Eduardo Castellanos sobrevivió al secuestro y detención ilegal de la Policía Bonaerense en enero de 1976. Soportó torturas y vejámenes en diferentes campos de concentración de la provincia de Buenos Aires. Compartió cautiverio con militantes como Jorge Julio López y Nilda Eloy. En 2006, miró a los ojos al que fue el exjefe de la Bonaerense Miguel Echecolataz y declaró en su contra en el juicio que lo condenó a prisión perpetua. Ese año, volvió a sufrir la desaparición de su amigo, Jorge Julio López. 

Eduardo tuvo miedo, desesperanza. Sin embargo, continuó exponiendo su testimonio en varios juicios contra delitos de lesa humanidad de la última dictadura. Pero hoy, un martes de fines de agosto en el anexo 1 de la Legislatura bonaerense, en medio de la presentación de un proyecto de ley para que el Ministerio de Seguridad bonaerense deje de financiar la defensa legal de los policías acusados por delitos de violencia institucional, Eduardo luce derrotado. Trajo una bandera que no encuentra cómo colgar en la sala. “Ayudame, Miriam”, le dice a la señora que lo acompaña. La bandera, finalmente, se despliega. Tiene una foto y un nombre: “Andrés Núñez, primer desaparecido en democracia”. Núñez fue secuestrado y torturado por cuatro policías bonaerenses el 27 de septiembre de 1990. Miriam era la esposa de Andrés en ese momento. “Hace 32 años que pedimos justicia”, le dice a elDiarioAR.

A un costado, Mabel Valdez, hermana de Sofía Fernández, una mujer trans de 39 años que apareció muerta el 11 de abril de 2023 en la celda de la comisaría 5° de Derqui, también intenta colgar una bandera. Es larga y blanca. En el centro, se lee: “Justicia por Sofía Fernández. Fue transfemicidio”. 

Hay 16 policías bonaerenses implicados en la muerte de Sofía. Luego de que la Dirección de Asesoría Letrada del ministerio de Seguridad de la provincia pusiera abogados y peritos, el número se redujo a nueve. Quedaron detenidos. En junio, sin embargo, los efectivos fueron liberados y ya se encuentran prestando servicio. 

La versión policial dice que Sofía se quitó la vida en la celda. La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR demostró que uno de los peritos que defendió la hipótesis del suicidio participó en otros tres casos de muertes por ahorcamiento en destacamentos bonaerenses. Los abogados de las víctimas, incluido el de Sofía, sostienen que hay pruebas concluyentes que demuestran que fue un homicidio. “A Sofi la torturaron hasta matarla”, le dijo Mabel a elDiarioAR. “A los policías le pusieron peritos y abogados desde un principio. A nosotros, el Estado nos olvida”, afirmó Mabel. Al caso de Sofía podrían sumarse los de Daiana Abregú (2022), Mauricio Castillo (2023) y Marcos Portela (2024), investigados por la Unidad de Investigación (UDI).

Los familiares de Néstor Costilla, presuntamente asesinado por tres oficiales durante una irregular detención el 7 de octubre de 2020, mientras Costilla circulaba con su moto por la ciudad de La Plata, acaban de entrar a la sala. Daiana, hermana de Néstor, no conoce a Mabel. Pero pronto se fundirán las dos en un abrazo. “Los abogados de los policías que mataron a mi hermano nos bastardearon desde un primer momento”, dijo Daiana. Se sientan en la primera fila y llevan remeras con la cara de Néstor. 

El proyecto de ley busca derogar la financiación de los abogados y peritos de los policías involucrados en diferentes delitos a través de la Dirección de la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad. Fue redactado e impulsado por el legislador provincial Guillermo Kane. “No queremos reformar a la policía provincial, sino que se acote la desigualdad entre víctimas y victimarios”, aseguró Kane. “Hay informes como el que hicieron en elDiarioAR en base a la Comisión Provincial por la Memoria que demostraron un aumento letal en las muertes dentro de las comisarías bonaerenses”, expuso el legislador del Partido Obrero. 

“El Estado provincial acompaña y financia muchas veces a policías acusados por delitos contra derechos humanos básicos”, advirtió Kane. Respecto al acompañamiento del proyecto por parte de otros sectores políticos, el diputado señaló que se han invitado a otras fuerzas a formar parte del mismo, pero que no han mostrado un interés genuino. “El oficialismo en la provincia se presenta como un partido muy progresista, pero sostuvo a Sergio Berni y su doctrina represiva. Hoy lo continúa a través del ministro, Javier Alonso”, señaló el legislador, quien citó a Alonso a dar explicaciones al Congreso provincial ante una investigación de elDiarioAR que demostró las irregularidades en torno a los supuestos suicidios en las dependencias policiales. 

La diputada nacional Vanina Biasi también formó parte de la presentación. “La desigualdad en relación con la defensa que obtienen aquellos que cometen delitos desde el aparato del Estado es muy grande”, destacó Biasi, quien acompañó a Mabel y su lucha por la búsqueda de justicia en el transfemicidio de su hermana desde un primer momento. “Mabel no recibió ninguna asistencia por parte del Estado, mientras que los nueve policiales involucrados en el asesinato de Sofía en la comisaría de Derqui contaban con asistencia legal y técnica”, denunció la diputada. Y agregó: “El gatillo fácil forma parte estructural de la policía bonaerense. En la vida cotidiana, este proyecto acota esa preeminencia que hoy tienen las fuerzas policiales”, remarcó Biasi.

Rodrigo Pomares, director del Programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión por la Memoria (CPM), quien formó parte de la presentación del proyecto, explicó que el Estado “no construye información respecto a las muertes en comisarías”. “El hermetismo en cuanto a las cifras de letalidad policial atenta contra la democracia. Y no es por una cuestión de falta de eficiencia que no las dice, sino por decisión”, señaló Pomares. 

Desde el 2012, la CPM registró una muerte por ahorcamiento por mes, entre otras causas de fallecimiento, dentro de las estaciones policiales. Respecto a la defensa de los oficiales con recursos provinciales, el integrante de la CPM recordó que no siempre fue así. “En la modificación del estatuto policial de 2008, que impulsó en su momento el gobernador Daniel Scioli, se estableció este privilegio. Con lo cual, se podría eliminar algo que finalmente fue un derecho regresivo”, detalló Pomares.

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El diputado provincial del Partido Obrero Guillermo Kane presenta este martes un proyecto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para que los agentes de seguridad bonaerense involucrados en casos de delitos graves como homicidio, tortura, abuso sexual y desaparición forzada no reciban un patrocinio legal gratuito por parte del Ministerio de Seguridad. 

La iniciativa busca revocar la normativa actual que permite la representación legal del ministerio a dichos agentes, así como también el aporte de diferentes especialistas como peritos forenses, criminalísticas o asistencia psicológica. El proyecto, además, crea una comisión integrada por organismos de derechos humanos independientes, encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, así como también de recibir denuncias por incumplimientos de la misma.

El proyecto busca que las direcciones jurídicas de las fuerzas de seguridad presenten informes trimestrales detallando los casos en los que se otorgue o niegue el patrocinio estatal y, en caso de irregularidades, la comisión podría realizar las denuncias penales correspondientes.

Kane, quien ya había presentado un pedido de informe al titular de la cartera de seguridad, Javier Alonso, a partir de las revelaciones de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en torno de la cantidad de ahorcamientos en comisarías bonaerenses, impulsó el proyecto de ley acompañado por la diputada nacional del mismo partido, Vanina Biasi. 

La razón que motivó esta iniciativa, explicó Kane a este medio, es el reciente juicio contra los policías implicados en el caso de Sofía Fernández, una mujer trans que fue hallada muerta en la comisaría número 5 de Pilar en 2022. La versión policial confirma su supuesto suicidio. “Nueve de los diez policías que participaron de alguna manera de su abuso, de su asesinato o del encubrimiento fueron liberados luego de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia pusiera abogados, peritos, psicólogos y un montón de otros profesionales a disposición para esto”, señaló el titular de la Comisión de Libertad de Expresión y Violencia Institucional de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. 

La UDI comprobó que un mismo perito forense de la Policía Bonaerense participó en cuatro casos de supuestos suicidios, incluyendo el de Sofía Fernández. En los cuatro casos, el médico y funcionario de la cartera de Seguridad defendió la hipótesis policial del suicidio. Los abogados que representan a las familias de las cuatro víctimas sostienen que hay sobradas pruebas para demostrar lo contrario.

