.000 habitantes a 450 kilómetros de Capital Federal. Daiana Abregú, de 26 años, caminaba sola por las calles, tras haber salido de El Castillo, un popular boliche de la zona. Vestía una campera de jean, remera blanca y unas zapatillas negras. A Daiana no le molestaba andar sin compañía por las calles vacías. Hacía muchas otras cosas sola. Iba a bailar, criaba a su hijo de tres años y planeaba irse a vivir con él a la ciudad de La Plata. Volver a empezar. También jugaba al fútbol: en el Club Atlético Lilán de Laprida era conocida por ser una jugadora “aguerrida”. Su actitud y tozudez, además, le eran reconocidos por familiares y amigos. De hecho, esa palabra ─actitud─ la llevaba tatuada en su cuello. A las 7 de la mañana, un móvil de la Policía Bonaerense frenó a su lado. Daiana no lo sabría, pero ese instante cambiaría su vida y haría que Laprida, la ciudad donde nació y se crió, se dividiera en dos.

Esa mañana, Daiana fue detenida por policías de la comisaría comunal de Laprida. La acusaban de generar disturbios en la vía pública. Fue trasladada y alojada en soledad en una celda de la dependencia. El destacamento tenía una denuncia por clausura: eso significa que no podía tener personas apresadas por más de seis horas. Daiana apenas estuvo unas horas más. Esa noche fue la única detenida. La joven fue encontrada ahorcada por tres oficiales bonaerenses de turno durante el mediodía de aquel domingo.

“Su hija se suicidó”, le dijo el entonces comisario de la estación, Marcelo Amaya, a los padres de la joven, horas después de hallarla sin vida. Los policías, sostuvo Amaya, encontraron a Daiana ahorcada en la celda con su campera de jean. Pese a practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP) —les narró el comisario—, no pudieron salvarla. Tampoco les dejaron ver el cuerpo: una ambulancia la estaba trasladando hasta la ciudad de Azul, a 160 kilómetros de Laprida, para realizar la primera autopsia.

Al día siguiente, la Asesoría Pericial de Azul determinó que Daiana se habría suicidado, avalando la hipótesis policial. Sin embargo, miembros de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), tras llegar a Laprida y asumir la querella en su calidad de particular damnificado, impugnaron esa autopsia por no respetar el Protocolo de Minessota, un procedimiento internacional que exige una serie de estándares para investigar muertes bajo custodia estatal, así como también la Resolución 1.390 de la Procuración provincial, en la que se exige el apartamiento de las fuerzas de seguridad presuntamente involucradas. Entre las irregularidades que se cometieron en la primera autopsia —señaló la CPM—, se encontraba la falta de tecnología necesaria para determinados análisis que se hicieron, como así también el uso de la policía científica de la provincia para recolectar pruebas que podrían comprometer a la misma fuerza de seguridad sospechada del crimen: la Bonaerense. El cuerpo de Daiana, además, se preservó en la morgue de esa misma fuerza.

El segundo fiscal del caso, Ignacio Calonje, titular de la Fiscalía de Delitos Especiales del Departamento Judicial de Azul, ordenó una segunda autopsia del cuerpo, tras insistencia de la CPM. La Asesoría Pericial de La Plata, por sugerencia del organismo, fue la encargada de llevar a cabo la tarea. Su conclusión ─amparada por nuevos informes que no se hicieron en la primera instancia─, determinó que Daiana presentaba heridas compatibles con signos de una “autodefensa” por sofocación. Además, el lazo de ahorcadura de su cuello mostraba señales de que la herida había sido realizada por “terceros”, descartando la hipótesis inicial del suicidio, de acuerdo con el informe de los peritos.

