“Se confirmó lo que siempre digo: en la Argentina, la salud mental es un movimiento social”, dice la reconocida psicóloga Alicia Stolkiner, orgullosa, del otro lado del teléfono. El sábado por la tarde fue una de las primeras que se acercó al Hospital de Salud Mental “Lic. Laura Bonaparte” para mostrar su solidaridad con las y los trabajadores que habían improvisado una vigilia para impedir el cierre de los servicios de guardia y de internación, anunciado de manera intempestiva, el viernes por la tarde. 

Este jueves, como cada 10 de octubre, cuando se conmemore el Día Mundial de la Salud Mental, la comunidad del Bonaparte respirará aliviada. Después de numerosas muestras de afecto de pacientes, expacientes, allegados, médicos, terapistas, funcionarios, periodistas, legisladores y diferentes personalidades como miembros de organizaciones sociales que fueron hasta la vigilia –desde el dirigente Juan Grabois, la humorista Maitena, la periodista y escritora Gabriela Saidon o el periodista Alejandro Bercovich–, el hospital no se cierra. 

Después de una reunión entre las autoridades del Ministerio de Salud y la junta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Bonaparte, se avanzó finalmente en un principio de acuerdo que se marcó sobre tres puntos: la normalización del funcionamiento de todos los servicios del hospital, la continuidad de todos los contratos de sus 612 trabajadores y trabajadoras, y la creación de una mesa de trabajo conjunta para debatir los términos de la reestructuración planteada. 

Este centro de salud es único en su tipo, atiende las demandas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero también de todo el territorio nacional. Mariana Moreno fue titular de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación hasta 2023, también estuvo esta semana acompañando a trabajadores y trabajadores del hospital en las diferentes actividades que propusieron para visibilizar el malestar por el cierre. En ese sentido, Moreno destacó que “perder un hospital como este es perder un centro de salud de referencia”.

En ese sentido, destacó el sentido federal del trabajo que realizan, por ejemplo, con la línea telefónica permanente: “El 0800 que resuelve situaciones de crisis y orienta a personas que requieran de acompañamiento y también a sus familiares y allegados” es un servicio que tiene la particularidad de “que resuelve situaciones de crisis de manera telefónica no solo de personas que viven en la zona de influencia del hospital sino de todo el país”. 

La exfuncionaria remarcó que, de hecho, cuando se creó esta línea en 2022 (durante la gestión de Carla Vizzotti) fue para pensar en toda la articulación para las provincias, para que cualquier persona, desde cualquier punto del país, pudiera llamar a ese teléfono y se acompañara en la resolución de la crisis en articulación con el lugar de residencia de la persona. “Esto también es muy importante para el cuidado de la salud mental, porque hoy en día la demanda por las situaciones de crisis ha aumentado muchísimo. Necesitamos que este hospital emblema continúe funcionando en este marco y sería una pérdida muy grande para todo el sistema de salud”, apunta. 

Mariana Bermejo, trabajadora social, que se desempeña en el Servicio del Hospital de Día del Bonaparte, agotada, después de estos cuatro días de angustia, reconoció: “Todo esto nos superó. Estoy muy emocionada por todo lo que sucedió. El viernes estábamos arrasados (con la noticia), no salíamos del estupor. El lunes iba a estar todo cerrado y pasamos un fin de semana con muchas emociones, de todo tipo, pero siempre con mucha alegría, acompañamiento, abrazos, solidaridad, compartir cosas. Fue muy movilizante”. 

Otra de las trabajadores, que prefirió preservar su nombre, reconoció que se presentaron todos los contratos de las y los trabajadores por GDE pero formalmente aún no se recibió ninguna comunicación oficial. “Estamos expectantes de que esto pueda suceder el miércoles o jueves. Como trabajadores y trabajadoras seguimos atentos a cualquier situación y nos encontrará más unidos y juntos que nunca. Veremos qué es lo que pasa porque ya no se habla de cierre pero sí de ‘reestructuración’ y no sabemos qué quiere decir eso exactamente”.

Las y los trabajadores del Hospital Garrahan, donde la junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un paro de 48 horas en reclamo de una recomposición salarial del personal de esa institución, en una muestra de unidad entre centros de salud que dependen del Ministerio de Salud nacional, se encontraron, en un abrazo simbólico, en una marcha planificada para esta semana. Las imágenes fueron muy emotivas cuando las dos columnas, finalmente, se toparon. 

El martes a la noche, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, informó: “El ministro de Salud de la Nación acaba de acordar con ATE que no habrá clausura de servicio, ni cierre del hospital Laura Bonaparte. Este es el triunfo de la decisión de luchar de los trabajadores y de la masividad demostrada en las calles”. Ahora, la nueva decisión informada por el Secretario de Acceso y Equidad en Salud, Pablo Enrique Bertoldi Hepburn, es la de “reestructurar” la institución garantizando la prestación de servicios con total normalidad y dar continuidad al personal a fin de cumplir con las misiones y funciones del organismo.

El vocero del gobierno, Manuel Adorni, en un programa televisivo, volvió sobre sus palabras: “Yo nunca dije que se iba a cerrar el hospital. Lo que mencioné, hace quince días, fue una reestructuración. Porque lo que veíamos es que había muchos médicos para pocos pacientes”. Las trabajadoras y trabajadores mencionan que la internación es el último recurso que se realiza después de distintas instancias y trabajo interdisciplinario que mantiene el centro de salud, a partir de la implementación de la Ley de Salud Mental, con propuestas como hospital de día, demanda espontánea, talleres, centros culturales. 

Sin embargo, Bermejo concluye: “Seguimos en alerta y por supuesto que no nos quedamos tranquilos hasta no haber firmado ningún papel, hasta que no se demuestre qué es lo que quieren hacer. Este año ya despidieron 33 compañeros que tenían contratos firmados, o sea que nada nos garantiza que haya continuidad. Ya sabemos que estamos bajo el poderío del gobierno de gente muy desalmada. Seguimos en el día a día: esto nos marca el camino porque la lucha tiene sus frutos”. 

TS/DTC

El Gobierno informó la recisión de contratos de más de 70 oficinas en todo el país, lo que supone un ahorro anual de $2.298.218.220, según informó lo informó la Jefatura de Gabinete, que conduce Guillermo Francos.

En las oficinas que fueron cerradas operaban más de 3.500 trabajadores correspondientes a distintos entes del la administración estatal como la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, INADI, ENARGAS, ENACOM, entre otras, aunque aclaró que “en la mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional”.

A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la administración libertaria notificó que avanzó en “una significativa reducción en los contratos de alquiler de oficinas que eran utilizadas por distintos ministerios en todo el país”. 

“Esta medida forma parte de una política de optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos”, destacaron desde la cartera al tiempo que precisaron que se dieron de baja 71 contratos de alquiler en todo el país, y que significará un ahorro del $191.518.251 mensual y del $2.298.218.220 anual. 

Para el Gobierno, las bajas en los contratos “contribuye de manera notable a la reducción del gasto público” por lo que anunciaron la implementación de nuevos controles en el procedimiento de alquileres con el objetivo de “optimizar los recursos del Estado”.

La reducción de estos espacios donde se realizaban diferentes tipos de funciones sumó 23 en la provincia de Buenos Aires y siete en la Ciudad de Buenos Aires. Además de otros alquileres en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y en Tucumán.

La intención del Poder Ejecutivo es continuar con esta política y prevé la rescisión de 106 contratos de alquiler más.

DM con información de agencia NA