Para el caso de las fuerzas federales este tipo de asistencia técnica y legal está expresamente vetada por la Resolución Nacional 477/2023.

Abogados y peritos forenses le detallaron a la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR que las investigaciones judiciales en torno a los supuestos suicidios en destacamentos bonaerenses “están plagadas de irregularidades”. Asimismo, las investigaciones judiciales en torno a esas muertes sólo se centran en “comprobar la versión policial”. Este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Sin embargo, no hubo respuesta.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos en que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio.

Nota: se corrigió el apellido Martínez por Fernández, en referencia a Sofía Fernández, 29 de agosto de 2024 a las 16:55.

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A partir de las revelaciones de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos aires, Javier Alonso, podría ser citado ante la cámara de Diputados bonaerense para rendir explicaciones por los ahorcamientos en las comisarías del distrito, principal causa de muerte en dichas dependencias policiales.

El presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y Violencia Institucional de la cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Kane (Partido Obrero - Frente de Izquierda) solicitó que Alonso sea interpelado por los diputados con el fin de obtener información no sólo sobre las muertes por ahorcamiento en las comisarías bonaerenses, sino también sobre las investigaciones en torno a esos supuestos suicidios y el relevamiento pertinente de los casos por parte del Ministerio.

Kane aseguró a elDiarioAR que “el elevado número de muertes informadas como suicidios por ahorcamientos muestra que estamos frente a un método de encubrimiento sistemático”. “Que esto surja por una investigación periodística o el impulso de organismos de derechos humanos y no como información del Ministerio muestra que una vez más se ampara desde el poder a la Bonaerense”, señaló el diputado del Partido Obrero a este medio. 

Abogados y peritos forenses le detallaron a la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR que las investigaciones judiciales en torno a los ahorcamientos “están plagadas de irregularidades”. Este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del Ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Sin embargo, no hubo respuesta. 

elDiarioAR consultó varias veces a una fuente del Ministerio, quien rechazó enfáticamente que la estadística sostenida de un fallecimiento al mes por una ahorcadura o causa desconocida fuera “importante”. “Desde la provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos en que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio.

En esa línea, Kane apuntó contra la Justicia ante la falta de respuesta. “Cuando una práctica se extiende tanto en el tiempo y acumula tantos casos evidentemente es porque hay una matriz de impunidad, donde los fiscales juegan un rol y donde ya tenemos una doctrina de varios gobiernos de no investigar los hechos graves que puedan cometer policías”, puntualizó el diputado provincial.

Otro punto que le preocupa al legislador es la financiación de abogados y peritos por parte del Ministerio de Seguridad a los policías implicados en muertes bajo su propio cuidado. “Es muy grave la disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires de defender a los policías bonaerenses con sus recursos, con profesionales, incluso cuando están acusados de llevar adelante delitos aberrantes”.

En ese sentido, Kane dijo que se encuentran preparando la presentación de un proyecto de ley que plantee que no se puedan usar los recursos de la provincia de Buenos Aires para defender a los policías acusados de delitos en el ejercicio de su función. 

La razón que impulsa este proyecto, explicó Kane, es el reciente juicio contra los policías implicados en el caso de Sofía Martínez, una mujer trans que fue hallada muerta en la comisaría Quinta de Pilar en 2022. La versión policial confirma su supuesto suicidio. “Nueve de los diez policías que participaron de alguna manera de su abuso, de su asesinato o del encubrimiento fueron liberados luego de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia pusiera abogados, peritos, psicólogos y un montón de otros profesionales a disposición para esto”, señaló el titular de la Comision de Libertad de Expresión y Violencia Institucional de la Cámara de Diputados de la Provincia. 

La UDI comprobó que un mismo perito forense de la Policía Bonaerense participó en cuatro casos de supuestos suicidios, incluyendo el de Sofía Martínez. En los cuatro, el médico y funcionario de la cartera de seguridad, defendió la hipótesis policial del suicidio. Los abogados que representan a las familias de los cuatro víctimas le confirmaron a este medio que hay sobradas pruebas para demostrar lo contrario.

Este no es el primer pedido de informe que el legislador provincial presenta para obtener información o respuestas del ministerio de Seguridad. “Hemos presentado múltiples pedidos de informe e interpelaciones sobre estos temas. En particular cuando Sergio Berni era ministro”, afirmó Kane. “No hay una costumbre de atender estos pedidos”, agregó. “Las bancadas del oficialismo tienen por costumbre votar en contra de los pedidos de informe e interpelación, con lo cual no sólo no acuerdan con nuestras inquietudes sobre estos problemas, o sobre las familias afectadas, sino que ni siquiera con el derecho a la información”, aseguró el diputado.

En lo que va del año, al menos cuatro detenidos fueron hallados ahorcados en comisarías bonaerenses.

ED

La pregunta la desarmó por completo. Aquel 9 de abril de 2024 era una mañana agradable en la Escuela de Policía Juan Vucetich de Olavarría, una ciudad húmeda de la pampa bonaerense. A través de los ventanales, el sol iluminaba la cara de Nahiara Abregú, de 19 años, sentada con las manos sobre su regazo frente a una psicóloga de la institución. Era su último examen para formar parte de una de las escuelas de policías más antiguas y numerosas: la de la provincia de Buenos Aires. No había tenido problemas en las otras pruebas: salud (“apta”), físico (“apta”), teórico (“apta”). Ahora, el escritorio de la psicóloga la separaba de su sueño de convertirse en una oficial bonaerense. Entonces, sucedió lo imprevisto: “¿Qué pensás de los policías involucrados en la muerte de tu hermana?”, indagó la especialista. Lo que siguió para la joven aspirante fueron respuestas que no convencieron, el rechazo para entrar a la fuerza (“no apta”) y un largo camino de regreso a Laprida envuelta en lágrimas. Antes de partir, sin embargo, Nahiara vio a sus compañeros de ingreso celebrar juntos la admisión a la escuela. Esa imagen bastó para convencerla: volvería a intentarlo. Lo haría por su hermana.

El 5 de junio de 2022, Daiana Abregú, de 26 años, apareció ahorcada en la celda de la comisaría de Laprida. Su historia, como contó la Unidad De Investigación (UDI) de elDiarioAR en el especial Custodia Letal, estuvo plagada de irregularidades. Desde su detención, mientras caminaba sola tras salir del boliche El Castillo, hasta su encierro en una comisaría inhabilitada para alojar detenidos, el caso se convirtió en uno de los más paradigmáticos sobre muertes bajo custodia de la Bonaerense. Como señalaron abogados de derechos humanos y peritos forenses a este medio, la misma policía de la provincia sospechada del crimen de Daiana participó en distintas dirigencias en la resolución del caso.

Además, no se respetó el Protocolo de Minnesota en la primera autopsia de Daiana, que establece cómo deben ser las investigaciones en muertes potencialmente ilícitas en manos de las fuerzas de seguridad. Entre sus principales características ordena ciertos estándares para la preservación del cuerpo y el análisis posterior de las autopsias forenses.

Cinco oficiales fueron detenidos y acusados por el presunto homicidio de Daiana. Sin embargo, tras dos años de una investigación a cargo del fiscal Ignacio Calonge ─criticado por la querella por impulsar una pesquisa “superficial” y “tendenciosa” a favor de la hipótesis policial del suicidio─ la Justicia dictaminó que la joven se habría quitado la vida, ahorcándose con su propia campera, apenas unas horas después de su detención por una contravención. 

Los efectivos acusados fueron liberados y cuatro de ellos ya se reincorporan a la fuerza bonaerense. Sólo una de las policías aguarda un juicio por incumplimiento del deber en el cuidado de Daiana, la única detenida en toda la comisaría al momento de su muerte. Su caso, como demuestra esta investigación de la UID, no fue el único en 2022. Ese año, según números de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), 13 personas aparecieron ahorcadas en diferentes dependencias de la provincia de Buenos Aires, la cifra más alta en los últimos diez años. 