El fiscal Calonje, luego de esos resultados, imputó a cinco policías por homicidio y encubrimiento, además de ordenar su encarcelamiento de forma inmediata. Aquel giro en la causa, sin embargo, no duraría mucho. El fiscal, por pedido de la defensa de los efectivos, ordenó que un nuevo equipo pericial analice los resultados de las dos autopsias. El órgano encargado, esta vez, fue la Unidad de Criminalística de Alta Complejidad (UCAC) de la Policía Federal. El mismo ─criticó la CPM al conocer la decisión—, estaba compuesto en su mayoría por especialistas en criminología y médicos legistas, como psiquiatras, y no por perito forenses, acordes para estudiar los informes de la autopsia.

Los miembros de la UCAC rechazaron rápidamente las conclusiones de homicidio de la segunda autopsia y enfocaron su análisis en los aspectos psicológicos de Daiana. En su informe —que incluyó una recreación del supuesto suicidio en la celda de Laprida—, los expertos describieron a la víctima como una persona con una personalidad “inestable” y con problemas de consumo de drogas. La noche anterior a ser detenida, detalló la unidad especial, la joven había consumido alcohol y cocaína, por lo que un contexto de encierro, explicaron, pudo haber provocado “una crisis nerviosa que llevó a la joven a quitarse la vida”.

Además, en el peritaje de la campera de Daiana estuvo “mal medido”, afirmaron a elDiarioAR peritos de parte del organismo de derechos humanos CPM. “No se aplicaron los estándares internacionales para la metodología de su medición, como las normas ISO establecidas para las prendas”, aseguró el perito forense y antropólogo Fabián Quintero. Virginia Creimer, perito de parte de la CPM, reconstruyó la escena del hecho en la comisaría. “Hubo un montaje casi perfecto por parte de la policía”, señaló Creimer a este medio.

A pesar de que Abregú ya había sido detenida en otras ocasiones en esa comisaría, y que aquel domingo 5 de junio fue apresada por un delito menor como una supuesta contravención, el dictamen final de la Policía Federal no dio lugar a otra posibilidad: Daiana se suicidó. Con dos estudios que avalaban esta última hipótesis —primero el de la autopsia de la Asesoría Pericial de Azul; y ahora esta resolución de la fuerza federal— Calonje ordenó la libertad para los cinco oficiales bonaerenses. Pero la vía judicial aún no estaba terminada.

Tanto el abogado de la familia, Sergio Roldan, como la CPM, le exigieron al fiscal una tercera instancia pericial, dado que no reconocían a la primera autopsia —la de Azul— como válida, al no respetar los protocolos necesarios. Con ese escenario, donde había un informe como el de la Asesoría de La Plata, que decía que la joven fue presuntamente asesinada, y otro, el de la Federal, que concluía que Daiana se había quitado la vida, se requería una tercera opinión que reconfirme alguna de estas dos hipótesis. El órgano elegido por Calonje para la tercera instancia de análisis fue, finalmente, el Cuerpo Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este último órgano judicial, sin embargo, no dio lugar a los resultados de la segunda autopsia y cerró el caso como otro de los 13 supuestos suicidios que hubo en comisarías de la provincia en 2022. Tras dos años del caso, cuatro de los cinco policías imputados volvieron a trabajar como policías. Sólo una efectiva irá a juicio por la falta de cuidado hacia la única detenida de la dependencia que debía custodiar durante su turno, aquella fría mañana de junio.

Una fuente policial que trabajó en Laprida describió a los oficiales de entonces como “violentos” y dijo que las guardias de inspección de calabozos se “adulteraban”, tal como confesó una de las efectivas imputadas ante el fiscal. Dos vecinos que prefirieron no dar sus nombres contaron a elDiarioAR que fueron torturados por personal de esa comisaría utilizando la metodología del “submarino seco”, una modalidad de sumisión que consiste en la asfixia con una bolsa plástica en la cabeza. 

Juan Pablo Guzmán, vecino lapridense, también denunció que en 2020 fue torturado dentro de la dependencia con golpes y tormentos. “Le sacaron la tapa a sus linternas y me quemaron con el foco prendido”, narró Guzmán, cuyo testimonio fue presentado ante la fiscalía de la ciudad. Uno de los oficiales señalados en su denuncia fue imputado dos años después por el caso de Abregú.

