La Corte Suprema de Justicia le dio un durísimo golpe judicial a Tabacalera Sarandí y a su dueño, Pablo Otero, conocido como el “Señor del Tabaco”. Por unanimidad, el máximo tribunal declaró constitucional el impuesto mínimo al tabaco y, en consecuencia, la empresa deberá pagar una deuda de más de 1.000 millones de dólares que acumuló con el fisco desde 2018. La información fue revelada por los periodistas Lucía Salinas y Nicolás Diana del diario Clarín.

El fallo, que contó con la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y tres conjueces, desestimó todos los argumentos de la empresa, que se había amparado en cautelares judiciales durante años para no pagar el tributo.

Los argumentos de la Corte

El eje central de la decisión de la Corte fue que Tabacalera Sarandí no pudo probar que la ley que estableció el impuesto mínimo fuera “irrazonable” o afectara su derecho a la propiedad. Los jueces sostuvieron que el Poder Judicial no debe evaluar los impactos económicos de los impuestos, ya que eso es una facultad de los otros poderes del Estado.

Además, el fallo remarcó que los impuestos son un “valioso instrumento de regulación” y que es “razonable que el Estado alcance a determinadas actividades con un tributo diferenciado”, en este caso, con una finalidad de salud pública para desalentar el consumo de cigarrillos. La Corte calificó la presentación de la empresa como “desprovista de sustento fáctico y jurídico consistente”.

Una Pyme que factura 800 millones de dólares

El caso se inició en 2018, cuando Tabacalera Sarandí se presentó en la Justicia para no pagar el impuesto mínimo, argumentando que era una pequeña Pyme y que el tributo le impedía competir. Sin embargo, gracias a no pagar ese impuesto, la empresa pasó de tener el 5,6% del mercado en 2016 al 38,4% en 2023. El propio Otero admitió en una entrevista que su compañía facturaba 800 millones de dólares al año.

En su fallo, la Corte también rechazó una última maniobra de Otero, quien la semana pasada intentó ganar tiempo informando que se había acogido a un plan de pagos, sin presentar ninguna documentación que lo acreditara.

Con esta decisión, se pone fin a una larga disputa judicial que le permitió a Otero consolidar su poder en el mercado del tabaco a base de no pagar impuestos. Ahora, deberá afrontar una deuda que, según las estimaciones, supera los 1.000 millones de dólares.

MM con información de la agencia NA.

El Gobierno Nacional reglamentó este martes la suba de la alícuota del impuesto al cigarrillo que se elevó del 70% al 73% del precio de venta al consumidor y eliminó el mínimo para pagar ese gravamen al tabaco.

A través del decreto 658 que firman el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la canciller Diana Mondino, se reglamentó cómo se calculará el aumento del tributo al tabaco que generó fuertes controversias en la Cámara de Diputados cuando se incorporó a la ley de Bases.

En la norma también se reglamentan otras medidas de transparencia fiscal incluidas en la Ley Bases.

La decisión de incorporar el tema del tabaco se aprobó con 82 votos a favor, 77 en contra y se abstuvieron 69 legisladores de Unión por la Patria y la izquierda, ya que, sostuvieron que se traba a de una “puja entre grandes empresarios”.

El Gobierno sostuvo que es necesario “dotar de ciertas pautas al mecanismo de actualización” dispuesto en el décimo párrafo del artículo sin número incorporado a continuación del artículo 28 de la misma ley, en atención a la fecha allí consignada.

Se fijó que cuando el precio de venta informado por las empresas tabacaleras no constituya una base idónea a los fines de determinar el valor imponible, por resultar inferior, como mínimo, en un 20%, al precio que surja del relevamiento que haga a la AFIP corresponderá utilizar el precio que ese organismo determine, excepto cuando las empresas “acrediten fehacientemente que es un precio del mercado”.

También establece que la AFIP actualizará los importes en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, considerando, en cada caso, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, fija que cuando las facturas o documentos no expresen el valor normal de plaza la AFIP podrá “estimarlos de oficio” tratándose de artículos gravados al precio de venta al consumidor.

Otro punto es que cuando no se hayan presentado declaraciones o resulten impugnables, la AFIP procederá a determinar de oficio la liquidación del gravamen.

Además, señala que el organismo fiscal podrá efectuar la determinación calculando las ventas realizadas por el contribuyente en función de cualquier índice que pueda obtener.

La semana pasada la AFIP ya había informado un nuevo aplicativo para el pago del impuesto al tabaco, de acuerdo al aumento dispuesto en la Ley Bases que se aumentó del 70% al 73% la alícuota sobre el precio de venta al consumidor.

Con información de agencias.

IG