En lo que va de 2024, este medio registró al menos cuatro casos con esa metodología de muerte en comisarías bonaerenses. Uno de ellos, el de Marcos Portela, también investigado por la UDI, presenta irregularidades similares a las de Daiana: detención arbitraria, destacamento inhabilitado y muerte con la policía como único testigo.

Nahiara Abregú tenía 17 años cuando su hermana fue hallada muerta. Pero desde los 15, al menos, desea ser oficial bonaerense. 

La otra hermana

Desde muy chica, Nahiara le decía a su mamá Laura que quería entrar al Ejército. No sabía bien por qué. La vocación de servicio. La desmesura de su presencia en los desfiles. Las armas. Todo eso junto. “Pero después me fue llamando más la atención la policía. Creo que es algo que te nace”, dijo Nahiara, un jueves de junio desde Laprida. Está parada delante de la comisaría donde hace dos años murió su hermana. Viste un buzo amarillo y el pelo largo, lacio, que cubre sus hombros. 

Nahiara recuerda bien aquel 5 de junio de 2022. Sus padres le avisaron en el living de su casa que Daiana había muerto. “Como que algo se me desconectó y quedó todo en silencio. No pude escuchar más”, recordó la joven. Las Abregú son seis hermanas, pero ellas tenían una conexión especial. “Éramos muy compinches. Nos gustaba salir a bailar y jugar a la pelota. Casi jugamos enfrentadas, si no ocurría lo que pasó”, contó. Una semana después de su muerte, los equipos de fútbol femenino de Laprida de ambas hermanas iban a enfrentarse en un partido. Daiana jugaba en la primera del Club Lilán. Nahiara había sido recién convocada al primer equipo de Platense. “A veces me imagino como hubiera sido ese partido”, afirmó Nahiara, entre risas. 

La muerte de Daiana la afectó. Durante un año se “encerró”. Abandonó su último año de secundario y casi no salía de su casa. Sin embargo, con el avance de la investigación judicial y la mediatización del caso, Nahiara se fue convenciendo de algo: “No me importaba si se había suicidado o la mataron, la cuestión es que estaba bajo el cuidado de la policía y no cumplieron su deber”, aseguró la joven. Fue entonces que lo decidió. Entraría a la fuerza bonaerense. “No me gustaría que a otros detenidos les pase lo de Daiana”, agregó Nahiara. “Quiero ser policía para ayudar a la comunidad. Me gustaría llegar a ser comisaria”, dijo.  

Jóvenes y policías

Ana Passarelli es socióloga y autora del libro La Local: un estudio de jóvenes (y) policías en Quilmes. La especialista entrevistó a veinte jóvenes policías de lo que en su momento fue la Policía Local, un proyecto de seguridad urbana que se lanzó en 2015 en toda la provincia de Buenos Aires, pero que finalmente terminó absorbiendo la Bonaerense al poco tiempo. 

Entre las motivaciones de los jóvenes aspirantes para entrar a la fuerza, Passarelli destacó tres aspectos: la influencia familiar, la vocación de servicio y el acceso a un empleo estable y en blanco. “Muchos ingresantes vienen de trabajos informales y estratos populares. Pasar a formar parte del Estado es una garantía laboral atractiva”, puntualizó la socióloga a elDiarioAR. Otro factor de ingreso que señaló Passarelli es la posibilidad de entrar, luego de haber sido rechazado de otras fuerzas. “Muchos oficiales bonaerenses fueron rechazados inicialmente de la Federal, dado que tienen requisitos y exigencias diferentes”, evaluó la investigadora. Sin embargo, la especialista enfatiza en que actualmente los jóvenes policías priorizan tener un empleo que “les permita también disfrutar su vida privada, sin pensar tanto en la vocación de servicio”. 

Asimismo, el antropólogo y miembro del Grupo de Estudios en Policía y Fuerzas de Seguridad de la Universidad de Quilmes, Tomás Bover, puntualiza que en contextos de crisis económica como los actuales, crecen las inscripciones para entrar a las diferentes fuerzas de seguridad. “Más allá de que muchos puedan identificarse con la cuestión ideológica del monopolio de la violencia, el mercado laboral está más limitado. La promesa de un trabajo estable seduce por sobre otras motivaciones”, aseguró Bover a elDiarioAR. 

Sin embargo, el investigador señaló que actualmente los municipios tienen “enormes problemas” para reclutar nuevos agentes. “Hoy la Bonaerense tiene 90 mil integrantes cuando hace unos años tenía 30 mil policías menos”, apuntó el especialista. “Se agotó la fuente de reclutamiento”, agregó Bover. “Las nuevas formas de trabajo, como las aplicaciones o el cuentapropismo pusieron en tensión la capacidad de captación de aspirantes nuevos por parte del Estado”, sostuvo el antropólogo.

La comisaría de Laprida

El 5 de junio se cumplieron dos años de la muerte de Daiana. Su familia hizo una marcha en las inmediaciones de la comisaría. Pegaron carteles y cortaron calles. Al igual que durante la marcha del primer aniversario, fueron reprimidos. “Le pegaron a mi hermana más chica”, aseguró Nahiara. 

Los hechos de violencia por parte de la dependencia no son nuevos. Como contó la UDI de elDiarioAR, previo a lo sucedido con Daiana, hubo denuncias por vejaciones y golpizas dentro de la comisaría. Además, en 2003, la dirección de Asuntos Internos de la provincia tenía previsto llegar a la ciudad a fines de julio para revisar una serie de expedientes y documentación sensible del destacamento. El 21 de julio, como detalla el Diario Popular de esa fecha, un “depósito con documentación y otros elementos” se incendió. En la foto del hecho un bombero mira a cámara, mientras señala biblioratos de carpetas carbonizadas. 

En agosto de ese año, el peritaje de esa investigación determinó que el fuego se originó de forma “intencional”. En la noticia, figura que el excomisario de la estación separado por el caso Daiana estaba presente cuando las llamas se avivaron. “El incendio se originó voluntariamente sobre los libros y biblioratos”, concluyó el peritaje.

Nahiara aclaró que ella no tendría problema en trabajar con los policías que estuvieron involucrados en la muerte de su hermana. “Creo que es a ellos a quienes les molestaría”, afirmó. “La Justicia dijo que mi hermana se suicidó. Pero también que no la cuidaron”, agregó. El año próximo volverá a intentar entrar a la Policía Bonaerense. “Para que no le vuelva a pasar a nadie lo que le sucedió a mi hermana”.

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Un patrullero de la Policía Bonaerense estacionó en la puerta de su casa a las cuatro de la mañana. Aquel lunes 5 de febrero de 2024, Ana Córdoba, de 34 años, se vistió como pudo y subió al vehículo. La habían llamado desde la comisaría N°8 del barrio bonaerense de Las Catonas, en Moreno, para que se acercara lo más rápido posible. Su hijo Marcos Portela, de 18 años, estaba detenido en esa dependencia desde hacía dos días por el supuesto robo de un celular. Pero a Ana nadie le explicaba qué pasaba con su hijo. Ni por teléfono ni en el auto policial rumbo a la comisaría. Lo único que la distraía a Ana esa madrugada calurosa de febrero era ver a través del vidrio las formas extrañas del follaje de los árboles a toda velocidad. 

El ahorcamiento es la principal causa de muerte en las comisarías bonaerenses, como informó este domingo la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en su primera entrega del especial Custodia Letal. Sólo entre 2022 y 2023, hubo 20 ahorcamientos en comisarías de la provincia de Buenos Aires, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la Comisión Provincial por la Memoria y la Tortura (CPM).

Desde 2012, al menos una vez por mes, una persona aparece ahorcada o muere de “causas desconocidas” en una comisaría bonaerense.

Un adolescente de José C. Paz

“Hijo, hijito, lo que te hicieron lo van a pagar, Marcos, te amo hijo, me lo mataron”, mensaje de Ana Córdoba en su estado de WhatsApp, sábado 11 de mayo.

A Marcos le encantaban las bicicletas y las motos. Se trasladaba en ellas a su trabajo en una vidriería, al club, a lo de su novia. “Las arreglaba con los ojos cerrados. Siempre se las arregló para aprender solo”, dijo Ana Córdoba, un sábado de junio, a elDiarioAR. Está sentada en el comedor de su casa, un pequeño departamento en un segundo piso de la localidad de José C. Paz. Marcos y Mara ─la segunda hija, de 15 años─, crecieron en esta localidad, pero se mudaron varias veces dentro del mismo barrio. Ana lo cuenta con resignación, cubriéndose la cara con las manos.