El ministro de Seguridad bonaerense por aquel entonces, Sergio Berni, se refirió al caso de la joven en una conferencia de prensa que realizó en noviembre de 2022 en Olavarría, a pocos kilómetros de Laprida. Allí Berni defendió la actuación de sus policías. “Lamentablemente fue un suicidio. La primera autopsia lo demuestra”, concluyó el exministro, sin aludir a que en el primer examen pericial del cuerpo participaron funcionarios de la fuerza bonaerense, una acción vetada por el Protocolo de Minnesota y la Resolución 1.390 de la Procuración. El caso de Abregú fue tomado por Amnistía Internacional como un ejemplo de violencia institucional en el país. En la última marcha del 5 de junio por el segundo aniversario de la muerte de Daiana, la policía de Laprida reprimió a sus familiares.  

De las 200 investigaciones penales que se iniciaron por muertes bajo custodia estatal, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia desestimó o archivó 25, mientras que otras 175 se encuentran en trámite judicial. Sólo 12 causas de ese total se elevaron a juicio. “Las cifras de esos informes están sujetas a la voluntad de trabajar de los fiscales”, señaló Augusto Infante, director de litigio de la CPM. “Muchas denuncias no se registran como de violencia institucional, aún cuando les corresponde. Eso hace que para el MPF un departamento judicial pequeño como el de Azul tenga más casos que La Matanza”, explicó Infante.

Durante el primer semestre de 2023, hubo 917 procesos penales iniciados contra oficiales bonaerenses, según el último informe del MPF provincial. De ese total, 326 casos corresponden a hechos ocurridos en el ámbito de las comisarías. Además, detalla el MPF, 96 de esas investigaciones penales son por muertes en contexto de encierro. Siete decesos de ese total ocurrieron en dependencias policiales, mientras que otras cuatro sucedieron en hospitales, tras ser derivados desde comisarías. Para la CPM, en el primer semestre del año pasado hubo siete ahorcamientos y ocho fallecimientos por descompensación médica o causa desconocida. Es decir, cuatro muertes más que para el MPF. La diferencia en el número, explica Ariel Lede, analista de información en la CPM, se debe a que el organismo público sólo toma en cuenta las muertes con investigaciones penales iniciadas. “Nosotros incluimos, además, las denuncias de familiares y organizaciones que luego pueden convertirse en una causa judicial registrada para la Justicia”, señala Lede.

Laura Abregú, mamá de Daiana, dice estar “cansada” de tantos idas y vueltas con el caso de su hija. Cada vez que pasa por la comisaría de Laprida, a pocas cuadras de su casa, cierra los ojos por un momento. “La veo a Dai abrazando a su hijo, que la extraña mucho”, dice Laura. “Y me veo a mí, abrazándolo a los dos”.

Nota: este artículo se actualizó el 21 de julio de 2024 a las 11:28.

ED

Una soga improvisada de tela alrededor de su cuello lo mantenía suspendido. Atado a una pequeña hendija en el techo de su celda, el torso desnudo de Marcos Portela, de 18 años, apenas se balanceaba. Un cuerpo inmóvil, en soledad, a metros del suelo. Así lo encontró el policía bonaerense Daniel Balmaceda de la comisaría N°8 de Moreno en la madrugada del lunes 5 de febrero. Así también lo vieron las tías de Marcos horas más tarde, tras llegar a la dependencia policial junto a la madre del joven, Ana Córdoba. La última vez que Ana había visto a su hijo fue el viernes a la noche, cuando Marcos salió a bailar a un boliche de Moreno con sus amigos. Dos días después, en la madrugada del lunes, el fiscal de turno que llegó al destacamento les permitió ver el cuerpo todavía en el aire.

─Su hijo se ahorcó, señora ─, le dijo el funcionario judicial.

─A mi hijo lo mataron ─, respondió Ana.