El 12 de abril de 2023, recordó, empezó su calvario de mudanzas “forzadas”. “Nos quedamos en la calle ese día. Unos vecinos nos vivían hostigando y me había cansado de denunciarlos en la policía”, afirmó la madre. Esos vecinos se dedicaban a la venta de droga y no toleraban que ella los denunciara, dijo. La saña de los de “al lado”, sin embargo, empezó a centrarse en Marcos. “Les molestaba todo. Que si Marcos ponía música, que si se juntaba con los amigos, que si arrancaba la moto. Todo”, explicó Ana. 

Fue una tarde de 2023 cuando Ana se asustó más que otras veces. Marcos había salido de su casa con su bicicleta, pero no llegó a subirse. Un vecino se le acercó y lo amenazó de muerte con una cuchilla. “Ahí dije nos vamos de acá”, contó la madre. Primero consiguieron un alquiler por Facebook, pero los estafaron y nunca pudieron entrar. Después fueron a la casa de los padres de un novio de Ana, pero la convivencia fue imposible. Luego se dividieron. Marcos se fue con su padre, quien estaba internado en un centro de rehabilitación por problemas de consumo. “Lo dejaron quedarse ahí unas semanas por intermedio de su papá”, sostuvo Ana. Pero no era un sitio adecuado para un adolescente. Marcos, por último, se acomodó en lo de su novia.

La falta de vivienda, sin embargo, no fue lo único que su hijo tuvo que atravesar. En 2023, él y sus amigos tuvieron una pelea con otros jóvenes arriba de un tren. La riña terminó con una acusación contra Marcos por un supuesto robo que no se comprobó. El joven tenía entonces 17 años. Una jueza de menores lo obligó a ver una vez por semana a una psicóloga en “El Vallecito”, un Centro de Referencia para adolescentes en la localidad de San Martín. “Amaba ir a terapia. Le hacía muy bien”, dijo Ana. “Por eso cuando los policías me dijeron lo que le pasó en la comisaría no les creí nada”, afirmó. 

No recuerda mucho aquella madrugada del 5 de febrero, cuando llegó a la comisaría de Las Catonas, en Moreno. Sólo que la recibió Román Porta, asistente de la Unidad Fiscal N°3 de esa localidad, quien le dio la noticia de que su hijo se “había quitado la vida”. Ana también recuerda que buscaba a los gritos a su hijo en la dependencia. Gritaba su nombre, le pedía que viniera. Que apareciera para irse juntos a su casa en José C. Paz. Pero nada de eso ocurrió. “No les creí nada”, dijo Ana. “Mi hijo podría ser medio rebelde, pero sería incapaz de hacer algo así. Nunca se quitaría la vida”, reiteró la madre. La última vez que había visto a Marcos fue el viernes cuando el joven salió a bailar con sus amigos a Ikki Club, un popular boliche de Moreno.

Detención irregular

El sábado 3 de febrero de 2024, por la mañana, luego de que Marcos y sus amigos salieran del boliche en Moreno, se acercaron hasta un puesto de comida. En ese instante ─relató su madre─, un patrullero llegó hasta el puesto y detuvo a Marcos y a un amigo suyo de 15 años. Los acusaban de haber robado un celular. Ambos fueron detenidos y trasladados a la dependencia del barrio de Las Catonas. Su amigo, por ser menor de edad, fue liberado a las pocas horas. Marcos, en cambio, fue apresado en una celda.

La dependencia bonaerense estaba inhabilitada para alojar detenidos, según un informe cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “El protocolo indica que tendría que haber estado detenido un máximo de seis horas en esa comisaría”, explicó Jésica Brigandi, abogada de la secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la municipalidad de Moreno, en diálogo con elDiarioAR. Marcos estuvo dos días detenido antes de aparecer colgado del tragaluz del techo de su celda. Pero esa no sería la única supuesta irregularidad que cometería el personal policial de Las Catonas durante el fin de semana.

Ana afirmó que el mismo sábado, tras enterarse de la detención de su hijo y llegar al destacamento, un policía “vestido de civil” le pidió dinero para liberarlo antes de que lo “empapelen”. Es decir, antes de blanquear su ingreso en la comisaría a través de la fiscalía de turno. “Me pidió $150.000 para largarlo”, precisó la madre. “Pero llegué a juntar solo $115.000”, aseguró. En un cuarto privado de la comisaría, Ana le entregó el dinero, pero el supuesto policía no liberó a Marcos. “Me dijo que yo no le di nada y que me iba a hacer una denuncia por extorsión”, relató Ana. Genesis Charras, tía de Marcos, presenció ese momento entre Ana y el presunto policía de civil. “Jugaron con la desesperación de una madre. ¿Quién no hubiese hecho lo mismo que Ana?”, se preguntó Charras.

elDiarioAR intentó consultar a Ismael Castro, actual secretario de Seguridad de Moreno, por las denuncias contra la comisaría N°8, pero no obtuvo respuesta. También consultó sobre este mismo punto al ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero al cierre de esta investigación aún no había respuesta del organismo. Una fuente del mismo ministerio rechazó enfáticamente que la estadística de un fallecimiento al mes por ahorcamiento o causa desconocida en comisarías bonaerenses fuera “importante”. “Desde la provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.

Denuncias de tormentos

Florencia Brandan, de 38 años, fue detenida el domingo 5 de febrero y alojada en la misma comisaría que Marcos. Su detención también fue irregular. La dependencia es sólo para varones. “La tendrían que haber alojado en otra comisaría. Es una falta grave”, retomó Jésica Brigandi, abogada de la secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la municipalidad de Moreno. Aquel domingo, el joven de 18 años le hizo llegar un cigarrillo a Florencia, por intermedio de una oficial de turno.

Florencia logró verlo tras salir por un momento de su calabozo, mientras no había vigilancia policial. “Me dijo que lo mojaban durante las mañanas y que lo rociaban con un matafuego”, señaló la exdetenida a elDiarioAR. También plateó dudas sobre el supuesto suicidio: “Para mí no llegaba a colgarse del techo. Era muy alto para hacer un nudo que lo aguante”, comentó. Florencia, además, sostuvo que sufrió vejaciones contra su persona en la dependencia. “Me molieron a golpes adentro. En Catonas siempre pasa lo mismo. Te meten a los buzones y te dan con todo”, dijo a este medio. Aseguró que no hizo la denuncia por miedo. Florencia fue liberada a las 6 de la tarde del domingo. Fue la última persona que vio a Marcos con vida.

El oficial Diego Balmaceda lo encontró colgado en la primera hora del lunes 5 de febrero. En su declaración, el oficial admitió que debía haber ingresado a las 19 horas del día domingo, pero se atrasó “por motivos familiares”. En cambio, llegó a las 00:20 del lunes. Ni bien empezó su servicio, le tocó hacer tareas de imaginaria. Es decir, la vigilancia regular de los apresados. En ese momento, expuso el efectivo, encontró a Marcos. 

La causa judicial

La causa por la muerte de Marcos estuvo investigada inicialmente por la fiscal Luisa Pontecorvo, de la Unidad Fiscal N°3 de Moreno. No es el primer supuesto suicidio en una comisaría que investiga la fiscal. Nicolás Gómez había sido apresado por una denuncia de violencia de género el 20 de junio de 2022. Cuatro días más tarde, apareció colgado en una celda de la dependencia N°4 de la misma localidad. Su familia, desde un primer momento, negó que Nicolás se quitara la vida. La causa también había quedado a cargo de Pontecorbo.

Silvia Cansino, secretaria de Derechos Humanos de Moreno le afirmó a elDiarioAR que la investigación del caso Gómez “no respetó los protocolos básicos” para muertes en contexto de encierro. Distintos abogados de derechos humanos y peritos forenses explicaron que la falta de investigación para estos casos es “habitual”. elDiarioAR intentó en varias ocasiones hablar con Pontecorvo, pero no obtuvo respuesta.

María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y abogada de Ana en el caso de su hijo, confirma que en el caso de Marcos los protocolos “se respetaron correctamente”. “Se aplicó la Resolución 1.390 y se apartó a la Policía Bonaerense para la recolección de pruebas. Tampoco vemos irregularidades en la autopsia, donde se hizo en base al Protocolo de Minnesota”, señaló la abogada. Sin embargo, esto no excluye a la Bonaerense de haber cometido presuntos delitos. “Creemos que hubo una falta grave en su cuidado por parte del personal policial”, agregó Verdú. Cuando lo encontraron ahorcado, Marcos era el único detenido en una comisaría que no tenía permitido alojar detenidos. Su caso coincide en algunos puntos con otros, como el de Daiana Abregú y Mauricio Castillo, cuyas historias también abordó la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR. 

Actualmente, el caso del joven de José C. Paz es investigado por la fiscalía N°7 de Moreno, a cargo de Jonatan Lay. Este medio intentó hablar con el fiscal sobre la hipótesis de su investigación, pero en la fiscalía se negaron a hacer declaraciones. Fuentes de ese departamento judicial, sin embargo, señalaron que la versión policial del suicidio es la que se “está siguiendo” en la causa.

Paula Farini, psicóloga de Marcos, ve “muy extraño” el supuesto suicidio. “Era un pibe lleno de vida. Con proyectos. Había pasado por situaciones estresantes, como cualquier adolescente, pero en ningún momento lo noté deprimido”, señaló la psicóloga. “Era un poco rebelde, pero nunca mostró indicios de que quería autolesionarse ni estaba medicado. Creo que algo más pasó en esa comisaría”, concluyó la especialista.

“Mi hijo salió a bailar y me lo entregaron en una bolsa”, afirmó Ana. Alrededor de la comisaría de Las Catonas, todavía hay pintadas de un nombre que no deja de doler: “Marcos Portela”.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Nota: este artículo fue actualizado el 24 de julio de 2024 a las 12:07.

ED/DTC

El domingo 5 de junio de 2022 fue una mañana helada en Laprida, una ciudad de 12.000 habitantes a 450 kilómetros de Capital Federal. Daiana Abregú, de 26 años, caminaba sola por las calles, tras haber salido de El Castillo, un popular boliche de la zona. Vestía una campera de jean, remera blanca y unas zapatillas negras. A Daiana no le molestaba andar sin compañía por las calles vacías. Hacía muchas otras cosas sola. Iba a bailar, criaba a su hijo de tres años y planeaba irse a vivir con él a la ciudad de La Plata. Volver a empezar. También jugaba al fútbol: en el Club Atlético Lilán de Laprida era conocida por ser una jugadora “aguerrida”. Su actitud y tozudez, además, le eran reconocidos por familiares y amigos. De hecho, esa palabra ─actitud─ la llevaba tatuada en su cuello. A las 7 de la mañana, un móvil de la Policía Bonaerense frenó a su lado. Daiana no lo sabría, pero ese instante cambiaría su vida y haría que Laprida, la ciudad donde nació y se crió, se dividiera en dos.

Esa mañana, Daiana fue detenida por policías de la comisaría comunal de Laprida. La acusaban de generar disturbios en la vía pública. Fue trasladada y alojada en soledad en una celda de la dependencia. El destacamento tenía una denuncia por clausura: eso significa que no podía tener personas apresadas por más de seis horas. Daiana apenas estuvo unas horas más. Esa noche fue la única detenida. La joven fue encontrada ahorcada por tres oficiales bonaerenses de turno durante el mediodía de aquel domingo.

“Su hija se suicidó”, le dijo el entonces comisario de la estación, Marcelo Amaya, a los padres de la joven, horas después de hallarla sin vida. Los policías, sostuvo Amaya, encontraron a Daiana ahorcada en la celda con su campera de jean. Pese a practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP) —les narró el comisario—, no pudieron salvarla. Tampoco les dejaron ver el cuerpo: una ambulancia la estaba trasladando hasta la ciudad de Azul, a 160 kilómetros de Laprida, para realizar la primera autopsia.

Al día siguiente, la Asesoría Pericial de Azul determinó que Daiana se habría suicidado, avalando la hipótesis policial. Sin embargo, miembros de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), tras llegar a Laprida y asumir la querella en su calidad de particular damnificado, impugnaron esa autopsia por no respetar el Protocolo de Minessota, un procedimiento internacional que exige una serie de estándares para investigar muertes bajo custodia estatal, así como también la Resolución 1.390 de la Procuración provincial, en la que se exige el apartamiento de las fuerzas de seguridad presuntamente involucradas. Entre las irregularidades que se cometieron en la primera autopsia —señaló la CPM—, se encontraba la falta de tecnología necesaria para determinados análisis que se hicieron, como así también el uso de la policía científica de la provincia para recolectar pruebas que podrían comprometer a la misma fuerza de seguridad sospechada del crimen: la Bonaerense. El cuerpo de Daiana, además, se preservó en la morgue de esa misma fuerza.

El segundo fiscal del caso, Ignacio Calonje, titular de la Fiscalía de Delitos Especiales del Departamento Judicial de Azul, ordenó una segunda autopsia del cuerpo, tras insistencia de la CPM. La Asesoría Pericial de La Plata, por sugerencia del organismo, fue la encargada de llevar a cabo la tarea. Su conclusión ─amparada por nuevos informes que no se hicieron en la primera instancia─, determinó que Daiana presentaba heridas compatibles con signos de una “autodefensa” por sofocación. Además, el lazo de ahorcadura de su cuello mostraba señales de que la herida había sido realizada por “terceros”, descartando la hipótesis inicial del suicidio, de acuerdo con el informe de los peritos.

El fiscal Calonje, luego de esos resultados, imputó a cinco policías por homicidio y encubrimiento, además de ordenar su encarcelamiento de forma inmediata. Aquel giro en la causa, sin embargo, no duraría mucho. El fiscal, por pedido de la defensa de los efectivos, ordenó que un nuevo equipo pericial analice los resultados de las dos autopsias. El órgano encargado, esta vez, fue la Unidad de Criminalística de Alta Complejidad (UCAC) de la Policía Federal. El mismo ─criticó la CPM al conocer la decisión—, estaba compuesto en su mayoría por especialistas en criminología y médicos legistas, como psiquiatras, y no por perito forenses, acordes para estudiar los informes de la autopsia.

Los miembros de la UCAC rechazaron rápidamente las conclusiones de homicidio de la segunda autopsia y enfocaron su análisis en los aspectos psicológicos de Daiana. En su informe —que incluyó una recreación del supuesto suicidio en la celda de Laprida—, los expertos describieron a la víctima como una persona con una personalidad “inestable” y con problemas de consumo de drogas. La noche anterior a ser detenida, detalló la unidad especial, la joven había consumido alcohol y cocaína, por lo que un contexto de encierro, explicaron, pudo haber provocado “una crisis nerviosa que llevó a la joven a quitarse la vida”.

Además, en el peritaje de la campera de Daiana estuvo “mal medido”, afirmaron a elDiarioAR peritos de parte del organismo de derechos humanos CPM. “No se aplicaron los estándares internacionales para la metodología de su medición, como las normas ISO establecidas para las prendas”, aseguró el perito forense y antropólogo Fabián Quintero. Virginia Creimer, perito de parte de la CPM, reconstruyó la escena del hecho en la comisaría. “Hubo un montaje casi perfecto por parte de la policía”, señaló Creimer a este medio.

A pesar de que Abregú ya había sido detenida en otras ocasiones en esa comisaría, y que aquel domingo 5 de junio fue apresada por un delito menor como una supuesta contravención, el dictamen final de la Policía Federal no dio lugar a otra posibilidad: Daiana se suicidó. Con dos estudios que avalaban esta última hipótesis —primero el de la autopsia de la Asesoría Pericial de Azul; y ahora esta resolución de la fuerza federal— Calonje ordenó la libertad para los cinco oficiales bonaerenses. Pero la vía judicial aún no estaba terminada.