Lo dijo aquella madrugada por primera vez en la comisaría de Las Catonas, pero Ana repetirá esa frase muchas veces. En marchas, en pintadas alrededor de las calles de la estación policial, en su humilde casa de la localidad de José C. Paz, la madre de Marcos defenderá hasta las últimas consecuencias que su hijo jamás se hubiese quitado la vida.

La hipótesis policial del supuesto suicidio de Marcos presenta supuestas irregularidades. Florencia Brandan, una mujer que estuvo detenida en una celda contigua a la de Marcos ─liberada antes de la muerte del joven─ denuncia que le vio marcas de golpes en el cuerpo. “Me dijo que lo habían rociado con un matafuegos”, señaló Florencia a elDiarioAR. Además, la joven, quien tampoco debió ser apresada en ese destacamento porque sólo es para masculinos, pone en duda la versión del suicidio. “No sé cómo hizo para llegar hasta el techo y hacer un nudo. Era complicado”, dice Florencia, quien también relató ante este medio agresiones contra ella dentro de la dependencia. La comisaría no estaba habilitada para alojar detenidos.

Desde 2012, al menos una vez por mes, una persona aparece ahorcada (88 casos) o muere por “causas desconocidas” (74 casos) en una dependencia policial de la provincia de Buenos Aires, entre otros fallecimientos que ocurren dentro de las comisarías bonaerenses. Muchas de esas estaciones policiales, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la Comisión Provincial por la Memoria y la Tortura (CPM) ─elaborada mayormente con información provista por órganos judiciales de la Procuración, el Ministerio Público Fiscal de la provincia y la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad ─, no estaban habilitadas para alojar detenidos.

Sólo entre 2022 y 2023, señala la CPM, hubo 20 ahorcamientos de detenidos que fueron informados como suicidios por los mismos efectivos bonaerenses de esas dependencias, además de otros 8 supuestos fallecimientos cuyas causas no fueron comunicadas por las autoridades judiciales y policiales. Asimismo, de esas 28 muertes ocurridas en los últimos dos años, al menos 17 fueron en comisarías clausuradas judicialmente o cauteladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es decir, comisarías que no estaban en condiciones legales de alojar personas. En abril de 2024, según el último registro de la CPM, había 659 personas detenidas en 99 estaciones policiales clausuradas. 

El suicidio por ahorcamiento es la principal causa de muerte en las dependencias policiales, seguido por las descompensaciones médicas de los detenidos. Sin embargo, las investigaciones judiciales en torno a esos fallecimientos bajo custodia estatal demuestran ─en muchos casos─, irregularidades que ponen en duda la hipótesis policial del suicidio. “Muchos fiscales ni siquiera se toman la molestia de respetar procedimientos básicos”, señala una fuente judicial del distrito Moreno-General Rodríguez, departamento con dos detenidos supuestamente ahorcados en 2022 y 2024.

Nicolás Gómez había sido apresado por una denuncia de violencia de género el 20 de junio de 2022. Cuatro días después apareció colgado en una celda de la comisaría N°4 de Moreno. Su familia, desde un primer momento, negó que Nicolás se quitara la vida. La investigación quedó a cargo de la fiscal Luisa Pontecorbo. Silvia Cansino, secretaria de Derechos Humanos de Moreno, le afirmó a este medio que la investigación en el caso de Gómez “no respetó los protocolos básicos” para muertes en contexto de encierro. Pontecorbo dirigió en un primer momento la investigación por la muerte de Marcos Portela. elDiarioAR intentó en reiteradas ocasiones hablar con la fiscal, pero no obtuvo respuesta. Lo mismo sucedió con Ismael Castro, actual secretario de Seguridad de Moreno.

El caso de Marcos, aseguró una fuente judicial de esa localidad con conocimiento del expediente, se está investigando “como un suicidio”, apartando de toda responsabilidad a la Policía Bonaerense.