Tanto el abogado de la familia, Sergio Roldan, como la CPM, le exigieron al fiscal una tercera instancia pericial, dado que no reconocían a la primera autopsia —la de Azul— como válida, al no respetar los protocolos necesarios. Con ese escenario, donde había un informe como el de la Asesoría de La Plata, que decía que la joven fue presuntamente asesinada, y otro, el de la Federal, que concluía que Daiana se había quitado la vida, se requería una tercera opinión que reconfirme alguna de estas dos hipótesis. El órgano elegido por Calonje para la tercera instancia de análisis fue, finalmente, el Cuerpo Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este último órgano judicial, sin embargo, no dio lugar a los resultados de la segunda autopsia y cerró el caso como otro de los 13 supuestos suicidios que hubo en comisarías de la provincia en 2022. Tras dos años del caso, cuatro de los cinco policías imputados volvieron a trabajar como policías. Sólo una efectiva irá a juicio por la falta de cuidado hacia la única detenida de la dependencia que debía custodiar durante su turno, aquella fría mañana de junio.

Una fuente policial que trabajó en Laprida describió a los oficiales de entonces como “violentos” y dijo que las guardias de inspección de calabozos se “adulteraban”, tal como confesó una de las efectivas imputadas ante el fiscal. Dos vecinos que prefirieron no dar sus nombres contaron a elDiarioAR que fueron torturados por personal de esa comisaría utilizando la metodología del “submarino seco”, una modalidad de sumisión que consiste en la asfixia con una bolsa plástica en la cabeza. 

Juan Pablo Guzmán, vecino lapridense, también denunció que en 2020 fue torturado dentro de la dependencia con golpes y tormentos. “Le sacaron la tapa a sus linternas y me quemaron con el foco prendido”, narró Guzmán, cuyo testimonio fue presentado ante la fiscalía de la ciudad. Uno de los oficiales señalados en su denuncia fue imputado dos años después por el caso de Abregú.

El ministro de Seguridad bonaerense por aquel entonces, Sergio Berni, se refirió al caso de la joven en una conferencia de prensa que realizó en noviembre de 2022 en Olavarría, a pocos kilómetros de Laprida. Allí Berni defendió la actuación de sus policías. “Lamentablemente fue un suicidio. La primera autopsia lo demuestra”, concluyó el exministro, sin aludir a que en el primer examen pericial del cuerpo participaron funcionarios de la fuerza bonaerense, una acción vetada por el Protocolo de Minnesota y la Resolución 1.390 de la Procuración. El caso de Abregú fue tomado por Amnistía Internacional como un ejemplo de violencia institucional en el país. En la última marcha del 5 de junio por el segundo aniversario de la muerte de Daiana, la policía de Laprida reprimió a sus familiares.  

De las 200 investigaciones penales que se iniciaron por muertes bajo custodia estatal, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia desestimó o archivó 25, mientras que otras 175 se encuentran en trámite judicial. Sólo 12 causas de ese total se elevaron a juicio. “Las cifras de esos informes están sujetas a la voluntad de trabajar de los fiscales”, señaló Augusto Infante, director de litigio de la CPM. “Muchas denuncias no se registran como de violencia institucional, aún cuando les corresponde. Eso hace que para el MPF un departamento judicial pequeño como el de Azul tenga más casos que La Matanza”, explicó Infante.

Durante el primer semestre de 2023, hubo 917 procesos penales iniciados contra oficiales bonaerenses, según el último informe del MPF provincial. De ese total, 326 casos corresponden a hechos ocurridos en el ámbito de las comisarías. Además, detalla el MPF, 96 de esas investigaciones penales son por muertes en contexto de encierro. Siete decesos de ese total ocurrieron en dependencias policiales, mientras que otras cuatro sucedieron en hospitales, tras ser derivados desde comisarías. Para la CPM, en el primer semestre del año pasado hubo siete ahorcamientos y ocho fallecimientos por descompensación médica o causa desconocida. Es decir, cuatro muertes más que para el MPF. La diferencia en el número, explica Ariel Lede, analista de información en la CPM, se debe a que el organismo público sólo toma en cuenta las muertes con investigaciones penales iniciadas. “Nosotros incluimos, además, las denuncias de familiares y organizaciones que luego pueden convertirse en una causa judicial registrada para la Justicia”, señala Lede.

Laura Abregú, mamá de Daiana, dice estar “cansada” de tantos idas y vueltas con el caso de su hija. Cada vez que pasa por la comisaría de Laprida, a pocas cuadras de su casa, cierra los ojos por un momento. “La veo a Dai abrazando a su hijo, que la extraña mucho”, dice Laura. “Y me veo a mí, abrazándolo a los dos”.

Nota: este artículo se actualizó el 21 de julio de 2024 a las 11:28.

ED

Una soga improvisada de tela alrededor de su cuello lo mantenía suspendido. Atado a una pequeña hendija en el techo de su celda, el torso desnudo de Marcos Portela, de 18 años, apenas se balanceaba. Un cuerpo inmóvil, en soledad, a metros del suelo. Así lo encontró el policía bonaerense Daniel Balmaceda de la comisaría N°8 de Moreno en la madrugada del lunes 5 de febrero. Así también lo vieron las tías de Marcos horas más tarde, tras llegar a la dependencia policial junto a la madre del joven, Ana Córdoba. La última vez que Ana había visto a su hijo fue el viernes a la noche, cuando Marcos salió a bailar a un boliche de Moreno con sus amigos. Dos días después, en la madrugada del lunes, el fiscal de turno que llegó al destacamento les permitió ver el cuerpo todavía en el aire.

─Su hijo se ahorcó, señora ─, le dijo el funcionario judicial.

─A mi hijo lo mataron ─, respondió Ana.

Lo dijo aquella madrugada por primera vez en la comisaría de Las Catonas, pero Ana repetirá esa frase muchas veces. En marchas, en pintadas alrededor de las calles de la estación policial, en su humilde casa de la localidad de José C. Paz, la madre de Marcos defenderá hasta las últimas consecuencias que su hijo jamás se hubiese quitado la vida.

La hipótesis policial del supuesto suicidio de Marcos presenta supuestas irregularidades. Florencia Brandan, una mujer que estuvo detenida en una celda contigua a la de Marcos ─liberada antes de la muerte del joven─ denuncia que le vio marcas de golpes en el cuerpo. “Me dijo que lo habían rociado con un matafuegos”, señaló Florencia a elDiarioAR. Además, la joven, quien tampoco debió ser apresada en ese destacamento porque sólo es para masculinos, pone en duda la versión del suicidio. “No sé cómo hizo para llegar hasta el techo y hacer un nudo. Era complicado”, dice Florencia, quien también relató ante este medio agresiones contra ella dentro de la dependencia. La comisaría no estaba habilitada para alojar detenidos.

Desde 2012, al menos una vez por mes, una persona aparece ahorcada (88 casos) o muere por “causas desconocidas” (74 casos) en una dependencia policial de la provincia de Buenos Aires, entre otros fallecimientos que ocurren dentro de las comisarías bonaerenses. Muchas de esas estaciones policiales, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la Comisión Provincial por la Memoria y la Tortura (CPM) ─elaborada mayormente con información provista por órganos judiciales de la Procuración, el Ministerio Público Fiscal de la provincia y la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad ─, no estaban habilitadas para alojar detenidos.

Sólo entre 2022 y 2023, señala la CPM, hubo 20 ahorcamientos de detenidos que fueron informados como suicidios por los mismos efectivos bonaerenses de esas dependencias, además de otros 8 supuestos fallecimientos cuyas causas no fueron comunicadas por las autoridades judiciales y policiales. Asimismo, de esas 28 muertes ocurridas en los últimos dos años, al menos 17 fueron en comisarías clausuradas judicialmente o cauteladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es decir, comisarías que no estaban en condiciones legales de alojar personas. En abril de 2024, según el último registro de la CPM, había 659 personas detenidas en 99 estaciones policiales clausuradas. 

El suicidio por ahorcamiento es la principal causa de muerte en las dependencias policiales, seguido por las descompensaciones médicas de los detenidos. Sin embargo, las investigaciones judiciales en torno a esos fallecimientos bajo custodia estatal demuestran ─en muchos casos─, irregularidades que ponen en duda la hipótesis policial del suicidio. “Muchos fiscales ni siquiera se toman la molestia de respetar procedimientos básicos”, señala una fuente judicial del distrito Moreno-General Rodríguez, departamento con dos detenidos supuestamente ahorcados en 2022 y 2024.

Nicolás Gómez había sido apresado por una denuncia de violencia de género el 20 de junio de 2022. Cuatro días después apareció colgado en una celda de la comisaría N°4 de Moreno. Su familia, desde un primer momento, negó que Nicolás se quitara la vida. La investigación quedó a cargo de la fiscal Luisa Pontecorbo. Silvia Cansino, secretaria de Derechos Humanos de Moreno, le afirmó a este medio que la investigación en el caso de Gómez “no respetó los protocolos básicos” para muertes en contexto de encierro. Pontecorbo dirigió en un primer momento la investigación por la muerte de Marcos Portela. elDiarioAR intentó en reiteradas ocasiones hablar con la fiscal, pero no obtuvo respuesta. Lo mismo sucedió con Ismael Castro, actual secretario de Seguridad de Moreno.

El caso de Marcos, aseguró una fuente judicial de esa localidad con conocimiento del expediente, se está investigando “como un suicidio”, apartando de toda responsabilidad a la Policía Bonaerense.

A nivel provincial, este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del Ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Al cierre de esta investigación, no hubo ninguna respuesta. A su vez, elDiarioAR consultó con una fuente del mismo ministerio, quien rechazó enfáticamente que la estadística sostenida de un fallecimiento al mes por una ahorcadura o causa desconocida fuera “importante”. “Desde la provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.

Las muertes bajo custodia estatal que la Justicia bonaerense investiga, afirman distintos peritos forenses y abogados de derechos humanos consultados para este reportaje, no respetan muchas veces los protocolos o procedimientos previstos para esos casos. Ese escenario ─explican los distintos especialistas─, favorece siempre a la versión policial y deja a los familiares de las víctimas a la deriva, cerrando el caso como un suicidio y sin aplicar ninguna responsabilidad por falta de cuidado en los oficiales de turno.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos en que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio.

En 2022, hubo 1.610 procesos penales iniciados contra efectivos de esa fuerza. De ese total, 606 casos ocurrieron en comisarías. 

Asimismo, el informe arroja la cantidad de muertes en contexto de encierro. Ese año hubo 200 fallecimientos en cárceles y comisarías. Doce detenidos de ese total, informó el MPF, murieron en comisarías bonaerenses, mientras que otros nueve lo hicieron en hospitales, tras derivarlos desde diferentes comisarías. Según la CPM, en 2022 hubo 13 ahorcamientos dentro de las estaciones policiales ─la cifra más alta en los últimos diez años─, además de otras 8 muertes por descompensaciones médicas o causas desconocidas. El número total de casos, tanto del organismo público como el de derechos humanos, coinciden en 21 muertes. 

Los casos de ahorcamientos en comisarías bonaerenses relevados por este medio coinciden en su escena inicial: los arrestos de los fallecidos fueron irregulares, las dependencias no estaban habilitadas para alojar personas y no había otros detenidos al momento de su muerte. Es decir, los únicos testigos eran los policías de turno que debían velar por la seguridad de un solo apresado. Otra característica que comparten los fallecidos es el poco tiempo que permanecieron encerrados: apenas algunas horas en dos casos y dos días en un tercero. Ninguno de los tres, además, tenía antecedentes como paciente psiquiátrico o intentos de suicidio. En dos casos, los detenidos usaron sus propias prendas para ─según la versión policial─, quitarse la vida: un buzo y una campera. El tercero, señaló el personal policial que lo encontró, usó un trozo recto de tela de una toalla. 

En las tres muertes, la versión policial del suicidio fue la línea de investigación que siguieron los fiscales.

Daiana Abregú

Era una mañana fría aquel domingo 5 de junio de 2022 cuando Daiana Abregú, de 26 años, caminaba sola por las calles de Laprida, una ciudad de 12.000 habitantes a 450 kilómetros de Capital Federal. Había salido de El Castillo, un popular boliche de la zona. Criaba a su hijo de tres años, jugaba al fútbol y planeaba irse a vivir a la ciudad de La Plata. A las 7 de la mañana, fue detenida por policías bonaerenses. La acusaban de generar disturbios en la vía pública. Fue trasladada y alojada en la Comisaría Comunal de Laprida, dependencia que tenía una denuncia por clausura y no tenía permitido alojar personas. Unas horas más tarde, siendo la única detenida del destacamento, la joven fue encontrada muerta por tres oficiales bonaerenses de turno.

“Su hija se suicidó”, le dijo el entonces comisario de la estación, Marcelo Amaya, a los padres de la joven, horas más tarde. Los policías, sostuvo Amaya, encontraron a Daiana ahorcada en la celda con su campera de jean. Pese a practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP) —les narró el comisario—, no pudieron reanimarla. No les dejaron ver el cuerpo.

Al día siguiente, la Asesoría Pericial de Azul determinó que Daiana se habría suicidado, avalando la hipótesis policial. Sin embargo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), tras llegar a Laprida y asumir la querella en su calidad de particular damnificado, impugnó esa autopsia por no respetar el Protocolo de Minessota, un procedimiento internacional que exige una serie de estándares para investigar muertes bajo custodia estatal. Entre las irregularidades que se cometieron en la primera autopsia —señaló la CPM—, se encontraba la falta de la tecnología necesaria para determinados análisis que se hicieron, como así también el uso de la policía científica de la provincia para recolectar pruebas que podrían comprometer a la misma fuerza de seguridad sospechada del crimen: la Bonaerense. El cuerpo de Daiana, además, se preservó en la morgue de esa misma fuerza.

El fiscal del caso, Ignacio Calonje, tras insistencia de la CPM, ordenó una segunda autopsia del cuerpo. La Asesoría Pericial de La Plata, por sugerencia del organismo, fue la encargada de llevar a cabo la tarea. Su conclusión ─amparada por nuevos informes que no se hicieron en la primera instancia─, determinó que Daiana presentaba heridas compatibles con signos de una “autodefensa” por sofocación. Además, puntualizaron los peritos en su informe, el lazo de ahorcadura de su cuello mostraba señales de que la herida había sido realizada por “terceros”, descartando la hipótesis inicial del suicidio. Pero la Bonaerense intervino a través de abogados y el caso volvió a dar un giro, como puede leerse en esta nota.

Las muertes bajo custodia estatal desencadenaron 200 investigaciones penales, de las cuales, el MPF desestimó o archivó 25, mientras que otras 175 se encuentran en trámite judicial. Sólo 12 causas de ese total se elevaron a juicio. “Las cifras de esos informes están sujetas a la voluntad de trabajar de los fiscales”, señala Augusto Infante, director de litigio de la CPM. “Muchas denuncias no se registran como de violencia institucional, aún cuando les corresponde. Eso hace que para el MPF un departamento judicial pequeño como el de Azul tenga más casos que La Matanza”, explica Infante.

Durante el primer semestre de 2023, el último informe del organismo público arrojó que hubo 917 procesos penales iniciados contra oficiales bonaerenses. De ese total, 326 casos corresponden a hechos ocurridos en el ámbito de las comisarías. Además, detalla el MPF, 96 de esas investigaciones penales son por muertes en contexto de encierro. Siete decesos de ese total ocurrieron en dependencias policiales, mientras que otras cuatro lo hicieron en hospitales, tras ser derivados desde comisarías. Para la CPM, en ese primer semestre del año pasado hubo siete ahorcamientos y ocho fallecimientos por descompensación médica o causa desconocida. Es decir, cuatro muertes más que para el MPF. La diferencia en el número, explica Ariel Lede, analista de información en la CPM, se debe a que el organismo público sólo toma en cuenta las muertes con investigaciones penales iniciadas. “Nosotros incluimos, además, las denuncias de familiares y organizaciones que luego pueden convertirse en una causa judicial registrada para la Justicia”, señala Lede.

Mauricio Castillo

El lunes 17 de abril de 2023, a las dos de la mañana, una ambulancia trasladaba el cuerpo desnudo de Mauricio Castillo, de 42 años, a la morgue judicial de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. El cuerpo viajaba en custodia de un policía, integrante de la División Morgue Policial de La Matanza que, a su vez, es escoltado por un patrullero bonaerense.

Castillo, según la policía, se ahorcó el día anterior en una celda de la comisaría N°2 de Lomas del Mirador con su propio buzo. La dependencia no estaba habilitada para alojar detenidos. El oficial que lo encontró declaró en la causa que estaba “semicolgado” y “sin pulso”. En su relato, el policía “intenta reanimarlo” con el cuerpo todavía colgado. Dos detenidos habían sido liberados unas horas antes. Castillo estaba solo en la dependencia.