A nivel provincial, este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del Ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Al cierre de esta investigación, no hubo ninguna respuesta. A su vez, elDiarioAR consultó con una fuente del mismo ministerio, quien rechazó enfáticamente que la estadística sostenida de un fallecimiento al mes por una ahorcadura o causa desconocida fuera “importante”. “Desde la provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.

Las muertes bajo custodia estatal que la Justicia bonaerense investiga, afirman distintos peritos forenses y abogados de derechos humanos consultados para este reportaje, no respetan muchas veces los protocolos o procedimientos previstos para esos casos. Ese escenario ─explican los distintos especialistas─, favorece siempre a la versión policial y deja a los familiares de las víctimas a la deriva, cerrando el caso como un suicidio y sin aplicar ninguna responsabilidad por falta de cuidado en los oficiales de turno.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos en que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio.

En 2022, hubo 1.610 procesos penales iniciados contra efectivos de esa fuerza. De ese total, 606 casos ocurrieron en comisarías. 

Asimismo, el informe arroja la cantidad de muertes en contexto de encierro. Ese año hubo 200 fallecimientos en cárceles y comisarías. Doce detenidos de ese total, informó el MPF, murieron en comisarías bonaerenses, mientras que otros nueve lo hicieron en hospitales, tras derivarlos desde diferentes comisarías. Según la CPM, en 2022 hubo 13 ahorcamientos dentro de las estaciones policiales ─la cifra más alta en los últimos diez años─, además de otras 8 muertes por descompensaciones médicas o causas desconocidas. El número total de casos, tanto del organismo público como el de derechos humanos, coinciden en 21 muertes. 

Los casos de ahorcamientos en comisarías bonaerenses relevados por este medio coinciden en su escena inicial: los arrestos de los fallecidos fueron irregulares, las dependencias no estaban habilitadas para alojar personas y no había otros detenidos al momento de su muerte. Es decir, los únicos testigos eran los policías de turno que debían velar por la seguridad de un solo apresado. Otra característica que comparten los fallecidos es el poco tiempo que permanecieron encerrados: apenas algunas horas en dos casos y dos días en un tercero. Ninguno de los tres, además, tenía antecedentes como paciente psiquiátrico o intentos de suicidio. En dos casos, los detenidos usaron sus propias prendas para ─según la versión policial─, quitarse la vida: un buzo y una campera. El tercero, señaló el personal policial que lo encontró, usó un trozo recto de tela de una toalla. 

En las tres muertes, la versión policial del suicidio fue la línea de investigación que siguieron los fiscales.

Daiana Abregú

Era una mañana fría aquel domingo 5 de junio de 2022 cuando Daiana Abregú, de 26 años, caminaba sola por las calles de Laprida, una ciudad de 12.000 habitantes a 450 kilómetros de Capital Federal. Había salido de El Castillo, un popular boliche de la zona. Criaba a su hijo de tres años, jugaba al fútbol y planeaba irse a vivir a la ciudad de La Plata. A las 7 de la mañana, fue detenida por policías bonaerenses. La acusaban de generar disturbios en la vía pública. Fue trasladada y alojada en la Comisaría Comunal de Laprida, dependencia que tenía una denuncia por clausura y no tenía permitido alojar personas. Unas horas más tarde, siendo la única detenida del destacamento, la joven fue encontrada muerta por tres oficiales bonaerenses de turno.

“Su hija se suicidó”, le dijo el entonces comisario de la estación, Marcelo Amaya, a los padres de la joven, horas más tarde. Los policías, sostuvo Amaya, encontraron a Daiana ahorcada en la celda con su campera de jean. Pese a practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP) —les narró el comisario—, no pudieron reanimarla. No les dejaron ver el cuerpo.

Al día siguiente, la Asesoría Pericial de Azul determinó que Daiana se habría suicidado, avalando la hipótesis policial. Sin embargo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), tras llegar a Laprida y asumir la querella en su calidad de particular damnificado, impugnó esa autopsia por no respetar el Protocolo de Minessota, un procedimiento internacional que exige una serie de estándares para investigar muertes bajo custodia estatal. Entre las irregularidades que se cometieron en la primera autopsia —señaló la CPM—, se encontraba la falta de la tecnología necesaria para determinados análisis que se hicieron, como así también el uso de la policía científica de la provincia para recolectar pruebas que podrían comprometer a la misma fuerza de seguridad sospechada del crimen: la Bonaerense. El cuerpo de Daiana, además, se preservó en la morgue de esa misma fuerza.