Pero, en la madrugada fresca del conurbano bonaerense, las versiones no importan. La única preocupación del oficial de la División Morgue Policial era entregar el cuerpo a la morgue. Para eso lo llamaron. Buscar y dejar un cuerpo “semicolgado”.

Algo, sin embargo, ocurrió. La cuneta en medio de la calzada mal iluminada, la ambulancia que no frenó a tiempo, un bache que hizo supuestamente golpear la nuca de Castillo contra los fierros fríos de la camilla. El hecho, en el acta policial, será relatado de esa forma por el oficial. Incluso la herida provocada por el supuesto golpe: “Un pequeño fluido rojo en la cabeza”, dijo en su declaración. Todo, además, será tomado hasta ahora tal cual lo contó el oficial: cuneta-golpe en la cabeza-sangre.

El oficial, en su declaración, tiene una testigo. Alguien que no presenció el hecho, pero sí lo escuchó de parte suya. Pero la testigo de “oído” del golpe en la cabeza del fallecido Castillo es una policía bonaerense en actividad, según confirmó a este medio con los registros de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) consultados. También lo ratificaron fuentes oficiales a elDiarioAR.

La primera autopsia se hizo en la morgue de Lomas de Zamora, un día después de la muerte de Castillo. Los resultados de la misma, señala el abogado de la familia, Gabriel González Craham, fueron “muy escuetos” y no describieron con exactitud algunos exámenes realizados.

“El informe exigía inferir muchas cosas y no llega a ninguna conclusión”, explicó el abogado. Además, destacó, “no se tomaron muestras de la herida en la cabeza”, dando por hecho que ocurrió luego de la muerte de Castillo. Con este escenario, el abogado solicitó una nueva autopsia con un perito de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. La misma se hizo el 9 de junio de 2023 en la Asesoría Pericial de La Plata, donde sí se puso el foco en analizar el golpe en la cabeza, a fin de comprobar si la herida fue causada antes o después de la muerte de Castillo.

Esos resultados se confirmaron el mes pasado. El peritaje señaló que la herida, efectivamente, ocurrió en la ambulancia. “Tenemos duda de que esté bien realizado y queremos poner un perito de parte para que analice los resultados”, señala Craham. Rodrigo Pomares, abogado de la CPM, explica que, aunque las pericias forenses apunten a un suicidio, las irregularidades en torno al caso son muchas. “No se descarta una hipótesis sólo por confirmar otra. El caso debe investigarse de forma integral. Y allí vemos muchos errores”, puntualiza Pomares.

Entre las medidas que impulsó en su momento la fiscal del caso, Karina Licalzi, se encontraba el pedido del celular de la víctima a fin de construir un “perfil psicológico” de Castillo. “Siempre quieren buscar que la víctima es un suicida en potencia”, retoma el letrado Craham.

Castillo había salido de su casa en Lomas del Mirador a comprar facturas para su familia por la mañana y fue detenido por la policía en un confuso episodio, en el que se lo acusó de un supuesto robo que nunca se comprobó. Por la tarde ese día, sin embargo, ya estaba muerto.

Tensiones en las investigaciones judiciales

“Cuando hay intervención tanto de la Subsecretaría de Derechos Humanos como la de organismos que trabajan la temática, hay una posibilidad mucho más certera de que la causa tome impulso”, explicó Ignacio Álvarez, director de políticas contra la violencia institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia. “Hay un déficit institucional muy evidente con respecto a las investigaciones por muertes en contexto de encierro”, destacó Álvarez, quien participó desde la Subsecretaría en los casos de Daiana Abregú y Mauricio Castillo.

Entre las falencias judiciales en las investigaciones por ahorcamientos, el funcionario destaca la “poca profundidad” con que se abordan. “Hay casos que se investigan parcialmente, dejando un escenario propenso para la versión policial”, detalló el director. Álvarez prefiere no particularizar los casos, pero señala que hay patrones “muy claros” que conducen, muchas veces, a la impunidad de los policías imputados.

Las autopsias para esas muertes, puntualiza el funcionario, suelen ser “muy deficitarias”. “Faltan profesionales capacitados en el Ministerio Público Fiscal (MPF) para llevar adelante esos exámenes forenses con mayor rigurosidad y que tienen como consecuencia resultados periciales endebles”. El poco uso de la tecnología y la falta de recursos, afirmó el funcionario, también impactan en las investigaciones. “La rápida descomposición de los cuerpos hace también que todo se dificulte a la hora de pedir otras reautopsias o exámenes”, dijo Álvarez. Para el funcionario, el MPF, muchas veces, tiene una inclinación “a no investigar cómo se debe”.

Desde la subsecretaría de Derechos Humanos trabajan en conjunto con el departamento de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad cada vez que investigan una muerte bajo custodia estatal. “Es una articulación positiva, que colabora a la hora de particularizar a los agentes, pero la tensión la tenemos con el Poder Judicial”, aseguró. “También buscamos una reparación para los familiares, que son las otras víctimas de la desidia judicial”.

Las familias

Laura Abregú, mamá de Daiana, no entendía por qué muchas personas le dejaron de hablar en Laprida cuando encontraron muerta a su hija. Hasta que se dio cuenta de que Laprida, tras ese hecho, quedó dividida. “Los que defienden a los policías por un lado y los que creemos que mataron a Daiana, por el otro”, afirmó Laura, desde su casa. “Dos años estuve en vilo esperando cada resultado de las autopsias. Que se mató, que la mataron. Que un fiscal pedía una cosa, un perito la otra. Yo sé que ella no se quitaría la vida”, dijo Laura. “Y nadie me va a convencer de lo contrario. Todos los 5 de junio vamos a salir a marchar por mi hija”, aseguró. En la última convocatoria, la policía de Laprida reprimió a la madre y a su familia.

Ricardo Tasori también perdió a su hijo en circunstancias similares. Nahuel Tasori, de 29 años, fue detenido el 27 de junio de 2023 en la comisaría 4ta de Tandil. Allí, aseguró su padre, lo “torturaron y golpearon hasta matarlo”. La policía, sin embargo, informó que murió en un hospital de esa localidad por una “sobredosis”. El fiscal del caso de su hijo es el mismo que el de Daiana Abregú: Ignacio Calonje. “Presentamos muchas pruebas de la paliza letal que recibió mi hijo y las ignora todas. Me dejó plantado varias veces y pedí hablar con él”, aseguró Ricardo. 

Noelia Donda, pareja de Mauricio Castillo, no puede dejar de pensar en aquella mañana de 2022 en que el padre de su hija salió a comprar facturas y, horas más tarde, apareció ahorcado en la comisaría N°2 de Lomas del Mirador. “Mi hija va a crecer sin su papá”, dice Donda. “Mauri nunca hubiera hecho algo así. No nos hubiera dejado en banda”, relata.

Ana Córdoba todavía espera que Marcos, su hijo de 18 años, entre por la puerta en su pequeña casa de José C. Paz y le haga algún chiste, como solía hacer cada vez que pasaba a visitarla. “Marquitos era un pibe lleno de vida. Era mi compañero. Salió a bailar y me lo devolvieron en una bolsa. Me llamaron de todos los ministerios para darme apoyo, pero nadie me escucha, a él lo asesinaron”, contó Ana.

Mientras se realizaba esta investigación, otras muertes por ahorcamiento ocurrieron en la provincia. El 8 de febrero de 2024, tres días después del caso de Marcos Portela en Moreno, Donato Antonio de Gregorio, de 55 años, fue hallado colgado en la comisaría N°1 de Merlo. El 23 de marzo, Jorge Guana, un albañil de 41 años, fue detenido y alojado por un supuesto robo en una comisaría de Bernal Oeste. A las pocas horas, lo encontraron ahorcado en su celda. Su familia niega esa versión. El 22 de junio, según informaron medios locales, un joven de 36 años apareció con un lazo anudado a su cuello en la celda de una dependencia de la localidad de 9 de Julio.

Son muchos. Al menos 88 ─desde 2012─ en la provincia de Buenos Aires. Podrían ser más. Los encuentran tarde. Cuerpos colgados, agazapados en la soledad de su celda, entre las sombras de un último suspiro.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Nota: este artículo se actualizó el 21 de julio de 2024 a las 11:15.

ED