El fiscal del caso, Ignacio Calonje, tras insistencia de la CPM, ordenó una segunda autopsia del cuerpo. La Asesoría Pericial de La Plata, por sugerencia del organismo, fue la encargada de llevar a cabo la tarea. Su conclusión ─amparada por nuevos informes que no se hicieron en la primera instancia─, determinó que Daiana presentaba heridas compatibles con signos de una “autodefensa” por sofocación. Además, puntualizaron los peritos en su informe, el lazo de ahorcadura de su cuello mostraba señales de que la herida había sido realizada por “terceros”, descartando la hipótesis inicial del suicidio. Pero la Bonaerense intervino a través de abogados y el caso volvió a dar un giro, como puede leerse en esta nota.

Las muertes bajo custodia estatal desencadenaron 200 investigaciones penales, de las cuales, el MPF desestimó o archivó 25, mientras que otras 175 se encuentran en trámite judicial. Sólo 12 causas de ese total se elevaron a juicio. “Las cifras de esos informes están sujetas a la voluntad de trabajar de los fiscales”, señala Augusto Infante, director de litigio de la CPM. “Muchas denuncias no se registran como de violencia institucional, aún cuando les corresponde. Eso hace que para el MPF un departamento judicial pequeño como el de Azul tenga más casos que La Matanza”, explica Infante.

Durante el primer semestre de 2023, el último informe del organismo público arrojó que hubo 917 procesos penales iniciados contra oficiales bonaerenses. De ese total, 326 casos corresponden a hechos ocurridos en el ámbito de las comisarías. Además, detalla el MPF, 96 de esas investigaciones penales son por muertes en contexto de encierro. Siete decesos de ese total ocurrieron en dependencias policiales, mientras que otras cuatro lo hicieron en hospitales, tras ser derivados desde comisarías. Para la CPM, en ese primer semestre del año pasado hubo siete ahorcamientos y ocho fallecimientos por descompensación médica o causa desconocida. Es decir, cuatro muertes más que para el MPF. La diferencia en el número, explica Ariel Lede, analista de información en la CPM, se debe a que el organismo público sólo toma en cuenta las muertes con investigaciones penales iniciadas. “Nosotros incluimos, además, las denuncias de familiares y organizaciones que luego pueden convertirse en una causa judicial registrada para la Justicia”, señala Lede.

Mauricio Castillo

El lunes 17 de abril de 2023, a las dos de la mañana, una ambulancia trasladaba el cuerpo desnudo de Mauricio Castillo, de 42 años, a la morgue judicial de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. El cuerpo viajaba en custodia de un policía, integrante de la División Morgue Policial de La Matanza que, a su vez, es escoltado por un patrullero bonaerense.

Castillo, según la policía, se ahorcó el día anterior en una celda de la comisaría N°2 de Lomas del Mirador con su propio buzo. La dependencia no estaba habilitada para alojar detenidos. El oficial que lo encontró declaró en la causa que estaba “semicolgado” y “sin pulso”. En su relato, el policía “intenta reanimarlo” con el cuerpo todavía colgado. Dos detenidos habían sido liberados unas horas antes. Castillo estaba solo en la dependencia.

Pero, en la madrugada fresca del conurbano bonaerense, las versiones no importan. La única preocupación del oficial de la División Morgue Policial era entregar el cuerpo a la morgue. Para eso lo llamaron. Buscar y dejar un cuerpo “semicolgado”.

Algo, sin embargo, ocurrió. La cuneta en medio de la calzada mal iluminada, la ambulancia que no frenó a tiempo, un bache que hizo supuestamente golpear la nuca de Castillo contra los fierros fríos de la camilla. El hecho, en el acta policial, será relatado de esa forma por el oficial. Incluso la herida provocada por el supuesto golpe: “Un pequeño fluido rojo en la cabeza”, dijo en su declaración. Todo, además, será tomado hasta ahora tal cual lo contó el oficial: cuneta-golpe en la cabeza-sangre.

El oficial, en su declaración, tiene una testigo. Alguien que no presenció el hecho, pero sí lo escuchó de parte suya. Pero la testigo de “oído” del golpe en la cabeza del fallecido Castillo es una policía bonaerense en actividad, según confirmó a este medio con los registros de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) consultados. También lo ratificaron fuentes oficiales a elDiarioAR.

La primera autopsia se hizo en la morgue de Lomas de Zamora, un día después de la muerte de Castillo. Los resultados de la misma, señala el abogado de la familia, Gabriel González Craham, fueron “muy escuetos” y no describieron con exactitud algunos exámenes realizados.

“El informe exigía inferir muchas cosas y no llega a ninguna conclusión”, explicó el abogado. Además, destacó, “no se tomaron muestras de la herida en la cabeza”, dando por hecho que ocurrió luego de la muerte de Castillo. Con este escenario, el abogado solicitó una nueva autopsia con un perito de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. La misma se hizo el 9 de junio de 2023 en la Asesoría Pericial de La Plata, donde sí se puso el foco en analizar el golpe en la cabeza, a fin de comprobar si la herida fue causada antes o después de la muerte de Castillo.

Esos resultados se confirmaron el mes pasado. El peritaje señaló que la herida, efectivamente, ocurrió en la ambulancia. “Tenemos duda de que esté bien realizado y queremos poner un perito de parte para que analice los resultados”, señala Craham. Rodrigo Pomares, abogado de la CPM, explica que, aunque las pericias forenses apunten a un suicidio, las irregularidades en torno al caso son muchas. “No se descarta una hipótesis sólo por confirmar otra. El caso debe investigarse de forma integral. Y allí vemos muchos errores”, puntualiza Pomares.

Entre las medidas que impulsó en su momento la fiscal del caso, Karina Licalzi, se encontraba el pedido del celular de la víctima a fin de construir un “perfil psicológico” de Castillo. “Siempre quieren buscar que la víctima es un suicida en potencia”, retoma el letrado Craham.

Castillo había salido de su casa en Lomas del Mirador a comprar facturas para su familia por la mañana y fue detenido por la policía en un confuso episodio, en el que se lo acusó de un supuesto robo que nunca se comprobó. Por la tarde ese día, sin embargo, ya estaba muerto.

Tensiones en las investigaciones judiciales

“Cuando hay intervención tanto de la Subsecretaría de Derechos Humanos como la de organismos que trabajan la temática, hay una posibilidad mucho más certera de que la causa tome impulso”, explicó Ignacio Álvarez, director de políticas contra la violencia institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia. “Hay un déficit institucional muy evidente con respecto a las investigaciones por muertes en contexto de encierro”, destacó Álvarez, quien participó desde la Subsecretaría en los casos de Daiana Abregú y Mauricio Castillo.

Entre las falencias judiciales en las investigaciones por ahorcamientos, el funcionario destaca la “poca profundidad” con que se abordan. “Hay casos que se investigan parcialmente, dejando un escenario propenso para la versión policial”, detalló el director. Álvarez prefiere no particularizar los casos, pero señala que hay patrones “muy claros” que conducen, muchas veces, a la impunidad de los policías imputados.

Las autopsias para esas muertes, puntualiza el funcionario, suelen ser “muy deficitarias”. “Faltan profesionales capacitados en el Ministerio Público Fiscal (MPF) para llevar adelante esos exámenes forenses con mayor rigurosidad y que tienen como consecuencia resultados periciales endebles”. El poco uso de la tecnología y la falta de recursos, afirmó el funcionario, también impactan en las investigaciones. “La rápida descomposición de los cuerpos hace también que todo se dificulte a la hora de pedir otras reautopsias o exámenes”, dijo Álvarez. Para el funcionario, el MPF, muchas veces, tiene una inclinación “a no investigar cómo se debe”.

Desde la subsecretaría de Derechos Humanos trabajan en conjunto con el departamento de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad cada vez que investigan una muerte bajo custodia estatal. “Es una articulación positiva, que colabora a la hora de particularizar a los agentes, pero la tensión la tenemos con el Poder Judicial”, aseguró. “También buscamos una reparación para los familiares, que son las otras víctimas de la desidia judicial”.

Las familias

Laura Abregú, mamá de Daiana, no entendía por qué muchas personas le dejaron de hablar en Laprida cuando encontraron muerta a su hija. Hasta que se dio cuenta de que Laprida, tras ese hecho, quedó dividida. “Los que defienden a los policías por un lado y los que creemos que mataron a Daiana, por el otro”, afirmó Laura, desde su casa. “Dos años estuve en vilo esperando cada resultado de las autopsias. Que se mató, que la mataron. Que un fiscal pedía una cosa, un perito la otra. Yo sé que ella no se quitaría la vida”, dijo Laura. “Y nadie me va a convencer de lo contrario. Todos los 5 de junio vamos a salir a marchar por mi hija”, aseguró. En la última convocatoria, la policía de Laprida reprimió a la madre y a su familia.

Ricardo Tasori también perdió a su hijo en circunstancias similares. Nahuel Tasori, de 29 años, fue detenido el 27 de junio de 2023 en la comisaría 4ta de Tandil. Allí, aseguró su padre, lo “torturaron y golpearon hasta matarlo”. La policía, sin embargo, informó que murió en un hospital de esa localidad por una “sobredosis”. El fiscal del caso de su hijo es el mismo que el de Daiana Abregú: Ignacio Calonje. “Presentamos muchas pruebas de la paliza letal que recibió mi hijo y las ignora todas. Me dejó plantado varias veces y pedí hablar con él”, aseguró Ricardo. 

Noelia Donda, pareja de Mauricio Castillo, no puede dejar de pensar en aquella mañana de 2022 en que el padre de su hija salió a comprar facturas y, horas más tarde, apareció ahorcado en la comisaría N°2 de Lomas del Mirador. “Mi hija va a crecer sin su papá”, dice Donda. “Mauri nunca hubiera hecho algo así. No nos hubiera dejado en banda”, relata.

Ana Córdoba todavía espera que Marcos, su hijo de 18 años, entre por la puerta en su pequeña casa de José C. Paz y le haga algún chiste, como solía hacer cada vez que pasaba a visitarla. “Marquitos era un pibe lleno de vida. Era mi compañero. Salió a bailar y me lo devolvieron en una bolsa. Me llamaron de todos los ministerios para darme apoyo, pero nadie me escucha, a él lo asesinaron”, contó Ana.

Mientras se realizaba esta investigación, otras muertes por ahorcamiento ocurrieron en la provincia. El 8 de febrero de 2024, tres días después del caso de Marcos Portela en Moreno, Donato Antonio de Gregorio, de 55 años, fue hallado colgado en la comisaría N°1 de Merlo. El 23 de marzo, Jorge Guana, un albañil de 41 años, fue detenido y alojado por un supuesto robo en una comisaría de Bernal Oeste. A las pocas horas, lo encontraron ahorcado en su celda. Su familia niega esa versión. El 22 de junio, según informaron medios locales, un joven de 36 años apareció con un lazo anudado a su cuello en la celda de una dependencia de la localidad de 9 de Julio.

Son muchos. Al menos 88 ─desde 2012─ en la provincia de Buenos Aires. Podrían ser más. Los encuentran tarde. Cuerpos colgados, agazapados en la soledad de su celda, entre las sombras de un último suspiro.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Nota: este artículo se actualizó el 21 de julio de 2024 a las 11:15.

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